IEEE. ¿La sahelización del golfo de Guinea?

Sahelización: conceptualización de una tormenta perfecta

Para entender por qué el terrorismo está expandiéndose hacia el golfo de Guinea, es necesario, en primer lugar, comprender qué ocurre en el Sahel. En los últimos años, esta región se ha convertido en uno de los principales focos de violencia del planeta, y muchas de las dinámicas que hoy afectan a África occidental tienen su origen allí.

El Sahel es una franja de transición situada entre el desierto del Sáhara y las zonas de sabana del África subsahariana; se extiende de oeste a este a lo largo de unos 5.500 kilómetros y tiene una anchura media cercana a los 400 kilómetros.

En esa «orilla» sur del desierto se localiza esta región, una zona donde las precipitaciones son escasas, entre 200 y 600 milímetros al año, y donde la vida económica depende en gran medida de los ciclos climáticos y de la movilidad de las poblaciones¹.

Históricamente, el Sahel ha sido más un espacio de conexión que una frontera: durante siglos, fue atravesado por rutas comerciales que unían el África subsahariana con el norte del continente y el Mediterráneo. Estas rutas facilitaron el intercambio de mercancías, personas e ideas entre diferentes regiones del continente; aunque hoy muchas de ellas han cambiado de función, siguen existiendo y se utilizan para actividades como el comercio informal, el tráfico ilícito o los movimientos migratorios hacia Europa³.

Esta tradición de movilidad explica por qué el territorio continúa funcionando como un corredor en el que circulan personas, mercancías y, cada vez más, actores armados.

A esta realidad geográfica se suma una fragilidad política estructural: los Estados del Sahel comparten instituciones débiles, una fuerte presencia de actores armados no estatales y una capacidad limitada para controlar amplias partes de su territorio, especialmente en las zonas rurales alejadas de las capitales⁴.

Parte de esta situación tiene raíces históricas: las fronteras actuales se trazaron durante el reparto colonial de África en la Conferencia de Berlín (1884-1885), dividiendo comunidades y estructuras políticas que durante siglos habían funcionado de otra manera.

Tras la independencia, muchos países heredaron Estados centralizados que han tenido dificultades para proyectar su autoridad más allá de los principales centros urbanos.

Como consecuencia, amplias zonas periféricas han permanecido durante décadas marginadas política, social y económicamente. En muchos casos, la presencia del Estado es mínima: faltan infraestructuras, servicios básicos y oportunidades económicas.

Este abandono ha generado vacíos de poder que han sido aprovechados por distintos actores armados. Los grupos yihadistas han sabido explotar esta situación no solo mediante la violencia, sino también presentándose como intermediarios en conflictos locales, especialmente entre comunidades de pastores y agricultores⁵ que compiten por el acceso a la tierra y al agua.

En este contexto, el Sahel se ha convertido en el epicentro del terrorismo a nivel mundial. Más de la mitad de las muertes por terrorismo registradas en el mundo se concentran actualmente en esta región, y cinco de los diez países más afectados se encuentran en ella. La violencia ha aumentado con gran rapidez en los últimos años: las muertes relacionadas con el terrorismo en el Sahel son hoy casi diez veces superiores a las registradas en 2019.

El núcleo de esta violencia se sitúa en el llamado triángulo del Sahel, formado por Malí, Burkina Faso y Níger. Estos tres países concentran algunos de los niveles de inseguridad más altos del mundo. Burkina Faso se ha convertido en el país más afectado por el terrorismo a nivel global, llegando a concentrar alrededor de una quinta parte de todas las muertes terroristas registradas en el mundo. Níger, por su parte, registró en 2024 el mayor aumento de víctimas por terrorismo a nivel global, con un incremento cercano al 94% respecto al año anterior⁶.

La violencia en la región responde a una dinámica difícil de romper: cuando el Estado pierde capacidad para garantizar seguridad en determinadas zonas, también pierde capacidad de gobernar y de ofrecer servicios básicos. Esto agrava la pobreza y la falta de oportunidades, lo que facilita el reclutamiento por parte de grupos armados; a su vez, la presencia de estos grupos debilita aún más las instituciones estatales y extiende la inseguridad. Este círculo entre seguridad, gobernanza y desarrollo contribuye a que la violencia se reproduzca y se expanda hacia nuevas áreas.

La geografía del Sahel también favorece esta dinámica. El territorio combina grandes extensiones desérticas con macizos montañosos que dificultan el control estatal y facilitan el movimiento de grupos armados. Algunos de estos espacios se han convertido en refugios estratégicos para las organizaciones yihadistas: el macizo del Adrar de los Iforas, en el noreste de Malí, ha servido durante años como santuario para grupos vinculados a Al Qaeda en el Magreb Islámico y otras organizaciones terroristas⁷. Terrenos similares existen en otras partes de la región, lo que permite a estos grupos ocultarse, reorganizarse y lanzar ataques en distintos países.

En los últimos años, la situación se ha visto agravada por cambios geopolíticos trascendentes: los golpes de Estado militares en Malí, Burkina Faso y Níger han provocado una ruptura progresiva con los socios occidentales tradicionales y han reducido la cooperación con algunas organizaciones regionales. Al mismo tiempo, estos países han buscado nuevas alianzas internacionales, lo que ha alterado el equilibrio en la región.

Este cambio ha facilitado la entrada de nuevos actores externos; entre ellos destaca Rusia, cuya presencia se ha articulado principalmente a través del grupo paramilitar Wagner, posteriormente reorganizado como Africa Corps.

Este tipo de apoyo militar resulta atractivo para las juntas militares porque implica menos condiciones políticas que la cooperación con países occidentales. Sin embargo, su presencia también se ha relacionado con la explotación de recursos naturales, las campañas de influencia contra Occidente y un aumento de la violencia contra la población civil⁸.

Desde 2015, Burkina Faso ha experimentado un rápido deterioro de la seguridad; la situación se ha agravado especialmente tras los golpes de Estado de 2022 y la posterior inestabilidad institucional. La estrategia de seguridad adoptada por la junta militar liderada por el capitán Ibrahim Traoré se basa en una política de «guerra total» contra los grupos armados; como parte de esta estrategia, se ha ampliado el reclutamiento de milicias civiles conocidas como Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), que apoyan al ejército en operaciones locales⁹.

Sin embargo, la creciente militarización de la población también ha incrementado su exposición a la violencia. Un ejemplo significativo fue la masacre de Barsalogho, en agosto de 2024, cuando centenares de civiles murieron durante un ataque mientras participaban en la construcción de defensas comunitarias¹⁰.

El principal actor yihadista en Burkina Faso es Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimeen (JNIM), una coalición afiliada a Al Qaeda creada en 2017 mediante la fusión de varios grupos insurgentes: Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Ansar al-Din, el Frente de Liberación de Macina y Al-Murabitoun. Posteriormente, se incorporó Ansarul Islam, el principal grupo yihadista burkinés¹¹.

JNIM combina una estructura jerárquica con una fuerte descentralización operativa, lo que le permite adaptarse a las dinámicas locales, integrarse en comunidades rurales y aprovechar conflictos intercomunitarios para expandir su influencia. Además de JNIM, el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS/EIGS) también opera en la región, especialmente en la zona de la triple frontera entre Burkina Faso, Malí y Níger.

Aunque su actividad en Burkina Faso es menor que la de JNIM, mantiene presencia en corredores estratégicos que facilitan el movimiento de combatientes y recursos¹². La rivalidad entre ambas organizaciones ha contribuido a intensificar la violencia y a aumentar la letalidad de los ataques en el Sahel central.

Expansión al golfo de Guinea

En los últimos años, el golfo de Guinea ha adquirido una relevancia creciente dentro de las dinámicas de seguridad de África occidental; tradicionalmente, la violencia yihadista se concentraba principalmente en la región del Sahel central. Sin embargo, desde finales de la década de 2010 se observa un desplazamiento progresivo de esta amenaza hacia los Estados costeros de África occidental¹³.

Esta región marítima, situada en la costa atlántica de África occidental y central, constituye un espacio geográfico de gran amplitud. En su definición más restringida incluye a los Estados ribereños comprendidos entre Ghana y Gabón, aunque, en términos geopolíticos, suele ampliarse hasta abarcar una franja costera que se extiende desde Senegal hasta Angola.

Esta región presenta una elevada densidad demográfica y una fuerte interdependencia económica entre los países costeros y los Estados del interior del continente. Los países del golfo de Guinea concentran cientos de millones de habitantes y una extensa línea costera que supera los 6.000 kilómetros, una distancia similar a la que separa Madrid de Chicago.

Uno de sus rasgos estructurales más relevantes es su papel como principal salida marítima para varios países del Sahel que carecen de acceso directo al mar. Estados como Malí, Burkina Faso o Níger dependen en gran medida de los puertos de África occidental para el transporte de mercancías.

Los puertos situados en el golfo de Guinea constituyen nodos logísticos fundamentales para el comercio regional y para la conexión de África occidental con los mercados internacionales, ya que permiten canalizar tanto las exportaciones de materias primas como la importación de productos esenciales para las economías del interior del continente.

La frontera compartida con Burkina Faso pone el foco sobre Benín, Togo y Ghana, situándolos en un punto crítico del mapa regional. Los tres países cuentan con regiones septentrionales que mantienen intensos vínculos sociales, culturales y económicos con las comunidades situadas al otro lado de la frontera.

Estas conexiones transfronterizas forman parte de la vida cotidiana de muchas poblaciones locales y reflejan la continuidad histórica de redes familiares, comerciales y religiosas que preceden a la creación de las fronteras estatales actuales.

Tras abandonar el modelo marxista-leninista en los años noventa, Benín inició una transición democrática marcada por la alternancia institucional. Sin embargo, en la última década, el Gobierno de Patrice Talon ha implementado reformas que condicionan la participación de la oposición¹⁵.

Pese a mantener una estabilidad macroeconómica apoyada en el puerto de Cotonú y el sector agrícola, el país presenta una brecha territorial entre el sur y las regiones del norte, donde los niveles de pobreza son superiores y las infraestructuras son más limitadas¹⁶. Esta desigualdad, sumada a la falta de representación política en el norte, ha generado un distanciamiento entre la población local y el Estado¹⁷.

La presión insurgente también ha comenzado a trasladarse al plano político: el 17 de abril de 2025, en el norte de Benín, cerca del Parque Nacional WAP, un ataque de JNIM provocó la muerte de 54 soldados, lo que intensificó el malestar dentro del Ejército y alimentó acusaciones de negligencia del Gobierno hacia las tropas desplegadas.

Este clima contribuyó a que en diciembre se produjera un intento de golpe de Estado, impulsado por agravios militares combinados con tensiones políticas más amplias, incluida la exclusión del principal partido opositor de las próximas elecciones presidenciales¹⁸.

Togo se caracteriza por una prolongada continuidad institucional bajo la familia Gnassingbé: primero con Gnassingbé Eyadéma (1967-2005) y posteriormente con su hijo, Faure Gnassingbé. Este sistema, respaldado por las fuerzas armadas, ha consolidado una estructura de poder que limita el pluralismo político y la alternancia, a través de reformas que refuerzan la concentración del mando¹⁹.

Económicamente, el país presenta desequilibrios territoriales marcados: mientras el sur y el puerto de Lomé funcionan como nodos logísticos modernos, el norte, especialmente la región de Savanes, enfrenta marginación estructural, desempleo y falta de inversión. Esta brecha tiene una dimensión étnica y social; comunidades como los fulani perciben un abandono estatal y sufren estigmatizaciones que erosionan la confianza en las instituciones²⁰.

En julio de 2023, un ataque del JNIM mató a al menos doce soldados que patrullaban en la aldea de Sankortchagou²¹, evidenciando que la militarización no está logrando contener la expansión, sino que a menudo sirve para blindar el control social.

Paralelamente, en el sur, sectores de la sociedad civil y nuevas generaciones denuncian la falta de apertura política y la persistencia del modelo dinástico, a través de manifestaciones similares a las de la generación Z en Nepal o Marruecos²².

Ghana destaca por su estabilidad y alternancia democrática desde 1992, consolidando un sistema multipartidista que, aunque institucionalizado, mantiene una fuerte polarización política entre sus principales bloques. Económicamente, el país arrastra una brecha territorial profunda: mientras el sur concentra la actividad comercial, urbana y de servicios, el norte rural presenta indicadores de desarrollo inferiores y una mayor dependencia de la agricultura²³. Esta división geográfica coincide con factores demográficos y culturales clave.

En el norte habitan comunidades como los pastores fulbe con redes transfronterizas conectadas al Sahel, mientras que el sur es mayoritariamente cristiano²⁴. El uso del inglés como lengua oficial y la mayoría cristiana actúan como elementos de cohesión frente a narrativas antioccidentales²⁵.

Sin embargo, persisten focos de inestabilidad como Bawku²⁶, donde los conflictos locales y el tráfico de armas constituyen vulnerabilidades que el yihadismo puede explotar. Para mitigar estos riesgos, el Estado emplea una arquitectura de seguridad descentralizada basada en consejos territoriales, el refuerzo militar en la frontera norte y la cooperación regional mediante la Iniciativa de Accra²⁷.

El golfo de Guinea se ha convertido, por tanto, en un espacio estratégico dentro de las dinámicas de seguridad de África occidental. Su importancia económica, su posición geográfica como conexión entre el Sahel y el Atlántico, y las vulnerabilidades institucionales presentes en varios de sus Estados lo convierten en un escenario propicio para la expansión de amenazas transnacionales, creando un entorno en el que diversos actores armados intentan establecer nuevas áreas de influencia.

Según el Global Terrorism Index de 2025, Togo alcanzó su nivel más alto de impacto terrorista desde la creación del índice, situándose en el puesto 24, mientras que Benín también registró un aumento significativo de incidentes violentos en sus regiones septentrionales, ocupando el puesto 26. En contraste, Ghana se sitúa en el puesto 100 del índice, lo que refleja un impacto muy limitado de la actividad terrorista en su territorio; su posición se encuentra incluso por debajo de países europeos con bajos niveles de terrorismo, como Finlandia (puesto 72) o Islandia (puesto 95)²⁸.

Rutas estratégicas

Los grupos terroristas activos en el Sahel han demostrado una notable capacidad de adaptación territorial: a medida que la presión militar aumenta en determinadas zonas, estos grupos tienden a desplazarse hacia áreas donde la presencia estatal es más limitada o donde existen oportunidades estratégicas para ampliar sus redes de apoyo, y las regiones fronterizas entre el Sahel y los países costeros ofrecen precisamente este tipo de condiciones.

En los últimos años, diversas organizaciones yihadistas vinculadas a Al Qaeda y al Estado Islámico han intensificado sus actividades en el sur de Burkina Faso²⁹, lo que ha facilitado su aproximación a las fronteras de Benín, Togo y Ghana. Desde estas zonas, los grupos terroristas han llevado a cabo incursiones, ataques contra puestos de seguridad y operaciones destinadas a establecer redes logísticas en territorio de los Estados costeros³⁰.

Este fenómeno refleja una estrategia gradual de expansión que busca consolidar corredores transfronterizos entre el Sahel y el litoral atlántico.

Para comprender las diferencias en la intensidad de la expansión yihadista entre Benín, Togo y Ghana, es fundamental analizar el valor geoestratégico del territorio, que estas organizaciones explotan para actividades ilícitas, particularmente mediante el control de rutas estratégicas de tránsito. El avance hacia el golfo de Guinea no se ha producido como una invasión visible, sino como un desplazamiento gradual que aprovecha corredores históricos de movilidad que conectan el Sahel con la costa.

Uno de los más importantes son los corredores de trashumancia utilizados durante siglos por pastores y comerciantes para mover ganado y mercancías entre el Sáhara, el Sahel y las regiones costeras. Tras el inicio de las operaciones antiterroristas francesas en Malí en 2013, varios grupos armados comenzaron a desplazarse hacia el sur siguiendo estas rutas.

El movimiento se detectó precisamente a lo largo de estos corredores que conectan el sur de Argelia y el Sahel con las zonas boscosas cercanas a los Estados litorales, espacios donde los combatientes podían retirarse temporalmente durante las operaciones militares en el Sahel³¹. El propio conocimiento del terreno facilita este tipo de desplazamientos, ya que muchos combatientes proceden de comunidades locales acostumbradas a utilizar estas rutas de movilidad estacional para el comercio o la trashumancia.

Estos corredores atraviesan zonas donde la presencia estatal es muy limitada y donde las fronteras funcionan más como referencias administrativas que como barreras reales. En la práctica, conectan directamente Burkina Faso con el norte de Benín y Togo.

Un punto especialmente importante es la zona de Cinkassé, en la frontera entre Togo y Burkina Faso, que actúa como un cruce regional donde convergen rutas comerciales y redes de tráfico de armas, combustible o ganado; además, en los últimos años se han incrementado las detenciones de pastores fulani que, a su vez, eran presuntos yihadistas³².

En estos espacios, el control estatal es reducido y la economía informal domina la actividad diaria; por ese motivo, se han descrito como crossroads conducive to business, es decir, lugares donde el comercio informal y las actividades ilegales pueden desarrollarse con relativa facilidad³³.

Para los grupos terroristas, esto resulta especialmente útil, ya que permite moverse entre países distintos utilizando rutas que desde hace décadas ya funcionan como circuitos comerciales regionales.

A este factor se suma la presencia de amplias zonas forestales que funcionan como refugios naturales. En África occidental existe una red muy extensa de áreas protegidas repartidas entre los países del golfo de Guinea y el Sahel; muchas de estas reservas se encuentran cerca de fronteras internacionales y presentan una vigilancia limitada.

En total, unas 188 están situadas a menos de diez kilómetros de una frontera, lo que las convierte en espacios especialmente útiles para cruzar de un país a otro sin ser detectado. Estas áreas ofrecen cobertura vegetal, escasa presencia estatal y amplias zonas despobladas, características que facilitan su utilización como escondites, rutas de desplazamiento o lugares de entrenamiento³⁴.

El caso más importante es el complejo formado por los parques nacionales de W, Arly y Pendjari, conocido como WAP,³⁵ una extensa área protegida compartida entre Benín, Burkina Faso y Níger. Esta región se ha convertido en uno de los principales espacios de refugio para grupos armados que operan en el Sahel. Los bosques de Benín se han utilizado repetidamente como lugar donde retirarse después de operaciones militares en Burkina Faso, lo que ha permitido a varios grupos armados reorganizarse sin ser detectados³⁶.

El complejo WAP es muy amplio: suma más de 30.000 kilómetros cuadrados (una superficie comparable a la de Bélgica). El relieve accidentado, la densidad de la vegetación y la proximidad de varias fronteras hacen que el área funcione como una base operativa desde la que lanzar ataques hacia distintos países.

Este tipo de entornos facilita además otras actividades ilegales que sirven para financiar las operaciones armadas; el tráfico de armas es especialmente frecuente en esta zona, donde distintos grupos armados aprovechan el terreno y la falta de vigilancia para mover armamento entre países vecinos.

En esta región operan varias organizaciones vinculadas tanto a Al Qaeda como al Estado Islámico, entre ellas Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) o Ansaroul Islam (AI)³⁷.

Esta configuración geográfica afecta de forma distinta a cada Estado del golfo de Guinea. Benín se ha convertido en uno de los países más golpeados por la violencia vinculada a grupos armados procedentes del Sahel. Muchos de los ataques registrados en los últimos años se concentran precisamente en las zonas cercanas al complejo WAP, donde los combatientes pueden cruzar fácilmente desde Burkina Faso y volver a refugiarse en áreas boscosas tras los ataques.

El número de muertes relacionadas con ataques islamistas en Benín se ha incrementado de forma notable en los últimos años, concentrándose la mayor parte de los incidentes en su frontera norte. En Benín, el JNIM busca convertir el WAP en una zona de amortiguación, aprovechando los abundantes bosques que cubren la región³⁸. Esta estrategia no solo facilita su movilidad y escondite, sino que también ha causado un número significativo de muertes entre la población local, reflejando el impacto letal de sus operaciones en la zona.

Togo también ha sufrido un aumento progresivo de los ataques, especialmente en su región septentrional. Durante los últimos años, los incidentes violentos se han desplazado gradualmente hacia el interior del país, lo que indica un proceso de expansión territorial desde la frontera con Burkina Faso.

Un ejemplo fue el ataque ocurrido en junio en la localidad de Bonzougou, en el centro-norte del país, donde un artefacto explosivo improvisado causó varias víctimas civiles tras ser activado al paso de un vehículo³⁹. Este tipo de ataques muestra que los grupos armados están explorando nuevas zonas de operación siguiendo las mismas rutas de movilidad que conectan el Sahel con el norte togolés.

En Ghana, la intensidad de los ataques es menor, en parte por su rol como retaguardia logística. Ciertas zonas del norte ghanés se han convertido en espacios de descanso y abastecimiento para los terroristas que operan en el Sahel, quienes acuden allí para obtener desde combustible y motocicletas hasta tratamiento médico antes de regresar al frente⁴⁰. Estas dinámicas se entrelazan con economías informales, donde el contrabando de ganado robado en Burkina Faso sirve para financiar suministros esenciales en los mercados regionales⁴¹. Sin embargo, esta relativa calma no oculta vulnerabilidades profundas. La brecha de desarrollo entre el sur próspero y un norte rural marcado por la pobreza y la falta de infraestructuras crea un caldo de cultivo peligroso. En puntos críticos como Bawku, las tensiones étnicas y las dinámicas transfronterizas han obligado al Gobierno a militarizar la zona para evitar que estos focos de inestabilidad local se conviertan en la puerta de entrada definitiva del yihadismo en el país.

A parte de estas rutas terrestres, el avance hacia el golfo de Guinea también tiene una dimensión económica vinculada a las rutas marítimas. La región ha adquirido una importancia creciente dentro de las redes internacionales de narcotráfico, especialmente en el transporte de cocaína procedente de América Latina hacia Europa; diversas estimaciones indican que alrededor del 40% de las drogas que llegan al continente europeo lo hacen a través de África occidental⁴².

Los cargamentos suelen desembarcar en países del golfo de Guinea como Guinea, Sierra Leona, Liberia, Ghana o Costa de Marfil, desde donde continúan por tierra hacia el norte, atravesando el Sahel hasta alcanzar el Mediterráneo. La limitada capacidad de vigilancia marítima y terrestre en varios Estados de la región facilita este tipo de actividades y convierte las costas del golfo de Guinea en puntos de entrada especialmente atractivos para las redes criminales⁴³.

Además, la piratería constituye un gran problema de seguridad en la región; durante años, el golfo de Guinea se ha considerado una de las zonas marítimas más peligrosas del mundo para la navegación comercial. Los ataques contra buques mercantes, los secuestros de tripulaciones y el robo de cargamentos se han convertido en prácticas recurrentes en determinadas áreas del litoral.

Estas actividades suelen estar vinculadas a redes criminales que operan tanto en el ámbito marítimo como en el terrestre, aprovechando las limitaciones de los Estados para vigilar amplias zonas de sus aguas territoriales⁴⁴.

El control de estas economías ilícitas se ha convertido en un objetivo importante para los distintos grupos terroristas, que operan en el Sahel. Desde aproximadamente 2020, algunos de ellos han orientado parte de sus operaciones hacia los países costeros con la intención de influir en estas rutas y beneficiarse de los ingresos que generan⁴⁵.

En el Sahel, las economías ilegales relacionadas con el narcotráfico, el tráfico de personas o el contrabando forman parte de un sistema económico paralelo que financia las actividades armadas y permite sostener estructuras yihadistas durante largos periodos de tiempo.

Conclusiones

Que haya más violencia yihadista en Benín y Togo que en Ghana, pese a compartir frontera con Burkina Faso, responde menos a diferencias de capacidad estatal que al papel distinto que cada país ocupa dentro de la estrategia territorial de los grupos que operan en el Sahel.

Benín y Togo funcionan hoy como espacios de expansión operativa, mientras que Ghana cumple una función más cercana a la retaguardia logística. La presión insurgente que parte del sur de Burkina Faso encuentra en el norte de Benín y Togo un entorno especialmente favorable para probar nuevas áreas de penetración: territorios periféricos con menor presencia estatal, fronteras altamente permeables y proximidad directa a corredores de movilidad y a refugios naturales como el complejo W-Arly-Pendjari.

Estas condiciones permiten a grupos como JNIM alternar incursiones, establecimiento de redes locales y uso de áreas boscosas como bases de apoyo.

Ghana, en cambio, ofrece un entorno menos adecuado para ese tipo de implantación directa y más útil como espacio de abastecimiento, tránsito y descanso dentro de las redes regionales que sostienen la insurgencia.

La diferencia, por tanto, no refleja una inmunidad ghanesa frente al fenómeno, sino una distribución funcional del territorio dentro de la economía del conflicto.

Allí donde el terreno y las condiciones sociales permiten avanzar, los grupos armados expanden la violencia; donde la estabilidad resulta útil, mantienen una presencia más discreta y evitan una confrontación abierta que pondría en riesgo sus propias redes.

Este patrón también obliga a matizar cómo se entiende la amenaza yihadista en la región; la expansión hacia el golfo de Guinea no depende necesariamente de la creación de un proyecto estatal visible o de la proclamación de un califato, como ocurrió con el Estado Islámico en 2014.

Aquella experiencia demostró que el control territorial formal puede otorgar una fuerte capacidad simbólica y política, pero también convierte a estos actores en un objetivo directo de intervención internacional. En el contexto saheliano, una estrategia basada en el control progresivo de corredores transfronterizos, economías ilícitas y territorios periféricos puede resultar igual de eficaz para sostener la insurgencia sin asumir los costes de administrar un Estado.

En una región que conecta el Sahel con el Atlántico y con importantes rutas comerciales hacia Europa, el dominio o la infiltración de estos circuitos ya produce efectos estratégicos relevantes: financia a los grupos armados, debilita a los Estados y consolida espacios donde la autoridad estatal se vuelve cada vez más frágil.

El problema, por tanto, no se limita a la eventual conquista territorial de los Estados costeros, sino que radica en la progresiva conversión de la franja que conecta el Sahel con el golfo de Guinea en un espacio donde las redes terroristas, las economías ilícitas y la debilidad institucional se refuerzan mutuamente; en otras palabras, en un proceso de sahelización del golfo de Guinea.

En ese escenario, el impacto del conflicto no queda limitado al interior de África occidental, sino que termina proyectándose hacia Europa a través de las mismas rutas comerciales, migratorias y criminales que conectan ambas regiones.

Las ideas contenidas en estos artículos son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente el pensamiento del CESEDEN o del Ministerio de Defensa.