IEEE. Los esfuerzos de lucha contra la corrupción en el Estado ruso en el contexto de la guerra en Ucrania

Introducción

El Estado soviético sufrió a lo largo de su historia elevados niveles de corrupción que afectaron a todos los ámbitos de la economía y drenaron recursos públicos necesarios para la reconstrucción del país, primero tras la cruenta guerra civil (1918-1922) que impuso la consolidación del bolchevismo¹, y después de la Segunda Guerra Mundial (1941-1945), que devastó toda el área occidental del país después de cuatro años de combates ininterrumpidos con los ejércitos alemanes².

Hay que tener en cuenta que el sistema soviético se basaba en la existencia de un partido único (el Partido Comunista) que, además de imponer una férrea disciplina en la dirección del Estado y en todos los órdenes de la vida social, sometió al control más estricto todas las áreas de la actividad económica, financiera y comercial. La existencia de una élite dirigente, la del Partido Comunista, al frente de una eficaz burocracia intermedia (característica tradicional del Estado ruso) permitió extender el control estatal a todos los ámbitos y espacios económicos, tanto a nivel interno como en relación con el exterior, asfixiando completamente cualquier iniciativa o actividad productiva individual. Según su propia concepción, el sistema era perfecto porque, a través del control sobre absolutamente todo, los bienes y servicios se distribuirían equitativamente a toda la sociedad acabando definitivamente con cualquier rastro de pobreza económica o social. Sin embargo, tanto el Estado soviético como las democracias populares y después países de Asia, África y América Latina durante la denomina primera descolonización (años sesenta y setenta del siglo pasado) construyeron un modelo completamente distinto, pero eficaz dentro de una lógica propia y totalitaria. El resultado fue que no solo no se distribuyó mejor la riqueza que en épocas anteriores, sino que el nivel económico medio de esas sociedades, de cada país donde se aplicó el modelo, cayó abruptamente. Este proceso ha sido suficientemente estudiado por la Ciencia Política y la Economía, lo que nos excusa de profundizar en esta cuestión.

La característica destacable de estos sistemas dirigidos y de la propia Unión Soviética es que una élite dirigente (los miembros del Partido Comunista y altos funcionarios públicos) pudieron vivir una vida de confort (incluidos viajes al extranjero) junto con una sociedad que tenía acceso a bienes básicos, pero que carecía del poder adquisitivo y del nivel de consumo de sus equivalentes occidentales durante la misma época. Esto coincidió a nivel estratégico con el período de la Guerra Fría. La llegada de Mijaíl Gorbachov al poder, en marzo de 1985, sacó a la luz el nivel de decadencia del sistema soviético (esclerosis política y económica) y abrió el país a cambios políticos y económicos a través de la glasnost (transparencia en ruso) y la perestroika (reestructuración) que, a la postre, terminaron con la destrucción del país y su desmembramiento en quince repúblicas independientes³. La emergencia de una nueva Rusia independiente se caracterizó en sus primeros años por la expansión de un capitalismo salvaje, que enriqueció a unos pocos (la primera generación de oligarcas postsoviéticos), pero que empobreció a gran parte de la sociedad y llevó al país al borde de un conflicto civil⁴.

Fue precisamente el nivel de corrupción galopante y el peligro de que el país cayera en manos de un grupo de oligarcas pegado al poder lo que facilitó la decisión del primer presidente ruso, Boris Yeltsin, de entregar las riendas del gobierno a un joven y desconocido funcionario, que procedía de los servicios de inteligencia soviéticos: Vladímir Putin⁵. Tras su legitimación en el poder mediante unas elecciones que se pueden considerar verdaderamente democráticas, inició un proceso acelerado de sustitución de las élites empresariales mediante la adhesión, el exilio y el otorgamiento de puestos a amigos y conocidos, que formaron los círculos de poder del Kremlin casi hasta ahora⁶. El régimen putiniano ha funcionado sobre la base de un consenso fundamental entre el presidente y la sociedad: Putin puede ejercer todo el poder mientras garantice el nivel de vida de los ciudadanos (nadie quiere volver a la época de penuria de los años noventa). Gracias al desarrollo económico durante las dos últimas décadas el sistema ha funcionado eficientemente. Pero, la guerra en Ucrania ha creado un escenario nuevo, que puede poner en peligro la estabilidad interna, tanto por el coste de financiar el conflicto como por el peligro de una movilización general, que casi nadie quiere.

En este artículo analizamos los esfuerzos que ha emprendido el aparato de poder del Kremlin en la lucha contra la corrupción⁷, no porque esté francamente contra ella sino para lograr tres objetivos fundamentales. El primero es impedir la detracción de recursos necesarios para el esfuerzo de guerra vía sobornos, malversación o apropiaciones indebidas de funcionarios desleales. El segundo es mostrar a la ciudanía rusa la fortaleza del gobierno, que es capaz de acometer una campaña pública contra todos aquellos dirigentes civiles, militares o empresarios que actúan de forma deshonesta mientras la población carga con el esfuerzo de guerra y, de este modo, garantizar la estabilidad y pervivencia del régimen a largo plazo. El tercero, que no aparece públicamente, consiste en aprovechar la guerra para realizar una criba entre funcionarios que anteponen sus intereses particulares al interés estatal, tratando de fortalecer la base de poder del régimen putiniano. Para ello se examinan someramente los casos más significativos identificados en el gobierno federal, el Ministerio de Defensa, en el complejo militar-industrial y en los gobernadores de las regiones («los sujetos de la Federación» según la Constitución rusa), tema este más sensible puesto que son designados de facto por el presidente ruso.

Además, es preciso señalar con carácter previo que Rusia se sitúa en el puesto 154 de 180 países en el Índice de Percepción de Corrupción mundial, según el informe publicado en febrero de 2025, que mide la corrupción en el sector público, junto a países como Azerbaiyán, Honduras y Líbano⁸.

La lucha contra la corrupción en el contexto de la guerra de Ucrania

Rusia es un país inmenso con más de diecisiete millones de kilómetros cuadrados, en cuyo suelo y subsuelo se encuentran gigantescos depósitos de hidrocarburos y minerales de todo tipo. Esto hace que las empresas dedicadas a su extracción tengan una capacidad de crecimiento prácticamente ilimitado y, en consecuencia, sus principales accionistas y directivos puedan amasar enormes fortunas. Pero, para lograrlo se requiere su adhesión al poder establecido, fue así parcialmente en tiempos de Yeltsin y lo es completamente con Putin. Son precisamente las grandes empresas energéticas las que sostienen principalmente el esfuerzo de guerra, a través de sus grandes aportaciones al presupuesto federal, y su exacción continuará y aumentará según se alargue la guerra⁹. Por tanto, el primer factor para sostener el conflicto bélico es el control de esas empresas, todas ellas en manos de oligarcas cercanos al presidente Putin, porque no basta solo la lealtad al Estado, sino que se requiere además la adhesión incondicional al que ejerce el poder. Cualquier otro enfoque activa un proceso de sustitución rápida del individuo que, en el mejor de los casos, pasa a un puesto irrelevante o al exilio, pero si muestra resistencia, cabe su eliminación física. En consecuencia, por esta parte no surgen casos de corrupción significativos, esencialmente por esa cercanía al poder, y mientras desempeñen sus funciones con eficacia se podrá seguir financiando la guerra en Ucrania, la expansión de las Fuerzas Armadas y, en última instancia, el mantenimiento del régimen putiniano.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con otros sectores de la economía, donde la disputa por los recursos es más descarnada o donde operan empresarios, directivos y funcionarios de segundo nivel, que no gozan del privilegio del acceso al poder presidencial, sino que tienen que luchar cada uno por sus posiciones, en una suerte de competencia salvaje, que el sistema ruso admite con normalidad, siempre y cuando no ponga en peligro la paz social, no vaya contra los intereses generales del país y, por supuesto, tampoco afecte al régimen desde el punto de vista mediático.

Precisamente, la tensión de los recursos financieros en un contexto de guerra larga junto con la necesidad de demostrar la fortaleza del gobierno abrió la puerta a una campaña de lucha contra la corrupción dirigida contra ese segundo nivel de funcionarios, empresarios y directivos, que se apropian de fondos públicos, sobornan o compran voluntades en la ejecución de contratos estatales, anteponiendo sus intereses a la intención de vencer. Para atajarlo, el presidente Putin dio instrucciones al Comité de Investigación de Rusia (SKR), dirigido por Alexander Bastrykin¹⁰, que tiene asignadas competencias de inspección sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, la lucha contra la corrupción, la investigación de las actividades de los órganos gubernamentales federales y las autoridades locales, de actuar sin miramientos contra funcionarios, directivos y empresarios deshonestos bajo la premisa de que con sus acciones ponen en peligro la consecución de los objetivos establecidos en la Operación Militar Especial, que no es otra cosa que la guerra en Ucrania. Asimismo, ordenó que el Servicio Federal de Seguridad (FSB, una de las agencias sucesoras del antiguo KGB), la Dirección Principal de Investigación Criminal del Ministerio del Interior y la Dirección Principal de Investigación Militar (GVSU) del Ministerio de Defensa prestaran toda la asistencia necesaria al SKR en la tarea encomendada.

Por su parte, Bastrykin ordenó a sus subordinados que en los casos abiertos adoptaran medidas inmediatas para identificar, registrar e incautar todos los bienes de los acusados con el objetivo de compensar el daño causado en caso de probarse su culpabilidad. Significativamente, todas estas medidas se empezaron a aplicar con todo rigor después de las elecciones presidenciales del 15 al 17 de marzo de 2024, que otorgaron a Putin un quinto mandato. De este modo, el 19 de marzo de 2024, durante una visita oficial a la sede del FSB en Moscú, exigió a los funcionarios de seguridad el máximo celo en el desempeño de sus funciones para responder a los desafíos que enfrenta el país, así como perseverar en la lucha contra la corrupción, especialmente en la ejecución de los contratos del Ministerio de Defensa¹¹.

Desde el punto de vista del Kremlin, se considera que cuando se pide a los ciudadanos que hagan mayores esfuerzos para sostener la guerra (subida de impuestos, reducción de prestaciones sociales, médicas o sanitarias, daños en sus propiedades y vidas), cuando se ha movilizado a más de 300.000 reservistas para combatir en Ucrania y en paralelo se mantiene una campaña permanente de reclutamiento de voluntarios para cubrir las bajas en el frente, ese tipo de comportamientos son intolerables. En consecuencia, actuar contra ellos aumenta la adhesión general al gobierno. Incluso, en ocasiones su eliminación física adopta la forma de medida ejemplarizante, no solo contra otros potenciales sujetos implicados en casos de corrupción, sino también se presenta a la ciudadanía como símbolo de esa política de tolerancia cero. Por tanto, esas medidas forman parte del centro de gravedad principal del Kremlin en este conflicto, que es mantener a toda costa la estabilidad interna. Sin ella es prácticamente imposible vencer.

El 9 de diciembre de 2024 el fiscal general, Igor Krasnov, habló sobre la lucha contra la corrupción en el ámbito de la Administración pública, destacando los siguientes puntos¹²:

• Las prioridades del trabajo contra la corrupción son un apoyo a las actividades de supervisión en las principales áreas estratégicas.
• Se han realizado cambios legislativos que mejoran las competencias de los fiscales para llevar a cabo sus actividades de inspección.
• En 2024 los fiscales identificaron violaciones de las normas anticorrupción por parte de 30.000 funcionarios y 500 fueron despedidos por pérdida de confianza.
• En el primer semestre de 2024 los tribunales pronunciaron sentencias condenatorias contra 5.700 individuos.
• El soborno es el delito más común (se da en más del 50% de los casos investigados).
• Los casos de soborno detectados durante el último año aumentaron un 30%.
• La confiscación de bienes anula la conveniencia de obtener ganancias por vías ilegales (lo calificó de antídoto contra la codicia).
• Durante los últimos cinco años se confiscaron propiedades por valor de 760.000 millones de rublos¹³.

Es preciso señalar, en este contexto bélico, que el 2 de octubre de 2024 el presidente Putin firmó una modificación de la ley federal de la Carrera Militar, por la que se reguló la firma de contratos de alistamiento para servir en Ucrania con determinadas categorías de acusados, tanto durante el proceso penal como en casos de sentencia firme¹⁴. Funcionarios civiles y militares acusados o condenados en casos de corrupción se han acogido a esta medida de gracia para eludir su responsabilidad penal.

Los casos más significativos en el gobierno federal

Aunque en el primer nivel del gobierno federal (primeros ministros y ministros) no se han dado casos de corrupción, sí ha habido detenciones de viceministros tanto de departamentos civiles como militares (que analizaremos en el siguiente epígrafe).

Es preciso tener en cuenta también que, debido al reparto constitucional de competencias entre el presidente y el gobierno federal, los componentes de este tienen un perfil más técnico y burocrático, mientras que los ministerios más políticos y los relacionados con la seguridad y la defensa dependen directamente del presidente¹⁵. En consecuencia, son ante quien dan cuentas y, ya sea por incompetencia o por acciones deshonestas (muy poco frecuentes en este ámbito), su depuración se lleva a cabo en la sombra y rara vez son expulsados de la vida pública, pasando a desempeñar cargos sin funciones ejecutivas o de carácter representativo¹⁶. Los casos más destacados son los siguientes:

El 24 de marzo de 2023 agentes del FSB detuvieron a dos altos funcionarios del Servicio Federal de Aduanas, el general Alexander Beglov y el comandante Alexander Aleev, acusados de aceptar sobornos por importe de 3,8 millones de rublos. Durante los registros se incautaron 40 millones de rublos en efectivo y documentación incriminatoria.

El 20 de noviembre de 2023 un subdirector de Ministerio de Recursos Naturales, Alexey Yakovlev, fue detenido en Moscú por un caso de soborno de más un millón de rublos por aprobar contratos públicos mientras era director del Parque Nacional de Taganay, oblast (provincia) de Cheliábinsk. Ambos casos continúan bajo investigación.

El 21 de marzo de 2024 se detuvo en Moscú al director del Departamento de Desarrollo Económico y Social del distrito federal del Cáucaso Norte, Igor Jranovsky, por malversación de fondos públicos. Hubo registros en Moscú y en el krai (territorio) de Stavropol, donde se decomisaron dinero en efectivo y automóviles de alta gama, y la detención de tres empresarios locales. Cinco días después el FSB informó sobre una red de corrupción en el Ministerio de Economía sobornada por empresarios de Stavropol.

El 26 de marzo de 2024 se detuvo a la subdirectora del Servicio Federal de Aduanas, Elena Yagodkina, acusada de corrupción¹⁷. Según el FSB, entre 2011 y 2019 participó en hechos delictivos relacionados con la recaudación de derechos de aduana. Es el segundo caso de alto nivel en el Servicio Federal de Aduanas.

El 24 de octubre de 2024 agentes del FSB detuvieron al viceministro de Energía para la industria del carbón y exportaciones, Serguéi Mochalnikov, a su antecesor Anatoli Yanovsky y a dos subdirectoras adscritas a la Institución Federal para la Reorganización y Liquidación de Minas No Rentables y Minas a Cielo Abierto (GURSH), todos acusados de corrupción por importe de 500 millones de rublos y daños medioambientales evaluados en 12.000 millones de rublos.

Un caso significativo afecta al Departamento Administrativo de la Administración Presidencial, con más de una veintena de acusados encabezados por Serguéi Kovalev, Serguéi y Nikolái Mironov y cinco personas jurídicas, implicados en la apropiación de catorce apartamentos y ciento veinte oficinas en un edificio de negocios ubicado en Moscú. El 11 de diciembre de 2024 un tribunal de San Petersburgo ordenó el embargo de bienes de los acusados por valor de 1.500 millones de rublos.

Corrupción en el Ministerio de Defensa y el complejo militar-industrial

Desde el inicio de la guerra en Ucrania se han destapado múltiples casos de corrupción tanto en el Ministerio de Defensa como en las Fuerzas Armadas, donde están implicados oficiales generales y jefes, a diferencia de los casos generalizados de los años noventa, en los que participaban oficiales y subalternos en casos de robo de combustible, armamento o materiales de los depósitos para obtener dinero para su propia subsistencia (en ese tiempo hubo períodos en los que los militares no cobraron sus salarios durante meses e incluso hasta dos años).

En 2023 el Comité de Investigación inició 357 casos por corrupción y fraude en el ámbito del Ministerio de Defensa y en empresas del sector de defensa. En enero de 2024 sumaban 497 procedimientos en curso, concentrados en Moscú y los oblasty (provincias) de Moscú, Samara, Tula y Udmurtia. Los casos investigados están relacionados con malversación de fondos, abuso de poder y sobornos en la adjudicación o ejecución de contratos públicos a cambio de cantidades que se cifran en millones de rublos (tipificados en el Código Penal ruso como sobornos agravados) y en algún caso incluso ascienden a miles de millones de rublos. Además, en 2024 fueron detenidos, entre otros, tres exviceministros de Defensa, un jefe adjunto del Estado Mayor General (EMG) y un jefe de una dirección principal del Ministerio de Defensa.

El 30 de agosto de 2024 el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, afirmó durante una comparecencia que la detención de altos mandos militares forma parte de la lucha sistemática contra la corrupción. Veamos a continuación los casos más significativos:

El 23 de abril de 2024 el viceministro de Defensa, general Timur Ivanov, fue detenido y llevado a la famosa prisión de Lefertovo, en Moscú, por un caso de corrupción de 4.000 millones de rublos. Ivanov era responsable de los departamentos de construcción, planificación y coordinación de habitabilidad de las tropas, vivienda y gestión de viviendas y propiedad militar, del departamento de Experiencia Estatal, de la Dirección Principal de Sanidad Militar, del Departamento Federal del Sistema de Ahorro e Hipoteca de Vivienda Militar desde mayo de 2016. El entonces ministro de Defensa, general Serguéi Shoigú, informó previamente al presidente Putin de su detención¹⁸. También se detuvo a varios colaboradores que ocupaban cargos de responsabilidad en empresas subordinadas a su departamento (entre ellas Oboronstroy, 1470 UMTO, Spetstransleasing y Oboronlogistics) acusados de pertenencia a una red criminal dedicada a sacar beneficios de la ejecución de contratos públicos. En este contexto, medios rusos divulgaron informaciones sobre el elevadísimo estándar de vida del viceministro de Defensa y de su familia (coches de alta gama, fiestas, viviendas de lujo y viajes). El 25 de julio de 2024 también se detuvo al director general de la Compañía de Construcción Militar, Andréi Belkov, que estaba a las órdenes de Timur Ivanov.

El 13 de mayo de 2024 agentes del FSB detuvieron al jefe de la Dirección Principal de Personal (GUK) del Ministerio de Defensa, general Yuri Kuznetsov¹⁹, por un soborno de 7,2 millones de rublos en la adjudicación de obras de la sede de la Escuela Militar Superior de Krasnodar. Este caso es llamativo porque, aunque el general Kuznetsov fue imputado por un soborno de escasa entidad (según los casos analizados), no se puede excluir que esté encubriendo un caso de alta traición por las responsabilidades que desempeñó antes, en el ámbito de los secretos de Estado.

El 23 de mayo de 2024 el jefe adjunto del EMG y jefe de la Dirección Principal de Comunicaciones (GUS) del Ministerio de Defensa, general Vadim Shamarin, fue detenido acusado de aceptar, entre abril de 2016 y octubre de 2023, sobornos por valor de 36 millones de rublos de la Fábrica de Telefonía Telta de Perm. En el mismo caso, el 28 de octubre de 2024 agentes de la GVSU detuvieron al general Alexander Ogloblin (que previamente había testificado contra Shamarin) por recibir entre 2016 a 2021 unos 10 millones rublos de la misma empresa²⁰, sumando cinco acusados en la GUS. El 13 de noviembre de 2024 el general Shamarin admitió su responsabilidad y el 25 de enero de 2025 se anunció un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía Militar.

El 25 de julio de 2024 agentes del FSB detuvieron al exviceministro de Defensa, general Dimitri Bulgákov²¹ acusado de corrupción por 49 millones de rublos. Permanece en prisión en Lefertovo. También está relacionado con este caso el director general de la Compañía de Construcción Militar, que trabajaba a las órdenes del general Timur Ivanov, por lo que parece existir una conexión entre ambos casos.

El 29 de agosto de 2024 el viceministro de Defensa general Pavel Popov fue detenido por apropiación, entre 2021 y 2024, de 40 millones de rublos destinados a la gestión del centro de congresos Parque Patriota, en Moscú, donde se celebra anualmente la principal feria de armamento del país, ARMIYA (Ejército), que reúne a cientos de empresas nacionales y extranjeras y que recibe casi dos millones de visitantes. El Comité de Investigación estima que actuó en cooperación con el director del centro de congresos, Viacheslav Ajmedov (que testificó contra Pavel Popov), y el vicejefe de la Dirección Principal de Desarrollo e Innovación del Ministerio de Defensa, Vladímir Shesterov. Este caso también parece caer en el ámbito del de Timur Ivanov.

La libertad con la que actúa durante este tiempo el SKR se pone de manifiesto en el caso del prestigioso comandante del 58.º Ejército Mecanizado (EMZ) del Distrito Militar Sur, general Iván Popov²², detenido el 17 de mayo de 2024, acusado de participar en un fraude por importe de 105 millones de rublos en la venta de materiales destinados a construir fortificaciones en el frente de Donetsk²³. En todas sus declaraciones ha negado su responsabilidad. El 25 de julio de 2024 el mismo Bastrykin anunció la finalización de la investigación del caso contra el general Iván Popov²⁴.

Otros casos importantes se han dado en la Dirección Principal de Vehículos Blindados (GABTU), en la Dirección Principal de Construcciones Especiales y en la Academia de Sanidad Militar del Ministerio de Defensa, en Rosgvardia (Guardia Nacional), en el Ministerio de Emergencias (EMERCOM), así como en la rama militar de Roscosmos, en la corporación de armamentos Rostec y en la corporación tecnológica Rusnano²⁵. Todos son por fraude y abuso de poder en la adjudicación y ejecución de contratos estatales.

El análisis de estos casos pone de manifiesto que el nivel de corrupción en el Ministerio de Defensa estaba extendido a todos los niveles y que no se tomaban las medidas de control necesarias para asegurar la correcta gestión de los fondos públicos.

Los gobernadores regionales

Cuando Putin llegó al poder una de las primera medidas que tomó fue recuperar el control sobre las regiones para evitar el riesgo latente de desintegración territorial. Esta medida fue una respuesta tanto a la creciente autonomía en el ejercicio del poder por parte de los gobernadores (recordemos el caso del malogrado general Alexander Lebed²⁶), como también a los movimientos secesionistas en el Cáucaso (independencia de facto de Chechenia, a la que Putin puso fin con su característica brutalidad)²⁷.

Por consiguiente, el nombramiento de los gobernadores quedó de nuevo bajo el poder presidencial, con candidatos que siempre cuentan con el aval del Kremlin y la expectativa de promocionar rápidamente en caso de cumplir fielmente su cometido, como por ejemplo el joven gobernador de Kaliningrado (2017-2024), Antón Alijánov, nombrado ministro de Comercio en mayo de 2024. Además, el país se dividió en ocho distritos federales, a cuyo frente está un enviado especial del presidente, reforzando los mecanismos de control territorial en la cúspide. Pero, también el desempeño de sus funciones queda bajo el escrutinio y la responsabilidad del presidente. A continuación se detallan los casos más significativos de corrupción en este ámbito.

El 12 de diciembre de 2024 el Comité de Investigación detuvo al ministro de Desarrollo Digital de Omsk acusado de corrupción. Un día después, el senador y exgobernador de Riazán (2017-2022), Nikolái Lyubimov, fue acusado de cobrar sobornos por 250 millones de rublos. El 8 de febrero de 2025 se abrió un caso contra el viceministro de Salud de Udmurtia por soborno agravado y el 18 de febrero contra el ministro de Transporte de Cheliábinsk por malversación de fondos públicos por importe de 2.966 millones de rublos. En todos ellos no han trascendido más informaciones de relevancia. No obstante, el oblast de Rostov destaca en este tema: el 4 de noviembre de 2024 el gobernador Vasily Golubev presentó su dimisión y fue nombrado senador en el Consejo de la Federación. En los meses siguientes fueron detenidos el ministro de Transporte por un soborno de 27 millones de rublos; la ministra de Hacienda por abuso de poder en la contratación de financiación privada con pérdidas de 1.900 millones de rublos; y el vicegobernador y ministro de Agricultura también por abuso de poder por conceder subvenciones a empresas en quiebra con pérdidas de 155 millones de rublos.

Además, hay dos casos relevantes en esa campaña de ejemplificación en el contexto de la guerra en Ucrania. El primero contra el director general de la Corporación de Desarrollo de Kursk, Vladímir Lukin, detenido el 21 de diciembre de 2024 por malversación de fondos destinados a la construcción de posiciones defensivas en el oblast de Kursk²⁸. En el segundo, el 27 de enero de 2025, están implicados el promotor inmobiliario y exdirector general de la empresa pública Novosibirsk VNR LLC, Alexey Manankin, y sus socios por apropiación de fondos para la reconstrucción de las repúblicas del Dombás.

Los casos en los que ya existen sentencias firmes son anteriores al inicio de la guerra en Ucrania: el exgobernador de Sajalín (2007-2015), Alexander Joroshavin, condenado a 15 años de reclusión por dos delitos de corrupción de 622 millones de rublos; el exgobernador de la república de Mari-El (2001-2017), Leonid Markelov, condenado a 13 años por soborno de 235 millones de rublos; y el exgobernador del oblast de Penza (2015-2021), Iván Belozertsev, condenado a 12 años de prisión por recibir sobornos de 30 millones de rublos. En todos los casos se impusieron cuantiosas penas de multa y la pena accesoria de prohibición de ejercicio de cargo público de tres a diez años.

Conclusiones

Se estima que el régimen putiniano descansa en la existencia de un consenso básico directo entre el presidente y los ciudadanos rusos, que legitima el ejercicio del poder mientras se mantenga la estabilidad socioeconómica del país. A su vez, el ejercicio de ese poder autoritario parece sustentarse en tres factores fundamentales: una élite oligárquica absolutamente subordinada al poder político, una burocracia estatal sumamente eficiente y unas Fuerzas Armadas leales al orden constitucional establecido.

El mantenimiento del ejercicio de ese poder requiere periódicamente la adopción de medidas ejemplificadoras que pongan de manifiesto la capacidad de quien ostenta el poder para cumplir aquel consenso fundamental. De este modo, los funcionarios desleales (civiles y militares), los grandes empresarios deshonestos o los gobernadores irresponsables son objeto de purgas periódicas destinadas a demostrar la fortaleza del gobierno. Sin embargo, los integrantes del círculo de poder del Kremlin se encuentran al margen de tales medidas, siempre que mantengan su lealtad al presidente.

La guerra en Ucrania ha sido percibida como una oportunidad para generar un nuevo proceso dinamizador de las bases del régimen putiniano, no tanto para Putin, que hasta ahora ejerce el poder de forma incontestada, sino para su sucesor, cuando el relevo se produzca, muy probablemente antes de las elecciones presidenciales de marzo de 2030.

De este modo, la campaña activada en el curso de la guerra para combatir la corrupción tiene tres objetivos: depurar el régimen de elementos indeseables que detraen recursos públicos del esfuerzo bélico, mostrar a la población casos ejemplarizantes como parte de la propaganda de guerra y consolidar la élite dirigente interna.