IEEE. Una visión global de la demografía y la población refugiada: desafíos y tendencias por región

Introducción

A lo largo de las últimas décadas, el desplazamiento forzado ha alcanzado dimensiones sin precedentes, tanto en escala como en complejidad. A finales de abril de 2024, alrededor de 120 millones de personas en el mundo se encontraban desplazadas por la fuerza, lo que equivale a que aproximadamente una de cada 69 personas en el planeta haya tenido que abandonar su hogar (ACNUR, 2024a). Esta cifra duplica la proporción registrada hace apenas diez años, evidenciando que nos encontramos en una «década de incrementos» en desplazamiento forzado.

Aunque las dinámicas de desplazamiento tienen un impacto directo en la configuración demográfica mundial —alterando composiciones por edad, sexo y distribución territorial—, la población desplazada sigue siendo, en gran medida, una gran olvidada de los estudios demográficos tradicionales. La demografía clásica ha centrado su atención en variables como la fertilidad, la mortalidad o el crecimiento poblacional (Hugo et al., 2018), dejando en un segundo plano fenómenos como la migración y, aún más, el desplazamiento forzado.

Esta omisión obedece, entre otros factores, a una serie de desafíos inherentes al fenómeno: el subregistro y la invisibilidad en los países de acogida de muchas personas desplazadas forzosamente, las situaciones de movilidad forzosa prolongada que dificulta su seguimiento, los diferentes estatutos de protección otorgados a las personas desplazadas, migrantes y solicitantes de asilo, entre otros muchos factores. Además, las estadísticas oficiales suelen carecer de mecanismos estables para integrar a toda esta población en sus registros censales.

Las principales causas del desplazamiento forzado son múltiples y, en muchas ocasiones, son también acumulativas: conflictos armados prolongados —como en Siria, Afganistán o Ucrania—, violencia generalizada, persecución étnica o política, violaciones masivas de derechos humanos y desastres naturales exacerbados por el cambio climático. Estas crisis provocan tanto flujos de personas refugiadas —personas que cruzan fronteras internacionales buscando asilo— como de personas desplazadas internamente —quienes huyen, pero permanecen dentro de su país sin cruzar ninguna frontera internacional—.

A lo largo de las siguientes páginas, ofreceré una visión integral de la demografía del desplazamiento forzado: se analizará la caracterización demográfica de las personas forzosamente desplazadas, se identificarán los principales países de acogida, se estudiarán los obstáculos que enfrentan para acceder a derechos y soluciones duraderas y se examinarán las tendencias regionales que explican la distribución actual de este fenómeno.

Datos demográficos de la población forzosamente desplazada a nivel mundial

Tal y como ya se ha mencionado, el desplazamiento forzado ha alcanzado niveles históricos, alterando de forma profunda las dinámicas demográficas globales. A finales de 2024, más de 120 millones de personas se encontraban desplazadas por la fuerza en el mundo, lo que equivale a aproximadamente una de cada 69 personas del planeta. Esta cifra representa un aumento de diecinueve millones respecto al año anterior, constituyendo el incremento anual más alto jamás registrado, impulsado por crisis agudas como el conflicto en Sudán y la persistente guerra en Ucrania. En términos proporcionales, el 1,5% de la población mundial vive hoy en situación de desplazamiento forzado, lo que ilustra la enorme escala y gravedad de este fenómeno (ACNUR, 2024a).

La población desplazada forzosamente: grandes olvidados de la demografía

A pesar de su magnitud, las personas desplazadas forzosamente siguen siendo en gran medida las grandes olvidadas de los estudios demográficos. Tradicionalmente, la demografía ha centrado su atención en fenómenos como la natalidad, la mortalidad o el crecimiento poblacional, relegando a un segundo plano las migraciones y, en particular, los desplazamientos forzados. Esta omisión tiene consecuencias profundas: muchas veces, los desplazados no son contabilizados en los censos nacionales ni en las encuestas poblacionales habituales, lo que impide conocer su número real, sus características sociodemográficas y sus necesidades específicas (Banco Mundial, 2023a).

Esta invisibilidad demográfica tiene grandes consecuencias prácticas: al no ser plenamente incluidos en las proyecciones de población ni en los planes nacionales de desarrollo, las personas desplazadas corren el riesgo de quedar también al margen de las políticas públicas que determinan el acceso a la educación, la sanidad, el empleo o la vivienda. La falta de integración demográfica refuerza así su vulnerabilidad y perpetúa su exclusión. Además, la gestión estadística del desplazamiento forzado enfrenta desafíos técnicos importantes, como el subregistro debido a contextos inseguros, la movilidad múltiple y prolongada, la existencia de categorías jurídicas fluidas y los cambios en los marcos legales nacionales e internacionales.

Caracterización demográfica de la población forzosamente desplazada

Según la categorización tradicional realizada por ACNUR, bajo el término genérico de «desplazamiento forzado» se agrupan varias categorías (ACNUR, 2024c):

1. Personas refugiadas: incluye a las reconocidas en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951; su Protocolo de 1967; la Convención de la Organización para la Unidad Africana (OUA), que regula los aspectos específicos de los problemas de los refugiados en África de 1969; la definición de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, incorporada a las legislaciones nacionales; las personas reconocidas de conformidad con el Estatuto del ACNUR; las personas a las que se han concedido formas complementarias de protección, y las que gozan de protección temporal. La población refugiada también incluye a las personas en situaciones similares a la de los refugiados.
2. Personas en situación similar a la de los refugiados: grupos que se encuentran fuera de su país o territorio de origen y que se enfrentan a riesgos de protección similares a los de los refugiados, pero para los que, por razones prácticas o de otro tipo, no se ha determinado la condición de refugiado.
3. Solicitantes de asilo: personas que han pedido protección internacional y cuyas solicitudes de estatuto de refugiado aún no se han determinado.
4. Otras personas necesitadas de protección internacional: las que se encuentran fuera de su país o territorio de origen, normalmente, porque han sido desplazadas por la fuerza a través de fronteras internacionales, que no han sido incluidas en otras categorías (solicitantes de asilo, refugiados, personas en situación similar a la de refugiado), pero que es probable que necesiten protección internacional, incluida la protección contra el retorno forzoso, así como acceso a servicios básicos de forma temporal o a largo plazo.
5. Personas desplazadas internamente: personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a huir o a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular, como consecuencia o para evitar los efectos de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.
6. Personas en situación similar a la de los desplazados internos: grupos que se encuentran dentro de su país de nacionalidad o residencia habitual y que se enfrentan a riesgos de protección similares a los de los desplazados internos pero que, por razones prácticas o de otro tipo, no han podido ser declarados como tales.

Personas refugiadas o con necesidades similares a la población refugiada

Según datos de ACNUR, a finales de 2023, había 31,6 millones de personas refugiadas bajo su mandato, junto con 5,8 millones de personas en situación similar a la de los refugiados. Además, se contabilizan unos 6 millones de refugiados palestinos registrados ante la UNRWA, principalmente en Oriente Medio. En conjunto, cerca de 44 millones de personas se encontraban fuera de su país de origen en necesidad de protección internacional, una cifra sin precedentes en la historia contemporánea (ACNUR, 2024a).

Esta población proviene de forma mayoritaria de unos pocos países: Siria, Venezuela, Ucrania, Afganistán y Sudán. Por ejemplo, más de 6,4 millones de sirios permanecen refugiados en otros países, la diáspora venezolana supera los 6,1 millones y Ucrania ha generado cerca de 6 millones de refugiados en Europa tras la invasión rusa. Afganistán mantiene alrededor de 6,4 millones de refugiados y solicitantes de asilo, principalmente en Pakistán e Irán (ACNUR, 2024a).

Desde el punto de vista demográfico, la población refugiada presenta una estructura singular. Aproximadamente el 40% son menores de dieciocho años. En cambio, las personas mayores de sesenta años constituyen apenas el 5% de la población refugiada (ACNUR, 2024a).

En cuanto a la distribución por sexo, se estima que mujeres y niños constituyen cerca del 70% de la población refugiada mundial. Esta composición responde, entre otros factores, a los patrones de reclutamiento forzoso de hombres adultos en conflictos armados y a la desproporcionada afectación de mujeres y menores en situaciones de violencia y persecución (ACNUR, 2024a).

Personas forzosamente desplazadas internamente

Las personas desplazadas internas representan el grupo más numeroso dentro del desplazamiento forzado. Según datos combinados de ACNUR e IDMC, a finales de 2023, existían unos 68,3 millones de personas desplazadas internamente (ACNUR, 2024a).

A diferencia de los refugiados, los desplazados internos permanecen bajo la jurisdicción de su propio Estado, lo que a menudo limita su visibilidad y la protección internacional disponible. Muchos conflictos contemporáneos generan más desplazados internos que refugiados. En Siria, se estima que alrededor de 7,2 millones de personas permanecen desplazadas internamente tras más de una década de guerra (ACNUR, 2024a). En Colombia, más de 5 millones de personas han sido desplazadas internamente debido a un conflicto armado prolongado, constituyendo una de las situaciones de desplazamiento interno más antiguas del mundo (IDMC, 2024).

Además, los desastres naturales y fenómenos climáticos extremos provocan millones de desplazamientos internos cada año. En 2023, se registraron más de 26,4 millones de nuevos desplazamientos internos asociados a desastres, sobre todo, inundaciones, tormentas tropicales y sequías (IDMC, 2024).

Demográficamente, los desplazados internos comparten muchas características con las personas refugiadas: una alta proporción de menores de edad, una significativa presencia de mujeres y una relativa representación baja de personas mayores. Sin embargo, su situación jurídica es más frágil, al carecer de un marco internacional de protección específico comparable al régimen de protección de los refugiados. Además, la falta de registro formal en muchos contextos impide cuantificar con precisión el alcance real del fenómeno y obstaculiza la planificación de respuestas adecuadas. Pese a ello, a finales de 2023, las mujeres y niñas representaban un 51% de la población desplazada internamente total y sobre un 49% eran niños y niñas (ACNUR, 2024a).

Principales países de acogida de las personas forzosamente desplazadas

La mayoría de las personas refugiadas se encuentran acogidas por países vecinos al de su origen, que suelen ser, muy a menudo, países con bajos ingresos o medios. En 2023, el 75% de los refugiados a nivel mundial se encontraban acogidos por países en situación de desarrollo (renta baja o media) (ACNUR, 2024a). Asimismo, cerca del 69% de las personas refugiadas se encontraban en países limítrofes al de su origen (ACNUR, 2024a). Esta realidad pone de manifiesto la carga desproporcionada que tienen que asumir los países menos preparados para atender necesidades humanitarias complejas, en contraste con la limitada recepción por parte de los que cuentan con mayores recursos.

Así, destacan: Irán, que acoge a 3,8 millones de personas refugiadas; Turquía, que acoge a 3,3 millones, o Colombia, que acoge a 2,9 millones. En cuanto a Europa, destaca el caso de Alemania, que acoge a 2,6 millones de personas refugiadas (ACNUR, 2024a). En relación con la población nacional, cabe destacar el caso de Aruba, donde una de cada cinco son personas refugiadas, o el de Líbano, donde son personas refugiadas una de cada seis (ACNUR, 2024a).

En cuanto a la acogida, existen varios asuntos a los que hay que prestar especial atención: el registro de las personas forzosamente desplazadas como primer paso para que puedan acceder a sus derechos, las solicitudes de asilo pendientes de resolución que incrementan la situación de limbo en la que a menudo se encuentran, el aumento de las crisis prolongadas que también mantiene a poblaciones enteras en un limbo, y la situación de los campos de refugiados.

El registro: primer paso para el reconocimiento y acceso a derechos

Cuando una persona refugiada cruza una frontera internacional llegando a un país de acogida o cuando una persona se desplaza internamente, acceder al registro de su situación es un paso clave para poder así acceder a la protección (ACNUR, 2023c). Se entiende por registro la documentación de su identidad, unidad familiar, así como de sus necesidades. El registro lo realizan las autoridades del país receptor o el ACNUR, y proporciona un reconocimiento formal y una protección contra devoluciones forzosas, además de facilitar el acceso a la ayuda humanitaria a la que se tiene derecho. Asimismo, facilita poder identificar casos vulnerables, como pueden ser menores no acompañados, víctimas de trata, personas con necesidades médicas especiales, etc. (ACNUR, 2023c).

En los principales países de acogida de refugiados, el registro suele realizarse de manera conjunta entre los Gobiernos y ACNUR. En contextos de grandes movimientos de población, como la crisis siria, el registro biométrico masivo implementado en países como Turquía, Líbano y Jordania permitió documentar a millones de personas y organizar mejor la respuesta humanitaria. Pese a ello, cabe destacar el caso de Líbano, donde el registro se suspendió por parte de las autoridades nacionales a partir de 2015, lo que trajo como consecuencia que miles de personas permanecen invisibles para las autoridades, dificultando su acceso a servicios básicos y aumentando su vulnerabilidad frente a la explotación y el abuso.

Por otro lado, en contextos de desplazamiento interno o en países con instituciones frágiles, suelen existir mayores obstáculos para el registro. En países como Siria o Yemen, las dificultades de acceso a determinadas zonas imposibilitan registrar de manera exhaustiva a todas las personas desplazadas, recurriéndose a métodos de estimación indirectos.

Además de permitir el acceso a los derechos más básicos y, por tanto, a ciertos niveles de protección, los datos de registro sirven a nivel internacional para completar las estadísticas globales, lo que a su vez permite mejorar la cooperación y responsabilidad compartida de todos los Estados en esta materia.

Para incluir adecuadamente a la población refugiada en los datos demográficos de un determinado país, se puede acudir al ACNUR como fuente de recogida de datos, aunque cabe mencionar ciertas limitaciones, ya que ACNUR suele depender de que los diferentes Estados proporcionen dichos datos y, en muchas ocasiones, estos no los proporcionan. También es importante recordar que, en contextos de llegadas masivas, puede haber retrasos o existir una capacidad limitada para registrar a todas las personas con la mayor celeridad posible, dejando a algunas personas en situación indocumentada temporalmente. Esto ocurrió, por ejemplo, durante el éxodo sirio hacia Líbano y Jordania en 2013-2014, cuando las oficinas de registro se vieron desbordadas.

Solicitudes de asilo pendientes de resolución

A finales de 2023, existían cerca de 6,9 millones de solicitudes de asilo aún en trámite (ACNUR, 2024a). Las demoras por parte de las diferentes administraciones de los distintos Estados en el estudio de las solicitudes de protección internacional tienen como consecuencia una situación de incertidumbre en cuanto al futuro de las personas solicitantes de asilo, quedando de nuevo en una situación de limbo, al ver paralizados sus planes de futuro. Se trata de personas que ya han huido de sus países de origen y que están esperando a obtener un reconocimiento formal por parte del país de acogida como personas refugiadas.

A menudo, no pueden trabajar de manera regular al inicio o enfrentan un acceso limitado a ciertos servicios, lo que dificulta su integración. Al mismo tiempo, los países de acogida soportan la carga administrativa y de acogida mientras tramitan los casos. La integración se dificulta todavía más cuando, después de tiempos prolongados de estudio de las solicitudes, se ven denegadas, quedando la persona solicitante en una situación de irregularidad administrativa.

El incremento de las crisis prolongadas

Una crisis prolongada es aquella en la que veinticinco mil personas de una misma nacionalidad llevan al menos cinco años consecutivos en el exilio (ACNUR, 2004). Son situaciones cada vez más comunes, que tienden a cronificarse y que, otra vez, dejan a las personas forzosamente desplazadas en una situación de limbo. Según datos de ACNUR, a mediados de 2022, existían 59 situaciones de crisis prolongadas que afectaban a cerca de 23,8 millones de personas refugiadas (ACNUR, 2024b).

La falta de resolución de conflictos en contextos como Siria, Afganistán, Somalia o la República Democrática del Congo ha provocado que generaciones enteras de personas nazcan, crezcan y envejezcan en situación de desplazamiento, a menudo en campamentos o asentamientos informales. La ausencia de soluciones políticas a las crisis de origen, combinada con el escaso acceso a soluciones duraderas, perpetúa la marginalización de estas poblaciones y pone a prueba la resiliencia de las comunidades de acogida.

Sin embargo, sin voluntad política para resolver los conflictos origen, estas poblaciones continuarán en tierra de nadie. En resumen, el incremento de las crisis prolongadas refleja la dificultad para resolver conflictos actuales y la insuficiencia de las soluciones duraderas disponibles. Revertir esta tendencia requiere no solo más esfuerzos diplomáticos de paz, sino también un compromiso más firme de compartir responsabilidades de acogida a largo plazo, evitando que la carga recaiga indefinidamente en los mismos países vecinos de las zonas en guerra.

Los campos de refugiados

El establecimiento de campos de refugiados ha sido la solución tradicional dada por parte de los países de acogida a las situaciones de desplazamiento forzoso. Hoy en día, pese a que muchas personas refugiadas se encuentran asentadas en centros urbanos, todavía millones de personas forzosamente desplazadas residen en campos de refugiados. La vida en los campamentos de refugiados también tiene ciertas limitaciones, como son, por ejemplo, la libertad de movimientos o el hecho de que muchos carecen de servicios básicos para todas las personas que albergan, estando a menudo en situación de hacinamiento.

Sin embargo, también cabe destacar que la mayoría de las personas refugiadas en la actualidad no reside en campos de refugiados si no que viven en zonas urbanas o periféricas. Es más, se estima que cerca del 78% de los refugiados a nivel mundial residen fuera de campamentos, a menudo en zonas urbanas o periurbanas de los países de acogida (ACNUR, 2013).

Algunos de los campos de refugiados más grandes del mundo albergan poblaciones equivalentes a las de ciudades enteras. Por ejemplo, en Kenia, destaca el caso del campo de Dadaab, que fue creado en 1991 y que alberga hoy en día a cerca de doscientas mil personas (RTVE, 2021). En este campo, tras más de treinta años de existencia, las generaciones jóvenes de refugiados somalíes enfrentan restricciones para salir del campo o trabajar formalmente, lo que produce dependencia y frustración. Muchas de estas personas únicamente conocen la vida en el campo de refugiados. Estas situaciones son además difíciles de gestionar para los países de acogida, ya que con el paso del tiempo reciben cada vez menos atención por parte de la comunidad internacional y por tanto menos ayuda. La dependencia prolongada de los campos puede generar dinámicas de exclusión, falta de oportunidades de vida digna y frustración entre las nuevas generaciones nacidas en el exilio. Ante estos desafíos, ACNUR promueve desde hace años la política de «alternativas a los campos», alentando a los Estados a permitir la integración de las personas refugiadas en la sociedad de acogida, en lugar de su segregación prolongada (ACNUR, 2017).

El acceso a las soluciones duraderas

El objetivo último de la protección internacional a las personas forzosamente desplazadas es que puedan alcanzar una solución duradera que les permita reconstruir sus vidas en condiciones de seguridad, dignidad y estabilidad. Es así como el término soluciones duraderas hace referencia a aquellas situaciones en las que se pone fin al desplazamiento y se otorga a las personas forzosamente desplazadas la oportunidad de reanudar su vida en un entorno seguro y estable. Son tres las soluciones duraderas establecidas por ACNUR: integración local en el país de acogida, retorno voluntario y reasentamiento en un tercer país¹. A lo largo de los últimos años, también han ganado importancia las denominadas vías complementarias, como herramientas adicionales para facilitar el acceso a la protección y la integración.

Sin embargo, la realidad actual muestra que las soluciones duraderas avanzan a un ritmo claramente insuficiente en comparación con el crecimiento continuo de las cifras de desplazamiento. La mayoría de las personas desplazadas permanece atrapada en situaciones prolongadas de vulnerabilidad, sin perspectivas claras de alcanzar una solución sostenible en un futuro cercano.

Integración local

Con el término integración local nos referimos a que una persona refugiada pueda asentarse de manera estable en el país que le acoge e ir obteniendo gradualmente una situación administrativa similar a la del resto de residentes, esto es, acceso al derecho al trabajo, a servicios públicos e, incluso, a la nacionalidad. Según ACNUR, la integración efectiva supone garantizar el acceso a medios de vida, servicios públicos como la educación y la salud, la inclusión en el mercado laboral y la posibilidad de participación social y política.

El problema es que muchos países principales de acogida no contemplan soluciones a largo plazo que faciliten la integración local de las personas refugiadas, existiendo numerosos obstáculos legales y sociales para ello, como son, por ejemplo: limitar el acceso al empleo o no permitir el acceso a una residencia permanente (Banco Mundial, 2023b). Ejemplo de ello es, entre otros, Líbano, que no contempla integrar definitivamente a las personas refugiadas palestinas o sirias bajo el pretexto de no alterar su distribución demográfica religiosa o de preservar el derecho al retorno.

El Pacto Mundial sobre los Refugiados, aprobado por la Asamblea General de la ONU en 2018 (ACNUR, 2018), reconoce la importancia de promover la integración local como una herramienta clave para ofrecer estabilidad a largo plazo y favorecer la resiliencia de las personas refugiadas y de las comunidades de acogida. Pese a ser un instrumento no vinculante, llegar a este acuerdo muestra, al menos, una voluntad de intentar alcanzar mayores cuotas de integración social de la población refugiada en los países que la acogen, lo cual, también a largo plazo, tiene consecuencias en la demografía de la población de acogida.

Retorno

El retorno al país de origen es la solución duradera preferida. En lo que respecta a los retornos, según el derecho internacional de los refugiados, es fundamental que se realicen de manera voluntaria, segura y digna. La voluntariedad implica que la persona refugiada pueda decidir regresar con plena libertad, basándose en información objetiva y fiable. Esta decisión debe ser personal y estar exenta de cualquier tipo de coacción, ya sea física, psicológica o económica. Por otro lado, un retorno seguro requiere la ausencia de discriminación, la existencia de garantías jurídicas (como la implementación de amnistías), así como condiciones de seguridad física (sin riesgo de sufrir agresiones) y material (incluyendo el acceso a bienes como la tierra o la vivienda). En cuanto al retorno digno, supone que las personas retornadas puedan acceder a servicios básicos y ejercer sus derechos fundamentales, como el acceso a la educación o a la atención sanitaria, sin que ello conlleve la separación familiar, y que sean tratadas con respeto y reconocidas por las autoridades del país de origen (ACNUR, 1996).

En la práctica, el retorno voluntario se enfrenta a enormes desafíos. Muchos de los países de origen continúan siendo escenarios de violencia, inseguridad o falta de garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales. Como resultado, los retornos espontáneos o asistidos se han reducido notablemente. Según datos de ACNUR, en 2023, casi 1,1 millón de personas refugiadas retornaron a sus países de origen, una cifra que representa menos del 1 % de la población desplazada total (ACNUR, 2024a).

En la actualidad, tras el fin de la guerra en Siria, hemos asistido a un aumento de los discursos llamando al retorno de las personas refugiadas a su país de origen, pero queda patente que la ausencia de guerra no quiere decir que las condiciones arriba mencionadas para que los retornos se produzcan respetando la legalidad internacional se vean respetadas. Además, muchas personas sirias huyeron como consecuencia de ser víctimas de persecuciones individualizadas muy concretas, cuyas causas hoy en día siguen persistiendo. Por lo tanto, se puede afirmar que, pese a que el retorno es la solución más deseable en la teoría, es la menos alcanzable en la práctica.

Reasentamiento y vías complementarias

El reasentamiento consiste en trasladar a una persona refugiada desde el primer país donde buscó asilo inicialmente (por ejemplo, un refugiado sirio en Líbano) hacia un tercer país que accede a admitirlo de forma permanente como refugiado (por ejemplo, Canadá, Australia, Francia) (ACNUR, 2024a). A diferencia de la integración local o el retorno, el reasentamiento depende enteramente de la voluntad de terceros Estados de ofrecer plazas para acoger a personas refugiadas. Es una práctica fundamental que implica implementar el principio de responsabilidad compartida entre toda la comunidad internacional, también recogido por el derecho internacional de los refugiados.

Sin embargo, el reasentamiento está disponible solo para una pequeña fracción de las personas que lo necesitan. En 2023, ACNUR estimaba que más de dos millones de refugiados requerían acceso al reasentamiento, pero solo poco menos de cien mil personas pudieron efectivamente beneficiarse de esta vía ACNUR (2025a). La limitada disponibilidad de plazas refleja la falta de compromiso de muchos Estados y la necesidad de reforzar los mecanismos de responsabilidad compartida a nivel internacional.

Por otro lado, a lo largo de los últimos años, además del reasentamiento, se han venido promoviendo las conocidas como «vías complementarias» de acceso. Se trata de vías legales por las que se permite el acceso de una persona refugiada a un tercer país a través de herramientas, como pueden ser los visados humanitarios, la reunificación familiar, becas de estudios, acceso a programas laborales, corredores humanitarios gestionados por entidades religiosas, etc. Estas vías deben ser adicionales al derecho de asilo y al reasentamiento, y no sustituir a ambos. Aunque aún representan un porcentaje pequeño del total, las vías complementarias ofrecen alternativas legales y seguras que contribuyen a ampliar las oportunidades de protección y a reducir la dependencia de rutas peligrosas e irregulares (ACNUR, 2023b).

El fortalecimiento del reasentamiento y el desarrollo de vías complementarias son elementos esenciales del enfoque del Pacto Mundial sobre los Refugiados de 2018, que establece que una respuesta efectiva al desplazamiento forzado debe basarse en la cooperación internacional y en la ampliación de las oportunidades de soluciones duraderas.

La situación actual del desplazamiento forzado: perspectivas regionales

El desplazamiento forzado es un fenómeno global, pero su manifestación y características específicas varían significativamente entre regiones. La naturaleza de los conflictos, las respuestas estatales, la capacidad de acogida y las tendencias demográficas configuran realidades diferenciadas en África, Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio, América Latina y el Caribe, y América del Norte. Analizar estas perspectivas regionales permite comprender mejor la complejidad del fenómeno y diseñar respuestas más adecuadas a sus dinámicas específicas.

África

El continente africano enfrenta múltiples focos de desplazamiento forzado, producto de conflictos armados, violencia étnica, lucha por recursos naturales, revoluciones y también desastres climáticos. Casi un tercio de la población desplazada global se encuentra en el continente africano (ACNUR, 2024a). En esta región, destaca la situación de la población desplazada internamente. África acoge a 35 millones de personas desplazadas internamente, casi la mitad del total mundial. 32,5 millones de estos desplazados internos lo fueron por conflictos y violencia, y el 80% se concentra en solo cinco países. Los desplazamientos por catástrofes se han multiplicado casi por seis, sobre todo por inundaciones y sequías (IDMC, 2024).

Son muchos los conflictos que se pueden mencionar en este continente, como son, por ejemplo, el caso de Sudán, Burkina Faso o la República Democrática del Congo. Además, en este continente muchas zonas se ven afectadas considerablemente por los efectos del cambio climático, como toda la zona del Sahel. Pese a que existen muchas situaciones dignas de ser analizadas con detalle, de las que, por desgracia, se habla muy poco, nos centraremos en el caso de Sudán.

Caso destacado: Sudán

El conflicto que estalló en Sudán en abril de 2023 ha provocado una de las mayores crisis humanitarias recientes. La violencia, que se expandió rápidamente desde Jartum hacia otras regiones, obligó a más de seis millones de personas a desplazarse internamente y a 1,2 millones a huir hacia países vecinos. La violencia entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido ha generado desplazamientos masivos hacia países vecinos como Chad, Sudán del Sur y Egipto. Hacia finales de 2024, más de 10,8 millones de personas sudanesas permanecían desplazadas y los desplazamientos continuaban a gran escala. Desde abril de 2023 hasta mayo de 2024, se registraron más de 7,1 millones de desplazamientos internos y 1,9 millones de refugiados en el extranjero. Antes del conflicto actual, Sudán ya enfrentaba una grave crisis humanitaria, con 3,6 millones de desplazados internos, cifra que se incrementó a 9,1 millones para final de 2023, marcando un récord. La inseguridad alimentaria también es crítica: el 42% de la población sufre hambre aguda, sobre todo, en zonas de conflicto de difícil acceso (ACNUR, 2024a).

Lamentablemente, esta crisis no está recibiendo la atención necesaria, lo que hace que las perspectivas de paz se vean cada vez más lejanas. Preocupa de forma especial la magnitud de las cifras de personas afectadas.

Asia, Pacífico y Oceanía

La vasta región de Asia y Pacífico alberga igualmente desplazamientos forzados de gran magnitud. Los conflictos principales a lo largo de las últimas décadas en Asia han sido: Afganistán, Myanmar y Sri Lanka, entre otros, mientras que países como Pakistán, Irán, Bangladesh, India y Australia han sido países de acogida destacados.

En 2023, las dos principales situaciones de desplazamiento en esta región se volvieron más desafiantes y atrajeron menos financiación: Afganistán y Myanmar. Por otro lado, 2023 fue el año más mortífero para los movimientos marítimos en la región desde 2015, con casi 4500 rohinyás emprendiendo peligrosos viajes por mar y 569 muertos o desaparecidos. Cabe destacar que esta región también se ve afectada por el cambio climático que agrava la vulnerabilidad de las personas desplazadas y sus comunidades de acogida ACNUR (2023a). En este caso, nos centraremos en la situación de Afganistán.

Caso destacado: Afganistán

Durante más de cuatro décadas de guerra (desde la invasión soviética en 1979, pasando por las guerras civiles y el régimen talibán en los noventa, hasta el conflicto de los últimos veinte años), millones de personas afganas han buscado refugio fuera de su país. A finales de 2023, cerca de 10,9 millones de personas afganas seguían desplazadas en todo el mundo, la mayoría dentro de Afganistán o en países vecinos. Durante 2023, el número de refugiados afganos registrados a nivel mundial creció en 741.400, alcanzando un total de 6,4 millones, principalmente debido a nuevas cifras de población proporcionadas por la República Islámica de Irán y Pakistán. Las posibilidades de un retorno duradero siguen siendo escasas, ya que casi la mitad de los más de cuarenta millones de habitantes de Afganistán enfrenta una grave inseguridad alimentaria, y millones continúan desplazados dentro del territorio nacional (ACNUR, 2024a).

Tras la toma de Kabul por los talibanes en agosto de 2021, se produjo otra oleada de personas intentando huir de Afganistán. Si bien no se desató un éxodo inmediato tan masivo como algunos temían, más de 1,6 millones de afganos han llegado a países vecinos desde 2021, engrosando las cifras existentes. Además, dentro de Afganistán, persiste un gran desplazamiento interno: aproximadamente 3,25 millones de afganos están desplazados internamente por conflictos recientes, a los que se suman desplazamientos por desastres naturales (Afganistán sufre terremotos, sequías e inundaciones que también fuerzan movimientos poblacionales) (ACNUR, 2025c).

Europa

A finales de 2023, Europa acogía a una población de trece millones de personas refugiadas (ACNUR, 2022). En esta región, quizá lo más importante a destacar es que, entre 2022 y 2023, Europa experimentó el mayor movimiento forzoso de personas en su territorio desde la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. Este es el caso destacado en el que nos centraremos en este apartado.

A esto se suma que, desde 2015, el continente ha sido receptor de importantes flujos de solicitantes de asilo y migrantes originarios de Oriente Medio, África y Asia, lo que ha planteado desafíos políticos significativos para la Unión Europea.

Caso destacado: Ucrania

A finales de 2023, cerca de 3,7 millones de personas ucranianas habían huido de su país como consecuencia de la invasión rusa y otros 1,3 millones se encontraban en situación de desplazamiento interno dentro de Ucrania (ACNUR, 2024a). Hoy (abril de 2025), 6,3 millones de personas refugiadas ucranianas permanecen en Europa, principalmente en Polonia, Alemania y la República Checa (ACNUR, 2024d).

Contrariamente a lo ocurrido con otros casos, en esta ocasión, la respuesta dada por parte de la Unión Europea fue unida y rápida, al activar la aplicación de la Directiva de Protección Temporal que nunca había sido utilizada hasta entonces y que estaba pensada para ser utilizada en casos de desplazamientos masivos de población, como este. De esta forma, las personas ucranianas que llegaban a los Estados miembros de la Unión Europea obtuvieron de manera automática permisos de residencia y de trabajo. Estas medidas han facilitado en gran medida la integración social de la población ucraniana en los países de acogida.

En cuanto a la distribución demográfica, el perfil de las personas refugiadas ucranianas es peculiar, ya que en su gran mayoría son mujeres y niños, puesto que los varones de dieciocho a sesenta años tuvieron prohibición de salir de Ucrania como causa de la imposición de reclutamiento forzoso.

Oriente Medio y norte de África

Oriente Medio lleva décadas viviendo crisis de desplazamiento forzado de diversos tipos. Actualmente, las dos situaciones más preocupantes son la siria (pese a que le guerra pueda haber terminado, ello no implica que se pueda vivir en paz en este país) y la palestina, que además cuenta con ciertas especificidades solo aplicables a esta nacionalidad. A ellas se suman otras situaciones, entre las que podemos citar: los diversos conflictos en Irak, que han venido generando millones de desplazados internos y refugiados (algunos regresaron tras 2017, pero muchos iraquíes aún viven en Jordania, Turquía, etc.), o la guerra de Yemen, que ha desplazado a 4,5 millones internamente. En total, en toda la región, a mediados de 2024, se contabilizaban 16,6 millones de personas forzosamente desplazadas (ACNUR, 2025d).

Los países de la propia región han tenido un fuerte impacto: Turquía y Líbano pasaron a tener las mayores densidades de refugiados per cápita en el mundo y, por otro lado, Jordania y Egipto también acogen a cientos de miles.

Casos destacados: Siria y Palestina

La guerra en Siria, iniciada en 2011, desencadenó el mayor desplazamiento humano de las últimas décadas. Esto suma más de trece millones de personas refugiadas, a finales de 2023, sobre una población que antes de la guerra era de veintidós millones. En cuanto a las personas desplazadas internamente, ascendían a un total de 7,2 millones (ACNUR, 2024a). Turquía alberga al mayor número de refugiados sirios (cerca de 3,2 millones), seguida de Líbano, Jordania e Irak. La situación de los refugiados sirios ilustra la cronificación del desplazamiento forzado en contextos de conflicto irresuelto.

Demográficamente, la diáspora siria es, sobre todo, joven (muchos niños en edad escolar, lo que colapsó escuelas en Líbano y Jordania) y con fuerte presencia de mujeres solas con hijos, debido a que muchos hombres se quedaron, fallecieron o fueron reclutados forzosamente.

En cuanto a la situación de las personas refugiadas palestinas, se trata de una situación muy singular por su duración, ya que se remonta a 1948. A estos refugiados originales y sus descendientes se les reconoce bajo el mandato de UNRWA (Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo). Hoy, más de 5,9 millones de palestinos están registrados como refugiados por UNRWA en los territorios palestinos ocupados (Gaza y Cisjordania) y los países vecinos (principalmente Jordania, Líbano y Siria). Esto los convierte en una de las poblaciones de refugiados más grandes del mundo (UNRWA, 2019).

La situación de los refugiados palestinos es intergeneracional: hay bisnietos de los refugiados originales que aún tienen estatus de refugiado. Se trata, en general, de una población joven que ha crecido con acceso limitado a ciertos derechos según el país (en Líbano, por ejemplo, tienen restricciones para ciertas profesiones y propiedad, y la mayoría todavía viven en campos de refugiados). Jordania es el país que más palestinos alberga (más de dos millones, muchos de los cuales obtuvieron ciudadanía jordana). La ausencia de una solución al conflicto israelo-palestino significa que este grupo permanece en el limbo.

América Latina y Caribe

La región latinoamericana ha experimentado en años recientes desplazamientos forzados significativos, aunque de naturaleza algo distinta a los de guerras convencionales. Destacan dos fenómenos principales: el éxodo masivo de venezolanos a países vecinos debido a la severa crisis política, económica y social en Venezuela, y los desplazamientos internos y migraciones forzadas por violencia criminal y desastres en países de Centroamérica, México y Colombia. Es así como, a mediados de 2024, esta región albergaba a 20,3 millones de personas desplazadas forzosamente. En los primeros ocho meses de 2024, 240.000 refugiados y migrantes cruzaron la selva del Darién, lo que representa un descenso significativo respecto al récord de 520.000 que realizaron el peligroso viaje en 2023 (ACNUR, 2025b).

Pese a que históricamente América Latina no había sido un gran emisor de personas refugiadas (salvo casos puntuales, como refugiados de las dictaduras en los setenta y ochenta, o la situación de desplazamiento forzoso de las personas colombianas), hoy en día, la diáspora venezolana es una de las mayores del mundo, transformando el panorama migratorio de la región. Por otro lado, Centroamérica y México han visto aumentar el éxodo de personas que huyen de violencia de pandillas, persecución o colapso económico en países como Honduras, El Salvador, Nicaragua y Haití, alimentando flujos de solicitantes de asilo hacia Norteamérica. Cabe destacar también las situaciones de desplazamiento interno, como ocurre en Colombia, entre otros.

Pese a que me centraré en el caso de Venezuela, cabe destacar de forma breve la situación que se vive en Colombia. Se trata de una de las situaciones de desplazamiento interno más prolongada del mundo. Hablamos de cerca de ocho millones de personas colombianas que han sido desplazadas internamente de manera forzosa como consecuencia del conflicto armado que lleva ocurriendo desde hace décadas (IDMC, 2024).

Caso destacado: Venezuela

Desde hace años, la situación en Venezuela se ha convertido con rapidez en una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo, comparable con Siria. Desde 2015, Venezuela ha experimentado un éxodo masivo debido a la aguda crisis política, económica y social que lleva viviendo el país tiempo atrás. Actualmente, más de 5,8 millones de personas han abandonado Venezuela en busca de protección y una vida mejor. La inmensa mayoría se encuentra acogida en países de América Latina y el Caribe. Lo cual implica que ha sido la propia región la que ha acogido en su práctica totalidad este flujo (ACNUR, 2024a).

Cabe destacar que no todas las personas venezolanas que han huido de su país son reconocidas formalmente como refugiadas, ya que su situación no es enmarcable en la tradicional definición de persona refugiada de la Convención de Ginebra de 1951. Sin embargo, debido a las dimensiones y repercusiones de esta situación, muchos Estados han optado por otorgar a las personas venezolanas algún tipo de protección temporal o humanitaria, gracias a la cual han podido regularizar su situación en muchos lugares e integrarse mejor mientras aguardan la posibilidad de un retorno voluntario, seguro y digno. Cabe mencionar también que ACNUR les considera «personas refugiadas o con necesidades similares a las refugiadas», dado que huyeron de condiciones que comprometen sus derechos.

Demográficamente, muchos migrantes venezolanos son población en edad de trabajar, incluyendo profesionales, lo cual ha tenido un doble efecto: para Venezuela, una enorme «fuga de cerebros» y disminución de su población; para los países de acogida, un aumento poblacional no previsto que ha alterado mercados laborales y demandado políticas de integración.

En resumen, la crisis venezolana ha transformado el mapa demográfico de la región: América Latina pasó de ser principalmente una zona de emigración económica moderada a ser el escenario de uno de los mayores desplazamientos forzados del mundo contemporáneo.

América del Norte

En Norteamérica, la dinámica del desplazamiento forzado se evidencia principalmente en la acogida de personas que huyen desde otras regiones. Estados Unidos y Canadá se cuentan entre los países desarrollados que más solicitudes de protección reciben a nivel mundial. A diferencia de otras regiones, América del Norte no genera grandes flujos de refugiados propios (sus movimientos migratorios son, sobre todo, económicos), pero sí enfrenta la llegada de personas forzosamente desplazadas desde Latinoamérica, el Caribe, África o Asia.

Estados Unidos ha sido el mayor receptor de solicitantes de asilo de América y uno de los principales países de reasentamiento de refugiados a nivel mundial. Canadá, por su parte, se ha destacado por sus políticas innovadoras en materia de reasentamiento, y es un caso que destacar de compromiso con soluciones duraderas para las personas refugiadas.

Caso destacado: Canadá

A pesar de la lejanía geográfica de Canadá respecto a muchas zonas de conflicto (lo que limita las llegadas masivas espontáneas), Canadá ha utilizado el reasentamiento como vía principal para ofrecer protección a miles de personas forzosamente desplazadas.

A fecha de 2025, Canadá ha acogido a unos cincuenta mil refugiados reasentados al año, manteniendo su posición como uno de los principales países de reasentamiento de refugiados a nivel mundial. Esta cifra refleja la respuesta continua de Canadá a las crisis mundiales, incluidos los conflictos en Siria, Afganistán, Ucrania y el desplazamiento inducido por el clima en regiones vulnerables. Los refugiados son reasentados en todas las provincias y territorios, siendo Ontario, Columbia Británica y Alberta las que reciben mayor número, debido a las redes de apoyo establecidas y a sus oportunidades económicas. Demográficamente, la mayoría de las personas refugiadas que llegan a Canadá son familias, de las cuales una parte importante son mujeres y niños. Cada vez más, está reasentando a refugiados LGBTQ+ y a personas con discapacidad, reconociendo su mayor vulnerabilidad (Refugee Center, 2025).

Además, Canadá lleva a cabo desde los años setenta un programa pionero de patrocinio privado (o comunitario) de personas refugiadas, donde grupos de ciudadanos locales, iglesias o diversas organizaciones se responsabilizan de apoyar a las personas refugiadas reasentadas que llegan (de manera adicional a los cupos gubernamentales). Esta es una de las vías complementarias que también se han venido incentivando desde la aprobación del Pacto Mundial de Refugiados de 2018.

En términos demográficos, la política canadiense de inmigración (que incluye a las personas refugiadas) trata de dar una solución a su problema de bajo crecimiento poblacional y envejecimiento, al tiempo que cumple objetivos humanitarios. De esta manera, la acogida de personas refugiadas se alinea con los intereses de desarrollo nacional en ciertas regiones rurales que necesitan población, por ejemplo (Papademetriou y Benson, 2025).

En conclusión, Canadá es el ejemplo de cómo un país con altos ingresos económicos puede asumir un rol activo e innovador en otorgar soluciones a las diferentes crisis de refugiados que se viven en otros lugares del mundo a través de vías como la del reasentamiento a gran escala y a través de la implementación de diferentes políticas de integración efectivas (sus programas incluyen clases de idioma, orientación laboral, etc., para los recién llegados). Pese a todo, existen grandes desafíos relacionados con la integración cultural y económica de las personas refugiadas que provienen de entornos muy distintos, lo cual requiere inversión y seguimiento.

Conclusiones

El desplazamiento forzado ha alcanzado una magnitud sin precedentes, consolidándose como un fenómeno demográfico de escala global. A finales de 2024, alrededor de 120 millones de personas en el mundo se encontraban desplazadas por la fuerza, lo que supone no solo una emergencia humanitaria continua, sino también una transformación sustancial de las dinámicas poblacionales contemporáneas, especialmente en los países de acogida. Este crecimiento acelerado, que ha duplicado las cifras en apenas una década, pone de manifiesto tanto la gravedad y especial caracterización de los conflictos y crisis actuales como las profundas carencias en la respuesta internacional para prevenir, gestionar y resolver las causas del desplazamiento forzado. Dada la naturaleza actual de los conflictos y la falta de acceso real a soluciones duraderas, podemos decir que el fenómeno del desplazamiento forzado no va a cesar de aumentar.

Desde un enfoque demográfico, el impacto del desplazamiento forzado es muy considerable. Altera las estructuras por edad y sexo tanto en los países de origen, que ven disminuir grandes segmentos de su población, como en los países de acogida, que enfrentan aumentos imprevistos de población vulnerable en contextos que, muy a menudo, ya estaban tensionados debido a otros factores particulares. Sin embargo, pese a su relevancia, las personas desplazadas forzosamente siguen siendo las grandes «olvidadas» de la demografía, lo cual termina por obstaculizar su inclusión en el diseño de las diferentes políticas públicas y planes de desarrollo. Una colaboración más estrecha entre organismos especializados como ACNUR y las autoridades nacionales de estadística resulta indispensable para subsanar estas fallas y garantizar que las necesidades de la población desplazada forzosamente se integren plenamente en las agendas de desarrollo y en los compromisos internacionales².

Asimismo, tal y como se ha venido explicando, el análisis de las respuestas actuales evidencia una profunda desigualdad en la distribución de responsabilidades a nivel internacional. Mientras que los países de bajos y medianos ingresos acogen a cerca del 75% de las personas refugiadas, los países más desarrollados, a pesar de su capacidad económica, mantienen niveles de acogida proporcionalmente menores. Esta asimetría subraya la urgencia de reforzar los mecanismos de solidaridad y de responsabilidad compartida, promoviendo una distribución más justa y equitativa en materia de protección. En este sentido, el fomento de vías legales y seguras y un acceso real a las soluciones duraderas establecidas por el marco jurídico del derecho internacional de los refugiados, como el reasentamiento o las vías complementarias, constituye un imperativo legal, ético y práctico para evitar que las personas se jueguen su vida en rutas peligrosas y reducir también la presión sobre los países limítrofes a las zonas en conflicto, así como apostar por que las personas afectadas puedan rehacer su vida en condiciones de dignidad integrándose de forma adecuada en los países que las acogen.

Es así como, respecto a las soluciones duraderas, los datos demuestran que los avances son claramente insuficientes, si se tiene en cuenta ritmo de los nuevos desplazamientos. El retorno voluntario, considerado tradicionalmente la solución más deseable, se enfrenta a enormes obstáculos derivados de la persistencia de la inseguridad, la destrucción de infraestructuras básicas y la falta de garantías de protección en los países de origen. Siria es un ejemplo de ello. La integración local, si bien representa una opción viable en muchos contextos, requiere un compromiso firme por parte de los Estados de acogida para garantizar el acceso efectivo a derechos fundamentales y para fomentar la inclusión social y económica de las personas refugiadas. El reasentamiento en terceros países, por su parte, continúa estando muy por debajo de las necesidades reales globales, limitándose a una fracción ínfima de la población forzosamente desplazada que necesita protección internacional. Sin embargo, contamos con ejemplos de éxito, como es el caso de Canadá.

Frente a la magnitud de los desafíos, resulta necesario adoptar una visión internacional integral que combine acciones en múltiples niveles. Es imprescindible reforzar los esfuerzos de prevención de conflictos, abordando sus causas profundas a través de la promoción de la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos. Paralelamente, deben fortalecerse los sistemas de protección internacional, garantizando el respeto del principio de no devolución y el acceso al asilo.

Por otro lado, el análisis regional del desplazamiento forzado revela grandes disparidades. En África, el desplazamiento forzado sigue siendo impulsado por conflictos armados prolongados, violencia étnica, crisis climáticas y disputas territoriales, con casos emblemáticos como el de Sudán. África alberga casi un tercio de la población desplazada mundial, y representa uno de los mayores desafíos para la protección internacional en términos de volumen, duración de los desplazamientos y precariedad de las soluciones. Kenia es el ejemplo de una crisis de acogida cronificada, donde generación tras generación la población refugiada se ve condenada a vivir en campos de refugiados, con todo lo que ello implica en términos de protección de sus derechos humanos.

En Asia, el caso de Afganistán simboliza la persistencia de crisis de larga duración, donde también generaciones enteras han vivido entre el exilio y el desplazamiento interno, y donde los países vecinos, como Pakistán e Irán, siguen soportando una carga desproporcionada de acogida en comparación a otros países que cuentan con más recursos económicos y logísticos.

En Europa, el desplazamiento forzado cobró una nueva dimensión tras la invasión rusa de Ucrania, que provocó el mayor movimiento de refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. La respuesta europea, con la activación de la Directiva de Protección Temporal, demostró que es posible una acogida coordinada y solidaria cuando existe voluntad política, aunque también puso de manifiesto la disparidad de trato frente a otras crisis de desplazamiento.

Oriente Medio continúa siendo el epicentro de algunas de las situaciones más prolongadas y complejas, como las crisis de Siria y Palestina, donde el desplazamiento se ha vuelto intergeneracional y donde millones de personas siguen atrapadas en situaciones de inseguridad, dependencia humanitaria y ausencia de perspectivas de retorno seguro, así como una total ausencia de acceso a una integración local digna en los países que les acogen.

América Latina y el Caribe, históricamente una región emisora de migración económica, ha experimentado en los últimos años un giro radical con el éxodo venezolano, que se ha convertido en uno de los mayores desplazamientos contemporáneos, afectando de forma produnda a la estructura social, económica y demográfica de varios de los países de acogida. Además, fenómenos de violencia organizada y desastres naturales han intensificado los flujos de personas forzosamente desplazadas en esta región, tal y como ha venido ocurriendo en el caso de Colombia.

América del Norte, por su parte, continúa recibiendo un volumen importante de solicitantes de asilo y refugiados, sobre todo, procedentes de América Latina, el Caribe, África y Asia, con Canadá destacando como ejemplo de compromiso activo en materia de reasentamiento y patrocinio comunitario, lo cual muestra, una vez más, que si existe voluntad política las soluciones duraderas pueden ser utilizadas de una manera beneficiosa para todos los actores implicados en este fenómeno del desplazamiento forzado.

La revisión de la situación en todas estas regiones pone de manifiesto que, a pesar de los contextos específicos, existe una constante: el desplazamiento forzado es cada vez más prolongado, más urbano, más complejo y requiere respuestas que trasciendan los enfoques humanitarios de emergencia para anclarse en estrategias de desarrollo a largo plazo. Las soluciones duraderas siguen siendo insuficientes: el retorno voluntario se ve limitado por la persistencia de conflictos y la falta de condiciones de seguridad; la integración local enfrenta barreras jurídicas, económicas y sociales que dificultan la inclusión efectiva; y el reasentamiento en terceros países, aunque esencial para los casos más vulnerables, sigue siendo una herramienta escasa y reservada para una minoría.

La gestión del desplazamiento forzado requiere, por tanto, un cambio de paradigma. Es necesario reconocer el desplazamiento no como una crisis puntual, sino como una característica estructural del siglo XXI, que demanda políticas de acogida inclusivas, mecanismos efectivos de responsabilidad compartida y esfuerzos sostenidos en la prevención de conflictos y la promoción de soluciones políticas estables. Asimismo, resulta imprescindible integrar plenamente a las personas desplazadas en los marcos demográficos y de desarrollo de los Estados, incluyendo su contabilización en censos, su acceso a derechos básicos y su participación en las decisiones que afectan a sus vidas.

En conclusión, el desplazamiento forzado configura un nuevo escenario demográfico global, al que la comunidad internacional debe adaptarse con visión de futuro, responsabilidad compartida y compromiso ético. La protección de las personas desplazadas no puede considerarse una opción, sino una obligación jurídica y moral de alcance universal.

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