IEEE. EE. UU. y la energía como arma geoeconómica: Venezuela, Irán y la competitividad de la industria china

NOTA

Este documento examina la energía como instrumento geoeconómico desde una perspectiva de análisis de incentivos y efectos observables, no de atribución intencional. La existencia de una lógica estratégica coherente en la secuencia de eventos analizados no implica necesariamente que todos los episodios respondan a una planificación centralizada y deliberada por parte de los EE. UU.

Algunos de los episodios descritos pueden ser el resultado de decisiones autónomas de actores distintos, consecuencias no previstas de políticas con otros objetivos primarios, o la convergencia de intereses de distintos actores dentro del propio sistema estadounidense.

Contexto y motivación de los EE. UU.

Como han señalado Blackwill y Harris, la geoeconomía (entendida como el uso de instrumentos económicos para promover y defender intereses nacionales y producir resultados geopolíticos favorables) se ha convertido en el terreno central de la competición entre grandes potencias en el siglo XXI¹.

La rivalidad geoeconómica² entre EE. UU. y China no puede comprenderse sin entender una de sus raíces estructurales: la pérdida de peso en el comercio mundial que ha sufrido EE. UU. durante las últimas dos décadas.

El ascenso de China como potencia económica de primer orden no es fruto de la casualidad, sino de una estrategia nacional de desarrollo, diseñada y sostenida en el tiempo. A partir de su adhesión a la OMC en 2001, Pekín canalizó la entrada masiva de inversión extranjera directa hacia la construcción de infraestructuras productivas, la formación de capital humano y la modernización tecnológica, beneficiándose de la transferencia de conocimiento desde las empresas occidentales deslocalizadas hacia su tejido industrial.

Lo que desde Occidente se percibió inicialmente como una oportunidad de acceso a mano de obra barata fue, desde la perspectiva china, una política sistemática de absorción tecnológica orientada a escalar progresivamente hacia segmentos de mayor valor añadido en las cadenas globales de producción.

En dos décadas, China pasó de ocupar una posición periférica en términos de fabricación de bienes de valor añadido a convertirse en un referente del comercio mundial, con Alemania como socio complementario (Alemania es, en esta coyuntura, el país por el que pasan la mayor parte de los bienes de valor añadido terminados o semielaborados).

EE. UU., que a comienzos de los años 2000 ejercía una hegemonía incuestionable tanto en el plano militar como en el económico y en el tecnológico, subestimó los riesgos de este proceso. Aunque EE. UU. retuvo las áreas empresariales de mayor contenido tecnológico e innovador (el diseño de producto), cedió la producción más intensiva en mano de obra a terceros países, principalmente China.

Tampoco anticipó la velocidad con la que China escalaría hacia los niveles superiores de esa misma cadena, ni el coste económico interno que la desindustrialización generaría en el tejido social y político estadounidense³.

Dos décadas después, EE. UU. afronta una situación geoeconómica radicalmente distinta: la emergencia de un rival sistémico que ha internalizado buena parte de la cadena productiva global, la pérdida progresiva de peso en las cadenas globales de valor y la disminución de su capacidad de influencia en las instituciones internacionales creadas tras la Segunda Guerra Mundial.

En paralelo, la proyección económica exterior de China ha ido acompañada de una expansión de su presencia en regiones tradicionalmente vinculadas a la influencia occidental, como África, Hispanoamérica, Asia e incluso determinados espacios europeos.

Este proceso no se limita a la extracción de recursos o a la colocación de excedentes de capital, sino que también pretende establecer nuevos mercados para la venta de productos chinos, cada vez más competitivos no solo en términos de precio, sino también de calidad y sofisticación tecnológica. La consolidación de estos vínculos económicos genera, a su vez, externalidades de carácter geopolítico, al incrementar la capacidad de influencia de Pekín sobre las decisiones económicas y estratégicas de los países receptores⁴.

Según datos de UNCTAD-EORA, el conjunto de las naciones en desarrollo incrementó su participación en el comercio mundial en valor añadido del 20,79 % al 31,65 % entre 1998 y 2018, mientras que los países desarrollados (encabezados por EE. UU.) retrocedían del 79,21 % al 68,35 %. Este cambio no fue gradual ni indoloro, ya que coincidió con la destrucción de aproximadamente el 22 % del empleo manufacturero estadounidense entre 2000 y 2015, según datos de ILOSTAT⁵, alimentando el malestar político que terminó por reconfigurar la agenda de seguridad nacional.

Lo que los modelos de comercio internacional describen como «eficiencia asignativa» (en el que EE. UU. estaba especializado en actividades intensivas en capital y alta tecnología, mientras China absorbía la producción de bajo y medio valor añadido) generó la pérdida de empleo y de tejido industrial en determinados estados federales, una situación que, aunque tardó en abordarse, terminó situando la competitividad manufacturera en el centro del debate estratégico estadounidense.

Actualmente, la rivalidad entre Estados Unidos y China ya es sistémica y se ha expandido a los sectores productivos del futuro⁶, como los microchips, la inteligencia artificial, la computación cuántica o los sistemas de defensa avanzados, entre otros.

La energía como factor de equilibrio geoeconómico

Aunque las sanciones, controles tecnológicos y restricciones financieras forman parte de la estrategia de disuasión de los EE. UU. frente a China, lo cierto es que estas medidas por sí solas son insuficientes para revertir la situación actual en términos de comercio, producción y desarrollo tecnológico⁷.

En este contexto, Estados Unidos podría haber identificado una vulnerabilidad estratégica de China respecto a los hidrocarburos, y estar optando por inducir un shock de costes en la cadena de valor china.

Si el precio de un input fundamental como la energía se incrementa (ya sea mediante tensiones en los mercados energéticos, la interferencia en las principales rutas logísticas globales, o el control de la producción de estos recursos), el aumento resultante de los costes energéticos se transmite al conjunto de la estructura productiva.

Este efecto tiende a ser especialmente intenso en economías exportadoras de base manufacturera y con una elevada dependencia de hidrocarburos importados, como es el caso de China.

Según el Oil & Gas Journal⁸, EE. UU. dispone de reservas probadas cercanas a los 74.400 millones de barriles frente a los aproximadamente 27.900 millones de China, una proporción de 2,7 a 1 que refleja no solo una ventaja respecto al stock de recursos, sino también una mejor capacidad de respuesta doméstica ante posibles shocks externos.

El auge de la producción de crudo y gas estadounidense ha alterado de forma significativa el equilibrio del mercado global de hidrocarburos⁹. Mientras durante décadas la política energética de Washington estuvo orientada principalmente a reducir la dependencia exterior, la expansión del shale oil y del shale gas ha transformado a Estados Unidos en uno de los mayores productores de hidrocarburos del mundo¹⁰.

Este hecho ha permitido que actualmente EE. UU. tenga la capacidad de influir en los precios internacionales y en el nivel de oferta en el mercado global.

Los EE. UU. produjeron en 2023 unos 12,9 millones de barriles diarios (Mb/d) de crudo doméstico, a los que se suman aproximadamente 4,9 Mb/d de líquidos de gas natural y otros derivados, cubriendo así casi la totalidad de su consumo total de 20,2 Mb/d con importaciones netas de crudo que apenas superaban los 2,4 Mb/d.

China, principal importador de petróleo y gas natural licuado del mundo, consumió en 2024 alrededor de 16,3 Mb/d con una producción doméstica de crudo que no alcanzó los 4,3 Mb/d. El resultado es una brecha de importación de aproximadamente 11 Mb/d que debe cubrirse necesariamente desde el exterior y que constituye la debilidad estructural china¹¹ que los EE. UU. podrían estar explotando actualmente.

La dependencia de los hidrocarburos no es solo cuantitativa, sino también geográfica. En 2024¹², aproximadamente el 92 % del crudo importado por China llegó por vía marítima, principalmente desde Oriente Medio (más de la mitad del total), seguido de Rusia con un 20 % y Arabia Saudí con un 14 %.

Irán aportó en torno al 11 % de las importaciones chinas, volumen que, debido a las sanciones, circula en su práctica totalidad a través de las refinerías independientes «teapot»¹³, mediante rutas diseñadas para eludir los controles occidentales.

Esta combinación hace que cualquier tensión que se dé en el estrecho de Hormuz o sobre Venezuela tenga un impacto directo sobre la capacidad productiva de la industria china, lo que hace fundamental contar con stocks de reserva para mitigar posibles escenarios de escasez.

Esta vulnerabilidad no se explica únicamente en términos de dependencia física de recursos, sino también desde la lógica de la denominada «interdependencia weaponizada»¹⁴. Según este enfoque, el control de los puntos centrales en las redes globales (financieras, energéticas o tecnológicas) puede convertirse en un instrumento de coerción.

En este sentido, la capacidad de Estados Unidos para influir sobre los flujos energéticos internacionales no deriva únicamente de su posición como productor, sino también de su dominio estructural sobre los canales a través de los cuales esos flujos se financian, transportan y comercializan, reforzando así su ventaja geoeconómica frente a China.

En última instancia, la coerción energética sobre China no puede limitarse a la aritmética de barriles y costes de producción. La eficacia real de explotar esta vulnerabilidad depende de la intensidad y de la evolución entre la capacidad de EE. UU. para identificar, interrumpir y encarecer los flujos energéticos que abastecen a la industria china y la capacidad de China para sustituir, diversificar y estabilizar esos mismos flujos.

EE. UU. y el uso de inteligencia económica

La eficacia de las sanciones energéticas como herramienta geoeconómica no depende únicamente de la capacidad coercitiva del actor que las impone, sino de la calidad de la información que sustenta su planificación y seguimiento. En este sentido, la comunidad de inteligencia estadounidense ha desempeñado históricamente un papel fundamental (y discreto) en las estrategias de presión sobre las economías rivales.

Loch K. Johnson¹⁵ documentó que, ya a finales de la Guerra Fría, la CIA había reorientado aproximadamente el 40 % de sus recursos de recolección hacia cuestiones de índole económica, incluyendo el seguimiento de sanciones, la revisión de adquisiciones extranjeras o el control de actores ilícitos en mercados internacionales. Esta recopilación de información es el elemento principal para que cualquier acción de coerción posterior funcione con precisión quirúrgica y evite daños colaterales que afecten al actor emisor.

Un ejemplo de ello fue la vigilancia aplicada a las restricciones sobre Irak tras la invasión de Kuwait en 1990, donde la CIA asumió la coordinación centralizada de la información aportada por el resto de las agencias sobre el cumplimiento de las sanciones, emitiendo informes diarios a la Casa Blanca. La precisión de ese seguimiento permitió identificar quien infringía las sanciones, logrando cerrar el 90 % de las importaciones iraquíes y el 97 % de sus exportaciones.

Este modelo de recolección masiva de información e inteligencia es exactamente el que subyace al régimen de sanciones actual sobre Irán (y sobre Venezuela hasta hace poco), y también permite entender por qué EE. UU. puede conocer con cierta precisión los flujos de crudo que llegan a las refinerías chinas, incluidas las «teapots» que absorben cerca del 90 % del crudo iraní importado por China.

La ventaja de EE. UU. sobre China no es solo energética o militar, sino también en materia de información, y esa brecha de conocimiento inclina el tablero geoeconómico a favor de Washington de forma que a menudo pasa desapercibida.

La ventaja estadounidense no reside solo en ser exportador neto de hidrocarburos o en controlar rutas críticas, sino en disponer de un aparato de inteligencia económica capaz de mapear en tiempo real los flujos financieros, navieros y contractuales que intervienen en las importaciones energéticas chinas.

La capacidad de rastrear barcos, identificar empresas pantalla, detectar operaciones de triangulación y alertar a bancos sobre contrapartes sancionadas (funciones atribuidas a la CIA y al Departamento del Tesoro en la literatura especializada), convierte las sanciones en un instrumento de precisión variable que Washington puede endurecer o aliviar tácticamente, como ilustra el propio ciclo de licencias petroleras sobre Venezuela entre 2022 y 2025¹⁶, o la exención temporal de sanciones petroleras anunciada el pasado 9 de marzo de 2026 para evitar subidas de precio del petróleo, en plena tensión en el estrecho de Ormuz.

Desde la perspectiva china, esta debilidad no pasa inadvertida. La creciente inversión de Pekín en la diversificación de proveedores, el desarrollo de infraestructuras de pago alternativas al dólar (CIPS, acuerdos bilaterales en renminbi), la expansión de una flota naviera propia con capacidad de operar bajo banderas de conveniencia y la consolidación de relaciones energéticas con actores sancionados (Irán, Venezuela, Rusia) puede interpretarse no solo como una estrategia de seguridad del suministro, sino como un esfuerzo por reducir la transparencia de sus flujos energéticos ante los sistemas de inteligencia económica occidentales.

En este sentido, la denominada «flota fantasma»¹⁷ que transporta crudo iraní y venezolano (buques sin rastreo AIS, con múltiples cambios de bandera y propietarios registrados en jurisdicciones opacas), no es solo una respuesta logística a las sanciones, sino una contramedida de inteligencia que eleva los costes de vigilancia para Washington y sus aliados.

La destrucción del Nord Stream 2

La destrucción del gasoducto Nord Stream 2 en septiembre de 2022 constituye, desde una perspectiva geoeconómica, un caso de referencia en el estudio de la coerción energética. La autoría del sabotaje permanece sin resolver: las investigaciones abiertas en Suecia, Dinamarca y Alemania fueron cerradas o suspendidas sin señalar responsables concluyentes¹⁸.

Las hipótesis barajadas públicamente incluyen tanto a actores estatales (entre ellos Rusia, actores proucranianos y, según algunas fuentes periodísticas de carácter no verificado de forma independiente, Estados Unidos¹⁹) como a grupos no estatales.

Este documento no pretende resolver la cuestión de la atribución, que excede el ámbito del análisis geoeconómico. Lo que sí permite el análisis de incentivos, la secuencia de decisiones previas y la distribución de beneficiarios es identificar, como hipótesis de trabajo analíticamente consistente con el marco de la geoeconomía, que la destrucción de la infraestructura produjo efectos que resultaban funcionales a los intereses estratégicos estadounidenses en su rivalidad con China y qué papel tuvo Alemania dentro de este caso, con independencia de quién fuera el autor material.

Para comprender la lógica de esta hipótesis es preciso analizar brevemente las relaciones geoeconómicas entre dichas potencias. Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, Alemania consolidó su posición como principal actor europeo en las cadenas globales de valor, actuando de bisagra entre el eje comercial estadounidense y el eje chino.

Esa posición partía de la ventaja competitiva que Alemania tenía gracias al acceso al gas ruso a precios sustancialmente inferiores a los del mercado internacional, lo que abarataba sus costes industriales y reforzaba la competitividad de su manufactura frente a rivales como EE. UU., cuyas industrias del acero, la automoción o la química operaban en condiciones energéticas menos favorables.

Simultáneamente, las relaciones comerciales de Alemania con China se habían profundizado hasta el punto en que Pekín se convirtió en su principal socio comercial, reforzando los vínculos entre ambas potencias precisamente en el momento en que EE. UU. comenzaba a percibir a China como su principal rival sistémico.

En esta fotografía, EE. UU. estaba perdiendo en varios frentes: por un lado, cedía posiciones en las cadenas de valor globales frente a China; veía cómo Alemania (un país aliado) mantenía una relación de dependencia energética que la orientaba comercialmente hacia el este; y, por otro lado, observaba cómo el proyecto Nord Stream 2 consolidaría el vínculo energético ruso-alemán de forma duradera.

No es casual, en este sentido, que la Administración Biden declarase públicamente²⁰, en febrero de 2022, que, si Rusia invadía Ucrania, el gasoducto «dejaría de existir», meses antes de que la infraestructura fuera efectivamente destruida.

La hipótesis de que la voladura respondió a una lógica de guerra económica (y no únicamente a la respuesta al conflicto ucraniano) se sostiene sobre diversos argumentos.

En primer lugar, la eliminación del suministro energético ruso forzó a Alemania y al conjunto de Europa a sustituirlo por gas natural licuado estadounidense, con precios más elevados debido a los costes logísticos.

EE. UU. había venido ampliando su infraestructura gasística desde 2016²¹, con una capacidad exportadora muy superior a su demanda interna, y en ausencia de contratos previos que justificasen esa inversión, lo que sugiere es que podría existir cierta planificación estratégica del escenario que finalmente se produjo.

En segundo lugar, el shock energético derivado del corte del suministro generó un aumento de los costes industriales que deterioró la competitividad alemana, desincentivó la inversión en la Unión Europea y favoreció la relocalización de capital hacia EE. UU., quien además en ese mismo peíodo había lanzado la Inflation Reduction Act²², que estaba orientada a captar inversión exterior mediante subsidios y otras ayudas destinadas a establecer industria en suelo estadounidense.

En tercer lugar, la ruptura del vínculo energético entre Rusia y Alemania obligó a Berlín a reorientar sus cadenas de suministro y su dependencia estratégica hacia Estados Unidos y otros socios occidentales.

Este reajuste debilitó, al mismo tiempo, los vínculos comerciales con China, que habían convertido a Alemania en un actor clave dentro de las cadenas de valor vinculadas a dicho país.

Como resultado de este proceso de reconfiguración, en 2024 Estados Unidos volvió a situarse como el principal socio comercial de Alemania²³.

La operación en Venezuela

Antes de la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026²⁴, Venezuela ocupaba una posición singular dentro del sistema energético internacional.

Aunque es uno de los países con mayores reservas probadas del mundo y miembro de la OPEP, su capacidad real de influencia estaba limitada por el conjunto de sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados.

Durante la década anterior, la mayor parte del crudo venezolano se comercializaba con fuertes descuentos y a través de redes comerciales opacas, siendo China el principal comprador. En algunos momentos, más de tres cuartas partes de las exportaciones petroleras del país se dirigían al mercado asiático²⁵, consolidando una relación de dependencia mutua, en la que Caracas obtenía financiación y salida comercial para su crudo pesado, mientras Pekín aseguraba su suministro energético a precios significativamente inferiores a los precios internacionales.

Además, el petróleo venezolano no solo actuaba como recurso económico, sino también como vector de alineamiento político y como herramienta de influencia internacional²⁶.

La captura de Nicolás Maduro cambió ese escenario. Washington pasó de intentar restringir el comercio petrolero venezolano a intervenir directamente en su administración.

Las licencias emitidas por el Gobierno estadounidense²⁷ y el control sobre las rutas comerciales permitieron redirigir una parte significativa de los flujos hacia compañías estadounidenses y mercados alineados con Estados Unidos. De este modo, el petróleo venezolano dejó de operar como un activo sancionado para reintegrarse progresivamente en los circuitos comerciales bajo supervisión estadounidense, anulando su suministro a China.

Las implicaciones de este cambio se extienden más allá del propio mercado venezolano.

En primer lugar, la capacidad de Washington para influir sobre los flujos de crudo de un miembro de la OPEP introduce una nueva variable en el equilibrio interno de la organización, ya que amplía indirectamente la capacidad de Estados Unidos para influir sobre la oferta global.

En segundo lugar, la interrupción de los envíos energéticos subvencionados que Venezuela destinaba a Cuba ha generado una crisis energética significativa en la isla²⁸, demostrando cómo la gestión de los flujos energéticos puede utilizarse también como instrumento de presión política sobre los aliados de los rivales estratégicos de Washington.

No obstante, el control sobre el flujo de crudo venezolano trasciende la dimensión regional, ya que forma parte de una estrategia orientada a reducir las fuentes de suministro que operaban al margen de la supervisión estadounidense y que proveían a China con petróleo a precio ventajoso.

Al reconducir ese canal bajo condiciones negociadas, EE. UU. no solo cierra una vía de elusión del sistema de sanciones, sino que adquiere una palanca de presión diplomática directa sobre Caracas (activo del que carecía mientras Venezuela operaba en la órbita de influencia china).

Este enfoque permite interpretar la operación en Venezuela no como un episodio aislado, sino como un punto de inflexión en la configuración del orden regional, en el que se materializa una lógica de geoeconomía coercitiva, según la cual el uso del poder —militar, financiero y regulatorio— se orienta al control de recursos estratégicos y a la redefinición de los alineamientos regionales.

Desde esta perspectiva, la intervención no responde únicamente a objetivos energéticos inmediatos, sino a una lógica más amplia de reafirmación hegemónica en el hemisferio occidental, próxima a una reinterpretación contemporánea de la doctrina Monroe, cuyo objetivo central es limitar la penetración de potencias extranjeras como China²⁹.

En este contexto, el control de los recursos energéticos venezolanos no consiste solo en asegurar el suministro o influir en los precios, sino en restringir el acceso de China a fuentes de crudo fuera del circuito regulado por Occidente y, al mismo tiempo, en reducir su margen de maniobra en Hispanoamérica. Se trata de un espacio en el que Pekín había consolidado posiciones relevantes en la última década.

El caso de Irán

Otro episodio de uso de la energía como instrumento de presión económica fue el del régimen de sanciones aplicadas a Irán a comienzos de la década de 2010³⁰.

En 2012, el Gobierno de Estados Unidos señaló que el paquete de sanciones —en particular, las disposiciones incluidas en la National Defense Authorization Act (NDAA)³¹ y la coordinación con la Unión Europea para restringir compras de crudo iraní— redujo las exportaciones petroleras de Irán en más de un millón de barriles diarios, aproximadamente la mitad de su nivel previo.

Para Irán, la contracción de las ventas exteriores se tradujo en una caída significativa de los ingresos por hidrocarburos, la principal fuente de divisas del país, demostrando que las sanciones pueden operar como un arma reguladora de la oferta disponible en el mercado internacional, al limitar los flujos físicos, financieros y logísticos asociados al comercio de petróleo.

Las sanciones³² no actuaron únicamente sobre el productor sancionado, sino que también influyeron en la estructura de mercado global al restringir el acceso de un productor al sistema financiero internacional, a los seguros marítimos o a los principales puertos y terminales de transbordo.

Las sanciones alteraron la capacidad efectiva de exportación, reduciendo el volumen que llegaba al mercado y obligando a reconfigurar rutas comerciales, intermediarios y mecanismos de pago.

En este sentido, la experiencia iraní demuestra que el control de la infraestructura financiera y logística del comercio energético (especialmente los seguros, el transporte marítimo y los procesos de compensación y liquidación de pagos en dólares) constituye un instrumento de poder económico con capacidad real para afectar a la oferta mundial de petróleo.

Durante los últimos años, las sanciones contra Irán han evolucionado hacia un sistema más sofisticado, centrado en la detección y mitigación de los mecanismos de evasión, como el Stop Harboring Iranian Petroleum (SHIP) Act³³, promulgada el 24 de abril de 2024.

Esta norma establece la obligación de que la Administración estadounidense elabore informes periódicos sobre las exportaciones de petróleo iraní y las redes comerciales que facilitan su transporte y comercialización.

En su primer informe se destaca cómo entre el 89 % y el 92 % del crudo exportado por Irán tiene como destino China.

En paralelo, la Administración Trump reimplantó en febrero de 2025 la política de máxima presión mediante un memorándum presidencial de seguridad nacional, intensificando la persecución de redes de empresas pantalla y de la flota fantasma asociada a las exportaciones iraníes.

Esta segunda fase ya no buscaba simplemente reducir los ingresos del régimen, sino elevar el coste operativo y el riesgo de contraparte para los compradores de crudo iraní —en la práctica, para las refinerías teapot chinas—, erosionando progresivamente el diferencial de descuento que hacía atractivo ese canal de suministro para la industria china.

En septiembre de 2025, las potencias europeas activaron el mecanismo snapback del JCPOA, reimponiendo automáticamente seis resoluciones del Consejo de Seguridad —embargo de armas y sanciones nucleares, bancarias y de misiles— con carácter vinculante para todos los Estados miembros³⁴.

No obstante, la operación «Epic Fury», iniciada el 28 de febrero de 2026, introdujo un elemento de incertidumbre en el sistema energético internacional.

El tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz (por donde transita aproximadamente el 20 % del comercio mundial de crudo³⁵) se redujo drásticamente durante los primeros días del conflicto, mientras los ataques iraníes con misiles y drones provocaron interrupciones temporales en infraestructuras energéticas clave de la región, incluida la mayor planta de gas natural licuado del mundo y la principal refinería de Arabia Saudí.

En este contexto de tensión, el precio del Brent llegó a aproximarse a los 120 dólares por barril —niveles no observados desde la invasión rusa de Ucrania en 2022— antes de moderarse posteriormente hasta situarse en torno a los 90 dólares el 10 de marzo de 2026.

Sin embargo, a diferencia de crisis energéticas anteriores, el impacto sobre el mercado global está siendo relativamente contenido: los EE. UU. están estudiando³⁶ si estimular el mercado mediante el levantamiento de sanciones a terceros países como Rusia, así como mediante la apertura de las reservas de petróleo de los países del G7.

En esta coyuntura, China está intentando negociar con Irán para garantizar el paso seguro de sus petroleros y otros buques comerciales³⁷.

Las estimaciones apuntan a que China tiene reservas estratégicas para 115 días, por lo que aún cuenta con margen para gestionar la situación del suministro. Además, podría recurrir a otros aliados, como Angola, Brasil o Rusia, para sustituir el flujo perdido debido al conflicto y a su posterior desenlace.

Conclusiones

La energía no opera únicamente como un recurso económico en la rivalidad entre EE. UU. y China, sino también como un instrumento de presión sobre la estructura de costes de la industria manufacturera china, por lo que constituye un elemento fundamental dentro del enfrentamiento geopolítico.

La secuencia Nord Stream 2-Venezuela-Irán no constituye una acumulación de episodios o casos de estudio aislados, sino la expresión de una lógica geoeconómica coherente: la de reducir el acceso de China a fuentes de energía asequibles y al margen de la supervisión occidental, erosionando la competitividad de su base manufacturera, con independencia del grado de planificación centralizada que subyazca a cada episodio.

La necesidad de Estados Unidos de elevar los costes de producción de China está directamente relacionada con la rivalidad tecnológica entre ambas potencias.

La política energética estadounidense ya no persigue únicamente la autosuficiencia, sino alcanzar una posición de dominio en el mercado energético global que permita influir sobre los costes estructurales de sus competidores.

Este objetivo adquiere una relevancia creciente en un contexto en el que las tecnologías estratégicas —desde la inteligencia artificial hasta la computación cuántica y los sistemas en la nube— dependen de infraestructuras digitales altamente intensivas en energía. Los centros de datos que sustentan estas capacidades requieren un suministro eléctrico abundante, lo que convierte el acceso a energía asequible en un factor crítico para el desarrollo tecnológico y la competitividad industrial.

Mientras Estados Unidos busca reforzar su posición mediante el control de los mercados de combustibles fósiles, China está orientando su estrategia hacia el liderazgo en tecnologías de energía limpia —vehículos eléctricos, baterías, paneles solares y aerogeneradores— con el objetivo de reducir su dependencia y vulnerabilidad energética y ganar ventaja en los sectores industriales de la próxima transición energética.

No obstante, este ámbito tampoco queda al margen de la influencia estadounidense, ya que los grandes fondos de capital y gestores de activos con sede en Estados Unidos participan de forma significativa en la financiación y en la propiedad de numerosas empresas del sector de las energías limpias, lo que les permite mantener una capacidad relevante de influencia sobre el desarrollo de estas industrias a escala global.

Por otra parte, el escenario de conflicto local está obligando a muchos países a replantearse la seguridad de su suministro energético y a buscar nuevos proveedores, lo que para EE. UU. supone una oportunidad, ya que se muestra como un proveedor fiable.

Las ideas contenidas en estos artículos son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente el pensamiento del CESEDEN o del Ministerio de Defensa.