IIEEE. Del terrorismo ideológico al actor híbrido: la convergencia crimen-terror en el Sahel y la expansión yihadista hacia el golfo de Guinea

Introducción

El Sahel se configura hoy como uno de los principales focos de inestabilidad estratégica para la seguridad europea. A las ambiciones geopolíticas de Rusia en el continente africano se suman riesgos crecientes: migración irregular, reducción de importaciones de recursos críticos (gas, uranio, litio), tráfico de armas y drogas y la probabilidad de un resurgimiento del terrorismo yihadista capaz de proyectarse hacia el Mediterráneo.

Lejos de constituir un espacio periférico, el Sahel es un escenario donde confluyen fragilidad estatal, redes criminales transnacionales y la expansión de grupos afiliados a al-Qaeda y a Daesh, generando un entramado híbrido con impacto directo sobre la seguridad energética, económica y social de Europa.

Este artículo analiza la convergencia entre terrorismo y crimen organizado en el Sahel central, tomando como eje los grupos yihadistas Estado Islámico en la Provincia del Sahel (ISSP) y Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM), y examina su expansión hacia los Estados costeros del golfo de Guinea.

El Sahel atraviesa una crisis estructural marcada por pobreza, crecimiento demográfico acelerado, exclusión territorial y debilidad institucional, lo que facilita el reclutamiento y la consolidación de actores no estatales.

El vacío de autoridad ha permitido a grupos como ISSP y JNIM ofrecer servicios sustitutivos al Estado, reforzar su legitimidad y consolidar redes clientelares arraigadas en economías ilícitas.

El marco teórico que guía el análisis es el Crime-Terror Continuum de Tamara Makarenko (2004), que permite examinar las distintas formas de interacción entre terrorismo y crimen organizado sin presuponer una trayectoria lineal ni una fusión completa entre ambos fenómenos.

El Crime-Terror Continuum

Tamara Makarenko (2004) propone que la relación entre terrorismo y crimen organizado no implica una separación rígida, sino un continuum de interacciones en el que los grupos se sitúan en función de sus necesidades y de su contexto¹. El modelo identifica varios estadios: las alianzas tácticas, en las que grupos terroristas y criminales cooperan de forma puntual (acceso a rutas de contrabando, conocimiento experto para el blanqueo de capitales o la fabricación de explosivos); las motivaciones operacionales, en las que cada tipo de actor desarrolla internamente capacidades propias del otro para reducir dependencias externas (grupos terroristas que se financian mediante el crimen, redes criminales que emplean tácticas de terror para proteger sus negocios); y la convergencia o hibridación, en la que una organización adquiere simultáneamente rasgos de ambos actores, pudiendo evolucionar hacia el extremo opuesto del espectro.

Makarenko introduce también la black hole tesis. Este concepto alude a una fase avanzada en la que, en Estados débiles o colapsados, el crimen, el terrorismo y el conflicto armado se fusionan en un mismo espacio, lo que genera «agujeros negros» de gobernanza que atraen a redes transnacionales y facilitan su cooperación. El continuum no es lineal ni obligatorio, sino una herramienta analítica para captar la frontera difusa entre estos fenómenos.

La literatura posterior matiza el modelo al subrayar que la convergencia varía según el contexto y que no exige fines compartidos, sino métodos comunes, intensificados en situaciones de colapso estatal. Asimismo, advierte además contra la tendencia a sobredimensionar el nexo.

Aplicado al Sahel, el marco permite distinguir entre grupos que mantienen su agenda ideológica y se financian por vías criminales y aquellos que han profundizado su hibridación hasta operar con una lógica predominantemente parasitaria.

El crimen organizado como sustrato del continuum en el Sahel

Históricamente, el Sahel ha funcionado como corredor de circulación entre el Mediterráneo, el Magreb y África occidental. Con la modernización de las rutas caravaneras mediante todoterrenos, GPS o telefonía satelital, los grupos yihadistas se insertaron inicialmente como proveedores de servicios (guía, protección, escolta) para evolucionar progresivamente hacia el control de tramos, la imposición de peajes y la participación directa en la cadena logística³. La economía ilícita se diversificó: del contrabando de tabaco y los secuestros de los años 2000 a actividades de mayor volumen y alcance transnacional⁴.

Cuatro corredores estructuran hoy este ecosistema criminal: el de la cocaína, que, desde mediados de los 2000 (ante la mayor presión en el Atlántico), conecta el golfo de Guinea con el Sahel, el Magreb y Europa^5,6; el de las armas, intensificado tras el colapso libio de 2011, que abastece a grupos armados desde Libia hacia Níger y Malí^7,8; el migratorio, que, desde Agadez hacia Argelia y Libia, fue empujado a la clandestinidad por la legislación nigerina de 2015, lo que incrementó su peligrosidad^9,10; y el del oro, que une minas artesanales de Malí, Burkina Faso y Níger con puertos atlánticos y Dubái, y resulta especialmente lucrativo por su portabilidad, su alto valor y la facilidad de su blanqueo¹¹.

Estos corredores comparten patrones comunes: dependencia de nodos logísticos, protección armada, capacidad de adaptación ante la presión estatal y generación de rentas mediante peajes y control territorial, lo que conforma una infraestructura de tránsito que refuerza la financiación y la resiliencia de los actores armados.

La convergencia con élites locales y actores administrativos periféricos revela una captura funcional de rutas y rentas en la intersección entre insurgencia, crimen organizado y gobernanza informal¹². Este ecosistema establece las condiciones materiales del continuum, en el que los grupos transitan de la instrumentalización de redes criminales a su integración en ellas y la violencia se consolida como un mecanismo de regulación económica del territorio.

En el plano financiero global, la caída del califato en Siria e Irak, junto con la presión derivada de la «guerra contra el terrorismo», impulsó a al-Qaeda y al Daesh hacia modelos descentralizados, en los que las filiales regionales se autofinancian mediante economías ilícitas locales y, en ocasiones, generan excedentes que se redistribuyen a otras ramas de la red o a la central¹³. En este esquema, ISSP y JNIM operan con relativa autonomía financiera, lo que incrementa su resiliencia frente a las presiones internacionales de persecución financiera.

ISSP y JNIM en el Crime-Terror Continuum
ISSP: convergencia hacia la hibridación criminal

El ISSP hereda el sello de extrema violencia del Daesh, evidenciado a través de masacres en aldeas, decapitaciones y ataques complejos contra posiciones militares, que configuran sus principales señas de identidad. Su teatro principal de operaciones es la región de la triple frontera Malí-Níger-Burkina Faso, donde se benefició de la retirada de la operación francesa Barkhane en 2022 para consolidar territorio¹⁴.

A partir de 2023, se documentó una transición del grupo desde una estrategia de «violencia indiscriminada» hacia una de «gobernanza estructurada»: establecimiento de wilayas con jerarquías locales, tribunales islámicos y policía religiosa, así como administración de recursos estratégicos¹⁵. Este patrón lo aproxima a un actor insurgente cuasiestatal más que a un grupo terrorista móvil.

Financieramente, el ISSP depende por completo de economías ilícitas locales: impone tributos (ushr) sobre agricultura y ganadería, cobra peajes a convoyes de contrabando, cobra impuestos en la minería artesanal de oro —siendo esta una de sus fuentes más lucrativas— y participa en el mercado negro de armas^16,17. A diferencia de JNIM, no reprime su vocación depredadora, llegando al saqueo de aldeas y, entre 2022 y 2023, a masacres de civiles tuareg en Ménaka vinculadas a disputas por rutas¹⁸. En el narcotráfico, a diferencia de sus predecesores (MUYAO y AQMI), que cobraban por escoltar convoyes de cocaína a través del desierto, externaliza la logística a redes locales y se limita a gravar el tránsito, ajustándose a la categoría de alianza táctica en el continuum¹⁹. Los secuestros extorsivos, heredados de AQMI —que generó cerca de 60 millones de euros en rescates entre 2006 y 2012—, siguen siendo una fuente complementaria, aunque de menor peso²⁰.

En el plano externo, el ISSP mantiene vínculos doctrinales con el Daesh global, pero opera con plena autonomía táctica y financiera²¹. Con redes criminales locales —tribus tuareg, árabes y segmentos fulani— sostiene alianzas pragmáticas basadas en el intercambio de protección por tributos e inteligencia. La relación con JNIM es de enemistad activa desde 2019, aunque con treguas puntuales —e incluso cooperación en materia de secuestros— ante enemigos comunes, lo que evidencia que el cálculo de supervivencia prima sobre las diferencias ideológicas.

Lo anterior permite afirmar que ISSP encarna en gran medida el perfil convergente del continuum. Mantiene la narrativa y el objetivo ideológico del Daesh, pero sus medios de supervivencia, así como el uso indiscriminado de la violencia, se asemejan a los de una organización criminal armada anclada en economías ilícitas locales. Su evolución hacia el control territorial y la provisión de servicios lo aproxima al «agujero negro» de Makarenko en áreas de colapso estatal.

JNIM: simbiosis e hibridación adaptativa

JNIM combina una insurgencia de «ganar corazones y mentes» y terrorismo selectivo. Alterna atentados complejos contra objetivos de alto perfil, como el ataque al hotel Splendid de Uagadugú en 2016²², con una campaña sostenida de guerrilla rural y una búsqueda activa de legitimidad social.

Una clave de su estrategia es la captación del apoyo, o al menos la conformidad, de poblaciones marginadas, especialmente de pastores fulani en conflicto con agricultores de otras etnias: presentándose como proveedor de seguridad y de justicia ante la ausencia estatal²³. En regiones de Malí bajo la influencia de Katiba Macina, ha instalado tribunales islámicos móviles, ha resuelto disputas agrarias y ha expulsado a funcionarios corruptos, llenando los vacíos de seguridad y administración que el Estado no cubre.

Financieramente, JNIM calibra sus fuentes para no erosionar el apoyo social: combina secuestros con rescate, orientados desde 2017 hacia rehenes locales de menor importe, un sistema tributario paralelo (zakat, ushr y gravámenes al transporte) presentado como legitimado por la provisión de seguridad y justicia, y la extorsión selectiva a ONG y empresas^24,25.

La minería artesanal de oro, cerca del 50% de la producción saheliana, según la UNODC²⁶, constituye otro pilar clave: controla y grava explotaciones informales y gestiona sus rutas de salida, lo que permite operar a comunidades en zonas vedadas por el Estado y refuerza su legitimidad local.

Respecto al crimen organizado, su estrategia es actuar como facilitador y protector antes que como operador directo. Proporciona entornos seguros a redes de contrabando, cobra peajes y ofrece escoltas, arbitrando el ecosistema criminal sin ejecutar directamente las operaciones²⁷. Tolera la actividad siempre que no dañe a la población que está bajo su protección ni desafíe su autoridad, tomando represalias contra quienes cruzan esas líneas.

En el plano de interacciones externas, JNIM, al igual que ISSP, mantiene vínculos ideológicos con la organización central y, además, hasta la fecha, ha evitado atentar fuera de África occidental para no provocar una respuesta occidental más intensa²⁸.

Su relación con los Gobiernos es ambivalente: aunque formalmente se le cataloga como amenaza, algunos ejecutivos han explorado canales discretos, dado su arraigo local (como las conversaciones con el Gobierno de Malí en 2020). Tras la retirada de Barkhane y de la MINUSMA (2022-2023), JNIM amplió sus operaciones y reorientó su narrativa para presentarse como garante del orden frente al caos estatal.

La campaña de bloqueo logístico en Malí, iniciada a finales de 2025, ilustra su capacidad de coerción. Se basó en ataques sostenidos a convoyes de camiones cisterna en las principales carreteras conectadas con Bamako, lo que desencadenó una crisis nacional de abastecimiento. El rendimiento estratégico de la interrupción prolongada de los flujos económicos superó al de los atentados convencionales.

En este caso, JNIM se sitúa también en el tramo de convergencia, orientándose hacia la simbiosis, mantiene su proyecto político-religioso intacto y se sustenta ampliamente en métodos criminales. Se trata de la manifestación más acabada en el Sahel de la convergencia crimen-terror con una finalidad política intacta, que responde a lo que Shelley y Picarelli (2002) denominarían una relación mutualista entre actores terroristas y criminales.

Posición comparada en el continuum y la black hole thesis

El análisis comparado confirma que ambos grupos han recorrido tramos distintos del continuum. ISSP ocupa una posición más avanzada hacia la convergencia plena, pues ejerce el control territorial mediante la explotación sistemática de economías criminales y una violencia de carácter depredador que reduce su dependencia de la legitimidad social. JNIM mantiene una hibridación más adaptativa, mediante la calibración de su depredación para preservar apoyos comunitarios y la alternancia entre insurgencia, control territorial y facilitación criminal, sin renunciar a su agenda ideológica.

Lejos de ser entidades unidimensionales motivadas únicamente por el fanatismo religioso, ambas incorporan motivaciones pragmáticas y redes clientelares propias de la delincuencia organizada. Esta convergencia les ha proporcionado resiliencia, al diversificar sus fuentes de financiación y reforzar su arraigo local, pero también expone vulnerabilidades: su implicación en actividades criminales genera tensiones ideológicas internas y puede restarles legitimidad ante determinadas poblaciones musulmanas.

La aplicación de la black hole thesis resulta especialmente pertinente en la región de Liptako-Gourma (triple frontera Malí-Níger-Burkina Faso), donde las autoridades estatales controlan solo núcleos urbanos fragmentados, mientras los insurgentes mantienen corredores logísticos transnacionales; en el norte y centro de Malí, donde JNIM ejerce funciones cuasiestatales en amplias áreas rurales; y en las regiones orientales de Burkina y la frontera con Níger, sometidas al avance convergente de ISSP y JNIM. La existencia de estos «agujeros negros» no implica una fusión completa ni homogénea: persisten identidades, objetivos y cálculos de coste-beneficio diferenciados entre actores.

En la práctica, ISSP y JNIM constituyen un desafío híbrido para la seguridad. Son, a la vez, células terroristas que requieren respuestas de contraterrorismo clásico y actores económicos ilícitos que exigen herramientas de lucha contra el crimen organizado, lo que exige evitar categorías rígidas y sustituirlas por lecturas dinámicas, temporales y situadas.

La expansión hacia el golfo de Guinea

Desde finales de la década de 2010, la insurgencia yihadista del Sahel ha expandido su radio de acción hacia los Estados del golfo de Guinea. Grupos afiliados a al-Qaeda y al Daesh aprovecharon la porosidad de las fronteras y la presión militar en Malí y Burkina Faso para buscar refugio y nuevas áreas de influencia en los países vecinos del golfo de Guinea³⁰.

Hacia 2018 se detectaban ya células yihadistas en el norte de Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín, vinculadas al Sahel: el oro de minas bajo su control en Burkina Faso se comercializaba en Togo y Benín, mientras las motocicletas empleadas en ataques en Malí y Burkina Faso accedían desde Nigeria vía Benín³¹. En 2019, el asesinato de un misionero español en la frontera entre Togo y Burkina Faso y el secuestro de turistas franceses en el Parque Nacional de Pendjari confirmaron el «contagio» hacia el sur³². El año 2021 marcó el punto de inflexión: Togo sufrió su primer atentado reivindicado por un grupo yihadista y JNIM estableció santuarios permanentes en los parques transfronterizos de W y Pendjari, aprovechando las reservas naturales como refugio y corredor clandestino³³. Para 2023, Costa de Marfil, Benín y Togo afrontaban una insurgencia de baja intensidad en sus territorios septentrionales.

Ghana se mantenía como el único país sin atentados reivindicados de forma consistente, aunque sus autoridades detectaban actividades de reclutamiento, tráfico de armas y tránsito de militantes³⁵. Esta diferencia sugiere que la expansión no es automática, sino que está condicionada por variables de oportunidad operativa: una contención preventiva más temprana y una fase aún incipiente centrada en logística y el reclutamiento antes que en ataques directos.

Las cifras ilustran de forma dramática la magnitud de la expansión. Los actos violentos atribuidos a grupos yihadistas en Benín, Togo y Costa de Marfil pasaron de cinco en 2020 a 160 en 2024 (+3.200%)³⁶. Benín registró el mayor incremento proporcional de ataques yihadistas de toda África en ese periodo. Esta ola de violencia ha sido protagonizada principalmente por JNIM, que concentra aproximadamente el 98% de los incidentes registrados, aunque el ISSP también ha iniciado incursiones, con al menos cinco ataques en Benín entre 2022 y 2024³⁷.

Según analistas de ACLED, a comienzos de 2024 los grupos entraron en «una nueva fase de expansión» hacia la costa, abriendo un frente sur activo en las regiones fronterizas de Níger-Nigeria-Benín y Burkina Faso-Togo, lo que convirtió la región de Dosso (Níger)-Alibori (Benín) en un foco crítico, con decenas de ataques registrados desde 2023³⁸.

Esta expansión responde a una combinación de decisiones estratégicas deliberadas y a la explotación de condiciones estructurales favorables. Desde el punto de vista estratégico, representa una respuesta adaptativa a la presión militar sostenida en el Sahel (especialmente a partir de las operaciones francesas y aliadas desde 2013-2014): los grupos optaron por una descentralización y una dispersión territorial orientadas a preservar capacidades, reducir vulnerabilidades y abrir nuevos teatros menos defendidos^39,40.

La elección del golfo de Guinea no es casual. En las regiones septentrionales de estos países persisten vulnerabilidades socioeconómicas caracterizadas por zonas rurales empobrecidas, una presencia estatal limitada, déficits de servicios y la marginación de comunidades como los peul, que facilitan el reclutamiento y la penetración social⁴⁴.

Las brechas de gobernanza entre el sur más desarrollado y las regiones periféricas generan espacios de baja vigilancia donde la insurgencia opera con relativa impunidad, replicando patrones del Sahel central. A ello se suman corredores transnacionales que conectan el Sahel con el litoral atlántico, facilitando el movimiento de combatientes, armas y recursos ilícitos, en especial el oro, y ampliando las fuentes de financiación a través de economías criminales emergentes^45,46.

A comienzos de 2026, la amenaza sigue latente y en crecimiento gradual, con Benín y Togo afrontando insurgencias focalizadas en sus provincias septentrionales, mientras que Costa de Marfil, además de incursiones armadas, muestra preocupación por posibles células durmientes y el retorno de combatientes radicalizados⁴⁷. Los Gobiernos costeros han reforzado sus respuestas mediante operaciones militares fronterizas, la declaración de estados de emergencia en provincias del norte, el despliegue de fuerzas antiterroristas y campañas de apoyo comunitario.

La cooperación internacional se ha intensificado. Costa de Marfil firmó acuerdos con los Estados Unidos para el despliegue de vigilancia no tripulada sobre su frontera norte, y la Iniciativa de Accra incorporó a Nigeria en 2025, en reconocimiento de la naturaleza compartida de la amenaza⁴⁸. No obstante, los expertos advierten que la raíz del problema es interna y que la pobreza extrema en zonas fronterizas, la marginación de comunidades y la débil presencia estatal proporcionan un terreno fértil para el arraigo de estos grupos⁴⁹.

Conclusiones

La convergencia entre crimen organizado y terrorismo en el Sahel constituye un patrón estructural basado en la fragilidad estatal, las economías ilícitas y los vacíos de gobernanza. En este ecosistema, ISSP y JNIM combinan una agenda ideológico-política con una lógica de acumulación material, explotando la ausencia de autoridad en amplias zonas rurales para ejercer funciones cuasiestatales, imponer tributos y capturar rentas vinculadas a economías ilícitas, con frecuencia mediante alianzas pragmáticas con redes criminales preexistentes.

La aplicación del Crime-Terror Continuum de Makarenko, en diálogo con las revisiones realizadas posteriormente por otros autores, resulta especialmente pertinente para el caso saheliano, porque permite captar trayectorias no lineales y dependientes del contexto.

Los resultados muestran que, por un lado, ISSP se sitúa en un tramo avanzado de convergencia: conserva la «marca» del Daesh, pero su sostenimiento depende en gran medida de economías ilícitas locales y de la captura coercitiva de rentas, lo que se asocia con una mayor propensión a prácticas depredadoras y a la violencia indiscriminada.

Por otro lado, JNIM evidencia una hibridación más social y adaptativa: modula el uso de la violencia, busca legitimidad mediante la provisión selectiva de servicios y se configura como un actor híbrido capaz de alternar entre insurgencia, control territorial y facilitación criminal sin diluir su finalidad política.

Esta comparación revela que grupos ideológicamente afines recorren tramos distintos del continuum en función de su inserción comunitaria, su arquitectura financiera y su estrategia de gobernanza.

La convergencia se expresa como una economía política de la violencia en la que el control de rutas, nodos y rentas ilícitas —cocaína, oro artesanal, tráfico de personas y armas— refuerza la capacidad insurgente y actúa como una palanca de poder local.

La expansión hacia el golfo de Guinea es un proceso deliberado y multicausal: responde a motivaciones tácticas (eludir la presión militar y asegurar refugios), estratégicas (diversificar frentes, preservar capacidades y ampliar la influencia territorial) e ideológicas (extender el proyecto yihadista más allá de su núcleo saheliano).

El Sahel central y el golfo de Guinea tienden a configurarse crecientemente como un teatro operativo integrado, con corredores de penetración y enclaves tácticos reconocibles, y con una amenaza creciente para Benín, Togo y Costa de Marfil, además de presiones plausibles sobre Ghana.

La expansión hacia el golfo de Guinea no es un mero desplazamiento geográfico del problema, sino una recomposición adaptativa de la insurgencia yihadista en interacción con mercados ilícitos y vacíos de gobernanza, que exige marcos interpretativos y respuestas operativas igualmente integrales y sensibles al contexto.

El principal riesgo para los Estados costeros y, por extensión, para Europa, reside en la consolidación de un corredor atlántico donde converjan redes yihadistas, estupefacientes y migración irregular, lo que eleva la probabilidad de desestabilización regional y una mayor proyección de flujos ilícitos y terrorismo hacia el espacio europeo. Sin abordar factores estructurales como la corrupción, la exclusión y los déficits de gobernanza, estos espacios seguirán siendo ocupados por actores armados.