IEEE. Implicaciones regionales de la operación de Estados Unidos en Venezuela. La geopolítica hemisférica herida.

Introducción

La operación política y militar de los Estados Unidos contra Venezuela —caracterizada por acciones cinéticas limitadas, la captura de Nicolás Maduro y el posterior control y gestión del crudo venezolano bajo una tutela estadounidense de facto— constituye un punto de inflexión histórico para la seguridad hemisférica y el orden internacional liberal. No se trata de un episodio aislado ni exclusivamente bilateral, sino de un acontecimiento con profundas implicaciones sistémicas para América Latina y para la arquitectura global surgida tras 1945¹ especialmente en lo que atañe a organizaciones multilaterales como Naciones Unidas.

A diferencia de crisis previas, esta intervención combina tres elementos inéditos: uso directo y unilateral de la fuerza, judicialización extraterritorial del liderazgo político, e intervención para la administración de recursos estratégicos. Esta tríada rompe con los supuestos normativos del multilateralismo liberal y anticipa un nuevo marco estratégico basado en la primacía de la decisión soberana de las potencias, el poder material y la geoeconomía.

Como apunta el General Director del IEEE, GB Víctor Bados:

“Nos adentramos así en un escenario global donde resurgen los elementos hobbesianos del estado de naturaleza: la anarquía internacional, la primacía de los intereses nacionales, la fuerza como argumento y los realineamientos imprevisibles”.²

Este documento ofrece una revisión integral del análisis previo, incorporando argumentos de índole teórica, jurídica y estratégica que permiten interpretar la operación estadounidense no como una anomalía, sino como un síntoma avanzado de un cambio estructural del orden internacional. El foco se sitúa en sus implicaciones regionales, con especial atención a Colombia y México.

1. Marco interpretativo: decisionismo, poder material y nuevo orden hemisférico
1.1. Del orden liberal al decisionismo soberano de Schmitt

Para comprender plenamente la operación estadounidense en Venezuela resulta necesario abandonar una lectura exclusivamente jurídica o moral y adoptar una lente estratégica que reconozca la centralidad del poder material. En este sentido, el pensamiento de Carl Schmitt³ —pese a su negativa carga histórica— resulta útil para interpretar la lógica subyacente a la actuación de la actual Casa Blanca.

Desde la perspectiva del decisionismo soberano de Schmitt, la política internacional deja de concebirse como un espacio regulado prioritariamente por normas y procedimientos multilaterales, para entenderse como un campo estructurado por la distinción entre amigo y enemigo, por decisiones soberanas excepcionales y por la capacidad de suspender el orden jurídico preexistente, interno o externo, para crear una nueva realidad política. La intervención en Venezuela puede leerse así como un acto puro de decisión soberana: no se justifica en la norma, sino que la reemplaza.

Este giro no es coyuntural. Forma parte de una reconfiguración más amplia de la política exterior estadounidense que se desancla del orden liberal internacional y avanza hacia una lógica de hegemonía regional, esferas de influencia y transacciones geoeconómicas. Westfalia-1648 olvidada y el orden multilateral post II GM desvaneciéndose, Venezuela aparece en este marco, como laboratorio de la seguridad hemisférica y como primer escenario visible de un nuevo nomos continental.

1.2. Derecho internacional, soberanía y condiciones fácticas

Uno de los debates más intensos suscitados por la operación gira en torno a su compatibilidad con el derecho internacional. Sin embargo, este debate suele formularse desde una abstracción que ignora las condiciones materiales concretas en las que dicho derecho opera —o deja de operar—.

El derecho internacional no es una fuerza autónoma capaz de producir efectos por sí misma. Su eficacia depende del equilibrio de poder que lo sustenta. Invocar la Carta de la ONU o el Consejo de Seguridad como árbitros neutrales presupone un funcionamiento que la realidad desmiente: estos mecanismos están estructuralmente diseñados para reflejar y preservar equilibrios de poder entre grandes potencias, algunas de las cuales han sido evidentes actores en la continuidad del régimen venezolano y de sus condiciones de represión antidemocrática.

La noción de soberanía también requiere una reconsideración sustantiva. La soberanía no se define por su proclamación formal, sino por la capacidad efectiva de decisión. En el caso venezolano, el Estado carecía de control efectivo autónomo en el plano exterior sobre su política energética y su financiación, y en el plano interior sobre su aparato coercitivo fragmentado y su sistema electoral. Defender esa soberanía abstracta equivaldría, en la práctica, a proteger al aparato dictatorial que anuló y suplantó la soberanía popular.

En este contexto, la pregunta relevante no es si la intervención vulnera la soberanía, que lo hace, sino qué soberanía se está defendiendo y a quién beneficia su preservación.

1.3. Intervención selectiva y asimetría moral

Un elemento central del debate es la asimetría con la que se juzgan las intervenciones externas. Durante más de dos décadas, Venezuela fue objeto de intervenciones materiales y sostenidas por parte de actores como China, Rusia e Irán: endeudamiento estructural, captura de activos estratégicos, penetración en sectores de defensa, seguridad e inteligencia. Estas intervenciones de China, Rusia o Cuba raramente generaron una defensa apasionada de la soberanía venezolana.

La reacción diferencial frente a la intervención estadounidense revela que el criterio dominante no es jurídico, sino en gran medida político. El problema no es exclusivamente la intervención como fenómeno, sino quién la ejerce. Esta asimetría vacía de contenido el discurso normativo y refuerza la percepción de un orden internacional selectivo y funcional al statu quo.

2. Venezuela como epicentro de la seguridad hemisférica
2.1. Más allá del petróleo: hegemonía regional y Doctrina Monroe

Aunque Venezuela posee reservas petroleras significativas, su peso real en la producción global es limitado. Reducir la operación estadounidense a una motivación puramente energética resulta analíticamente insuficiente. Desde este punto de vista, el petróleo constituye un beneficio secundario, sin duda importante pero no el motor principal.

El núcleo estratégico reside en la afirmación de una hegemonía hemisférica renovada. La lógica que guía la operación se acerca más a una actualización de la Doctrina Monroe que a una “guerra contra las drogas”. El objetivo central es excluir la influencia de potencias extrahemisféricas —China, Rusia, Irán— y reordenar el espacio americano bajo primacía estadounidense. Aun cuando en ella se habla de “reclutar amigos y ampliar alianzas en las Américas” parece ahora claro que esa invitación a la amistad puede llegar a punta de pistola⁴.

Para ampliar este planteamiento conviene releer mi análisis sobre la recientemente aprobada Estrategia de Seguridad Nacional de los EE.UU. y en concreto su referencia a la Doctrina Monroe revisitada (corolario Trump)⁵.

2.2. Poder duro y geoeconomía

El poder duro que se despliega no es exclusivamente militar. Es fundamentalmente geoeconómico: control de flujos energéticos, influencia sobre mercados regionales, acceso a minerales críticos, puertos, infraestructuras y cadenas de suministro. A todo ello le acompaña la reedición 2.0 de la “diplomacia de la cañonera” esta vez en forma de Flota poderosa en las orillas. La intervención en Venezuela continúa una etapa de diplomacia coercitiva basada sobre todo en intereses materiales y nada en valores que inauguró hace ya hace unos meses el presidente de los EE.UU. con sus “beautiful tariffs”⁶. La realpolitik se reinventa con esta Administración.

3. Impacto estructural sobre América Latina

La operación en Venezuela actúa como un acelerador de tendencias preexistentes en América Latina, pero también introduce rupturas cualitativas que alteran de manera duradera el entorno estratégico regional. Sus efectos no se limitan a la política exterior o a la seguridad, sino que alcanzan a la gobernanza, la economía política y la autonomía estratégica de los Estados latinoamericanos. Veamos algunos.

3.1. Erosión del principio de no intervención y reconfiguración normativa

La captura de un jefe de Estado en ejercicio y la administración externa de activos estratégicos venezolanos erosionan de forma profunda uno de los pilares normativos históricos de América Latina: el principio de no intervención. Este principio no solo ha sido una regla jurídica, sino también un instrumento de autoprotección colectiva de Estados estructuralmente más débiles frente a grandes potencias⁷.

El precedente venezolano introduce una ambigüedad peligrosa: la intervención deja de ser concebida como una anomalía excepcional para convertirse en una opción estratégica legítima cuando concurren colapso institucional, criminalización del Estado o alineamientos geopolíticos adversos. Esta reinterpretación normativa reduce la previsibilidad del sistema regional y aumenta la incertidumbre estratégica para todos los actores. La conveniencia y/o oportunidad de una acción así parecen quedar del lado del juicio político.

3.2. Polarización política y fragmentación regional

La operación profundiza la fragmentación política de América Latina. Los gobiernos se han dividido entre quienes (mayoritariamente en número) aceptan tácitamente la lógica de la hegemonía hemisférica (o incluso la apoyan calurosamente desde el cono Sur) y quienes la rechazan en nombre de la soberanía y el antiimperialismo (menos en número pero importantes por su peso específico). Esta polarización no se traduce en bloques coherentes, sino en alineamientos fluidos, oportunistas y frecuentemente contradictorios.

El resultado es un debilitamiento adicional de los mecanismos regionales de concertación. Organismos ya debilitados como la OEA o la CELAC carecen de capacidad para articular respuestas colectivas, lo que refuerza una dinámica de bilateralización de la política exterior y aumenta la dependencia de cada Estado respecto a potencias externas y muy concretamente de su vecino del Norte.

Especificamente en el caso de Cuba habrá muy probablemente drásticas repercusiones: la intervención estadounidense o, más decisivamente, el corte del apoyo venezolano tendrá un impacto profundo sobre el régimen cubano al privarle de su principal sostén externo desde comienzos del siglo XXI. La pérdida del suministro energético subsidiado y de los ingresos asociados a la exportación de servicios profesionales agravará el ya crítico deterioro económico, intensificando los apagones, la escasez y la contracción productiva. En el plano político-estratégico, el colapso del eje Caracas–La Habana reducirá drásticamente el margen de maniobra internacional de Cuba, aumentará su vulnerabilidad frente a la presión de EE.UU. y podría empujar al régimen hacia un mayor cierre autoritario como mecanismo temporal de supervivencia, al tiempo que se incrementarán las tensiones sociales internas en un contexto de agotamiento estructural del modelo como paso hacia un probable colapso total. La postura que adopte México será esencial en la supervivencia del régimen. (ver apartado 5.2)

3.3. Externalización de inseguridad y economías ilícitas

La reconfiguración del poder en Venezuela genera externalidades de seguridad que trascienden sus fronteras. La posible fragmentación del aparato coercitivo y la disputa interna por rentas ilícitas incrementan el riesgo de expansión de economías criminales, tráfico de armas, narcotráfico y control de corredores estratégicos. Una adecuada transición deberá hacer frente a todas ellas si quiere llegar a (algún) buen puerto.

Estas dinámicas afectarán de manera diferenciada a los países de la región, pero tienden a concentrarse en zonas fronterizas frágiles, amplificando problemas estructurales de gobernabilidad y seguridad ciudadana. La inseguridad se puede convertir así en un fenómeno regionalizado, difícil de contener mediante políticas nacionales aisladas. Colombia, con una estatalidad siempre débil, se arriesga en ser la primera víctima no deseada de estas posibles dinámicas (ver apartado 4).

3.4. Impacto económico y geoeconómico

Desde una perspectiva económica, la intervención refuerza la transición de América Latina hacia un entorno de geoeconomía dura. El control de flujos energéticos, infraestructuras críticas, puertos y cadenas logísticas adquiere centralidad estratégica. En ese sentido la gestión de la producción petrolera venezolana impuesta por los EE.UU. pondrá en cuestión la exportación de crudo a China que es el principal socio comercial⁸. En 2025, el 78% de las exportaciones se dirigieron al país asiático, casi 480.000 barriles diarios⁹ y el 4,5% de las importaciones chinas.

El aumento de controles financieros, aseguradores y marítimos elevará los costes de transacción para las economías latinoamericanas, especialmente para aquellas más abiertas y dependientes del comercio exterior. A medio plazo, esta dinámica puede acelerar procesos de alineamiento económico forzado, reduciendo aún más los márgenes de autonomía de los Estados de la región.

3.5. Impacto de la intervención estadounidense en Venezuela sobre los intereses chinos en América Latina

La intervención de Estados Unidos en Venezuela constituye un acto de reafirmación hegemónica con efectos que trascienden el caso venezolano y afectan directamente a la proyección china en el área. No se trata únicamente de neutralizar a un régimen adverso, sino de reordenar el espacio hemisférico y delimitar los márgenes de actuación de potencias extrahemisféricas.

Desde la perspectiva china, Venezuela había funcionado como un nodo estratégico para la conversión de financiación en influencia energética y política mediante esquemas de deuda respaldada por petróleo. La intervención estadounidense desarticula este mecanismo: el acceso privilegiado a los recursos venezolanos queda comprometido y activos considerados estratégicos pasan a convertirse en pasivos expuestos a control externo. Venezuela deja así de ser un pilar funcional de la arquitectura china en el hemisferio occidental.

Más allá de Venezuela, la operación tiene un efecto demostrativo regional. Estados Unidos señala que América Latina no es un espacio neutral ni post-hegemónico, sino un ámbito donde persisten líneas rojas estratégicas. Desde una lógica decisionista en la teoría schmittiana, Washington no actúa para hacer cumplir una norma, sino para crear un nuevo marco de hechos que condiciona las decisiones de terceros. La introducción explícita de la coerción obliga a China a recalibrar su cálculo de riesgos y visibilidad política.

Como resultado, es previsible una reconfiguración selectiva de la estrategia china. Pekín no se retirará de la región (préstamos a Chile, Perú y Argentina, puerto de Chancay, Brasil socio clave,…), pero reducirá su exposición en Estados inestables o abiertamente confrontados con Estados Unidos, al tiempo que reforzará su presencia en países más previsibles y capaces de gestionar la competencia entre grandes potencias. Esta diferenciación incrementará las asimetrías estratégicas en América Latina.

Finalmente, aunque China reforzará su discurso en defensa de la soberanía y la no intervención, su respuesta será previsiblemente prudente y contenida. Pekín evitará la confrontación directa con Washington en el hemisferio occidental y priorizará la protección de sus activos existentes. La intervención en Venezuela no expulsa a China de América Latina, pero estrecha de forma significativa su margen de maniobra en un entorno regional cada vez más marcado por la lógica de poder y decisión soberana.

4. Implicaciones específicas para Colombia

Colombia constituye el caso más sensible y estratégico de toda la región ante la operación estadounidense en Venezuela. Su posición geográfica, su historia de conflicto armado interno y su relación estructural con Estados Unidos convierten cualquier alteración del equilibrio venezolano en un factor de impacto directo sobre la seguridad y la estabilidad colombianas.

4.1. La frontera colombo-venezolana como espacio estratégico crítico

La frontera colombo-venezolana —más de 2.200 kilómetros, extensos tramos selváticos y fluviales, débil presencia estatal y economías ilícitas consolidadas— se reafirma como uno de los espacios geopolíticos más inestables de América Latina. La caída o debilitamiento del control central en Venezuela incrementa los riesgos de desorden, competencia armada y captura territorial por actores no estatales.

Departamentos como Norte de Santander, Arauca, La Guajira y Vichada enfrentan ya una presión creciente en términos de seguridad, gobernabilidad local y cohesión social al calor del fallido plan Paz Total del presidente Petro. La frontera deja de ser únicamente un problema policial o migratorio para convertirse en un desafío político integral que exige coordinación militar, inteligencia, aspectos sociales y diplomacia preventiva.

4.2. Grupos armados, economías ilícitas y reconfiguración del conflicto

La posible fragmentación del aparato coercitivo venezolano abre oportunidades para que disidencias de las FARC, el ELN y redes criminales transnacionales amplíen sus áreas de retaguardia, consoliden corredores logísticos y refuercen sus economías ilícitas (narcotráfico, minería ilegal, contrabando de combustibles y armas).

Este escenario tensiona profundamente la ya debilitada estrategia de “paz total” del gobierno colombiano. La coexistencia entre negociación política y expansión territorial de actores armados puede erosionar la legitimidad del proceso y obligar al Estado a reforzar su capacidad coercitiva, incluso a costa de contradicciones internas en el discurso gubernamental.

4.3. Impacto geopolítico en la relación con Estados Unidos

El posicionamiento crítico del gobierno colombiano frente a la operación estadounidense introduce fricciones en una relación históricamente asimétrica pero funcional. Aunque no se anticipa una ruptura, sí es plausible un deterioro gradual del clima político que afecte ámbitos sensibles como la cooperación antinarcóticos, el intercambio de inteligencia y la asistencia militar.

Colombia queda atrapada en una tensión estructural: por un lado, su dependencia objetiva de Estados Unidos en materia de seguridad; por otro, la necesidad de preservar autonomía política y legitimidad regional. Esta ambivalencia puede traducirse en una política exterior errática o defensiva, con costes estratégicos acumulativos.

4.4. Escenario electoral y riesgos de instrumentalización

Las próximas elecciones presidenciales en Colombia añaden una capa adicional de incertidumbre. Venezuela puede convertirse en un elemento de instrumentalización política interna, polarizando el debate entre soberanía, seguridad y alineamiento internacional. En este contexto, cualquier deterioro de la situación fronteriza tendrá efectos directos sobre la estabilidad política interna y la agenda de seguridad nacional. Este asunto será sin duda el punto central de debate de los candidatos a la sede presidencial de Nariño.

5. Implicaciones específicas para México

México enfrenta la operación estadounidense en Venezuela desde una posición distinta pero igualmente compleja. Su peso regional, su tradición diplomática y su interdependencia estructural con Estados Unidos limitan severamente su margen de maniobra¹⁰.

5.1. Doctrina Estrada, no intervención y realismo estratégico

La Doctrina Estrada¹¹ y el principio de no intervención constituyen pilares históricos de la política exterior mexicana. Sin embargo, el caso venezolano pone de manifiesto los límites prácticos de este marco doctrinal en un contexto de hegemonía hemisférica reforzada.

México se ve obligado a expresar su rechazo formal a la intervención sin romper con Washington, dado que su relación bilateral condiciona aspectos vitales como comercio, migración, seguridad fronteriza y estabilidad macroeconómica. El resultado es una diplomacia de equilibrios, más reactiva que proactiva. La presidenta Sheimbaum debe hacer equilibrios dialecticos y diplomáticos que pueden verse definitivamente truncados caso de que los EE.UU. prosigan sus intervenciones contra el narcotráfico más allá del Río Grande tal y como ya han anunciado.

5.2. Energía, Cuba y presión indirecta

La retirada de Venezuela como proveedor energético de Cuba reposiciona a México como actor relevante en el suministro de combustibles a la isla. Esta situación expone a México a presiones indirectas por parte de Estados Unidos, que puede utilizar el precedente venezolano para endurecer el escrutinio sobre flujos energéticos regionales.

La cuestión energética se convierte así en un vector de vulnerabilidad estratégica: cualquier decisión mexicana en este ámbito adquiere una dimensión geopolítica que trasciende lo bilateral y se inscribe en la lógica de hegemonía hemisférica.

5.3. Seguridad, control financiero y cooperación ampliada

La narrativa estadounidense de orden hemisférico puede traducirse en mayores exigencias de cooperación en ámbitos como control marítimo, supervisión financiera, lucha contra el crimen organizado y control de cadenas logísticas. Para México, estas demandas plantean dilemas de soberanía y gobernanza interna, especialmente en lo relativo al papel de sus fuerzas armadas y organismos civiles.

6. Escenarios prospectivos

La evolución de la situación venezolana y sus efectos regionales dependerán de múltiples variables internas y externas. A continuación, se presentan tres escenarios plausibles, no excluyentes, que permiten anticipar riesgos y oportunidades estratégicas.

Escenario 1: Transición controlada bajo tutela externa

En este escenario, Estados Unidos lograría articular una transición política relativamente ordenada en Venezuela, con apoyo selectivo de actores regionales, con una estabilización gradual y la sustitución progresiva del aparato estatal chavista. Incluso a medio plazo con la articulación de unas elecciones libres que configuraran una nueva etapa en la historia del país. Las externalidades negativas inmediatas —migración masiva, violencia transfronteriza— se contienen.

No obstante, este escenario consolida un precedente estructural: la legitimación de intervenciones externas y la normalización de tutelas externas sobre Estados colapsados. A medio plazo, ello debilita aún más el principio de soberanía en América Latina y refuerza la lógica de hegemonía hemisférica estadounidense.

Escenario 2: Fragmentación prolongada y competencia armada

Un segundo escenario contempla la incapacidad de consolidar una autoridad legítima en Venezuela, que derive en una fragmentación prolongada del poder. Actores armados preexistentes, redes criminales y élites locales competirían por territorios y rentas, generando altos costes de seguridad regional. Los EE. UU. serían renuentes a implicarse más decididamente en la seguridad interna de Venezuela.

Este escenario impactaría especialmente a Colombia, al Caribe y a los países andinos, obligándolos a destinar mayores recursos a control fronterizo y seguridad interna. La región se vería atrapada en una dinámica de gestión permanente de crisis.

Los EE. UU. se enfrentarían al dilema de ver fracasada su operación o verse forzados a intervenir directamente y con presencia permanente en el país algo complicado con aún recientes en la memoria los fiascos de Irak o Afganistán, un Congreso y Senado refractarios y una opinión pública poco favorable a más aventuras externas.

Escenario 3: Escalada geopolítica y reequilibrio externo

Finalmente, una reacción más activa de China o Rusia en otros espacios latinoamericanos en defensa de sus intereses podría intensificar la competencia estratégica. La coerción norteamericana sin la búsqueda de sinergias y el rechazo popular traducido en resultados electorales podría provocar el deslizamiento de algunos Estados hacia la esfera china. Sin confrontación directa, se produciría un reequilibrio mediante inversiones, acuerdos militares, control de infraestructuras críticas y presión diplomática.

Este escenario reduciría aún más los márgenes de autonomía regional y consolidaría a América Latina como teatro secundario de una rivalidad entre grandes potencias.

7. Conclusiones

La operación de Estados Unidos en Venezuela marca una ruptura estructural con el orden liberal hemisférico y acelera la transición hacia un sistema internacional caracterizado por la intervención (no solamente militar), la primacía del poder material y la geoeconomía. No se trata de un episodio excepcional ni de una anomalía latinoamericana, sino de un caso paradigmático de cómo las grandes potencias y muy especialmente los EE.UU. de la administración Trump están redefiniendo las reglas del juego en un entorno de competencia estratégica abierta.

La operación tiene un efecto demostrativo de alcance regional: Estados Unidos señala que América Latina no constituye un espacio post-hegemónico ni un terreno neutral para la expansión de potencias extrahemisféricas, sino un ámbito donde subsisten líneas rojas geoestratégicas. La introducción explícita de la coerción estadounidense obliga a China a recalibrar su cálculo de riesgos, retornos y visibilidad política en este entorno geográfico.

Para América Latina, el impacto es profundo y duradero. El principio de no intervención pierde su función protectora, la acción colectiva regional se debilita y la política exterior se bilateraliza bajo condiciones de asimetría creciente. La región se enfrenta a un escenario en el que la norma ya no garantiza estabilidad ni previsibilidad, y donde la capacidad de decisión depende cada vez más de recursos materiales y alineamientos estratégicos. Esta pérdida de principios contribuye a explicar el desconcierto moral que hoy atraviesa a América Latina. Algunos dirigentes celebran la caída de Maduro sin interrogarse por los medios utilizados; otros condenan la intervención estadounidense mientras guardaban silencio —o mostraban tibieza— ante la dictadura que la hizo posible (o necesaria).

Colombia y México ilustran dos formas distintas de vulnerabilidad estructural. Colombia aparece como frontera viva de la inestabilidad, expuesta a externalidades de seguridad, reconfiguración armada y tensiones internas entre soberanía discursiva y dependencia estratégica. México, por su parte, encarna los límites de la autonomía diplomática de una potencia regional profundamente interdependiente con Estados Unidos, obligada a gestionar presiones energéticas, securitarias y económicas sin margen real para la confrontación.

En este nuevo contexto, América Latina no dispone de opciones ideales. El desafío estratégico no consiste en restaurar un orden liberal que ya no existe y al que no se le espera una reedición, sino en desarrollar capacidades mínimas —institucionales, económicas y de seguridad— que permitan gestionar crisis, reducir externalidades y preservar márgenes acotados pero reales de autonomía estratégica.

En cuanto a NNUU, la organización, que vive sus peores horas, está actuando más como foro de debate y denuncia doctrinal que como mecanismo de restricción efectiva a la operación, lo que revela las tensiones actuales en el sistema internacional frente a actos de fuerza unilateral. Esto conecta con la idea de que el orden westfaliano post-1945 enfrenta tensiones profundas si es que no está ya en acusada retirada.

Nos encontraríamos así en el interregno gramsciano¹²: el orden liberal surgido tras el final de la Guerra Fría ha perdido capacidad de generar consenso, previsibilidad y liderazgo efectivo, pero ningún modelo alternativo ha logrado todavía articular una hegemonía estable. Las normas, instituciones y narrativas que estructuraron la globalización durante tres décadas muestran signos de agotamiento, mientras emergen potencias revisionistas, fragmentación geopolítica y dinámicas de competencia estratégica sin reglas claras. En este vacío de autoridad y legitimidad proliferan fenómenos “morbosos” como los denominaba Gramsci—conflictos prolongados, polarización extrema, instrumentalización del derecho internacional y retorno del poder duro— que no anuncian aún un nuevo orden, sino la incertidumbre propia de una transición histórica confirmando que lo viejo ya no gobierna y lo nuevo todavía no puede nacer.

La alternativa no es la neutralidad ni la defensa abstracta de normas vaciadas de eficacia, sino conseguir un margen limitado de actoría a la hora de adaptarse a un orden definido por otros y que ya es una realidad. La operación en Venezuela anticipa así un futuro regional marcado por decisiones difíciles, dilemas de alineamiento y una creciente centralidad del real power en la política internacional.

Como dice Guillem Colom en su reciente Documento de Opinión IEEE (110/2025):

“El regreso explícito de la política de poder (power politics) parte de la premisa de que la estabilidad del sistema internacional depende cada vez menos de instituciones y regímenes multilaterales y más de la capacidad de Estados Unidos para ejercer coerción efectiva, imponer costes estratégicos, limitar los beneficios de sus competidores y salvaguardar su soberanía frente a influencias externas.”¹³