ESFAS. El papel de España en África: principales retos y oportunidades en el Sahel del siglo XXI

Introducción

La región del Sahel¹, franja de transición entre el norte árabe y el África subsahariana occidental y central se caracteriza por la fragilidad institucional de sus Estados, la abundancia de recursos naturales, el auge de actores armados no estatales y la penetración de intereses extranjeros; constituye hoy un área de máxima relevancia estratégica para Europa y, en particular, para España. Con alrededor del 64% de su población menor de 25 años, el Sahel afronta un aumento demográfico que, de canalizarse mediante inversiones en educación, salud y empleo juvenil, podría convertirse en palanca de desarrollo económico y social (UNISS, 2022). Sin embargo, la persistente fragilidad institucional, manifestada en golpes de Estado, vacíos de gobernanza y estructuras estatales centralizadas heredadas de la colonización, limita la capacidad de los gobiernos para ofrecer servicios básicos y atrae la intervención de actores externos.

Desde el punto de vista de los recursos, el Sahel alberga uno de los mayores acuíferos subterráneos del continente y un elevado potencial en energías renovables (solar y eólica), junto a yacimientos de minerales críticos como uranio, litio, oro y fosfatos, fundamentales para la transición energética mundial (AUC/OECD, 2022).

Frente a este escenario, la Unión Africana (UA, en adelante) aprobó en 2015 la Agenda 2063, un ambicioso plan para consolidar un África integrada, próspera y autosuficiente, basado en los principios del panafricanismo² y el Renacimiento Africano³. La hoja de ruta de la Agenda 2063 prioriza la gobernanza democrática, la seguridad alimentaria, la universalización del acceso a la energía y el fortalecimiento de infraestructuras, marcando así los principales desafíos y oportunidades para los países sahelianos (African Union Commission, 2015).

Con este panorama general trazado, conviene detenerse en las dinámicas demográficas, institucionales y energéticas que definen el contexto del Sahel.

Antecedentes

Durante siglos, la región fue clave para el comercio transahariano y albergó importantes imperios. Posteriormente, la colonización francesa dejó un legado de sistemas presidenciales, estructuras estatales centralizadas y una administración de inspiración laica, que perdura, especialmente, en el uso del francés como lengua común (Losada, 2018, p. 2). Sobre esta base histórica y cultural compartida, en 2014 se creó el G5 Sahel⁴ como iniciativa conjunta de Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger y Chad, con el objetivo de abordar desafíos comunes en materia de seguridad, desarrollo y gobernanza. Esta agrupación regional no sólo ha tenido implicaciones operativas y diplomáticas, sino que constituye asimismo el marco geográfico de análisis de este artículo, centrado en el papel de España en relación con estos cinco países.

Sin embargo, la inestabilidad política de los últimos años provocó la retirada de Malí (2022), Burkina Faso y Níger (2023), y la posterior disolución del grupo por parte de Mauritania y Chad (diciembre de 2023). Aunque la fuerza conjunta lanzada en 2017 tenía como objetivo coordinar la lucha contra el terrorismo, su excesivo énfasis securitario y la falta de logros tangibles limitaron su eficacia (Villaverde, 2023). En palabras del coronel Herráez, el Sahel afronta actualmente una gran desestructuración interna, es decir, los pilares que conforman la estabilidad de un estado (seguridad, gobernanza y el desarrollo económico y social), han desaparecido (2025, comunicación personal).

En el aspecto demográfico, su exponencial crecimiento es una oportunidad que convive con sistemas educativos y sanitarios con recursos limitados, que aún no pueden absorber la demanda creciente de servicios básicos. Según el Embajador Cerezo (2025, comunicación personal), una población joven con un futuro laboral incierto se ve forzada a migrar o a vincularse con algún grupo terrorista para poder recibir un salario. No tienen otras opciones, por lo que hay que trabajar con los gobiernos locales para favorecer la seguridad y el desarrollo.

Desde el punto de vista institucional, la estructura estatal arrastra la herencia de una administración centralizada instaurada durante la colonización francesa, la cual priorizó el control territorial y la extracción de recursos en detrimento del desarrollo local. Este modelo ha derivado en vacíos de gobernanza y en una débil capacidad para ofrecer servicios públicos, situación que se evidencia en recurrentes crisis políticas y golpes de Estado que minan la estabilidad y la confianza ciudadana.

En términos de infraestructuras y servicios, sólo el 49% de la población tiene acceso a la electricidad, indicador que refleja una brecha energética profunda y la necesidad urgente de ampliar el suministro y mejorar las condiciones de vida tanto urbanas como rurales (UNISS, 2022). Al mismo tiempo, la región cuenta con uno de los acuíferos subterráneos más extensos del continente y un potencial excepcional para el desarrollo de energías renovables, como la solar y la eólica, recursos que permanecen en gran medida infrautilizados.

Para orientar el futuro de estos países, la Agenda 2063 de la UA fija como prioridades la gobernanza democrática, la seguridad alimentaria, el acceso universal a la energía y el fortalecimiento de las infraestructuras, marcos que guían las políticas nacionales y regionales y con los que el Sahel debe alinearse para aprovechar su potencial y contribuir al desarrollo sostenible del continente (African Union Commission, 2015).

El análisis conjunto de estas dinámicas (demografía, gobernanza, servicios e instituciones y hoja de ruta continental) establece el punto de partida para adentrarse en los retos interconectados y en las oportunidades estratégicas que España puede impulsar en el Sahel, buscando convertir las vulnerabilidades estructurales en motores de crecimiento compartido.

Tras comprender la situación estructural y la Agenda 2063 como marco de referencia, veamos ahora cómo el cambio climático, la inseguridad y la migración se refuerzan mutuamente.

Retos interconectados

Los desafíos que afronta el Sahel están profundamente vinculados entre sí, de modo que cualquier análisis aislado resulta incompleto. En particular, el cambio climático, la inseguridad y los flujos migratorios conforman un triángulo que condiciona de manera simultánea la gobernanza y el desarrollo.

En primer lugar, el cambio climático⁵ actúa como multiplicador de riesgos. Las temperaturas regionales aumentan 1,5 veces más rápido que la media mundial y las sequías, antes decenales, ocurren ahora casi cada dos años, mientras que las lluvias se concentran en eventos torrenciales que erosionan suelos y saturan infraestructuras frágiles (de Coning y Krampe, 2020, pp. 30–31). Esta variabilidad climática reduce la productividad agrícola y ganadera, arrastra a millones a la inseguridad alimentaria y acelera los desplazamientos forzados: en 2022, 257 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria grave, un 146% más que en 2016, cifra atribuida en gran medida a fenómenos meteorológicos extremos (IOM WMR, 2024, pp. 197–199).

En segundo lugar, la inseguridad (principalmente motivada por el terrorismo yihadista⁶ y el crimen organizado) se ha intensificado en un contexto de vacíos de poder. La proliferación de grupos yihadistas (Al Qaeda en el Magreb Islámico, JNIM, Estado Islámico en el Gran Sáhara) coexiste con redes de contrabando, secuestros y tráfico de drogas, que financian esas mismas organizaciones (IEP, 2024, p. 53). La débil capacidad estatal para garantizar ley y orden ha permitido que actores no estatales controlen territorios rurales, obligando a los gobiernos a concentrarse en centros urbanos y cediendo espacio a mafias transnacionales (Anguita y Gómez del Miño, 2019, p. 290).

Finalmente, los flujos migratorios⁷ reflejan tanto la búsqueda de seguridad como la de supervivencia económica. La falta de oportunidades en territorios rurales y el colapso de servicios básicos empujan a jóvenes a emprender rutas irregulares hacia Europa o a integrarse en economías ilícitas en su propio entorno (Fernández Sola, 2025, comunicación personal). La migración circular⁸ y los programas de retorno asistido permiten gestionar estos movimientos, pero su escala aún es insuficiente frente a las presiones demográficas y sólo las iniciativas coordinadas de educación y empleo pueden transformar este capital humano en motor de desarrollo (UNISS, 2022, pp. 80–81).

La interdependencia de estos fenómenos exige un enfoque integral: el fortalecimiento institucional y la cooperación transfronteriza deben combinar proyectos de adaptación climática, programas de seguridad y acuerdos de movilidad ordenada que incluyan trabajo y formación profesional. Sólo así será posible romper el círculo vicioso de vulnerabilidad que perpetúa la inestabilidad y desaprovecha el crecimiento demográfico.

A modo de ejemplo, en Mauritania, Iberdrola inauguró en 2023 la planta solar fotovoltaica de 50 MW en Nouadhibou, que suministra energía limpia a más de 40.000 hogares y reduce en 30.000t anuales las emisiones de CO₂. El proyecto, desarrollado en colaboración con la empresa pública mauritana SOGEM, incluyó transferencia de tecnología y formación de 200 técnicos locales en operaciones y mantenimiento, fortaleciendo la capacidad institucional y demostrando el potencial de las renovables en la región (Gobierno de España, 2024, pp. 22–23).

Por otro lado, en Burkina Faso, la AECID lanzó en 2022 un programa de agricultura climáticamente inteligente que benefició a 1.200 pequeños agricultores en la región de Bobo-Dioulasso. Mediante talleres prácticos sobre riego por goteo, uso de semillas resistentes a la sequía y técnicas de conservación de suelos, se logró un incremento medio del 25% en los rendimientos de mijo y sorgo. Este modelo de formación ha reducido la vulnerabilidad alimentaria y sirve de base para replicar iniciativas similares en el Sahel (AECID, 2024, pp. 11–12).

Si bien estos desafíos configuran un escenario complejo, de ellos emergen oportunidades estratégicas que España puede capitalizar en recursos, energía y cooperación.

Oportunidades estratégicas
Recursos naturales y minería sostenible

El Sahel alberga abundantes materias primas esenciales para la transición energética y la industria del siglo XXI. Níger y Chad destacan por sus reservas de uranio, Malí y Burkina Faso por el oro. Además, Níger posee yacimientos de fosfatos y litio (AUC/OECD, 2022, pp. 35–38). Asimismo, la región cuenta con depósitos de hierro, bauxita y tierras raras aún poco explorados. Estas materias primas resultan clave para tecnologías limpias, baterías y energías renovables, sectores en los que la UE busca reducir su dependencia de otros proveedores.

Por su parte, España puede aprovechar su cercanía geográfica y su tejido empresarial internacional para promover una minería responsable que integre estándares sociales y ambientales, además de no poseer un pasado colonial que pudiera lastrar las relaciones. Según el Embajador Cerezo (2025), en el Sahel hay recursos energéticos, minerales y agrícolas por desarrollar; España, con su experiencia, debe anticiparse y colaborar desde el diseño hasta la explotación sostenible. En línea con la Estrategia España-África 2025–2028⁹, esta cooperación incluiría transferencia tecnológica, formación de personal local e inversión en infraestructuras, contribuyendo así al fortalecimiento institucional de los países de la zona (MAEC, 2024, pp. 22–23).

La Comisión Europea, en su documento Critical Raw Materials Resilience, subraya la necesidad de diversificar geográficamente el abastecimiento de materias críticas y establece el Sahel como socio prioritario para garantizar trazabilidad y valor añadido local (Comisión Europea, 2020). Instrumentos como la Alianza Europea de Materias Primas (ERMA) y el programa Global Gateway ofrecen marcos de cooperación que España puede articular (y lo está haciendo), canalizando fondos y respaldando proyectos bilaterales que favorezcan el desarrollo sostenible.

Por otra parte, la aplicación de la estrategia de friend-shoring¹⁰ en el sector minero permite construir cadenas de suministro resilientes con países socios de confianza, minimizando riesgos geopolíticos (Benson y Kapstein, 2023). Empresas españolas con experiencia en infraestructuras mineras, ya operan en África occidental y pueden liderar modelos de explotación que respeten los derechos laborales, la preservación ambiental y la reinversión de beneficios en las comunidades locales (Gobierno de España, 2024, pp. 22–23).

De esta manera se puede consolidar la autonomía estratégica de España, al tiempo que se impulsa la creación de empleo y el desarrollo económico en el Sahel. Una minería sostenible y transparente no sólo asegura el suministro de uranio para la generación nuclear o de litio para baterías, sino que fortalece la gobernanza local y reduce la tentación de economías informales o ilegales. De este modo, la gestión responsable de los recursos naturales se convierte en piedra angular de una asociación España–Sahel que combine intereses estratégicos y desarrollo compartido.

Energía

El Sahel ofrece a España y a la UE la oportunidad de diversificar fuentes de aprovisionamiento energético y de impulsar proyectos de transición justa. Por un lado, países como Mauritania, Níger y Chad cuentan con reservas de hidrocarburos aún poco explotadas, que pueden complementar el suministro de gas natural licuado (GNL) a través de las plantas regasificadoras españolas y reforzar la seguridad energética europea (TCE, 2024). La proximidad geográfica de Mauritania, con un litoral atlántico cercano a Canarias, la convierte en un aliado natural para el desarrollo de infraestructuras de GNL y de futuros corredores de gas hacia la Península Ibérica (Gobierno de España, 2024, pp. 22–23).

Más allá de los combustibles fósiles, el potencial de energías renovables del Sahel es excepcional. La intensa irradiación solar, la baja densidad de población y la disponibilidad de terrenos amplios áridos hacen de la región un enclave idóneo para proyectos de energía solar y eólica, así como para la producción de hidrógeno verde. El AMAN Green Hydrogen Project en Mauritania, calificado por la Agencia Internacional de la Energía como uno de los más ambiciosos del continente, aspira a generar hidrógeno a gran escala utilizando energías limpias (IEA, 2022, p. 80). España, con empresas punteras en renovables, como Iberdrola o Acciona, y con un tejido industrial capaz de intervenir en el diseño, la financiación y la construcción de plantas, está en posición de liderar estos desarrollos.

Para canalizar la inversión y mitigar riesgos, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) y los programas de la AECID facilitan la cooperación público-privada en el exterior, ofreciendo líneas de crédito y garantías para proyectos energéticos (AECID, 2024b, pp. 17–18). La estrategia Global Gateway de la UE, que moviliza recursos para infraestructuras sostenibles fuera de Europa, brinda un marco adicional para cofinanciar redes de transporte de energía (líneas de alta tensión, terminales de GNL o electrolizadores de hidrógeno) que conecten el Sahel con el mercado europeo (Comisión Europea, 2023, pp. 9–12). Sin embargo, estas empresas deben tener una seguridad física y legal para invertir en la región.

Finalmente, la convergencia de estos vectores (GNL, solar, eólico e hidrógeno) permite a España proyectarse como hub¹¹ energético euro-africano. Garantizar la trazabilidad, la sostenibilidad ambiental y el valor añadido local, mediante la transferencia tecnológica y la formación de personal, contribuirá a reforzar la autonomía estratégica europea, al tiempo que genera empleo y fortalece las economías locales, reduciendo la inestabilidad que alimenta otros riesgos.

Cooperación económica y migración circular

La internacionalización de las empresas españolas en el Sahel se ha consolidado como un vector de influencia y de creación de valor compartido. Sectores como la ingeniería civil, la gestión de recursos hídricos, las energías renovables, la agroindustria y la digitalización presentan oportunidades significativas, gracias a marcos multilaterales de cooperación que reducen riesgos y facilitan el acceso al mercado (AUC/OECD, 2022, pp. 64–68). Instrumentos como el FIEM y las coberturas de riesgo de la Compañía de gestión integral del crédito comercial (CESCE)¹², ofrecen líneas de financiación y garantías esenciales para proyectos en infraestructuras sostenibles, saneamiento, electrificación rural o cadenas de frío agroalimentarias (Gobierno de España, 2024, pp. 28–29). Además, la participación en iniciativas europeas como Global Gateway y el Equipo Europa¹³ permite integrar la inversión privada en una lógica de cooperación estructural, añadiendo apoyo técnico y diplomático al despliegue empresarial (Comisión Europea, 2023).

La cooperación al desarrollo, liderada por la AECID, refuerza esta presencia económica con acciones dirigidas a gobernanza democrática, igualdad de género, acceso a agua potable y formación técnica. El Plan Director 2023–2026 sitúa al Sahel como prioridad, consolidando programas en Mauritania y Níger que generan confianza con autoridades locales y sociedad civil, creando un entorno estable para inversiones futuras (AECID, 2024b, pp. 20–23). Esta vertiente humanitaria y de fortalecimiento institucional se solapa con la diplomacia económica, multiplicando el impacto de la acción exterior española y ofreciendo un contrapeso a la influencia de otros actores globales.

En el ámbito migratorio, España ha desarrollado modelos de migración circular que encajan con el Pacto Mundial para la Migración y la Estrategia EspañaÁfrica 2025–2028. Proyectos piloto, como la Orden Gecco¹⁴, aplicada primero con Marruecos y luego con Senegal, permiten la contratación temporal y legal de trabajadores para la agricultura, la hostelería y la construcción, garantizando su retorno asistido y transferencias de competencias al país de origen (La Moncloa, 2024; OIM, 2025). Estos esquemas reducen la migración irregular y mitigan riesgos de explotación, al tiempo que responden a la creciente demanda española de mano de obra en sectores estacionales y contribuyen a la dinamización económica en el Sahel.

Cabe destacar que la Orden Gecco en Senegal ha permitido la firma de 350 contratos temporales entre 2021 y 2024, principalmente en la recogida de frutas y la hostelería, beneficiando a más de 1.200 trabajadores senegaleses con acceso legal al mercado laboral español y apoyo al retorno asistido (La Moncloa, 2024a; OIM, 2025).

Para ampliar estos resultados, el Fondo Fiduciario de Emergencia para África ha movilizado 120M€ desde 2022, cofinanciando iniciativas de movilidadempleo- desarrollo que integran formación técnica, asesoramiento legal y creación de microempresas en sectores como la agroindustria y las energías renovables (Comisión Europea, 2022).

La formación profesional complementa la movilidad ordenada. Ciclos de formación en energías renovables, agricultura climáticamente inteligente y gestión del agua, financiados por la AECID en colaboración con gobiernos locales, alinean habilidades con las necesidades del mercado y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (AECID, 2024b, pp. 25–26). Enmarcadas en las iniciativas Team Europe on Migration y el Fondo Fiduciario de Emergencia para África, estas acciones equilibran movilidad, empleo y desarrollo, ofreciendo un modelo replicable para otras regiones y consolidando la presencia estratégica de España (MITES, 2025; Keijzer, 2023, p. 11).

En suma, combinar inversión empresarial, cooperación al desarrollo y programas de migración circular dota a España de un enfoque integral para reforzar sus lazos con el Sahel, transformar vulnerabilidades en oportunidades y contribuir a la estabilidad y el crecimiento compartido de la región.

Habiendo explorado las vías de colaboración en minería responsable, transición energética y migración circular, es momento de sintetizar acciones prioritarias que conviertan estas oportunidades en logros concretos.

Conclusiones

La colaboración entre España y los países del Sahel debe basarse en una estrategia clara y compartida, que promueva instituciones sólidas, desarrollo sostenible y oportunidades para la población local. El Sahel cuenta con un crecimiento demográfico que constituye un recurso valioso siempre que se ofrezcan programas de educación, salud y formación profesional que permitan a los jóvenes integrarse en empleos formales y evitar la migración descontrolada.

La experiencia del G5 Sahel muestra la importancia de contar con estructuras regionales bien financiadas e inclusivas, que huyan del enfoque exclusivamente securitario. Para asegurar el éxito de futuros proyectos, España debe liderar las políticas europeas y apoyar el fortalecimiento de la gobernanza local a través de la transferencia de conocimientos, el refuerzo de las capacidades de seguridad regional y el fomento de procesos de inclusión social y cultural.

En materia energética, el Sahel ofrece reservas de gas y un enorme potencial de energías renovables. España, con su experiencia en plantas de gas licuado, redes eléctricas e hidrógeno verde, está en condiciones de actuar como puente entre África y Europa. Será necesario coordinar la expansión de infraestructuras (regasificadoras, líneas de alta tensión y electrolizadores) bajo un plan que garantice el cuidado del medio ambiente, la transparencia y el valor añadido local.

El aprovechamiento responsable de los recursos minerales también es clave. Liderar proyectos de minería sostenible con estándares sociales y ambientales fuertes contribuirá a diversificar las economías de la región y asegurar materiales esenciales para la transición energética europea. Al mismo tiempo, la creación de un fondo de resiliencia climática permitirá financiar actuaciones de restauración de acuíferos y de recuperación de suelos degradados, reduciendo la vulnerabilidad a la sequía y mejorando la seguridad alimentaria.

La migración circular y los acuerdos de empleo temporal constituyen el tercer pilar de estas relaciones. Los programas que combinan contratación legal en España con retorno asistido y formación técnica ofrecen un modelo eficaz para gestionar los flujos de personas, evitando riesgos de explotación y favoreciendo la transferencia de habilidades al país de origen.

Para convertir todo lo anterior en resultados reales, es imprescindible diseñar un plan conjunto con indicadores que muestren los avances logrados, como la tasa de empleo juvenil, la cobertura eléctrica, el número de proyectos climáticos ejecutados y el fortalecimiento institucional. Este enfoque permitirá medir el impacto, ajustar las acciones y garantizar una cooperación basada en la confianza mutua.

En definitiva, España y el Sahel tienen la oportunidad de construir una asociación sólida que genere crecimiento y estabilidad. Con una inversión coordinada y compromiso político, podrá disfrutar de un futuro de prosperidad y seguridad para ambas regiones.

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