IEEE. Somalia y la insurgencia de Al-Shabaab: análisis de los mecanismos de poder paralelo en un Estado fragmentado

Introducción

Somalia, un país marcado por la inestabilidad, se encuentra en la región oriental del continente africano, bordeando el golfo de Adén y el océano Índico. Tiene una extensión de aproximadamente 637,657 km². Limita al norte con Yibuti y el golfo de Adén; al oeste, con Etiopía a lo largo de 1.640 km y al suroeste, con Kenia con una frontera de 682 km. En el este, su costa se extiende por más de 3.000 kilómetros a lo largo del océano Índico, lo cual le otorga una de las líneas costeras más largas de África continental. Es por ello, que posee una posición geopolítica privilegiada a lo largo del Mar Rojo y del Canal de Suez, una de las rutas más transitadas del mundo y claves para el comercio internacional.

Somalia ha experimentado debilidades institucionales, presencia de grupos extremistas, crimen organizado en su espacio marítimo, catástrofes naturales y un elevado flujo de migraciones y desplazamientos internos. Estos fenómenos se enmarcan en una larga historia de inestabilidad, específicamente desde el colapso del régimen de Siad Barré en 1991 y la subsiguiente fragmentación del Estado.

En concreto, la seguridad del país, al igual que su gobernabilidad, se ha visto afectada desde el año 2006 por la presencia de una organización político-militar yihadista, denominada Al-Shabaab, que quiere decir juventud en árabe. La situación de anarquía y desorden de Somalia, ha sido explotada sistemáticamente por Al-Shabaab mediante el establecimiento de una serie de mecanismos paralelos de poder al gobierno central que se estudiarán en este documento de análisis.

Antecedentes y contexto histórico

Para entender la situación actual de Somalia, es pertinente remontarse al derrocamiento de Siad Barré, presidente de la República Democrática de Somalia en un régimen socialista apoyado por Rusia hasta 1991¹. Barré excluyó a los clanes somalíes de la esfera política rompiendo con la convivencia del país. A partir de ese momento, el espacio político fue encabezado por múltiples actores locales, desde señores de guerra y clanes hasta grupos terroristas. La fragmentación del poder entre los diferentes grupos, dio paso a un período de inestabilidad en Somalia sin un gobierno central efectivo capaz de ejercer autoridad sobre su territorio. En este contexto, a principios de los noventa se fundó el movimiento extremista más activo en el cuerno de África vinculado a Al-Qaeda: al-Ittihad al-Islami (IAIA). Su proyecto aspiraba a establecer en la política una visión islamista radical combatiendo al régimen en el poder². Ante esto, la influencia de las variantes radicales del islam fue utilizada para “unificar” al país en un contexto de total crisis de “Estado” sin apenas gobernanza territorial³.

Uno de los objetivos de la IAIA residió en forzar la secesión de la región de Ogadén en Etiopía. Tras su derrota contra las fuerzas etíopes en 1996-1997, algunos de sus líderes se vieron obligados a reorganizarse dando paso a la milicia Unión de Tribunales Islámicos (UTI). El clan Hawiye en concreto, vio a la UTI como candidato para establecer orden en la ciudad a través de la ley islámica y en 2006 la milicia tomó la capital gracias a su apoyo. En la capital, dichos tribunales locales fueron incluso percibidos por los civiles como proveedores de paz, seguridad y el Estado de Derecho. No obstante, a raíz de disentimientos internos dentro de la organización, la facción dominante fue percibida por Etiopía como amenaza para sus intereses y expulsó a la UTI del país. En el territorio somalí permaneció la facción más radical del grupo, que pronto derivaría en Al-Shabaab.

Al-Shabaab es grupo yihadista somalí que se formó en la guerra civil y bajo un islam rígido que no discriminaba por los clanes de procedencia a sus reclutas. Fue en 2006 cuando formalizó su presencia y en 2012 cuando juró su lealtad a Al-Qaeda en el proyecto de globalizar la yihad. Este grupo yihadista somalí ha perpetrado, desde entonces, continuos ataques con el fin de establecer un Estado islámico de corte wahabí. El Wahabismo corriente del islam nacida en Arabia Saudí, defiende un puritanismo extremo conservador y el monoteísmo que unificará a los musulmanes en una identidad social que transcendiera a la organización tribal⁴.

Este grupo, en primera estancia, se centró en la capital de Mogadiscio y posteriormente fue desplazada, por medio de diversas contraofensivas con ayuda internacional, al sur y parte central de Somalia, en zonas rurales, donde se encuentran actualmente⁵. La inestabilidad de la década de 1990 ha persistido hasta la actualidad, pues el gobierno somalí ha mostrado la imposibilidad de adaptarse a la modernización política, esto es, de sostener un sistema incapaz de producir miembros de la sociedad responsables, leales y competentes que ocupen puestos dentro de ella sin alinear su lealtad a facciones o subgrupos internos⁶. En los territorios ocupados, la milicia armada ha adquirido las funciones de gobernanza incluyendo el control de la seguridad nacional, el suministro de servicios públicos y el control económico. A pesar de ello, el Gobierno sigue manteniendo regiones clave liberadas, como Galmudug o el puerto natural de Ceel-Huur⁷.

Una de las prioridades dentro del programa político de Al Shabaab es la “lucha” contra cualquier injerencia por parte de potencias extranjeras en sus operaciones, extendiendo sus incursiones a países vecinos como Kenia, Etiopía y Uganda. Dentro del grupo impera un resentimiento contra el “Occidente apóstata” enemigo del islamismo, que busca desmantelar la razón de su existencia: la promoción del nacionalismo somalí y el fundamentalismo islámico como medio para transformar la sociedad de clanes en un califato; todo ello a través de una estrategia de gobernanza colaborativa, integración y alianzas con diversas facciones y clanes que enfrenten a los grupos rivales dentro de Somalia⁸. Bajo su agenda, en otras palabras, impera el deseo de establecer la “Gran Somalia”, esto es, un proyecto en el que todos los somalíes étnicos de África Oriental queden amparados bajo un estricto régimen islámico⁹.

Esta vertiente nacionalista experimentó un cambio tras la radicalización ideológica del grupo terrorista. Fue bajo el mandato de Ahmed Abdi Godane, entrenado por Al Qaeda en Afganistán, que las relaciones del grupo se orientaron hacia la “yihad global”¹⁰. El acercamiento a la tendencia islamista se vio propiciado por la presencia de líderes vinculados a grupos como Hizbul Islam y células fundamentalistas locales establecidas por el mismo. De forma análoga, en 2016 se formalizó la presencia del Estado Islámico en la región de Bari (Puntlandia). Su objetivo radica en la toma de liderazgo de la yihad local en el país, así como en la transferencia de la alianza de la organización Al-Shabaab hacia el Estado Islámico (EI). Los medios propagandísticos del EI en Somalia han mostrado ser efectivos, no obstante, actualmente carece de influencia en el país con apenas 200-300 reclutas registrados¹¹.

Mecanismos de poder paralelo en Somalia

Comprender la situación en Somalia requiere analizar los elementos que han llevado a que Al-Shabaab sea percibido como una alternativa de poder frente al Estado. Para ello, resulta pertinente analizar cuatro aspectos: gobernanza, financiación, uso de la violencia y apoyo social. La singularidad de Al-Shabaab reside en su aspiración de integrarse en la sociedad con diversas facciones que luchen contra cualquier influencia exterior y para ello, sus tácticas combinan tanto la coerción como la voluntariedad de la ciudadanía.

Gobernanza y sociedad

I.M. Lewis¹² señalaba cómo el pueblo somalí “no tiene tradición de compromiso con un gobierno estatal: los somalíes son tradicionalmente descentralizados e igualitarios, además, históricamente sus encuentros con la organización estatal han tendido a ser efímeros y predatorios”. Bajo el gobierno de Barré, el “Estado” somalí fue utilizado como un instrumento de represión, castigando de forma colectiva a aquellas comunidades percibidas como desleales. Ante la desintegración del orden público y el miedo generalizado, muchos opositores imitaron los mismos esquemas autoritarios y se apoyaron en lazos de parentesco como base organizativa¹³.

Desde entonces, Somalia no ha logrado articular de forma efectiva una gobernanza “híbrida”¹⁴, esto es, un sistema caracterizado por la coexistencia entre estructuras gubernamentales tradicionales y modernas. En efecto, la importancia de los clanes en la sociedad somalí pone en cuestión el funcionamiento ordinario de las instituciones políticas centrales modernas. El gobierno central carece de canales institucionales para satisfacer las demandas de una sociedad estructuralmente descentralizada y, por tanto, es percibida como una entidad impuesta desde el exterior e ineficaz en la provisión de servicios básicos como la seguridad, educación y salud¹⁵. Y no solo eso, la desilusión provocada por las intervenciones humanitarias de Occidente y países vecinos ha traído consigo un aumento de apoyo a grupos locales, tanto Al Shabaab como a otros señores de guerra¹⁶.

Somalia, por tanto, se ha mostrado resistente a los proyectos impuestos desde el exterior que han pretendido ajustarlo a los modelos occidentales o “globales”¹⁷. Es por la incapacidad de “localización” de estos modelos, más que la del gobierno central, que el modelo de “Estado” centralizado impuesto no puede responder a las demandas ciudadanas. Los ciudadanos, bajo la teoría del Estado, son aquellos que forman parte de una comunidad política protegida por la ley y participan en la economía del mismo. James Ferguson¹⁸ hace una distinción entre “ciudadano” y “sujeto”, entendido este último como aquellos gobernados por una autoridad indirecta que exacerba el aislamiento y las divisiones. Los clanes somalís son ejemplo de ello, y como consecuencia, se convierten en unidades políticas aisladas demandando su derecho de autogobierno. Esto da lugar a una situación de cierta anarquía en la que la violencia se concibe como único método de subsistencia y en la que los pastores y agricultores compiten por los recursos imposibilitando una actividad económica estable.

En 2024, Somalia quedó calificado como el principal Estado frágil a nivel mundial¹⁹. Entre muchas otras disfunciones, el gobierno carece de control sobre su territorio, siendo solamente capaz de ejercer control efectivo en Mogadiscio y sus alrededores²⁰. En este caso, Al-Shabaab se presenta como competidor del modelo de Estado-nación “westfaliano”²¹. Su presencia en el territorio somalí ha supuesto la descentralización de la autoridad y de núcleos de poder, todos ellos luchando por obtener apoyos y financiación a cambio de servicios básicos. Al-Shabaab aprovecha las especificidades de su sociedad, integrando a miembros de distintos clanes en su estructura de liderazgo. En algunas áreas, se presenta como defensor de clanes marginados y aprovecha sus lealtades para reclutar a combatientes.

En otras palabas, su estructura de gobernanza está diseñada para implicar a las élites locales en la administración, expandir una percepción de la participación comunitaria y adquirir legitimidad con ello. Al-Shabaab cuenta con 9 administraciones regionales para las 11 regiones en el sur de Somalia²². La red de apoyo logístico que ofrecen algunos clanes es clave para la operatividad de Al-Shabaab, incluso para la recolección de impuestos. Ante esta realidad, el gobierno reunía el 11 de marzo de 2025 a distintos jefes tradicionales y mandos locales para aumentar el apoyo por parte de los clanes a las operaciones del Ejército somalí. Como respuesta, el grupo terrorista detonó un coche bomba que dejó al menos doce muertos y decenas de heridos.²³

Financiación

El control territorial que tiene Al Shabaab ha facilitado su integración en la esfera política local, estableciendo estructuras alternativas de gobernanza, como impuestos sobre actividades económicas o el funcionamiento de los tribunales islámicos como órganos de justicia. Para el Gobierno, uno de los principales frentes para contrarrestar la insurgencia de Al-Shabaab es el financiero.

La financiación del terrorismo por parte de la población es uno de los factores que sostienen la continuidad de estos grupos. Según un informe del Consejo de Seguridad²⁴ los ataques de Al-Shabaab se llevan a cabo gracias a una sólida red financiera, que en 2023 superaba un total de 150 millones de dólares, apoyada por estrategias comerciales a través de puestos de control en carreteras, extorsión de empresas locales o impuestos forzosos a la población. Todas ellas dirigidas a adquirir estructuras de recaudación informales para sostener sus operaciones y actividades violentas. Del mismo modo, en el mundo empresarial su financiación es adquirida tanto por fondos legítimos como ilícitos. Se realizan inversiones en negocios legales situados en las principales regiones de Somalia, en particular en Mogadiscio²⁵. Junto a ello, todas las compañías en la zona sur de Somalia deben pagar impuestos sobre el uso de canales o ríos en el caso de las áreas rurales²⁶.

La tercera fuente de financiación es mediante otras actividades ilegales, como la explotación mineral, la piratería o comercio ilegal²⁷. Este es el caso del contrabando de armas y la posesión de municiones a través del tráfico de embarcaciones pesqueras de vela tradicionales por el mar Arábigo como medio de transporte situados en Somalia y Yemen²⁸.

Por último, existe una fuente de financiación externa. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó y sancionó a dieciséis entidades e individuos que recaudan fondos para el grupo terrorista, entre ellos países del Cuerno de África, Emiratos Árabes Unidos y Chipre²⁹. Ante un gobierno que no puede monopolizar la violencia en las zonas controladas, la recaudación de impuestos no solo aumenta la financiación del grupo, sino que les da legitimidad como estructura de gobierno paralelo, obligando a la ciudadanía a reconocer su autoridad. Y no solo eso, sino que el dinero a su vez es empleado en material armamentístico, aumentando la inseguridad y violencia empleada por el grupo terrorista.

Uso de la violencia

El terrorismo implica la coerción de la población mediante el uso estratégico de la violencia o la amenaza de la misma. El grupo Al-Shabaab ha utilizado los ataques asimétricos, el uso de artefactos explosivos improvisados o la violencia entre clanes para influir en el comportamiento de la población civil y fomentar el apoyo a su campaña violenta³⁰. La violencia ejercida en sus áreas de control incluyen secuestros, agresión sexual, bloqueo o hambruna en los pueblos que no paguen impuestos o colaboren con el gobierno. En las zonas donde la presencia del gobierno es menor, es decir, en aquellas áreas donde no existen mecanismos de resolución de conflictos o justicia, la violencia es mayor y, por ende lo es el apoyo forzado a Al-Shabaab.

Por otro lado, se sirven de una serie de “tácticas de guerrilla”, basadas en la sorpresa y la movilidad, en zonas donde la presencia del Estado es fuerte y de esta forma, desgastan las capacidades militares estatales para demostrar sus competencias. El uso de artefactos explosivos improvisados ha experimentado un crecimiento sustancial desde la subida al poder del presidente Hassan Sheikh Mohamud en 2022, aumentando de una media de 166,5 por año en 2020-2021 a 249,5 por año en 2022-2023, un crecimiento del 50%³¹.

Asimismo, la ideología de Al-Shabaab, el salafismo yihadista, juega un papel central en la justificación del uso de la violencia, incluidos los ataques suicidas. La presencia de “combatientes extranjeros” educados en lugares como Afganistán e Iraq se relacionan con la radicalización del grupo y sus estrategias³². Su objetivo reside en incorporar militantes locales al movimiento yihadista transnacional y multiétnico³³.

La lucha armada es considerada un medio estratégico y un deber religioso³⁴. Esto es posible gracias a la glorificación del martirio y la promesa que serán recompensados con la vida eterna. Detrás de sus acciones, además, existe una motivación política³⁵, es decir, los terroristas islamistas apelan con frecuencia la responsabilidad de los musulmanes de enfrentarse a cualquier movimiento de contestación que amenace al mundo musulmán y a su proyecto político.

Los grupos terroristas de estas características promueven atentados suicidas como actos de sacrificio en el camino de la yihad³⁶. Este tipo de ataques cuentan con una serie de ventajas tácticas como puede ser la alta tasa de mortalidad, el impacto psicológico de las víctimas, escaso empleo de recursos y la selección precisa de objetivos. Además perturban la vida cotidiana e impiden el funcionamiento del país. La persuasión religiosa también se traslada a las escuelas o “madrasas” basadas en la predicación por líderes religiosos y profesores radicalizados³⁷. De esta forma, la religión se convierte en una herramienta clave para la movilización de militantes y perpetuación de la violencia en el territorio somalí.

Es en una circunstancia de pobreza generalizada donde la violencia sirve como medio de control sobre la población. La integración en el grupo incluye diversos incentivos económicos e incluso puede conferir estatus social³⁸. Por tanto, el reclutamiento es un proceso inducido, que no tanto voluntario, o incluso forzado. En primer lugar, puesto que Al-Shabaab se asocia con los jóvenes, los empleadores desconfían de contratarlos y, como consecuencia, existe un alto desempleo juvenil, llegando en 2023 al 34.28%³⁹. Un informe de Naciones Unidas para el Desarrollo señalaba como la falta de oportunidades laborales, la necesidad de medios de subsistencia o abusos contra los derechos, son las principales causas de que jóvenes africanos se unan a grupos extremistas⁴⁰. La realidad somalí no es distinta y la adhesión al grupo se plantea como opción viable para la subsistencia.

En 2022 más del 54,4%⁴¹ se encontraba por debajo de la línea de pobreza al no tener forma de traer ingresos a sus familias. Solo el 33% de la población utiliza los servicios de saneamiento adecuados produciendo epidemias como la polio o sarampión, lo que agrava la salud pública⁴². Muchas de las zonas rurales carecen de centros de salud y personal médico adecuados debido a la baja inversión del presupuesto somalí al sector sanitario. La seguridad generalizada impide el acceso a las instalaciones y la milicia negocia los servicios básicos sanitarios a cambio de lealtades e impuestos.

Esta inseguridad, ahondada no solo por el conflicto sino también por la crisis climática que enfrenta, han obligado a cuatro millones de somalíes, una cuarta parte del país, a migrar a la ciudad⁴³. La falta de oportunidades en la ciudad, tanto laborales como educativas, aumenta la vulnerabilidad de los jóvenes al reclutamiento por parte del grupo islamista.

Para los jóvenes sin empleo o formación, el reclutamiento pasa a ser una opción viable que incluye buena paga, educación islámica gratuita e incluso matrimonio⁴⁴. El reclutamiento forzado en las zonas controladas por Al-Shabaab lleva también a la persecución y a la necesidad de migrar. Al-Shabaab ha penetrado en los campamentos de refugiados somalíes en Etiopía y Kenia, como Dadaab, en el que se encuentran numerosas células simpatizantes que han facilitado los ataques del grupo⁴⁵.

Como consecuencia, se han endurecido las medidas de contención y registro de refugiados somalíes⁴⁶. En 2023, se registraban 110.000 somalíes desplazados a los campamentos de Dadaab por el conflicto y la sequía⁴⁷. Incluso pasadas las fronteras porosas del territorio somalí, la vulnerabilidad al reclutamiento por parte de la milicia es latente, y los que regresan al país se ven envueltos en las complejas dinámicas de clanes y amenazas a su seguridad. El número de refugiados obligados a huir del conflicto experimentó un crecimiento del 53% entre 2020-2023⁴⁸. Estas tendencias muestran no solo la inestabilidad nacional, sino también las implicaciones para la región africana Oriental.

Apoyo social

El apoyo civil a Al-Shabaab es difuso. Por un lado, una parte de la población local apoya al grupo islamista por la formación de una identidad religiosa compartida y la voluntad de establecer una estructura gubernamental que perdure. Por otro, un estudio de Naciones Unidas en Somalia⁴⁹ sobre la actitud hacia Al-Shabaab por parte de la población registraba que, mientras algunos encuestados pensaban que las zonas en control de Al-Shabaab eran relativamente seguras, de paz y estabilidad económica a causa de la ausencia de conflicto de clanes; la mayoría recalcaba el efecto negativo del grupo islamista sobre sus comunidades. La realidad es que matan a civiles, confiscan la propiedad, realizan secuestros y crean una cultura de desconfianza.

Conclusiones

Los mecanismos de poder paralelo en Somalia, encarnados principalmente por Al-Shabaab, responden a un contexto de debilitamiento estructural del Estado y la desafección ciudadana hacia los modelos de gobernanza impuestos desde el exterior.

En la dimensión de la gobernanza, la incapacidad del Estado somalí para articular una estructura híbrida y legítima ha dejado un vacío que Al-Shabaab ha sabido ocupar, integrando a clanes marginados y ofreciendo unos servicios básicos que no llegan desde su gobierno.

Su estructura de financiación, basada en actividades tanto lícitas como ilícitas, permiten la continuidad del grupo en la zona. Este dinero es empleado en armas y estructuras que alimentan su poder y el uso de la violencia. A través de ellas, la población es coaccionada y obligada a responder a su autoridad. El equilibrio entre la coerción y los servicios prestados permite al grupo terrorista institucionalizarse parcialmente y presentarse como un actor político.

El futuro de Somalia, por tanto, es incierto. El desmantelamiento del grupo terrorista requeriría “erosionar su capacidad para infiltrarse en las zonas controladas por el gobierno para gobernar, cobrar impuestos y aplicar la justicia” dado que estas funciones constituyen las principales fuentes de su resistencia y financiación⁵⁰.

El Gobierno central debe responder a las demandas de su sociedad, y adaptar su estructura estatal a la voluntad política, esto es, a su sociedad enraizada en los clanes como base organizativa. Pero para cohesionar y reconstruir el país, se deben reducir las barreras socioeconómicas y religiosas que convierten el reclutamiento en la única opción para la subsistencia. La religión a su vez, aparte de ser un desafío, podría ser herramienta de reconciliación nacional y con este fin sería necesario promover el diálogo interreligioso que mitigue los sentimientos de odio y el vínculo entre religión y violencia, algo que solo puede ocurrir desde el interior. Quizá el desarrollo de Somalia reside en sus actores locales, que no en los internacionales, puesto que ellos gozan de legitimidad entre sus comunidades. La reconstrucción nacional, en resumen, debe pasar por la recuperación de la confianza entre las comunidades locales y un gobierno que les proteja.