México 2024 con Sheinbaum: la inseguridad o el rayo que no cesa

Introducción

La inseguridad en México sigue siendo una herida abierta y la principal preocupación para sus ciudadanos. Una encuesta reciente (2024) del mexicano Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestra que el 60,7% de los adultos considera la seguridad como el problema más grave del país¹. Aunque popular, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) deja un panorama desolador: 171.085 asesinatos registrados en los primeros cinco años de su mandato, una cifra récord que supera a cualquier Administración previa. Este dato se traduce en 74 personas asesinadas o desaparecidas diariamente, ilustrando la magnitud del desafío que ahora recae sobre la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum.

A pesar de destinar recursos sustanciales, como un presupuesto anual de defensa cercano a $10.000 millones de dólares y más de 200.000 efectivos militares desplegados en funciones de seguridad pública, México no ha logrado contener una crisis que sigue desbordándose. La violencia no solo pone en jaque la soberanía nacional y debilita las instituciones democráticas, sino que también socava las perspectivas económicas del país. Esta situación ahuyenta la inversión extranjera directa y frena oportunidades como el nearshoring², limitando su capacidad para aprovechar ventajas competitivas clave.

En un contexto latinoamericano donde los resultados visibles son altamente valorados, la estrategia de mano dura siempre ha sido la preferida. Las operaciones militares, la captura de los capos del crimen organizado y propuestas extremas como «bombardear a los cárteles» generan rápidas victorias mediáticas y aumentan las perspectivas de éxito electoral. Por esta razón, desde Felipe Calderón, todos los gobiernos han implantado tácticas militarizadas contra el crimen organizado, sin importar su orientación política. Incluso Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien asumió el cargo con el curioso lema «abrazos, no balazos», rápidamente militarizó la política de seguridad, ampliando el rol de las fuerzas armadas en proyectos de infraestructura, turismo y control aduanero.

Cada semana, nuevos brotes de violencia cada vez más estremecedora (Guanajuato, Sinaloa…), exigen el despliegue de tropas. Estas respuestas logran contener temporalmente la situación, pero difícilmente extinguen una crisis que se ha extendido a lo largo de los años y que parece ya consustancial con el país. Los tres últimos gobiernos, provenientes de partidos distintos, apostaron por la contención mediante despliegues militares, apoyados por acciones policiales focalizadas. Sin embargo, los resultados han sido, en el mejor de los casos, cuestionables. Un ejemplo claro lo observamos si analizamos la fallida ofensiva de Felipe Calderón (2006-2012) contra Los Zetas³.

Con la llegada del nuevo gobierno, se espera la continuidad de esta lógica de acción militar, pero con un giro hacia la integración de inteligencia y operaciones investigativas, marcando un enfoque de Estado. Este cambio ocurre mientras las Fuerzas Armadas se consolidan como el principal cuerpo de seguridad pública, tras una reforma constitucional que adscribió la Guardia Nacional al Ejército, una decisión que ha sido ampliamente criticada por sectores de la oposición y de grupos de defensa de los derechos humanos.

El presente documento analiza las estrategias de seguridad adoptadas por el gobierno saliente de AMLO, del gobernante partido MORENA (Movimiento de Renovación Nacional), y presenta las políticas anunciadas por Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta, también del mismo partido.

Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018: un modelo integral para la seguridad

Desde diciembre de 2018, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de México⁴ se postuló como una solución integral para enfrentar la violencia y el crimen organizado. Esta estrategia, inscrita en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024⁵, marcó un giro frente a enfoques anteriores al combinar medidas represivas con acciones dirigidas a atacar las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, el desempleo y la marginación.

Principios Fundamentales

La estrategia se estructuraba sobre ocho pilares diseñados para transformar el sector de la seguridad en México:

1. Erradicar la corrupción. La prioridad era limpiar las instituciones de seguridad mediante la depuración de cuerpos policiales y el fortalecimiento de un sistema judicial que actualmente solo resuelve el 1 % de los delitos. En este campo se ha querido enmarcar la reforma judicial de 2024⁶. Pretende teóricamente abordar este problema sistémico, pero que ha recibido amplias críticas por concentrar excesivo poder en el ejecutivo, sin abordar de fondo la impunidad de los crímenes ni la ineficiencia judicial⁷.
2. Garantizar empleo y bienestar. Iniciativas como Jóvenes Construyendo el Futuro⁸ y Sembrando Vida pretendían ofrecer opciones laborales y educativas para disminuir la vulnerabilidad de jóvenes ante el crimen organizado.
3. Respeto a los derechos humanos. Promover un cumplimiento estricto del marco legal, evitando abusos como los que se han cometido en Administraciones previas bajo el pretexto de combatir la inseguridad.
4. Regeneración ética. Impulsar un cambio en los valores sociales, fomentando la paz y la honestidad como principios rectores.
5. Reformulación del combate a las drogas. Abandonar la guerra frontal contra el narcotráfico, priorizando la prevención y el tratamiento de las adicciones como eje central.
6. Construcción de paz. Crear espacios seguros en comunidades afectadas por la violencia mediante el despliegue de programas sociales enfocados en el desarrollo comunitario.
7. Control de las prisiones. Reformar el sistema penitenciario para combatir la corrupción y mejorar las condiciones en los centros de reclusión.
8. Crear la Guardia Nacional. Este cuerpo de seguridad, creado como sustituto de la Policía Federal, se convirtió en el pilar central de la estrategia operativa para reforzar la seguridad pública. Abundaré a posteriori sobre este elemento.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018 reflejaba un esfuerzo ambicioso por reorientar la lucha contra la violencia hacia un enfoque más equilibrado, que integrara soluciones inmediatas con cambios estructurales a largo plazo. Sin embargo, los retos en su implementación demuestran que transformar un sistema profundamente afectado por la corrupción y la impunidad requiere algo más que buenos objetivos.

Los programas sociales como pilar de la Estrategia de Seguridad Pública

El enfoque social ha sido uno de los elementos distintivos y originales de los gobiernos de MORENA en materia de seguridad pública. Este enfoque afirma que la violencia y el crimen organizado no son solo problemas de represión, sino también de falta de oportunidades y condiciones socioeconómicas adversas que empujan a las personas, especialmente a los jóvenes, hacia actividades ilícitas. En este contexto, los programas sociales mencionados como «Jóvenes Construyendo el Futuro» y «Sembrando Vida» han desempeñado un papel central en la estrategia para reducir la vulnerabilidad de los sectores más afectados por la violencia.

Jóvenes Construyendo el Futuro, lanzado en 2019, ha buscado proporcionar capacitación laboral y becas a jóvenes de entre 18 y 29 años que ni estudian ni trabajan, un grupo identificado como particularmente susceptible al reclutamiento por parte de organizaciones criminales. Este programa ofrece hasta un año de formación en empresas, talleres, instituciones públicas y organizaciones sociales, con una remuneración mensual financiada por el gobierno. Hasta ahora, ha alcanzado a millones de beneficiarios en todo el país, y ha generado oportunidades que buscan desincentivar la adscripción juvenil a la criminalidad organizada.

Por otro lado, Sembrando Vida aborda la inseguridad desde una perspectiva rural, promoviendo la creación de empleo mediante proyectos de reforestación y agricultura sostenible. Este programa se enfoca en comunidades vulnerables donde la pobreza extrema y la falta de opciones económicas suelen facilitar el dominio de los cárteles. Además de proporcionar empleo, Sembrando Vida también promueve la autosuficiencia alimentaria, el rescate de conocimientos tradicionales y la restauración ecológica, para generar impactos positivos tanto económicos como ambientales.

Ambos programas han sido diseñados bajo la premisa de que combatir la violencia requiere no solo enfrentarse al crimen organizado, sino también abordar las causas profundas que lo alimentan. Estos esfuerzos intentan construir un tejido social más resiliente, reducir la marginación y ofrecer alternativas viables para quienes de otra manera podrían ser atraídos por la promesa de ingresos rápidos en actividades ilícitas.

Sin embargo, a pesar de sus méritos, los programas sociales se enfrentan a desafíos significativos. Sufren problemas de implementación, como la falta de seguimiento adecuado a los beneficiarios, la insuficiencia en la cobertura en algunas de las regiones más violentas y la persistencia de la corrupción en ciertos casos.

Además, aunque han contribuido a mitigar el riesgo de reclutamiento en ciertos sectores, su impacto en los índices generales de violencia aún es difícil de medir, en parte debido a la continuidad de otros factores estructurales como la corrupción, la impunidad y el control territorial efectivo de los cárteles.

En definitiva, los programas sociales han sido una herramienta innovadora en el enfoque de seguridad de los gobiernos de MORENA. Aunque están lejos de ser una solución completa, sí representan un cambio de paradigma hacia una política que entiende la seguridad no solo como un problema de fuerza, sino también como un desafío de desarrollo humano. Si se fortalecen y complementan con reformas institucionales y mayores esfuerzos de coordinación, podrían convertirse en un componente clave para la pacificación de México, pero solo a largo plazo.

Un nuevo cuerpo de seguridad: la Guardia Nacional

La creación de la Guardia Nacional¹⁰ en marzo de 2019 marcó un hito en la estrategia de seguridad pública de México. Este cuerpo, conformado por efectivos de la Policía Federal, el Ejército y la Marina, fue desplegado con rapidez a lo largo del territorio nacional.

En 2019, la Guardia Nacional estaba conformada por un total de 82.747 elementos. De estos, 53.671 son veteranos, 21.170 nuevos reclutas y 7.906 voluntarios.

La mayor parte provenían de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que aportó 51.915 efectivos. Por su parte, la Secretaría de Marina (SEMAR) contribuía con 12.837 elementos, mientras que la Policía Federal sumaba 17.955 integrantes al nuevo cuerpo de seguridad.

Este número corresponde únicamente al primer año de operación. En 2024, la Guardia Nacional de México cuenta con aproximadamente 126.203 elementos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este número representa un incremento del 21,1% en un solo año. La expansión de la Guardia Nacional refleja los esfuerzos continuados del gobierno por fortalecer la seguridad pública y la gran importancia que otorga a este nuevo cuerpo policial.

En sus primeros años de operación, logró ciertos avances en la reducción de delitos específicos, como el robo de combustible y los secuestros. Sin embargo, los resultados generales no han cumplido con las expectativas iniciales, dejando al descubierto los retos estructurales de la Estrategia de Seguridad.

Funciones y prioridades de la Guardia Nacional

La Guardia Nacional desempeña una amplia gama de funciones, clasificadas por niveles de prioridad según su relevancia en la Estrategia de Seguridad. Entre las tareas de mayor prioridad, situadas en el nivel 10, destacan la prevención y la investigación, fundamentales para la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia. Les siguen, en el nivel 9, actividades como la colaboración, vigilancia, verificación e inspección, que también son consideradas de alta importancia.

En contraste, las labores con menor prioridad se encuentran en el nivel 1. Estas incluyen la vigilancia de prisiones y aduanas, la protección civil y la ciberseguridad, áreas que el cuerpo de seguridad aborda con recursos limitados en comparación con sus tareas principales.

Otras funciones con una prioridad baja, ubicadas en el nivel 2, abarcan el mantenimiento del orden y la paz social, el combate genérico contra la delincuencia, la inteligencia, la atención a víctimas y la protección de la integridad de las personas, así como las infracciones administrativas y de tránsito. También en este nivel se encuentra la gestión migratoria.

En el nivel 3, se sitúan las tareas relacionadas con denuncias ciudadanas y la preservación de bienes, mientras que en el nivel 5, en el centro de la escala, están las actividades vinculadas con la información. Por su parte, las operaciones de detención ocupan el nivel 6 en la jerarquía de prioridades.

El documento oficial señala como áreas clave para el fortalecimiento de la Guardia Nacional las capacidades en investigación, inteligencia, denuncia, ciberseguridad e información, lo que refleja un enfoque en mejorar los aspectos estratégicos del cuerpo para hacer frente a los desafíos de seguridad en el país.

La paradoja de la militarización

Uno de los aspectos más controvertidos de la Estrategia ha sido el creciente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. En 2022, la Guardia Nacional fue incorporada formalmente bajo el control operativo del Ejército11. Esta medida generó amplias críticas por parte de sectores opositores y organizaciones defensoras de derechos humanos. El gobierno justificó esta decisión argumentando que los altos niveles de violencia requerían respuestas contundentes y operativas.

Sin embargo, los sectores críticos advierten que la militarización puede aumentar los abusos en los operativos contra el crimen organizado y retrasar la consolidación de cuerpos policiales civiles capaces de asumir estas responsabilidades. Además, esta medida se ha visto como un retroceso en la estrategia inicial de AMLO, que buscaba limitar la participación militar en asuntos de seguridad y priorizar enfoques preventivos y sociales («abrazos y no balazos»).

A pesar de estas preocupaciones, la Administración de AMLO continuó defendiendo a la Guardia Nacional como un pilar central de su política de seguridad. La integración de este cuerpo con las Fuerzas Armadas se presentó como una solución operativa para afrontar de forma pragmática las crisis de violencia. Sin embargo, al final del sexenio, los desafíos en materia de seguridad permanecen, evidenciando las limitaciones de su modelo.

Retos persistentes en la seguridad pública

El traspaso de poderes entre Administraciones ocurre en un contexto de seguridad caracterizado por persistentes déficits en las policías locales y estatales. Estos cuerpos, a menudo mal equipados, insuficientemente capacitados y en algunos casos infiltrados por el crimen organizado, no han logrado convertirse en actores efectivos dentro de la Estrategia de Seguridad.

La corrupción, especialmente en los niveles municipales de gobierno, sigue siendo un problema arraigado que ha socavado los esfuerzos de reforma. Este factor endémico no solo complica la implementación de políticas de seguridad, sino que también perpetúa la falta de confianza ciudadana e internacional en las instituciones.

La ESN 2018 del gobierno de AMLO ha mostrado avances parciales. Si bien se lograron estructurar nuevos organismos de seguridad como la Guardia Nacional e implantar programas sociales destinados a atacar las raíces del crimen, los niveles de violencia permanecen alarmantemente altos. La militarización de la seguridad pública y la corrupción en las instituciones locales siguen siendo puntos polémicos significativos.

En resumen, ha demostrado ser insuficiente para abordar de manera integral los problemas de desarrollo y gobernanza que alimentan la violencia. Aunque ha habido progresos, como la reducción de delitos como robos o secuestros y la unificación de estructuras de seguridad, la tarea de reducir sustancialmente la violencia y devolver la estabilidad al país requerirá un enfoque más amplio y coordinado en los años venideros.

La estrategia del nuevo gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum ha de enfrentarse rápidamente a uno de los mayores retos de su mandato inicial: liderar un país que ha registrado de promedio más de 30.000 homicidios anuales durante los últimos ocho años, en un contexto donde la extorsión es una práctica común en amplias regiones del territorio nacional.

La Administración presentó el pasado octubre su plan de acción bajo el nombre de «Estrategia Nacional de Seguridad»¹² (ENS), un proyecto que busca abordar la crisis de violencia de manera integral¹³.

El documento, bastante continuista con la estrategia anterior, refleja las intenciones del nuevo ejecutivo en materia de seguridad pública y se basa en tres pilares fundamentales:

1. Atención a las causas estructurales. La estrategia tiene un enfoque integral que pone énfasis en las familias, con la continuación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, diseñado para ofrecer capacitación laboral y evitar que los jóvenes sean reclutados por el crimen organizado. Además, se impulsarán nuevas iniciativas bajo el lema de «acciones que ofrezcan una perspectiva de vida diferente». Para reforzar este enfoque, se creará una nueva Subsecretaría de Prevención dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que estará dedicada a diseñar y coordinar políticas que aborden las raíces socioeconómicas de la violencia.
2. Consolidación de la Guardia Nacional. Este cuerpo de seguridad seguirá siendo el eje central en la estrategia del gobierno. La Administración busca fortalecer su capacidad operativa y mejorar su coordinación con otros organismos de seguridad, garantizando que será una fuerza «eficiente y disciplinada al servicio de la ciudadanía».
3. Fortalecimiento de las capacidades en inteligencia e investigación. Se establecerá un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia, con el objetivo de coordinar de manera más efectiva los esfuerzos de la SSPC, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales. La intención es que las tareas de seguridad sean asumidas bajo un esquema de «responsabilidad compartida y de respuesta unificada». Para este fin, se crea la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, que contará con un equipo multidisciplinario compuesto por analistas, investigadores de campo y gabinete, así como especialistas técnicos, quienes trabajarán en estrecha colaboración con la FGR.

Estos esfuerzos se verán complementados con el fortalecimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que asumirá las responsabilidades para la capacitación, formación y evaluación tanto de las agencias federales como de las estatales, asegurando que estas últimas cumplan con los estándares necesarios para afrontar los desafíos de seguridad.

El liderazgo en la implementación de estas políticas recaerá en Omar García Harfuch, un aliado cercano de Sheinbaum y su jefe de Policía durante su gestión en la Ciudad de México entre 2018 y 2023. Ahora, como titular de la SSPC, García Harfuch será el encargado de coordinar y ejecutar las acciones necesarias para cumplir con los objetivos de esta estrategia integral, asumiendo así un papel de figura clave en la lucha por pacificar el país.

El enfoque del gabinete de seguridad: priorizar las regiones más vulnerables

El gabinete de seguridad liderado por García Harfuch¹⁴ ha diseñado una estrategia focalizada en las zonas más afectadas por el crimen organizado, como Tijuana, Ciudad Juárez, Celaya y Acapulco. En estas regiones, se busca identificar tanto a los responsables directos de la violencia como a las redes criminales que sostienen actividades ilícitas como el tráfico de personas y la extorsión. Este enfoque dual tiene como objetivo desmantelar estas estructuras mediante una combinación de inteligencia, operativos tácticos y fortalecimiento institucional.

Uno de los pilares de la estrategia es establecer estándares claros para mejorar las capacidades de las policías, fiscalías y sistemas penitenciarios en cada uno de los 32 Estados. Este aspecto se considera crucial, especialmente en el contexto de la controversia sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En ello, tendrá un rol esencial la recién creada Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, una entidad clave para la recolección y análisis de datos estratégicos.

Adicionalmente, el fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia aspira a una mejor integración de esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno.

Al frente de estas iniciativas estarán colaboradores de confianza de García Harfuch, como Omar Reyes, quien lideró la política penitenciaria en la Ciudad de México, y Francisco Moreno, exsubsecretario de Tránsito. Por su parte, Marcela Figueroa, nueva secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tendrá la misión de supervisar la capacitación y evaluación de las policías y fiscalías locales. Además, miles de agentes de la Guardia Nacional se transferirán a la SSPC tras su integración al Ejército, con la intención de fortalecer las capacidades operativas de esta institución clave.

La integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), llevada a cabo en 2022, sigue siendo una de las decisiones más controvertidas de la Administración anterior. Aunque el gobierno de Sheinbaum se reafirma en la decisión como un paso lógico, los opositores advierten sobre los riesgos de depender de un mando militar para tareas de seguridad pública. Las críticas incluyen la falta de transparencia, el riesgo de abusos y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas efectivos, lo que podría obstaculizar el desarrollo de fuerzas policiales civiles autónomas.

Objetivos estratégicos: continuidad con ajustes clave

Los principales objetivos de la nueva Administración mantienen el rumbo trazado por el gobierno de AMLO: pacificar el país y recuperar el control territorial. Para lograrlo, el secretario García Harfuch cuenta con amplios poderes para implantar políticas audaces, apoyándose en el Ejército y la Marina. Su influencia se extiende a los nombramientos en la cúpula militar, como el general Ricardo Trevilla Trejo en la Secretaría de Defensa y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles en la Secretaría de Marina, así como en áreas clave como la Subsecretaría de Prevención, encabezada por Estela Damián Peralta, y la Guardia Nacional, liderada ahora por Hernán Cortés Hernández.

El éxito de esta estrategia dependerá en gran medida de la capacidad de García Harfuch para coordinar las fuerzas armadas con las policías locales y la Fiscalía General de la República. La colaboración efectiva entre estos actores será esencial para enfrentar la violencia sistémica, garantizar el respeto a los derechos humanos y construir un modelo de seguridad sostenible que permita recuperar la estabilidad en México.

El escenario actual: un panorama complejo y dinámico

El crimen organizado en México sigue dominado por dos grandes actores: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ambos grupos mantienen una intensa rivalidad por el control del tráfico de opioides, como el fentanilo, así como otras actividades delictivas en regiones estratégicas del país. Estas disputas han generado una violencia significativa en puntos clave, incluyendo áreas urbanas y rutas comerciales.

Entre los lugares de mayor relevancia, destaca el puerto de Manzanillo, en el Pacífico, considerado el más importante del país. Este puerto, con una infraestructura de última generación capaz de manejar 2,5 millones de contenedores anuales según datos de la Administración Portuaria Integral (API)¹⁵, es también un punto crítico para el tráfico de precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas, incluido el fentanilo. La creciente importancia de este mercado, junto con el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos, plantea retos de gran magnitud para el nuevo gobierno. Según estadísticas oficiales, ocho de cada diez asesinatos en México se cometen con armas de fuego importadas ilegalmente desde el país vecino¹⁶.

La influencia territorial de los cárteles también se ha expandido de manera alarmante. El Cártel de Sinaloa domina extensas áreas del norte, mientras que el CJNG controla gran parte de la región central. Sin embargo, no son los únicos actores: organizaciones criminales más pequeñas operan en diversas zonas del país, recurriendo principalmente a la extorsión y el secuestro como sus principales fuentes de ingresos, lo que ha incrementado el sentimiento de inseguridad entre la población y la sensación de la existencia de «administraciones» paralelas al Estado.

Respuesta gubernamental: fuerzas conjuntas y priorización regional

El plan del gobierno para enfrentar esta compleja situación incluye el despliegue de «fuerzas de tarea conjuntas». Estas unidades combinan elementos del Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, focalizando su actividad en las regiones más gravemente afectadas por el crimen organizado. Parte de esta estrategia contempla también la reasignación de miles de agentes civiles, previamente incorporados a la Guardia Nacional, hacia labores de investigación para reforzar las capacidades estatales, en especial considerando que, como ya he mencionado, actualmente solo el 1% de los crímenes en México se resuelven lo que implica grados muy elevados de desconfianza ciudadana en las instituciones públicas.

El gobierno ha identificado diez ciudades prioritarias para esta intervención: Tijuana, León, Celaya, Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Chihuahua, Cajeme, Tlajomulco y Colima. Asimismo, las regiones conflictivas de Michoacán y Chiapas serán objeto de esfuerzos específicos para estabilizar la situación. Además, se implantará una iniciativa destinada a mejorar la seguridad en las carreteras, un ámbito que podría quedar bajo la supervisión de Francisco Moreno, exsubsecretario de Tránsito.

La relación de seguridad con Estados Unidos: tensiones renovadas

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca representa un desafío significativo para los planes de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las iniciativas heredadas y asumidas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el fomento del nearshoring, los programas de reinserción social para combatir el crimen organizado y un enfoque en la migración basado en derechos humanos parecen destinadas a chocar con la política de mano dura que probablemente impulse la nueva Administración estadounidense. En esta relación asimétrica, Estados Unidos, con una economía mucho más fuerte y mayor influencia política, tiene las mejores cartas.

Para México, la dependencia comercial de su vecino del norte es muy evidente: más del 80% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos¹⁷. Este vínculo ha sido especialmente positivo para el país gracias a la política de nearshoring de muchas grandes empresas estadounidenses después de la pandemia, que en 2023 convirtió a México en el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China. Sin embargo, esta posición ventajosa podría verse amenazada por las tensiones políticas. La renegociación del T-MEC¹⁸, prevista para 2026, será un elemento crucial en esta relación, pero México llega a esta negociación en una situación económica frágil, con un déficit del 6% del PIB, una inflación anual del 4,7% y un crecimiento económico de apenas 1,5%¹⁹ y es altamente improbable que pudiera resistir las probables amenazas arancelarias de su vecino del norte en una negociación con resultado incierto para México.

El fentanilo y la migración como puntos críticos

Durante la campaña electoral, Trump amenazó con imponer un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas si Sheinbaum no lograba frenar el flujo de fentanilo y migrantes hacia Estados Unidos.

Estas amenazas no son nuevas: en 2019, un arancel similar obligó a López Obrador a militarizar la frontera sur, marcando un precedente que podría repetirse. Trump también ha propuesto designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una medida que permitiría a Estados Unidos actuar directamente en territorio mexicano, exacerbando las tensiones bilaterales.

La Resolución 18²⁰, impulsada en 2023 por legisladores republicanos como Dan Crenshaw o Tim Waltz, refuerza esta narrativa. Este proyecto legislativo señala al fentanilo como la principal causa de muerte entre hombres de 18 a 45 años en Estados Unidos y culpa a los cárteles mexicanos por su tráfico. Además, detalla incidentes graves como el «Culiacanazo²¹» de 2019, el derribo de un helicóptero militar en 2015 y ataques al consulado estadounidense en Nuevo Laredo²² como ejemplos de «inestabilidad exportada desde México». La propuesta permitiría al presidente estadounidense emplear «fuerza necesaria y apropiada» contra organizaciones vinculadas al tráfico de drogas, tensando aún más la relación bilateral²³.

Una estrategia integral para el diálogo

La presidenta Sheinbaum probablemente buscará construir una postura que intentará alcanzar el difícil equilibrio entre la cooperación con los EE.UU. y la defensa de la soberanía mexicana. López Obrador ya marcó un precedente al señalar que el problema del fentanilo no puede resolverse solo con medidas punitivas. Durante una de sus diarias conferencias matutinas, enfatizó la necesidad de abordar las causas sociales del consumo en ambos países, señalando la falta de oportunidades y el abandono social como factores clave. «Es hipócrita combatir el problema a balazos mientras se desatiende a los jóvenes», afirmó.

Sheinbaum, en línea con esta visión, podría argumentar ante la Administración Trump que la solución a largo plazo radica en una colaboración más amplia que incluya programas de desarrollo social y económico, tanto en México como en Estados Unidos. Sin embargo, el éxito de esta postura dependerá de su capacidad para gestionar las presiones que ejercerá Washington mientras impulsa una estrategia interna que reduzca la violencia y fortalezca las instituciones mexicanas manteniendo cierta coherencia con su estrategia original.

Conclusiones

El panorama de seguridad en México sigue siendo uno de los retos más significativos para el gobierno de Claudia Sheinbaum. La crisis de violencia, alimentada por el poder del crimen organizado, la corrupción institucional y los desafíos socioeconómicos, requieren un enfoque multifacético.

La nueva Administración ha priorizado la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y la implementación de programas sociales que buscan atacar las causas estructurales del crimen. Sin embargo, el éxito dependerá de su capacidad para coordinar esfuerzos entre las fuerzas armadas, las policías locales y las fiscalías, enfrentando la resistencia de los sectores críticos a la militarización de la seguridad pública.

A nivel regional, el gobierno ha identificado zonas prioritarias que serán el foco de las «fuerzas de tarea conjuntas», que combinan recursos de las fuerzas armadas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, el tráfico de fentanilo y armas desde Estados Unidos se presenta como un desafío bilateral urgente que México debe abordar mediante una estrategia coordinada y diplomáticamente firme.

La relación con Estados Unidos añade una capa de complejidad. La Administración de Donald Trump, con su énfasis en políticas de mano dura, amenaza con imponer medidas punitivas como aranceles y designaciones de organizaciones terroristas a cárteles mexicanos, lo que podría tensar aún más la cooperación bilateral.

Ante este escenario, Sheinbaum se enfrenta al reto de equilibrar la defensa de la soberanía nacional con la necesidad de colaboración para abordar problemas como la migración y el narcotráfico. Propuestas, como la Resolución 18 en Estados Unidos, destacan la creciente presión sobre México para obtener resultados inmediatos en la lucha contra el crimen organizado.

En última instancia, la Estrategia de Seguridad de Sheinbaum busca un equilibrio entre la acción inmediata y la construcción de soluciones estructurales sostenibles. Si bien se han logrado avances en la creación de estructuras y programas sociales, los niveles persistentes de violencia, la desconfianza en las instituciones y la falta de capacidades locales siguen siendo desafíos críticos. El éxito de este enfoque dependerá de la capacidad del gobierno para implementar políticas audaces, adaptarse a un entorno político y social cambiante, y promover una cooperación internacional que permita a México avanzar hacia un futuro más seguro y estable.