IEEE. Myanmar: fragmentación y crisis humanitaria

Introducción

El presente capítulo actualiza la situación del conflicto de Myanmar que ya ha sido tratado en dos ediciones anteriores tras el golpe de Estado que tuvo lugar en 2021. El país se encuentra sumido en una espiral de violencia que ha agravado la crisis política y humanitaria y que está teniendo importantes consecuencias geopolíticas, principalmente entre los estados fronterizos como Bangladesh, India y China. A pesar de estas circunstancias, el conflicto de Myanmar recibe escasa difusión internacional por lo que corre el riesgo de convertirse en un ejemplo más de conflicto olvidado.

Durante el último año han sucedido hechos muy relevantes que han provocado que el conflicto haya sufrido una profunda transformación. La Junta Militar ha perdido poder con la derrota en enclaves estratégicos, mientras que las fuerzas opositoras —que agrupan a diversos grupos étnicos y a la sociedad civil birmana— aumentan su fortaleza a medida que se alzan con la victoria tanto en entornos urbanos como rurales.

Todo ello está generando una situación de inestabilidad que amenaza con expandirse más allá de las propias fronteras de Myanmar. Las consecuencias del conflicto son especialmente duras con la población civil tanto por los ataques indiscriminados como por la falta de productos básicos. La migración hacia las fronteras está provocando que los países que limitan con Myanmar estén también sufriendo las consecuencias del conflicto y que vean con preocupación las posibles consecuencias sobre su propia seguridad.

La lucha armada y la profunda crisis humanitaria provocada del conflicto conviven con el interés geoestratégicos vitales de la región, especialmente de China. La prolongación del conflicto en Myanmar retrasa y dificulta sus planes de establecer los corredores comerciales hacia el Índico y evitar de esta manera el estrecho de Malaca.

Antecedentes

El 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar, conocido como el Tadmadaw, llevó a cabo un golpe de Estado por considerar fraudulentos los resultados de las elecciones electorales que habían tenido lugar en noviembre de 2020.

Aunque la mayor parte de la resistencia en contra de la junta y a favor de la democracia se ha unido en torno al Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés) también hay Organizaciones Armadas Étnicas (OAE) que han aprovechado la oportunidad para reforzar su lucha histórica contra el poder central y para conseguir una mayor autonomía.

La Junta Militar de Myanmar tiene que hacer frente a estas dos formas de oposición armada y a sus combinaciones. En los días más próximos al golpe de estado, aprovechando las revueltas que estaban realizando los opositores prodemocracia, las OAE optaron por renovar su lucha armada para continuar con sus pretensiones de reconocimiento y autonomía e intentar recuperar los territorios que habían perdido en los años anteriores. Otros grupos étnicos, sin embargo, se han mantenido en una posición neutral, no respaldan al régimen militar pero tampoco se oponen a él de forma violenta.

Además de esta lucha histórica étnica, la Junta Militar tiene que hace frente a los combatientes procedentes del levantamiento civil prodemocracia, en donde la etnia bamar es la predominante. Después del golpe de Estado los civiles formaron grupos de resistencia locales conocidos como la Fuerza de Defensa del Pueblo (PDF, por sus siglas en inglés). Algunos de estos grupos constituían la vertiente armada del partido del NUG, considerado el Gobierno legítimo de Myanmar por haber ganado las elecciones de 2020.

Esta diversidad de actores ha dotado al conflicto de una mayor complejidad ya que existen múltiples vertientes de lucha armada por la geografía y por las distintas asociaciones que se han generado entre todos los grupos opositores al régimen militar.

El conflicto se ha extendido por el país y al contrario de lo que se esperaba, los avances territoriales logrados en el último año por la resistencia a la Junta Militar no tienen precedentes (Mio Hein, 2024) lo que demuestra que los grupos étnicos y el PDF están cada vez más coordinados, disponen de más medios económicos y materiales y, lo que es más importante, cuentan con el apoyo de la población civil.

Cuando el general Min Aung Hlaing llegó al poder tras el golpe de estado no contaba con que el apoyo consolidado de la población hacia la democracia fuera tan fuerte y estuviera tan profundamente arraigado. Tampoco contaba con la alta resistencia que han mostrado los ejércitos étnicos que, lejos de estar divididos y debilitados, han sido capaces de coordinarse para aumentar su fuerza, incluso con los grupos armados del Gobierno del NUG.

El conflicto de Myanmar no es una guerra civil; es la sublevación de un pueblo, con diferencias, pero amalgamado, frente al poder de la Junta Militar. En este contexto se puede entender el éxito, por ejemplo, de la operación 1027¹, una ofensiva lanzada en octubre de 2023 en el norte del estado de Shan en la que participaron los tres miembros de la Alianza de los Hermanos —el Ejército de Arakán (AA), el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA)² y el Ejército de Liberación Nacional Ta'ang (TNLA)— en coordinación y con el PDF (Htoo Zan, 2023). La importancia de esta operación radica en que era la primera vez que la Alianza de la Hermandad se coordinaba de militar y abiertamente con el NUG (Myo Hein, 2023).

Durante la operación 1027, las milicias aliadas atacaron simultáneamente varias posiciones del Ejército, la Policía y otras fuerzas de seguridad en el norte del estado de Shan. Los militares de la Junta sufrieron cuantiosas pérdidas humanas y materiales como aviones de combate, helicópteros y vehículos blindados. La Alianza de la Hermandad y sus aliados de resistencia en todo el país también capturaron alijos de armas y municiones, así como importantes bases militares y ciudades estratégicas (Htoo Zan, 2024).

Esta victoria supuso un punto de inflexión en el conflicto ya que inspiró a otros grupos de resistencia, incluidos otros ejércitos étnicos, a lanzar ataques coordinados contra el ejército de la Junta Militar (Htoo Zan, 2024).. La escalada continuó con las operaciones 1107 y 1111, de los días 7 y 11 de noviembre, protagonizadas por otras organizaciones étnicas en el estado de Kayah Oriental. La novedad viene dada por un nivel de coordinación sin precedentes y el uso de drones comerciales para atacar objetivos, como infraestructuras y camiones para el transporte de mercancías. También era notable el aumento de frentes, aunque grandes ciudades como Yangon, Mandalay o Naypyidaw no se estuvieron implicas en los combates.

Todos estos ataques coordinados redujeron drásticamente la zona de influencia de Junta Militar, limitándola a un espacio cada vez más pequeño en el centro del país (Myo Hein, 2024b).

Tres meses después de la operación 1027, China logró negociar la tregua de Kumming. Según este acuerdo los grupos opositores renunciaban a realizar ataques ofensivos contra campamentos militares o ciudades bajo el poder de la junta. Por su parte la Junta Militar se comprometía a no realizar ataques aéreos y a no utilizar armamento pesado. Sin embargo, la tregua duró poco. En junio, los militares y los rebeldes retomaron los enfrentamientos, llevando a cabo la operación 1027 (II) y la operación Shan-Man con resultado negativo para el Gobierno de la Junta Militar ya que los rebeldes tomaron la estratégica ciudad de Lashio y, además, se debilitó la posición del general Hiaing dentro del propio régimen militar (Aljazeera, 2024).

El ejército de la Junta Militar ha sufrido pérdidas significativas de tropas terrestres debido a deserciones, bajas y rendiciones. Como resultado, el número total de tropas de combate se ha reducido a 130.000 y las fuerzas auxiliares de policía y milicias que apoyaban a la Junta Militar comprenden alrededor de 70.000 efectivos, en comparación con las estimaciones anteriores que eran de, al menos, 300.000 (Myo Hein, 2024).

Esta disminución en el número de efectivos, hizo que la Junta Militar aplicara la ley de reclutamiento obligatorio que había estado inactiva desde 2010 (Myo Hein, 2024b) lo que ha provocado pánico entre la población birmana. Percibiendo el servicio militar como una probable sentencia de muerte, miles de personas han huido a las zonas liberadas por la resistencia o han emigrado a través de las fronteras, agravando el problema —casi estructural— de los refugiados en Myanmar (UNHCR, 2021).Otros se han unido a las fuerzas de resistencia que luchan contra el régimen de la Junta (UNHCR, 2021).

La aplicación de esta ley ha aumentado la inestabilidad regional. La expansión del conflicto armado en todo el país ha privado a las comunidades de las necesidades básicas y del acceso a los servicios esenciales.

El pueblo de Myanmar ha sufrido graves violaciones de los derechos humanos, más de 26.000 personas han sido detenidas y más de 8.000 civiles han sido asesinados. Se han producido desplazamientos masivos a causa de los combates y ataques indiscriminados contra la población civil (De Riedmatten, 2024).

La Junta Militar está utilizando su famosa estrategia de los cuatro cortes en partes del país que no han sido atacadas directamente en operaciones militares anteriores, principalmente en el estado de Mon (Mon y Quadrini, 2023). Esta estrategia está diseñada para cortar las fuentes de alimentos, los fondos, la información y los reclutas (Mon y Quadrini, 2023). Por este motivo, la Junta ha sido acusada de utilizar el hambre como arma de guerra (Firstpost, 2024).

Situación actual

Los últimos acontecimientos descritos anteriormente han provocado que el conflicto presente una dinámica distinta con relación al último año. La Junta Militar está perdiendo las batalles en varios lugares estratégicos gracias a que los grupos étnicos y el PDF están actuando de una forma coordinada e innovadora que no tenía precedentes (Paliwal, 2024). Los enfrentamientos se han intensificado en las fronteras con China, la India y Bangladesh.

La Junta prometió realizar elecciones en 2025, para lo cual anunció la realización de un censo de población. Estas supuestas elecciones han sido tachadas de una farsa y es muy poco probable que su resultado sea aceptado, al menos por los países occidentales (Reuters, 2024).

Mientras tanto, Aung San Suu Kyi, ganadora de las elecciones del 2021 cuyo resultado produjo el golpe de Estado, continúa en prisión por los delitos presentados por la Junta Militar. El papa Francisco ha pedido su liberación e incluso ha propuesto que pueda ser acogida en el Vaticano (EFE, 2024).

La desesperación por ir perdiendo la guerra hace que la Junta sea responsable de auténticos crímenes de guerra con ataques aéreos indiscriminados contra civiles y objetivos no militares (Frontier, 2024). Se estima que entre el 1 de abril de 2023 y el 30 de junio se han producido 613 muertes de civiles por ataques aéreos, lo que representa un aumento del 739% en comparación con los quince meses anteriores (United Nations Human Rights, 2024).

Los soldados han comenzado a desertar y la Junta Militar está teniendo problemas para mejorar su capacidad de reclutamiento (Paliwal, 2024). Además, para alentar estas deserciones el NUG ha construido campamentos que ayudan a los desertores a pasar a la vida civil (Paliwal, 2024).

El Ejercito de Arakán ya ha tomado el control de la mayor parte del Estado de Rakhine, incluida la frontera con Bangladesh y es probable que pueda tomar la capital, Sittwe y el estratégico puerto de Kyaukpyu (Horsey, 2024).

En tan solo unos meses, el Ejército de Arakán ha creado la mayor zona de Myanmar bajo el control de un grupo armado no estatal, tanto en términos de tamaño como de población y ahora está a punto de hacerse con la seguridad de casi todo Rakhine e incluso es posible que el Ejército de Arakán esté forjando un protoestado de más de un millón de personas en la frontera entre Myanmar y Bangladesh (Bloomberg News, 2024).

El costo de su éxito ha sido alto, sobre todo para los civiles (International Crisis Group, 2024). En respuesta a esta victoria, la Junta Militar ha comenzado a arrestar a decenas de personas por enviar suministros a la zona rebelde (RFA Burmese, 2024).

En las regiones en donde la presión sobre los militares está al límite la Junta Militar está contratando milicias privadas y fuerzas de guardia fronteriza (FGF) para atacar combatientes de la resistencia y atemorizar a los civiles. El pago de estas fuerzas de apoyo se realiza con dinero en efectivo generado por el tráfico de drogas o permitiendo el funcionamiento de empresas ilícitas (Paliwal, 2024).

Frente a esta forma de actuar de la junta, los grupos de la oposición están proporcionando alimentos y medicinas a la población e incluso han dado un paso más allá al crear sistemas de gobernanza paralelos. Por ejemplo, el Ejército de Arakan ha creado tribunales, mecanismos policiales y clínicas médicas que están permitiendo que las agencias de ayuda humanitaria puedan operar sobre el terreno. También está ofreciendo alimentos y medicinas a la población civil, tanto a budistas como musulmanes, del estado de Rakine (Paliwal, 2024).

La captura de la ciudad norteña de Lashio por parte de la resistencia el 3 de agosto marca un punto de inflexión en el conflicto de Myanmar. Después de un mes de feroces combates, el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA) y las fuerzas de resistencia aliadas capturaron este bastión crucial en el norte del estado de Shan, asestando un duro golpe a la asediada junta. Esto representa algo más que la pérdida de una gran ciudad. Es la primera vez que un comando militar regional es capturado por las fuerzas de resistencia (Myo Hein, 2024c).

Crisis humanitaria: desplazados y rohinyás

La situación de conflicto generalizada por todo el país —con un mayor deterioro en el norte de estado de Shan, la región de Mandalay y el estado de Rakhine— provoca nuevos desplazamientos de población. A ello hay que añadir que, desde finales de junio, las lluvias torrenciales monzónicas y el desbordamiento de varios ríos han sumergido varios estados y regiones, exacerbando las ya graves necesidades humanitarias y afectando a unas 393.000 personas. En todo el país, se estima que tres millones de personas están desplazadas internamente y muchos de los nuevos desplazados viven sin un refugio adecuado durante la temporada de monzones (OCHA, 2024).

De todos los desplazados, hay que destacar la situación especial que sufren los rohingyas que intentan huir de Myanmar para entrar en Bangladesh. Considerados apátridas ahora están pasando a engrosar las fuerzas armadas tanto de la Junta Militar (International Crisis Group, 2024) como de los grupos opositores. Por su participación activa en el conflicto se han convertido en objetivos de ataques (Myanmar Closed Consultations, 2024).

Actores externos

Transcurridos tres años desde el golpe de Estado y en vista de que el conflicto se está volviendo más complejo en Myanmar con el aumento de violencia y el retraso de la convocatoria de elecciones, los actores internacionales están desarrollando estrategias sobre cómo abordar esta crisis que amenaza con desestabilizar a todo el sudeste asiático, en especial los países fronterizos.

China

Myanmar ha sido una nación estratégicamente importante para China debido a sus abundantes recursos, su posición geográfica en la costa oriental de la Bahía de Bengala y su frontera terrestre. Myanmar y China comparten una frontera de 2.129 km de largo. En ella se sitúan varios puntos estratégicos en donde tiene lugar las transacciones comerciales como Muse, Lwegel, Chinshwehaw (Lintner, 2023). El valor del comercio en tres estaciones fronterizas clave ahora controladas las organizaciones étnicas, asciende a más de 9.400 millones de dólares, lo que constituye casi el 91% del valor total del comercio transfronterizo entre Myanmar y China (ISP, 2024).

Las relaciones entre Myanmar y China a menudo se han descrito como Pauk Phaw, una relación fraternal, debido a sus lazos políticos, económicos y diplomáticos históricos y culturales³. Las principales preocupaciones de China en Myanmar son la estabilidad del país, especialmente las porosas regiones que colindan con la provincia de Yunnan y el avance de los megaproyectos asociados con la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) como el Corredor Económico China-Myanmar (CMEC) que incluye un puerto de aguas profundas en Kyaukphyu, un parque industrial y un enlace ferroviario de alta velocidad entre Kunming en China y Mandalay en Myanmar. Estas infraestructuras permiten a China tener acceso al Índico y evitar así el importante chokepoint del Estrecho de Malaca. En paralelo al trazado de la línea de ferrocarril se ha construido el gasoducto que conecta la provincia de Yunnan con el mar de Andamán.

En segundo lugar, China necesita evitar que Myanmar se convierta en un estado fallido que provoque la interrupción del comercio y la afluencia de refugiados. Por eso no duda en negociar con quien tenga el poder de un determinado territorio en Myanmar, ya sea la Junta Militar. A pesar de la política de no injerencia en asuntos internos de otros países tan característica de China, la realidad es que China está teniendo una participación más o menos activa en el conflicto en función de sus intereses. Por ejemplo, en el estado de Rakhine, China argumenta que el conflicto y la crisis humanitaria generada con asuntos internos de Myanmar y que la crisis de los rohingyas debe ser tratada de forma constructiva entre el país birmano y Bangladés, ambos considerados amigos de China (Security Council, 2024).

Situación distinta es su injerencia en el conflicto en otros estados fronterizos de Myanmar, en donde la posición de China es mucho más activa⁴. A China le conviene estabilizar la frontera y alejar la lucha de sus territorios de interés para garantizar la estabilidad del CMEC, la seguridad de los nacionales chinos y para crear un espacio donde poder suprimir las redes de ciberestafas (Riezu Tévar, 2024).

Desde el golpe de Estado, estas actividades se han expandido como consecuencia de la laxitud de los militares para hacerles frente ya que necesitan el apoyo de los grupos armados étnicos. Además, el próspero negocio de las operaciones de estafa se ha convertido en uno de los principales generadores de ingresos de las milicias. En 2023, se estimó que el número de estafadores que trabajaban en Myanmar era de 120.000 personas y los ingresos anuales totales generados por ellos se estimaron en 15.300 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a una cuarta parte del PIB de Myanmar en 2023 (Paing, 2024).

En mayo de 2023 China pidió a la Junta que erradicara los centros de estafa cibernéticas en donde trabajan chinos de forma ilegal reclutados por las mafias. La falta de voluntad de esta para poner en marcha una iniciativa a gran escala frente a estos centros proporcionó una oportunidad de oro para la resistencia en forma de aprobación tácita del Gobierno chino para la operación 1027 a finales de 2023 (Bicker, 2024). La Alianza de las Tres Hermandades declaró al comienzo de la operación 1027 que la eliminación de los centros de estafas cibernéticas era una de las principales razones para comenzar la ofensiva (Paing, 2024). De hecho, el éxito de la operación 1027 no puede entenderse sin una participación activa de China en el conflicto apoyando al movimiento de resistencia a la Junta para poder reforzar su influencia en la frontera de Myanmar para controlarla a su favor y liberar a sus nacionales de los centros de ciberestafas (Reuters, 2024b).

Por lo tanto, China se mueve entre dos aguas. Por un lado, el gigante asiático es un importante aliado y proveedor de armas de la Junta (AFP, 2024) y es el menos interesado en facilitar una caída del régimen militar, que puede acelerar un caos que conduzca a la fragmentación político y territorial de Myanmar en múltiples estados étnicos. Esta situación sería desfavorable porque podría conducir al colapso de la economía birmana con unas graves consecuencias para las inversiones chinas en Myanmar.

La Junta sigue manteniendo el control sobre las infraestructuras estatales cruciales de la nación. Hasta la fecha, esta controla aeropuertos internacionales, puertos marítimos y áreas económicamente importantes como la capital comercial, Rangún, que también tiene la mayor cantidad de embajadas extranjeras. Esta es la razón por la que China mantiene interacciones de alto nivel con la Junta a pesar de que un reciente informe del Consejo Asesor Especial para Myanmar (SAC-M) indica que la Junta carece de control territorial efectivo, con once de los dieciocho municipios a lo largo de la frontera entre China y Myanmar totalmente bajo la resistencia (Paing, 2024).

Por otro lado, China también mantiene lazos con los grupos étnicos armados de Myanmar que controlan el territorio cerca de su frontera y considera ahora que podrían ser mejores garantes de la estabilidad fronteriza que las fuerzas de la Junta Militar, especialmente en el Estado de Shan. Sin embargo, China debe evitar que estos grupos armados como el MNDAA, se alinee con otras fuerzas de la oposición, como el PDF, porque percibe que están respaldadas por EE.UU. (Aye, 2024).

Para evitar que las milicias étnicas puedan decantarse por el apoyo occidental, China ha endurecido los controles sobre el movimiento de bienes de consumo y medicinas a través de su frontera con Myanmar (Myanmar Now, 2024). China ha cortado la electricidad, el agua y las comunicaciones a la ciudad de Laukkai, controlada por el MNDAA y ha restringido el comercio de artículos como medicinas a todo el estado de Shan del Norte. Ante esta situación, el MNDAA ya ha declarado no tener ninguna alianza con el PDF, grupo armado del NUG (Scott Mathieson, 2024). Las repercusiones de estas medidas restrictivas están influyendo directamente en la población por lo que China también que gestionar adecuadamente el sentimiento antichina que se está generando.

China también está llevando a cabo una intensa actividad diplomática, asentada en la propuesta de tres puntos: evitar conflictos civiles en Myanmar, evitar la interferencia externa y que el país birmano siga siendo parte de la ASEAN. Todo ello en busca de alcanzar un proceso de paz que evite el caos anárquico en Myanmar que supondría una amenaza para sus intereses comerciales en la región.

Bangladesh

Los rápidos acontecimientos en el estado de Rakhine han repercutido al otro lado de la frontera con Bangladesh, ya golpeada con una crisis como la de los campos de refugiados que albergan a casi un millón de rohingya⁵.

Las relaciones entre el Gobierno de Bangladesh y el Ejército de Arakan se han deteriorado mucho desde principios de 2024. Las condiciones de seguridad han empeorado aún más a medida que los grupos armados rohingya llevan a cabo campañas de reclutamiento en los campos, primero tratando de alistar a hombres rohingya de forma voluntaria y, cuando eso fracasó en gran medida, recurriendo al reclutamiento forzoso. La mayoría de los reclutas parecen haber sido transferidos al ejército de Myanmar (Human Rights Watch, 2024).

A medida que el Ejército de Arakan avanza hacia el norte del estado de Rakhine, se ha enfrentado a desafíos crecientes en la gestión de su relación con las autoridades de Bangladesh, tanto con el Gobierno de la antigua primera ministra Sheikh Hasina, como con el Consejo presidido por Muhammad Yunus tras el derrocamiento de aquélla en agosto. La posibilidad de que el Ejército de Arakan establezca el control total de la frontera ha cambiado la perspectiva de la situación de los rohingyas. Bangladesh han presionado al Ejército de Arakan. para que se reúna con los líderes rohingya para avanzar en las negociaciones sobre la repatriación de refugiados a las áreas controladas por este grupo armado, pero de momento esta opción parece que no es factible (Human Rights Watch, 2024b).

Rusia

Desde el golpe de Estado de 2021, Rusia ha reemplazado a China como principal proveedor de armas de Myanmar⁶. La creciente dependencia del SAC del poder aéreo en el conflicto en curso en Myanmar ha llevado a una mayor dependencia de los aviones de fabricación rusa y menos de los aviones de fabricación china. La SAC también está adquiriendo combustible para aviones de Rusia.

Para el líder de la Junta Militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, Rusia es como el amigo para siempre mientras que China e India les otorga el rango de amigos cercanos (Storey, 2023). De hecho, para corresponder a la solidaridad del Kremlin tras el golpe de Estado, la Junta Militar birmana respaldó inmediatamente la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, siendo el único Estado miembro de la ASEAN en hacerlo (Storey, 2023).

Para Rusia, Myanmar no representa una amenaza para la seguridad internacional y por eso evita que se trate de forma pública este conflicto en el seno del Consejo de Naciones Unidas y argumenta que las delegaciones occidentales tratan de politizar la situación de Myanmar (Security Council, 2024).

EE.UU.

La política estadounidense hacia Myanmar desde el golpe militar se centra en restaurar la democracia, exigir responsabilidades a los militares por sus crímenes y brindar ayuda humanitaria a una población vulnerable (Myres, 2024).

En noviembre de 2022, el Congreso de EE.UU. aprobó la Burma Act⁷ en la que se establece que Estados Unidos apoya al pueblo birmano en su lucha por la democracia, los derechos humanos y la justicia. Desde el golpe, Estados Unidos ha proporcionado cuatrocientos millones de dólares para apoyar el movimiento prodemocracia (Myres, 2024). Sin embargo, la implementación de esta ley avanza lentamente.

La primera disposición clave de la Burma Act permite «programas para fortalecer el federalismo en y entre los estados étnicos de Myanmar, incluida la asistencia no letal para las organizaciones armadas étnicas. La ayuda no letal incluye: radios para comando y control, computadoras portátiles adecuadas para condiciones difíciles, sistemas GPS, teléfonos satelitales, chalecos antibalas, drones civiles y repuestos, así como sistemas de alerta temprana para actores de la resistencia y civiles contra ataques aéreos militares» (Myres, 2024).

Desde la perspectiva del interés nacional, Estados Unidos tiene una oportunidad que no debe desperdiciar para apoyar el establecimiento de un Gobierno estable, federal, inclusivo y democrático en Myanmar (Myres, 2024). Sin embargo, ese Estado Federal deseado no será fácil de lograr. El aumento de poder territorial y político de los distintos grupos étnicos conseguido por la lucha armada y el apoyo exterior puede dirigir a Myanmar hacia la fragmentación en lugar de una reunificación en un Estado Federal. En este caso, China podría encontrar muchas dificultades para seguir avanzando en sus corredores comerciales y en la consolidación de la BRI al tener que tratar con múltiples actores. En un contexto de rivalidad geopolítica y económica entre ambas potencias, sería EE.UU. el país que obtendría una mayor ventaja de la situación.

Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)

Desde el inicio del conflicto la ASEAN se postulaba como la organización regional que debía determinar la vía más adecuada para alcanzar la paz y volver a constituir un Gobierno democrático. Sin embargo, el Consenso de los Cinco puntos (5PD)⁸, acordado en Yakarta en abril de 2021 por los Estados miembros de la ASEAN, incluida la Junta Militar de Myanmar, sigue sin aplicarse y solo se ha implantado parcialmente.

A pesar de las esperanzas puestas en la ASEAN, la realidad es que esta organización no tiene las herramientas ni el historial para resolver una crisis de la magnitud a la que se enfrenta Myanmar (Root, 2024).

El Consenso de Cinco Puntos sigue siendo la principal referencia para abordar la crisis política en Myanmar y a pesar de los esfuerzos del enviado especial de la ASEAN, Alounkeo Kittikhoun, para resolver la crisis en Myanmar los avances son muy limitados.

India

El 1 de marzo de 2024, K. Vanlalvena, miembro de la Cámara Alta del Parlamento de la India y representante del estado indio de Mizoram, se reunió con el comandante del Ejército de Arakan (AA) en el estado Chin de Myanmar para plantear dos cuestiones: el flujo de refugiados de Myanmar a Mizoram y una red de carreteras inacabada que obstaculiza los planes de la India de construir conectividad terrestre y marítima con el sudeste asiático. Esta reunión marcó un posible punto de inflexión en la estrategia geopolítica de la India en Myanmar (Yumlembam, 2024).

Al igual que China, India se enfrenta a una elección inminente entre seguir comprometido con la Junta o fortalecer sus relaciones con las organizaciones étnicas armadas (EAO) de Myanmar para proteger sus intereses estratégicos y económicos (Pande, 2023).

Myanmar es la puerta de entrada de la India al sudeste asiático y, por lo tanto, esencial para el desarrollo de su política Act East⁹ y la proyección de sus capacidades en la región¹⁰. Una de las principales rutas continentales es el proyecto en curso de la Autopista Trilateral India-Myanmar-Tailandia (IMT Highway). La autopista, que tiene una extensión aproximada de 1.360 kilómetros, conecta Manipur, en el noreste, con Mae Sot, en Tailandia, a través de Mandalay y Bagan, en Myanmar (Goswami, 2024). Además de esta autopista también la conexión eléctrica entre estos países es un objetivo prioritario para la India (Pande, 2023).

Por lo que respecta al flujo de refugiados, los ataques aéreos de las fuerzas de la Junta Militar de Myanmar han provocado cientos de muertes y han obligado a decenas de miles de civiles a abandonar sus hogares y medios de vida. Las Naciones Unidas estiman que Más de 60 000 han huido a los estados fronterizos indios de Mizoram y Manipur, mientras que otros 61 000 permanecen como desplazados internos (Campbell y Nilian, 2024).

La interacción constante entre ambos lados de la frontera ha dificultado la administración del control fronterizo y se veía reflejada por la existencia de un Régimen de Libre Movimiento (FMR por sus siglas en inglés) en la frontera. Sin embargo, la Administración India anunció en febrero de 2024 su intención de acabar con el FMR y construir un muro como medida preventiva ante la escalada de conflictos, tanto en Myanmar como en el estado de Manipur (Campbell y Nillian, 2024). La reconsideración del FMR se basa no solo en la creciente afluencia de ciudadanos de Myanmar tras el golpe de Estado de 2021, sino también en el incremento del contrabando y tráfico de drogas al haber disminuido el control aduanero por parte de la Junta Militar de Myanmar (Pant y Banerjee, 2024). De esta forma, India pretende garantizar la seguridad interna del país y mantener la estructura demográfica de los estados del noreste de la India fronterizos con Myanmar (Singh, 2024).

ONU

A pesar de la grave situación de conflicto en la que está sumido Myanmar, el Consejo de Seguridad de Naciones de Naciones Unidas no es capaz de alcanzar un acuerdo sobre la aprobación de una resolución que contribuya a poner fin a las hostilidades. El Consejo dio un primer paso importante para mejorar la vida de las personas en Myanmar con la Resolución 2669 en 2022 pero desde su aprobación han tenido lugar muy pocos avances.

El Consejo de Seguridad complementa la labor de la ASEAN apoyando sus esfuerzos por aplicar su Consenso de cinco puntos sobre Myanmar con el propósito de avanzar hacia una solución política a la crisis Myanmar. Pero la falta de implementación efectiva de este acuerdo está fomentando una mayor presión dentro del Consejo de Seguridad para que se alcance una resolución. De hecho, hay una propuesta presentada por Reino Unido. Entre otras cuestiones, en el borrador inicial de la resolución se pide que se ponga fin a las transferencias ilícitas de armas, que se preste un acceso humanitario rápido y sin trabas, que se ponga fin de inmediato a la violencia y que se dialogue entre las partes pertinentes (Lederer, 2024). Pero teniendo en cuenta la necesidad de consenso y que Rusia ha declarado que el conflicto de Myanmar no es una amenaza para la seguridad internacional (Security Council, 2024) es difícil que se consiga avanzar por este camino.

El reciente nombramiento de Julie Bishop, de Australia, como su enviada especial para Myanmar, al menos viene a cubrir el vacío que existía en la negociación y en la puesta al día de la situación de Mynamar. Desde su nombramiento en abril, Bishop ha mantenido una serie de reuniones con funcionarios de la región y representantes de China, Indonesia, Laos, Malasia y Tailandia (Myanmar Closed Consultations, 2024).

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU también ha mostrado su preocupación por la crisis en Myanmar, por los abusos generalizados por parte del ejército y los grupos armados de la oposición, incluido el reclutamiento forzoso de miembros de la comunidad rohingya y su uso como escudos humanos (United Nations Human Rights Council, 2024).

El secretario general sigue pidiendo una respuesta internacional unificada y alienta a los Estados miembros, en particular a los países vecinos, a aprovechar su influencia para abrir canales humanitarios en línea con los principios internacionales, poner fin a la violencia y buscar una solución política integral que conduzca a un futuro inclusivo y pacífico para Myanmar.

Myanmar se ha convertido en un epicentro mundial de la producción de metanfetamina y opio y en el hogar de una rápida expansión de las operaciones internacionales de ciberestafa, especialmente en las zonas fronterizas. Para el secretario general, la situación de Myanmar supone una crisis desenfrenada de tráfico de personas y comercio ilícito con implicaciones globales por lo que es necesario una mayor unidad internacional y apoyo a la región (Security Council, 2024).

Perspectivas

Las derrotas de las fuerzas armadas de la Junta Militar y las crisis económica y humanitaria que sufre Myanmar en la actualidad están cuestionando en el liderazgo de Ming Aung Hlaing. Es posible que en los próximos meses pueda ser sustituido, aunque, en la actualidad, no se sabe quién podrá reemplazarlo.

La voluntad de coordinación de entre la Alianza de la Hermandad y el NUD —como la alcanzada para llevar a cabo la operación 1027— puede verse como un ejemplo del tipo de cooperación necesaria para construir una república federal en Mynamar. Este compromiso compartido de derrotar a la Junta Militar podría constituir una base sólida para construir un futuro sin un Gobierno militar.

Sin embargo, alcanzar este objetivo —compartido también por la comunidad internacional— no es una tarea fácil, incluso contando con la caída de la Junta Militar, principalmente porque Myanmar nunca ha sido una entidad homogénea, sino que ha sido un estado fragmentado étnicamente.

Es difícil predecir cuales van a ser las pretensiones de los grupos étnicos que operan en la periferia del país ya que podrían estar más interesados en el establecimiento de patrias étnicas permanentes —según el modelo del estado de Wa, junto a la frontera con China— que luchar por el control del centro del país en donde se sitúa la capital y la mayoría de la población birmana.

En este contexto es más difícil que se avance hacia un modelo federal si finalmente la Junta Militar es derrotada. Los grupos étnicos no van a renunciar a la autoridad que han conseguido por sus victorias frente a los militares y que ha causado tantos daños civiles. Mantendrán sus ejércitos para defender el territorio y sobre todo el control de recursos naturales y de fuentes de ingresos derivados de fuentes ilícitas como la producción de drogas, casinos y centros de estafa.

Tras la presión de China en su frontera, es muy probable que las operaciones de ciberdelincuencia se trasladen más al sur, cerca de la frontera entre Tailandia y Myanmar.

Al mismo tiempo, tanto China como India buscan influencia en cada uno de los estados étnicos que están surgiendo tras las derrotas de la Junta Militar por razones geoestratégicas. Los intereses comerciales vitales de China están muy presentes en el conflicto, a pesar de su política de no injerencia. De momento, China está poniendo freno a la cooperación entre determinados grupos étnicos armados y el PDF del Gobierno civil, bajo la sospecha de que éste último esté recibiendo apoyo de EE.UU.

La consolidación de los proyectos comerciales y de comunicación que tienen ambas potencias en Myanmar puede encontrarse con muchas dificultades por las distintas autoridades territoriales étnicas que podrían establecerse y por las que transcurren estas infraestructuras. Tendrán que llevar a cabo diferentes negociaciones, con diferentes concesiones para intentar no romper ningún eslabón territorial en las infraestructuras que cruzan Myanmar, de este a oeste, para China y de norte a sur para la India.

Bangladesh busca ver el rápido retorno de hasta un millón de refugiados rohingyás. Su situación depende ahora del Ejército de Arakan y de su brazo político y no del poder central de la Junta Militar.

La crisis humanitaria en Myanmar recibe cada vez más respaldo de la comunidad internacional, pero serán necesarios más fondos para poder afrontar las necesidades de los desplazados por causa del conflicto y también por la paralización del comercio en las fronteras que está privando a la población de productos básicos.

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Anexo