IEEE. La era del rearme y la preparación de la industria de defensa española

Introducción

Es irrefutable que desde el final de la Guerra Fría en 1991¹ comenzó una nueva era de unipolaridad americana, que trajo consigo un cambio profundo en el paradigma global de defensa, especialmente en Europa, donde se produjo una desescalada considerable en la inversión militar. Mientras el que había sido el principal adversario de Occidente durante décadas se descomponía gradualmente, el viejo continente comenzaba a relajarse y a dejar atrás esa posición de tensión en la que había vivido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La consolidación de la llamada “pax americana” materializó esa relajación: Europa veía en los Estados Unidos de América a su protector frente a cualquier amenaza, y la nueva Rusia de Borís Yeltsin² no suponía, al menos en aquel entonces, una amenaza para Europa.

Fue en ese momento cuando los países europeos vieron la oportunidad perfecta para comenzar a desescalar el gasto militar y redirigir los recursos previamente destinados a defensa hacia otras áreas consideradas prioritarias en ese nuevo contexto. España, por ejemplo, que en 1982 destinaba un 2,97 % del PIB a defensa, empezó a reducir el gasto de manera constante hasta alcanzar un mínimo histórico de 0,81 % en 2016³. Esta tendencia vino acompañada de un aumento relativo en partidas como educación y sanidad. En 2007, la inversión en educación se situaba en 3.272.795.972 € (ajustados a euros actuales), cifra que ascendió hasta 4.922.745.740 € en 2023. En sanidad, el incremento fue similar: de 5.643.885.223 € en 2007 a 7.048.459.800 € en 2023⁴. Este redireccionamiento presupuestario refleja un cambio profundo de prioridades, favoreciendo el bienestar social frente a la preparación militar, un fenómeno común en la mayoría de democracias occidentales tras la caída del bloque soviético. No obstante, desde 2016 el gasto en defensa ha vuelto a aumentar, impulsado por el progresivo deterioro del entorno internacional, cada vez más inestable y agresivo, reabriendo así el debate sobre la necesidad del rearme en Europa y, en particular, sobre si los Estados poseen la capacidad real para transformar el incremento presupuestario en poder militar efectivo y sostenido.

Thomas Hobbes hablaba en su obra Leviatán del “estado de naturaleza” como una condición en la que, ante la ausencia de una autoridad superior, los seres humanos y, por extensión, las naciones, tienden a actuar movidos por el miedo, la desconfianza y el deseo de poder, cayendo en una lógica de enfrentamiento constante⁵. El sistema internacional contemporáneo parece reproducir esa dinámica hobbesiana: un entorno donde la desconfianza y la competencia resurgen como motores de las relaciones entre Estados, devolviendo a Europa a una lógica de rearme que se creía superada.

Podemos, quizás, ver un paralelismo con aquellos años veinte del siglo pasado, cuando los países europeos, tras la Primera Guerra Mundial y aprovechando aquellos años de bonanza económica y prosperidad conocidos como los “roaring twenties”⁶, decidieron reducir su gasto militar e invertir más en otras áreas. Inglaterra y Francia, por ejemplo, durante esa década redujeron su gasto militar por debajo del 2 % del PIB⁷. Una política que, tan solo una década más tarde, les dejaría poco preparados ante la llegada de la Alemania nazi y su fuerte preparación militar, a la que no pudieron hacer frente dada su relajación en materia de defensa⁸. Ambos se vieron en la necesidad de acelerar las inversiones durante los años treinta, obligándolos a mirar hacia otro lado mientras Alemania conquistaba países como Austria o Checoslovaquia con tal de ganar tiempo para rearmarse. Además, dada su escasa capacidad militar, se vieron forzados durante el periodo de guerra a invertir cantidades inmensas, como Inglaterra, que tuvo que escalar el gasto hasta el 55 % del PIB⁹, para poder satisfacer las demandas del conflicto.

Por ello, es fundamental subrayar que el rearme no será efectivo únicamente mediante un aumento del gasto. Si la industria nacional y europea no está capacitada para sostenerlo de forma continua y autónoma, cualquier esfuerzo podría resultar insuficiente. Rearmarse no consiste sólo en adquirir material bélico; implica también desarrollar una infraestructura logística adecuada, consolidar una doctrina operativa coherente, formar y retener personal cualificado, y asegurar una cadena de suministro estratégica y resiliente. Todos estos elementos deben evolucionar de forma coordinada y sostenida. Asimismo, el rearme debe concebirse con una clara proyección de futuro, evitando la obsolescencia temprana de las capacidades adquiridas y garantizando que el incremento presupuestario se traduzca en verdadera autonomía estratégica y capacidad disuasoria.

El nuevo escenario geopolítico: urgencia por rearmarse

El panorama global, actualmente, se encuentra en su momento más delicado desde hace décadas. De hecho, 2024 fue el año con más conflictos, 61 para ser más exactos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial¹⁰. Este dato es visible a los ojos, pues no solo en 2024, sino en los últimos años en sí, hemos podido ver cómo incrementaban la cantidad de conflictos en todas partes.

Empezando por la invasión de Rusia a Ucrania, siendo este el principal conflicto que más presión ha puesto sobre la OTAN y la Unión Europea, que los ha llevado a tomar decisiones drásticas de estrategia¹¹ y gasto¹². Otra amenaza para la paz y la estabilidad global es la situación actual que vive Oriente Medio, con conflictos como la guerra de Israel contra Palestina o la recientemente iniciada guerra entre Irán e Israel¹³. Otro factor de inestabilidad a destacar en la región sería la fuerte presencia de milicias armadas en países como Yemen, en el cual residen los Hutíes, que atacan buques mercantes y militares occidentales que circulan por su costa, causando problemas para el comercio global y para el movimiento naval de los ejércitos¹⁴. Esto, sumado a otros conflictos como el que se vivió hace poco entre Pakistán e India¹⁵ o rivalidades cuya creciente tensión podrían evolucionar hacia conflictos armados en un futuro, como las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur o Taiwán y China. Occidente podría verse arrastrado a estas disputas por compromisos y alianzas, como el acuerdo de defensa mutua entre Estados Unidos y Taiwán, que genera fricciones con Pekín¹⁶, y podría derivar en un conflicto de gran escala en el que Europa también estaría involucrada.

Este panorama internacional bastante decadente ha llevado a los países occidentales, especialmente europeos, a optar por la vía del rearme. Ante estas amenazas tanto en la puerta de casa, como fuera, los países europeos han decidido despertar de ese letargo durmiente de baja inversión militar en el que llevaban sumergidos desde el final de la Guerra Fría¹⁷, y ponerse manos a la obra. Los países europeos, España entre ellos, han decidido comúnmente aumentar considerablemente el gasto militar hasta el 2% o incluso el 5% del PIB¹⁸, para poder prepararse para hacer frente a cualquier situación a la cual puedan verse arrastrados o involucrados en un futuro no muy lejano.

Cumbres como la de la OTAN en Madrid en 2022 fueron clave para ratificar esa necesidad de aumento del gasto y fijación de objetivos y amenazas comunes por las que trabajar¹⁹. En la siguiente gráfica, podemos observar como el gasto en defensa unificado de todos los países de la UE se ha disparado en los últimos 3 años, pasando de 214 billones de euros en 2021 a 326 billones en 2024, un aumento muy considerable del 30%²⁰, lo cual demuestra la urgencia de la situación y la relajación presupuestaria de la que venimos.

En el caso de España, en 2014, durante la Cumbre de la OTAN en Gales, y bajo el liderazgo de Mariano Rajoy, España se comprometió a alcanzar el objetivo de dedicar el 2 % del PIB al gasto de defensa en un plazo de diez años²¹. En este momento el gasto se situaba en 0.92% del PIB, sus momentos más bajos²². En 2018, el presidente Pedro Sánchez reafirmó este compromiso en la cumbre de Bruselas, declarando que “este Gobierno asume la hoja de ruta marcada por anteriores gobiernos” y que trabajaría para llegar al 2 % en 2024²³. Según el último informe del SIPRI (abril de 2025), España ya está muy cerca de ese umbral, gracias a un aumento constante del gasto militar²⁴. Para acelerar el cumplimiento, el Gobierno de Sánchez ha anunciado dos paquetes extras de inversión: uno de 10.471 millones de euros en abril de 2025 con el Plan de Seguridad y Defensa Nacional²⁵, y otro paquete de 15.600 millones, aprobado en junio mediante mecanismos extraordinarios sin pasar por el Congreso²⁶. Con estos refuerzos, el Ejecutivo busca no solo cumplir, sino incluso superar el 2 % del PIB, adaptando las Fuerzas Armadas al actual contexto geopolítico y asegurando que el incremento presupuestario se traduzca en capacidades reales y sostenibles.

Capacidades actuales de la industria armamentística española

El panorama actual de la industria de defensa nacional es extenso, está compuesto por unas 544 empresas, según el anuario Spain Defence & Security Industry 2025 elaborado por InfoDefensa, basándose en datos del Ministerio de Defensa. Este informe afirma que hay unos casi 1.500 centros en los que esas 544 empresas distribuyen su actividad en España. Además, comenta que de todas ellas, 376 declararon en 2022 ventas en el sector armamentístico. El anuario estima que la gran mayoría de esa producción proviene del sector Aeronáutico, acaparando un 60,4% , seguido por el Naval con 14,7% y el terrestre con 7,2%²⁷. El informe de Estrategia Industrial de Defensa de 2023, publicado por el Ministerio de Defensa, y el anuario previamente mencionado, confirman estos datos, y ponen a la empresa, Airbus Defence and Space, a la cabeza productiva española con un 51,6% de peso en la industria (unos 4.997 millones de euros) en 2022. Seguida por Navantia, con un 10,6%, y un valor de ventas de unos 1.025 millones de euros. La empresa Indra Sistemas se coloca en tercera posición con un 5,4% y un valor de 522 millones. Cerrando la lista de las empresas más valiosas, está GDELS-Santa Bárbara Sistemas, que a pesar de poseer un 3%, alcanza las ventas por valor de 294 millones, al igual que ITP Aero, que posee un 2,6%, lo que equivale a 257 millones de euros²⁸.

Estas 5 empresas, de las 544 que hay, ya suman el 73,2% total de la producción y venta de material de defensa para España. Esto indica que cualquier incremento presupuestario importante podría concentrarse en un número limitado de actores, aumentando significativamente su capacidad productiva, pero también poniendo de relieve la dependencia de España en estos grandes proveedores. El Ministerio de Defensa tendría que ver primero donde haría falta invertir ese aumento presupuestario, puesto que algunos sectores pueden precisar más ese capital que otros, lo cual significaría que algunas empresas podrían ascender de posición en el ranking de ventas.

Cada una de esas 5 empresas lidera un segmento estratégico de la defensa, ya sea terrestre, naval o aéreo, aunque su verdadera capacidad para absorber el incremento de demanda y gasto en defensa dependerá tanto de su infraestructura como de su red de proveedores de primer nivel.

Airbus Defence & Space es, sin duda, el principal actor nacional y uno de los pocos con capacidad completa para diseñar, fabricar y certificar aviones militares. Desde sus factorías en Sevilla, Getafe o Albacete se ensamblan y producen aeronaves como el caza Eurofighter, los aviones de transporte A400M y C-295/CN-235, los cisterna A330 MRTT, o helicópteros como el Tigre y el NH90. Además, participa activamente en el desarrollo del Eurodrone, el dron táctico europeo de próxima generación²⁹. Este posicionamiento permite a España mantener una autonomía significativa en aeronáutica militar, aunque la dependencia de consorcios internacionales sigue condicionando ciertos programas estratégicos³⁰.

Navantia, astillero público, lidera la producción naval de defensa. Ha sido responsable del diseño y construcción de unidades tan avanzadas como las fragatas F-110 (con una inversión estimada en 4.300 millones de euros) y los submarinos S-80 (cuya factura ronda los 4.000 millones)³¹. También fabrica patrulleras, corbetas y buques logísticos, e integra de forma interna sus propios sistemas. SCOMBA, es el sistema de combate integral desarrollado por Navantia que integra todos los sensores, armas y sistemas de mando y control del buque para gestionar operaciones tácticas en tiempo real³².

Indra, multinacional tecnológica, es el referente español en defensa electrónica y sistemas integrados. Su portfolio incluye: radares 3D, sistemas C4ISR, simuladores militares, ciberdefensa, drones (UAV) y capacidades antimisiles, desplegables en plataformas navales, aéreas, terrestres y espaciales³³. Dentro de estos sistemas UAV que integra están; el dron táctico Valero³⁴, el helicóptero no tripulado Pelícano³⁵, y la solución antidrón Crow³⁶. Indra se posiciona como un pilar tecnológico crítico para los programas europeos, incluyendo el FCAS, con una participación estratégica del 28 %, reforzando la integración industrial y tecnológica de España en el continente³⁷.

Santa Bárbara Sistemas, filial de la americana General Dynamics, lidera el sector terrestre. Se dedica a la producción de blindados como el Leopard 2E, torretas, cañones, lanzacohetes, así como vehículos especiales y anfibios³⁸. En su catálogo también figuran armamentos de infantería (lanzagranadas, fusiles automáticos) y la munición correspondiente³⁹. Actualmente participa en la fabricación del nuevo vehículo 8×8 Dragón a través del consorcio Tess Defence, con un presupuesto superior a los 2.500 millones de euros⁴⁰.

Por último, ITP Aero, es el principal fabricante nacional de motores de propulsión militares y participa como socio en algunos de los principales consorcios internacionales de propulsión aeroespacial: Eurojet (motor EJ200 del Eurofighter)⁴¹, Europrop International (motor TP400 del A400M), y MTRI (motor del helicóptero Tigre)⁴². También ha sido seleccionado como socio clave en el desarrollo del motor para el futuro caza FCAS, fortaleciendo así su posición como uno de los pilares tecnológicos del sector aeronáutico militar español⁴³.

La salud y capacidad de crecimiento de estas grandes compañías dependen tanto de sus plantas y centros de innovación como de la red de proveedores de primer nivel que suministran componentes críticos y tecnología estratégica, condicionando la autonomía industrial de España en escenarios de alta demanda.

Por ejemplo, Airbus Defence & Space colabora con la empresa española AERTEC, que ha sido seleccionada como proveedor de servicios de ingeniería de fabricación en sus plantas de España y Alemania. Su trabajo se centra en la industrialización de procesos, ingeniería de sistemas y desarrollo de utillaje, incorporando soluciones digitales y automatización⁴⁴. También trabaja con Aciturri, especializada en aeroestructuras y componentes de motor, que suministra piezas clave para diversos programas aeronáuticos⁴⁵, incluyendo el avión de transporte militar A400M⁴⁶.

Navantia, en su producción naval avanzada, colabora con proveedores como GMV, que es una compañía española que trabaja en soluciones tecnológicas avanzadas para defensa y seguridad. GMV suministra sistemas de navegación táctica, como la familia Senda, los cuales están diseñados para su integración en plataformas navales, incluyendo las fragatas F-100 y las futuras F-110. Estos sistemas destacan por su resistencia a interferencias y capacidades anti-jamming, que garantizan la autonomía operativa en entornos complejos⁴⁷. GMV, con sus tecnologías, ayuda así a reforzar la soberanía tecnológica y la resiliencia operativa de los programas navales de Navantia. Por otro lado, Thales, una compañía francesa, produce en España el sistema de comunicación submarino Tuum-6, un componente esencial de la suite acústica que equipa las fragatas F-110⁴⁸.

Indra también mantiene alianzas estratégicas con empresas europeas, como la belga Intersoft Electronics, con quien colabora en el desarrollo y despliegue de soluciones antidrón y radares militares. Ambas compañías buscan combinar capacidades tecnológicas para reforzar su posición en el mercado europeo de defensa aérea, en una apuesta conjunta por la producción local y el soporte directo a las fuerzas armadas del continente⁴⁹.

Santa Bárbara Sistemas, como filial española de General Dynamics, recibe tecnología punta de la misma para la fabricación de vehículos, como los 8x8 Piraña del Ejército de Tierra. Además, esta tecnología que le provee GDELS a Santa Bárbara le ha permitido desarrollar el vehículo Dragón para el Ejército de Tierra también⁵⁰. Por lo que se podría destacar a GDELS como un valioso proveedor de tecnología para SBS, y para España.

Por último, ITP Aero recibe tecnología y colabora con empresas como Rolls-Royce, como por ejemplo para el desarrollo de motores como los Wingman, que son para futuros aviones no-tripulados de gran tamaño. Ambas empresas colaboran conjuntamente para desarrollar lo que consideran “una solución de propulsión vanguardista y eficiente” para los drones de ITP Aero⁵¹.

Pese al esfuerzo presupuestario previsto para 2025, las Fuerzas Armadas españolas continúan mostrando limitaciones operativas graves. Según analistas y militares, España sigue sin contar con una reserva estratégica de munición suficiente, ni siquiera para un conflicto de baja intensidad, y carece de capacidades clave como misiles balísticos propios, sistemas antimisil de alta cobertura o una flota de drones adecuada. Estas carencias evidencian que la capacidad industrial nacional aún no puede sostener un conflicto prolongado sin recurrir a proveedores internacionales, reforzando la necesidad de planificación estratégica y priorización de inversiones⁵².

Esta falta de autosuficiencia se hace evidente también en el ámbito industrial, muchos componentes, desde misiles guiados⁵³ hasta microchips militares⁵⁴, siguen dependiendo de países terceros como EEUU, y afirman que aún no existe una producción nacional capaz de sostener la demanda que exigiría un conflicto prolongado, afirman que “Hay muchas capacidades que nos faltan”⁵⁵.

El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, presentado por el Gobierno este mismo año, parece reconocer esas deficiencias y destina 10.471 millones de euros a subsanar parte de las mismas. De ellos, 1.962,98 millones se dedicarán a “Instrumentos de defensa y disuasión”, centrados principalmente en actualizar sistemas obsoletos y adquirir otros nuevos. Entre las principales inversiones destacan la adquisición de un sistema de artillería ATP de ruedas para sustituir al M-109 A5 del Ejército (300 M €), el desarrollo de nuevos vehículos de cadenas que reemplacen al TOA (200 M €), y la modernización de las fragatas “Álvaro de Bazán” (225 M €)⁵⁶. Además, se contempla el reemplazo del buque de aprovisionamiento BAC Patiño (100 M €), el desarrollo de un nuevo vehículo de combate de cadenas tipo Pizarro (60 M €), y la creación de un sistema lanzador embarcado de defensa antimisil (70 M €). Se incluyen también 564,98 millones para el establecimiento de una reserva estratégica de munición y explosivos conforme a estándares OTAN, que intenta resolver una de las carencias más críticas⁵⁷.

Además, este verano, se reveló la intención de la Armada de adquirir un nuevo portaaviones convencional, con capacidad para operar 30 aviones de última generación, además de un nuevo portaaviones anfibio (similar al Juan Carlos I)⁵⁸. Según confirma EFE, Navantia sería la encargada de desarrollar este proyecto junto a la Armada, suponiendo todo un reto para la industria nacional marítima. El hecho de que la Armada ponga el foco en el desarrollo de dos nuevos portaaviones expone la carencia actual que había en ese sector, y la necesidad que tiene la Armada de expandir su flota para llevar a cabo sus funciones marinas con un éxito aún mayor.

En este punto, tuve la oportunidad de conversar con el General de Brigada retirado Salvador Sánchez Tapia, quien ofreció una visión crítica sobre los retos que enfrenta España en materia de defensa. Según subrayó, el país mantiene importantes carencias: desde la falta de municiones y sistemas de defensa aérea, hasta la ausencia de artillería de largo alcance, drones armados y capacidades espaciales. Recordó también que plataformas como el Leopard 2E empiezan a quedarse obsoletas frente a la nueva generación de carros europeos.

El General incidió asimismo en el déficit de personal cualificado, advirtiendo que no basta con adquirir nuevos submarinos si luego no se dispone de tripulaciones para operarlos. A ello añadió la necesidad de sistemas propios de comunicaciones tácticas y estratégicas, condición indispensable para garantizar la autonomía operativa.

En su análisis, España debería abrir nuevas líneas de producción y prever con antelación el tiempo que necesita la industria para crecer, robotizarse y formar personal. No obstante, reconoció que, a corto plazo, será inevitable diversificar fuentes de adquisición, combinando producción nacional con compras en el extranjero. Aunque defendió la prioridad europea, recordó que determinados sistemas, como los F-35 de despegue vertical, siguen siendo exclusivos de Estados Unidos y no pueden ser reemplazados en el corto plazo.

En definitiva, Sánchez Tapia advierte que el rearme no puede limitarse a una cuestión de gasto o adquisiciones puntuales: requiere planificación industrial, inversión en personal y claridad estratégica. De lo contrario, España corre el riesgo de contar con Fuerzas Armadas incompletas, incapaces de sostener en el tiempo las capacidades que pretende desplegar⁵⁹.

Posible aumento en la producción

Está claro que, una vez aprobados los PGE 2025, el lado presupuestario en teoría, estaría cubierto y asegurado, por lo que habría que ver más allá de lo económico y mirar hacia las capacidades de la industria armamentística española y la europea, para poder sacar conclusiones sobre si podrían o no escalar la producción a un ritmo constante. Como se ha visto previamente, el gasto en defensa está cerca de llegar al 2% del PIB, con los dos anuncios de paquetes económicos presentados por el presidente, uno de 10.471 millones⁶⁰ y otro de 15.600 millones de euros⁶¹. Esto se sumaría a los 22.609,9 millones⁶² que ya se invierten desde los presupuestos del 2023, dejando una cifra total de gasto en defensa de unos 48.680 millones de euros. Con esta cantidad, España dispone por primera vez en décadas de recursos suficientes para abordar un rearme estructural, pero eso no implica necesariamente que esté preparada para ejecutarlo con eficacia.

Gran parte de esta inversión se canalizará principalmente a través de los llamados Programas Especiales de Modernización (PEM), de los cuales se han aprobado ya más de 30 nuevos⁶³. Estos abarcan un abanico amplio de capacidades: desde vehículos de combate de cadenas para sustituir a los antiguos TOA (200 M€) o cañones autopropulsados (300 M€), hasta la modernización de fragatas F-100 (225 M€) y la construcción de un nuevo buque de aprovisionamiento logístico (BAC) (100 M€) , un buque hidrográfico (60 M€) y un nuevo buque de guerra electrónica (105 M€). También se contemplan vehículos lanzapuentes (116 M€), drones de reconocimiento (3 M€), un sistema lanzador embarcado antiaéreo (70 M€), un nuevo entrenador aéreo avanzado para pilotos (275 M€), dos nuevos satélites SAR (200 M€) y mejoras en ciberseguridad y comunicaciones tácticas⁶⁴. A nivel naval, destaca el avance del programa de fragatas F-110, cuya ejecución va incluso por delante del calendario, con Navantia trabajando a ritmo elevado y coordinado con la Armada⁶⁵.

Sin embargo, no todos los proyectos avanzan al mismo ritmo. El caso del blindado 8×8 Dragón, uno de los más emblemáticos, acumula años de retrasos y dificultades en la entrega. La disputa entre Indra y General Dynamics (Santa Bárbara Sistemas) por la gestión industrial del proyecto ha revelado una debilidad estructural de la industria terrestre española: falta de cohesión, escasa capacidad de escalar producción y dependencia de proveedores extranjeros⁶⁶. El submarino S-80, por su parte, también sufrió sobrecostes y retrasos, aunque el calendario se ha estabilizado tras un nuevo acuerdo con Navantia en 2024⁶⁷. En contraste, el programa F-110 demuestra que, cuando existe experiencia consolidada y coordinación industrial, la industria nacional puede rendir con eficacia.

Respecto al nuevo portaaviones encargado por la Armada, aún sin luz verde presupuestaria, podría concretarse en el horizonte 2035–2040. Aunque supondría todo un reto, pues podría albergar hasta 40 aeronaves y llegar a pesar 40.000 toneladas⁶⁸. La viabilidad técnica existe, pues Navantia ya construyó el Juan Carlos I y está detrás de las F-110, pero los obstáculos son el coste, el plazo (más de una década de desarrollo) y la falta de unos presupuestos anuales que le dediquen la partida presupuestaria necesaria para poder empezar a desarrollarlo cuanto antes.

Habiendo visto todo lo que se prevé adquirir/construir, la pregunta clave es si la industria nacional está en condiciones reales de absorber estos fondos y traducirlos en dichas capacidades operativas en plazos razonables. España cuenta con sus múltiples empresas punteras, Navantia, Indra, Airbus, Santa Bárbara etc, pero el ecosistema industrial tiene tres limitaciones clave destacables: escala, velocidad y autonomía tecnológica.

En cuanto a escala, expertos y responsables coinciden en que la industria militar española es notable pero mucho más reducida que la de sus vecinos, lo que condiciona su capacidad de respuesta frente a aumentos bruscos de demanda. Como señala el contraalmirante José Antonio Toro, subdirector de Industria de Defensa del MDE, “en comparación con nuestros competidores, la industria de defensa española es más pequeña y está más fragmentada” (Rodríguez, 2025)⁶⁹. Basándonos en cifras absolutas, la media anual de demanda de Defensa en España es una fracción de la de las principales potencias europeas, aproximadamente la mitad de Italia, una cuarta parte de Alemania y una sexta parte de Francia/Reino Unido⁷⁰. Este desfase explicaría que las firmas nacionales carezcan de la experiencia en fabricación masiva de cientos y cientos de unidades (y entregas exprés) que caracterizan a las grandes empresas de defensa extranjeras.

Podemos ver que, en contraste con España, las empresas líderes europeas fabrican armamento a una mayor escala para sus ejércitos y para exportación a terceros países. Por ejemplo, la empresa francesa Dassault Aviation, especializada en cazas, entregó 21 cazas Rafales (14 a Francia, 7 a clientes extranjeros) en tan solo 2024 y su cartera de pedidos a fin de 2024 sumaba 220 Rafales (164 para exportación)⁷¹. Dassault lleva décadas produciendo decenas de cazas al año (con pedidos garantizados para próximos lustros), a diferencia de cualquier fabricante español. Otra empresa francesa, Naval Group, que construye fragatas, submarinos y corbetas, en 2024 alcanzó ingresos de 4.400 M€ (2% más que en 2023). Ese año lanzó el submarino brasileño Tonelero, entregó la segunda corbeta de Emiratos Árabes Unidos y el submarino francés Tourville (Barracuda #3). En total, el libro de pedidos de Naval Group era de 18.200 M€ a fin de 2024⁷², lo que podría asegurar una producción sostenida de buques de guerra.

La alemana Rheinmetall, que es una multinacional de vehículos blindados y municiones, en 2024 facturó 9.751 M€ (+36% interanual), de los cuales cerca del 80% provino de defensa. Su cartera superó los 55.000 M€ (cifra récord), con pedidos masivos de blindados, munición y sistemas. Por ejemplo, su división de vehículos cerró 2024 con 3.790 M€ en ventas (un 45% más que en 2023), reflejo de proyectos como la ampliación de la producción de carros de combate Leopard u otros blindados en cadena. Además, Rheinmetall está invirtiendo miles de millones para aumentar plantillas y plantas (casi 8.000 M€ en dos años) para sostener estos niveles de producción⁷³.

Por último, la italiana Leonardo, que es un conglomerado aeroespacial/defensa, cerró 2024 con ingresos de 17.800 M€ y nuevos pedidos por 20.900 M€. En 2024 creció un 11% respecto a 2023⁷⁴. Con divisiones de helicópteros, aviación, electrónica y sistemas de defensa, Leonardo opera múltiples plantas de producción de rotores, fuselajes, radares, etc, alimentando ejércitos italiano y extranjeros. Estos ejemplos demuestran que Francia, Alemania e Italia disponen de gigantes industriales capaces de fabricar decenas o cientos de sistemas al año (aviones, barcos, tanques o municiones) tanto para su mercado interno como para exportación.

Por el contrario, las principales firmas españolas del sector manejan volúmenes anuales mucho menores, por ejemplo, Indra, en 2024 alcanzó ingresos de unos 4.843 M€, un 12% más que en 2023. Sin embargo, la mayor parte de sus ventas, un 62%, proviene de su filial tecnológica, Minsait, la cual ya planean vender para poder invertir más en Indra⁷⁵. Por tanto, su negocio de equipos de defensa representa solo un dígito porcentual del total de sus ingresos, y por ende, de su fabricación. Indra está reforzando ahora su capacidad productiva para encarar la demanda en defensa, como señalan sus directivos, “el pilar para crecer” es aumentar la capacidad industrial mediante nuevos planes de industrialización, racionalización de proveedores y expansión de líneas de producción⁷⁶. Una prueba de este refuerzo es la fábrica de radares que abrió Indra el año pasado, la más grande de España y de las más grandes de Europa⁷⁷.

Por otro lado, Navantia, facturó 1.528 M€ en 2024, lo que supone un incremento de 6,6%, principalmente por la construcción de fragatas F-110, submarinos S-80, corbetas Avante SA, aunque solo supone un tercio de sus ingresos⁷⁸, puesto que los servicios de mantenimiento y la división de energías verdes suponen más del 50% de sus ingresos. Esto se traduce a que, por el momento, Navantia construye unas pocas embarcaciones al año, especialmente en comparación con los programas franceses de Naval Group. Aunque cabe destacar el esfuerzo que está llevando a cabo Navantia por incrementar sus capacidades productivas, pues en 2024 contrató a más de 700 personas e invirtió el 10% de sus ingresos en I+D+i y hace unos meses adquirió nuevos astilleros en Inglaterra para poder hacer frente a las nuevas demandas productivas extranjeras⁷⁹.

Según el Gobierno, aunque el 89% de los fondos del plan se invertirán en España⁸⁰, eso no asegura que toda la cadena de proveedores esté lista para responder con rapidez, lo que condiciona la eficacia del rearme en el corto plazo. Con demanda nacional limitada y un mercado relativamente pequeño, aunque en aumento, podemos ver que las grandes compañías españolas no están acostumbradas a fabricar sistemas de armas a gran escala ni en plazos muy cortos, y esto va a suponer un reto para el país en conjunto.

En el área de velocidad, podemos ver algunos antecedentes preocupantes. El programa del Vehículo de Combate 8×8 Dragón, como se ha mencionado anteriormente, acumula años de demoras. En febrero de 2025 la Secretaria de Estado de Defensa advirtió que el consorcio fabricante, Tess Defence, no había cumplido los plazos, y reconoció que “se ha demorado la entrega de los vehículos en producción” hasta posponer todo el calendario a 2025⁸¹. De hecho, las primeras 92 unidades prometidas para diciembre de 2024 apenas se completaron en abril de 2025, casi cinco años después de la firma del contrato en 2020⁸². Estos retrasos han obligado al Ministerio a tener que estar reprogramando continuamente las entregas e incluso a considerar sanciones económicas por incumplimiento⁸³.

La ejecución del presupuesto de modernización también ha sido deficiente. Según la Intervención General de la Administración del Estado, Defensa dejó sin gastar unos 1.051 millones de euros en 2024, es decir, apenas ejecutó el 93% de sus obligaciones reconocidas⁸⁴. Esta sub-ejecución presupuestaria podría reflejar trabas administrativas en la gestión de los fondos, que podrían suponer un impedimento para el rearme efectivo. Por otro lado, los programas especiales de modernización (PEM) aprobados recientemente implican grandes compromisos a largo plazo, puesto que, todos estos proyectos tienen una duración prevista de al menos cinco años (hasta 2030 o más)⁸⁵, de modo que aunque los contratos se firmen pronto, los primeros resultados tangibles no aparecerán hasta dentro de unos años, y en la práctica eso significa que muchas de esas unidades o sistemas operativos tardarán en ver la luz.

En cambio, la industria naval si ha demostrado mayor ritmo de entrega, aunque al límite de su capacidad. Navantia avanza a un aparente buen ritmo con los grandes programas de la Armada, entre ellos podemos destacar el programa de fragatas F-110, que progresa según lo previsto. La construcción de la tercera fragata, F113 Menéndez de Avilés, arrancó con tres meses de adelanto sobre el calendario original, y la quilla de la segunda fragata, F112 Roger de Lauria, se colocó siete meses antes de lo previsto en el contrato⁸⁶. La empre sa destacaba en abril que las tres primeras F-110 ya estaban en construcción simultánea y a buen ritmo⁸⁷. Es más, recientemente, Navantia puso a flote la F111 “Bonifaz”, destacando su celeridad productiva y poniendo el foco en las cuatro unidades restantes que llegarán antes del 2030⁸⁸. Además, el segundo submarino S-80 Narciso Monturiol está cerca de ponerse a flote, tras tener que reconfigurar su calendario por una serie de demoras, y ahora está previsto para 2026⁸⁹. Ahora Navantia debe afrontar a la vez múltiples encargos, puesto que además de los F-110 y S-80, se ha firmado ya la orden de ejecución del nuevo Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC) de 650 M€, además, se prevé modernizar los dos buques anfibios junto con la construcción del buque de guerra electrónica⁹⁰. Esta carga excepcional de trabajo podría situar a la empresa al límite de su capacidad productiva.

En síntesis, esta información podría evidenciar que la modernización militar española arrastra retrasos significativos; los programas de tierra, como los Dragón, acumulan años de demora, la ejecución presupuestaria se atrasa y los nuevos contratos apenas están empezando, mientras que la Armada avanza con éxito pero con su industria naval trabajando a un rendimiento ya muy elevado.

Por último, en cuanto a la autonomía tecnológica, España sigue dependiendo del exterior para componentes clave, tales como semiconductores, sistemas de misiles o proyectiles. España, como toda Europa, carece de fábricas de chips y además, actualmente no se está logrando atraer plantas de producción de los mismos. De modo que la industria de defensa depende de las importaciones del exterior para poder tener su núcleo electrónico de: radares, sistemas de guía, comunicaciones militares, etc. Y, aunque hay voluntad por parte de los países de la Unión Europea, e incluso ya hay partes productivas de ese ecosistema en la Comunitat Valenciana, Cataluña o Galicia, de momento el desarrollo de una industria propia europea de producción masiva de chips sigue en el aire⁹¹.

En el área de sistemas de misiles, nuestro país no ha desarrollado un misil guiado anticarro o antiaéreo totalmente propio, y continúa dependiendo de socios extranjeros, lo que limita su autonomía tecnológica plena. Tenemos el Spike LR2, misil anticarro de origen israelí, cuyas partes se fabrican en España pero el cerebro lo fabrica la empresa Israelí Rafael. Es decir, España no produce la parte más vital del propio misil, depende de un tercero y su rol queda limitado a ensamblar los componentes dejando a la industria sin autonomía total en el sistema⁹².

Ahora, la situación parece que va a cambiar, pues dado el contexto del conflicto Israelí-palestino, el Gobierno de España ha decidido alejarse de la compra de armas y tecnología del país hebreo, tratando además de impulsar así una mayor independencia tecnológica. El Ministerio de Defensa revocó la licencia para fabricar en España el misil anticarro Spike LR2, un contrato de 1.680 unidades valorado en 285M€. La ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, dejó claro que el objetivo es conseguir “una desconexión total de la tecnología israelí”⁹³, lo cual podría exponer aún más la dependencia tecnológica española del extranjero, pues no es el único caso. El programa del lanzacohetes múltiple SILAM ha tenido que ser rediseñado, pues su sistema de propulsión PULS, desarrollado por la empresa Elbit, de Israel, tampoco se va a seguir usando. Defensa ahora busca un propulsor alternativo de origen nacional, pero, como advierte Cadena SER, este giro “podría retrasar los planes de desarrollo” del SILAM, puesto que las pruebas de fuego se habían previsto para mediados de 2025. Los fabricantes del misil, Escribano y Expal, afirman que están trabajando para poder minimizar cualquier demora y para ello están valorando todas las alternativas disponibles⁹⁴. Por lo que, reemplazar componentes externos por desarrollos propios en misiles como Spike o SILAM requiere reelaborar el diseño de los mismos, además de la inversión y tiempo de desarrollar dichos componentes a sustituir, y tiene como posible riesgo los retrasos sobre los tiempos planificados.

La falta de capacidades industriales críticas podría limitar la autonomía operativa de España. Francisco Sánchez, presidente de Airbus España, destacó en junio que Europa aún necesitaba tiempo para lograr su tan anhelada autonomía estratégica y añadía que la inversión necesaria para lograrla era “muy grande”. Advertía que incrementar el gasto al 5% “solo es relevante si tiene un plan industrial detrás, el cual debe ser desarrollado por las Fuerzas Armadas conjuntamente con la industria”, y qué si seguimos comprando fuera, en Estados Unidos, solo seguiremos “ahondando en el problema de la dependencia actual”⁹⁵. Por lo que un rearme rápido sin reforzar la industria propia profundizaría dicha brecha tecnológica e industrial y situaría a España aún a merced de proveedores extranjeros, limitando su soberanía operativa.

En conclusión, España aún no está preparada para sostener un rearme inmediato, aunque ha comenzado a trazar el camino para llegar a estarlo. La industria nacional cuenta con potencial y experiencia puntual, pero sufre limitaciones claras en escala, tiempos de entrega y autonomía tecnológica. La falta de cohesión industrial y los retrasos acumulados reflejan una estructura que no está acostumbrada a operar bajo presión ni a ritmos elevados.

Por tanto, el rearme sólo será viable y sostenible si va acompañado de una transformación profunda de su tejido industrial de defensa; ampliando capacidades, profesionalizando la cadena de suministro, reduciendo dependencias externas, apoyando en su desarrollo/crecimiento a las empresas nacionales y ejecutando con rigor los fondos asignados. De lo contrario, el riesgo es que los recursos disponibles no se traduzcan en resultados concretos a tiempo y España quede rezagada respecto a sus socios europeos en un momento clave para su seguridad y su papel internacional. Hoy por hoy, el impulso político y financiero existe, pero aún no se ha demostrado con seguridad que el sistema pueda responder con la agilidad y escala que exige el contexto estratégico actual.

Dependencia tecnológica de EE.UU: ¿riesgo o necesidad?

La dependencia tecnológica en defensa no solo implica contar con equipamiento militar, sino también con el software, la logística y todo el control asociado. España, como otros países aliados, puede poseer material estadounidense, pero para operarlo plenamente debe ceñirse a las licencias, autorizaciones y limitaciones establecidas por el proveedor original, en este caso los EE.UU. En los últimos años se ha podido ver que la pertenencia europea de muchas armas avanzadas depende de Estados Unidos, por ejemplo, el caza americano F-35, el cual poseen multiples países europeos, requiere actualizaciones periódicas de software y de sistemas logísticos que están conectados a servidores en Norteamérica. Esta conexión constante le da a Washington la capacidad de, sí quisiera, poder inhabilitar remotamente cualquier F-35 extranjero, dejando al avión en tierra e inutilizado⁹⁶. Esto significa que cualquier decisión política o un ciberataque dirigido a esas redes podría paralizar la flota de cazas, y esa dependencia podría suponer un riesgo para los países que lo poseen.

Además, otros sistemas adquiridos muestran una lógica similar en cuanto a dependencia, por ejemplo las baterías antimisiles Patriot encargadas por España a Estados Unidos sufren actualmente fuertes retrasos de entrega por cuellos de botella industriales en EE. UU, y podrían no llegar a manos españolas hasta 2029-2030. Estos retrasos en el extranjero comprometen la actualización de la defensa antiaérea española y frena una parte importante del plan nacional de rearme⁹⁷. Del mismo modo, las nuevas fragatas F-110 españolas de Navantia incorporan tecnología estadounidense, como su sistema de combate naval Aegis, cuyos radares SPY-7, de la empresa americana Lockheed Martin, condicionan negativamente las entregas de los buques a la Armada. Esto se debe a que dichos radares se han demorado en su producción, empujando a Navantia, que avanzaba a buen ritmo, a un nuevo plazo de finales de abril de 2028, y afectando por ende también al rearme español⁹⁸.

Estas condiciones acarrean importantes limitaciones, no solo para España, sino para toda la soberanía europea. Por ejemplo, más del 60 % del armamento que compran los países miembros de la UE proviene de proveedores no europeos⁹⁹, lo cual podría sugerir que Europa, por ahora, no puede incrementar rápida y autónomamente su producción y por eso se está yendo fuera del continente a buscar las piezas para el urgente rearme. Además, la incertidumbre política que vive ahora la relación de Europa con Estados Unidos pone en riesgo la seguridad del continente y evidencia aún más esa dependencia. Un ejemplo de esto sería cuando en marzo de 2025, la administración Trump suspendió el envío de inteligencia militar vital a Ucrania¹⁰⁰, dejándola sin apoyo de la noche a la mañana, algo que podría repetirse con cualquier otro país europeo.

El impacto económico también es significativo, pues adquirir tecnología ajena suele resultar más caro y como hemos visto, puede llegar a dilatar los plazos de entrega. El Gobierno de España calcula que un incremento abrupto del gasto militar al 5 % del PIB derivaría en unos 100.000 millones de euros anuales extra de dependencia tecnológica del exterior¹⁰¹. Dado que la industria europea actual no está preparada para absorber un aumento tan inmediato de la demanda y, por ende, habría que irse fuera a buscarlo, incrementando el círculo vicioso de la dependencia, y casi asegurando los retrasos de futuros proyectos. Por lo que, comprar en el extranjero, al menos con el panorama de urgencia y nivel de demanda actual podría acabar limitando las cantidades disponibles, encareciendo las compras unitarias y retrasando el desarrollo de capacidades propias nacionales. Para reducir esta vulnerabilidad, España, y Europa, deben potenciar sectores clave de tecnología militar propia, apoyando programas nacionales y europeos de los ámbitos más relevantes, como por ejemplo; inteligencia artificial, drones, ciberseguridad, interoperabilidad, microchips y satélites. De llegar a desarrollarlo, Europa podría reducir esa dependencia del extranjero, que como hemos visto se expande de distintos modos, y amenaza a la soberanía estratégica europea en distintos frentes.

Hacia la autonomía estratégica: opciones y oportunidades

La guerra de Ucrania puso al descubierto las carencias industriales y de inversión de Europa en defensa. Esta realidad ha reforzado la voluntad europea de cooperar, pues la UE promueve iniciativas como la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) y el Fondo Europeo de Defensa (FED) para integrar industrias y programas de todos los miembros. España no ha querido quedarse fuera, es por eso que participa activamente en estas iniciativas, de hecho, en las recientes convocatorias el 58 % de los nuevos proyectos del FED cuentan con presencia de empresas españolas, algo muy positivo para las empresas y para España¹⁰².

Bajo PESCO, iniciada en 2017, los Estados colaboran en programas conjuntos para cubrir carencias de capacidades. En 2018, España se incorporó a varios proyectos estratégicos, entre ellos el desarrollo del sistema aéreo no tripulado MALE Eurodrone. Junto a Francia, Alemania e Italia, ha trabajado en el diseño de un dron europeo propio de media altitud y gran autonomía, de la mano de Airbus Defence and Space, con el objetivo de reducir la dependencia del modelo estadounidense MQ-9 Predator B. Este dron, cuya entrada en servicio está prevista para 2028, contará con una gran autonomía y estará capacitado para llevar a cabo misiones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento e incluso operaciones de ataque¹⁰³.

Hasta 2024, España participaba en 31 proyectos de la PESCO, a los que se han sumado otros 4 anunciados en 2025¹⁰⁴. Estos proyectos abarcan una amplia variedad de áreas, como el espacio, la ciberseguridad, los sistemas aéreos, el ámbito marítimo, terrestre, el entrenamiento y, especialmente, el área de capacitadores conjuntos, que destaca por su importancia. Esta última categoría incluye ocho proyectos en los que España participa, enfocados en el desarrollo de capacidades militares conjuntas y en la mejora de la interoperabilidad entre los Estados miembros¹⁰⁵.

Paralelamente, el Fondo Europeo de Defensa (FED) financia programas de I+D colectiva. Durante el periodo 2021-2022, el FED respaldó más de 100 proyectos con un valor estimado de 2.000 millones de euros, en áreas críticas como el combate aéreo y naval, la ciberseguridad, los sensores, entre otros. Todos estos programas benefician directamente los intereses tanto de España como del conjunto de la Unión Europea.

España ya se posiciona como el tercer país en número de empresas e institutos participantes en estos proyectos, solo por detrás de Francia e Italia, y por delante incluso de Alemania. Este nivel de participación refleja el firme compromiso de la industria española con la cooperación europea y con el desarrollo tecnológico regional. Además, esta implicación contribuye a compensar las limitaciones presupuestarias nacionales, ya que el presupuesto de defensa español destinado a I+D es considerablemente inferior al de países como Alemania o Francia¹⁰⁶.

Este esfuerzo conjunto en el marco de la PESCO y el Fondo Europeo de Defensa (FED) busca precisamente superar las carencias nacionales, permitiendo que los países de la Unión con menor capacidad económica también puedan acceder a desarrollos tecnológicos propios europeos. A través de proyectos multinacionales, se comparten los costes de inversión que muchos Estados no podrían asumir individualmente. El FED, por ejemplo, promueve la creación de consorcios en los que grandes empresas de distintos países como; Airbus, Leonardo, Indra o Saab, colaboran con pymes y centros tecnológicos, fomentando así la cooperación industrial y la innovación conjunta¹⁰⁷.

España está involucrada en los grandes programas de futuro con alcance europeo. En cuanto al Eurodrone, los cuatro países participantes han acordado comprar en total 60 drones, de los cuales España recibirá 12 unidades¹⁰⁸. Este proyecto, además de mejorar las capacidades de vigilancia europeas, también concede a Europa nuevas dotaciones avanzadas para su seguridad y para poder aumentar la autonomía estratégica europea.

En el plano europeo, España participa activamente en el nuevo proyecto de carro de combate de quinta generación “Marte”, lanzado en 2025. Este programa, liderado por KNDS y Rheinmetall con la colaboración de Leonardo, Saab e Indra, tiene como objetivo desarrollar un tanque modular y tecnológico que supere a los modelos actuales como el Leopard 2E español. Empresas españolas como Indra, Escribano, Santa Bárbara Sistemas y Sapa Operaciones lideran paquetes de trabajo clave, contribuyendo a la integración de sistemas avanzados y reforzando la presencia industrial de España en la defensa terrestre europea¹⁰⁹. Este proyecto simboliza un paso hacia la autonomía tecnológica europea, al mismo tiempo que expone los desafíos que España enfrenta para acelerar la producción nacional de sistemas de combate complejos.

El tiempo nos ha demostrado la importancia de coordinar gasto y producción a escala europea. La guerra en Ucrania demostró que planificar de forma aislada y no conjunta puede conducir a descoordinación y a desajustes. Para evitarlo, los Estados de la UE combinan bastante mejor ahora sus necesidades mediante la Revisión Anual Coordinada de la Defensa (CARD) y proyectos multinacionales (PESCO, OCCAR, etc.) El desarrollo de sistemas de defensa requiere planes plurianuales, puesto que algunos gobiernos aún planifican sus necesidades militares por su cuenta y a corto plazo, sin tener muy en cuenta que la I+D puede llevar décadas. Por eso, es importante que España y sus aliados continúen trabajando y defendiendo metas conjuntas. Bajo la Presidencia española de la UE se enfatizó la necesidad de “desarrollar capacidades de defensa…garantizar libertad de acción con fuerzas europeas y promover el desarrollo de nuestra propia base industrial y tecnológica”¹¹⁰. Esto deja claro que desde España, y hacia Europa, la idea de desarrollo conjunto es clara, y aunque en la práctica esto significa armonizar calendarios de adquisición, compartir plantas de producción clave y alinear programas de innovación, estamos viendo que es viable.

En resumen, las carencias tanto españolas como europeas en municiones, electrónica, sensores y otros ámbitos exigen un enfoque compartido. Mientras España incrementa gradualmente su presupuesto, la cooperación europea permite multiplicar el impacto de cada euro. Los esquemas conjuntos reducen duplicidades y aprovechan economías de escala. Así, la base industrial de defensa europea, incluida la española, se fortalece a través de proyectos transnacionales que responden a las necesidades reales de las Fuerzas Armadas de todos los países europeos.

Metiéndonos en las áreas de mejora pendientes, se podría destacar la necesidad de una mayor Inversión coordinada y que tenga visión a largo plazo. Se deberían vincular los planes nacionales de cada estado con las necesidades identificadas por la UE en la Revisión Anual Coordinada de la Defensa (CARD) y los programas conjuntos. Además, los estados deberían apostar conjuntamente por sincronizar unos presupuestos plurianuales estables que eviten altibajos, sobre todo en I+D.

Por otro lado, deberían impulsarse alianzas transnacionales más sólidas que integren las grandes empresas con pymes y centros tecnológicos de todos los países. La experiencia previa en otros consorcios como “Marte” que de esta forma, se puede desarrollar equipamiento complejo, desde tanques y barcos hasta a aviones, teniendo como ventajas las economías de escala y repartiendo carga industrial y desarrollo entre los socios.

Por último, es muy importante canalizar la financiación europea, la que proviene del Fondo Europeo de Defensa o la que provenga del recientemente creado instrumento SAFE, hacia investigación verdaderamente disruptiva en defensa. Promover más mecanismos financieros como SAFE, que concede hasta 150.000 millones de euros a los Estados miembros para desarrollar inversiones urgentes en la industria de defensa europea¹¹¹, es importante para continuar promoviendo adquisiciones conjuntas y poder acelerar la preparación europea en defensa ante la actual situación geopolítica. Una inversión segura también sería invertir en promover hubs tecnológicos binacionales o regionales, y facilitar la inversión privada para ‘startups’ de defensa. De este modo se garantizará que Europa pueda generar su propia tecnología avanzada (IA, ciberseguridad, sensores) en lugar de depender de proveedores externos.

En definitiva, avanzar hacia la autonomía estratégica exige combinar el esfuerzo español con el europeo. La mejora del gasto conjunto, la producción cooperativa y la innovación compartida permitirá a España y a sus socios cerrar las brechas existentes entre países y poder desarrollar capacidades de vanguardia en consonancia con el proyecto comunitario. Solo así se reforzará la soberanía tecnológica y operativa que las fuerzas aliadas reclaman para el futuro.

Conclusión

España se encuentra ante una oportunidad histórica para transformar su política de defensa y reforzar su posición estratégica en un entorno internacional caracterizado por la competencia entre potencias, el aumento de los conflictos y la incertidumbre tecnológica. La experiencia acumulada por sus empresas líderes, unida al incremento presupuestario y al impulso de programas europeos, permite vislumbrar un camino viable hacia unas Fuerzas Armadas más modernas, autónomas y eficaces. Sin embargo, los desafíos siguen siendo significativos: la limitada escala industrial, los retrasos en la producción, la dependencia de componentes externos y la carencia de tecnologías críticas condicionan la capacidad real de respuesta.

En este contexto, el rearme no puede limitarse a una política de gasto. Requiere una estrategia industrial de largo plazo, inversiones sostenidas en I+D, refuerzo de la cadena de suministro, desarrollo de capacidades críticas propias y una mayor cooperación europea que permita compartir riesgos, recursos y tecnologías. Solo mediante esta combinación; inversión, innovación y colaboración, España podrá avanzar hacia la autonomía estratégica, reducir su vulnerabilidad frente a proveedores externos y consolidar unas Fuerzas Armadas capaces de sostener sus compromisos internacionales y defender sus intereses en el nuevo orden global.

De cara al futuro, la política de defensa española deberá orientarse no solo a cerrar las brechas actuales, sino también a anticipar las amenazas emergentes y aprovechar las oportunidades tecnológicas disruptivas. Esto implica apostar por el desarrollo de capacidades en ámbitos como el espacio, la inteligencia artificial, la ciberdefensa o los sistemas autónomos, áreas que marcarán la superioridad militar en las próximas décadas. Asimismo, será crucial fortalecer la cultura de seguridad nacional, mejorar la retención y formación de personal altamente cualificado y consolidar la cooperación con socios europeos y aliados estratégicos. Solo a través de un esfuerzo integral, coherente y sostenido, España podrá garantizar su soberanía operativa, aumentar su peso geopolítico y desempeñar un papel relevante en la configuración de la seguridad internacional del siglo XXI.