IEEE. Colombia 2026: el zarpazo del «Tigre». De la paz total a la seguridad total

Introducción

Colombia ha vivido en la última década una sucesión de ciclos políticos que han puesto a prueba tanto la estabilidad de sus instituciones como la capacidad de adaptación de su modelo de desarrollo. Si durante buena parte del siglo XX y las dos primeras décadas del XXI el país se caracterizó por una notable continuidad de élites tradicionales y por una democracia sin alternancia real en la Presidencia, la llegada de Gustavo Petro en 2022 supuso la primera ruptura histórica de esa dinámica. Por primera vez, un candidato que se definía abiertamente de izquierdas, con un pasado en la guerrilla del M-19, exalcalde de Bogotá y senador durante años, llegaba al Palacio de Nariño después de dos intentos fallidos¹.

Aquella victoria no puede entenderse sin el contexto acumulado de los años anteriores. El país venía de un estallido social en 2019 y 2021, de una pandemia que había dejado las arcas públicas en números rojos y de un profundo desencanto con la clase política tradicional². El Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las antiguas FARC-EP había polarizado a la sociedad entre defensores y detractores y su implementación había avanzado de forma muy desigual durante la Administración del presidente Iván Duque. A ello se sumaba una desigualdad persistente —Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo— y una violencia que, aunque había mutado, no había desaparecido del territorio.

Petro capitalizó ese deseo de cambio profundo. Su programa no era solo un programa de paz, era una propuesta de transformación del modelo de desarrollo de la República. Planteaba una reforma tributaria para disminuir el déficit fiscal y corregir la inequidad, una reforma de los sistemas de pensiones y salud, una transición ecológica con el abandono progresivo de la dependencia del petróleo y una apuesta por la energía limpia. En lo internacional, proponía retomar las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela y redefinir la relación con Estados Unidos en clave de cooperación ambiental y de drogas.

El proyecto contaba con una base parlamentaria amplia en su origen, pero desde el inicio se advirtió que su principal tarea sería mantener la unidad de una coalición heterogénea y retener el respaldo de fuerzas tradicionales que comenzaban a apoyarle. La heterogeneidad del Pacto Histórico, donde convivían liberalismo y conservadurismo pero se paraban en orillas distintas cuando llegaban los temas espinosos, obligaba a un ejercicio permanente de equilibrio político³.

En materia de seguridad, la apuesta más ambiciosa fue la denominada «paz total». Entendida como la voluntad de negociar de forma simultánea con todos los grupos armados ilegales, desde el ELN hasta las disidencias de las FARC y las estructuras de crimen organizado herederas del paramilitarismo, implicaba una arquitectura institucional compleja que requería la participación de varios ministerios y la voluntariedad de los actores armados para involucrarse. Para ello se levantaron órdenes de captura y se restituyeron protocolos de negociación que habían sido suspendidos años atrás. El contexto sobre el terreno, sin embargo, era de una gran fragmentación. Los informes de centros de investigación documentaban la presencia de decenas de grupos armados activos en cientos de municipios del país, con economías ilícitas vinculadas a la coca y a la minería ilegal como motor principal⁴.

Esa fragmentación se explicaba en parte por una brecha de gobernanza histórica. En muchas regiones, las instituciones estatales formales han estado ausentes durante décadas y han sido sustituidas por otros actores que brindan autoridad y resuelven conflictos, generando lo que la literatura ha definido como un orden político híbrido. Es un fenómeno especialmente visible en el Pacífico, en el Cauca o en el Catatumbo, donde los cultivos de uso ilícito desplazan a los tradicionales y ponen en riesgo la economía de subsistencia, y donde los acuerdos de sustitución no siempre han ido acompañados de la inversión prometida⁵.

A pesar de un tono inicial conciliador y de la voluntad de gobernar para todos sin defraudar a aquellos que le votaron, el Gobierno se encontró con unas expectativas que obviamente sobrepasaban lo que un Ejecutivo puede hacer en cuatro años. La combinación de factores políticos, económicos y sociales limitó el alcance de sus ambiciones y lo obligó a comprometerse o a reducir significativamente sus objetivos en un territorio inexplorado. Las victorias tempranas en los primeros meses de mandato se consideraban fundamentales para marcar un derrotero y oxigenar el gobierno durante cuatro años que se preveían extremadamente complicados.

Es sobre ese balance, entre una alternancia histórica cargada de expectativas y las dificultades estructurales para materializarla, sobre el que emerge la nueva alternativa que representa el nuevo presidente Abelardo de la Espriella. Su irrupción no puede leerse simplemente como una reacción conservadora, sino como la canalización de un cansancio transversal que afecta tanto a lo político como a lo económico y a lo cotidiano. Frente a un relato que había puesto el acento en la firma de acuerdos y en la arquitectura institucional de la paz, De la Espriella construye un relato centrado en la presencia efectiva del Estado y en la recuperación de la autoridad como condición previa para cualquier transformación.

Penalista de alto perfil, ajeno a las maquinarias partidistas tradicionales y con una proyección mediática de largo aliento, logra articular lo que hasta ahora caminaba por separado: el descontento de las grandes capitales donde la inseguridad cotidiana se volvió prioridad electoral, la movilización de un electorado vinculado a la fuerza pública que se sintió desplazado del debate público, y el apoyo de sectores sociales, especialmente iglesias cristianas, que encontraron en su discurso de orden y familia un espacio de representación. A ello se suma una narrativa de ruptura con «los de siempre» que conecta con un votante joven no partidista, más habituado a la lógica de influenciadores y simbología patriótica que a la militancia clásica. No es, por tanto, solo el retorno del uribismo con otro rostro, es una nueva derecha outsider que capitaliza el deseo de autoridad sin necesidad de reivindicar siglas⁶.

En ese contexto, Colombia no ha votado solo un cambio de presidente; ha votado el agotamiento de un modelo de cambio y la búsqueda de un nuevo equilibrio entre paz, seguridad, gobernabilidad y desarrollo, tránsito que este análisis aborda bajo la fórmula de la «paz total» a la «seguridad total».

La crisis del relato: el vacío de poder que alimentó al «Tigre»

El ciclo abierto en 2022 entra en 2026 en fase de agotamiento. La arquitectura de la Paz Total, concebida como negociación simultánea con todos los actores armados, evidenció una desconexión creciente entre el marco normativo y el control efectivo del territorio. Esto se tradujo en una expansión y reconfiguración de estructuras delictivas, así como en un deterioro de la seguridad urbana que las mediciones de final de año ya situaban como la principal preocupación ciudadana, por encima de la economía⁷.

Ese agotamiento no es solo de resultados, es de relato. La parálisis de reformas estructurales como la de la salud, la fragmentación de la coalición de gobierno y una creciente percepción de falta de ejecución desplazaron el eje del debate público desde la agenda de transformación social hacia la exigencia de autoridad efectiva. Es un desplazamiento que la derecha tradicional, fragmentada entre candidaturas sin capacidad de agregación y sin traducción territorial clara, no terminó de ocupar.

Conviene señalar, sin embargo, que no se trata de un vacío de poder en sentido estricto. En amplias zonas del país continuaban operando estructuras armadas y criminales con capacidad para ejercer gobernanza local, regular actividades económicas ilícitas y condicionar la vida cotidiana de las comunidades. El problema radicaba en la insuficiente capacidad del Estado para ejercer de forma efectiva y sostenida sus funciones de autoridad, seguridad y provisión de servicios públicos. Más que un vacío de poder, es una creciente sustitución de la autoridad estatal por órdenes híbridos y estructuras de control paralelas.

En ese vacío se formaliza a comienzos de 2026 la candidatura de Abelardo de la Espriella, abogado penalista que concurre por firmas bajo el movimiento Defensores de la Patria, al margen de los partidos establecidos⁸. Es precisamente en este punto donde su identidad pública se consolida bajo el alias de «el Tigre», un sobrenombre heredado de su trayectoria en los tribunales como litigante implacable y feroz. Lejos de matizar la agresividad asociada al felino, De la Espriella abrazó el apodo cinematográfico y zoológico en su salto a la política, utilizándolo como un potente activo de mercadotecnia para presentarse como el único líder con la fuerza y la determinación necesarias para asestar un «zarpazo» definitivo a la criminalidad y al desorden institucional.

La formalización de su candidatura no fue un acto administrativo más. La elección de Cali —epicentro del estallido social de 2021— para su inscripción, en lugar de Popayán, como previsto inicialmente, buscó anclar simbólicamente su irrupción precisamente allí donde la brecha entre institucionalidad formal y control real se hacía más visible, y donde la demanda de orden se vivía con mayor intensidad.

A partir de ese momento, la candidatura experimentó una transformación rápida. Lo que hasta febrero era una presencia mediática con notoriedad jurídica se convirtió en una estructura de campaña con capacidad de movilización territorial, articulada en torno a tres apoyos que hasta entonces habían permanecido dispersos: redes de militares retirados y de la reserva activa, iglesias evangélicas con implantación en el suroccidente y entramados empresariales regionales que veían en su discurso de defensa de la propiedad y de contracción del aparato estatal una respuesta directa a la inseguridad jurídica. Esa agregación explica que, en apenas tres meses, pasara de ser percibido como un outsider testimonial a aparecer en las mediciones como un contendiente con opciones reales de disputar la segunda vuelta.

Su discurso consolidó esa agregación al cuestionar de raíz el modelo de justicia negociada y reivindicar la recuperación de la capacidad coercitiva del Estado como condición previa para cualquier otra política pública. Al mismo tiempo, en lo exterior, su alineamiento con liderazgos que han hecho de la contracción del aparato estatal y la reafirmación de la soberanía su seña de identidad, como Javier Milei, y su defensa del restablecimiento de relaciones con Israel tras la ruptura del Gobierno Petro lo situaron fuera del consenso atlantista tradicional y lo insertaron en una red de nuevas derechas regionales que observa el proceso colombiano con atención creciente⁹.

La primera vuelta del 31 de mayo confirmó la recomposición del espacio político de la derecha en torno a la figura de Abelardo de la Espriella, que logró imponerse a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y heredero del capital político de Gustavo Petro, y construir una ventaja inicial que resultaría decisiva para el desenlace electoral. La segunda vuelta, celebrada el 21 de junio, se resolvió por un margen inferior al 1 % de los votos, convirtiéndose en una de las contiendas presidenciales más ajustadas de la historia reciente colombiana¹⁰. Aunque la candidatura de Cepeda cuestionó inicialmente diversos aspectos del escrutinio, la coincidencia prácticamente absoluta entre el preconteo y el resultado definitivo terminó consolidando la legitimidad formal de la elección y facilitó el reconocimiento público de la victoria por parte de la oposición.

La relevancia de estos resultados trasciende la mera dimensión estadística. De la Espriella no solo consiguió reunificar a un electorado conservador tradicionalmente fragmentado, sino también ampliar su base de apoyo hacia sectores urbanos de clase media para los que la inseguridad, el deterioro del orden público y la percepción de ineficacia estatal se habían convertido en preocupaciones prioritarias. Cepeda, por su parte, demostró una notable capacidad de movilización durante la segunda vuelta, reflejo de una sociedad profundamente polarizada y dividida en dos bloques de tamaño similar. La diáspora reprodujo igualmente esta fractura política: mientras De la Espriella dominó el voto en América, Cepeda obtuvo mejores resultados en Europa, con España dividida por una diferencia mínima¹¹. El resultado final no otorgó un mandato amplio a ninguna de las dos visiones en disputa, sino que confirmó la existencia de un país prácticamente partido en dos mitades, circunstancia que condicionaría desde el primer día la gobernabilidad del nuevo presidente.

Con ese mandato atenuado, la toma de posesión el 7 de agosto en el impresionante escenario de la Arena USC de Santiago de Cali —la primera fuera de Bogotá en la historia republicana— culminó la narrativa territorial iniciada con la inscripción. No fue una elección neutra. Trasladar la posesión desde la tradicional Plaza de Bolívar a Cali buscó dotar de anclaje territorial a una victoria ajustada y enviar un mensaje político explícito: el nuevo eje de legitimidad no está en el centro administrativo del país, sino allí donde la demanda de orden se vive con mayor intensidad. Queda abierta, sin embargo, la cuestión de fondo que marcó el inicio de su mandato: qué puede hacer y qué está haciendo ya un presidente que llega con esa ventaja mínima, sin mayoría legislativa automática y con un país dividido en dos mitades prácticamente iguales.

El gobierno del límite

A poco más de un mes y medio de haber asumido la jefatura del Estado, la Administración de Abelardo de la Espriella se encuentra confinada en una compleja matriz de fricción estructural, donde la audaz retórica antiestablishment que propulsó su ascenso político colisiona de manera sistemática con los contrapesos tradicionales del orden constitucional colombiano. Para comprender la magnitud de este choque, es necesario recordar que su victoria se consolidó por un margen sumamente exiguo frente a Iván Cepeda; esto no es un simple dato estadístico, sino el talón de Aquiles que condiciona todo su estilo de mando.

El nuevo presidente, carente de una bancada mayoritaria propia en el Congreso y distanciado de las maquinarias tradicionales, se ve impelido a oscilar de forma pendular entre el pragmatismo institucional que le exigen sus ministros de perfil técnico —encargados de dar certidumbre a los mercados— y la pulsión maximalista de vaciar los contrapesos institucionales mediante el uso intensivo de decretos de excepción¹².

Este dilema de gobernabilidad se vio bruscamente precipitado apenas tres días después de su posesión, cuando un violento terremoto de magnitud 7,4 sacudió el 10 de agosto dieciséis departamentos del país. Lejos de ser un mero contratiempo administrativo, esta catástrofe humanitaria y de infraestructura obligó al Ejecutivo a declarar de inmediato un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, lo que dotó a la Casa de Nariño de facultades legislativas extraordinarias que rápidamente abrieron una ventana de oportunidad para acelerar algunas de sus iniciativas¹³.

A nivel financiero, el plan gubernamental conocido como «Colombia, Patria Milagro» no tardó en revelarse como un ambicioso programa de reducción del sector público y desregulación económica. Este proyecto ideológico contempla una contracción drástica de la estructura del Estado que aspira a reducir los ministerios de diecinueve a diez, suprimir miles de cargos burocráticos para erradicar la denominada nómina paralela y aplicar medidas de alivio tributario de alto eco popular, como la eliminación del gravamen a las transacciones financieras del 4x1000¹⁴. Sin embargo, la forma en que el Ejecutivo introdujo estos postulados dentro de los once decretos de emergencia promulgados a raíz del terremoto de agosto desató una profunda controversia jurídica. Al camuflar reformas de corte minero-energético —incluyendo guiños normativos para revivir prácticas como el fracking— bajo el ropaje de la reconstrucción por la catástrofe natural, el Gobierno evidenció su incapacidad para tramitar estas impopulares iniciativas por la vía ordinaria del Congreso¹⁵. Esta estrategia de gobernar a través de la excepcionalidad busca sortear el bloqueo parlamentario, pero, a cambio, siembra una intensa incertidumbre institucional que pone en alerta a los inversionistas internacionales y a las agencias de calificación, los cuales exigen rigor fiscal en medio de un clima permanente de protesta social impulsada por los gremios agrarios y sindicales.

Paralelamente, en el dominio de la seguridad interior y la política exterior, el mandato del nuevo presidente ha impulsado un giro copernicano respecto a la diplomacia de contención del Gobierno saliente, adoptando la fórmula doctrinal de la «autoridad democrática», es decir, que el Estado legítimamente elegido haga cumplir la ley y preserve el orden constitucional con firmeza dentro del marco democrático. Desde esta perspectiva, la autoridad democrática se presenta no como una excepción al orden constitucional, sino como una condición previa para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, la seguridad ciudadana y la vigencia del Estado de derecho. Este realineamiento estratégico encontró su clímax a comienzos de este mes con la visita oficial del alto funcionario estadounidense Marco Rubio a Bogotá, instancia donde se suscribieron formalmente los denominados «Acuerdos de Barranquilla». Este pacto bilateral no se limita a una simple alianza antidrogas, sino que subordina la seguridad nacional a la arquitectura regional del «Escudo de las Américas», condicionando la cooperación tecnológica y financiera de Washington a un retorno drástico de las políticas de erradicación forzada¹⁶. Como demostración de cumplimiento operativo ante sus aliados norteamericanos y su base electoral de mano dura, el Ejecutivo apresuró la firma de setenta extradiciones exprés durante sus primeras semanas en el poder. No obstante, esta ofensiva punitiva sufrió un repentino revés institucional a mediados de septiembre, cuando un tribunal de la República emitió una medida cautelar ordenando al Gobierno el cese y retiro inmediato de sus vídeos de propaganda castrense en redes sociales, los cuales mostraban imágenes explícitas de combatientes abatidos y cadáveres¹⁷. Este choque con la rama judicial ilustra con precisión el límite infranqueable del modelo del presidente: un estilo de poder concebido bajo la lógica del combate punitivo y la polarización afectiva choca frontalmente con los contrapesos formales de un Estado de derecho que se resiste a subordinar las garantías procesales a la moral de cruzada del «Tigre».

Vectores de polarización comunitaria: de los corredores rurales a la intermediación comunicativa

La transición desde la confrontación puramente electoral hacia la administración del Estado ha trasladado el eje del conflicto político en Colombia desde las urnas hacia el tejido comunitario, abriendo un complejo capítulo de disputa en las bases de la sociedad. La parálisis en el procesamiento procedimental de las reformas dentro del Capitolio y el bloqueo judicial a los decretos de excepción dictados por el Palacio de Nariño no constituyen dinámicas aisladas; se reflejan, de manera inmediata, en una profunda fractura en el tejido social del país que agudiza la polarización afectiva de la ciudadanía¹⁸. En este primer mes y medio de gestión, el viraje doctrinal desde la antigua «paz total» hacia el enfoque punitivo de la «seguridad total» ha dejado al país atrapado entre dos visiones de sociedad mutuamente excluyentes, cuya fricción cotidiana desborda con creces los canales formales de la representación política. Esta división no se limita a una simple discrepancia ideológica; se manifiesta en una marcada segmentación geográfica donde las demandas de orden coercitivo de las grandes capitales urbanas colisionan frontalmente con la realidad de las comunidades de la periferia rural, las cuales experimentan una reconfiguración violenta del control del territorio debido a la suspensión de los ceses al fuego bilaterales con los grupos armados ilegales. Los informes técnicos sobre dinámicas rurales revelan que el repliegue de los programas estatales de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la reactivación de los operativos militares en zonas vulnerables como el litoral Pacífico y el Catatumbo han exacerbado el descontento de los sectores campesinos y étnicos, quienes resienten el retorno de la erradicación forzada en ausencia de las inversiones sociales e infraestructuras prometidas en los acuerdos de transición del pasado¹⁹. Para las poblaciones de estas áreas marginadas, la paz no era un concepto abstracto debatido en los despachos de Bogotá, sino un entramado de garantías comunitarias básicas y proyectos productivos locales que buscaban sustituir la economía de la cocaína por cultivos lícitos de subsistencia. Al cancelarse los diálogos regionales y priorizarse la presencia puramente militar del Estado, estas comunidades se han visto atrapadas en un fuego cruzado entre las ofensivas del Ejército y el reacomodo violento de las estructuras del narcotráfico que buscan salvaguardar sus rutas de exportación. Esta presión ha provocado un fenómeno de desplazamiento forzado y confinamiento en caseríos rurales que desmiente las promesas de pacificación urbana celebradas por las clases medias de las capitales, ensanchando una brecha histórica de desconfianza mutua entre la Colombia urbana e institucional y la Colombia rural y periférica que históricamente ha padecido el rigor de la guerra.

El aspecto más alarmante de esta degradación del orden público en la periferia rural es el impacto directo sobre el censo de víctimas del conflicto, en particular bajo la preocupante modalidad de la desaparición forzada en zonas con altos índices de violencia armada. La parálisis de los mecanismos de interlocución y la ruptura de los canales humanitarios con los grupos armados que ejercían hegemonía local han provocado un repunte en las denuncias sobre paradero desconocido de líderes sociales, reclamantes de tierras y jóvenes de las zonas veredales²⁰. A diferencia del ciclo de negociación anterior, donde la existencia de mesas de diálogo permitía activar comisiones de búsqueda conjunta y corredores humanitarios en el Catatumbo o el Pacífico, la instauración de la «seguridad total» ha clausurado estos canales mínimos de mediación. Esta situación ha dejado a los colectivos de familiares de víctimas en una total intemperie institucional, obligados a denunciar el incremento del confinamiento forzado sin el amparo de la antigua arquitectura institucional de la paz. Los registros locales de organizaciones no gubernamentales alertan que la transición hacia una doctrina estrictamente punitiva ha invisibilizado las dinámicas criminales de desaparición en áreas controladas por disidencias y estructuras del narcotráfico, las cuales recurren a ocultar sistemáticamente los cuerpos para evitar que las estadísticas oficiales contradigan el relato de pacificación y control territorial del Gobierno central²¹.

Paralelamente, la confrontación civil se ha visto intensificada por la apertura de un frente de guerra cultural auspiciado desde el propio discurso gubernamental, interpretado por amplios sectores de la oposición como un intento de cohesionar a la base electoral conservadora más radical a través de principios identitarios basados en la familia tradicional y el orden civil. Desde la izquierda, consideran que los pronunciamientos del Ejecutivo en plataformas digitales y redes sociales, que insisten en el desmantelamiento de las políticas de inclusión del cuatrienio anterior y el rechazo frontal a las agendas de diversidad de género, han encendido las alarmas de las organizaciones de derechos humanos y los colectivos civiles, quienes perciben esta retórica antiestablishment como una amenaza directa a las libertades individuales consolidadas. Al etiquetar a los defensores de los derechos de las minorías y a los sectores progresistas como portadores de agendas contrarias al sentido común de la patria, la Casa de Nariño ha clausurado los espacios tradicionales de concertación social, sustituyendo el debate técnico por una retórica de confrontación moral y existencial. Esta estrategia busca polarizar los entornos digitales y mantener movilizado al voto evangélico y conservador que resultó decisivo en la segunda vuelta, pero su costo social se mide en un aumento de la estigmatización y la intolerancia en el debate público cotidiano²².

Este ecosistema de polarización digital introduce de forma orgánica el análisis sobre el comportamiento de la opinión pública y el severo asedio a la libertad de prensa bajo la nueva Administración. Abelardo de la Espriella ha trasladado la agresividad de sus estrados judiciales a una gestión hiperpersonalista de las redes sociales oficiales, utilizándolas como el canal primario de comunicación gubernamental para eludir la mediación de los medios de comunicación tradicionales. Esta estrategia comunicativa podría buscar consolidar una relación directa con su audiencia mediante un lenguaje inflamatorio que divide el espectro público entre «patriotas» y «villanos», exponiendo un historial de abierta animosidad hacia el periodismo independiente. Las plataformas de la Casa de Nariño no operan meramente como difusores de información técnica, sino como herramientas de linchamiento digital y estigmatización contra los reporteros y columnistas que fiscalizan el patrimonio privado del presidente, sus antiguos clientes o los reveses de la política de seguridad²³. Al instrumentalizar las redes oficiales para descalificar las críticas de la prensa tildándolas de falsedades malintencionadas de la izquierda radical, el Ejecutivo propicia un entorno hostil que debilita las garantías para el ejercicio periodístico en Colombia. Este patrón de hostigamiento institucional en los entornos virtuales agudiza la intolerancia civil y prepara el terreno para batallas legales en el Consejo de Estado, configurando un preocupante deterioro de las libertades democráticas y del derecho a la información en el marco de la «seguridad total». Este choque de valores ha provocado que la oposición progresista, liderada de forma enérgica por Iván Cepeda en el Senado, logre reactivar de manera expedita sus vasos comunicantes con los movimientos estudiantiles, los sindicatos y las centrales obreras, trasladando de inmediato el debate desde los despachos legislativos hacia las calles mediante convocatorias a jornadas de movilización social sostenida. Las protestas en las principales plazas del país no operan únicamente como una reacción contra el programa de desregulación libertaria de la Casa de Nariño; constituyen también un mecanismo de presión popular diseñado para cercar la gobernabilidad del mandatario y debilitar su capacidad operativa ante las bancadas tradicionales del Congreso²⁴. La movilización de estos sectores sociales pretende demostrarle a los mercados financieros internacionales y a los inversionistas que el programa de gobierno carece de la paz social indispensable para su ejecución a largo plazo, transformando cada manifestación pública en un veto ciudadano contra las reformas de privatización y apertura de mercados. El balance social de estas semanas perfila, de este modo, una nación fracturada en dos mitades prácticamente idénticas que compiten por el control del relato público, demostrando que la viabilidad del mandato del «Tigre» se dirimirá en la resistencia combinada de las calles, la burocracia judicial y la capacidad de las comunidades organizadas para contener el giro punitivo del Estado.

Conclusión

El triunfo de Abelardo de la Espriella constituye mucho más que una alternancia política. Representa la expresión electoral de una demanda creciente de autoridad, control territorial y eficacia estatal en una sociedad donde amplios sectores perciben que las instituciones han sido incapaces de garantizar seguridad, reducir la criminalidad y hacer efectiva la presencia del Estado en buena parte del territorio nacional. En este sentido, la victoria del denominado «Tigre» debe interpretarse como la consecuencia de una crisis de confianza en la capacidad transformadora del ciclo político anterior y como la búsqueda de una nueva fórmula de gobernabilidad basada en la recuperación del principio de autoridad.

Sin embargo, los primeros compases del nuevo mandato en este mes y medio de gestión demuestran con claridad que la legitimidad obtenida en las urnas no se traduce de forma automática en una capacidad real y expedita de ejecución. La estrechez del veredicto electoral, la ausencia de una plataforma legislativa cohesionada y mayoritaria en el Capitolio, la resiliencia de la maquinaria antipopulista encarnada por las Altas Cortes y el Banco Central, y la activa movilización de los sectores sociales opositores limitan severamente el margen de maniobra de la Casa de Nariño. La experiencia de estas semanas iniciales evidencia que Colombia cuenta con una arquitectura institucional lo suficientemente robusta como para frustrar las salidas de corte plebiscitario o hiperpresidencialista, obligando de manera inevitable al Poder Ejecutivo a negociar sus reformas dentro de un denso sistema de frenos y contrapesos constitucionales.

Desde la perspectiva de la seguridad, el tránsito desde la «paz total» hacia la «seguridad total» supone un cambio doctrinal de gran relevancia. El nuevo enfoque prioriza la coerción estatal frente a la negociación como herramienta principal para enfrentar la violencia organizada. No obstante, el análisis realizado permite concluir que la recuperación del control territorial difícilmente podrá alcanzarse únicamente mediante instrumentos policiales y militares. La persistencia de economías ilícitas, las carencias estructurales de numerosas regiones periféricas y la debilidad histórica de la presencia estatal continúan constituyendo factores de inestabilidad que ninguna estrategia exclusivamente punitiva parece capaz de resolver por sí sola.

Paralelamente, el principal desafío para la gobernabilidad colombiana durante los próximos años podría no encontrarse en los grupos armados ilegales, sino en el progresivo deterioro de la cohesión social. La polarización política, cultural y territorial observada durante la campaña electoral se ha trasladado al ejercicio del poder, generando dinámicas de confrontación que afectan al debate público, a la relación entre instituciones y a la convivencia entre sectores sociales cada vez más distanciados. Esta fractura amenaza con convertir cualquier iniciativa gubernamental en un nuevo elemento de conflicto y bloqueo político.

En consecuencia, el futuro inmediato de Colombia dependerá menos de la capacidad del Gobierno para imponer su agenda que de su habilidad para construir consensos mínimos que permitan compatibilizar seguridad, legalidad y estabilidad democrática. El verdadero éxito o fracaso de la «autoridad democrática» no se medirá únicamente por el número de operaciones de seguridad, extradiciones o reformas aprobadas, sino por su capacidad para reforzar la legitimidad del Estado sin erosionar los equilibrios institucionales y las libertades que constituyen el fundamento del sistema democrático colombiano.

Más que el inicio de una etapa de estabilidad, la llegada de Abelardo de la Espriella parece marcar la apertura de un nuevo ciclo de disputa sobre la naturaleza del Estado, el alcance de la autoridad pública y el equilibrio entre orden y democracia. El resultado de esa disputa determinará no solo la viabilidad de su proyecto político, sino también la dirección que adopte Colombia durante los próximos años.

Las ideas contenidas en estos artículos son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente el pensamiento del CESEDEN o del Ministerio de Defensa.