IEEE. La agricultura como eje de la nueva geopolítica

Introducción

Durante años, la agricultura ha jugado un papel secundario en la configuración del tablero geopolítico. La tecnología y la energía han monopolizado este debate. La agricultura, percibida como un sector tradicional y falto de innovación, parecía ajena a los grandes equilibrios de poder global. La narrativa dominante situaba la innovación tecnológica en Silicon Valley, la energía en Oriente Medio, las materias primas en África e Iberoamérica y la manufactura en Asia. El campo, en cambio, parecía condenado a permanecer en un lugar secundario como proveedor silencioso, estable y aparentemente alejado de los grandes equilibrios de poder internacionales.

En los últimos años, esa realidad ha cambiado.

La agricultura ha entrado en el corazón de la competencia geopolítica global. Y lo ha hecho, además, en un contexto en el que las grandes potencias ya no compiten por territorios, sino por los vectores que configuran una civilización: energía, datos y, de manera cada vez más evidente, alimentos.

Este reposicionamiento viene provocado por las disrupciones de los últimos años derivadas de la pandemia y la consiguiente ruptura de las cadenas globales de valor, los conflictos bélicos y las sucesivas tensiones comerciales, así como por la crisis climática y la transición energética. En este contexto, la agricultura está aumentando su relevancia como factor económico y geopolítico, instrumento de política exterior y como un elemento relevante para la estabilidad social de los países y, por ende, como un factor con incidencia potencial en los comportamientos electorales y en la percepción de la legitimidad institucional.

Así, en este nuevo marco, un cargamento de soja puede alterar mercados enteros, un tratado comercial puede desatar protestas sociales y un algoritmo aplicado al riego o a la producción genética de alimentos tiene la capacidad de decidir quién mantiene su ventaja estratégica y quién la pierde.

Este es el terreno sobre el que se está abonando la nueva geopolítica de los alimentos, y cada país lo está descubriendo a su manera: Estados Unidos a través de su relación con China; la Unión Europea mediante las revueltas agrarias; y Argentina y Brasil¹ a través de su creciente importancia para la seguridad alimentaria de terceros países, por citar algunos ejemplos.

Con esta perspectiva, los procesos de reconfiguración del orden internacional y el surgimiento de una nueva estructura multipolar están impulsando a las principales potencias a redefinir su posición ante un escenario en el que la alimentación vuelve a ser, como en las grandes crisis del pasado, un factor relevante para la resiliencia económica y la seguridad de los Estados.

Con ello en mente, podemos afirmar que la geopolítica está experimentando una transición desde un modelo de interacción determinado por factores tecnológicos hacia otro en el que las commodities agrícolas empiezan a determinar esas relaciones.

La agricultura como instrumento diplomático y configurador del equilibrio de poder

La soja constituye un caso representativo de estas transformaciones. Lo que antes era un cultivo industrial ha pasado a ser un instrumento con una importante relevancia estratégica en las relaciones internacionales. Así quedó evidenciado en 2018, a raíz de la guerra comercial iniciada durante el primer mandato de Donald Trump. Cuando Washington decidió imponer restricciones al comercio chino, Pekín decidió responder modulando sus compras de soja, infligiendo así un daño económico directo a los agricultores estadounidenses, una base electoral crucial del Partido Republicano.

Lo que parecía una represalia puntual sugirió la existencia de un patrón de comportamiento comercial con posibles implicaciones geopolíticas. China entendió que el alimento es un instrumento de política internacional. Al desplazar sus compras de soja hacia otros productores, como Brasil o Argentina, podía generar presiones económicas indirectas sobre la economía estadounidense.

Desde entonces, el patrón se ha repetido. La reactivación de la guerra arancelaria anunciada por Donald Trump en el 2025 ha reavivado esta estrategia, en la que Pekín ha decidido paralizar sus compras de soja estadounidense². Un aspecto que, pese a ser notorio, no ha acaparado tantos titulares como la decisión del gigante asiático de restringir sus exportaciones de tierras raras. Esta decisión ha tenido un impacto económico relevante en el sector agrícola estadounidense —caída del precio de la soja y repunte de las bancarrotas agrícolas— y, pese a los intentos de la Casa Blanca por mitigar la crisis, hoy en día el mercado no ha vuelto a la normalidad³.

Ni siquiera después del encuentro en Busán entre Xi Jinping y Trump en el que se anunció que China retomaba sus compromisos de compra de soja estadounidense⁴; un encuentro que, en gran medida, se produjo por la presión ejercida por las organizaciones agrícolas estadounidenses⁵ y la cercanía de los midterms. Y es que buena parte de la estrategia de los republicanos para mantener su representatividad en el Congreso pasa por asegurar el voto del campo.

Por ello, consciente de que la agricultura, además de ser un pilar económico, es un vector electoral decisivo, el primer año de mandato del presidente Trump ha estado centrado en la renegociación y firma de acuerdos comerciales encaminados a proteger y promocionar los intereses del sector agrícola estadounidense. En este apartado destacan: (1) la declaración conjunta sobre el marco para un acuerdo entre Estados Unidos y Argentina sobre comercio e inversión recíprocos, que entre otros aspectos otorgará acceso preferencial a los productos agrícolas estadounidenses en Argentina⁶; (2) el acuerdo arancelario entre la UE y Estados Unidos, que imponía un arancel del 15% a la mayoría de las exportaciones agrícolas europeas al país y otorga un acceso preferencial al mercado europeo para una amplia gama de productos agrícolas estadounidenses⁷; (3) el anuncio de que la Casa Blanca eliminará los aranceles a la importación de ciertos alimentos procedentes de Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala y El Salvador, bajo acuerdos marco que darán a las empresas estadounidenses un mayor acceso a esos mercados⁸; (4) el levantamiento de las sanciones sobre los fertilizantes potásicos bielorrusos, una medida vinculada a la liberación de presos políticos por parte de Bielorrusia, aliado estratégico de Rusia⁹; (5) y la reciente aprobación de un programa de apoyo financiero para los agricultores estadounidenses por un importe de 12.000 millones de dólares¹⁰.

Europa: tensiones regulatorias y estratégicas

En este entorno, la Unión Europea se enfrenta a un contexto institucional y comercial complejo. La erosión del multilateralismo y el auge del proteccionismo global han llevado a Bruselas a reforzar su estrategia de acuerdos bilaterales para asegurar el acceso preferencial a mercados clave. El CETA con Canadá, el JEFTA con Japón y el Acuerdo Interino de Comercio entre la UE y el Mercosur se interpretan como movimientos orientados a garantizar posiciones en un contexto comercial incierto. Sin embargo, esta estrategia genera tensiones internas.

La negociación del acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la UE, percibido por parte del sector agrario como una imposición unilateral que sacrifica al campo europeo a cambio de ventajas en otros sectores económicos¹¹, ha intensificado el malestar entre agricultores, sindicatos y organizaciones rurales. Las preocupaciones giran en torno a la pérdida de competitividad de productos agroalimentarios europeos frente a las importaciones estadounidenses libres de ciertos controles sanitarios o medioambientales, al impacto de la pérdida de competitividad sobre la población rural y al riesgo de deslocalización de la producción de alimentos. Esta preocupación y este descontento ya se han visto trasladados a la calle. Las protestas de agricultores en Francia, Polonia, Bélgica, Italia y España no son aisladas, reflejan niveles crecientes de protesta social que podrían influir en la estabilidad institucional.

Con ello en mente, podría incrementarse la presión política sobre las instituciones europeas si la UE no dispone de los recursos necesarios para compensar a los productores afectados. Unos recursos que, de por sí, ya están limitados por el apoyo financiero otorgado a Ucrania y que se traducen en un recorte estimado de un 20% en los fondos destinados a la Política Agraria Común a partir de 2027. Un hecho al que se suman las críticas por la competencia desleal derivada de la entrada al mercado europeo de productos agrícolas ucranianos¹².

A ello se suma la complejidad de los acuerdos estratégicos con Marruecos, especialmente aquellos que afectan al Sáhara Occidental, en los que se evidencia la necesidad, por parte de la UE, de asegurar determinados suministros agroalimentarios. Pero cada paso en esa dirección genera tensiones jurídicas y diplomáticas que amenazan con convertirse en problemas políticos a medio plazo.

El caso del acuerdo con Mercosur es ilustrativo y constituye otro frente complejo. Su reactivación, impulsada por la necesidad europea de abrir nuevos mercados y responder al acuerdo arancelario con Estados Unidos, ha elevado las esperanzas, pero también las preocupaciones. De hecho, ha generado una fractura en el seno de la UE: los países agrícolas europeos se ven como moneda de cambio en la estrategia industrial europea; cambiar «vacas por coches»¹³. A esta situación se suma la posible competencia desleal que podría surgir en torno a las condiciones ambientales, sanitarias y laborales en las que serían producidos los productos agrícolas del Mercosur. Además, esta actuación podría interpretarse como un síntoma del debilitamiento de la economía europea y de la necesidad del continente de abrirse a nuevos mercados.

Asimismo, conviene mencionar el hecho de que el peso estratégico de Mercosur como proveedor global de alimentos tampoco ha pasado desapercibido para las grandes superpotencias. Al ser capaz de aportar hasta el 60 % de la proteína consumida en el mundo, China y Estados Unidos ya han tejido una extensa red de alianzas con los países de la región, asegurando un suministro continuado de alimentos, así como que sus empresas e instituciones participen como productores en esos países, de tal manera que estas puedan beneficiarse de los acuerdos comerciales que el bloque regional pueda firmar con terceros países.

El precio de los alimentos como termómetro político: cuando la inflación siembra malestar y la transición ecológica encarece la cesta de la compra

El precio de los alimentos ha adquirido un papel relevante como indicador social y económico. Allí donde las grandes transformaciones geopolíticas, climáticas y regulatorias parecían abstractas, el encarecimiento de la cesta de la compra las traduce en una realidad. El resultado es evidente: el sector agrario ha adquirido mayor visibilidad en el debate público, no por estrategia, sino por necesidad, obligando a los gobiernos a responder con ayudas de emergencia¹⁴, ajustes regulatorios¹⁵ o revisiones apresuradas de acuerdos comerciales que afectan directamente a la competitividad del campo europeo.

Aunque la inflación general ha tendido a normalizarse en la eurozona y se sitúa en torno al objetivo del 2% del Banco Central Europeo, la inflación alimentaria sigue avanzando por encima de esa referencia¹⁶. Hoy, poner un plato en la mesa cuesta casi un tercio más que antes de la pandemia. Esta realidad es el resultado de un cúmulo de factores que gradualmente han ido incrementando la presión sobre el sistema agroalimentario.

El primero de esos factores fue el energético. La guerra en Ucrania disparó los precios de los hidrocarburos y de los fertilizantes, elementos básicos para la producción agrícola, trasladando ese shock a toda la cadena alimentaria¹⁷.

La segunda es estructural. El aumento de los costes laborales y el repunte de los precios internacionales de las materias primas agrícolas, a su vez, cada vez más expuestos a la volatilidad climática¹⁸. En este sentido, el cambio climático, lejos de ser un factor externo, contribuye a la transmisión de la presión inflacionaria. Cada cosecha fallida, cada restricción hídrica y cada interrupción logística causada por eventos extremos actúan como un coste indirecto para el consumidor final.

A esta presión se suma una tercera capa, de naturaleza política y regulatoria. La apuesta europea por liderar la descarbonización del sector alimentario introduce costes adicionales que, aunque coherentes con los objetivos climáticos, comprometen aún más la competitividad del sector agroalimentario. La puesta en marcha del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), diseñado para poner precio a las emisiones incorporadas en productos intensivos en carbono —como los fertilizantes—, se espera que traslade una carga financiera a los importadores de fertilizantes. De hecho, según un reciente informe de S&P Global Ratings, se prevé que los precios de importación podrían aumentar entre un 2% y un 3% anual, acumulando un encarecimiento de hasta el 39% a finales de la próxima década¹⁹.

En paralelo, se abren debates sobre soluciones estructurales que también tienen implicaciones políticas y culturales. La diversificación de proteínas, la promoción de dietas basadas en vegetales o la reducción del consumo de carne en regiones de alto consumo se presentan como alternativas para aliviar la presión climática y reducir emisiones²⁰. Sin embargo, estas propuestas, avaladas por organismos internacionales y por parte de la comunidad científica, chocan con hábitos de consumo, estructuras productivas y equilibrios sociales profundamente arraigados. Cambiar la dieta es también cambiar el modelo agrícola, y ese proceso genera fricciones que no pueden ignorarse.

Así, el precio de los alimentos constituye un punto de intersección en el que confluyen variables ambientales, económicas y sociales. Cada subida de la cesta de la compra es percibida como una señal de fallo del sistema; cada regulación ambiental, como una carga adicional sobre un sector ya tensionado. El riesgo para Europa no es solo económico, sino político: si la transición ecológica se percibe como un proceso que encarece la vida sin ofrecer seguridad ni compensaciones visibles, el apoyo social a este tipo de medidas se erosionará. En este contexto, el precio de los alimentos no es un dato técnico, sino un terreno de disputa donde se juega la aceptación —o el rechazo— del modelo económico y político que se está tratando de construir.

Mientras tanto, en el plano internacional, cobra peso la idea de que el sistema alimentario debe estar en el centro de las negociaciones climáticas, y no al margen. De lo contrario, tal y como transmitió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30)¹², celebrada en noviembre de 2025 en Belém, Brasil, sin transformar la forma en la que producimos y consumimos alimentos, no será posible cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

La financierización del sector agrícola

Más allá de la producción física de alimentos, el sistema agroalimentario contemporáneo depende en parte de una estructura financiera global que determina qué se cultiva, cómo se financia y quién puede resistir una crisis²². En este nivel, el control del riesgo financiero puede influir en las condiciones de producción agrícola. Y quien controla el riesgo controla, en última instancia, la viabilidad del productor. En definitiva, se convierte en un nodo de poder.

El acceso a coberturas de riesgo determina qué explotaciones pueden soportar una mala cosecha, una sequía prolongada o un shock logístico. Allí donde el seguro desaparece o se encarece, la producción se contrae. Allí donde el crédito se condiciona, el agricultor pierde margen de decisión. La soberanía alimentaria, en este contexto, ya no depende únicamente del acceso a la tierra o al agua, sino de la capacidad de financiar la incertidumbre.

A estos vectores se suma el papel estratégico de las multinacionales agrarias dedicadas a la producción de productos fitosanitarios. Estas compañías no solo suministran productos: concentran propiedad intelectual, fijan estándares productivos y condicionan rendimientos a escala global.

Ante esta situación, en los últimos años, China ha acelerado la adquisición de este tipo de multinacionales²³, integrándolas en su estrategia de seguridad alimentaria. Esta dinámica puede entenderse como una forma de conquista agrícola indirecta: sin adquirir tierras, se controla la capacidad productiva de millones de hectáreas a través del dominio de los suministros, la tecnología y la financiación asociada.

Con todo ello, se puede afirmar que las finanzas y los seguros conforman un nodo de poder silencioso, pero estructural. Quien controla el capital y el riesgo no necesita poseer la tierra para determinar qué se cultiva, cómo se cultiva y quién puede seguir produciendo.

La biotecnología y la IA: el nuevo territorio de la competencia

La biotecnología y la inteligencia artificial están adquiriendo una creciente relevancia en la competencia agrícola internacional²⁴. La agricultura del futuro ya no se decide únicamente por la extensión de la superficie cultivada o por el acceso al agua, sino por la capacidad de incorporar conocimiento, datos y tecnología en cada hectárea. La batalla decisiva se desarrolla en entornos de investigación científica, centros de datos y plataformas digitales que, como en el caso anterior, también determinan qué se cultiva, cómo se cultiva y a qué coste.

China ha mostrado una adaptación temprana de esta orientación estratégica. Mientras durante décadas el país fue percibido como vulnerable en materia alimentaria, hoy está reconfigurando su sistema agrícola con una lógica industrial y tecnológica que busca reducir incertidumbres y controlar la volatilidad de los precios²⁵. Estados Unidos avanza en la misma dirección, reordenando su aparato productivo con herramientas digitales y biotecnológicas²⁶ para preservar su competitividad. Europa, en cambio, presenta un ritmo de adopción más gradual en comparación con otras regiones, atrapada entre la necesidad de innovar y un entramado regulatorio que ralentiza la adopción de soluciones disruptivas, aunque el anuncio del Biotech Act²⁷ —y otros expedientes legislativos que lo complementan— y el impulso del Banco Europeo de Inversiones a la agricultura y a la bioeconomía apuntan a una aceleración de esta tendencia²⁸.

Con esta perspectiva, la edición genética, la robotización de tareas que antes requerían decenas de trabajadores y la inteligencia digital aplicada a la gestión hídrica, al uso de fitosanitarios y fertilizantes²⁹ y al control predictivo de cosechas se sitúan como vectores clave de la transformación tecnológica que está experimentando la industria alimentaria. Los países que logren integrar estos sistemas podrían mejorar su posición competitiva. Los que no lo hagan, dependerán de tecnologías externas, con todas las vulnerabilidades que ello implica.

Con estas innovaciones tecnológicas, un país como China está consiguiendo aplacar la espiral inflacionaria que está afectando a los alimentos en la gran mayoría de los países de la OCDE³⁰: produce más y más barato. Con esta estrategia, Pekín está alcanzando la autosuficiencia parcial en alimentos clave y, al mismo tiempo, adquiere capacidad para influir en los precios internacionales. Lo que antes era una vulnerabilidad se está convirtiendo en un instrumento de poder. Justo en un momento en el que Europa vive exactamente el fenómeno contrario: unos costes crecientes, una regulación estricta y una inflación alimentaria en aumento que erosiona la confianza social.

En este contexto, resulta necesario que la Unión Europea redoble sus esfuerzos e impulse la competitividad de su sector agrícola. Sin embargo, abrir nuevos enfoques de producción no equivale necesariamente a ganar soberanía. La innovación tecnológica fortalece la cadena de valor alimentaria cuando reduce vulnerabilidades, pero puede debilitarlas cuando introduce dependencias difíciles de revertir, como la tecnológica.

El despliegue de drones, sensores, sistemas de inteligencia artificial agrícola, maquinaria avanzada o semillas mejoradas ha elevado la eficiencia del campo, pero también ha trasladado el control de elementos críticos fuera del terreno productivo. Gran parte de estas tecnologías son importadas; sus componentes, su mantenimiento, su software y, sobre todo, la gestión de los datos que generan depende de proveedores externos. Cuando un sistema agrícola descansa sobre tecnología ajena, hereda también las crisis, las decisiones políticas y las prioridades estratégicas de quien la controla.

De hecho, la historia ofrece ejemplos de cómo intervenir un sistema productivo sin comprender todas sus interdependencias puede generar efectos contraproducentes. Por citar un ejemplo, a finales de los años cincuenta, China impulsó la eliminación masiva de los gorriones al considerarlos una plaga que consumía cereal³¹. La medida, aparentemente racional desde una lógica productiva, ignoró un factor esencial: esas aves actuaban como pesticida natural al alimentarse de insectos. Su desaparición provocó una explosión de plagas, el colapso de las cosechas y contribuyó a una de las mayores hambrunas del siglo XX. Este acontecimiento refleja un principio que sigue plenamente vigente: cuando se altera un ecosistema —natural o tecnológico— sin control sobre todos sus vectores, la ganancia de eficiencia a corto plazo puede transformarse en una pérdida de resiliencia a largo plazo. En el campo europeo, sustituir dependencias biológicas por dependencias tecnológicas externas, sin soberanía sobre ellas, encierra un riesgo similar, menos visible, pero potencialmente igual de profundo.

A esta capa se suma otra, menos visible, pero igualmente decisiva: la pérdida de diversidad agrícola. Durante siglos, las sociedades cultivaron decenas de plantas esenciales adaptadas a sus climas, suelos y necesidades, mientras que, hoy en día, el sistema alimentario global depende de apenas una docena de cultivos que concentran la producción, el comercio y la investigación. Esta homogeneización ha aumentado la eficiencia, pero ha reducido la resiliencia. Menos diversidad implica mayor exposición a plagas, a eventos climáticos extremos y a interrupciones del suministro³².

El riesgo último es más profundo y, nuevamente, tiene precedentes históricos que conviene no ignorar. Cuando un territorio pierde capacidad productiva real y comienza a depender estructuralmente del exterior para alimentar a su población, la vulnerabilidad no se limita al plano económico: se extiende al político, al social y al estratégico.

El paralelismo con la caída del Imperio romano resulta especialmente ilustrativo. A partir del siglo II d.C., Roma fue abandonando progresivamente la producción agrícola en la península itálica y en buena parte de sus provincias occidentales, confiando cada vez más en el grano importado desde el norte de África. Aquella dependencia permitió sostener a la población urbana durante décadas, pero también creó una fragilidad estructural: cuando las rutas comerciales se interrumpieron, cuando las provincias productoras se volvieron inestables o cuando el control político de esos territorios se debilitó, Roma quedó expuesta.

Ese riesgo no es ajeno al presente. La Unión Europea se encuentra ya en una situación de dependencia significativa en varios eslabones críticos de su sistema alimentario. Depende de la soja y de los piensos procedentes de Brasil y Estados Unidos para sostener su ganadería; de fertilizantes importados, históricamente de Rusia y Argelia, para mantener el rendimiento de los cultivos; y de frutas y hortalizas de terceros países, especialmente de Marruecos, para abastecer a sus mercados en determinadas campañas. Esta dependencia no es neutral: condiciona la política comercial, limita el margen de maniobra diplomático y debilita la autonomía estratégica europea.

Así, la biotecnología y la inteligencia artificial dejan de ser un debate técnico para convertirse en una cuestión de poder y soberanía. Son la semilla de la nueva geopolítica.

Conclusión y perspectivas
Soberanía alimentaria como política nacional

A raíz de las disrupciones experimentadas durante la pandemia y de la escasez de ciertos productos como consecuencia de los recientes shocks geopolíticos, los gobiernos nacionales se han dado cuenta de que la ausencia de colchones estratégicos de alimentos podría convertir cualquier interrupción en la producción o en la distribución en una crisis social. Por ello, en un entorno donde la incertidumbre se ha convertido en la norma, la capacidad de producir y almacenar ciertos alimentos vuelve a ser, como en otras épocas históricas, un instrumento de soberanía y legitimidad política, decisivo para la estabilidad interna de los países³³.

No es casual que Estados Unidos haya decidido incorporar el Departamento de Agricultura (USDA) al Comité de Inversión Extranjera (CFIUS), tratando la tierra, la biotecnología y las cadenas agroalimentarias como activos estratégicos sujetos a escrutinio de seguridad nacional. De hecho, la reciente aprobación del National Farm Security Action Plan³⁴ por la Administración Trump consagra definitivamente esta visión: la agricultura deja de ser una política sectorial para convertirse en política de Estado, al mismo nivel que la defensa o la energía.

Esta lógica no es exclusiva de Washington. En octubre de 2025, el IV Pleno del XX Comité Central del Partido Comunista Chino estableció, como eje central del XV Plan Quinquenal (2026–2030), la modernización agrícola y rural como prioridad estratégica nacional³⁵, vinculándola directamente al proceso de modernización del país, a la estabilidad social y a la seguridad a largo plazo. La Unión Económica Euroasiática también ha alcanzado un grado de soberanía alimentaria superior al 90%³⁶, lo que también pone de relieve el interés fundamental que tienen estos países en controlar la capacidad de producción alimentaria.

Inversión sostenible

En este contexto, Europa no puede permanecer anclada en un enfoque que prioriza la sostenibilidad entendida como restricción. El eje debe desplazarse hacia la producción eficiente, ya que, tal y como han demostrado numerosos estudios, la inversión en productividad agraria —tecnología, mejora genética, gestión de suelos, digitalización y eficiencia en el uso de los recursos— no solo incrementa la rentabilidad y la capacidad productiva, sino que constituye uno de los mecanismos más eficaces para desacelerar el crecimiento de las emisiones agrícolas³⁷.

Pero el impacto va más allá de lo económico y lo climático. La historia demuestra que los saltos tecnológicos en la agricultura transforman radicalmente a las sociedades que los protagonizan. Cuando una civilización logra liberar mano de obra del campo gracias a aumentos sostenidos de productividad, no solo produce más alimentos, sino que reorganiza su estructura social, especializa a su población y redefine su capacidad de poder. Así ocurrió en el Neolítico³⁸, cuando la aparición de la agricultura permitió almacenar excedentes, liberar a los antiguos cazadores de la producción directa de alimentos y convertirlos en mano de obra especializada, incluida la militar.

Con esta lógica, resulta imprescindible que Europa —y España en particular— impulse de forma decidida el emprendimiento agrícola del mismo modo que, en la última década, todos los partidos políticos han promovido el ecosistema startup como motor de modernización económica. El campo necesita capital, talento, narrativa y prestigio, por lo que hacer del emprendimiento agrícola algo innovador y atractivo no es una cuestión estética, sino una condición necesaria para garantizar la soberanía alimentaria en el siglo XXI.

Política local y factor electoral

El regreso del alimento al centro de la geopolítica coincide con una transformación silenciosa especialmente relevante en las sociedades desarrolladas. El aumento sostenido de los precios de los alimentos, unido a una mayor conciencia colectiva sobre la necesidad de mantener una correcta alimentación, está empezando a modificar los comportamientos de consumo³⁹. Cada vez más ciudadanos, tanto en el ámbito rural como urbano, se plantean recuperar algún grado de autonomía productiva: huertos domésticos, agricultura comunitaria, cultivos urbanos en azoteas o espacios compartidos. Lejos de ser una moda marginal, esta tendencia empieza a ser interpretada por las administraciones regionales y locales como una herramienta política. De hecho, cada vez más gobiernos municipales están comenzando a diseñar e incluir políticas de agricultura urbana en sus programas electorales que combinan acceso a alimentos frescos, regeneración de espacios verdes y fortalecimiento de los vínculos entre distintas comunidades⁴⁰.

Desregulación

En esta misma línea, a nivel nacional y europeo, todo apunta a que en los próximos años se abrirá un proceso de simplificación administrativa en el sector alimentario con el objetivo de aliviar costes y contener el precio final de los alimentos. Este movimiento responde tanto a la presión social derivada de la inflación como a la necesidad política de sostener la competitividad del campo en un entorno cada vez más tensionado. Sin embargo, este vector puede intensificarse y adquirir una dimensión geopolítica más profunda con la posible desregulación de los organismos modificados genéticamente (GMO, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. No sería sorprendente que la Administración Trump avanzara hacia la eliminación de buena parte de las regulaciones medioambientales⁴¹ y promoviera activamente la biotecnología agrícola como pilar de la competitividad y de la seguridad nacional, reforzando así la posición de las grandes multinacionales estadounidenses que dominan el sector.

Dependencias

Este giro, aunque potencialmente eficaz en términos de productividad y reducción de costes a corto plazo, encierra un riesgo estratégico que no debe subestimarse. La adopción masiva de semillas genéticamente modificadas, protegidas por derechos de propiedad intelectual y dependientes de paquetes tecnológicos cerrados, puede generar una nueva forma de dependencia estructural para los agricultores. Lo que en un primer momento se presenta como una ganancia de eficiencia puede convertirse, a medio plazo, en una pérdida de autonomía productiva, reduciendo la capacidad de decisión del productor y trasladando el control del sistema alimentario hacia quienes dominan la producción de estas semillas. Así, en un escenario en el que la soberanía alimentaria vuelve a ser un factor de poder, la disyuntiva entre competitividad inmediata y resiliencia a largo plazo se perfila como uno de los principales dilemas estratégicos de la próxima década.

Gestión hídrica

Por último, pero no menos importante, conviene resaltar cómo el agua ha sido históricamente un vector central de poder. Los imperios hídricos de Egipto y Mesopotamia surgieron gracias a la capacidad de controlar y distribuir los recursos fluviales, asegurando cosechas y estabilidad social. Hoy, la gestión eficiente del agua sigue siendo determinante para la seguridad alimentaria y la influencia geopolítica⁴². Países que dominan sus sistemas hídricos, como Israel en ciertos regadíos estratégicos o China con sus grandes proyectos de irrigación, adquieren ventajas significativas sobre aquellos dependientes de recursos externos.

Así, el retorno del alimento como nodo de poder no es una anomalía, sino una constante que reaparece en momentos de transición sistémica, y como en tantas otras ocasiones ha ocurrido en el pasado, el precio, la disponibilidad y el control de los alimentos están marcando los límites de lo políticamente posible. Es en ese terreno —abonado por la inflación, el clima, la tecnología y la geopolítica— donde se decidirá buena parte de las hegemonías del siglo XXI.