IEEE. La lucha contra la corrupción durante los mandatos de Xi Jinping

Presentación

Nada más acceder a la secretaría general del Partido Comunista de China (PCCh), en 2012, Xi Jinping lanzó una vasta campaña anticorrupción que se prolonga hasta hoy día, abarcando múltiples sectores. En paralelo, la inspección disciplinaria y la supervisión se han visto reforzadas por dos procesos simultáneos: una mayor institucionalización de los órganos de control, así como de los procedimientos y normas. Con ello procura una cierta estandarización que pueda asegurar mejor la consecución de los principales objetivos generales, es decir, la integridad moral de los funcionarios y la lealtad absoluta al PCCh.

Nuevos conceptos guía

Ya en sus primeras manifestaciones políticas en este aspecto, Xi Jinping instó a «enjaular el poder dentro del sistema»¹ apelando a un tratamiento más científico de la lucha contra la corrupción. El término «buena gobernanza», introducido en 2014 en la literatura del PCCh, pronto se asumió como referente conceptual e integrador tanto de la vocación de poner freno a los abusos de poder como del establecimiento de un sistema de gobierno basado en la ley. Esa «buena gobernanza» auspiciada por el PCCh discurre en el terreno de la «eficracia»², eludiendo sistemas de control independientes o cívicos, confiando plenamente en las capacidades internas para luchar contra la corrupción.

Sin ser del todo nuevo, pues las evidencias de su adopción coinciden con los debates globales que caracterizaron el inicio del siglo XXI, China, frente al énfasis en participación civil o derechos humanos de los sistemas liberales, exalta una gobernanza eficiente con principal atención a los beneficios materiales y prácticos que el sistema público puede proporcionar a los ciudadanos en términos de seguridad y bienestar. Esa legitimidad a través de los resultados converge con las previsiones de una benevolencia sistémica muy anclada en la filosofía tradicional que reclama una gobernanza limpia.

Este enfoque chino aspira a demostrar una mayor capacidad y eficiencia respecto al modelo occidental de gobernanza (Estado de derecho, división de poderes que auspicia un control mutuo y libertades públicas). De esta forma, la gobernanza disciplinaria del PCCh se afana en proveer crecimiento, estabilidad y orden en mayor medida que cuando se pone el acento en la promoción de las libertades civiles. Complementariamente, el uso de las tecnologías digitales hoy alentaría una gobernanza «inteligente».

Un segundo concepto que connota el enfoque del xiismo en la lucha contra la corrupción es el de «autorrevolución». Este es concebido como un proceso de eliminación de las propias filas del PCCh de los cuadros corruptos e ineficaces permitiéndole permanecer «puro». Xi utilizó por primera vez la frase en 2015, en un discurso ante el Grupo Dirigente Central para la Profundización Integral de la Reforma, en el que instaba al grupo a «atreverse a autorrevolucionarse». El verano siguiente, apareció en el discurso de Xi por el 95 aniversario de la fundación del Partido, y al año siguiente en el informe del XIX Congreso Nacional del PCCh. Al dirigirse a la Comisión Central de Control Disciplinario en 2019, Xi expuso el objetivo y las tareas de la autorrevolución del Partido y planteó los requisitos para lograr la autopurificación, la automejora, la autoinnovación y la superación personal.

El problema que subyace es la preocupación por el deterioro del PCCh y la necesidad de reaccionar a fin de garantizar la perennidad de su «dinastía orgánica»³, solo posible a través de una legitimidad política permanente que excluye el recurso a los procedimientos electorales propios de los sistemas políticos liberales. El PCCh postula así su inquebrantable voluntad de hacer frente al problema, operando una autocorrección sin límites y escapando a los ciclos históricos que predicen una inevitable decadencia.

En 2021, el concepto fue incluido en la Resolución sobre los principales logros y la experiencia histórica del PCCh durante el último siglo, un documento equiparable a otros similares enunciados por Mao y Deng Xiaoping. Si Mao apuntaba una «primera respuesta» a la voluntad de mantener un férreo dinamismo interno para evitar la degradación, Xi calificó el concepto como la «segunda respuesta», elevando así su significación y equiparándolo a la reflexión de Mao, enfatizando ahora que el Partido solo puede ser controlado por sí mismo y evolucionar a partir de sí mismo. Es el Partido quien debe hacerse cargo del Partido y autogobernarse estrictamente. La autorrevolución es el elixir de la eterna juventud para el PCCh.

¿Cuánto tiene que ver todo esto con la lucha contra la corrupción y cuánto con la defensa y consolidación del poder de Xi? ¿Puede escapar a la decadencia el PCCh siendo el mismo poder que genera la corrupción quien lo combate?

La Comisión Central de Control Disciplinario (CCCD) y sus titulares

La Comisión Central de Control Disciplinario del PCCh nació como Comisión Central de Inspección en 1927. Es un ejemplo perfecto de una estructura fuera del sistema judicial formal, directamente bajo el control del aparato cuyo funcionamiento opaco sin poder de contrapeso es, a riesgo de arbitrariedad política, utilizado por Xi Jinping tanto para combatir la corrupción como para marginar a los rivales y no dignos de confianza.

Bajo el mandato de Xi Jinping, su primer presidente designado fue Wang Qishan, un banquero de formación que se hizo famoso en China y Occidente por su gestión del SARS en la capital en 2003, durante el mandato de Hu Jintao. Entonces era muy próximo a Xi, a quien conoció en Shaanxi durante el exilio al campo de la juventud urbana educada ordenado por Mao en los años de la Revolución Cultural. Wang mantuvo lealmente su posición como azote de los funcionarios corruptos, contribuyendo de modo destacado a asentar el poder de Xi. Fue promovido a vicepresidente en 2017 durante el XIX Congreso.

Tras Wang, Zhao Leji asumió esta responsabilidad en el segundo mandato de Xi. Su lealtad a toda prueba contribuyó a que en 2022 fuera ascendido a número tres asumiendo la presidencia de la Asamblea Popular Nacional (APN). En el tercer mandato en vigor, es Li Xi el responsable de esta delicada tarea. Su cercanía a Xi se labró en el Comité Permanente de Yan'an en Shaanxi entre 2006 y 2011. Durante una visita de Xi Jinping a Shanghái en 2007, el futuro presidente lo invitó a visitar la metrópoli oriental al frente de una delegación de su provincia. Después, en 2011, Li fue asignado a Shanghái para dirigir el Departamento de Organización del Partido. Dos años más tarde, en 2013, fue ascendido a número 2 en esta metrópoli, antes de ser designado, al año siguiente, jefe del PCCh en Liaoning. Promovido al Buró Político en el XIX Congreso, fue inmediatamente colocado a la cabeza de la provincia de Guangdong, sustituyendo a Hu Chunhua, en su día barajado como probable primer ministro tras Li Keqiang y ahora irrelevante tras el XX Congreso.

Las causas singulares y trayectorias de la corrupción

La corrupción en China tiene múltiples causas, muchas de las cuales están relacionadas con la estructura política, económica y social del país. A menudo se menciona el fuerte control estatal y la falta de supervisión independiente, la prevalencia de un sistema de redes y clientelismo (guanxi, 关系), el crecimiento económico acelerado y desigualdades, la debilidad en la aplicación de la ley y la transparencia, la persistencia de monopolios estatales, la cultura de impunidad en los niveles altos o las carencias del sistema judicial.

En septiembre de 2014, Qiao Cuixia, subdirectora del Instituto de Economía de la Universidad Normal de Shandong, también miembro de la Academia de Ciencias Sociales de esta provincia y exmiembro de la Escuela del Partido, firmó un informe en el que desarrolló la tesis de que la corrupción es alimentada por el funcionamiento mismo del aparato⁴. Su idea es que la propia maquinaria política los empuja a ser corruptos, influyendo en ello las condiciones de trabajo asociadas a un vacío emocional lastrado por quiebras familiares.

Otros apelan a la cultura, al trasfondo confuciano. El tipo de relaciones humanas característico del guanxi, las redes personales, con una singular densidad, a menudo trasciende la separación entre negocios y política. Ello constituye un terreno fértil para la corrupción. Sabido es que las relaciones de confianza tejidas a través de un largo conocimiento mutuo son muy estimadas en la sociedad china. Esa confianza parece ir a la contra de la exigencia de una elevada moral en el proceder público y dificulta el logro de una armonía benévola como anhelan los confucianos.

Durante el maoísmo, en condiciones de una mayor dificultad económica y convulsiones sistémicas, el que Mao llamó «proyectil almibarado» tenía una proyección limitada. Con la política de reforma y apertura de Deng, sin embargo, la corrupción se generalizó en paralelo a la evolución de los negocios. Durante los mandatos de Jiang Zemin y Hu Jintao se arbitraron medidas de respuesta que fueron insuficientes en un contexto de ascenso de unos linajes locales que debilitaban las capacidades del poder central.

La mayor novedad de Hu Jintao fue la creación de un Servicio Nacional de Prevención de la Corrupción (2007)⁵. Sin embargo, es con Xi, en 2018, cuando se aprobó la Ley de Supervisión de la República Popular China que instituía la creación de la Comisión Nacional de Supervisión (CNS) como organismo de nivel estatal que supervisa a todos los funcionarios públicos, incluyendo aquellos que no son miembros del Partido. En la práctica, supuso la fusión con el sistema de disciplina interna del Partido, lo que fortaleció el control sobre la administración y sobre cualquier persona en cargos de gestión en empresas estatales, así como en instituciones educativas, médicas y otras, incluyendo funcionarios del gobierno. El mandato de la CNS es extender el poder ejecutor de la disciplina interna del PCCh a los rincones no partidarios del gobierno, las empresas estatales, otras entidades estatales como las instituciones de investigación y todo aquel personal que realiza deberes públicos.

Aunque es un organismo independiente, colabora estrechamente con la fiscalía y los tribunales en la persecución de delitos relacionados con corrupción y violaciones a la disciplina. Los poderes de investigación contemplan la posibilidad de detener a sospechosos sin una orden judicial formal mediante un mecanismo conocido como liuzhi (retención), también generando inquietudes sobre el abuso de poder. En 2024 fue enmendada para, entre otros, expandir el trabajo internacional contra la corrupción, marcando una intensificación de la capacidad del poder estatal más allá de las fronteras de China⁶.

Al introducir estas reformas, el gobierno chino descarta cualquier intención de encajar su modelo en el molde occidental de la prevalencia del derecho y la independencia de la justicia. Si bien es cierto que está reformando el sistema judicial para eliminar la arbitrariedad y la corrupción, no piensa, sin embargo, renunciar al control político directo sobre él.

Entre 2012-2017, primer mandato de Xi Jinping

La lucha contra la corrupción en China entre 2012 y 2017 fue una de las iniciativas más destacadas del gobierno de Xi Jinping tras su ascenso al poder como secretario general del PCCh en noviembre de 2012. Esta campaña anticorrupción tuvo un impacto significativo en la política, la economía y la sociedad chinas, y fue considerada como una de las ofensivas más amplias y sostenidas contra la corrupción en la historia del país.

Antes de 2012, la corrupción en China se había convertido en un problema generalizado que afectaba a todos los niveles del Gobierno y del Partido. Casos de soborno, nepotismo, malversación de fondos públicos y abuso de poder eran comunes y contribuían al descontento social. En este contexto, Xi Jinping asumió el liderazgo del país con la promesa de restaurar la disciplina y la integridad.

Desde el inicio de su mandato, dejó claro que la lucha contra la corrupción sería una prioridad central de su gobierno. Su estrategia se centró en la eliminación de tanto «tigres» como «moscas», una metáfora que hacía referencia a la persecución de altos funcionarios corruptos («tigres») y de cuadros de menor rango («moscas»). También se utilizó el término «cazadores de zorros» para describir los esfuerzos internacionales para repatriar a funcionarios corruptos fugitivos.

El primer indicio relevante de esta política fue la «decisión de ocho puntos», una serie de normas adoptadas por el liderazgo del Partido en diciembre de 2012 para abordar los problemas burocráticos crónicos, incluidos privilegios para funcionarios y banquetes extravagantes, los viajes de investigación, las reuniones, la documentación y otras tareas oficiales. Posteriormente, se convirtió en una iniciativa para mejorar la conducta de gobernanza.

En este primer mandato, la campaña conducida por Wang Qishan, multiplicó las inspecciones sistemáticas en diversas instituciones gubernamentales, empresas estatales y provincias para identificar y castigar prácticas corruptas. Otro mecanismo importante fue la creación de tribunales y organismos especializados en la lucha contra la corrupción, así como la adopción de nuevas regulaciones y normas de conducta más estrictas para los miembros del PCCh. Estas medidas buscaban garantizar que la disciplina del partido se mantuviera y que las infracciones fueran castigadas con severidad.

Uno de los aspectos más notorios de la campaña fue la investigación y condena de altos funcionarios del Partido y del Gobierno. Entre los casos más emblemáticos destacan:

• Zhou Yongkang: exmiembro del Comité Permanente del Politburó y uno de los funcionarios más poderosos en la seguridad nacional, Zhou fue condenado a cadena perpetua en 2015 por corrupción, abuso de poder y filtración de secretos de Estado.
• Bo Xilai: exsecretario del Partido en Chongqing y una figura política prominente, Bo fue destituido y sentenciado a cadena perpetua en 2013 por corrupción y abuso de poder en un caso que atrajo la atención mundial.
• Ling Jihua: exdirector de la Oficina General del PCCh y estrecho colaborador del expresidente Hu Jintao, fue condenado en 2016 a cadena perpetua por aceptar sobornos y abuso de poder.
• Sun Zhengcai: considerado un potencial sucesor de Xi Jinping, Sun fue destituido en 2017 como secretario del Partido en Chongqing y posteriormente condenado a cadena perpetua por corrupción.

Otros que podrían citarse: el general Xu Caihou, excomisario político del EPL; Guo Boxiong, exjefe del Estado Mayor retirado; o Su Rong, n.º 2 de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Además de estos altos dignatarios del Partido purgados en la campaña, se cuentan casi 100 miembros del Comité Central y funcionarios de nivel ministerial o provincial y más de 40 generales.

Además de estos «tigres» la campaña también afectó a miles de funcionarios de menor rango en todo el país, con sanciones que iban desde la destitución hasta penas de cárcel. Se endurecieron las penas para los infractores.

La campaña anticorrupción tuvo un profundo impacto en el sistema político y administrativo de China. Entre los efectos más notables cabe citar:

• Fortalecimiento del liderazgo de Xi Jinping. La eliminación de rivales políticos y la consolidación del poder dentro del PCCh permitieron a Xi establecer un control más firme sobre el Partido y el Gobierno. En el XIX Congreso del PCCh en 2017, su liderazgo se reforzó con la inclusión de su pensamiento político en los estatutos.
• Cambio en la cultura política y administrativa. Muchos funcionarios se volvieron más cautelosos en la toma de decisiones, lo que redujo la corrupción, pero también llevó a una cierta parálisis burocrática, ya que algunos temían tomar iniciativas que pudieran interpretarse como indebidas.
• Percepción pública. La campaña recibió un amplio apoyo de la población, ya que abordaba un problema que había causado indignación entre los ciudadanos. Sin embargo, algunos críticos argumentaron que también se utilizó como una herramienta para eliminar oponentes políticos.
• Impacto en la economía. La lucha contra la corrupción afectó a sectores como la construcción y la industria de bienes de lujo, donde el soborno y el tráfico de influencias eran comunes. Sin embargo, a largo plazo, el gobierno argumentó que estas medidas fortalecerían la confianza en las instituciones y mejorarían el entorno de negocios.

Entre 2012 y 2017, la campaña anticorrupción llevó a la investigación y sanción de más de 1,5 millones de funcionarios, según informes oficiales del PCCh. Esta cifra muestra la magnitud del esfuerzo llevado a cabo. En el XIX Congreso del PCCh se anunció la creación de la citada Comisión Nacional de Supervisión.

La lucha contra la corrupción en China fue objeto de elogio por su contundencia, aunque a la par, también se destacó la incapacidad para librarse de las sospechas comunes: su instrumentación para consolidar el poder de Xi y eliminar a posibles rivales, la dependencia de la lealtad política, la imparcialidad y sostenibilidad a largo plazo, la no superación de las causas estructurales o la opacidad en la toma de decisiones dentro del PCCh.

De una u otra forma, la lucha contra la corrupción en China entre 2012 y 2017 fue una de las campañas más intensas y de mayor alcance en la historia del país. Si bien logró reducir significativamente la corrupción dentro del Partido y el Gobierno, también transformó la dinámica política de China y consolidó el poder de Xi, sentando las bases para su permanencia prolongada en el liderazgo del país.

Entre 2017 y 2022, segundo mandato de Xi Jinping

En su segundo mandato, Xi siguió enarbolando la lucha contra la corrupción como una de las principales prioridades. Tras consolidar su poder en el XIX Congreso (2017), reforzó la campaña anticorrupción con nuevas estrategias y una mayor institucionalización del control disciplinario.

Uno de los desarrollos más importantes en esta etapa fue la creación de la Comisión Nacional de Supervisión (CNS) en 2018, que permitió una mayor integración de los sistemas de supervisión y fortaleció la capacidad del Estado para investigar y sancionar a los corruptos. También reforzó el principio de «gobierno con disciplina estricta»⁷. Aunque formalmente el director de la CNS debe informar a la APN, no al Comité Central del PCCh, carece de autonomía total respecto de la CCCD del Partido, ya que las dos organizaciones comparten oficinas y operan como una sola institución con diferentes nombres.

Este segundo período supuso la caída de numerosos altos funcionarios y ejecutivos de empresas estatales. Algunos de los casos más destacados incluyen:

• Sun Lijun: exviceministro de Seguridad Pública, acusado de corrupción y abuso de poder. En 2022, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena.
• Fu Zhenghua: exministro de Justicia, sentenciado a muerte con suspensión por aceptar sobornos y abuso de poder.
• Lai Xiaomin: expresidente de China Huarong Asset Management, ejecutado en 2021 por delitos financieros masivos, incluido el soborno y la malversación de fondos.
• Zhang Jinghua: exfuncionario de alto rango en Jiangsu, acusado de corrupción y abuso de poder.

Estos casos evidenciaron la determinación de perseguir a figuras de alto perfil y reflejaron la imposición de sentencias más severas como medida disuasoria contra la corrupción.

A diferencia del periodo anterior, donde el énfasis se centró en la purga de elementos corruptos dentro del PCCh, la segunda fase (2017-2022) se centró en fortalecer los mecanismos de control institucional y prevenir futuras prácticas corruptas. Entre las medidas adoptadas se incluyeron el fomento de una mayor cooperación internacional; el uso de tecnología y macrodatos (con plataformas de inteligencia artificial y análisis de big data para detectar patrones sospechosos de comportamiento financiero); el énfasis en la corrupción dentro de las empresas estatales y sectores estratégicos como la banca, la tecnología y la industria militar; el control del sector financiero, con la supervisión de transacciones y la regulación estricta de grandes conglomerados como Evergrande.

Sin duda, la lucha contra la corrupción ayudó a Xi a consolidar aún más su liderazgo antes del XX Congreso del PCCh en 2022. Al eliminar a rivales políticos y reforzar la disciplina dentro del Partido, la campaña aseguró su control sobre las instituciones estatales y militares. De esta forma se aseguró un tercer e inusual mandato.

En el ámbito económico, la ofensiva contra la corrupción tuvo un impacto mixto. Por un lado, aumentó la confianza en el Gobierno al demostrar su compromiso con la transparencia; por otro, algunas medidas generaron incertidumbre en los mercados y afectaron a sectores como el inmobiliario y las inversiones extranjeras.

De 2022 - 2027, tercer mandato de Xi Jinping

La campaña anticorrupción ha cobrado un impulso significativo durante el tercer mandato del presidente Xi Jinping. Pese al loable esfuerzo desplegado, en una conferencia de la CCCD del PCCh en enero de 2025, reconoció que la corrupción no solo es generalizada, sino que también está en aumento⁸.

Un total de 30.000 casos de delitos relacionados con el servicio y el cumplimiento del deber, tales como el soborno y la malversación de fondos, fueron concluidos por tribunales de todo el país en 2024, lo que representa un incremento del 22,3% respecto al año previo, según el informe presentado para su deliberación a la sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo nacional⁹. Según las estadísticas de la CCCD, en 2024 se habrían investigado un récord de 58 altos funcionarios de la lista de nomenclatura de las autoridades centrales. De los investigados, 47 tenían nivel viceministerial o superior, entre ellos el exministro de Agricultura Tang Renjian, el exministro de Justicia Tang Yijun, el exsecretario del Partido en Tibet Wu Yingjie, el exjefe del Partido de Guizhou, Sun Zhigang, mientras que se aprobó la sentencia de muerte para Li Jianping, un exfuncionario de Mongolia Interior. También Li Tie, ex entrenador jefe de la selección nacional de fútbol masculino, recibió una sentencia de 20 años de prisión.

Las purgas políticas y anticorrupción dentro de los altos rangos del ejército de las industrias militares también se han intensificado en 2023 y 2024. Tras la destitución de al menos 15 oficiales militares de alto rango y ejecutivos de la industria de defensa en la segunda mitad de 2023, entre ellos, el ministro de Defensa, Li Shangfu, el alcance de las investigaciones se expandió más allá de los sectores de desarrollo de equipos para incluir departamentos de trabajo político y la Armada del Ejército Popular de Liberación, la Fuerza Aérea y la antigua Fuerza de Apoyo Estratégico, que se disolvió en abril de 2024¹⁰.

La purga se ha extendido ahora al Comando del Teatro de Operaciones del Este, que supervisa Taiwán y el mar de China Oriental y probablemente sería responsable de una campaña relacionada con Taiwán. En noviembre de 2024, el almirante Miao Hua fue suspendido de sus funciones en la Comisión Militar Central por violaciones disciplinarias. Xi defiende que las purgas militares mejoran la preparación para el combate en tiempos de paz y lo alinean más estrechamente con los objetivos de defensa nacional.

Conclusión

La campaña contra la corrupción en curso es una de las más decididas y de mayor alcance jamás lanzadas en China. De atacar a los principales monopolios estatales, las administraciones locales, la Comisión de Reforma y Desarrollo y el corazón mismo del poder al arrestar a un exmiembro del Comité Permanente del Politburó, Xi Jinping ahora ha adoptado un enfoque frontal contra la corrupción en el ejército y su entorno.

Su segundo mandato terminó con el acoso a los multimillonarios, dentro y fuera del país y, a la vez, tratando de contener a los viejos veteranos retirados que desde su llegada han obstaculizado la estrategia de saneamiento ético del dirigente chino. Muchos de ellos, a menudo están vinculados a clanes con propuestas políticas diferenciadas, generalmente más afines al denguismo o el mundo de los negocios, queriendo proteger sus intereses adquiridos. En el caso de las grandes fortunas, son objeto de especial atención los lazos con la maquinaria política y su potencial para bloquear reformas y delinear los contornos de una lucha interna que mezcla tanto intereses comerciales como una concepción del poder menos intransigente que la de Xi.

En lo político, de lo que se trata es dar al Partido la imagen de una organización política irreprochable al servicio del pueblo (según la fórmula de Mao), exaltando por igual su honorabilidad y eficiencia¹¹. Por ello, preocupa especialmente que el sistema de inspección disciplinaria, introducido desde Rusia durante la fundación del PCCh, se adapte continuamente a las complejas relaciones entre el Partido y el Estado y entre el Estado y el mercado de la era de las reformas. En este sistema, son la CCCD y sus delegaciones locales, en lugar de la fiscalía o la policía, las que inician las investigaciones y detienen a los cuadros. Sin embargo, los inspectores disciplinarios a menudo enfrentan dificultades para supervisar la mala conducta en su propio nivel.

La persistencia de Xi ha impactado en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. Este índice evalúa la percepción de la corrupción en el sector público, asignando una puntuación de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy limpio). En 2012, China ofrecía una puntuación de 39 sobre 100 en el IPC. A lo largo de los años siguientes, la puntuación mostró una tendencia general al alza, alcanzando su punto máximo de 45 en 2021. Sin embargo, en 2023, la puntuación descendió a 42. En términos de clasificación global, China ocupó el puesto 80 en 2012. Aunque mejoró su posición en años posteriores, llegando al puesto 65 en 2022, en 2023 descendió al puesto 76 de 180 países evaluados¹².

Estos datos sugieren que, a pesar de las campañas anticorrupción implementadas, la percepción de la corrupción en China ha tenido altibajos, con mejoras notables hasta 2021 y un retroceso en los años siguientes.

De cara al futuro, la lucha contra la corrupción seguirá siendo un pilar clave de la política de Xi, pero su éxito dependerá de la implementación de medidas más transparentes e imparciales para garantizar una gobernanza efectiva y justa. Si bien la última ola de la campaña anticorrupción puede producir resultados a corto plazo, un éxito a gran escala a largo plazo requiere que China institucionalice gradualmente un sistema judicial independiente, con un papel de supervisión más fuerte de los medios de comunicación y la sociedad.