IEEE. Navegando aguas turbulentas: Soberanía panameña frente al desafío de Donald Trump

Introducción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece no tener intenciones de adoptar una política de «buena vecindad». Ha ridiculizado al primer ministro saliente canadiense, Justin Trudeau, llamándolo «gobernador» y sugiriendo que un país de cuarenta millones de habitantes debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Su primera conversación telefónica con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, terminó con Sheinbaum aclarando educadamente que no había aceptado ninguno de los términos que Trump afirmaba haber acordado.

Las recientes declaraciones de Trump, sobre la posibilidad de que su país recupere el control del canal de Panamá, han despertado tensiones latentes que no se manifestaban desde hacía décadas. En mensajes en las redes sociales y comentarios a sus partidarios, Trump acusó a Panamá de cobrar a Estados Unidos «tarifas exorbitantes» por utilizar el canal e insinuó la creciente influencia china sobre la crucial vía navegable¹.

El comentario del presidente republicano se produjo durante su primer gran mitin desde que ganó la Casa Blanca el 5 de noviembre, aunque no había sido un tema destacado en la campaña presidencial. Así disfrutó de su regreso al poder mientras una gran audiencia de conservadores le aclamaba.

Desde la transferencia oficial del canal a Panamá hace ahora 25 años, en 1999, esta clase de propuestas no había sido planteada de manera pública por ningún líder estadounidense. La última ocasión en que se debatieron de forma tan significativa cuestiones relacionadas con la soberanía y el control del canal fue durante las negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter² en la década de 1970, que marcaron el inicio del proceso para devolver la administración del canal a Panamá. Esto significa que han transcurrido más de 40 años desde que surgieron debates similares en el escenario internacional.

En respuesta a estas declaraciones, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reafirmó categóricamente la soberanía innegociable de su país sobre el canal, subrayando que todo el territorio canalero pertenece y seguirá perteneciendo a Panamá.

La reacción de Mulino fue respaldada por líderes de toda América Latina, incluyendo a Claudia Sheinbaum de México y Gustavo Petro de Colombia, así como por organizaciones internacionales como la OEA (Organización de Estados Americanos).

Trump elevó la controversia al exigir públicamente que Panamá reduzca las tarifas de cruce para barcos estadounidenses o devuelva el control del canal a Estados Unidos. Esta reclamación, realizada tanto en redes sociales como en eventos políticos, incluyó afirmaciones cuestionables, como la supuesta muerte de 38.000 estadounidenses durante la construcción del canal, un número ampliamente desmentido por expertos.

No contento con ello, las amenazas de Trump llegaron al punto de no descartar una acción militar para hacerse con el control del canal de Panamá, tal como apuntó en una conferencia en Florida³.

Por último, y no menos importante, en su discurso de toma de posesión, del pasado día 20, volvió a reiterar su intención de recobrar el canal.

Estos episodios ponen de relieve la trascendencia histórica y geopolítica de esta vía acuática, así como los desafíos que su control sigue representando en el contexto de las relaciones internacionales contemporáneas, y permiten entrever que el continente americano va a ser una zona clave para la segunda administración de Trump.

El canal de Panamá ha sido, desde su inauguración en 1914, una obra de ingeniería clave para el comercio global y un punto de interés estratégico para diversas potencias. Su construcción inicial por Francia y posterior culminación por Estados Unidos no solo reflejan los retos tecnológicos de su tiempo, sino también los intereses geopolíticos que han rodeado esta vía interoceánica. La influencia de potencias extranjeras, como China en las últimas décadas, ha renovado las discusiones sobre el impacto del canal en el equilibrio de poder global. En este contexto, las declaraciones de Trump también reavivan debates históricos sobre soberanía y control, subrayando la importancia de esta región en las estrategias políticas y económicas de los Estados Unidos y otros actores internacionales.

El legado histórico del canal de Panamá: Claves de una obra estratégica

Desde época virreinal, el istmo de Panamá se consideró un punto estratégico para el comercio y la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico. En el siglo XVI, los españoles establecieron rutas comerciales que atravesaban el istmo, como el Camino Real y el Camino de Cruces, esenciales para el transporte de mercancías hacia Europa. Y fue en ese mismo siglo cuando el Imperio español imaginó por primera vez la ambiciosa idea de construir un canal que uniera los dos océanos. Álvaro de Saavedra Cerón, navegante y descubridor, propuso por primera vez el proyecto, y en 1533 Gaspar de Espinosa, teniente de gobernador de Panamá, lo presentó a Carlos V para hacer navegable el río Chagres. Aunque inicialmente el emperador respaldó la iniciativa y ordenó planos y estudios, la propuesta se descartó debido a las dificultades técnicas y la falta de apoyo.

La idea persistió a lo largo del tiempo. En 1590, el jesuita y naturalista José de Acosta reflexionó sobre la posibilidad de romper las siete leguas de tierra que separaban los océanos, pero rechazó la propuesta argumentando tanto limitaciones técnicas como razones teológicas⁴. Posteriormente, en el reinado de Felipe III, se encargó un proyecto a ingenieros neerlandeses, pero nuevamente se abandonó, esta vez por falta de recursos y por temor a que el canal facilitara ataques de los enemigos del Imperio español⁵.

Este interés temprano subraya la visión estratégica de España, aunque los retos técnicos y políticos impidieron materializar el proyecto en ese período.

Ya durante el siglo XIX, la ruta terrestre entre los dos océanos volvió a cobrar importancia en las décadas de 1840 y 1850, durante la fiebre del oro de California. A lo largo de todo ese siglo Estados Unidos compitió con otras potencias, como Francia y Gran Bretaña, por tierras e influencias en Centroamérica. El control de Panamá fue un elemento clave del ascenso estadounidense hacia el dominio hemisférico y el Imperio de ultramar tras la guerra hispano-estadounidense de 1898.

Pero no fue hasta principios del siglo XX que el sueño se hizo realidad, en gran parte gracias a la visión y determinación del presidente estadounidense Theodore Roosevelt. Reconociendo el inmenso potencial estratégico y económico del canal, la Administración norteamericana orquestó la independencia de Panamá de Colombia en 1903, aprovechando la presión diplomática y la presencia militar para asegurar el control de la zona del canal. Esto permitió a Estados Unidos tomar las riendas del proyecto francés, que se encontraba paralizado, e introducir los avances de ingeniería necesarios para completarlo, como el innovador uso de esclusas, junto con medidas sanitarias efectivas para combatir la malaria y la fiebre amarilla. Con la firma del Tratado Hay Bunau Varilla⁶ el Estado norteamericano se aseguró el dominio sobre una franja territorial de 10 km de ancho donde se construiría la Zona del canal.

Pero la soberanía panameña tuvo que pagar un precio muy alto, tanto antes como después de la construcción del canal: la intervención jurisdiccional y militar del gigante del norte. No hay que olvidar que, desde la década de 1840, Estados Unidos ha realizado intervenciones armadas en la nación canalera para proteger sus intereses comerciales, siendo la más grave la acontecida en 1989, cuyo resultado fue la muerte de cientos de civiles panameños⁷.

El canal, inaugurado en 1914, facilitó el comercio global, evitando que los barcos tengan que recorrer, aproximadamente, 7.000 millas adicionales para navegar alrededor del cabo de Hornos en los extremos sur de Sudamérica.

La practicidad del canal se demostró durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó como un paso crítico para el esfuerzo bélico aliado entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Pero la gestión de esta vía acuática por parte de Estados Unidos generó tensiones políticas y sociales de larga data en Panamá, particularmente después de la crisis del canal de Suez de 1956, cuando los planes británicos y franceses de invadir Egipto, posteriormente de la nacionalización del canal de Suez, que puso de manifiesto el poder geopolítico del control sobre las rutas marítimas clave.

La fiscalización estadounidense sobre el canal de Panamá se volvió cada vez más impopular entre los panameños. A finales de los años 60 y principios de los 70, mientras el rechazo al colonialismo crecía y Estados Unidos competía con la antigua Unión Soviética por la influencia en el llamado tercer mundo, Panamá fue escenario de intensas protestas contra la gestión norteamericana y demandas de mayor soberanía. En 1964 estallaron disturbios en la zona del canal, en los que 21 panameños mueren abatidos por soldados estadounidenses, lo que provocó una breve ruptura de relaciones con Washington. En respuesta, la Administración de Richard Nixon ya inició negociaciones con el régimen de Omar Torrijos para transferir el canal y su zona adyacente.

Aunque la firma de los Tratados Carter-Torrijos supuso un giro transcendental en esta relación al devolver gradualmente el control del canal a los panameños, el proceso no se completó hasta 1999.

Esta cesión había sido en realidad un objetivo del secretario de Estado del expresidente Ford, Henry Kissinger, que consideraba que esta transferencia era la mejor forma de impulsar la posición de Estados Unidos en Iberoamérica en esos momentos⁸.

Muchos piensan que —el recientemente fallecido— Jimmy Carter redefinió las relaciones de Estados Unidos con América Latina durante la Guerra Fría, priorizando los derechos humanos y la democracia, sin descuidar los intereses de seguridad nacional. Aunque su enfoque generó críticas tanto de la derecha como de los activistas de derechos humanos, su capacidad para equilibrar principios y pragmatismo destacó. Su doctrina puede resumirse como un «compromiso firme», que combinó ideales con negociación efectiva en la región⁹.

Los acuerdos alcanzados el 7 de septiembre de 1977 entre el gobierno de Carter y el de Panamá simbolizan de manera elocuente la postura del presidente estadounidense hacia sus vecinos del sur. Tras trece años de arduas negociaciones, los históricos Tratados Torrijos-Carter, firmados en la sede de la OEA en Washington por Carter y el líder panameño, el general Omar Torrijos, establecieron la devolución progresiva del canal de Panamá y su zona circundante a la soberanía panameña. Este proceso, que puso fin a siete décadas de control civil y militar estadounidense, se estructuró en etapas y debía completarse a finales de 1999.

Es importante señalar que el acuerdo involucraba dos tratados: uno de ellos para la entrega y el otro, que continúa a perpetuidad, le da a Estados Unidos el derecho de actuar para garantizar que el canal permanezca abierto y seguro, es decir, actuar si la operación del canal se ve amenazada debido a un conflicto militar, pero no para reafirmar el control.

Los tratados, que generaron divisiones en la opinión pública, fueron rechazados por el Partido Republicano y marcaron una de las controversias más significativas en torno a este tema. Figuras como Ronald Reagan expresaron inicialmente su rechazo a los acuerdos, pero moderaron su postura una vez que estos fueron firmados. Esta oposición, según documenta Cannon, biógrafo del expresidente, estuvo motivada más por intereses políticos que por un desacuerdo sustancial sobre el futuro del canal, dado que el tema resultaba atractivo para los sectores conservadores más radicales, pero decayó una vez que había cumplido su propósito para la carrera presidencial¹⁰. Por esta razón, se ha considerado que la cuestión del canal marcó un punto de inflexión en la trayectoria política de Reagan. Su campaña aprovechó estratégicamente la percepción de que la transferencia del canal podría ser vista como una nueva humillación para Estados Unidos, sumándose a los fracasos de Vietnam y el escándalo de Watergate.

A la postre, los acuerdos lograron superar el proceso de ratificación en el Congreso. Esto fue posible gracias a que los demócratas renovaron su mayoría en ambas cámaras durante las elecciones legislativas de medio término¹¹ en noviembre de 1978. Finalmente, los acuerdos entraron en vigor el 1 de octubre de 1979, fecha en que se dio inicio a la primera fase de la transferencia de soberanía. En esta etapa, la Zona del Canal fue abolida y convertida en las Áreas Revertidas del Canal de Panamá, bajo un régimen de soberanía compartida.

En junio de 1978, Carter visitó Panamá tras una invitación de Torrijos y del presidente nominal del país, Basilio Lakas¹². Durante su estancia, se reunió con otros líderes regionales, incluidos José López Portillo de México, Carlos Andrés Pérez de Venezuela, Alfonso López Michelsen de Colombia, Rodrigo Carazo de Costa Rica y Michael Manley de Jamaica. Esta reunión subrayó el compromiso de Carter con la diplomacia hemisférica.

El canal fue trasferido definitivamente a Panamá el 31 de diciembre de 1999, durante la Administración Clinton, desde ese momento ha sido propiedad y ha sido operado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Esta agencia gubernamental autónoma, se estableció poco antes de la devolución.

En el año 2000, poco después de que Panamá asumiera el control total, el volumen de transporte marítimo comenzó a superar rápidamente la capacidad de la infraestructura existente. Este aumento en la demanda evidenció la necesidad de modernizar la vía para mantener su competitividad global.

En 2007, el gobierno panameño emprendió un ambicioso proyecto de ampliación, aprobado mediante un referéndum nacional en el que la mayoría de los panameños respaldaron la iniciativa. Las obras, que incluyeron la construcción de un nuevo juego de esclusas más grandes y el ensanchamiento de canales, y que contaron con amplia y significativa presencia de empresas españolas¹³, se completaron en 2016, casi una década después. La ampliación permitió al canal manejar embarcaciones de mayor tamaño conocidas como buques Neopanamax, consolidando su papel como una de las rutas marítimas más importantes del mundo y duplicando su capacidad operativa¹⁴.

Este proyecto no solo reforzó la economía panameña, sino que también puso de relieve el liderazgo del país en la gestión de infraestructuras estratégicas a nivel global.

Alrededor del 40% del tráfico mundial de buques de carga se mueve a través de esta vía, correspondiendo dos tercios de estos movimientos a los que salen o se dirigen a Estados Unidos. Entre 13.000 y 14.000 barcos utilizan el canal cada año¹⁵.

El canal funciona, como venimos analizando, por medio de una serie de esclusas que permiten salvar el desnivel existente con el lago Gatún, situado a 26 metros sobre el nivel del mar. Cada barco que transita requiere aproximadamente 200 millones de litros de agua dulce. Su operación es crítica no solo para el transporte marítimo, sino también, como ya señalamos, como un importante generador de ingresos para Panamá.

Respuesta y respaldo a la soberanía panameña

En medio de la incertidumbre global que genera la llegada del nuevo inquilino de la Casa Blanca, sus declaraciones podrían reflejar una cierta visión histórica de Estados Unidos hacia América Latina como un territorio para explotar, en lugar de un conjunto de naciones soberanas. Este enfoque, combinado con la retórica agresiva del mandatario estadounidense, ha avivado el sentimiento nacionalista en Panamá y otros países de la región, fortaleciendo su determinación de proteger la soberanía sobre sus recursos estratégicos.

El conservador José Raúl Mulino, presidente de Panamá, que asumió el poder el pasado 1 de julio, rechazó las manifestaciones de Trump como un ataque a la independencia de su país, subrayando que las tarifas del canal se establecen mediante procesos públicos y considerando factores como los costos operativos y la competencia internacional. Mulino, aunque alineado con Trump en muchos ámbitos —como la cuestión migratoria¹⁶—, destacó además que el canal no está bajo el control de ninguna potencia extranjera, respondiendo a las insinuaciones de su homólogo sobre la influencia china en la infraestructura¹⁷.

El grito de «el canal es de Panamá» ha resonado con fuerza en todo el país desde el 21 de diciembre, consolidándose como un símbolo de unidad nacional. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos han logrado lo que parecía imposible: unir a una sociedad dividida por disputas políticas internas en torno a una reivindicación patriótica común. Este resurgimiento del orgullo nacional coincidió con la conmemoración del 25.º aniversario de la recuperación de la vía interoceánica por parte de Panamá¹⁸.

Durante la ceremonia de celebración el dirigente panameño no se refirió específicamente a las declaraciones de Trump. Sin embargo, trató de desviar las acusaciones de que China podría tener demasiada influencia sobre el canal. Al mismo tiempo reafirmó la soberanía panameña sobre la infraestructura acuática al señalar con firmeza: «No hay otras manos involucradas en el canal que no sean las de Panamá. Tengan la seguridad de que estará en nuestras manos para siempre»¹⁹.

La postura del presidente panameño fue respaldada por líderes iberoamericanos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su apoyo al mandatario panameño a través de un largo mensaje en la red social X, sobre la soberanía del canal, señalando que cualquier intento de desestabilizar a Panamá o América Latina sería más costoso para Estados Unidos que pagar las tarifas del canal. Petro abogó por una relación de igualdad entre Estados Unidos y los países de la región, enfocada en la prosperidad mutua y afirmó que estará al lado de Panamá «hasta las últimas consecuencias»²⁰.

Asimismo, el Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI) expresó su preocupación y rechazo ante las declaraciones de Donald Trump, calificándolas como desafortunadas. En su comunicado, el CORI destacó la importancia de respetar las normas y principios del derecho internacional, reafirmando el derecho de las naciones latinoamericanas a vivir en una región de paz, libre de injerencias externas e hizo un llamamiento para evitar que las rivalidades comerciales entre países escalen en tensiones geopolíticas, instando a la unión regional y a la construcción de una sola voz en apoyo y solidaridad con Panamá²¹.

De igual modo, la jefa del Ejecutivo mexicano, Claudia Sheinbaum, respaldó a Mulino, y aseguró que «cada metro cuadrado del canal de Panamá y sus zonas adyacentes son de Panamá y lo seguirán siendo», mostrando su solidaridad y apoyo al presidente y al pueblo panameño²².

En esta misma línea, una amplia coalición de líderes latinoamericanos, encabezada por el expresidente panameño Martín Torrijos y respaldada por más de doscientos académicos y diplomáticos destacados, emitió una declaración conjunta en rechazo a las declaraciones de Trump. En el comunicado, los firmantes denuncian cualquier intento de revivir la Doctrina Monroe, símbolo histórico del control hegemónico de Estados Unidos sobre América Latina, y enfatizan que el respeto a los tratados internacionales y al derecho internacional es esencial para la convivencia en el continente.

Entre los firmantes se encuentran figuras destacadas como las excancilleres colombianas María Emma Mejía, Noemí Sanín y Marta Lucía Ramírez; los diplomáticos mexicanos Jorge Castañeda, Bernardo Sepúlveda y Claudia Ruiz Massieu; así como Santiago Cafiero y Susana Malcorra de Argentina, y Alejandro Foxley, Heraldo Muñoz y Antonia Urrejola de Chile. También respaldaron el manifiesto antiguos jefes diplomáticos de Brasil, Bolivia, Uruguay, Nicaragua y Guatemala, junto con destacados defensores de los derechos humanos como José Miguel Vivanco y Juan E. Méndez, relator especial de la ONU contra la tortura hasta 2016.

La declaración subraya el rechazo de la región a cualquier intento de desestabilización que vulnere su soberanía, haciendo un llamamiento a respetar los tratados históricos como pilares fundamentales para la paz y la cooperación en el hemisferio occidental.

Este posicionamiento refuerza el respaldo de América Latina a Panamá en un momento clave para la defensa de su soberanía sobre el canal²³.

Incluso desde China las reacciones no se hicieron esperar, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, en respuesta a la afirmación del líder norteamericano de que existe personal militar chino estacionado en el canal de Panamá, declaró que su país respetará la soberanía panameña sobre el canal y reconocerá a este como una vía fluvial internacional permanentemente neutral²⁴.

En cambio, el jefe de la diplomacia británica, David Lammy, evitó condenar las declaraciones del nuevo presidente de Estados Unidos, sobre sus ambiciones de apoderarse del canal de Panamá y Groenlandia, asegurando que no sucederán. Lammy manifestó a una cadena de televisión británica que «no está en el negocio de condenar a nuestro aliado más cercano» cuando se le preguntó si iba a denunciar la retórica del mandatario estadounidense²⁵.

Pero los panameños no subestiman las amenazas de Trump, quienes consideran el canal como un pilar de su identidad nacional y dependen de su lucrativo tráfico. En 2024, el canal generó beneficios totales de casi 5.000 millones de dólares estadounidenses. Según un estudio publicado en diciembre por IDB Invest²⁶, el 23,6% de los ingresos anuales de Panamá provienen del canal y de las empresas que prestan servicios relacionados con su funcionamiento.

Ese crecimiento económico que Panamá ha experimentado, si se compara con otras naciones de Centroamérica, ha ayudado al país a conseguir una estabilidad poco frecuente donde las naciones circundantes se ven acosados por la pobreza, el narcotráfico, y, por ende, la migración.

Minutos después del combativo discurso inaugural de Donald Trump²⁷, en el que confirmó sus planes de recuperar el canal de Panamá, criticando duramente la transferencia de aquel a manos panameñas, calificándola como un «regalo tonto» y una pérdida estratégica para Estados Unidos y catalogando esta decisión como de error histórico, Mulino publicó en su cuenta de X un comunicado en el que reiteraba lo que ya había expresado en diciembre pasado, que el canal es y seguirá siendo de Panamá y que estará bajo control panameño²⁸.

Paralelamente, Panamá elevó una queja formal ante las Naciones Unidas, recordando que las amenazas de uso de la fuerza violan la Carta de la ONU. El embajador panameño ante la ONU, Eloy Alfaro de Alba, subrayó que las declaraciones de Trump son inaceptables y que Panamá defenderá su soberanía en todos los foros internacionales²⁹.

Estas acciones reflejan una postura estratégica de Panamá, que busca encauzar las discusiones por los canales diplomáticos adecuados, reafirmando su soberanía y administración legítima del canal de Panamá frente a las declaraciones del presidente norteamericano.

La retórica de Trump: Confusión y controversia

Las propuestas poco convencionales de Donald Trump plantean un dilema interpretativo: no siempre es posible discernir si están diseñadas para captar la atención del público o si reflejan una política deliberada y seria. Una lección de su primer mandato es que solo una fracción limitada de sus declaraciones más llamativas se materializaron en acciones concretas.

Pero en este caso, el argumento del presidente estadounidense para reclamar la devolución del canal se podría basar en algunas exageraciones. Aunque es verdad que una filial de la empresa CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, opera en dos puertos marítimos situados a ambos extremos del canal de Panamá, China no es la que controla la infraestructura del canal.

Pero quizás la exigencia de Donald Trump podría constituir una declaración de intenciones que trasciende al gobierno panameño y envíe un mensaje inequívoco a su principal competidor comercial, al sugerir que proyectos alternativos, como un canal en Nicaragua³⁰, podrían tener un significado estratégico renovado.

Para Pekín, la posibilidad de un canal de Panamá bajo un control estadounidense absoluto plantea dudas sobre la viabilidad de confiar plenamente en esta infraestructura clave. En este contexto, cobran sentido las recientes amenazas de imponer aranceles a las exportaciones provenientes del nuevo megapuerto de Chancay, en Perú. Con esta maniobra, Trump no solo reabre la disputa sobre las rutas marítimas y los puertos de trascendencia estratégica, sino que también pone de manifiesto la creciente competencia entre Washington y Pekín por el control de estas vías cruciales para el comercio global.

En las últimas décadas, China ha ampliado significativamente su influencia en América Latina mediante la adquisición de participaciones en numerosos puertos de Sudamérica y Centroamérica, así como en la gestión de tendidos eléctricos, vías fluviales y redes de telecomunicaciones. Frente a esta realidad, la advertencia de Trump a Panamá podría sentar un precedente y enviar una señal contundente a la llamada «zona de comercio americana» —que se extiende desde Canadá hasta Argentina y Chile— sobre las consecuencias de priorizar la aproximación a China por encima de Estados Unidos. En este escenario, el mensaje es claro: alinearse con Pekín podría implicar el cierre de facto del acceso al mercado estadounidense.

Ciertamente, la creciente apertura de Panamá hacia China en los últimos años ha intensificado las preocupaciones de Estados Unidos sobre la creciente influencia de Pekín en la región. En 2017, Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para reconocer a la República Popular China como su único gobierno legítimo. Este giro marcó un hito en las relaciones bilaterales y, en 2018, Panamá se convirtió en el primer país de América Latina en unirse oficialmente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el ambicioso programa global de infraestructuras impulsado por China³¹. Pero recordemos que este hecho se produjo durante la primera presidencia de Trump, cuando su política en este hemisferio se centró principalmente en la migración y en las sanciones a Venezuela, y que, en 2020, cuando aún ocupaba la Casa Blanca, las empresas chinas ayudaron a Panamá a desarrollar un sistema de gestión de agua para combatir la sequía. El presidente podría haber sido percibido como excesivamente complaciente con China en ese momento.

Otra hipérbole de las alegaciones de Trump apunta a las tarifas que la República panameña impone por el uso del canal, calificándolas de «exorbitantes» y alegando que perjudican a las navieras estadounidenses³². Afirmación que volvió a destacar en su discurso de toma de posesión. Según las cuales, estos costos «muy altos» afectan directamente la competitividad de las empresas norteamericanas en el comercio internacional, reduciendo sus márgenes de ganancia y encareciendo las operaciones logísticas. Trump calificó esta situación como injusta y acusó a Panamá de incumplir el espíritu de los Tratados Torrijos-Carter, los cuales, según él, deberían garantizar condiciones más favorables para los barcos estadounidenses³³.

Los precios del transporte marítimo han aumentado debido a las sequías que afectaron a las esclusas del canal a partir de 2023, con los niveles de agua del lago Gatún, principal reserva hidrológica, en niveles históricamente bajos. La sequía se debió en parte a un fuerte efecto del fenómeno meteorológico conocido como El Niño, ya que el aumento de la temperatura del océano Pacífico alteró los patrones climáticos en todo el mundo. La Autoridad del Canal (ACP) se vio obligada a reducir considerablemente el tráfico diario, en algunos momentos hasta el 40%, y aumentar las tarifas de uso. Aunque recientemente las lluvias han regresado mayoritariamente, Panamá ha mencionado que podrían ser necesarios futuros aumentos de tarifas a medida que se realizan mejoras para adaptarse a las circunstancias actuales y potenciales³⁴.

Estas circunstancias parecen no ser entendidas por el mandatario estadounidense, que los costes del tránsito por el canal están subiendo, no por la avaricia panameña ni por la influencia china, sino más bien por los efectos del cambio climático. De hecho, a medio plazo las empresas afectadas ya están buscando rutas alternativas y otros medios para transportar sus mercancías. Algunos proyectos se están estudiando para construir un corredor ferroviario a través del sur de México, que competiría directamente con el canal panameño³⁵.

Por último, no queremos dejar de mencionar otra de las exageraciones de Donald Trump, cuando afirmó que 35.000 a 38.000 «hombres estadounidenses» habían fallecido durante la construcción del canal.

Durante su construcción, el costo humano fue abrumador. Se estima que más de 25.000 trabajadores perdieron la vida, en su mayoría durante el período francés, cuando las condiciones laborales eran extremadamente precarias y las enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla devastaban a los empleados. Bajo la administración estadounidense, la implementación de medidas sanitarias logró reducir significativamente la tasa de mortalidad, aunque el número de fallecimientos siguió siendo considerable.

Contrario a lo que afirmó Trump, los datos históricos revelan que el promedio de estadounidenses empleados en el proyecto fue de poco más de 5.000, muchos de ellos ingenieros, y las bajas en sus filas fueron mínimas comparadas con las de los trabajadores caribeños. Barbados fue la principal fuente de mano de obra, aportando un gran contingente de trabajadores, mientras que otros 7.500 hombres se reclutaron de las islas francesas de Martinica y Guadalupe³⁶.

Estas cifras subrayan el inmenso costo humano del canal, a menudo olvidado en el relato de su construcción, pero crucial para entender su historia.

Conclusión

La posibilidad de que Estados Unidos recupere el control del canal de Panamá, sugerida por Donald Trump, plantea interrogantes sobre su viabilidad y las consecuencias que podría tener en el ámbito legal, diplomático y geopolítico. Aunque estas declaraciones pueden parecer retóricas, reflejan un alejamiento preocupante de las normas internacionales que han protegido la integridad territorial y la soberanía de las naciones desde la Segunda Guerra Mundial.

Tales discursos sobre socavar las fronteras soberanas y usar la fuerza militar contra aliados, incluso si se dicen a la ligera, marcan una sorprendente desviación de las normas, ya de largo recorrido, sobre la integridad territorial. Y es una palabrería que, según algunos analistas, podría envalentonar a los enemigos de Estados Unidos al sugerir que Washington ahora está de acuerdo con que los países usen la fuerza para volver a trazar las fronteras en un momento en que Rusia sigue adelante con su invasión de Ucrania y China amenaza a Taiwán, que reclama como su propio territorio.

Un ejemplo ilustrativo de esta tendencia fue su anhelo de adquirir Groenlandia en su anterior mandato, una isla de notable interés estratégico que, no obstante, sigue siendo parte de Dinamarca. Ahora, su ambición de recuperar el control del canal de Panamá enfrenta una resistencia igualmente insalvable, ya que el gobierno panameño no tiene intención alguna de ceder voluntariamente esta infraestructura clave.

Sin embargo, estas afirmaciones no solo exageran la situación, sino que también ignoran los compromisos internacionales establecidos en el Tratado Torrijos-Carter de 1977.

Una acción militar para recuperar el canal no solo violaría el tratado, sino también los principios de soberanía consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Tal intervención podría ser considerada una agresión, lo que dañaría gravemente la credibilidad de Estados Unidos como defensor del orden internacional basado en reglas. Además, pondría en peligro el Protocolo de Neutralidad del canal, que garantiza su apertura incluso en tiempos de guerra, afectando a los países que dependen de esta vía marítima para el comercio.

El impacto diplomático también sería significativo. La comunidad internacional, incluidos organismos como la ONU y la OEA, condenaría una acción unilateral, aislando a Estados Unidos en un momento de tensiones crecientes con China y Rusia. Además, Panamá podría invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que obliga a los países firmantes a responder colectivamente ante una agresión, complicando aún más cualquier intento de intervención militar.

Desde 1990, Panamá carece de un ejército tradicional, contando únicamente con fuerzas de seguridad interna. Esto podría facilitar una acción militar inicial por parte de Estados Unidos, pero no garantizaría un control estable del territorio ni de la infraestructura canalera³⁷.

En el ámbito económico, la militarización del canal tendría repercusiones globales. El canal de Panamá, como hemos venido analizando, es una arteria clave para el comercio internacional, y cualquier interrupción en su operatividad podría aumentar los costos del transporte marítimo y generar inestabilidad económica a nivel mundial. Además, tal acción podría fortalecer la narrativa de China y Rusia, que argumentarían la hipocresía de Estados Unidos al actuar de manera unilateral mientras critica a otros países por hacerlo.

De Panamá a Groenlandia, las ambiciones expansionistas del recién estrenado presidente de Estados Unidos podrían señalar una realidad más amplia: en un mundo cada vez más dependiente de las cadenas de suministro extendidas que cruzan el mundo, el dominio de la logística se traduce en seguridad económica. Trump puede que imagine que la toma de Panamá —como hizo Roosevelt— le aseguraría el acceso de Estados Unidos al canal, y que la compra de Groenlandia garantizaría la presencia de Estados Unidos a la entrada de un futuro paso hacia el noroeste a través del hielo ártico que se está derritiendo.

Lo que sí parece evidente, que las aspiraciones expansionistas de Trump auguran una relación tensa y conflictiva entre Estados Unidos y sus aliados, adopta un estilo caracterizado por generar un alto nivel de ruido y confrontación inicial, empleando una estrategia de presión directa que permite a la diplomacia estadounidense intervenir posteriormente con un enfoque más conciliador, maximizando así los beneficios estratégicos.

No es necesario interpretar literalmente las palabras de Trump, pero sí es crucial tomarlas con seriedad, por lo que pudiera pasar.