IEEE. ¿Quién trabaja en la agricultura española? Fragmentación, parcialidad, opacidad y ausencia de datos fiables sobre trabajadores migrantes en un sector clave para el Estado y la UE

Introducción

Hace ya más de tres décadas, la agricultura española inició una serie de cambios estructurales que marcaron una profunda transformación del sector llevando a este a erigirse como el principal productor de fruta y verdura fresca de toda la UE (Molinero-Gerbeau, 2020a). La creación del mercado común, la financiación de la Política Agraria Común (PAC) y el impulso tanto del Estado como del tejido empresarial, llevaron al surgimiento de una serie de enclaves agrícolas globales que, a lo largo del territorio nacional, convirtieron, mediante la aplicación del modelo californiano de agricultura industrial, al campo español en una verdadera fábrica global de alimentos (Moraes et al., 2012).

Además de transformar los territorios donde se desarrolló el sector, generando espacios tan masivos como el «mar de plástico» almeriense (Ferrez, 2024), la nueva agricultura industrial provocó importantes cambios sociodemográficos. Al pasar del modelo campesino o familiar a uno fabril, el sector primario requirió de grandes masas de trabajadores asalariados para funcionar, lo cual, en un momento donde se estaba agudizando el ya iniciado éxodo rural, generó notables dificultades para conseguir mano de obra local (Reigada, 2017). Este problema productivo fue resuelto, al igual que en la mayoría de los países del centro global, mediante el empleo de trabajadores inmigrantes que, debido al fuerte crecimiento de la economía española, empezaban a llegar al país en volúmenes nunca antes vistos (Arango, 2000).

En la actualidad, migración y trabajo agrícola van completamente de la mano hasta el punto de que el contingente de trabajadores extranjeros se ha convertido en una pieza estructural del esquema productivo del sector primario. Sin su disponibilidad a realizar un trabajo que es arduo, está mal pagado y acarrea poco reconocimiento social (López-Sala, 2016), la agricultura española no solo no habría alcanzado el actual dinamismo, sino que apenas se habría podido mantener.

Pese a la esencialidad de este trabajo, un hecho que fue incluso reconocido legalmente, al igual que hicieron la UE y tantos otros Estados del entorno, mediante decreto durante la pandemia (Sajir et al., 2022), no existe una política nacional clara y coherente sobre cómo habilitar canales migratorios predecibles que garanticen tanto la disponibilidad de estos trabajadores como un respeto a sus derechos más básicos. Los efectos de esta ausencia derivan en problemas que van desde una extendida explotación laboral hacia el colectivo (Fernández et al., 2023) hasta una impredecibilidad productiva que lastra al sector.

Uno de los elementos que sin duda dificultan la articulación de un plan nacional sobre la cuestión es la actual fragmentación, parcialidad, opacidad y, en algunas dimensiones, ausencia de datos tanto sociodemográficos como indicativos de los canales migratorios que desplazan a los trabajadores extranjeros al campo español.

Este artículo hará un repaso a las fuentes estadísticas disponibles, indicando qué datos existen y qué perfiles sociodemográficos arrojan. El objetivo del mismo es doble: por un lado, perseguirá ofrecer herramientas a quienes investigan sobre la cuestión para facilitar su acceso a la información existente y, por el otro, buscará indicar las lagunas de la misma con el objetivo de activar un debate en torno a la necesidad de impulsar una recogida sistemática de datos y su posterior acceso con transparencia como motores estratégicos para mejorar la gobernanza migratoria española.

El artículo se estructurará de la siguiente manera. Tras esta introducción se realizará un recorrido histórico para comprender cómo agricultura y migraciones han desarrollado un vínculo estructural en España. Posteriormente se hará un metaanálisis sobre qué y cómo se ha investigado en esta materia con el objetivo de entender qué evidencias se han hallado, pero también qué límites ha tenido la misma. En la siguiente sección se hará un repaso a las fuentes estadísticas disponibles, indicando qué datos aportan y qué lagunas presentan para comprender los principales rasgos sociodemográficos del contingente de trabajadores agrícolas extranjeros. Por último, se incluirá una sección de discusión que vendrá seguida de una serie de conclusiones que cerrarán este artículo.

Agricultura y migraciones en España: recorrido histórico de una vinculación estructural

Tal como se ha comentado anteriormente, los trabajadores migrantes se insertan en el tejido industrial agrícola a comienzos de los años 90, cuando este empieza a expandir de forma notable su esquema productivo (Moraes et al., 2012). En sus inicios, ante la ausencia de una política migratoria estatal bien definida, fruto de la historia del país donde el saldo migratorio siempre había sido negativo, una mayoría de quienes empezaron a trabajar en el sector lo hicieron de manera informal (Gualda, 2012). En su mayoría serían hombres provenientes del Magreb y África Subsahariana que encontraría en la agricultura una primera vía para estabilizar su situación, comenzar a obtener ingresos y planificar su regularización. Lamentablemente, sus condiciones de trabajo se caracterizarán por ser muy malas, predominando unas relaciones laborales precarias y de explotación severa (Calavita, 2005).

Las diversas regularizaciones masivas aplicadas por el gobierno nacional, unidas a la implementación del mecanismo de arraigo, que definió desde 2005 una vía permanente de acceso a la regularidad administrativa (Aguilera, 2006), hicieron que parte de esta mano de obra abandonara el sector en busca de mejores oportunidades. No obstante, la pujante economía española continuó atrayendo migrantes al país, llegando incluso a situar la tasa de inmigración neta de España entre las más altas de la OCDE, solo superada por Estados Unidos durante el primer decenio del siglo xxi (Arango, 2013). Esto hizo que parte del sector siguiera nutriéndose de trabajadores migrantes, tanto en situación irregular como en situación regular.

Los orígenes nacionales de estos contingentes fueron variados, manteniéndose Marruecos y África Subsahariana a lo largo del tiempo entre las principales nacionalidades, pero añadiéndose también trabajadores provenientes de América Latina y de Europa del este. Nuevas migraciones, como las rumanas, serán clave para entender cómo el sector agroindustrial se mantuvo a flote, pese al desafío que supondrá disponer de la mano de obra necesaria en un contexto tan cambiante (Molinero-Gerbeau, 2021).

En paralelo, con el objetivo de aportar un mecanismo que, a imagen y semejanza de países como Canadá o Francia, permitiera un grado mayor de previsión productiva y garantizará un contingente estable de trabajadores para el sector, el Estado español desarrollará, en 1999, un programa de migración temporal. Conocido como GECCO (iniciales que aluden a «Gestión colectiva de contrataciones en origen», su denominación oficial) este programa de trabajo estacional permitirá a los empresarios realizar contrataciones masivas en países de origen para desplazar a trabajadores por un máximo de nueve meses por año. Si bien la GECCO en sus orígenes estará pensada para cualquier sector, al final demostrará ser útil para la agricultura, notablemente para los cultivos de producción estacional. Dado que la GECCO permite que los participantes repitan campañas, establece un mecanismo de migración circular que, con el tiempo, ha terminado siendo prácticamente solo aplicado en la provincia de Huelva, al disponer de una campaña (la de los frutos rojos) que encaja a la perfección con el perfil del temporero estacional (Molinero-Gerbeau, 2020b).

Cabe indicar que, si bien la GECCO es muy llamativa, se trata de una microprograma que en la actualidad traslada a menos de 20 000 trabajadores por año, lo que constituye aproximadamente solo una quinta parte de la mano de obra requerida en Huelva.

Por último, para entender cómo se ha nutrido de mano de obra extranjera el sector cabe reseñar tres factores geopolíticos que han influido de forma decisiva en su moldeamiento.

El primero de ellos han sido las expansiones hacia el este de la UE, aunque la de 2004 y la segunda de 2007 lo harán por razones diversas. La ampliación de 2004 implicó una dramática caída de la mano de obra, notablemente la polaca pues, no solo dejó Polonia de ser tercer país y por lo tanto no pudo seguir participando de la GECCO, sino que, al disponer de nacionalidad europea, sus ciudadanos optaron por otros destinos (como el Reino Unido) y otros sectores laborales mejor remunerados que la agricultura española (Gualda, 2012). De hecho, esta pérdida de mano de obra está en el origen del impulso al programa con Marruecos, actual proveedor de más del 90 % de las contrataciones en origen.

La segunda ampliación, concerniente a la inserción de Rumanía y Bulgaria, paradójicamente provocará el efecto contrario. Aunque ambos Estados también perderán la condición de terceros países, y esto implicará su caída del programa GECCO, se convertirán durante más de una década, sobre todo Rumanía, en los principales proveedores de mano de obra al sector (Molinero-Gerbeau, 2021). Pero este resultado opuesto al sucedido durante el caso polaco solo puede entenderse atendiendo al segundo gran suceso geopolítico: la crisis económico-financiera de 2007-2008.

2007 será el año en que vendrán más contratados en la historia de la GECCO, cerca de 40.000, pero la campaña siguiente verá esta cifra caer cerca de los 14 000, bajando en subsiguientes años hasta alcanzar el mínimo de 2 000, en el año 2013 (Macías et al., 2016). Esta caída tendrá que ver con una decisión del Gobierno central, que, ante el rampante paro optará por congelar la GECCO para así promocionar el que se emplee a personas ya residentes en el territorio. Esto, no obstante, no se producirá, por lo que los empresarios optarán por aprovechar que los rumanos ya no necesitarán visado, al ser ciudadanos europeos, y organizarán sus propios procesos de contratación en ese país trayendo así la mano de obra que necesitan sin las restricciones burocráticas de la GECCO (Molinero Gerbeau, 2018). De esta manera, al contrario que con Polonia, la entrada en la UE servirá para que más personas vengan desde Rumanía y no solo a las provincias de predominante producción estacional.

El tercer factor geopolítico que supondrá una disrupción mayor en el sector será la pandemia de covid-19 decretada en 2020. En un momento en el que la GECCO estaba reactivándose tras la crisis de 2008 y en el que el sector había logrado equilibrar la obtención de trabajadores entre las llegadas del Este, las contratadas en origen (pues casi la totalidad de estas son mujeres) y el empleo de residentes (ya estén en situación regular o irregular), el freno a la movilidad provocado por la pandemia supondrá un desafío mayor. Aunque el trabajo agrícola fue considerado como «esencial» en España y «crítico» por parte de la UE, permitiendo así la movilidad y el trabajo presencial de quienes lo llevaban a cabo sin necesidad de que mantuvieran el confinamiento, el cierre de fronteras de países de origen como Marruecos, unido a una cierta competencia europea por conseguir estos trabajadores, hicieron que el sector enfrentara dificultades (Sajir et al., 2022). En este contexto, muchas personas de Rumanía optarán por ir a trabajar a Alemania, pues no solo estaba más cerca, sino que ofrecía mejores salarios, lo que hizo que esta vía se complicara para el empresariado (Șerban y Croitoru, 2022).

En la actualidad estamos en un periodo de transición. La GECCO sigue en números bajos, como veremos más adelante (menos de 20 000 contratados por campaña) pero el Gobierno no solo ha iniciado pilotos con nuevos países como Ecuador, Honduras y Senegal, sino que ha manifestado su intención de impulsar la migración circular como alternativa a la irregularidad. Por ello, es posible que este mecanismo amplie su contingente en los próximos años.

Por otro lado, la progresiva caída de personas del Este podría estar siendo compensada con una ampliación de la contratación de personas en situación irregular pero no disponemos de datos que permitan confirmarlo, siendo este un hecho que se discutirá más adelante. Pero antes de abordar los datos estadísticos existentes, en la próxima sección se realizará un metaanálisis sobre qué y cómo se ha investigado en esta materia con el objetivo de entender qué evidencias se han hallado, pero también qué límites ha tenido la misma para comprender las dinámicas sociodemográficas del colectivo de trabajadores migrantes en la agricultura española.

Tres décadas de investigaciones en este campo: formas y alcance del conocimiento acumulado

El estudio de las condiciones de los migrantes que trabajan en la agricultura española es tan longevo como el fenómeno mismo, encontrándose ya investigaciones que abordaron estas cuestiones a finales de los años ochenta (Berlan y Nevado, 1987). No obstante, la evolución de este campo de análisis irá en paralelo a la intensificación del proceso de inserción de trabajadores migrantes en el agro español, coincidente con la progresiva industrialización del mismo. Así, en los años noventa determinados autores empiezan a hablar de la conformación de los enclaves (Giménez, 1992), las dinámicas sociales que intervienen en esta realidad (Checa, 1995) y poco a poco su estudio empieza a formarse como un subcampo específico dentro de los estudios migratorios (Pedreño, 1999).

Eventos como los producidos durante los disturbios racistas en El Ejido (Almería) en el año 2000 (Martínez, 2001) o la ya anteriormente mencionada puesta en marcha de la contratación en origen (Gualda y Ruiz, 2004) ampliarán las bases de un campo de investigación que, no obstante, no verá multiplicar el número de investigaciones sobre el mismo hasta prácticamente la segunda década del siglo xxi.

La puesta en marcha del programa GECCO con Marruecos será sin duda un factor relevante que atraerá a una creciente comunidad investigadora (Moreno, 2009) algo que vendrá reflejado en la irrupción de proyectos de investigación, lo que ampliará notablemente el conocimiento sobre la materia. En ese sentido, de la segunda década del siglo xxi cabe destacar los proyectos CIRCULAR (¿Hacia nuevas fórmulas de gestión migratoria en el caso español? Contratación en origen, partenariados de movilidad y circularidad migratoria CSO2011- 27115) dirigido por Ana López Sala (CSIC) en 2011 o el proyecto ENCLAVES (Sostenibilidad Social de Los Nuevos Enclaves Productivos Agrícolas: España y México (Enclaves) CSO2011-28511) dirigido por Andrés Pedreño Cánovas (Universidad de Murcia) el mismo año. En adición a estos, otros proyectos internacionales, como el TEMPER (Temporary vs. Permanent Migration — Grant Agreement 613468) financiado por la Comisión Europea, también estudiarán esta realidad en el Estado español.

Sin duda, las tesis doctorales que saldrán de estos proyectos, unidas a las dirigidas por investigadores e investigadoras especializados en este campo de estudio generarán un efecto multiplicador que ampliará el número de personas dedicadas a estudiar las migraciones en la agricultura española. En la actualidad, si bien sigue siendo un campo minoritario dentro de los estudios migratorios, es bastante dinámico, algo que puede verse por ejemplo en el número de publicaciones tanto nacionales como internacionales que han abordado el caso español en el último lustro (Ruiz et al., 2024).

Esta meta historia no sistemática del subcampo de investigación en trabajo agrícola y migraciones en España permite entender el dinamismo del mismo y comprender la dimensión temporal del conocimiento acumulado en la materia. Sin embargo, a pesar de su prolificidad y del amplio conocimiento que ha permitido, ha estado aquejado por algunos sesgos. El principal de ellos es el enfoque de las investigaciones, donde ha predominado el uso de metodologías cualitativas y estudios de caso, lo cual ha derivado en ciertos déficits respecto a su alcance y dimensión territorial. Así, enclaves como el murciano, el onubense o el ilerdense, han sido ampliamente estudiados mientras que, por el contrario, importantes núcleos de producción agrícola como Jaén, Aragón o Albacete apenas han sido investigados. En lo referente al alcance, ha sido común encontrar análisis estructurales de políticas (véase, por ejemplo, Molinero-Gerbeau, 2020b), investigaciones en profundidad sobre condiciones laborales (véase, por ejemplo, Ramírez, 2020), dinámicas de género (véase, por ejemplo, Reigada, 2022), condiciones legales (López-Sala, 2016) así como otras temáticas conexas tales como la vivienda, el racismo y un largo etcétera (para una panorámica completa de las investigaciones más recientes, véase Ruiz Ramírez et al., 2024).

Ya sea por la dificultad que entraña investigar un colectivo caracterizado por su segregación espacial, su precariedad o por la existencia de barreras idiomáticas (Avallone, 2014), apenas ha habido estudios cuantitativos, y mucho menos de corte demográfico sobre el colectivo.

Probablemente la encuesta llevada a cabo en Lleida por parte del proyecto «Observatori permanent de la immigració de les comarques de Ponent: Els temporers a les comarques de la Plana», financiado por la Diputación de Lleida en 2015 (Ref. 201500223, 2015-2016) sea de las pocas que han probado a elaborar un perfil sociodemográfico de los trabajadores agrícolas migrantes en el Estado (pueden consultarse algunos de sus resultados por ejemplo en González et al., 2021). Más recientemente algunos proyectos enfocados al ámbito de la salud también han propuesto metodologías cuantitativas si bien la mayoría de ellos se encuentra aún en fase inicial. Aunque descriptivo, el estudio de datos con perspectiva internacional llevado a cabo por Molinero-Gerbeau (2020a) puede también añadirse a esta lista de esfuerzos por tratar de comprender algunas dimensiones sociodemográficas del colectivo de trabajadores agrícolas migrantes en España.

En definitiva, el uso de datos numéricos ha sido muy reducido en este ámbito de investigación y, sin duda, en ello ha influido la parcialidad e inaccesibilidad de datos disponibles al respecto. En la próxima sección abordaremos qué registros y bases de datos contienen información sociodemográfica de este colectivo, indicando donde o cómo acceder a ellos, analizando los mismos y señalando qué ventajas o deficiencias presentan.

¿Cómo dimensionar el fenómeno? Fuentes de datos estadísticos disponibles y análisis de los mismos

En primer lugar, es importante señalar que, al no existir un protocolo estándar para la búsqueda de datos, los registros que se presentan a continuación son el resultado de más de una década de investigaciones del autor en la materia, aunque no han sido identificados de forma sistemática. Esto quiere decir que no es descartable que existan otros datos que no hayan sido identificados en este periodo y que puedan completar lo que aquí se presenta. Por ejemplo, es posible que algunos institutos estadísticos autonómicos dispongan de datos propios no detectados por el autor.

El orden que se presentará a continuación sigue un razonamiento deductivo, o la lógica de presentar primero los datos más generales y después los más particulares. Se ofrecerán gráficos o tablas en función de lo que se considere más útil o visual para el objetivo planteado y se aportará el perfil sociodemográfico correspondiente al periodo más actual de los datos.

Encuesta de Población Activa (EPA) — Instituto Nacional de Estadística

La Encuesta de Población Activa (EPA) es una investigación estadística de carácter continúo desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que tiene como objetivo principal proporcionar información detallada y sistemática sobre la situación laboral de la población residente en España. La EPA permite estimar el volumen y la evolución de la población activa, ocupada, desempleada e inactiva, así como estudiar sus características según variables como el sexo, la edad, el nivel educativo, la nacionalidad o la actividad económica. La encuesta se realiza mediante entrevistas personales y telefónicas a una muestra representativa de alrededor de 65 000 hogares cada trimestre, lo que supone en torno a 180 000 personas. El diseño muestral es rotatorio, permitiendo observar dinámicas temporales y comparativas. La EPA recoge información desde el primer trimestre de 1964, aunque su metodología actual se consolidó en 2005 para adaptarse a los estándares europeos e internacionales. Los datos se publican con periodicidad trimestral, generalmente a los pocos días de finalizar cada trimestre, y están disponibles tanto en informes como en microdatos accesibles para la investigación. La encuesta sigue los criterios metodológicos marcados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por Eurostat, lo que asegura la comparabilidad con las estadísticas laborales de otros países. Por su amplitud, continuidad y fiabilidad, la EPA constituye una de las principales fuentes estadísticas para el análisis del mercado de trabajo en España, siendo utilizada tanto en el diseño de políticas públicas como en estudios académicos y económicos.

En lo referente al trabajo agrícola desarrollado por los migrantes en España, tiene especial utilidad su largo recorrido histórico, permitiendo ver la evolución de este contingente desde que empezó a insertarse en el sector. Específicamente, dos bases de datos de la EPA aportan información relevante al respecto: las que recogen información sobre trabajadores activos^[1] y ocupados^[2].

Por supuesto, también hay que tomar ciertas precauciones, no solo porque es una encuesta y no son datos de registro, sino porque al ser trimestral, el dato anual que aquí se presenta, se calcula haciendo una media de los 4 trimestres, mostrando unas magnitudes que, por ejemplo, opacan factores como la estacionalidad.

Las variables de la EPA que las bases de datos de trabajadores activos y ocupados ofrecen son las siguientes: sexo, sector sconómico, nacionalidad y periodo. La primera permite diferenciar el dato entre hombres y mujeres, mientras que la segunda nos permite seleccionar el sector agrícola. Este último tiene como limitación el no poder desagregar por subsectores o tareas, por lo que todo trabajador inserto en el sector es considerado dentro del dato, pudiendo englobar desde ingenieros agrónomos a peones agrícolas.

El dato de nacionalidad es el menos útil, pues no solo no está desagregado por país, sino que las regiones disponibles son solo Unión Europea, resto de Europa, América Latina, resto del mundo y apátrida. Por su parte, el dato de periodo corresponde a cada trimestre del año.

El hecho de faltar variables como la edad, la provincia de trabajo y la nacionalidad por país restan fuerza a esta base datos, por lo que su mayor utilidad es mostrar, por un lado, la magnitud nacional del fenómeno y, por el otro, su recorrido histórico.

El gráfico 1 muestra ambas dimensiones para el periodo 1987-2024, en el caso de los trabajadores activos.

Como puede verse, el incremento del número de trabajadores en la agricultura española ha sido espectacular, empezando a despegar en los años noventa, multiplicándose de manera exponencial en la primera década del siglo xxi y, pese a ciertos vaivenes, manteniéndose en magnitudes relativamente estables desde 2010 hasta 2024, en un valor promedio de 229 000 trabajadores extranjeros activos en la agricultura de todo el país.

En cuanto a las características demográficas del colectivo, cabe indicar que, en el año 2024, la fuerza de trabajo extranjera en la agricultura española estaba muy masculinizada, alcanzando prácticamente el 75 % del total de los trabajadores extranjeros del sector (171 200) frente a un 25 % de mujeres (55 600).

Lamentablemente, en lo referente al origen nacional de los trabajadores, la poca desagregación de los datos impide obtener una información demasiado útil como puede verse en la tabla 1.

	Doble nacionalidad	Unión Europea	Resto de Europa	América Latina	Resto del mundo y apátridas
N.º trabajadores	29.100	56.200	8.000	35.400	127.300
% sobre el total	11,4	22,0	3,1	13,8	49,7

Tabla 1 Extranjeros activos por nacionalidad en el sector agrícola español en 2024 (Media anual). Fuente: Encuesta de Población Activa

La tabla muestra que prácticamente la mitad de los trabajadores agrícolas extranjeros en España provienen del ‘resto del mundo’, mientras que el segundo origen más común es la Unión Europea. En cualquier caso, la forma agregada del dato lo hace poco revelador.

En definitiva, según lo que nos muestra la EPA, el perfil sociodemográfico mayoritario del trabajador agrícola extranjero en España sería hombre y proveniente de una región diferente de Europa y América Latina. Como veremos en la próxima sección, los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) permitirán un mayor nivel de detalle.

Contratos registrados — SEPE

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, cuya función principal es gestionar y coordinar las políticas de empleo en el ámbito estatal, así como contribuir al seguimiento y análisis del mercado laboral.

Entre sus múltiples competencias, el SEPE mantiene la base de datos de contratos registrados, una fuente estadística de carácter administrativo que recoge información detallada sobre los contratos de trabajo formalizados en España. Esta base de datos permite conocer variables tales como el volumen y la tipología de los contratos suscritos, diferenciando por modalidad contractual, duración, jornada, sector económico, ámbito geográfico, edad, sexo y nacionalidad del trabajador, entre otros criterios. Al no ser datos de encuesta, sino de registro, muestran una mayor fiabilidad que la EPA y permiten tener una fotografía más precisa de las dimensiones recogidas pues los datos se generan a partir de los registros obligatorios que las empresas realizan ante el SEPE.

Lamentablemente, el formato en el cual se publican los datos del campo de estudio que nos interesa en este artículo, no es funcional pues los contratos realizados a extranjeros en la agricultura se publican mensualmente sin desagregar por nacionalidad o sexo^[3]. Para obtener esta información hay que acudir al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado^[4] y tramitar una solicitud. En ella hay que indicar con precisión el tipo de datos que se quiere, especificando el periodo temporal que queremos que cubra y las variables que nos interesan. Afortunadamente, el SEPE suele responder aportando esos datos en unos ficheros bien organizados. Debe, no obstante, contar quien haga esta solicitud con un mínimo de quince días para recibir los datos^[5]. Es un procedimiento engorroso y no se entiende por qué estos datos no están disponibles para descargar en formato CSV como los de la EPA, pero al menos la demora no es muy larga y tienen un nivel de desagregación mucho mayor que los de esta.

Así, en la solicitud más reciente hecha por el autor se consiguieron datos de contratos registrados en la agricultura desagregados por provincia, nacionalidad, sexo y edad. Cabe, en todo caso, advertir que los datos se refieren precisamente a contratos registrados y no a personas, por lo que no aportan un número fijo de trabajadores al poder, una misma persona, tener varios contratos en el periodo analizado. No obstante, desde la aplicación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre popularmente conocido como «reforma laboral», se redujo drásticamente la temporalidad de los contratos, por lo que las magnitudes, desde 2022, sí pueden acercarse bastante al número de trabajadores.

Dado que presentar los datos correspondientes a todo el país es un ejercicio titánico, se procederá a continuación a elaborar un perfil sociodemográfico de los trabajadores agrícolas migrantes en las cinco provincias con mayor volumen de contratos en 2024. Excluyendo a trabajadores de nacionalidad española, estas son, tal como muestra la tabla 2, Murcia, Huelva, Jaén, Almería y Sevilla.

Provincia	N.º contratos a extranjeros
Murcia	166.920
Huelva	95.404
Jaén	56.244
Almería	54.523
Sevilla	35.992

Tabla 2. Principales cinco provincias españolas por volumen de contratos registrados a trabajadores extranjeros en el sector agrícola. Fuente: Contratos Registrados SEPE

Como puede observarse, la provincia que más contratos registra de todo el Estado es Murcia, casi quintuplicando a la quinta provincia en el ranking, que en este caso es Sevilla. En todo caso, destacan las cuatro primeras del listado por superar los cincuenta mil contratos pues, la diferencia entre Almería (o Jaén, que no está lejos) y Sevilla es de casi veinte mil contratos, indicando una clara jerarquía de estos territorios sobre el resto.

Cada una de estas provincias presenta particularidades productivas. Por ejemplo, Murcia, conocida como la «Huerta de Europa» (Pedreño, 1999) ofrece una variada producción que permite disponer de trabajo todo el año, por lo que su tejido productivo es capaz de asentar en el territorio a los trabajadores de los que depende. Huelva, por su parte, es casi un monocultivo, el de los frutos rojos (del que destaca la fresa), cuya producción es estacional y por lo tanto requiere de contingentes móviles que vayan a realizar trabajo en la provincia solo unos meses al año, de ahí que la GECCO haya funcionado muy bien en el enclave (Molinero-Gerbeau, 2020b). En Jaén la situación es similar a la de Huelva, predominando el olivo (de hecho, una relevante parte del contingente desplazado por la campaña a Huelva viene de trabajar en Jaén). El caso Almeriense es similar al murciano y el Sevillano aúna ambos al producir preminentemente productos estacionales como los cítricos (sobre todo naranja y mandarina) y las aceitunas, si bien es una región donde se produce un volumen importante de tomates que, al ser un cultivo desestacionalizado, permite ser producido todo el año^[6].

Estas diferencias implican, indudablemente, perfiles variados que ameritan ser analizados cada uno por su parte.

Murcia

En Murcia, la inmensa mayoría de los contratos agrícolas son realizados a extranjeros varones, siendo estos el 80 % del total, como muestra el gráfico 2.

En cuanto a la edad de los contratados, como muestra el gráfico 3, una mayoría de hombres se ubica entre los 25 y 54 años, siendo bastantes menos tanto los que están por debajo de esas edades como los que la superan. Por su parte, las mujeres, tal como se ve en el gráfico 4, muestran una distribución similar, aunque destacan en volumen las que se ubican entre los 35 y 44 años.

Las principales cinco nacionalidades del contingente de trabajadores migrantes en la agricultura murciana son por orden descendiente, tal como muestra la tabla 3, Marruecos, Senegal, Ecuador, Malí y Argelia.

Nacionalidad	N.º de contratos
Marruecos	95.347
Senegal	11.378
Ecuador	9.062
Malí	7.523
Argelia	4.641

Tabla 3. Cinco principales nacionalidades extranjeras por volumen de contratos registrados en la provincia de Murcia en 2024. Fuente: Contratos Registrados SEPE

Salta a la vista el absoluto predominio de Marruecos con casi el 60 % del total de contratos del contingente migrante, siendo su número ocho veces más grande que el de la siguiente nacionalidad presente en el sector, la senegalesa, que apenas llega al 7 % del total.

Así pues, cruzando los datos aquí presentados podríamos decir que el perfil sociodemográfico mayoritario del trabajador agrícola migrante en Murcia, con base a los contratos registrados, es hombre, marroquí, de entre 35 y 54 años.

Huelva

Al igual que en Murcia, en Huelva la inmensa mayoría de contratos en la agricultura de la provincia son firmados por migrantes (75 %) aunque el contingente onubense presenta importantes diferencias respecto al murciano en cuanto a su composición.

Contrariamente a la impresión general que pueda haber, dada la gran visibilidad que tiene el programa GECCO donde prácticamente el 100 % del contingente es conformado por mujeres, la distribución por sexo de los contratos firmados por extranjeros que trabajan en la agricultura onubense presenta más hombres que mujeres, si bien es cierto, que la diferencia es menor (58 % de contratos a hombres y 42 % de contratos a mujeres) que en otros enclaves como muestra el gráfico 5.

Respecto a la edad de estos trabajadores, como muestran los gráficos 6 y 7, existe una interesante disparidad de género, habiendo una importante proporción de trabajadores masculinos que tiene entre 16 y 24 años, mientras que las mujeres en esa edad son una parte muy reducida del total. El grupo de edad mayoritario en hombres es el ubicado entre los 25 y 34, mientras que en las mujeres es el correspondiente a quienes tienen entre 35 y 44 años (duplican a las pertenecientes al anterior rango de edad). En ambos casos, la proporción de personas mayores de 55 es reducida.

Las principales cinco nacionalidades del contingente de trabajadores migrantes en la agricultura onubense son por orden descendiente, tal como muestra la tabla 4, Marruecos, Rumanía, Senegal, Malí y Bulgaria.

Nacionalidad	N.º de contratos
Marruecos	48.103
Rumanía	16.047
Senegal	7.930
Malí	7.637
Bulgaria	4.779

Tabla 4. Cinco principales nacionalidades extranjeras por volumen de contratos registrados en la provincia de Huelva en 2024. Fuente: Contratos Registrados SEPE

Al igual que en Murcia, en Huelva se observa un claro predominio de trabajadores de origen marroquí, que representan la mitad del total de contratos del contingente migrante, el triple que la siguiente nacionalidad, la rumana, la cual, a su vez, duplica a la tercera y cuarta: la senegalesa y la maliense. En último lugar quedaría el contingente de trabajadores búlgaros, aunque representa tan solo el 5 % del total de contratos realizados a extranjeros en el sector agrícola de la provincia.

Con base a estos datos, en el caso onubense, el perfil sociodemográfico mayoritario del trabajador agrícola migrante sería, al igual que en Murcia, el de un hombre, marroquí, pero aquí tendría una edad de entre 25 y 34 años. No obstante, dado no solo el práctico equilibrio existente entre sexos, sino por el hecho de que el colectivo de trabajadores marroquíes se compone de una mayoría de mujeres (53 %) conviene indicar que existe además otro perfil predominante con similar presencia en la provincia: el de una mujer marroquí de entre 35 y 44 años.

Jaén

El enclave productivo jiennense presenta notables diferencias respecto a los otros dos analizados. En primer lugar, porque, pese a ser la tercera provincia que en números totales presenta más contratos firmados por trabajadores migrantes en la agricultura, estos solo representan el 28 % del total, siendo los trabajadores españoles la inmensa mayoría.

En segundo lugar, además, la proporción de contratos firmados por hombres respecto al de mujeres es notablemente mayor que en Huelva y Murcia, correspondiendo, como muestra el gráfico 8, el 95 % de los contratos firmados a hombres.

La mayoría de estos trabajadores, como muestra el gráfico 9, tiene entre 25 y 54 años, como en el caso de los hombres extranjeros que trabajan en Murcia y, al igual que ahí, son bastantes menos tanto los más jóvenes como los más mayores. Las mujeres, tal como refleja el gráfico 10 presentan una distribución por edades similar, aunque destaca ligeramente el número de trabajadoras de entre 35 y 44 años sobre el resto.

Las principales cinco nacionalidades del contingente de trabajadores migrantes en la agricultura jiennense son por orden descendiente, tal como muestra la tabla 5, Marruecos, Senegal, Malí, Argelia y Rumanía, mostrando ya una cierta pauta de repetición de nacionalidades entre enclaves agrícolas a nivel estatal.

Nacionalidad	N.º de contratos
Marruecos	16.036
Senegal	14.436
Malí	10.563
Argelia	4.162
Rumanía	3.179

Tabla 5. Cinco principales nacionalidades extranjeras por volumen de contratos registrados en la provincia de Jaén en 2024. Fuente: Contratos Registrados SEPE

En el caso de Jaén, aunque la mayoría de los contratos firmados por trabajadores extranjeros corresponde a personas procedentes de Marruecos (28 % del total), en términos porcentuales esta cifra es muy similar a la de los contratos firmados por trabajadores senegaleses (25 %), lo que refleja una casi paridad entre ambas nacionalidades.

Nuevamente el perfil sociodemográfico mayoritario en esta provincia sería el de un trabajador, hombre, marroquí de entre 35 y 54 años, siendo el siguiente más común el de un trabajador senegalés, también hombre, pero en este caso con una edad comprendida entre los 25 y 54 años.

Almería

Conocida por el mar de plástico que alberga (referente a la concentración de invernaderos observable incluso desde el espacio), Almería es la cuarta provincia nacional en volumen de contratos a trabajadores extranjeros en el sector agrícola. Ahí, el 77 % del total de contratos se hacen a migrantes

Sin llegar al nivel de Jaén, y más cerca de la realidad presente en Murcia, existe nuevamente un predominio de contratos realizados a hombres respecto a las mujeres, situado en una diferencia de en torno al 82 % frente al 18 % restante. El gráfico 11 muestra esta distribución.

Estos trabajadores en su mayoría tienen entre 25 y 44 años, habiendo ya una notable menor proporción de los mismos en el resto de las franjas etarias. Las mujeres en cambio se concentran más en la franja de los 35 y 44 años, aunque una notable proporción de las mismas tiene entre 25 y 34 años o entre 45 y 54 años, como muestra el gráfico 13.

Las principales cinco nacionalidades del contingente de trabajadores migrantes en la agricultura almeriense son por orden descendiente, tal como muestra la tabla 6, Marruecos, Senegal, Malí, Rumanía y Gambia, siendo esta última la única novedad respecto a la pauta observada en los anteriores casos y representado, de cualquier manera, apenas el 3 % del total de contratos realizados a extranjeros en la agricultura de la provincia.

Nacionalidad	N.º de contratos
Marruecos	28.217
Senegal	6.591
Malí	5.231
Rumanía	2.567
Gambia	1.591

Tabla 6. Cinco principales nacionalidades extranjeras por volumen de contratos registrados en la provincia de Almería en 2024. Fuente: Contratos Registrados SEPE

Los contratos realizados a marroquíes suponen un 51 % del total, mostrando una absoluta predominancia de esta nacionalidad sobre el resto pues la siguiente, la senegalesa, representa tan solo el 7 %. Esta notable diferencia permite elaborar un perfil sociodemográfico más nítido, correspondiendo en Almería al de un trabajador, hombre, proveniente de Marruecos y con una edad comprendida entre los 25 y 54 años.

Sevilla

El caso sevillano plantea, en términos generales, algunos paralelismos con el de Jaén pues, pese a ser la quinta provincia estatal en la que más contratos se realizan a migrantes en la agricultura, 35 992, estos solo representan el 24 % del total provincial. De estos, aquí también la mayoría los firman hombres, con un 77 % del total, tal como muestra el gráfico 14.

Como en Almería, el gráfico 15 muestra que estos trabajadores en su mayoría tienen entre 25 y 44 años, habiendo aun así una considerable proporción de estos ubicados en las franjas de edad de 16 a 24 años y 45 a 54, pero siendo una minoría los que tienen más de 55 años. Pese a presentar ligeras variaciones, las mujeres también muestran una distribución similar, tal como refleja el gráfico 16.

En cuanto a las principales cinco nacionalidades con mayor presencia en el conjunto de contrataciones agrícolas de la provincia, encontramos, por orden descendiente, tal como muestra la tabla 7, las habituales nacionalidades de los otros enclaves agrícolas, aunque con diferencias en el orden y magnitud, siendo Sevilla la única provincia donde no predominan los contratos realizados a marroquíes, sino a rumanos. El orden así es: Rumanía, Marruecos, Senegal, Bulgaria y Malí. Como puede verse, casi la mitad del contingente (42 %) está conformado por trabajadores de origen rumano, mientras que los contratos a marroquíes conforman el 20 % del total. El resto de las nacionalidades tienen una menor incidencia sobre el total, no alcanzando el 10 % ninguna de ellas.

Nacionalidad	N.º de contratos
Rumanía	15.260
Marruecos	7.463
Senegal	2.953
Bulgaria	1.633
Mali	1.433

Tabla 7. Cinco principales nacionalidades extranjeras por volumen de contratos registrados en la provincia de Sevilla en 2024. Fuente: Contratos Registrados SEPE

Con estos datos, el perfil sociodemográfico mayoritario del trabajador agrícola extranjero en Sevilla sería hombre, rumano de entre 25 y 44 años.

Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen — GECCO

Los datos correspondientes al programa de migración temporal GECCO, que ya mencionamos anteriormente, figuran ya en las dos bases de datos previas pues, pese a ser un mecanismo político muy específico, no dejan de quedar registrados quienes vienen a través de él tanto como población activa (INE) como a nivel de contratos (SEPE). No obstante, dadas las especificidades de un canal migratorio que funciona mediante acuerdos bilaterales y genera una migración estrictamente temporal, aunque también circular, es relevante poder acceder a sus datos propios a modo de disponer de herramientas que permitan entenderlo y evaluarlo.

El principal problema al respecto es que los datos de la GECCO son solo parcialmente públicos y, además, de difícil localización, por lo que es muy probable que sean ampliamente desconocidos.

Para encontrar los datos disponibles hay que ir en este caso al Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) perteneciente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con un formato muy parecido al INE, el OPI tiene una base de datos denominada OPIbase, y dentro de ella hay un conjunto de datos titulado «Personas con autorización de residencia por provincia según sexo, grupo de edad, tipo de autorización y motivo de concesión»^[7]. En este, si se mira bien, se verá que entre los «motivos de concesión de permisos» hay uno que se denomina «Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen y otras de duración determinada». El propio título ya indica una de sus primeras debilidades y es que aglutina tanto permisos GECCO como otros no especificados, por lo que no es posible realmente saber qué incluye y en qué magnitud. Como puntos positivos cabe señalar que estos datos son de registro y además pueden ser desagregados por sexo, tipo de autorización, edad y provincia. Por otro lado, son recogidos cada trimestre por lo que permiten realizar un seguimiento a su evolución histórica.

No obstante, además de la limitación ya mencionada, el gran obstáculo que presentan para nuestro análisis es que no permiten seleccionar el sector agrícola, por lo que aglutina todos los sectores económicos. Tampoco permiten desagregar por nacionalidad, así que disponemos solo de totales que impiden saber, por ejemplo, cuantas contrataciones aporta cada país participante de la GECCO.

Para conocer estos detalles, al igual que en la base de datos del SEPE, hay que acudir al portal de transparencia y solicitarlos. La experiencia del autor es que el tiempo de respuesta en este caso es mucho más largo (excediendo en muchas ocasiones los noventa días) pero los datos hasta ahora provistos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han aportado un nivel de desagregación útil para el análisis al mostrar las nacionalidades de los participantes y el sector laboral donde se han desempeñado.

Por desgracia, los datos más recientes de los que dispone el autor llegan hasta 2022, pues la petición cursada mediante el portal de transparencia para obtener los datos de 2024 aún no ha sido respondia. Así pues, a continuación, mostraremos los datos de 2024, haciendo una media anual con los trimestres que figuran en OPIbase y abordaremos el resto de dimensiones con los datos de 2022.

En 2024, se alcanzó un número máximo de autorizaciones GECCO de 20 054 en el segundo trimestre del año, siendo el promedio anual de 17 848. Este última muestra un absoluto predominio de las mujeres frente a los hombres, alcanzando estas, tal como refleja el gráfico 17, el 83 % del total de personas contratadas mediante GECCO.

Dado que las franjas de edad que aporta el OPIbase son excesivamente amplias, el dato no es relevante para nuestro análisis, pues evidentemente no hay participantes en la primera franja de edad, al englobar a personas de entre 0 y 15 años, ubicándose la inmensa mayoría en la segunda franja, que al abarcar a quienes tienen entre 16 y 64, prácticamente contiene a toda persona en edad laboral.

Los datos por provincia son relevantes pues reflejan, tal como indica la tabla 8, que el 77 % de las personas que residieron en España con una autorización GECCO u otra de duración determinada, lo hicieron en la provincia de Huelva. La segunda provincia con más personas con este tipo de autorización es Lleida, que apenas alcanza el 6 % del total y luego le siguen Baleares, Huesca y Segovia con apenas el 3 % cada una.

Provincia	Media anual de personas con autorización GECCO o de duración determinada	% sobre el total
Huelva	13.830	77%
Lleida	996	6%
Baleares	546	3%
Huesca	492	3%
Segovia	485	3%

Tabla 8. Cinco principales provincias españolas por número de residentes con autorización GECCO o de duración determinada en 2024. Fuente: OPIbase

Estos datos coinciden con uno de los perfiles sociodemográficos mayoritarios que elaboramos para la provincia de Huelva con los datos del SEPE pues, según los datos de OPIbase, la mayoría de las personas con autorización GECCO serían mujeres residentes en Huelva y en edad de trabajar.

Yendo a los datos obtenidos a través del portal de transparencia, pueden hacerse varios cruces interesantes. Por ejemplo, al disponer de datos sobre los sectores donde trabajan estas personas extranjeras puede verse que desde el año 2013 (aunque siempre fue predominante) el 100 % de las personas contratadas mediante el procedimiento GECCO trabajan en la agricultura. Por lo tanto, salvo que se hubieran producido cambios de gran calado en los años 2023 y 2024, hecho que no ha sido advertido en publicación alguna, puede confirmarse que los datos de OPIbase se refieren en su inmensa mayoría al sector agrícola, con la salvedad de los permisos de duración determinada que sí pueden corresponder a otros sectores. La tabla 9 muestra la distribución por sectores laborales de las autorizaciones GECCO en el periodo 2010-2022.

SECTOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Agricultura	11.517	14.285	6.464	2.963	2.834	2.767	5.562	17.543	17.303	18.987	15.037	14.365	18.565
Hostelería	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industria	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios	458	333	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabla 9. Autorizaciones concedidas en el marco de los programas GECCO 2010-2022 por sector. Fuente: Subdirección General de Gestión y Coordinación de Flujos Migratorios

Dado que los datos del OPIbase ya vienen desagregados por provincia, no es excesivamente útil replicar los que proporcionó la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Flujos Migratorios. Cabe solo indicar que estos reflejan también un absoluto predominio de la provincia de Huelva en la acogida de estos trabajadores, superando siempre el umbral del 70 % (salvo en 2012) y, en el caso del periodo comprendido entre 2016 y 2022, superando el umbral del 90 % del total.

En cuanto a las nacionalidades de los participantes en la GECCO, en el mismo periodo (2016-2022) cabe señalar que la marroquí ha supuesto más del 90 % del total. La tabla 10 recoge las cinco únicas nacionalidades de trabajadores GECCO presentes en 2022.

Nacionalidad	Número de personas	% sobre el total
Marruecos	16.786	90%
Colombia	862	5%
Honduras	633	3%
Ecuador	143	1%
Senegal	141	1%

Tabla 10. Autorizaciones concedidas en el marco de los programas GECCO 2016-2022 por nacionalidad. Fuente: Subdirección General de Gestión y Coordinación de Flujos Migratorios

A partir de los datos obtenidos mediante esta fuente, es posible ampliar el perfil sociodemográfico mayoritario previamente elaborado con los datos de OPIbase, incorporando la nacionalidad predominante: la marroquí.

Eurostat

Eurostat es la oficina estadística de la Unión Europea, responsable de recopilar, procesar y difundir datos estadísticos comparables entre los Estados miembros. Entre sus múltiples áreas de trabajo destacan las estadísticas sobre migraciones, que tienen como objetivo proporcionar información detallada y armonizada sobre los flujos migratorios, las poblaciones extranjeras y los movimientos de ciudadanos dentro y fuera del territorio de la UE. Estas estadísticas permiten analizar aspectos como el número y características de los inmigrantes y emigrantes, la adquisición de nacionalidad, las solicitudes de asilo y la movilidad dentro del espacio Schengen etc. La cobertura geográfica incluye todos los países de la UE, así como otros países asociados como Noruega, Suiza e Islandia. Eurostat publica estos datos anualmente, basándose en información proporcionada por los institutos estadísticos nacionales, y siguiendo una metodología común definida en coordinación con los Estados miembros para asegurar la comparabilidad internacional. Por su carácter armonizado, accesibilidad y amplio alcance, las estadísticas migratorias de Eurostat constituyen una herramienta clave para el diseño de políticas europeas en materia de migración e integración, y son ampliamente utilizadas en investigaciones académicas, informes institucionales y análisis demográficos comparados.

Lamentablemente, en el ámbito de la migración y el trabajo agrícola, pese a tratarse de uno de los movimientos de trabajadores intracomunitarios más dinámicos y sostenidos en el tiempo, la disponibilidad de datos no solo es limitadísima, sino que dejó de recogerse en 2020. Eurostat explicó este hecho indicando que solo disponía de datos para los años 2017 y 2018, y estos no estaban disponibles para todos los países de la UE, lo que dificultaba la comparabilidad y exhaustividad de la información. Además, no parece casualidad que este corte se produjera el año de la pandemia de covid-19 pues esta afectó significativamente a la recopilación de datos y la movilidad de los trabajadores estacionales, lo que pudo haber contribuido a la interrupción en la recopilación de estos datos (Comisión Europea, 2020).

De todas formas, esta base de datos, titulada First permits issued for remunerated activities by reason, length of validity and citizenship (migr_resocc)⁸, supuestamente se nutre de los datos del OPI⁹, así que en principio solo replica los mismos, por lo que deberían ser coincidentes y su único valor añadido sería el de poder comparar países europeos. No obstante, al tratarse únicamente de un dato macro agregado sobre los primeros permisos emitidos bajo la categoría de «trabajo estacional» —una etiqueta que puede abarcar múltiples profesiones y sectores—, su valor analítico es muy limitado.

La única variable desagregada que ofrece es de tipo temporal, permitiendo ver cuantos permisos se han emitido por una duración de entre tres y cinco meses, de entre seis y once meses o superiores a los doce meses. En todo caso, nuevamente, dado que no permite otro tipo de desagregación por sector, nacionalidad etc. se trata de una base datos irrelevante para analizar esta realidad social.

Irregularidad

Una parte de los trabajadores migrantes empleados en el sector agrícola español se encuentra en situación administrativa irregular. Aunque este fenómeno fue especialmente significativo en décadas pasadas, cuando los mecanismos de control y regularización eran más limitados (Molinero-Gerbeau, 2020b), en la actualidad se estima que representa un porcentaje reducido, pero no desdeñable del total (Márquez y Gordo, 2014). Dada su condición legal, se trata de un colectivo afectado por la invisibilidad estadística, un hecho que contrasta con el papel fundamental que desempeñan en las campañas agrícolas, contribuyendo de manera decisiva al funcionamiento del sector (López-Sala, 2022).

Lamentablemente, existen muy pocos ejercicios estimativos de cuantos trabajadores se encuentran en esta situación siendo el que hicieron Fanjul y Gálvez-Iniesta (2020) para la Fundación Porcausa probablemente el único existente en la época reciente. En él, los autores estimaron, usando datos de la EPA y la Muestra Continua de Vidas Laborales, que en la agricultura española imperaba una tasa de irregularidad de en torno al 8,9 %. No parece descabellado, pero al ser un ejercicio especulativo podría ser mayor o menor, teniendo un impacto diferenciado en enclaves diversos. Debido a estas limitaciones, elaborar un perfil sociodemográfico del trabajador agrícola migrante en situación irregular en España es un ejercicio imposible en la actualidad.

Limitaciones de los datos e implicaciones para la política nacional

Los datos que aquí hemos aportado muestran una notable serie de limitaciones para una mejor comprensión del fenómeno migratorio y su interrelación con el trabajo agrícola en España.

Principalmente, pueden señalarse cuatro grandes fallas que corresponden a las señaladas en el título de este artículo: fragmentación, parcialidad, opacidad y ausencia de datos fiables.

En primer lugar, el hecho de tener que acudir a tantas fuentes diversas para tratar de reconstruir el puzle sociodemográfico del contingente migrante agrícola, supone una notable dificultad para quien quiera asomarse a esta realidad, lo cual reduce a un puñado de expertos la posibilidad de trabajar con los mismos. No solo no tiene sentido tener que acudir al INE, al SEPE y al OPI para encontrar parte de estos datos, sino que, en muchos casos, tampoco se encuentran fácilmente en sus propias páginas. Sería deseable, en ese sentido, disponer de una ventana única de acceso, tal como ha hecho, por ejemplo, Nueva Zelanda con su portal Stats NZ¹⁰ donde ha habilitado una Infraestructura de datos Integrada, que no es perfecta, pero reduce en parte la traba de la fragmentación.

El segundo gran problema detectado en el acceso a estos datos es su parcialidad. Todos los registros y encuestas analizados ofrecen una visión parcial de la realidad, pero no la representan en su totalidad. Ya sea porque la EPA no dispone del dato de trabajadores activos en la agricultura por provincias, o el OPI por nacionalidades de las personas participantes en la GECCO, al final siempre se omite alguna dimensión fundamental para llevar a cabo investigaciones con valor analítico. En otras ocasiones, el nivel de desagregación es nulo o incompleto. Un ejemplo claro de ello es, nuevamente, los datos de la EPA que agregan en bloque el número de trabajadores agrícolas migrantes para todo el país pero que también aportan la información sobre su nacionalidad por regiones y no por países de origen. Lo primero, impide entender la complejidad de la realidad social analizada y lo segundo directamente aporta un dato sin utilidad alguna.

El tercer problema alude a la opacidad existente en torno a ciertos datos. Es difícil de entender que determinados órganos estatales como el SEPE o la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Flujos Migratorios dispongan de datos extremadamente útiles y con una amplia desagregación, pero no estén disponibles en acceso abierto para el público. Aunque la creación del portal de transparencia ha hecho que esta situación mejore notablemente, facilitando el acceso a los datos y obligando por ley a quien dispone de ellos a dar respuesta a las peticiones recibidas, el hecho de que el usuario no conozca el nivel de detalle del que dispone quien produce y registra el dato, limita su acceso. Dado que los órganos que reciben las peticiones son reactivos y no existe información pública sobre el nivel de detalle del que disponen, es posible que por desconocimiento del solicitante se pierdan dimensiones que podrían ser útiles para el análisis.

En otros casos es posible cursar una petición para disponer de los microdatos de determinadas bases de datos, como la propia EPA, pero el INE cobra por ello, lo cual reduce la universalidad en su acceso, restringiéndola a quienes dispongan de fondos para ello. Muy probablemente ambos problemas, es decir, la indisponibilidad pública de datos existentes, así como el acceso mediante pago a los microdatos de determinadas fuentes, tengan que ver con la infrafinanciación de los servicios que deberían proveerlos por lo que es clave que el Estado invierta recursos en facilitar el acceso transparente y democrático de la ciudadanía a los datos.

La cuarta última falla tiene que ver con la ausencia de datos. La agricultura es un sector clave, tanto para la UE¹¹ como para el Estado¹² y su interrelación con las migraciones, otra área política esencial para el Gobierno (Molinero Gerbeau, 2023), convierten en urgente no solo publicitar los datos disponibles, sino producir nuevos, en dimensiones tales como condiciones laborales, problemas de salud etc., que permitan diseñar políticas públicas efectivas. Solo así se podrá, por un lado, trabajar para garantizar la estabilidad de un sector que es pilar de la economía y, por el otro, asegurar que su funcionamiento respete los derechos humanos puesto que, como señalan infinidad de investigaciones, en la actualidad, más bien se caracteriza por ser una inmensa fuente de explotación (Ruiz et al., 2024).

Conclusiones

Este análisis ha puesto de manifiesto que elaborar un perfil sociodemográfico de los migrantes que trabajan en la agricultura española es una tarea compleja. Esta dificultad no se debe únicamente a la heterogeneidad del sector, en el que cada enclave territorial se ha especializado en un tipo de producción que requiere un perfil laboral distinto, lo que impide identificar un patrón homogéneo a escala estatal. La principal limitación radica, sobre todo, en la escasa disponibilidad de datos para comprender de manera adecuada el fenómeno.

De las cinco fuentes de datos aquí mencionadas, tan solo aquellas que tienen un nivel de desagregación muy limitado como son la EPA, OPIBase o el SEPE, están disponibles de forma accesible a través de los portales públicos de los organismos que las producen. Algunos conjuntos de datos incluso, como los presentes en estas dos últimas bases, son particularmente difíciles de ubicar en sus páginas web. Eurostat es también accesible, pero su cese en la toma de datos a partir de 2020 unido al hecho de que el dato que ofrecía era en exceso agregado, hacen que no sea una fuente útil para disponer de datos al respecto.

Para poder por lo menos entender los aspectos sociodemográficos básicos del colectivo de migrantes que trabaja en la agricultura española hace falta cursar peticiones por el portal de transparencia, con la incertidumbre que ello conlleva respecto al tiempo que tardará en responderse la solicitud, si el organismo que la recibe lo hará positivamente y qué variables incluirá en los datos proporcionados. Este complejo y poco accesible proceso hace que la información esté al alcance de muy pocas personas, lo que limita el debate sobre las políticas públicas con un potencial aplicable al contexto a quienes disponen de esos datos. Como consecuencia, se dificulta la participación de una parte amplia de la sociedad, incluidos empresarios y sindicatos.

Para el sector, uno de los resultados de esta fragmentación, parcialidad, opacidad y ausencia de datos, deriva en un crónico problema de previsión. Para los trabajadores, se produce una invisibilidad que deriva en explotación severa.

Sin datos accesibles y fiables, se producen dicotomías como el hecho de que, por un lado, la GECCO sea internacionalmente reconocida como un programa asociado a buenas prácticas (López-Sala, 2016) que, de hecho, el Gobierno ha apostado recientemente por expandir¹³, y que, por el otro, la inmensa mayoría de las investigaciones que lo han estudiado la señalen como un mecanismo que fomenta una explotación severa de la mano de obra (Ruiz et al., 2024). Los propios empresarios también se han quejado del limitado número de autorizaciones que se conceden anualmente, así como de otros aspectos, como la excesiva burocracia del programa¹⁴, lo que explica que al final este se haya aplicado prácticamente solo en la provincia de Huelva tal como hemos visto en en análisis de los datos.

El Estado debe invertir en hacer públicos los registros de datos de los que dispone, en desagregar con más variables aquellos que ya ofrece públicamente y, sobre todo, debe plantear una estrategia de recolección de datos que permita comprender mejor esta realidad social.

Pese a estos problemas, no obstante, el ejercicio aquí realizado ha permitido identificar algunos patrones sociodemográficos sobre la mano de obra extranjera en la agricultura española. Se ha podido ver que las nacionalidades más recurrentes son la marroquí, la rumana, la senegalesa y la maliense, con presencia relativamente elevada en algunos enclaves de nacionales de otros países como Bulgaria o Ecuador. Se ha podido determinar que la inmensa mayoría de los jornaleros migrantes son hombres, a excepción de Huelva, donde casi la mitad de los trabajadores son mujeres. Y aunque hay una cierta disparidad en los rangos de edad predominantes, puede afirmarse que la mayoría de quienes realizan este trabajo tiene entre 25 y 34 años. Por último, es importante señalar que todo apunta a una baja presencia de trabajadores en situación irregular en el sector. No obstante, de nuevo, una recogida de datos más rigurosa podría aportar mayor claridad al respecto.

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