IEEE. El «ethos» de la guerra de Trump y sus implicaciones en la seguridad internacional

Introducción

Tras la invasión de Rusia en Ucrania, la sempiterna guerra en Gaza de los dos últimos años y la creciente agresividad de China sobre Taiwán y sus mares colindantes, la reciente intervención de EE. UU. en Venezuela no es más que la confirmación de que ya quedan pocos vestigios de legalidad internacional «creíble» en este nuevo orden global que se está configurando.

En este contexto, ya no se trata de poner en valor la relevancia de la aplicación del derecho internacional, sino de asumir que este ha dejado de ser relevante¹. Esta es precisamente una de las particularidades de este nuevo orden emergente.

El actual panorama geopolítico viene marcado no solo por las últimas acciones estadounidenses en suelo venezolano, sino por las inmediatas amenazas a la soberanía de Dinamarca y la retórica cada vez más aislacionista de EE. UU. respecto a sus socios tradicionales e instituciones occidentales a las que (aún) pertenece.

Estos hechos no pueden ser analizados como eventos aislados, sino más bien como eventos interconectados, formando todos ellos parte de una misma política exterior (que no estrategia depurada), de la que no existe precedente alguno en la historia reciente de EE. UU.².

De aquí podrían deducirse dos posibles interpretaciones para intentar entender cómo el líder del país más poderoso del mundo —con una visión muy particular de su funcionamiento— puede hacer tambalearse a todo un sistema y pasar por encima del orden basado en reglas que una vez fundaron y expandieron los distintos presidentes que precedieron a Trump desde la posguerra.

¿Cómo interpretar el comportamiento de Trump?

La primera interpretación del comportamiento de Trump (y probablemente la más extendida), parte de la premisa de no considerar al mandatario estadounidense como un político per se, por lo que su interés por la aplicación de la legalidad en el sistema internacional se asume poco probable, por no decir casi inexistente. Esto explicaría esa política transaccional basada exclusivamente en los intereses del magnate.

Asumir esta premisa sirve sin duda para activar las alertas en las agendas de seguridad de muchos países (llámense aliados o no), precisamente por la incertidumbre e impredecibilidad de las acciones que se pudieran derivar de la política exterior estadounidense. Esta visión redunda en una mayor conciencia de seguridad, pero también es susceptible de provocar un rearme generalizado, reduciendo el umbral del uso de armamento nuclear y, por tanto, incentivando el riesgo de escalada global.

Por otro lado, la tendencia a la inacción de parte de la comunidad internacional demostrada ya ante los signos evidentes de que Rusia iba a invadir Ucrania, acrecienta la posibilidad de continuar con dinámicas de bloqueo estratégico por parte de organizaciones como la ONU, la OTAN y la UE. Estas organizaciones son sujetos del derecho internacional, pero están actualmente limitadas en sus acciones por el actual acoso sistémico de EE. UU., por lo que en el fondo esperan que tras la marcha de Trump vuelvan los ríos de la legalidad a retomar el tradicional cauce de las relaciones internacionales³.

La posibilidad de este «regreso» es altamente improbable y además peligrosa de asumir, debido precisamente a las repercusiones globales que ya están provocando muchas de las decisiones adoptadas por esta Administración, y de algunas otras de las que seguramente trascienda un carácter irreversible por su impacto geopolítico⁴.

La segunda interpretación, la más realista pero la más difícil de aceptar, consiste en asumir que probablemente Trump esté marcando el principio de un cambio de paradigma en la disciplina de las relaciones internacionales, estableciendo con ello una nueva forma de hacer política internacional.

Esto significa que, aunque haya siempre que ampararse en el cumplimiento de la legalidad internacional y apostar por unas «reglas del juego» que comprometan a los Estados por igual, la realidad es que puede convertirse en parte del problema —en la medida que inhiba soluciones eficaces—, si se confía demasiado en ella.

La gran diferencia entre estas dos interpretaciones es que la primera orienta la lectura de las acciones de EE. UU. a la mera excentricidad política de Trump en asuntos de política exterior, considerando dichas acciones como anomalías circunstanciales temporales en el seno de un sistema de gobernanza global que, aunque deja secuelas importantes en el sistema internacional, volverá al orden natural de las cosas tras la marcha del presidente. Este es el motivo por el cual las organizaciones internacionales anteponen no perder el mantenimiento de su alianza con Washington por encima de cualquier otra consideración⁵.

Sin embargo, la segunda interpretación constituye la aceptación (y resignación) de que existe una convergencia global de intereses económicos, estratégicos y militares en un mundo cada vez más complejo y en continua transformación, donde la acumulación de poder puede llegar a convertirse en un asunto de seguridad nacional. Esto provoca lógicas operativas en las grandes potencias de reclamación de espacios, imposición de costes y redefinición de lo aceptable al margen del consenso internacional.

Esta segunda interpretación obliga a aceptar la posibilidad de que EE. UU. ocupe militarmente Groenlandia como una realidad geopolítica más, aunque parezca inimaginable por sus repercusiones en el futuro de la integridad de la OTAN o de la defensa europea.

Bajo esta premisa, la UE no tendría más remedio que adoptar (definitivamente) mecanismos eficaces para garantizar su propia seguridad y perseguir una autonomía estratégica⁶, que sería a todas luces imprescindible si se quiere aprender a operar al margen de la protección estadounidense y sobrevivir como organización.

Es cierto que esta última interpretación, aun considerándose la más adecuada, llama igualmente al rearme generalizado y al riesgo de escalada, pero la diferencia es que, en lo que a la defensa europea se refiere, induce a hacerlo con más criterio, con objetivos más claros, con mayor responsabilidad y en la dirección más adecuada; esto es, no esperando nada de EE. UU. y actuando con la premisa de que la legalidad internacional está definitivamente fuera de la ecuación, porque ha sido reemplazada por un uso de poder más visible y coercitivo.

Esta lección ya debería estar perfectamente asimilada con los comportamientos de Rusia y China (dos potencias revisionistas y autoritarias), dadas las violaciones a la soberanía de Ucrania y a la libertad de navegación en el mar de China Meridional. Sin embargo, ha tenido que ser EE. UU. (principal estandarte democrático y aliado histórico imprescindible) quien, paradójicamente, ha confirmado la validez de esta premisa.

La situación de Venezuela y su lectura geopolítica

Los últimos acontecimientos tras el recién estrenado año 2026 nos presentan un flujo de argumentos jurídicos que tratan de determinar si la intervención de EE. UU. en Venezuela, que culminó con la detención de Maduro, fue de acuerdo con el derecho internacional. Estos argumentos pueden ser válidos para teorizar sobre posibles mejoras del orden jurídico internacional, pero en la práctica solo sirven para crispar el debate mediático y consolidar «islas ideológicas» que llevan a la polarización, desconfianza e inseguridad, y lo que es más importante: no solucionan el problema, en todo caso lo acentúan.

Tras la consecución de las acciones estadounidenses, partimos de la base legal de que había que acabar con la presencia de Maduro al frente de su Gobierno ilegítimo en Venezuela, sin duda, pero ¿a qué precio? A día de la fecha no parece que Trump esté buscando la instauración de un régimen democrático en el país⁷, por lo que, ¿qué va a ser preferible, la estabilidad aparente⁸ que proporcionaba el ya desbancado Maduro o una Venezuela sumida en el caos?

Por otro lado, ¿qué repercusiones podrían tener estos ataques en el contexto competitivo con otras potencias con presencia en Latinoamérica como China, Rusia e Irán?

Solo el tiempo lo dirá, pero un error de cálculo estratégico de EE. UU. que le impidiera estabilizar un nuevo régimen, confirmaría que los ataques en suelo venezolano solo eran parte de un proceso «reactivo» a su aparente declive hegemónico, aparejado con la creciente falta de credibilidad percibida por la comunidad internacional.

Con el inicio del nuevo mandato de Trump, se partía de promesas imposibles de cumplir y se comenzaba con una creciente retórica belicista, materializada con el renombrado «Departamento de la Guerra» y esa exaltación del «ethos del guerrero» norteamericano. Esto no ha hecho más que confirmar el retorno a la primacía de la acción militar y, por ende, a un intervencionismo exterior que esta Administración quería precisamente evitar.

Tras los fracasos de mediación en la guerra de Ucrania y el «frágil» alto el fuego conseguido en Gaza, la determinación demostrada en las operaciones contra el narcotráfico en el caribe justificaba y daba por fin salida al empleo del hard power norteamericano, que siempre ha sido el principal instrumento valedor de su política exterior y el acreditador de su estatus de gran potencia.

La intervención en Venezuela y la captura de Maduro acaban con un Gobierno ilegítimo, pero también confirman ese empeño histórico que subyace en la gran estrategia estadounidense de buscar siempre «monstruos fuera a los que combatir»¹⁰. El problema es que el margen de incertidumbre que se abre ahora en Venezuela podría ser otro episodio más de una victoria militar que no se sabe administrar.

El nuevo rol del instrumento diplomático de EE. UU. en las relaciones de poder

El comportamiento reciente de EE. UU. es un signo claro de que ya no se conforma con ser una gran potencia, sino que necesita demostrarlo en un mundo multipolar de potencias emergentes (con especial atención a China) que ponen en riesgo su declive. La historia nos enseña, además, que las grandes potencias en declive recurren al poder militar para tratar de mantener su posición hegemónica¹¹.

¿Ha dejado entonces de ser la diplomacia un instrumento útil en las relaciones internacionales?

La respuesta corta es no, lo que ocurre es que su efectividad se mide en tanto pueda traducirse en realidades materiales.

El derecho internacional ha sido tradicionalmente la herramienta de la que se ha servido la diplomacia internacional para apelar a la convivencia pacífica entre los Estados. Es cierto que se puede discutir si su efectividad ha sido más la «excepción» que la «norma» a lo largo de la historia; pero de lo que no hay duda es que es un instrumento necesario para dar voz y establecer acuerdos sobre la base de un marco común de normas establecidas por consenso internacional.

No obstante, y apelando a Tucídides, historiador griego y autor del primer análisis político y moral registrado en las políticas bélicas de una nación: «El sitio de Melos puso ya de manifiesto, hace 2.500 años, que la fuerza de las armas determina las relaciones internacionales mucho mejor que la diplomacia y los acuerdos entre naciones. Las razones de derecho intervienen cuando se parte de una igualdad de fuerzas, mientras que, en caso contrario, los más fuertes determinan lo posible y los más débiles lo aceptan»¹².

Esta idea, lejos de estar anclada en una época «clásica», forma parte del actual ideario de este nuevo paradigma de relaciones internacionales. En el contexto actual, la diplomacia es «útil», sin duda, pero a ojos de EE. UU. hay que dotarla de credibilidad y enfocarla a la consecución de realidades materiales que son las que dan verdadera cuenta del poder de una nación.

Por eso el hard power se ha convertido en la herramienta más creíble de esta nueva forma de «diplomacia coercitiva» de EE. UU.; y la resistencia a su declive, en el verdadero motor de su uso.

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. se hace presente

Como refuerzo a las ideas expuestas, la recientemente firmada Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 con el Peace through Strenght y la prioridad en Latinoamérica y Caribe, es la última cuña que pone de manifiesto la necesidad de EE. UU. de reafirmar su estatus de gran potencia asegurando principalmente tres cosas:

• Su esfera de influencia apelando a un remake de la histórica «Doctrina Monroe» de principios del siglo XIX.
• Seguir siendo la voz principal en todos los asuntos de trascendencia mundial, aunque no se juegue nada, solo como símbolo de ese estatus. En este sentido, Venezuela era el candidato perfecto por su presunta condición de narco-Estado, sus vínculos con el terrorismo y con el crimen organizado, y porque su debilidad militar no hacía presagiar una respuesta contundente del ejército bolivariano¹³.
• Poder saltarse las normas de las instituciones internacionales que él mismo fundó, demostrando que no está obligada a acatar leyes, ni los cánones del derecho internacional si en ello se ven comprometidos sus intereses nacionales.

De los dos primeros puntos no hay mucho debate, pero el tercer punto es el que ofrece mayor controversia dada la indeterminación de la verdadera naturaleza de los intereses nacionales estadounidenses que justifican estas últimas acciones.

Se especula mucho sobre las motivaciones de Trump por hacerse con el control del petróleo «pesado» de Venezuela —sin duda necesario para sus refinerías en el Golfo y para contentar a los votantes del MAGA¹⁴—, pero que no justifica la intervención estadounidense¹⁵, habida cuenta de que Maduro parecía estar más que dispuesto a negociar sin condiciones y con bonificaciones la importación (o intervención) del petróleo venezolano^16,17.

Otra de las motivaciones de Trump se sustenta en intentar reducir la influencia de Rusia, China e Irán en Latinoamérica, y esta motivación es la misma que justifica las recientes amenazas sobre la anexión de Groenlandia: impedir que potencias como Rusia y China accedan a los recursos naturales y exploten las nuevas rutas marítimas que ofrece el Ártico.

Ninguna de estas motivaciones hace pensar que se haya considerado realmente la relación coste-beneficio en el empleo de la fuerza (o amenaza de la fuerza en el caso de Groenlandia), de una manera consciente y estratégicamente meditada. ¿Es «realista» querer evitar o limitar la influencia de otras potencias en Venezuela o en el Ártico? ¿Qué acciones podría llevar a cabo EE. UU. sin provocar la escalada con China y Rusia, (actores con presencia estratégica consolidada en Venezuela y pretensiones comerciales en el Ártico)? ¿Tiene sentido hablar de la necesidad de un control efectivo estadounidense sobre Groenlandia dada la dificultad de extracción de recursos y cuando existe ya un control de facto que no de iure¹⁸? ¿Merece la pena poner en riesgo la integridad y el futuro de la OTAN, y por ende la seguridad internacional, con todas estas pretensiones?

Las respuestas cerradas a estas preguntas nos dan la pista de que las motivaciones estadounidenses son más sencillas de deducir de lo que aparentan, porque responden a una lógica subyacente de acumulación de poder tan primitiva como los inicios de la globalización, cuya prometedora integración económica iría produciendo nuevos vectores de confrontación y luchas constantes de poder a lo largo de la historia. La gran diferencia con respecto a esos inicios es que, en este mundo multipolar, interconectado y sin fronteras, la política y el poder son ahora más que nunca una cuestión de «percepción», y las apelaciones al derecho internacional y el respeto a las «reglas del juego» se han quedado en simple retórica.

Para entender mejor este juego de percepciones cabe preguntarse, por ejemplo, cuáles son los motivos por los que EE. UU. y Rusia son las dos únicas grandes potencias que han empleado recientemente y de forma contundente su poder militar sobre otros espacios de soberanía¹⁹.

La respuesta es sencilla: porque EE. UU. es una gran potencia, pero percibe que está dejando de serlo, y Rusia no lo es (objetivamente²⁰), pero se empeña en ser percibida como tal.

Ambas motivaciones se sustentan en la imagen que los dos países quieren proyectar y en cómo quieren ser percibidos a nivel sistémico, y ambas sirven para justificar el empleo de la fuerza. Si las cuentas no fallan, le tocaría «mover ficha» a China, con lo que, de darse el caso (por ejemplo, con acciones más contundentes sobre Taiwán), confirmaría que estamos en plena escalada hacia una confrontación inevitable auspiciada por las tres principales potencias del «pódium» mundial.

A modo de conclusión

Por tanto, con todo lo expuesto, vemos que, en este nuevo tablero internacional, EE. UU. necesita autopercibirse a sí misma como primera potencia mundial indiscutible y exportar esa imagen al exterior actuando a expensas de la legalidad internacional y de la opinión de sus aliados tradicionales. Esta es la única manera que EE. UU. entiende como verdaderamente efectiva para aumentar sus ganancias relativas o poder «neto».

No obstante, el exceso de confianza de Trump en la autopercepción de su propio poder podría afectar a la larga a sus intereses y, por ende, a la seguridad nacional del país, dado que le confiere una sensación exagerada de control sobre los acontecimientos y unas expectativas excesivamente optimistas sobre el futuro²¹.

Este exceso de confianza se traduce en la sobreestimación de las capacidades de sus fuerzas (EE. UU. empieza a tener demasiados frentes abiertos); en la subestimación de sus potenciales enemigos (las acciones de EE. UU. afectan a los intereses de Rusia, China e Irán); y en la probable desestimación de los informes de inteligencia²², cuando no procura rodearse de aquellos que le dicen lo que realmente quiere oír.

Lo que tampoco controla Trump es que otro fracaso más en Venezuela y esa tendencia recurrente al ethos de la guerra y uso de la fuerza son susceptibles de impactar en la imagen que quiere proyectar como primera potencia, deteriorando aún más su credibilidad como garante de paz y estabilidad mundial.

No hablamos del proceso de declive de un hegemón histórico que aumente las posibilidades de un cambio de orden y que ello nos pueda conducir a una guerra global, hablamos de las posibilidades reales de una guerra que confirme que ya estamos en ese nuevo orden.