IEEE. Trump, Colombia y Venezuela: ¿el retorno de la doctrina Monroe?

La actual escalada militar impulsada por el presidente Donald Trump en el norte de Sudamérica marca un nuevo punto de inflexión en la política de seguridad hemisférica de Estados Unidos y plantea escenarios de tensión que, aunque todavía limitados, podrían evolucionar hacia confrontaciones más amplias. Si bien la ofensiva se dirige principalmente contra el gobierno de Nicolás Maduro, los últimos acontecimientos muestran que su alcance se ha extendido también a Colombia, donde la presión política y militar sobre el presidente Gustavo Petro se ha intensificado en medio de un discurso centrado en el narcotráfico y la seguridad regional. En este marco, los recientes ataques a supuestas narcolanchas en aguas próximas a las costas venezolanas y colombianas, junto con informaciones sobre operaciones encubiertas de inteligencia en territorio venezolano, han generado una sensación de alerta geopolítica y de incertidumbre estratégica en toda la región^[1].

Los incidentes recientes en el Caribe y en el Pacífico muestran, además, una tendencia hacia la progresiva militarización de la retórica y de la acción exterior de Washington en el hemisferio. Los movimientos navales, las declaraciones del Comando Sur y las filtraciones sobre la autorización de operaciones encubiertas por parte de la CIA en territorio venezolano^[2] indican que la frontera entre las acciones de interdicción y la intervención directa se ha vuelto difusa. En este escenario, las tradicionales líneas de cooperación y prevención entre Estados Unidos y Colombia también están experimentando transformaciones, con un componente creciente de vigilancia, presión y cuestionamiento político hacia el gobierno de Petro, acusado desde algunos sectores estadounidenses de «blandura» frente a los grupos armados y las redes criminales.

Desde el punto de vista geopolítico, la región norte de Sudamérica se ha convertido en un espacio de fricción entre narrativas contrapuestas: mientras Washington reactiva la lógica de la seguridad hemisférica —continuidad del viejo paradigma de la «guerra contra las drogas» y de la «defensa de la democracia»—, Caracas y Bogotá presentan discursos orientados a distanciarse de ese modelo, reivindicando una mayor autonomía política y un control soberano de sus propias agendas de seguridad. Sin embargo, la correlación de fuerzas sigue siendo profundamente asimétrica, y la capacidad de Estados Unidos para combinar presión diplomática, sanciones y acciones de fuerza mantiene una influencia determinante sobre el curso de los acontecimientos.

Ambos escenarios —el de confrontación abierta y el de presión contenida— conforman un mismo entramado regional en el que Washington busca reafirmar su influencia estratégica y enviar una señal de disuasión tanto a los actores locales como a sus competidores globales. La coincidencia temporal entre los incidentes marítimos, los informes sobre operaciones encubiertas y la creciente retórica de seguridad permite plantear la hipótesis de que Estados Unidos transite hacia una estrategia de control dual, que combina acciones directas sobre Venezuela con advertencias geopolíticas hacia Colombia, en un intento por reordenar el equilibrio de fuerzas en el norte de Sudamérica.

La escalada actual también debe interpretarse a la luz de una reconfiguración del sistema internacional. El alineamiento de Venezuela con actores extrarregionales como Rusia, China e Irán no solo le proporciona un margen de maniobra frente a Washington, sino que introduce un elemento de competencia geoestratégica en el hemisferio occidental^[3]. En paralelo, la relación de Colombia con Estados Unidos, aunque formalmente sólida, enfrenta tensiones derivadas de la redefinición de las prioridades globales de la Casa Blanca y del cambio en la política interna colombiana. La coexistencia de estos dos escenarios —uno de confrontación abierta y otro de fricción contenida— genera una suerte de pinza geopolítica en la que ambos países, por razones distintas, se han situado en el centro de la política de poder estadounidense.

De este modo, lo que emerge no es una serie aislada de incidentes, sino una estrategia regional articulada en la que la presión sobre Venezuela y el control sobre Colombia actúan como mecanismos complementarios de una misma lógica de contención. El uso del discurso antinarcóticos como marco legitimador, la expansión de la presencia militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico, así como la reaparición de prácticas encubiertas, recuerdan dinámicas de otros momentos de confrontación hemisférica, aunque adaptadas a un entorno internacional más competitivo y multipolar.

En este contexto, el presente documento busca ofrecer un análisis de fondo sobre la evolución de esta escalada, atendiendo a sus dimensiones políticas, militares y simbólicas. Partimos de la premisa de que los acontecimientos recientes no solo reflejan tensiones coyunturales, sino también un proceso de reconfiguración estructural de la presencia estadounidense en América Latina, con implicaciones directas para la soberanía de los Estados, la estabilidad regional y la gobernanza de la seguridad en el continente.

Antecedentes estructurales

La actual escalada militar en el norte de Sudamérica no puede entenderse sin situarla en la evolución histórica de la política estadounidense hacia Venezuela y Colombia durante las dos últimas décadas. Desde los años 2000, la Casa Blanca ha oscilado entre la contención diplomática y la presión coercitiva, alternando estrategias de cooperación y confrontación según los ciclos políticos internos en ambos países y los intereses estratégicos globales de Washington.

Venezuela: De la «máxima presión» a la coerción focalizada

En Venezuela, la primera Administración de Donald Trump (2017-2021) aplicó la denominada política de «máxima presión», cuyo núcleo consistió en sanciones económicas y financieras, además del apoyo explícito a la oposición liderada por Juan Guaidó, dirigidas a debilitar al régimen de Nicolás Maduro. Estas medidas incluyeron la prohibición de transacciones con Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA); la congelación de activos estatales y personales; así como sanciones a altos funcionarios y aliados estratégicos, con el objetivo declarado de restringir los recursos del régimen para sostener su control político y militar^[4]. El propósito oficial fue presionar para que el gobierno venezolano aceptara reformas políticas significativas o facilitara una transición democrática. No obstante, esas sanciones tuvieron un alto costo humanitario en un país ya golpeado por la escasez, la hiperinflación y la migración masiva.

Cuando Joe Biden asumió la presidencia, la Administración estadounidense mantuvo una línea de presión, pero introdujo ajustes tácticos y diplomáticos. Las sanciones continuaron activas, pero con cautela política y mediante mecanismos de acción más focalizados^[5]. En paralelo, se buscó reposicionar a Estados Unidos en el ámbito regional mediante acercamientos multilaterales, diálogos con la Unión Europea y una gestión más circunspecta de la crisis venezolana. Aun así, la presencia e influencia de actores como Rusia, China e Irán en Venezuela siguieron consolidándose durante esos años, lo que condicionó la capacidad de Washington para aislar completamente al régimen^[6].

Colombia: De la cooperación estructural a la vigilancia condicionada

En contraste, la relación con Colombia ha seguido un patrón de cooperación estratégica más constante, aunque no exento de tensiones. Desde los inicios del Plan Colombia en la década de 2000, Estados Unidos pretendió una influencia estructural: proveía asistencia militar, entrenamiento, tecnología de vigilancia e inteligencia para apoyar la lucha contra el narcotráfico y los grupos insurgentes^[7]. Esta cooperación generó una relación de dependencia estratégica de Estados Unidos con el aparato de seguridad colombiano, que se reforzó durante gobiernos sucesivos. Bajo la primera legislatura de Trump, esta cooperación se mantuvo sin cambios significativos, centrada en la seguridad y la interdicción de drogas. Sin embargo, la llegada de Gustavo Petro a la presidencia colombiana en 2022 introdujo un cambio notable: su estrategia de negociación con grupos armados y la implementación del programa de «Paz Total» generaron desconfianza en Washington y llevaron a ajustar la política estadounidense hacia Bogotá, pasando de una cooperación directa a una relación más vigilada y condicionada^[8].

Reconfiguración regional y el «efecto Venezuela»

El marco regional contribuyó a moldear ambas relaciones bilaterales. Durante los últimos años, el Grupo de Lima^[9] y la Organización de Estados Americanos (OEA) tuvieron un protagonismo sustancial en fases previas, pero con el tiempo su capacidad operativa y cohesiva se vio erosionada por diferencias de interés entre los países miembros y por la resistencia del régimen venezolano. Esta reconfiguración del espacio multilateral redujo los márgenes de acción diplomática independiente de los países de la región, reforzando la influencia estadounidense y consolidando el papel del United States Southern Command (Comando Sur) como actor central en la planificación y ejecución de estrategias de control y disuasión, lo que lo convirtió en un factor clave para la proyección militar y de inteligencia de Washington en el hemisferio. Esto implicó una redefinición del espacio diplomático regional, con menos margen para que los Estados latinoamericanos actuaran con autonomía plena.

Finalmente, durante este período comenzaron a percibirse los primeros indicios de convergencia entre los teatros venezolano y colombiano. Si bien las políticas hacia cada país respondían a lógicas distintas —coerción y presión en Venezuela, cooperación condicionada en Colombia—, las decisiones estadounidenses empezaron a considerar ambos escenarios de manera simultánea, anticipando que la estabilidad de Colombia estaba vinculada a la dinámica venezolana y que la presión sobre Caracas podía tener repercusiones en Bogotá. No como una fusión completa de políticas, sino como un cruce de enfoques temáticos: el narcotráfico marítimo, la seguridad marítima, el uso de rutas por mar entre ambos países y la vulnerabilidad de zonas costeras al tránsito ilícito fueron temas cada vez más abordados en discursos y operaciones estadounidenses. Esta interrelación temprana entre los dos países configuró un marco estructural que permite entender la escalada posterior, la coordinación de la retórica y las operaciones estadounidenses, y la construcción de lo que algunos analistas han denominado el «efecto Venezuela» sobre Colombia.

La escalada actual: entre el Caribe y el Pacífico

Desde finales de agosto de 2025, la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela ha entrado en una fase de intensificación operativa que va más allá de la mera imposición de sanciones económicas, marcando una expansión concreta del teatro de operaciones desde el Caribe hacia el Pacífico. Durante los últimos meses, la política estadounidense hacia Venezuela ha evolucionado de una estrategia predominantemente sancionatoria a una fase activa de confrontación marítima, con acciones que se expanden hasta la costa pacífica colombiana, lo que apunta a un incremento de la presencia operativa de Estados Unidos en el hemisferio.

En esta nueva etapa, Washington ha movilizado recursos militares, activado mandatos de inteligencia con carácter ofensivo y reforzado su narrativa antinarcóticos para justificar una estrategia que combina elementos de guerra marítima, disuasión y presión diplomática^[10]. No debemos olvidar que, ya en febrero de este año, la Administración Trump designó al Cartel de Sinaloa de México, al Tren de Aragua de Venezuela y a otros grupos como organizaciones terroristas extranjeras. Más recientemente, la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista global especialmente designada (SDGT, por sus siglas en inglés) por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU., en julio de 2025, marca un giro significativo en la política exterior hacia Venezuela. Esta medida, amparada en la Orden Ejecutiva 13224, permite al Ejecutivo estadounidense activar mecanismos de acción directa sin necesidad de aprobación legislativa, bajo el argumento de lucha contra el terrorismo internacional^[11]. El hecho de que esta organización esté encabezada, según Washington, por el propio Nicolás Maduro y altos mandos del régimen chavista, refuerza la narrativa de que el Estado venezolano opera como un actor criminal transnacional^[12].

Expansión geográfica de las acciones directas

Este cambio estratégico se materializa, en primer lugar, en la ejecución, según reconocen las autoridades estadounidenses, de al menos siete ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas cercanas a Venezuela, con un saldo estimado de más de treinta víctimas mortales, anunciando además que al menos uno de esos ataques ocurrió fuera del Caribe, en aguas del Pacífico, lo que evidencia la intención de llevar la presión a nuevas zonas marítimas. En uno de los episodios más contundentes, un último ataque ejecutado por la marina estadounidense dejó seis fallecidos frente a la costa venezolana, un hecho que Trump y el Pentágono presentaron como parte de su campaña antinarcóticos.

Paralelamente, se han confirmado ataques en la cuenca del Pacífico. En la mañana del 22 de octubre, la Fuerza Armada estadounidense informó que había golpeado dos embarcaciones en aguas orientales del Pacífico, dando muerte a cinco presuntos narcotraficantes, lo que marcó la primera expansión verificada de la ofensiva al océano controlado por Colombia^[13]. Esa operación fue presentada como continuación del esfuerzo iniciado en el Caribe y fue justificada públicamente por el secretario de Defensa, Marco Rubio, como una acción necesaria para interceptar rutas ilícitas emergentes^[14]. El contraste es claro: lo que originalmente se planteó como una estrategia centrada en el Caribe ha mutado hacia una campaña marítima más amplia, con objetivos posiblemente interconectados entre Venezuela y Colombia.

Componente de inteligencia y despliegue militar

Este viraje se refuerza con la autorización explícita de operaciones encubiertas de inteligencia en territorio venezolano, en particular para identificar y neutralizar rutas marítimas de narcotráfico y para participar en operaciones conjuntas con el United States Southern Command y fuerzas especiales^[15], una decisión que convierte la campaña en un esfuerzo híbrido que combina fuerza letal con acciones clandestinas. En octubre, fuentes oficiales estadounidenses confirmaron que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contaba con un mandato ampliado para operar contra objetivos del régimen de Maduro desde bases costeras o marítimas, con autorización para ejecutar acciones directas cuando fuese necesario.

Al mismo tiempo, Estados Unidos está escalando su presencia naval en la región: la última orden incluye el despliegue del grupo de portaaviones USS Gerald R. Ford, reforzando la presencia del Grupo Anfibio del Ivo Jima que ya están operando en el Caribe, además de varios destructores y cruceros^[16].

Este cruce entre inteligencia y acción militar indica que la frontera entre «interdicción» e «intervención» está cada vez más imprecisa, implica un cambio cualitativo respecto a la lógica tradicional de «guerra contra las drogas», es decir, se está transitando hacia un modelo de guerra híbrida en el dominio marítimo, donde los elementos de disuasión, ataque selectivo y presencia militar permanente coexisten bajo un paraguas antinarcóticos.

Actores involucrados y reacciones

Los actores involucrados en esta escalada no se reducen al Ejecutivo de Washington. La Casa Blanca define la orientación política y comunicativa de la estrategia, utilizando el discurso antinarcóticos como marco legitimador, pero la ejecución recae principalmente en el Pentágono y el Comando Sur. El Departamento de Estado gestiona las implicaciones diplomáticas con los aliados regionales, mientras que la CIA desarrolla operaciones encubiertas de inteligencia. En conjunto, estas acciones reflejan una coordinación interinstitucional que combina disuasión militar, presión diplomática y operaciones clandestinas bajo supervisión directa de la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha respondido movilizando hasta 25.000 efectivos militares y elevando su despliegue costero en estados fronterizos como Zulia, Sucre, Delta Amacuro y Nueva Esparta, en una lógica de defensa preventiva y de proyección simbólica de resistencia frente a lo que considera agresiones externas^[17]. También ha reforzado los sistemas de vigilancia costera, las torres de radar y las baterías antibuque, mientras que el Gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado formalmente las operaciones estadounidenses ante el Consejo de Seguridad de la ONU, solicitando que se declaren ilegales los ataques en aguas internacionales.

Por su parte, Colombia emerge en este escenario no solo como espectadora sino como actor indirecto de la escalada. La retórica oficial estadounidense ha empezado a tejer conexiones entre los incidentes marítimos venezolanos y las rutas de tráfico que podrían utilizarse también en el Pacífico colombiano. El presidente Trump ha formulado acusaciones públicas contra Bogotá, advirtiendo que «no está haciendo lo suficiente» para controlar las rutas costeras del Pacífico que podrían alimentar redes ilícitas. Aunque Colombia sigue siendo formalmente aliada de EE. UU., esas declaraciones tensan la relación y proyectan sobre su territorio la presión marítima que primero se concentró en aguas venezolanas, en un contexto de relevo estratégico.

A su vez, el presidente Gustavo Petro ha acusado a Washington de efectuar «asesinatos» en embarcaciones del Pacífico que podrían haber afectado a ciudadanos colombianos, y ha reclamado mayor respeto a la soberanía, así como la restitución del papel del Estado colombiano en la vigilancia de sus costas^[18]. En un episodio relevante, fuerzas del ELN negaron haber gestionado alguna de las embarcaciones atacadas, contradiciendo declaraciones del Pentágono que atribuían las operaciones a esa guerrilla colombiana^[19]. Al margen de su rol directo en combate, Colombia ha sido blanco de sanciones estadounidenses recientes: el Gobierno de Trump sancionó al presidente colombiano, acusándolo de tolerar el crecimiento del narcotráfico dentro de su administración, lo que incrementa la tensión política bilateral. Aunque Bogotá mantiene acuerdos de cooperación, la retórica ha virado hacia un tono de advertencia y confrontación diplomática, lo que complica la dinámica de alianza entre ambos países.

La coherencia narrativa de la escalada se refuerza mediante declaraciones presidenciales agresivas: en discursos públicos, Trump ha vinculado directamente el narcotráfico con amenazas a la seguridad hemisférica, asegurando que «esas embarcaciones serán detenidas» e incluso aludiendo al uso de sumergibles o sublanchas como parte de las rutas ilícitas^[20]. Tales aseveraciones legitiman la campaña militar al situarla en un marco de urgencia y defensa, pero también complican las líneas legales y diplomáticas frente a países vecinos que no necesariamente comparten el enfoque estadounidense.

Este conjunto de hechos —ataques en el Caribe y en el Pacífico, despliegues militares, ampliación de mandatos encubiertos, retórica punitiva y sanciones a Colombia— configura un momento de escalada multidimensional. Lo que se observa no es un simple incremento en la tensión bilateral EE. UU.–Venezuela, sino la consolidación de un corredor marítimo expandido que atraviesa ambas costas, proyectando la presión y sus consecuencias sobre Colombia y sobre la arquitectura de seguridad regional en su conjunto.

Todo ello configura un mapa de escalada militar en el que el Caribe actúa como foco inicial y la presión se proyecta hacia el Pacífico, transformando el escenario venezolano en un espacio de control marítimo expandido. La convergencia de estas acciones con las presiones sobre Colombia y el uso de discursos antinarcóticos como forma de legitimación sugieren que lo que comenzó como una política hacia Venezuela se ha convertido en una estrategia regional de Estados Unidos, con capacidad para reabrir conflictos latentes.

El conflicto como expresión de una estrategia y los límites de la confrontación

Tomando en cuenta lo expuesto hasta este momento, bien podría pensarse que lo que ocurre en el norte de Sudamérica forma parte de un reordenamiento estratégico más que de una secuencia de incidentes puntuales: lo que estamos observando es la convergencia de una política renovada de Estados Unidos, de proyección de fuerza naval y de operaciones de inteligencia, con una estrategia de respaldo por parte de aliados extrarregionales, y con una reacción política y militar regional, que transforma un conflicto de seguridad en una disputa geopolítica de alcance hemisférico. Esta tensión creciente, entre Estados Unidos, Venezuela y, en menor medida, Colombia, ha adquirido un cariz que trasciende lo operativo o lo coyuntural.

En pocas semanas, la región ha entrado a formar parte de unas dinámicas de contención que bien puede recordar las que se realizaban durante la Guerra Fría. Washington parece decidido a reafirmar su papel de árbitro de la seguridad continental, mientras Caracas busca consolidar un frente de resistencia apoyado por sus aliados extrarregionales. Entre ambos polos, Colombia se ha convertido en un terreno ambiguo, atrapado entre la cooperación histórica con Estados Unidos y la voluntad política de diferenciarse de su tutela.

La Administración Trump ha hecho del discurso de la «mano dura» una herramienta de reposicionamiento global. En el caso sudamericano, la lógica podría ser doble: contener la influencia de Rusia, China e Irán —que han encontrado en Venezuela un socio político y logístico—, y exhibir capacidad de proyección militar ante una opinión pública interna que asocia el control del narcotráfico con la defensa del orden.

Bajo esa premisa, aunque el despliegue norteamericano haya sido presentado como una «operación rutinaria de seguridad marítima», el Pentágono deja entrever una finalidad más amplia: disuadir a los adversarios de desafiar el espacio de influencia estadounidense en su frontera marítima inmediata^[21].

La respuesta de Caracas ha sido inmediata y simbólicamente significativa, no limitándose a la denuncia diplomática. La decisión de suspender los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago —que permitían la explotación conjunta del campo de gas Dragón— fue el primer gesto concreto de una política que asocia la presión militar a un intento de «bloqueo económico encubierto»^[22]. En un discurso televisado, Nicolás Maduro advirtió que «no habrá cooperación energética con países que avalen maniobras navales de potencias extranjeras», vinculando directamente la tensión militar con el frente energético. Ese movimiento introduce una dimensión geoeconómica en la crisis: Venezuela utiliza su capacidad de suministro como instrumento de soberanía, mientras que Washington interpreta la suspensión como un desafío al orden regional.

En la narrativa oficial venezolana, la escalada no es un conflicto bilateral, sino la reedición de la confrontación histórica entre América Latina y las potencias imperiales. Ese relato encuentra eco entre sus aliados —Cuba, Rusia, Irán y China—, que han expresado respaldo político y, en algunos casos, cooperación técnica y logística. La llegada de técnicos iraníes al puerto de La Guaira y de asesores militares rusos a Caracas se interpreta como un refuerzo del apoyo al Gobierno de Maduro frente a la presión de Estados Unidos, según medios regionales^[23].

En paralelo, la política de Washington hacia Colombia se ha endurecido de forma silenciosa pero sostenida, tal como venimos analizando. El Departamento de Estado anunció, el 24 de octubre de 2025, que no certificará a Colombia como socio confiable en la lucha contra el narcotráfico, argumentando que las políticas del presidente Gustavo Petro han sido «desastrosas e ineficaces» y que han contribuido al aumento histórico del cultivo de coca y a la producción de cocaína en el país^[24]. Aunque Bogotá sigue siendo un socio preferente en materia de inteligencia, la relación bilateral atraviesa su momento más tenso en dos décadas. Funcionarios estadounidenses han insinuado la posibilidad de «revisar los programas de cooperación» si Colombia mantiene su acercamiento con Caracas, mientras medios afines a la Casa Blanca acusan a Petro de «debilitar el frente democrático del hemisferio»^[25]. En el fondo, lo que se dirime es la continuidad del modelo de subordinación estratégica que durante años definió la alianza colombo-estadounidense.

A esta dinámica se suma un debate jurídico que trasciende la esfera regional. Los ataques de la Marina estadounidense contra supuestas «narcolanchas» en aguas cercanas a Venezuela han sido condenados por expertos y organismos multilaterales, que advierten sobre la erosión de los límites del derecho internacional. Sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni consentimiento del Estado costero, tales operaciones pueden vulnerar el principio de soberanía territorial. El jurista argentino Alejandro Chehtman ha recordado que el uso de la fuerza con fines de interdicción no puede justificarse bajo el pretexto de la seguridad transnacional^[26]. En respuesta, Washington insiste en que las operaciones se ajustan a los compromisos multilaterales de combate al tráfico ilícito y a la doctrina de «autodefensa extendida», que el Pentágono viene promoviendo desde la década pasada. La ambigüedad de ese concepto —que permite justificar acciones preventivas contra «amenazas híbridas» en espacios extraterritoriales— amplía el margen de acción estadounidense, pero también abre la puerta a la arbitrariedad y a la interpretación política.

En este sentido, la campaña antinarcóticos se convierte en una plataforma de legitimación de una estrategia más amplia de presión y desgaste, que busca debilitar al régimen venezolano desde múltiples frentes.

No obstante, una invasión formal implicaría costos diplomáticos, militares y humanitarios de gran magnitud. En el plano internacional, requeriría una justificación sólida ante organismos multilaterales como la ONU, algo improbable en el actual escenario multipolar, donde actores como Rusia, China e Irán han expresado su respaldo al Gobierno de Maduro^[27]. En América Latina, una intervención directa reactivaría memorias históricas de injerencia y podría generar un efecto de rechazo regional, debilitando la posición de Estados Unidos en foros como la OEA o la CELAC, donde varios gobiernos —Brasil, México, Chile y Argentina— ya han expresado su preocupación por la deriva militarista del conflicto y han abogado por una mediación latinoamericana^[28]. En términos militares, una ocupación prolongada enfrentaría no solo la resistencia de las fuerzas armadas venezolanas, sino también un entorno geográfico complejo y una población polarizada, lo que podría derivar en un conflicto de larga duración y de alto coste humano.

Operacionalmente, la Administración estadounidense dispone de herramientas menos costosas y de menor riesgo para intentar cambiar el equilibrio político en Caracas: operaciones especiales y raids selectivos, guerra de inteligencia y ciberoperaciones, campañas de degradación económica y bloqueo de activos, apoyo a opositores internos y apresto logístico para forzar fisuras internas. La autorización dada a la CIA y las mismas operaciones navales de interdicción parecen orientar la campaña hacia ese tipo de medidas: golpes quirúrgicos, operaciones encubiertas y presión combinada, más que una invasión masiva. Algunos analistas apuntan que es más plausible la intensificación de ataques limitados (incluidos asaltos de fuerzas especiales), bloqueos y operaciones de «captura selectiva» que una operación de ocupación total^[29].

Por ello, lo que se perfila no sería una invasión en sentido clásico, sino una estrategia de presión intensiva, sostenida por una combinación de operaciones militares limitadas, sanciones económicas, campañas de desinformación y aislamiento diplomático. Esta estrategia busca erosionar progresivamente la capacidad de maniobra del régimen venezolano, forzarlo a negociar en condiciones desfavorables o provocar su colapso interno sin que Estados Unidos tenga que asumir los costos de una intervención abierta.

La frontera entre interdicción e intervención se ha vuelto cada vez más difusa. El uso del discurso antinarcóticos como legitimación, la expansión del teatro de operaciones hacia el Pacífico colombiano y la militarización de la retórica presidencial —con Trump advirtiendo que «esas embarcaciones serán detenidas» y vinculando el narcotráfico con amenazas a la seguridad hemisférica^[30]— refuerzan la percepción de que Estados Unidos está ejecutando una campaña regional con implicaciones geopolíticas que trascienden el combate al crimen organizado. Lo que está en juego no es solo el control de rutas ilícitas, sino la reafirmación del poder estadounidense en un hemisferio donde su influencia enfrenta crecientes desafíos y poniendo en valor, nuevamente, la llamada doctrina Monroe^[31], la que señalaba a principios del siglo XIX (1823) que América debía estar libre de influencias externas y que debía ser para los americanos… o ¿para los norteamericanos?

Conclusión

El trasfondo geopolítico de esta confrontación se inscribe en una tendencia más amplia: la militarización de la política exterior estadounidense como instrumento de reposicionamiento global. En un contexto de competencia entre potencias, Washington ha trasladado al hemisferio occidental la lógica de la contención estratégica aplicada en otros escenarios. El Comando Sur, en su último informe ante el Senado, admitió que la competencia entre grandes potencias se libra también en los márgenes del continente, una admisión que confirma la reactivación de la geopolítica clásica bajo nuevas justificaciones. El Caribe y el Pacífico sudamericano son hoy laboratorios de esa competencia: espacios de disuasión, vigilancia y despliegue, donde la guerra híbrida se entremezcla con la diplomacia coercitiva y la lucha contra el crimen transnacional. Lo que para Washington es una estrategia de «estabilización preventiva», para buena parte de América Latina se percibe como la reaparición de un tutelaje imperial en nuevas formas, más tecnológicas, más precisas, pero igualmente asimétricas.

El futuro inmediato parece no apuntar a una guerra abierta, pero sí a una prolongación del conflicto en forma de tensión estructural, donde la fuerza y la diplomacia coexisten como instrumentos de presión recíproca. La clave analítica está en reconocer que la actual crisis no es un accidente, sino una manifestación de un cambio más profundo: el tránsito de América Latina de la periferia pasiva del orden global a un espacio de disputa activa entre potencias. La evolución de este proceso dependerá de tres variables críticas: la prudencia de Washington al calibrar su coerción; la capacidad de Caracas para administrar su resistencia sin provocar un colapso interno; y la respuesta —o la inacción— del sistema regional para construir una salida multilateral.

La crisis actual debe entenderse, por tanto, como un síntoma de una transición geopolítica mayor: el desplazamiento del centro de gravedad del poder global y la pérdida de eficacia del viejo sistema interamericano como garante de estabilidad. Si esta tendencia persiste, América Latina podría ingresar en una fase de securitización permanente, donde la gestión de amenazas —reales o percibidas— justifique una presencia militar continua y condicione la política exterior de los Estados. En esa ecuación, los márgenes del Caribe y del Pacífico no son periferia: son zonas testigo de la pugna por la hegemonía global.

En última instancia, esta confrontación expresa una paradoja histórica. Mientras Estados Unidos intenta reafirmar su autoridad mediante la fuerza, el conjunto de la región reivindica un orden basado en el derecho y la soberanía. Venezuela instrumentaliza esa tensión para fortalecer su posición interna; Colombia, atrapada entre la prudencia y la presión, busca no convertirse en el siguiente blanco; y el resto del continente observa cómo el conflicto local adquiere proporciones hemisféricas. Entre el Caribe y el Pacífico, lo que está en juego no es solo el futuro político de un gobierno, sino la vigencia del sistema interamericano y la capacidad de América Latina de resistir, una vez más, la lógica de las potencias.

La historia demuestra que las confrontaciones abiertas rara vez se deciden por una acción única, sino por la acumulación de decisiones mal calibradas. América Latina se encuentra, una vez más, ante ese umbral incierto donde la estrategia puede convertirse en inercia y la presión, en guerra. Todavía no es inevitable, pero la ventana para evitarlo se estrecha cada día.

Por ello, en esta época de reconfiguración geopolítica global, cabe preguntarse si, como señalaba la doctrina Monroe, la premisa estratégica de Estados Unidos de nuevo no será «América para los americanos».