IEEE. Infraestructura crítica en contexto de guerra híbrida: cables submarinos, competición geopolítica y vulnerabilidad estructural en el mar Báltico

En un mundo profundamente interconectado, los cables submarinos constituyen la columna vertebral de la economía de las telecomunicaciones a escala global: más del 99% del tráfico internacional de datos y cerca del 90% de las comunicaciones entre Europa y Estados Unidos dependen de esta red física de aproximadamente 500 cables que se extiende por más de 1,7 millones de kilómetros^1,2.

Estos sistemas sostienen las comunicaciones gubernamentales, las transacciones financieras, los servicios en la nube, las cadenas de suministro y el acceso a la información de miles de millones de personas³.

Su estatus como infraestructura crítica se evidencia en la magnitud de su vulnerabilidad: cada año se registran entre 150 y 200 averías en el mundo. Más aún, en 2023 el International Cable Protection Committee (ICPC) documentó más de 200 reparaciones, lo que equivale a más de tres incidentes por semana⁴.

Aunque una gran parte de estos daños se atribuyen a causas accidentales —principalmente arrastres de anclas, errores de navegación o actividades pesqueras⁵—, la frontera entre accidente y sabotaje se ha vuelto cada vez más difusa.

Esta ambigüedad responde, en parte, a la propia naturaleza del dominio marítimo. El derecho del mar, pese a ofrecer un marco de referencia básico, resulta insuficiente para garantizar la protección y atribución de responsabilidades respecto a infraestructuras que se sitúan, en muchos casos, fuera de la jurisdicción penal directa de los Estados ribereños⁶.

La posibilidad de desconectar los sistemas de identificación automática (AIS) —sistemas que transmiten la posición e identidad de los buques para garantizar la seguridad y facilitar el seguimiento⁷—, el empleo de banderas de conveniencia o la ausencia de testigos convierten el entorno submarino en un espacio propicio para operaciones en la zona gris y para la consecuente negación plausible⁸.

Así, tanto buques civiles como actores estatales pueden operar bajo un velo de opacidad que dificulta el esclarecimiento de incidentes y ofrece oportunidades para la ejecución de acciones híbridas difíciles de rastrear.

Desde 2022, esta vulnerabilidad estructural ha adquirido una dimensión geopolítica adicional. La guerra de Ucrania transformó el mar Báltico —tradicionalmente percibido como un mar estable e interdependiente— en un espacio de confrontación estratégica entre el bloque euroatlántico y las potencias revisionistas^9,10.

La adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN consolidó el perímetro aliado en la cuenca, mientras que la costa rusa y el enclave de Kaliningrado mantienen su función como plataforma de proyección militar^11,12.

En este contexto, el mar Báltico resulta fundamental para las telecomunicaciones, la interoperabilidad militar, la seguridad energética y la resiliencia económica europea.

Esta centralidad estratégica se explica, en gran medida, por la configuración de su lecho marino, que alberga una red especialmente densa de cables submarinos que conectan a Estados de la Unión Europea (UE) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) entre sí y con Rusia, particularmente con el enclave de Kaliningrado^13,14.

Estas infraestructuras están gestionadas por un entramado complejo de propietarios y operadores europeos, chinos, rusos y estadounidenses, lo que refleja una profunda interdependencia y, al mismo tiempo, las tensiones estratégicas inherentes a la región¹⁵.

Conviene recordar que la titularidad de estos cables es privada, lo que plantea importantes desafíos en materia de atribución de incidentes, de reparación y de resiliencia estratégica.

En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo analizar cómo la convergencia de condicionantes físicos, jurídicos y geopolíticos del mar Báltico convierte los cables submarinos en un vector privilegiado de guerra híbrida, frente al cual las capacidades de respuesta de la Unión Europea y la OTAN siguen siendo insuficientes.

Se examinan así los límites estructurales que enfrentan ambas organizaciones para la protección, la atribución y la respuesta, y se evalúan, asimismo, la evolución estratégica de la región y las acciones en la denominada zona gris.

Para ello, el trabajo se estructura en cinco apartados: en primer lugar, se establece el marco conceptual sobre guerra híbrida, zona gris y negación plausible; en segundo lugar, se revisan los incidentes recientes y la evolución del entorno báltico desde 2022; en tercer lugar, se analizan los condicionantes que explican la vulnerabilidad de las infraestructuras submarinas; en cuarto lugar, se estudian los desafíos que estas dinámicas plantean para la UE y la OTAN, especialmente en materia de vigilancia, atribución y soberanía digital; y, finalmente, se abordan las respuestas occidentales y los límites de la acción colectiva, con el fin de valorar la adaptación institucional ante un entorno marcado por la ambigüedad estratégica y la competencia geopolítica creciente.

Marco conceptual: guerra híbrida, zona gris y negación plausible

Para comprender la base analítica de este trabajo, es necesario abordar el concepto de guerra híbrida, un concepto consolidado por Frank Hoffman (2007). Hoffman la caracteriza como «diferentes modos de guerra, que incluyen modos convencionales, tácticas y formaciones irregulares, así como actos terroristas, incluida la violencia indiscriminada y el desorden público»¹⁶.

La OTAN define la guerra híbrida como «una combinación amplia, compleja y adaptativa de medios convencionales y no convencionales, así como de medidas militares, paramilitares y civiles, tanto abiertas como encubiertas, empleadas de manera integrada por Estados y actores no estatales para alcanzar sus objetivos»¹⁷.

Con el tiempo, esta lógica se ha traducido en acciones encubiertas, ambiguas e inciertas, cuya naturaleza dificulta la atribución clara de responsabilidades.

En este contexto emerge la grey zone (zona gris), entendida como un espacio de confrontación caracterizado por «acciones coercitivas agresivas, pero deliberadamente calculadas, para que permanezcan por debajo del umbral que pudiera generar una respuesta militar abierta»¹⁸.

La eficacia de estas acciones reside en la ambigüedad: ni el autor de los hechos ni sus intenciones pueden atribuirse con certeza. Esta falta de atribución erosiona la capacidad de respuesta de los Estados, al limitar el uso de herramientas jurídicas y dificultar la movilización de consensos internacionales¹⁹.

La atribución —esto es, la identificación concluyente del responsable de una acción hostil— constituye, por tanto, un elemento central en este tipo de escenarios²⁰. No se trata únicamente de una cuestión técnica, sino también política y estratégica: atribuir permite convencer a aliados, comunicar a la opinión pública la existencia de un adversario y dotar de legitimidad a eventuales medidas de represalia o disuasión.

En ausencia de una atribución clara, la ambigüedad estratégica se convierte en un arma en sí misma. Cuando la probabilidad de ser identificado es baja, los agresores obtienen beneficios elevados con un riesgo reducido de represalias²¹.

A esta ambigüedad se suma un componente clave en los conflictos contemporáneos: la plausible deniability (negación plausible). Tal como señalan Rid y Buchanan (2015), este concepto permite a actores estatales o no estatales negar su implicación en acciones hostiles.

La negación plausible adquiere especial relevancia en entornos donde la recopilación, trazabilidad y verificación de evidencias resultan particularmente complejas, como el ámbito marítimo y, de manera específica, el que atañe a las infraestructuras submarinas y a los cables de comunicaciones^22,23.

Hasta el momento, la negación plausible ha constituido la principal ventaja estratégica de los actores que han llevado a cabo operaciones híbridas contra infraestructuras críticas de esta naturaleza^24,25.

En este contexto adquiere relevancia el concepto de accidentalidad marítima, que engloba incidentes no intencionados como el arrastre involuntario de anclas, fallos de navegación, interferencias derivadas de la pesca de arrastre o daños ocasionados por condiciones meteorológicas adversas^26,27,28.

Si bien estos eventos forman parte de la normalidad operativa del entorno marítimo, en el contexto estratégico actual esta categoría ha sido instrumentalizada por actores estatales y no estatales para encubrir acciones hostiles contra infraestructuras críticas, como cables y tuberías submarinas, aprovechando la apariencia de daño fortuito²⁹.

La posibilidad de presentar un sabotaje como un accidente refuerza la negación plausible y complica la atribución, consolidando así la lógica de la zona gris.

Además, estos incidentes permiten interferir indirectamente en la política interna de los Estados miembros de la UE y la OTAN mediante tácticas híbridas, como el empleo de buques con sistemas de identificación desconectados³⁰.

La ambigüedad estratégica, reforzada por narrativas que justifican o minimizan los daños, beneficia tanto al presunto perpetrador —al sostener la negación plausible— como, en algunas ocasiones, al Estado afectado, que puede optar por no impugnar públicamente la versión accidental para evitar la escalada y preservar el statu quo^31,32.

En suma, la interacción entre la guerra híbrida, la zona gris, la negación plausible, las dificultades de atribución y la normalización de la accidentalidad marítima configuran un entorno estratégico particularmente propicio para la coerción encubierta en el dominio submarino, como ilustra el caso del mar Báltico.

Incidentes recientes y evolución estratégica del entorno báltico

La invasión rusa de Ucrania en 2022 y la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN transformaron el mar Báltico de un espacio relativamente inestable en un frente de confrontación estratégica. Esta nueva configuración del Báltico como un «lago OTAN»^33,34,35, que se detallará más adelante, ha incrementado la relevancia geopolítica de los incidentes en la región.

Desde 2023, los daños registrados en cables submarinos —especialmente en torno al Balticconnector y en enlaces entre Finlandia, Estonia y Suecia— evidencian una fragilidad creciente. Aunque inicialmente se atribuyeron a accidentes, la repetición de patrones y su concentración espacial han incrementado las sospechas de intencionalidad encubierta^36,37,38.

Esta evolución se refleja también en los datos disponibles. Aunque en gran parte son reservados, las mencionadas 200 incidencias anuales resultan relevantes³⁹. Desde 2023 se aprecia así un paso del fallo aislado al daño potencialmente coordinado, como muestran los incidentes más relevantes que se detallan a continuación.

• Octubre de 2023: el portacontenedores NewNew Polar Bear (bandera china) dañó dos cables y el Balticconnector por arrastre de ancla. Finlandia y Suecia calificaron el suceso como un accidente, derivado de un error operacional o negligencia asociada al deficiente estado del buque, aunque persistieron sospechas de intencionalidad que no pudieron probarse⁴⁰.
• Diciembre de 2024: el petrolero Eagle S (pabellón de las Islas Cook), vinculado a la shadow fleet rusa, cortó cinco cables y la interconexión Estlink 2. El surco de ancla de 90 km apuntaba a un patrón compatible con una negligencia grave; sin embargo, la localización del incidente en la zona económica exclusiva (ZEE) limitó la actuación de la jurisdicción finlandesa^41,42. El caso, actualmente recurrido por la fiscalía finlandesa, se ha interpretado como un episodio paradigmático de guerra híbrida⁴³.
• Enero de 2025: Suecia incautó el buque Vezhen (bandera maltesa y tripulación mayoritariamente búlgara) tras dañar un cable entre Letonia y Gotland. Aunque el incidente fue finalmente atribuido a un error humano, contribuyó a reforzar la percepción de riesgo en la región⁴⁴.

El caso de Estlink 2 resulta especialmente significativo. Su reparación se prolongó durante siete meses, en pleno invierno báltico, y las investigaciones revelaron la presencia de equipos de contraespionaje, así como un rastro de ancla coincidente con la trayectoria del Eagle S, lo que reforzó la tesis del sabotaje^45,46. Este episodio impulsó una intensificación de la cooperación en materia de vigilancia entre la OTAN y los países bálticos⁴⁷.

Aunque la mayoría de los incidentes documentados afectan a los cables submarinos, otras infraestructuras estratégicas también han sido objeto de ataques. En particular, los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 fueron saboteados en septiembre de 2022.

Las sospechas iniciales apuntaron a Rusia, si bien el Kremlin lo negó y alegó el elevado valor económico de los gasoductos para sus propios intereses⁴⁸. La posterior detención en Alemania de un ciudadano ucraniano añadió complejidad al caso y evidenció que la confrontación híbrida en el mar Báltico se caracteriza por la ambigüedad, la atribución incierta y la pluralidad de actores⁴⁹, lo que supone un desafío para la disuasión y la respuesta colectiva.

Condicionantes geopolíticos del mar Báltico

La región báltica puede entenderse como un sistema geopolítico articulado en torno al mar Báltico y los estrechos daneses, que integra espacios marítimos, costeros y terrestres, así como las principales rutas de comunicación entre puertos y territorios interiores (hinterlands)⁵⁰.

Se trata de un entorno caracterizado por la superposición de múltiples dominios —marino, geográfico, económico y estratégico— y por un elevado número de actores, que incluyen a países nórdicos, Estados bálticos y países de Europa Central, tanto miembros como no miembros de la OTAN. Esta diversidad configura una región en la que coexisten relaciones de cooperación y conflicto en distintas escalas y ámbitos^51,52.

Desde el punto de vista geopolítico, el mar Báltico se ha consolidado como un enclave de carácter bipolar, situado en la interfaz entre el subsistema euroatlántico y el euroasiático.

Esta dinámica se traduce en una creciente confrontación entre un bloque báltico-euroatlántico —integrado por los Estados miembros de la UE y la OTAN— y un bloque báltico-eurasiático, centrado en Rusia y China⁵³.

Dentro de este marco más amplio, la región marítima báltica se configura como un foco de interés y conflicto geopolítico debido a la combinación de tres factores: (i) su condición casi consolidada de «lago OTAN»; (ii) la presencia militarizada de Rusia en Kaliningrado; y (iii) la existencia de una densa red de infraestructuras críticas —en particular cables submarinos de telecomunicaciones— que enlazan entre sí a los Estados de la UE y de la Alianza, y que los conectan también con Rusia^54,55,56.

Desde la perspectiva euroatlántica, la adhesión de Finlandia (2023) y de Suecia (2024) a la OTAN ha reforzado de forma decisiva la percepción del Báltico como un «lago OTAN»^57,58,59, al situar prácticamente todo su litoral bajo el paraguas aliado. Para la Unión Europea, esta región resulta, además, estratégica para la cohesión del mercado único digital, dado que los cables submarinos garantizan la conectividad entre los Estados miembros y los países bálticos, así como la seguridad de las rutas comerciales y energéticas⁶⁰.

Desde la perspectiva euroasiática, Rusia aparece en la literatura como una potencia revisionista que busca alterar el statu quo europeo mediante la presión militar, las operaciones en la zona gris y el uso instrumental de las infraestructuras críticas⁶¹.

El enclave de Kaliningrado, altamente militarizado, desempeña un papel central como plataforma avanzada de proyección y vigilancia del «lago OTAN»^62,63.

Asimismo, la inversión en unidades especializadas, como la Dirección Principal de Investigación de Aguas Profundas (GUGI), y en plataformas capaces de operar sobre infraestructuras submarinas refuerzan la percepción de que los cables constituyen un elemento clave de la estrategia de seguridad nacional rusa^64,65,66.

Aunque China no es un actor ribereño, su presencia estratégica en el mar Báltico se ha incrementado de forma indirecta. En el marco de la Digital Silk Road, Pekín busca dominar segmentos clave de las cadenas de suministro de cables submarinos —desde su financiación hasta su operación, a través de empresas como HNM Technologies⁶⁷— como herramienta de influencia geopolítica, de acceso a datos y de refuerzo de dependencias estructurales, lo que se ha descrito como una forma de «diplomacia del cable»^68,69.

En el Báltico, esta presencia se manifiesta principalmente a través de buques mercantes o portacontenedores implicados en incidentes que han afectado a infraestructuras críticas, como el caso del NewNew Polar Bear en 2023⁷⁰, o las sospechas posteriores en torno al Yi Peng 3⁷¹.

Aunque la atribución de intencionalidad sigue siendo incierta, estos episodios han reforzado en las capitales bálticas la percepción de que el control de cables equivale al control de los datos y, en última instancia, a una creciente capacidad de influencia y presión geopolítica^72,73.

Condicionantes estructurales del entorno báltico
Un marco jurídico fragmentado

El entorno jurídico del mar Báltico está marcado por una fragmentación jurídica derivada de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que divide el espacio marítimo en múltiples zonas con regímenes jurídicos distintos, lo que genera vacíos y ambigüedades que los actores hostiles pueden explotar con bajo riesgo⁷⁴.

La protección de los cables submarinos se inserta así en un marco político complejo, en el que se superponen zonas económicas exclusivas (ZEEs), plataformas continentales, competencias nacionales y europeas, así como la participación de operadores privados, lo que imposibilita la coordinación ante incidentes⁷⁵.

La libertad de navegación prevista por la UNCLOS permite que buques con banderas de conveniencia o vinculados a la shadow fleet rusa operen con elevada opacidad en las ZEE bálticas⁷⁶. Aunque los Estados ribereños poseen derechos sobre los recursos, su capacidad coercitiva sobre buques extranjeros es limitada, especialmente bajo el régimen de paso inocente, lo que facilita la explotación de lagunas normativas⁷⁷.

Esta situación genera dos problemas principales.

En primer lugar, la evasión jurisdiccional, al poder un buque abandonar la ZEE antes de que existan pruebas concluyentes de incidentes. De esta forma, la investigación queda supeditada a la cooperación, a menudo insuficiente, del Estado de bandera⁷⁸.

En segundo lugar, existe dificultad probatoria. Aunque la detección de daños es rápida, demostrar la intencionalidad requiere investigaciones prolongadas que favorecen la negación plausible y limitan la capacidad de respuesta⁷⁹.

Redundancia y cuellos de botella

Aunque la densidad de cables en el Báltico ha aumentado, muchos sistemas carecen aún de redundancia suficiente —esto es, de rutas alternativas capaces de asumir el tráfico si un enlace falla—, lo que incrementa su vulnerabilidad: en varios tramos, un único cable puede provocar interrupciones significativas si resulta dañado⁸⁰. Pese a sus capas protectoras, los cables de fibra óptica siguen siendo muy sensibles a impactos externos (anclas, redes o restos submarinos)^81,82.

A esta carencia de redundancia se suma la existencia de choke points, en los que la concentración de infraestructuras impide rutas verdaderamente independientes y aumenta el riesgo de fallos múltiples⁸³.

El caso más claro es el golfo de Finlandia, un corredor estrecho y saturado por un intenso tráfico marítimo⁸⁴. Esta congestión fue determinante en el episodio del Eagle S en 2024, que ilustró cómo la limitada redundancia y la concentración espacial pueden desencadenar fallos sistémicos⁸⁵.

Alta densidad y concentración de infraestructura digital

El mar Báltico es uno de los espacios marítimos más densamente cableados del mundo^86,87. La ilustración 4 muestra la densa malla que conecta Escandinavia, los Estados bálticos, Polonia y Alemania, con ramales hacia Rusia y Kaliningrado.

Estos cables constituyen el «sistema nervioso» de la economía global, ya que transportan casi todo el tráfico internacional de Internet y financiero, sin que existan alternativas viables vía satélite, debido a su menor capacidad y su mayor coste^88,89.

Los tramos bálticos enlazan nodos digitales estratégicos de Europa septentrional y central, lo que convierte la región en un punto crítico del ecosistema digital europeo, en el que una interrupción en la conectividad puede generar efectos en cascada en múltiples países y sectores⁹⁰.

Baja batimetría y accesibilidad física del lecho marino

La baja batimetría del mar Báltico (ver la ilustración 5) constituye, con diferencia, uno de los factores físicos más críticos en relación con la vulnerabilidad de sus cables submarinos.

Con una profundidad media de apenas 54 metros⁹¹, el acceso al lecho marino es excepcionalmente sencillo, lo que expone la infraestructura a un abanico considerable de amenazas⁹². Esta accesibilidad crea un entorno en el que un daño accidental o una acción deliberada pueden ejecutarse con medios no especializados⁹³.

Un ejemplo extremo lo ofrece el cable C-Lion1, que conecta Finlandia con Alemania y cuyo tendido discurre en ciertos tramos por zonas de tan solo 20 metros de profundidad⁹⁴. En tales condiciones, un ancla convencional —un equipo civil estándar— deja de ser un objeto inocuo y se convierte en un potencial vector de ataque.

El sabotaje de cables submarinos se ha convertido en una de las manifestaciones más visibles —si no la principal— de la estrategia de guerra híbrida desplegada por Rusia en territorio de la Unión Europea y de la OTAN⁹⁵.

Esta problemática se ve agravada por las limitaciones inherentes a la trazabilidad de movimientos en el entorno marítimo —en el mar, cualquier embarcación puede desactivar sus sistemas de rastreo sin dejar registros verificables—⁹⁶.

La opacidad se intensifica en el dominio submarino, en el que las actividades realizadas en el lecho marino rara vez generan pruebas concluyentes. Los daños en la infraestructura, cuando se detectan, suelen aparecer demasiado tarde para identificar con claridad a los responsables y, aun cuando se recuperan indicios materiales —como restos de anclas o redes de arrastre—, estos rara vez permiten atribuir el hecho a un actor concreto o demostrar la intencionalidad de la acción⁹⁷.

No es casual que, según el International Cable Protection Committee (ICPC), más del 70% de los daños en cables submarinos se atribuyan a actividades humanas accidentales, lo que contribuye a reforzar un entorno estructuralmente ambiguo en el que la frontera entre accidente y ataque permanece difusa.

Dificultad de reparación y limitaciones logísticas

La escasa profundidad del lecho marino báltico facilita el daño a los cables submarinos y, al mismo tiempo, complica su reparación. Esta combinación de alta exposición y limitada capacidad de respuesta inmediata constituye un factor estructural que debilita la resiliencia regional⁹⁸. Cuando dañar resulta sencillo y reparar, lento, la asimetría entre ataque y recuperación se vuelve crítica.

La secuencia técnica de reparación es compleja y depende de recursos escasos. En primer lugar, es necesaria la movilización de un buque cablero especializado, cuya disponibilidad está condicionada por su ubicación, su carga de trabajo y el reducido tamaño de la flota europea⁹⁹. Este cuello de botella genera demoras iniciales incluso antes de que comience la operación propiamente dicha.

Una vez que el buque llega al punto afectado, el proceso completo de localización precisa del cable, izado, empalme y reinstalación requiere entre 5 y 15 días en condiciones favorables¹⁰⁰. En situaciones meteorológicas adversas —frecuentes en el Báltico— estos plazos pueden ampliarse significativamente.

En conjunto, los condicionantes estructurales del mar Báltico —marco jurídico fragmentado, baja batimetría, elevada concentración de infraestructuras, limitada redundancia, cuellos de botella geográficos y complejidad logística de las reparaciones— configuran un entorno especialmente vulnerable.

La accesibilidad del lecho marino facilita la posibilidad de interferir con los cables mediante medios no especializados, mientras que la escasez de rutas alternativas y de buques cableros disponibles prolonga de forma sustancial cualquier disrupción.

Esta asimetría entre la facilidad del daño y la dificultad de la reparación convierte los cables submarinos bálticos en objetivos particularmente atractivos en contextos de competencia estratégica y guerra híbrida.

Desafíos para las potencias de la OTAN y la Unión Europea
Limitaciones del esfuerzo de vigilancia y control en el dominio báltico marítimo

La inmensidad del espacio marítimo plantea desafíos estructurales a la vigilancia y al control en el mar Báltico, lo que limita una supervisión plena y permanente¹⁰¹. Aunque el Automatic Identification System (AIS) permite monitorizar parcialmente el tráfico, su eficacia es limitada, ya que los transpondedores pueden apagarse o manipularse con facilidad¹⁰².

Estas carencias se acentúan bajo el agua. La vigilancia submarina exige sensores acústicos y tecnologías especializadas, costosas y poco desplegadas en la región¹⁰³, y la mayoría de las embarcaciones no están equipadas para utilizarlas¹⁰⁴. Incluso herramientas emergentes como la Detección Acústica Distribuida (DAS) afrontan obstáculos: en un entorno con intenso tráfico marítimo, el ruido de fondo dificulta distinguir señales anómalas de la actividad ordinaria¹⁰⁵.

En este contexto, la Estrategia de Seguridad Marítima de la UE de 2023 (EUMSS-23) reconoce la existencia de capacidades adecuadas para la vigilancia en superficie¹⁰⁶, pero estas siguen siendo insuficientes para una protección integral del dominio submarino¹⁰⁷.

Soberanía digital y competencia geopolítica por el fondo marino

Diversos análisis geopolíticos han señalado que los Estados ribereños, aun evitando acusaciones directas contra Rusia o China, interpretan la escalada de daños a cables y tuberías como parte de un escenario de amenazas híbridas, en el que ambos actores, junto con otros, figuran como sospechosos probables¹⁰⁸.

A esta percepción se superpone la creciente inquietud europea por la dependencia tecnológica de proveedores externos en segmentos esenciales de la red de cables submarinos en un contexto en el que la autonomía estratégica está en el centro de la política de seguridad de la Unión Europea¹⁰⁹.

La presencia de empresas chinas en los consorcios encargados del despliegue, mantenimiento y operación de estas infraestructuras —incluidos segmentos estratégicos en el Báltico— ha suscitado temores acerca de vulnerabilidades sistémicas difíciles de controlar¹¹⁰.

En este contexto, la relación entre China y los Estados bálticos va mucho más allá del intercambio comercial o de la presencia de buques en rutas marítimas. Se inscribe en una competencia estructural por el control del «fondo marino digital», un ámbito donde la interdependencia tecnológica se mezcla con la rivalidad estratégica y donde cualquier incidente —incluso los catalogados oficialmente como accidentes marítimos— puede actuar como un episodio ambiguo que refuerza tensiones preexistentes¹¹¹.

En definitiva, la combinación de densidad infraestructural, centralidad de los flujos digitales, presencia de actores con intereses divergentes y una gobernanza fragmentada configura un entorno que favorece la vulnerabilidad y la ambigüedad.

Respuestas occidentales y límites de la acción colectiva

Las respuestas occidentales al aumento de incidentes en el mar Báltico reflejan una adaptación gradual, aunque aún incompleta, a las amenazas híbridas. En el ámbito aliado, la OTAN está reforzando el seguimiento de infraestructuras submarinas e integrando la protección de cables en su postura marítima mediante ejercicios conjuntos. Paralelamente, la Unión Europea ha situado esta cuestión en el centro de su agenda regulatoria, reconociendo a los cables submarinos como activos críticos con impacto paneuropeo a través de instrumentos como la Directiva NIS2 y el Plan de Acción sobre seguridad de cables^112,113.

La aplicación práctica de estas iniciativas se ve limitada por la fragmentación de competencias entre actores públicos y privados, así como por las lagunas en el intercambio de información y los déficits de financiación para garantizar una monitorización permanente, problemas ampliamente señalados en la literatura especializada^114,115.

A‬‭ estas‬‭ limitaciones‬‭ institucionales‬‭ se‬‭ suman‬ condicionantes‬‭ operativos‬‭ propios‬‭ del‬‭ dominio‬‭ marítimo.‬‭ La‬‭ inspección‬‭ del‬‭ fondo‬ marino‬‭ requiere‬‭ buques‬‭ y‬‭ sensores‬‭ especializados‬‭ cuya‬‭ disponibilidad‬‭ es‬‭ reducida,‬‭ lo‬ que‬‭ retrasa‬‭ la‬‭ verificación‬‭ de‬‭ daños‬‭ y‬‭ la‬‭ recopilación‬‭ de‬‭ evidencias¹¹⁶.

Esta‬‭ complejidad‬‭ técnica‬‭ tiene‬‭ su‬‭ reflejo‬‭ en‬‭ el‬ plano‬‭ jurídico‬‭ y‬‭ político:‬‭ aunque‬‭ la‬‭ Estrategia‬‭ de‬‭ Seguridad‬‭ Marítima‬‭ de‬‭ la‬‭ UE‬‭ de‬ 2023‬‭ reconoce‬‭ la‬‭ vulnerabilidad‬‭ crítica‬‭ de‬‭ los‬‭ cables‬‭ submarinos‬‭ y‬‭ la‬‭ necesidad‬‭ de‬ reforzar‬‭ las‬‭ herramientas‬‭ de‬‭ detección‬‭ y‬‭ atribución,‬‭ la‬‭ ausencia‬‭ de‬‭ un‬‭ marco‬ internacional‬‭ actualizado‬‭ limita‬‭ la‬‭ capacidad‬‭ de‬‭ respuesta‬‭ estatal¹¹⁷‭ .‬‭ Los‬‭ instrumentos‬‭ vigentes,‬‭ como‬‭ el‬‭ Convenio‬‭ 1884‬‭ para‬‭ la‬ Protección‬‭ de‬‭ los‬‭ Cables‬‭ Submarinos‬‭ y‬‭ la‬‭ UNCLOS‬‭,‬‭ no‬‭ contemplan‬ adecuadamente‬‭ las‬‭ amenazas‬‭ tecnológicas‬‭ emergentes‬‭ ni‬‭ la‬‭ creciente‬‭ dimensión‬ estratégica de estas infraestructuras¹¹⁸.

A ello se suma el aumento de la presión estratégica derivada de la militarización del Ártico, las maniobras rusas en el Báltico y la mayor presencia china en puertos europeos¹¹⁹.

Ante este contexto, algunos Gobiernos han reclamado respuestas más contundentes. En 2024, un informe del Parlamento británico recomendó ir más allá de la mera atribución pública de sabotajes y explorar medidas preventivas y punitivas adicionales¹²⁰.

Sin embargo, la dificultad de atribuir autoría genera un vacío jurídico. Autores como Hartmann plantean revisar el uso del artículo 101 de la UNCLOS sobre piratería, aunque advierten de su incompatibilidad con la atribución estatal. Aun así, el procesamiento individual de responsables podría tener cierto efecto disuasorio, aunque limitado¹²¹.

Desde una perspectiva estructural, la Agencia Europea para la Ciberseguridad subraya que la resiliencia de los cables exige un enfoque multinivel y multinacional, ya que ningún Estado puede proteger por sí solo una red transnacional¹²². Esta realidad ha impulsado una cooperación creciente entre la UE y la OTAN, en la que la primera aporta regulación, financiación y relación con operadores privados, y la segunda capacidades militares, vigilancia avanzada y disuasión^123,124.

La cooperación UE–OTAN se ha institucionalizado mediante las Declaraciones Conjuntas de 2016, 2018 y 2023, y la creación en 2023 de la Task Force UE–OTAN sobre resiliencia de infraestructuras críticas, que ha formulado recomendaciones en materia de intercambio de información, evaluación de vulnerabilidades y respuesta coordinada a incidentes, con especial atención a los cables submarinos^125,126.

En el plano operativo y regulatorio, la OTAN ha reforzado la vigilancia del lecho marino, mientras que la UE ha desarrollado instrumentos como el Plan de Acción sobre seguridad de cables (2025), la red MARSUR y el refuerzo del Common Information Sharing Environment (CISE). Estos instrumentos están orientados a mejorar la conciencia situacional, así como la prevención y la respuesta ante incidentes^127,128.

Los estudios sobre el Báltico coinciden en que los Estados de la región carecen de recursos suficientes para una protección autónoma, por lo que la solución pasa por una combinación de capacidades nacionales y cooperación UE–OTAN, basada en vigilancia, disuasión, regulación y financiación compartidas¹²⁹.

En síntesis, aunque persisten lagunas y asimetrías, la protección de los cables submarinos se ha consolidado como uno de los ejes más urgentes y tangibles de la cooperación UE–OTAN frente a amenazas híbridas, especialmente en regiones de alta vulnerabilidad como el mar Báltico¹³⁰.

Conclusiones

El análisis realizado confirma la hipótesis planteada: los condicionantes físicos, jurídicos y geopolíticos del mar Báltico convergen para convertir a los cables submarinos en un vector privilegiado de guerra híbrida, frente al cual las capacidades de respuesta de la Unión Europea y la OTAN siguen siendo insuficientes¹³¹.

La baja batimetría, la densidad de infraestructuras críticas, la accesibilidad del lecho marino y la dificultad de reparación facilitan tanto daños accidentales como hostiles, al tiempo que complican la detección temprana y la atribución concluyente de responsabilidades, difuminando la línea entre lo accidental y lo deliberado¹³².

A esto se suma la naturaleza estructuralmente ambigua del dominio marítimo. La ausencia de testigos, la extensión del espacio operativo, la posibilidad de desactivar sistemas de rastreo y las limitaciones técnicas de las investigaciones subacuáticas crean un escenario propicio para operaciones encubiertas^133,134.

Tal como muestra la literatura sobre guerra híbrida, estas acciones operan deliberadamente por debajo del umbral del conflicto armado y explotan vulnerabilidades estatales mediante tácticas de negación plausible^135,136. En el Báltico, esta ambigüedad se intensifica debido al intenso tráfico marítimo, que genera un «ruido estadístico» de incidentes aparentemente accidentales, lo que dificulta demostrar la intencionalidad¹³⁷.

La dimensión jurídica refuerza estas conclusiones. Aunque el derecho del mar establece un marco básico, sus lagunas son especialmente visibles en la protección de cables submarinos.

La limitada jurisdicción en la zona económica exclusiva, la dificultad de investigar sabotajes tras la salida de un buque de la jurisdicción costera y la obsolescencia de marcos normativos como el Convenio de 1884 evidencian que los Estados europeos carecen de herramientas suficientes para prevenir, atribuir o sancionar eficazmente actividades híbridas¹³⁸. Por ello, desde Bruselas, Washington y Londres se ha subrayado la necesidad de modernizar los marcos internacionales y reforzar la arquitectura normativa que protege estas infraestructuras críticas¹³⁹.

En el plano geopolítico, el Báltico se consolida desde 2022 como un espacio especialmente expuesto a tensiones estratégicas. Su condición cuasi de «lago OTAN», la militarización rusa en Kaliningrado y la creciente implicación de China en la soberanía digital intensifican la competencia por el control del lecho marino¹⁴⁰.

La combinación de accidentalidad verosímil, intereses contrapuestos y presión estratégica confirma que la vulnerabilidad de los cables es tanto técnica como política¹⁴¹.

Estos hallazgos muestran que el Báltico es un espacio paradigmático de las dinámicas contemporáneas de guerra híbrida.

Mientras persistan dificultades para atribuir autoría, proteger físicamente el lecho marino, coordinar respuestas multilaterales y dotar de capacidad operativa los marcos existentes, la UE y la OTAN enfrentarán una asimetría estructural frente a actores que operan con costes bajos y efectos estratégicos elevados¹⁴².

Reforzar la resiliencia, actualizar los marcos jurídicos y profundizar la cooperación UE–OTAN emergen, así, como prioridades cruciales para la seguridad europea en las próximas décadas¹⁴³.