IEEE. Geopolítica de la deforestación en la Amazonía brasileña: seguridad, mercados globales y crimen organizado

Introducción: La Amazonía como espacio geopolítico

La Amazonía constituye una vasta región de aproximadamente 7.000.000 km² en América del Sur que se extiende por territorios de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, la Guayana Francesa y Brasil, país que concentra cerca de 4.245.278 km² de bosques amazónicos, equivalentes a alrededor del 60% del bioma total.

Se trata del ecosistema tropical más biodiverso del planeta: alberga más de 40.000 especies de plantas, 1.300 especies de aves y 2.400 especies de peces de agua dulce, además de una extraordinaria diversidad de mamíferos, anfibios e insectos¹. Diversas estimaciones señalan que entre el 10% y el 30% de todas las especies conocidas en la Tierra se encuentran en esta región².

Asimismo, la cuenca amazónica representa aproximadamente una quinta parte del agua dulce superficial del planeta y aporta cerca del 20% del flujo total de agua dulce que desemboca en los océanos a través del río Amazonas y sus afluentes³. Gracias a su extensa cobertura vegetal, el bioma absorbe más de 2.000 millones de toneladas de CO₂ anualmente, lo que equivale a cerca del 5% de las emisiones globales por año, y desempeña un papel crucial en la regulación climática mundial⁴.

A inicios de la década de 1970, la Amazonía brasileña mantenía prácticamente intacta la totalidad de su cobertura forestal. Para 2020, sin embargo, la superficie de bosques tropicales se había reducido a 3.381.073 km^{2 5}. En términos acumulados, ello implica que en cinco décadas se ha perdido cerca del 20% de los bosques naturales de Brasil. Esta transformación no puede entenderse como un proceso espontáneo o inevitable, sino como el resultado de decisiones políticas, estrategias de desarrollo e incentivos económicos que promovieron la expansión agropecuaria, la explotación de recursos naturales y la integración territorial.

La devastación amazónica constituye, por tanto, un fenómeno intrínsecamente geopolítico. Ha sido moldeada por proyectos de integración nacional, por relaciones internacionales asimétricas y por la inserción de Brasil en las cadenas globales de valor orientadas a la exportación de commodities.

Sus efectos trascienden el plano ambiental: incluyen la erosión de la biodiversidad, la expansión de economías ilícitas, el debilitamiento de la soberanía efectiva del Estado en extensas áreas periféricas y el desplazamiento sistemático de pueblos indígenas, lo que configura un desafío estratégico de alcance regional y global.

Integrar para não entregar: la dictadura, EE.UU. y el nacimiento del extractivismo moderno

A comienzos de la década de 1960, Brasil estaba gobernado por João Goulart, dirigente del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), cuyo programa impulsó las denominadas «reformas de base». Estas incluían propuestas de reforma agraria, una mayor intervención estatal en sectores estratégicos y la regulación del capital extranjero.

En este marco, se produjeron tensiones con intereses empresariales estadounidenses, incluidas medidas que afectaron a la International Telephone and Telegraph (ITT)⁶, en un contexto de revisión de concesiones y de límites a la repatriación de beneficios.

En política exterior, la llamada Política Externa Independente promovió la diversificación de los vínculos diplomáticos, incluyendo relaciones con países socialistas. Aunque no existió una alineación formal con el Pacto de Varsovia ni acuerdos militares con la Unión Soviética, la ampliación de contactos en el contexto de la Guerra Fría, que incluyó gestos simbólicos como la visita del cosmonauta soviético Yuri Gagarin a Brasil⁷, fue percibida por parte de las Fuerzas Armadas y por el Gobierno de Estados Unidos como un posible desplazamiento del país fuera de la órbita hemisférica occidental.

En este clima de polarización ideológica, sectores militares comenzaron a articular un discurso sobre el «peligro de la comunicación»⁸, asociando la movilización social, la conflictividad sindical y la indisciplina castrense a una amenaza subversiva.

El golpe de Estado del 31 de marzo de 1964 contó con respaldo político y logístico estadounidense, materializado en la planificación de la Operación Brother Sam⁹, que contemplaba apoyo naval y suministro de recursos. Aunque dicha asistencia no llegó a desplegarse plenamente, evidenció la convergencia estratégica entre Washington y los sectores golpistas, abriendo paso a un régimen que reconfiguraría profundamente el modelo de desarrollo y la explotación de recursos en Brasil.

El nuevo gobierno instaurado tras el golpe de 1964, que dio lugar a un régimen autoritario militar extendido hasta 1985, adoptó como uno de sus lemas centrales la consigna integrar para não entregar.

La Amazonía era concebida como un «vacío demográfico» sobre el cual el Estado ejercía una soberanía frágil. En consecuencia, se promovió la expansión de la presencia estatal mediante la construcción de infraestructura estratégica y la explotación intensiva de recursos naturales, en el marco de un programa que articuló seguridad territorial, desarrollo económico y doctrina anticomunista.

La baja densidad poblacional amazónica fue interpretada como una vulnerabilidad frente a eventuales focos insurgentes de inspiración marxista, como la guerrilla del Araguaia, que operó en la región por casi una década¹⁰. Bajo la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional, la ocupación física del territorio se convirtió en un imperativo estratégico.

En este contexto, el régimen emprendió ambiciosos proyectos de infraestructura. La carretera Transamazónica (BR-230), con casi 5.000 kilómetros de extensión, atravesó de este a oeste los estados de Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará y Amazonas¹¹. De norte a sur, la BR-163, con 3.629,3 kilómetros, conectó Pará con Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul¹². Estas obras facilitaron la penetración económica y el acceso a nuevas fronteras productivas.

En 1966 se creó la Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM)¹³, organismo encargado de administrar incentivos fiscales que permitían a empresas y grandes propietarios destinar parte del impuesto sobre la renta a proyectos aprobados en la región. La ganadería extensiva fue el sector más favorecido, una actividad que implicaba la tala masiva de bosques. Para 1990, aproximadamente el 10% de la cobertura forestal amazónica había desaparecido.

En 1970 se fundó el Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)¹⁴, cuya misión formal era administrar tierras públicas federales, regularizar la propiedad rural y ejecutar programas de colonización. Estos consistieron en la entrega de lotes a migrantes del nordeste y del sur bajo el lema terra sem homens para homens sem terra, promoviendo la ocupación productiva como mecanismo de consolidación territorial.

En el plano internacional, Estados Unidos se consolidó como uno de los principales socios comerciales de Brasil durante el gobierno militar, especialmente en los ámbitos del comercio, la tecnología y el financiamiento. A partir de 1975, Brasil participó en los mecanismos de coordinación represiva regional asociados al Plan Cóndor, en un contexto de convergencia estratégica anticomunista.

Durante la década de 1980 se lanzó el Programa Grande Carajás, megaproyecto orientado a la explotación de hierro en la Serra dos Carajás. Este incluyó la construcción del ferrocarril Carajás y del puerto de Ponta da Madeira para la exportación.

Si bien la minería no generó niveles de deforestación comparables a los de la expansión ganadera, produjo impactos significativos, entre ellos la contaminación de las aguas y los suelos, la alteración de los ecosistemas locales y el desplazamiento de poblaciones indígenas¹⁵.

La dictadura brasileña concluyó en 1985, tras haber establecido las bases institucionales, infraestructurales y financieras del extractivismo a gran escala en la Amazonía. El modelo implantado durante este período configuró un patrón de ocupación territorial y de explotación de recursos que explica la aceleración sostenida de la deforestación en las décadas posteriores.

El siglo de China y los commodities

A partir del siglo XXI, la política exterior brasileña experimentó una reorientación significativa, particularmente desde el inicio del primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva en 2003. El nuevo presidente promovió la diversificación de alianzas estratégicas y abogó por una mayor autonomía en la inserción internacional de Brasil.

En ese contexto, marcó un ligero distanciamiento de Estados Unidos, al que criticó indirectamente por sus acciones en Irak¹⁶. Esta postura formó parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de vínculos con economías emergentes y del denominado sur global.

Paralelamente, el crecimiento económico de China, impulsado por las reformas iniciadas por Deng Xiaoping, se mantuvo por encima del 9% durante toda la década de los 2000¹⁷, lo que le permitió posicionarse por encima de Japón en 2010¹⁸. Este dinamismo transformó a China en un actor central del comercio mundial y en un demandante creciente de materias primas.

En este contexto se produjo un progresivo acercamiento entre Brasil y China. Un hito relevante fue la visita de Lula a China en 2004, durante la cual se estableció una asociación estratégica bilateral sustentada en el comercio de soya y de mineral de hierro¹⁹.

Sin embargo, el punto de inflexión estructural se produjo en 2009²⁰, cuando China se convirtió oficialmente en el principal socio comercial de Brasil y ambos países consolidaron su papel como miembros fundadores del BRICS.

Históricamente, los principales productos de exportación brasileños vinculados con la deforestación amazónica han sido el grano de soya y la carne de vacuno.

En 2024, China adquirió el 72,8% de las exportaciones brasileñas de soya y el 59,3% de las de carne de vacuno²¹. En el caso de la soya, su destino principal es la producción de harina proteica utilizada mayoritariamente para la alimentación animal, en particular para sostener la expansión de la industria porcina y avícola china.

La ganadería extensiva ha representado entre el 65% y el 80% de la deforestación amazónica desde los años setenta, dado que requiere grandes superficies para el pastoreo, lo que implica la tala del bosque y su conversión en pasturas. Este patrón de expansión horizontal ha sido históricamente el principal motor estructural de la pérdida de la cobertura forestal.

Por su parte, la soya actúa como motor indirecto de la deforestación. Si bien no siempre sustituye bosque primario de manera directa y frecuentemente reemplaza áreas previamente degradadas o destinadas a pastoreo, su expansión desplaza la frontera ganadera hacia nuevas zonas boscosas.

Este fenómeno, conocido como «efecto desplazamiento», genera una dinámica en la que el avance agrícola presiona a los productores ganaderos para trasladarse hacia áreas más internas de la Amazonía en busca de tierras más baratas, contribuyendo así a la expansión del arco de deforestación.

La intensificación de la deforestación amazónica en el marco del comercio entre Brasil y China no puede atribuirse exclusivamente a decisiones adoptadas en el ámbito del BRICS; sin embargo, diversos análisis sostienen que los compromisos ambientales del bloque han sido insuficientes para contrarrestar las dinámicas extractivas de sus economías²².

Se ha señalado la existencia de una brecha entre los compromisos climáticos declarados y los resultados efectivos en materia de conservación, lo que sugiere la persistencia de un problema estructural en la gobernanza ambiental. En este sentido, la expansión del comercio de commodities agrícolas y ganaderos ha operado dentro de un marco internacional en el que los objetivos de crecimiento económico han prevalecido sobre mecanismos ambientales vinculantes.

Lejos de constituir un fenómeno aislado, la devastación amazónica vinculada a la expansión agroexportadora revela las tensiones inherentes entre desarrollo económico, la inserción internacional y la sostenibilidad ambiental en el siglo XXI.

Los actores sobre el terreno: garimpeiros, criminalidad y desplazamiento de los yanomamis

La catástrofe ecológica mencionada anteriormente constituye apenas una dimensión de un fenómeno más amplio vinculado a la deforestación amazónica. Uno de los efectos sociales más significativos derivados de este proceso ha sido la consolidación de los garimpeiros, un grupo social dedicado a la minería aurífera ilegal en vastas zonas del bosque tropical.

La actividad garimpeira tiene antecedentes históricos que se remontan a la década de los años cuarenta, cuando la extracción de oro en enclaves como «Pista do Cabeça», en el norte de Mato Grosso, ofreció a poblaciones marginadas una alternativa de subsistencia. Con el tiempo, estos grupos se reorganizaron en un contexto de tensiones con grandes hacendados, configurando lo que algunos analistas han interpretado como una lucha por la tierra²³.

La expansión contemporánea del garimpo se encuentra estrechamente vinculada a las transformaciones territoriales iniciadas en los años setenta. La construcción de carreteras en el marco del plan integrar para não entregar durante la dictadura militar facilitó el acceso a áreas previamente aisladas, catalizando flujos migratorios de personas en situación de pobreza que buscaban oportunidades económicas²⁴.

Hacia 1975, los garimpeiros establecidos en las riberas del río Tapajós, entre Pará y Mato Grosso, habían deforestado aproximadamente 1.540 hectáreas mediante técnicas rudimentarias. La posterior construcción de la BR-163 Cuiabá–Santarém permitió el transporte de maquinaria pesada, lo que intensificó la escala de explotación. Para 1993, más de 16.500 hectáreas²⁵ en el estado de Pará habían sido devastadas por la actividad garimpeira.

El papel del Estado no fue ajeno a este auge. Durante la dictadura militar, el Gobierno incentivó indirectamente la minería artesanal como mecanismo de absorción de tensiones sociales.

Testimonios como el del líder garimpeiro José Altino Machado señalan que el Ejército facilitó invasiones a tierras indígenas en la década de 1970, abriendo pistas de aterrizaje y estableciendo puestos de control²⁶.

Con el objetivo de regular la fiebre del oro, el régimen creó reservas garimpeiras, entre ellas la del Tapajós a comienzos de los años ochenta, para cuya implementación se construyó la Transgarimpeira. Este proceso institucionalizó parcialmente la actividad y atrajo a cientos de miles de personas, incrementando la población garimpeira de 140.000 a 240.000 individuos²⁷.

El principal daño letal asociado al garimpo no es únicamente la deforestación, sino la contaminación hídrica por mercurio. Este metal se emplea para amalgamar el oro y, al ser liberado en el medio ambiente, se transforma en compuestos que se biomagnifican en los peces²⁸, que constituyen la base alimentaria de numerosos pueblos indígenas amazónicos.

Entre los pueblos directamente afectados se encuentran los munduruku, aracaça, kayapó y, de manera particularmente grave, los yanomami. Algunos medios han calificado su precaria situación como un genocidio en curso²⁹. Los yanomami constituyen un grupo de aproximadamente 20.000 personas, distribuidas entre el estado venezolano de Amazonas y los estados brasileños de Amazonas y Roraima.

Se trata de un pueblo de larga continuidad histórica, cuya organización social se basa en la caza, la recolección y una cosmovisión ritual compleja que incluye prácticas funerarias como el canibalismo endogámico ritual³⁰, un elemento central en su concepción cultural de la muerte.

Desde el avance del garimpo, los yanomami han enfrentado violencia directa y graves impactos sanitarios. Según un estudio del Yale Global Health Review, el 84% de los individuos analizados presentaban niveles de contaminación de 2 µg/g o más, y el 10 % superaba los 6 µg/g, concentraciones asociadas a riesgos severos para la salud³¹.

Asimismo, los cráteres y pozas generados por la minería favorecen la proliferación de mosquitos vectores de malaria. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), quien fue investigado por presunto genocidio contra los yanomami debido a sus políticas en la Amazonía³², se registró un aumento del 300% en los casos de malaria en regiones afectadas. Aunque representan solo el 0,013% de la población brasileña, los yanomami concentraron el 9,3% de los casos nacionales.

La violencia física también ha sido persistente. El 23 de julio de 1993, garimpeiros liderados por Pedro Emiliano García asesinaron al menos a 16 yanomami³³ en la masacre de Haximu, crimen que derivó en la primera y única condena por genocidio dictada por la justicia brasileña.

Aunque este caso fue el más emblemático, los ataques continuaron durante el siglo XXI. En 2020, dos yanomami fueron asesinados en Roraima³⁴, y en la comunidad Xaruna, ubicada en la ribera del río Parima, otros dos fueron ejecutados y dos menores más de 15 y 16 años³⁵ fueron secuestradas.

Estos hechos evidencian que el garimpo no constituye únicamente una actividad extractiva ilegal, sino un fenómeno complejo que combina devastación ambiental, contaminación crónica y violencia estructural contra los pueblos indígenas.

El giro de 2023: políticas de protección y primeros resultados

El 20 de enero de 2023, apenas dos semanas después de asumir la presidencia, Luiz Inácio Lula da Silva visitó el estado de Roraima y decretó la emergencia en salud pública en la Tierra Indígena Yanomami mediante el Decreto n.º 11.384/2023³⁶, reconociendo oficialmente la crisis humanitaria que amenazaba la vida de las poblaciones indígenas de la Amazonía brasileña.

Un año más tarde, en febrero de 2024, el gobierno federal creó la Casa de Gobierno Yanomami en Boa Vista, integrando más de veinte órganos federales vinculados a seguridad pública, fiscalización ambiental y asistencia social. Esta iniciativa representó un cambio cualitativo en la gestión de la crisis, al centralizar la coordinación institucional. En palabras del propio presidente: «Vamos a tratar la cuestión de los yanomami como una cuestión de Estado»³⁷.

A estas medidas se sumaron políticas de desintrusión, consistentes en la expulsión sistemática de mineros ilegales que ocupaban el territorio. Entre marzo de 2024 y enero de 2026 se realizaron numerosas operaciones de seguridad, que generaron pérdidas estimadas en R$ 644 millones³⁸ para las redes criminales asociadas al garimpo.

La recuperación del acceso a los servicios de salud en el territorio yanomami ha mostrado avances significativos. La detección de casos de malaria aumentó en 24,5%, reflejando una mayor capacidad de diagnóstico, mientras que las hospitalizaciones se redujeron en 19% y las muertes por malaria descendieron entre los períodos 2021-2022 y 2023-2024³⁹.

Paralelamente, el Gobierno retomó la política de demarcación de las naciones indígenas, homologando seis tierras indígenas⁴⁰ en distintos estados brasileños.

El giro político iniciado en 2023 no se limitó a la dimensión indígena, sino que implicó una reestructuración más amplia de la política ambiental brasileña. Los resultados iniciales fueron significativos: la deforestación en la Amazonía se redujo en 50%, 19% y 8,7% durante los años 2023, 2024 y 2025 respectivamente⁴¹.

Este desempeño respondió a una estrategia que articuló 19 ministerios en la reactivada Comisión Interministerial de Prevención y Control del Desmatamiento⁴², fortaleciendo las acciones de fiscalización y control de actividades económicas en la región.

No obstante, los desafíos estructurales persisten. En 2024, los incendios forestales afectaron a 17,9 millones de hectáreas, equivalentes al 58% del total nacional, liberando 791 millones de toneladas de CO₂ únicamente por eventos de fuego⁴³.

Aunque el fenómeno de El Niño contribuyó a generar condiciones de sequía extrema, las fuentes de ignición estuvieron asociadas predominantemente a actividades humanas: expansión agropecuaria, quema para renovación de pastizales, presencia de garimpeiros y degradación acumulada tras décadas de ocupación territorial desordenada.

Estos elementos evidencian que, pese a los avances recientes, la vulnerabilidad estructural de la Amazonía continúa siendo un desafío de carácter sistémico.

Tres capas, una selva: la arquitectura geopolítica del extractivismo

La devastación de la Amazonía brasileña no puede interpretarse como un proceso espontáneo ni exclusivamente económico. Se trata, ante todo, de un fenómeno geopolítico configurado por la superposición de tres lógicas históricas que, aunque emergieron en momentos distintos, han generado efectos acumulativos que se refuerzan mutuamente hasta el presente.

La primera capa corresponde a la doctrina de seguridad nacional implementada durante la dictadura militar (1964-1985). Bajo el lema integrar para não entregar, el régimen concibió la Amazonía como un espacio demográficamente vacío y estratégicamente vulnerable, susceptible tanto a la insurgencia interna como a la injerencia extranjera.

La construcción de infraestructuras como la Transamazónica y la BR-163, la creación de la SUDAM y los incentivos fiscales orientados a la ganadería extensiva no constituyeron políticas de desarrollo neutrales, sino unos instrumentos de ocupación territorial y de proyección de soberanía mediante la explotación económica.

Este modelo sentó las bases estructurales del extractivismo contemporáneo y consolidó un patrón de deforestación que eliminó aproximadamente el 10% del bosque en pocas décadas.

La segunda capa adquirió centralidad en el siglo XXI con la consolidación de China como principal socio comercial de Brasil a partir de 2009.

A diferencia de la etapa anterior, esta dinámica no operó mediante ocupación territorial directa, sino a través de una demanda sostenida de commodities, particularmente soya y carne vacuna —de las cuales el 72,8% y el 59,3%, respectivamente, se destinan al mercado chino—.

Este flujo comercial actuó como un motor externo que incentivó la expansión horizontal de la frontera agropecuaria. La soya desplazó a la ganadería hacia nuevas áreas; la ganadería implicó deforestación; y el proceso se reprodujo bajo la lógica de un mercado global donde los compromisos ambientales multilaterales, incluidos los del BRICS, han mostrado limitaciones en su implementación efectiva.

Sobre estas dos capas estructurales se superpuso una tercera dinámica: la expansión del garimpo ilegal.

La minería aurífera clandestina no constituye un fenómeno aislado, sino la convergencia de la infraestructura heredada del período militar, la inserción global basada en recursos primarios y la persistente debilidad estatal en vastas áreas amazónicas.

El garimpo no solo implica deforestación, sino también contaminación por mercurio, violencia territorial y desplazamiento forzado de pueblos indígenas, como ha ocurrido en la tierra indígena yanomami, escenario de una crisis humanitaria que ha sido calificada por algunos actores como genocidio. El dilema estructural radica en que Brasil aspira a consolidarse como potencia agroambiental sin haber resuelto la tensión fundamental entre crecimiento basado en exportaciones primarias y conservación forestal.

El giro político iniciado en 2023 demostró que la acción estatal puede alterar tendencias: la deforestación se redujo en 50%, 19% y 8,7% en tres años consecutivos, y las operaciones de desintrusión en territorio yanomami produjeron resultados concretos. Sin embargo, los incendios de 2024 afectaron a 17,9 millones de hectáreas, y los impactos acumulativos de la contaminación por mercurio persistirán durante generaciones.

En definitiva, la Amazonía no está siendo transformada por un único actor ni por una sola racionalidad. Es el resultado de la superposición de una lógica de seguridad territorial, una lógica de inserción económica global y una lógica criminal que ocupa los espacios donde la gobernanza es insuficiente. El desafío para Brasil no consiste únicamente en reducir la deforestación anual, sino en redefinir estructuralmente su modelo de desarrollo, su inserción internacional y la capacidad del Estado para ejercer soberanía ambiental efectiva sobre su territorio amazónico.

Las ideas contenidas en estos artículos son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente el pensamiento del CESEDEN o del Ministerio de Defensa.