IEEE. La falla haitiana: el colapso de la tierra y el poder

Introducción

Haití, ubicada en el extremo occidental de La Española, que comparte con República Dominicana, es el escenario de una historia marcada por la violencia.

Tras la rápida aniquilación de su población originaria, emergió como la joya más rentable del imperio francés, Saint-Domingue. El gesto demandante de libertad y desafiante al orden colonial global que supuso la victoria de la Armée Indigène (1791-1804), fue severamente castigado, imponiéndoles Francia, por la pérdida de “propiedad humana”¹ y como único caso en la historia, el pago de una indemnización desorbitante, cuyo abono se prolongó durante 122 años y superó los 150 millones de francos de oro, cifra rebajada en 1838 a 90 millones.

La situación de profunda inestabilidad política se fortalece bajo un prolongado régimen de tutela y ocupación estadounidense, entre 1915 y 1934, afianzando el dominio político-económico de Estados Unidos sobre Haití.

La victoria de François Duvalier, Papa Doc, en 1957, impone en el país caribeño una dictadura férrea respaldada por el país estadounidense durante la Guerra Fría, autoproclamándose como presidente vitalicio en 1964 e instaurando un estado policial mediante los Tonton Macoute (“Hombres del saco”)², mientras Haití experimentaba un creciente aislamiento internacional, corrupción, éxodo de profesionales y la profundización de la dependencia económica. Tras su muerte en 1971, su hijo, Jean-Claude, Baby Doc, mantuvo la corrupción y autoritarismo hasta 1986.

El intento de transición democrática en Haití se inauguró en 1990 con la elección de Jean Bertrand Aristide, primer presidente elegido democráticamente. No obstante, su mandato fue interrumpido en septiembre de 1991, provocando una respuesta multilateral contundente, con dos misiones internacionales bloqueadas en su despliegue, la Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH) y la Misión Civil Internacional de Apoyo en Haití (MICAH), junto a sanciones, aislamiento diplomático y el embargo comercial. Su segundo mandato (2001-2004), erosionado por el surgimiento de bandas armadas como el Ejército Caníbal³, finalizó con su salida del poder, la suspensión de la MICAH en 2001 y un gobierno interino bajo tutela internacional: la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), activa desde 2004 hasta 2017.

La madrugada del 7 de julio de 2021 marcó un punto de quiebre en la ya frágil historia contemporánea de Haití: su presidente, Jovenel Moïse, es asesinado. A su paso dejó un Estado en ruinas, donde Ariel Henry asumió el poder hasta marzo de 2024 como primer ministro para administrar el vacío.

Su próspero pasado contrasta, dramáticamente, con su presente, consolidándose como el país más pobre del hemisferio occidental y uno de los más vulnerables del planeta, caracterizado por una pobreza estructural que afecta a más de la mitad de sus habitantes, apreciándose, a su vez, la acelerada descomposición estructural del Estado haitiano con el ascenso de bandas armadas, operando como un poder paralelo en grandes áreas del país.

En un contexto tan volátil se despliega en 2023 la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití (MMS), bajo un inusual liderazgo keniano y avalada por Naciones Unidas que, junto al Consejo de Transición de Haití, instaurado en abril de 2023, y la renovación del mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH)⁴ hasta 2026, ven sus actuaciones estancadas, incapaces de frenar la violencia, las migraciones forzadas y el caos.

Este sombrío panorama ha llevado a etiquetar al país como un Estado fallido, concepto que, sin embargo, es insuficiente y simplista. Haití enfrenta una tormenta perfecta: colapso ambiental, crisis humanitaria, violencia endémica, desastres naturales y un Estado fragmentado, no solo producto de fallas internas, sino también consecuencia directa de intervenciones militares y humanitarias fallidas.

Naturaleza sin tregua en una nación bajo secuestro

Entre el límite de las placas tectónicas de América del Norte y la del Caribe al sur, el corazón del Caribe se asienta sobre la microplaca intermedia de Gonâve, caracterizada por un desplazamiento lateral izquierdo estimado de 2 centímetros anuales⁵. Se aprecian dos fallas de desgarre: el sistema de Enriquillo-Plantain Garden, que se extiende a lo largo del flanco sur de la isla y, al norte, la Falla Septentrional. En general, queda consolidada como una de las zonas de contacto más activas del hemisferio occidental.

La devastación en Haití no se explica solo por la intensidad de los sismos, la degradación ambiental agrava su vulnerabilidad ante los fenómenos meteorológicos extremos, como son los huracanes, lluvias torrenciales o sequías. La interacción entre la profundidad del epicentro, la composición del subsuelo y el tipo de vibración, amplificada por una topografía abrupta⁶ y una planificación urbana inadecuada, con edificaciones pensadas para huracanes en suelos blandos, techos pesados y carentes de normas sismo-resistentes, tienen como resultado su colapso con facilidad ante temblores.

Esto queda evidenciado en los terremotos de 1751, 1770, 1860, y recientemente el de 12 de enero 2010, de magnitud 7.0 en la escala Richter. No solo redujo a escombros la capital, con un saldo de 220.000 muertos y 1,5 millones de damnificados, sino que precipitó una epidemia de cólera por las tropas de Naciones Unidas (ONU) y propagado por el río Artibonito, añadiendo a la anterior cifra 9.792 muertes⁷. A esta concatenación de episodios devastadores se sumaron el huracán Matthew en 2016, cuyas pérdidas superaron el 32% del PIB nacional⁸, culminando el 14 de agosto de 2021, cuando un nuevo sismo de magnitud 7.2 que devastó el suroeste de Haití. Tan solo tres días después, la tormenta tropical Grace intensificó el colapso, con 2.207 fallecidos y 53.000 casas destruidas⁹.

Sin embargo, a pesar de compartir la misma geografía insular en el corazón del Caribe, República Dominicana y Haití representan dos realidades radicalmente distintas. La primera goza de una configuración ecológica favorable, con abundantes lluvias, ríos caudalosos y fértiles valles como el Cibao, favoreciendo su desarrollo agrícola y un crecimiento económico notable. En contraste, el segundo se enfrenta a una geografía más seca, orografía montañosa, con suelos menos fértiles, deficientes recursos hídricos (tan solo el río Artibonito¹⁰ y el lago Saumâtre), y una pronunciada exposición a desastres naturales¹¹.

Diversos actores haitianos desechan el concepto “cambio climático” utilizándose “desorden climático”, reflejando, con mayor precisión el carácter destructivo e impredecible de las transformaciones ecológicas que experimenta el país.

En un contexto donde los árboles y bosques son fundamentales para la salud ambiental y la resiliencia climática, Haití se encuentra inmerso en un contexto de grave deforestación. Iniciada bajo el dominio colonial francés mediante la tala masiva para establecer plantaciones con la siembra de cultivos de ciclo corto, la extracción de leña y carbón vegetal¹², además de las políticas en la era Duvalier, han provocado la exposición a la erosión costera, el aumento de las temperaturas¹³ y del nivel del mar.

Entre 2001 y 2024 el país perdió, aproximadamente 81.3 mil hectáreas de cobertura forestal, de las cuales 3.12 mil hectáreas corresponden a bosque primario húmedo, representando la disminución del 36% de este tipo de ecosistema, clave para la biodiversidad, concentrado en tres regiones, encabezadas por el departamento sur con la pérdida de 16.8 mil hectáreas¹⁴. Los parques nacionales, como Parc La Visite o Parc Macaya, y Forêt des pins¹⁵ representan los últimos vestigios de su bosque natural, siendo consideradas áreas protegidas que arden con facilidad.

A su vez, Haití enfrenta una crisis hídrica tan paradójica como devastadora. Pese a que no figura entre los países del Caribe con mayor estrés hídrico, el acceso a fuentes segura de agua ha caído del 60% a, en 2022, el 32.6%¹⁶. Paralelamente, el aumento de las temperaturas, la desertificación progresiva y una alarmante disminución de las precipitaciones, incluso en aquellas estaciones tradicionalmente lluviosas, han agravado una sequía que en 2022 afectaba ya a más del 64%, afectando a la fertilidad de la tierra y a que 4.3 millones de haitianos sufran de inseguridad alimentaria¹⁷.

En áreas urbanas, como Puerto Príncipe, la situación se torna crítica, ya que la privación del recurso, el colapso de infraestructuras públicas y la consolidación de las pandillas han convertido el agua en una mercancía privada, costosa, escasa e inequitativa, obligando a familias vulnerables a gastar hasta el 10% de sus ingresos en agua, muchas veces, contaminada¹⁸. En zonas marginales de la capital, como la comuna Cité Soleil, la falta de drenaje y saneamiento expone a la población a inundaciones, contaminación hídrica, el aumento de enfermedades y desplazamientos forzados.

Demografía del éxodo

Haití presenta una población, en 2025, de 11.753.943 habitantes, con un crecimiento moderado de 1.23% anual¹⁹. Pese a que el 60% es menor de los 25 años, el bono demográfico no es una promesa de desarrollo, sino una paradoja trágica: millones de jóvenes se encuentran atrapados entre el potencial latente, con una tasa de dependencia del 46.7% y la desesperanza estructural. Asimismo, presenta una tasa de natalidad de 21.5 y una mortalidad de 7.7 por cada 1.000 habitantes, elevándose la cifra en el caso de la mortalidad infantil (38.8 por cada 1.000 nacidos), y una esperanza de vida de apenas 64.8 años.

La fuerza indivisible que impulsa la economía del país son las dos quintas partes de la población se dedican al sector agrícola de subsistencia a pequeña escala²⁰. La vulnerabilidad de la agricultura ante los desastres naturales y climáticos, también se ve afectada por la falta de inversión y el desmantelamiento sistemático del sector agrario haitiano, impulsado por reformas neoliberales de Estados Unidos, que redujeron drásticamente los aranceles al arroz de 50% a 3%²¹, destruyendo así la producción interna, y generando una dependencia estructural de mercados globales que hoy proveen más del 50% de los alimentos básicos. Las consecuencias de la situación se aprecian en el éxodo rural forzado hacia periferias urbanas de Puerto Príncipe, con una tasa de crecimiento urbano del 2.47% anual.

En apenas un lustro, especialmente tras la destrucción de la infraestructura del país en el terremoto de 2010, las bandas criminales en Haití han evolucionado, de cedulas locales sofisticadas instrumentalizadas por los sucesivos líderes²² a redes de poder híbrido. Se registran más de 200 bandas criminales y dos grandes alianzas enfrentadas: el G9 an fanmi e an alye, liderada por el expolicía Jimmy “Barbecue” Chérizier, sosteniéndose mediante la extorsión y el uso sistemático del terror, y el G-Pèp de Ti Gabriel cuyos actos se centran en el secuestro masivo, alcanzando esta cifra cerca de 2.500 en 2023 y en 2024 casi 1.500, además del narcotráfico²³.

Su conquista más transcendental no es territorial ni financiera, sino institucional. Lejos de instaurar un prometido orden libertador, han edificado un régimen de facto en aquellas zonas donde el Estado está ausente, mediante una maquinaria criminal cada vez más profesional y letal. Controlan el 90% de Puerto Príncipe²⁴, expandiéndose a otras ciudades como Cap-Haïtien, Gonaïves, Les Cayes, Jérémie y Jacmel. Se advierte el bloqueo de territorios estratégicos e infraestructuras críticas como puertos, carreteras²⁵ y centrales eléctricas.

A través de la violencia y la intimidación regulan la vida diaria, imponiendo pago de tributos, el control de la distribución del alimento, agua, medicamentos, combustible o circulación. Los enfrentamientos entre estos grupos han provocado ejecuciones sumarias, quema de cadáveres y viviendas, secuestros y extorsiones, derivando en casi 4.800 muertos ese año, cifra incrementada a 5.600 en 2024²⁶ y 4.026 en los seis meses de 2025, un aumento del 24% respecto a las cifras del año pasado según reporta la BINUH²⁷.

No resulta inesperado, aunque sí revelador, que sus territorios, infraestructura, educación o salud, y, en general, sus condiciones de vida no hayan ocupado un lugar central en las prioridades del Estado haitiano. El acceso a la salud pública se ha convertido en un privilegio y no en un derecho garantizado, especialmente en Puerto Príncipe, donde la violencia ha colapsado el 60% de los hospitales, que ya se encontraban saturados por la limitada disponibilidad de médicos y camas²⁸.

Por su parte, la educación muestra índices alarmantes. 1 de cada 7 niños haitianos está fuera de la escuela y casi un millón corre el riesgo de abandonarla, advirtiéndose que, tan solo el año pasado, 284 escuelas fueron destruidas, obligando al cierre o traslado de aquellas cercanas a zonas controladas por las bandas armadas como Martissant o Bel Air²⁹. Sin acceso a educación, muchos de ellos son reclutados, aumentando su captación de menos en un 70% en 2023, incluyendo a menores de apenas 8 años³⁰, mientras la violencia sexual aumenta en 2024 al 1.000%³¹.

Por todas estas causas, incluido el colapso ambiental y la frecuencia e intensidad de los desastres naturales, el país ha generado una de las olas migratorias más persistentes y desesperadas del continente. A pesar de que Puerto Príncipe es el epicentro de la violencia, este fenómeno se ha extendido a el departamento Centro y Artibonite, apreciándose 147.000 y 92.000 desplazados, de manera respectiva. En 2025, casi 1.3 millones de personas, el 10% de la población, en su mayoría mujeres y niños, se han visto forzados a abandonar sus hogares, cifra que supone un aumento del 24% respecto al año pasado³².

La precariedad e inestabilidad se convierte en rutina para aquellos que ya no tienen los recursos para comenzar de nuevo. El 83% de los desplazados viven con familias de acogida, sumidos en la extrema vulnerabilidad, mientras que esta oleada ha desbordado diversas comunidades de acogida y asentamientos improvisados, aumentando de 142 a 246³³, en un entorno marcado por la carencia de acceso a la educación o salud y de saneamiento. Además, el colapso de los servicios públicos esenciales y las condiciones de hacinamiento en los campos de desplazados ha favorecido la propagación de enfermedades, con 1.298 nuevos casos de cólera³⁴.

Muchos otros han preferido hacer travesías más largas, siendo República Dominicana el destino principal de haitianos en busca de trabajo. Sin embargo, bajo la administración de Luis Abinader y el aumento del flujo migratorio, las autoridades dominicanas intensificaron la deportación masiva de migrantes haitianos indocumentados, con hasta 10.000 expulsiones semanales, incluidas mujeres embarazadas en hospitales³⁵. Frente a la crisis y violencia en Haití, el gobierno desplegó más de 11.000 soldados y agentes migratorios, acelerando la construcción de un muro fronterizo³⁶, medidas defendidas como necesarias. Sin embargo, las mismas han deportado a más de 276.000 extranjeros en 2024.

En Estados Unidos, la política hacia los migrantes haitianos ha oscilado entre la contención y la represión, negándoles la posibilidad de solicitar asilo o protección internacional. Durante el primer mandato de Donald Trump se revocó el Estatuto de Protección Temporal (TPS)³⁷ e implementó el Título 42³⁸, restaurándose el primero brevemente en 2021 por Joe Biden, pero mantenido el segundo hasta 2023, siendo repatriados por vía aérea, sin el debido proceso, decenas de miles de haitianos. Asimismo, un juez federal de Nueva York bloqueó la cancelación anticipada del TPS para más de 500.000 migrantes haitianos, una medida de la administración Trump de 2025³⁹. Este ha destacado la persistente violencia, desplazamiento masivo y crisis alimentaria que hacen inviable eliminar esta medida humanitaria.

La ayuda internacional, ¿solo importan los haitianos cuando la tierra tiembla?

El terremoto de 2010 no solo sacudió la tierra, sino que reveló el colapso de un modelo económico devastador. Tras este se otorga al país una ayuda internacional cuantiosa, más de 13 mil millones de dólares, pero ineficaz. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) canalizó más de 1.500 millones tras el terremoto, pero una ínfima parte fue gestionada por instituciones locales⁴⁰, viéndose externalizado más del 80% de los servicios públicos y la seguridad a actores privados e internacionales⁴¹.

Otras organizaciones, como Manos Unidas, impulsan en Haití programas de reforestación y agricultura sostenible, combinando árboles maderables y frutales con prácticas agroecológicas. El objetivo es frenar el uso intensivo de carbón vegetal y fortalecer la autosuficiencia agrícola, acciones que necesitan la implicación de las autoridades locales y la comunidad internacional⁴².

Tras esto, la atención internacional ha decaído dramáticamente, evidenciándose el fenómeno de la “fatiga humanitaria”, pesar de que entre 2021 a 2024, el gobierno estadounidense destinase 1.100 millones de dólares a Haití, donde el 43% fue dirigido a asistencia humanitaria y el 26% a salud, siendo dispersado el resto entre programas educativos, de gobernanza y agrícolas⁴³.

Esta tendencia se ha agudizado en 2025, cuando la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) intenta asistir a 3,9 millones de haitianos, alcanzando solo una fracción.

El patrón se replica. El Programa Mundial de Alimentos, en noviembre de 2024, distribuyó alimentos a más de 150.000 personas en zonas de difícil acceso⁴⁴ y, sin embargo, más de 2 millones de personas continúan en un estado de hambre severa y 8.500 están al borde de la hambruna. Simultáneamente, UNICEF implementó programas educativos, distribuyendo kits escolares y apoya económicamente a las familias, mientras sus clínicas móviles atienden a 30.000 desplazados⁴⁵. Ambas reclaman la carencia de financiamiento, la primera solicitando 94 millones de dólares y la segunda manifestando la recepción de solo un 6% del financiamiento necesario dentro del Plan Respuesta Humanitaria de 908 dólares⁴⁶.

En 2025, la nueva administración Trump congeló más del 90% de los contratos de la USAID, paralizando programas cruciales de salud, distribución de alimentos y atención médica. El recorte de fondos en la Inter-American Foundation dejó sin asistencia a más de 82.000 haitianos, cerrando 17 proyectos comunitarios⁴⁷, reflejo de un sistema que colapsa cuando desaparecen las cámaras y las catástrofes.

En medio de una crisis política, humanitaria y de seguridad sin precedentes, especialmente agudizada por la parálisis del Consejo Presidencial de Transición a pesar del reciente nombramiento de su presidente, Laurent Saint-Cyr⁴⁸, Haití se encuentra bajo el foco de una intervención internacional singular. La MSS es autorizada por la Resolución 2699 (2023) del Consejo de Seguridad de la ONU, extendido su mandato hasta octubre de 2025. A diferencia de las clásicas misiones de “cascos azules”, la MSS irrumpe con una nueva lógica: una coalición ad hoc liderada por Kenia, no por la ONU, bajo el respaldo de una docena de países. El objetivo de la MSS es ambicioso y políticamente sensible: apoyar a la debilitada policía haitiana para restaurar el orden, proteger infraestructuras clave, facilitar la ayuda humanitaria y sentar las bases de seguridad para futuras elecciones.

En este contexto volátil, desde el principio, fue cuestionada su legalidad, financiación y viabilidad. Se trata de un cuerpo policial extranjero, liderado por un país cuyos agentes no hablan los idiomas locales, siendo desplegado en territorio desconocido careciendo de estrategia, coordinación real y recursos adecuados⁴⁹. Este se encuentra dominado por bandas expertas que presentan una resistencia armada en evolución, con la unión del G-9 y G-Pèp en febrero de 2024 bajo la coalición Viv Ansanm (“Viviendo Juntos”) y que, además, controlan áreas densamente pobladas, donde cualquier error táctico puede provocar una tragedia humanitaria.

Conviene señalar que Estados Unidos ha ofrecido cinco millones de dólares por la captura de Jimmy Chérizier, una medida, calificada por expertos como simbólica y carente de impacto real⁵⁰.

Es por ello por lo que la legitimidad será tan crucial como la eficacia, ya que cada movimiento deberá combinar precisión táctica con sensibilidad ética.

Conclusiones

Haití encarna el colapso de un modelo de desarrollo internacional basado en promesas incumplidas, intervenciones fallidas y una solidaridad fragmentaria. Las pandillas, surgidas mediante la captación en el siglo XIX de delincuentes por parte de los líderes haitianos, como forma de consolidación en el poder, reflejan un antecedente temprano del inmediato y preocupante problema en el país: la consolidación de las bandas armadas como poder alternativo tras el asesinato de su presidente, Jovenel Moïse. La resistencia del G9 y G-Pèp es tanto armada como simbólica, adaptando su discurso para erosionar el apoyo popular, lo que entorpece la viabilidad de actuación del Consejo Presidencial de Transición y de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití.

La población huye y la infancia haitiana crece sin escuela, comida y futuro. Haití emerge como un espejo de las paradojas del desarrollo global: el primer país latinoamericano en conquistar su independencia continua su camino siendo, actualmente, uno de los países más dependientes de la asistencia, económica y humanitaria, exterior⁵¹. Sin un enfoque que supere el asistencialismo, percibiendo en sus objetivos una reforestación masiva y fuentes alternativas de energía, Haití seguirá atrapado en un ciclo de pobreza ambiental, social y económica cada vez más difícil de revertir.

El éxodo rural, la erosión de la resiliencia social y la intensificación de la frecuencia y el poder devastador de las contingencias naturales no son efectos accidentales, sino las huellas de un modelo desigual. Asimismo, se aprecia una nueva tendencia de sometimiento a los migrantes, especialmente haitianos, a detenciones arbitrarias y expulsiones, prevaleciendo un enfoque disuasorio sobre el cumplimiento o no del principio de no devolución y la protección humanitaria.

Haití no necesita más parches, sino una transformación radical. Este país, situado en el corazón del Caribe advierte al mundo: continuar administrando el caos sin políticas que restituyan la autonomía y capacidad productiva e intervenciones cortoplacistas con el riesgo claro de la perpetuación de la dependencia de este país de la ayuda exterior o, por el contrario, apostar por un acompañamiento decidido hacia la soberanía de la ciudadanía haitiana y la dignidad de un pueblo que, a pesar de la adversidad, nunca ha dejado de luchar.

La historia haitiana, marcada por fracasos como MINUSTAH no tolerará una nueva impunidad. El estado haitiano no es un problema lejano ni una crisis pasajera, es el espejo que refleja las contradicciones de un mundo en busca de su justicia global. En 2025, la comunidad internacional enfrenta una encrucijada moral: persistir en el abandono o dar un paso decisivo hacia la reparación y verdadera solidaridad. No es necesario el transcurso de otro año de análisis para entender que solo los haitianos, las verdaderas víctimas del caos, pueden recuperar su destino.