
29 abr 2025
IEEE. Esequibo: ¿botín oculto o campo de batalla entre Venezuela y Guyana?
Rocío de los Reyes Ramírez. Analista del IEEE (CESEDEN)
Introducción
Desde hace casi dos siglos, Venezuela y Guyana están inmersas en una disputa territorial por la región limítrofe del Esequibo, también conocida como Guayana Esequiba, un territorio ubicado en el litoral atlántico al noroeste de Sudamérica entre los ríos Orinoco y Esequibo de aproximadamente 159.000 km² donde residen 128.000 personas, de las 800.000 que conforman la población de la República Cooperativa de Guyana. La disputa se originó cuando el Gobierno venezolano acusó al Imperio británico de una incursión en su territorio, en un momento en que Guyana aún era una colonia británica.
Esta región, que aparece en los mapas venezolanos como zona de reclamación, representa aproximadamente el 60% del territorio de Guyana, que está cubierto, en gran parte, por selva tropical que ha sido poco explotada y que, además, posee una amplia red de ríos y trescientos kilómetros de costa. Estos recursos forestales, agrícolas y pesqueros son fundamentales para la economía de Guyana, la cual se sustenta principalmente en las industrias extractivas.
De igual forma, el Esequibo alberga valiosas reservas de oro, cobre, hierro y otros minerales como la bauxita, los diamantes y el manganeso, además de contar con depósitos de gas natural, uranio y petróleo.
Más aún, la relevancia geopolítica y geoestratégica del Esequibo toca aspectos clave del derecho internacional del mar, en particular, se enfoca en la delimitación del mar territorial y la zona económica exclusiva, debido a que muchos de esos recursos se encuentran en estos espacios, lo que asegura que tanto Guyana como Venezuela se aferren a sus reclamaciones sobre esta zona.
En los últimos años, la tensión entre ambos países se intensificó, especialmente después de que la multinacional estadounidense ExxonMobil descubriera en 2015 un yacimiento petrolífero en aguas que Venezuela considera en disputa, pero que Guyana ya comenzó a explotar (Romero, 2023). Esta situación provocó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablara abiertamente de la reconquista de esta región, que, según él, siempre ha pertenecido a Venezuela. Y es que la cuestión del Esequibo sigue siendo un tema central en la República Bolivariana, especialmente en el ámbito interno. Este tema se ha convertido, aunque con matices, en un raro punto de coincidencia entre la oposición y el Gobierno, ya que normalmente un conflicto externo tiende a generar cohesión y unidad en un país.
En el contexto de la campaña de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado y del referéndum consultivo celebrado el pasado diciembre, se aprobó la Ley en Defensa del Esequibo (CLV, 2024), en respuesta a la subasta de bloques petroleros realizada por el Gobierno de Georgetown y la intervención de la Corte Internacional de Justicia. Esta ley no solo contempla la creación del Estado Esequibo y la incorporación del territorio en los mapas oficiales, sino que también establece sanciones de inhabilitación política para quienes discrepen de la postura gubernamental en esta disputa.
En medio de esta situación, Maduro ha acusado a la compañía estadounidense ExxonMobil de financiar a políticos opositores en Venezuela. Como resultado, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ordenó la detención de catorce personas, entre ellas varios políticos de la oposición, bajo la acusación de traición a la patria por participar en una supuesta conspiración financiada por ExxonMobil en contra de Venezuela (BBC News, 2023).
Mientras tanto, Guyana sigue colaborando en materia de defensa con Estados Unidos y otros aliados estratégicos, al tiempo que manifiesta una profunda preocupación por los recientes acontecimientos. El presidente de Guyana, Irfaan Ali, afirmó públicamente que sus fuerzas de defensa están en alerta máxima y en constante comunicación con el Mando Sur de Estados Unidos (Infobae, 2023), Paralelamente, continúa avanzando en los esfuerzos diplomáticos con Venezuela, sin perder de vista que los descubrimientos de petróleo han impulsado la transformación de este joven país en una de las economías de más rápido crecimiento a nivel global, lo que le ha valido el nombre de milagro sudamericano (Osorio Idárraga, 2023), aunque exponiéndose al riesgo de volverse excesivamente dependiente de los beneficios económicos del Esequibo.
Otro aspecto clave en este conflicto es que Guyana mantiene el control y dominio del territorio en disputa, lo que le otorga una significativa ventaja sobre Venezuela.
Antecedentes
El origen
Para entender esta discusión sobre la soberanía del territorio del Esequibo, es necesario retrotraernos más allá de la existencia de Guyana como país, que se independizó en 1966 de Reino Unido —hace relativamente poco tiempo—, o de la República Bolivariana de Venezuela como nación; solo así podremos entender el origen del conflicto, volviendo nuestra mirada a la época colonial.
Entre 1499 y 1500, Alonso de Ojeda, junto a Juan de la Cosa y Américo Vespucio, exploró las costas del norte de América del Sur, impulsado por el interés de los Reyes Católicos en las riquezas perlíferas y su posible adjudicación a Portugal según el Tratado de Tordesillas1. Ojeda llegó hasta la desembocadura del río Oyapoco, recorrió la costa hasta el golfo de Paria y avistó el río Esequibo2. Durante el siglo XVI, la Corona española otorgó diversas capitulaciones para conquistar y colonizar la costa atlántica de Sudamérica, destacando la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada en 15683. La provincia de Guayana fue incorporada a la Audiencia de Santa Fe de Bogotá unos años más tarde, en 1591.
Pero a pesar del Tratado de Tordesillas, otras potencias europeas intentaron establecer colonias en Guayana. Enrique IV de Francia autorizó una colonia en Guayana en 1602. Los ingleses lo intentaron entre 1602 y 1609 y los holandeses tuvieron un éxito mayor. Las áreas de expansión por antonomasia de la República Holandesa fueron, desde finales del siglo XVI, algunas islas antillanas del Caribe y la Guayana. Esta época se caracteriza por la infiltración de las flotas holandesas en el monopolio castellano en América y en el desarrollo parcial de un comercio directo con algunos enclaves dentro del monopolio hispano en el área antillana (Crespo Solana, 2008).
La Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, empresa comercial creada en 1621, se propuso colonizar la región de Guayana, que incluía el Esequibo, Demerara y Berbice, áreas ubicadas en el litoral atlántico de lo que hoy es Guyana.
Pero las fronteras entre los territorios españoles y holandeses no estaban claramente definidas. Los europeos se concentraban principalmente en la costa, dejando el vasto interior amazónico sin cartografiar y con fronteras ambiguas. La selva densa, los ríos y las montañas de la región hicieron que las demarcaciones formales fueran difíciles de establecer.
Ahora bien, los holandeses no limitaron su presencia a sus colonias y comenzaron a atacar posiciones españolas al oeste del río Esequibo, consiguiendo en varias ocasiones establecer el control efectivo sobre el territorio y explotarlo económicamente.
Estas tensiones entre la República Holandesa y el Imperio español se subsanaron con la firma de un tratado de paz, el Tratado de Münster (1648), como parte de los acuerdos que pusieron fin a la guerra de los Treinta Años. A través de este pacto, España reconoció legalmente las colonias holandesas situadas en la costa de Guyana al este del río Esequibo, renunciando así al derecho territorial que le había sido otorgado por el Tratado de Tordesillas. Además, España abandonó la Isla de San Martín, que sería repartida entre Francia y los Países Bajos.
Con todo, las relaciones entre España y la República Holandesa cambiaron significativamente después de la guerra de Sucesión Española (1702-1714). Este conflicto terminó con el Tratado de Utrecht (1713-1714), que reconoció a Felipe V como el legítimo rey de España. Como parte de los acuerdos, España y la República Holandesa confirmaron la legitimidad de las colonias holandesas en las Guyanas. Además, ambas naciones acordaron, a través de un tratado suscrito en 1714, garantizar el derecho de sus ciudadanos a comerciar libremente (Hulsman, 2015).
Con posterioridad, la creación de la Capitanía General de Venezuela, en 1777, desempeña un papel crucial en este conflicto ya que Venezuela utiliza este hecho como un argumento central para reivindicar su soberanía sobre el Esequibo. Se funda como una entidad administrativa con el objetivo de unificar, bajo un único mando militar y gubernativo, un conjunto de provincias que anteriormente estaban bajo la jurisdicción de dos virreinatos y dos audiencias diferentes y así fortalecer el control sobre sus territorios en la región —incluyendo aquellos al oeste del río Esequibo—. Con la creación de la Capitanía, las provincias de Venezuela, Cumaná, Guayana, Maracaibo, Islas de Margarita y Trinidad quedaron bajo una sola autoridad militar, liderada por un Capitán General en Caracas.
Venezuela obtuvo su independencia de España en 1811, pero no fue hasta la disolución de la Gran Colombia en 1830, cuando se constituyó como un Estado independiente con sus propias fronteras, tomando el río Esequibo como su delimitación oriental, aunque su control efectivo sobre esta región fue breve y más nominal que real. Los desafíos de consolidar la independencia, junto con las guerras internas y externas, significaron que las nuevas autoridades venezolanas no pudieron extender su administración hasta áreas tan remotas como el Esequibo.
Sin embargo, en 1814 (Tratado de Londres) los neerlandeses cedieron a Gran Bretaña los derechos sobre de los territorios de Demerara, Berbice y Esequibo. Este pacto con los holandeses tuvo una peculiaridad clave en esta historia y es que no definía dónde estaba la frontera occidental del territorio. El cambio en el control colonial fue fundamental para el desarrollo de la disputa. Gran Bretaña comenzó a expandir su influencia en el territorio más allá del río Esequibo, hacia el oeste, hacia áreas que Venezuela consideraba suyas. Interesados en explotar los recursos naturales y asegurar rutas comerciales, incentivaron la exploración y el asentamiento en las áreas occidentales de la Guayana, lo que llevó a una mayor tensión con el país vecino.
A pesar de todo, tanto para la Gran Colombia, fundada en 1819, como posteriormente para la República de Venezuela, esa frontera con la Guayana británica sí estaba clara y la delimitaba naturalmente el curso del río Esequibo y durante un tiempo pareció que el Reino Unido así lo aceptó.
Rafael Badell, miembro de la ACPSC, sitúa el origen de la controversia en 1822, cuando se detectó por primera vez la presencia de colonos ingleses al oeste del río Esequibo, más allá de lo permitido por el Tratado de Londres de 1814 (Badell Madrid, s.f.).
Adicionalmente, el descubrimiento de oro en la Guayana venezolana despertó la ambición de los británicos y en 1840, el explorador y cartógrafo alemán Robert Schomburgk, al servicio de los británicos, delineó de manera arbitraria la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica, extendiendo el territorio británico en unos 30.000 km² lo que Venezuela no estaba dispuesta a aceptar. En total se confeccionaron cuatro mapas con distintas versiones con la firma de Schomburgk, curiosamente aún después de muerto el explorador (Soto Cardozo, 2023), Gran Bretaña utilizó la llamada Línea Schomburgk como base para su expansión imperialista y con el tiempo aún hubo otras líneas más al oeste. Alejo Fortique, ministro venezolano en Londres, encabezó las negociaciones en defensa de los derechos venezolanos en la Guayana Esequiba con el ministro de Relaciones Exteriores, Aberdeen, que desde el Foreign Office, propuso fijar el río Moroco como frontera, a condición de que Venezuela no cediera ese territorio a otra potencia (Consalvi, 1992). Con el tiempo se trazarán nuevas líneas hacia el oeste.
Ahora bien, en 1841 Venezuela denunció formalmente una incursión territorial por parte de sus vecinos y buscó el respaldo de Estados Unidos que comenzaba a perfilarse como una potencia emergente.
El Laudo Arbitral de París de 1899: Decisión y Controversia
En la década de 1890, la disputa territorial alcanzó un punto crítico. Frente a la amenaza británica de avanzar hacia el delta del Orinoco y la rica zona aurífera del Yuruari, Venezuela, debilitada por la pobreza, la despoblación y los conflictos internos, buscó apoyo en Estados Unidos, viendo en la Doctrina Monroe, América para los americanos, su única esperanza para mantener su integridad territorial.
En 1895 los norteamericanos terminaron implicándose en la disputa al recomendar que lo resolvieran con un arbitraje internacional. Londres no quiso enfrentarse a Estados Unidos y aceptó la propuesta sellada en el Tratado de Arbitraje de Washington de 1897, en el que los dos países se comprometían a aceptar como definitivo el fallo que emitiría un tribunal supuestamente imparcial de París.
Por consiguiente, Venezuela permitió que Estados Unidos representara sus intereses internacionales, con la US Navy como su principal fuerza disuasoria. Este cambio en la diplomacia venezolana, durante el Gobierno de Antonio Guzmán Blanco4, incluyó la concesión de derechos de explotación a compañías norteamericanas en zonas estratégicas.
Sin embargo, a largo plazo, esta estrategia tuvo resultados mixtos. Aunque Venezuela logró cierto respaldo estadounidense, evitando una pérdida territorial mayor, la disputa por el Esequibo culminó en uno de los mayores desastres en la historia venezolana (Straka y Mobilia, 2019), que realizó concesiones significativas a Gran Bretaña. A pesar de la intervención estadounidense, el desenlace fue desfavorable para Venezuela, aunque en un principio la política de concesiones ayudó a captar la atención y el apoyo del Gobierno y los empresarios norteamericanos, especialmente durante la presidencia de Cleveland5.
Venezuela pretendía reivindicar el territorio como propio, amparándose en el principio del uti possidetis iuris, una norma del derecho internacional que otorga a los Estados el derecho a administrar territorios que históricamente les han pertenecido. Este argumento se fundamentaba en la inclusión de dicho territorio bajo la soberanía de la Capitanía General de Venezuela en 1777. Sin embargo, la disputa se resolvió a favor de Gran Bretaña y se estableció la línea Schomburgk como la frontera entre ambos territorios, otorgándole la mayoría del territorio en disputa, incluyendo casi todo el Esequibo excepto un área cerca de la desembocadura del río Orinoco que se adjudicó a Venezuela y, aunque esta protestó, no tuvo más remedio que asumir el resultado.
Ahora bien, en 1949, el presunto descubrimiento de unos documentos que ponían en duda la imparcialidad e integridad del jurista ruso Friedrich Martens en el juicio, cuyo voto fue decisivo para la decisión final, llevó a Caracas a impugnar el fallo ante la ONU. Severo Mallet-Prevost6 daría a conocer estas irregularidades en un Memorando Póstumo, el cual fue redactado por su colega Otto Shoenrich y publicado en la revista jurídica American Journal of International Law, conforme a la voluntad de Mallet-Prevost de que se hiciera tras su fallecimiento.
En 1962 Venezuela comenzó a cuestionarse formalmente el laudo de 1899 y alegó que era nulo debido al supuesto pacto secreto entre Gran Bretaña y Rusia, que habría favorecido los intereses británicos.
Tres años más tarde, el Gobierno venezolano presentó un nuevo mapa geográfico oficial del país, en el cual se destacaba un área sombreada en la frontera este correspondiente al territorio de la Guayana Esequiba, identificada bajo la denominación de Zona en Reclamación, lo que provocó la consiguiente protesta británica.
El Acuerdo de Ginebra de 1966: Negociación y Mecanismos
En principio, El Reino Unido se negó a revisar la sentencia del Laudo, pero las circunstancias históricas lo llevaron a negociar. En 1966, Venezuela, en pleno auge de desarrollo y disfrutando de sus primeros años de democracia y el Reino Unido firmaron el Acuerdo de Ginebra que sigue vigente hoy. Este acuerdo estableció un marco para resolver la disputa territorial a través de mecanismos bilaterales y multilaterales. Aunque el acuerdo no logró una solución definitiva, permitió la formación de una comisión mixta encargada de buscar una solución práctica y mutuamente aceptable. Este acuerdo surgió justo cuando la independencia de Guyana estaba por llegar, lo que intensificó la urgencia del conflicto, ya que Venezuela buscaba reabrir la discusión sobre la soberanía del territorio antes de que Guyana se consolidara plenamente como Estado.
Incluso entre los mayores detractores del Convenio de Ginebra, se reconoce el mérito de Venezuela al quebrantar la invulnerabilidad jurídica del fallo arbitral de 1899 permitiendo la reapertura del caso (Orellana Yépez, 2001). Lo más significativo es que este acuerdo reflejaba el reconocimiento de que la decisión arbitral de París no había resuelto de forma definitiva la disputa territorial. Además, al ser firmado por Venezuela, el Reino Unido y Guyana, todos los firmantes, en teoría, aceptaban la invalidez del fallo anterior.
Sin embargo, cuando tres meses después Guyana se convirtió en una nación independiente, heredó las fronteras establecidas por Gran Bretaña, incluyendo la región del Esequibo, dejando el acuerdo en una situación incierta.
Venezuela rechaza el fallo de 1899 y reconoce como parte del nuevo Estado el territorio ubicado al este del río Esequibo, pero deja claro expresamente que se reserva sus derechos de soberanía sobre toda la zona situada al oeste de dicho río (Orellana Yépez, 2001), mientras que Guyana insiste en que el Laudo debe ser respetado. Desde la perspectiva del derecho internacional, esta situación resulta problemática, ya que implicaba reconocer la soberanía de un Estado que ejercía un control de facto sobre un territorio en disputa reclamado por otra nación.
El Acuerdo de Ginebra establece que, si no se llega a una solución negociada entre los dos países, habría que recurrir a uno de los medios de solución pacífica de controversias que recoge el Cap. VI de la Carta de Naciones Unidas7.
De igual modo, este Acuerdo introdujo la figura del «Buen Oficiante», un mediador designado por el Secretario General de la ONU para facilitar la resolución pacífica del conflicto. Aunque el acuerdo mantuvo la paz relativamente, no resolvió el conflicto en su totalidad. De hecho, en estos años Guyana concedió por primera vez derechos económicos sobre el Esequibo, lo que provocó el primer conflicto en torno a la soberanía del mar territorial de la zona en disputa (Brizeño Monzón, 2016).
Debido a estas circunstancias, en 1970 se firmó el Protocolo de Puerto España, entre Venezuela, Guyana y el Reino Unido en un contexto donde se quería evitar que la situación se convirtiera en un conflicto abierto y, conscientes de la presión internacional en plena Guerra Fría, decidieron optar por un enfoque que permitiera congelar temporalmente la disputa de los últimos doce años. Después de la expiración del Protocolo en 1982, la disputa territorial volvió a la agenda diplomática sin haber sido resuelta y en 1983, ambas partes consensuaron designar al Secretario General de la ONU como mediador en la búsqueda de una solución al conflicto. Algunos analistas, consideran que los Gobiernos de Chávez y después el de Maduro, llevaron a la República Bolivariana a uno de los peores escenarios posibles en cuanto a la disputa territorial (Garavini di Turno, 2023).
El mandato de Chávez podría interpretarse como un verdadero punto de inflexión ya que baja el tono del litigio. Con Maduro ocupando el cargo de canciller, la influencia de Fidel Castro —quien siempre apoyó a Guyana— y el deseo de asegurar los votos de los países caribeños en la OEA8 y la ONU levaron a que la reclamación venezolana quedara prácticamente abandonada.
En 2004, la posición oficial del Estado venezolano experimentó un giro significativo tras la visita del presidente Hugo Chávez a Georgetown, capital de Guyana. Este encuentro inauguró una nueva etapa en las relaciones entre ambos estados, ya que, a partir de entonces, el Gobierno venezolano adoptó una postura más permisiva y tolerante respecto a las concesiones en el Territorio Esequibo. Chávez sorprendió al declarar que Venezuela no se oponía a que Guyana otorgara concesiones y contratos a compañías transnacionales en el Esequibo, siempre que favorecieran el desarrollo de la región (Gómez Herrera, 2004).
Esta decisión deterioró el trabajo que la diplomacia venezolana había venido desarrollando desde hacía casi 40 años, al entregar, sin obtener nada a cambio, una de sus pocas cartas de negociación (Garavini di Turno, 2023). Para agravar la situación, en 2007, el presidente venezolano afirmó que la reactivación de la reclamación venezolana sobre el Esequibo en 1962 había sido impulsada por la presión de Estados Unidos, que supuestamente buscaba desestabilizar el Gobierno de izquierda, autónomo, pero aún dependiente de Gran Bretaña, liderado por el Primer Ministro de la entonces Guayana Británica, Cheddi Jagan (Gariviani di Turno, 2015).
Situación actual
Guyana mueve ficha: el conflicto territorial llega a la Corte Internacional de Justicia
En las últimas décadas, el interés en la Guyana Esequiba ha aumentado debido al hallazgo de importantes yacimientos de petróleo y otros recursos naturales.
En realidad, no se habían generado tensiones significativas entre ambos Estados antes de 2015, cuando la empresa estadounidense ExxonMobil anunció el descubrimiento de importantes yacimientos de hidrocarburos en el bloque «Stabroek» frente a las costas de Guyana. La compañía encontró un equivalente a 11.000 millones de barriles de petróleo y gas en alta mar, a menos de 190 kilómetros de la costa (Osorio Idárraga, 2023b).
Este descubrimiento llevó a Venezuela a endurecer su postura, con el consiguiente aumento de las tensiones, ya que denunció las actividades de ExxonMobil como una violación de su soberanía.
Después de décadas de negociaciones fallidas, Guyana decidió presentar el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), solicitando una resolución sobre la validez del laudo arbitral de 1899 y ExxonMobil anunció que cubriría los costos de defensa, estimados en unos quince millones de dólares (Oil News, 2018). Esta podría ser la primera vez en la historia que un Estado reconoce oficialmente en La Haya recibir fondos de una empresa privada para financiar este tipo de gastos.
De las cuestiones a resolver, la única conclusión adoptada por unanimidad tanto por los quince jueces titulares, como por la jueza ad hoc designada por Guyana, Hilary Charlesworth (Australia), fue que la CIJ solo tiene competencia para examinar hechos ocurridos antes de 1966 y no los posteriores, como argumentaba de manera especulativa Guyana. La CIJ ha continuado con la causa y en diciembre de 2020 se declaró competente para juzgar la validez del laudo arbitral de 18999.
Por su parte, Venezuela decidió desde el principio no participar en el procedimiento, oponiéndose de manera firme a la acción unilateral de Guyana y cuestionando la competencia de la CIJ para tratar esta demanda —petición que fue declinada—, argumentando que el caso debe resolverse mediante negociaciones bilaterales, como lo estipulaba el Acuerdo de Ginebra de 1966, rechazando de inmediato la sentencia.
En relación con este avance en el conflicto, se ha sostenido que ese era el momento oportuno para presentarse ante la CIJ y defender los derechos reclamados (Romero, 2021). Una vez que la Corte se declarara competente para examinar los fundamentos de la demanda, Venezuela tendría que estar preparada para enfrentar y responder a los movimientos que se derivarían de dicho proceso.
Aunque también debemos señalar que al designar un juez ad hoc y presentar un recurso de inadmisibilidad contra la demanda interpuesta por Guyana, Venezuela efectivamente aceptó participar en el proceso judicial. No obstante, tras el rechazo de dicho recurso por parte de la CIJ, ha cobrado fuerza un sector del Gobierno venezolano que aboga por adoptar una narrativa ideológica de corte antiimperialista, acusando tanto al Gobierno de Guyana como a la CIJ de ser meros instrumentos de la Compañía Exxon. Curiosamente, esta postura ignora que entre los socios de Exxon en Guyana se encuentran la petrolera estatal china (CNOOC) y CHEVRON, que también opera en Venezuela.
En diciembre de 2020, el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, declaró que el tratado de 1966 excluye la vía judicial que la CIJ intenta aplicar, argumentando que este enfoque no garantizaría el arreglo práctico y satisfactorio que el acuerdo exige para ambas partes. A pesar de ello, la posición de Guyana sigue firme en respetar la resolución del laudo arbitral de 1899.
Cabe recordar que la Corte, con o sin la participación de Venezuela, continúa con el proceso y, en unos años, emitirá una sentencia de cumplimiento obligatorio e inapelable, estableciendo marzo de 2022 como la fecha límite para que las partes presentasen sus memorias.
Caracas y Georgetown nunca han llegado a ponerse de acuerdo sobre el trazado de la frontera. En enero de 2021, Nicolás Maduro lanzó una serie de medidas entre las que destaca la emisión del Decreto N.º 4.415, para proteger la región del Esequibo mediante la creación del territorio para el desarrollo de la Fachada Atlántica, que reclamaba derechos exclusivos sobre las aguas y el lecho marino que se extienden doscientas millas náuticas frente al delta del Orinoco (Venezuela, 2021). Esta medida fue calificada por Guyana como sumamente preocupante y el país denunció un incremento en la presencia militar venezolana en la zona.
Se podría considerar este decreto como uno de los más provocadores de las medidas venezolanas, dada la gran cantidad de aguas guyanesas que reclama y las reservas de petróleo que ya se sabía que existen allí, por lo que el Gobierno de Maduro intensifica su intimidación en este espacio marítimo potencialmente lucrativo.
En el marco de esta defensa impulsada por el Gobierno bolivariano, ese mismo mes, la Armada de Venezuela detuvo dos barcos pesqueros guyaneses que, según Caracas, se encontraban en aguas bajo su plena soberanía. Guyana, por su parte, sostenía que ambas embarcaciones operaban dentro de su jurisdicción, mientras que el buque venezolano realizó maniobras ilegales en su Zona Económica Exclusiva (Díaz, 2021). En respuesta a la condena de Guyana y otras entidades, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea, la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Organización de Estados Americanos (OEA), los pescadores y las embarcaciones fueron liberados posteriormente, el 3 de febrero (Lloyd Griffith, 2021).
Un mes después, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela acusó a Estados Unidos de intentar desintegrar el territorio venezolano mediante sus empresas transnacionales, a las cuales, según afirman, se les encomienda la tarea de llevar a cabo acciones de neocolonialismo, infiltración y penetración en el país (Sedano, 2021).
A pesar de todo, el 7 de junio de 2022, Venezuela opuso excepciones preliminares sobre la admisibilidad de la solicitud de Guyana ante la Corte de La Haya, siendo el argumento central que el Reino Unido e Irlanda del Norte es un tercero indispensable que debe estar involucrado en el proceso ya que forma parte del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.
La Corte fijó como fecha límite el 7 de octubre de ese mismo año 2022 para que Guyana presentara sus observaciones y argumentos sobre dichas excepciones preliminares por escrito. Posteriormente, del 17 al 22 de noviembre se celebraron audiencias públicas sobre las excepciones planteadas por Venezuela. Finalmente, el 6 de abril de 2023, la CIJ rechazó de forma casi unánime la solicitud de Venezuela de excluir al Reino Unido e Irlanda como tercera parte en el litigio. El fallo fue desfavorable para Venezuela con catorce votos en contra y solo uno a favor. La excepción preliminar de Maduro fue vista como una maniobra legal destinada a responder de manera tardía para retrasar o entorpecer el proceso ante la Corte.
Colisión inevitable: la lucha por los recursos
En la actualidad lo que reaviva esta situación tan peligrosa en la región es que Guyana ha otorgado permisos para que ExxonMobile y otras petroleras internacionales, puedan obtener recursos energéticos, petróleo y otros minerales en esta zona del Esequibo. Esto ha generado la reacción inmediata de Venezuela debido a que todavía no existe una conclusión de la CIJ sobre este territorio.
Sin tener en cuenta estas circunstancias, Maduro ya modificó el mapa de Venezuela incluyendo la zona del Esequibo, aunque la cuestión cartográfica y geográfica desde que empezó este litigio la ha marcado como una zona de reclamación, con unas franjas, lo cual reconoce que ha peleado históricamente por esta zona.
También está la otra parte, Guyana. A pesar del crecimiento macroeconómico significativo —un 62% en 2022 y un 37% proyectado para 2023 según el FMI—, las infraestructuras siguen en etapas iniciales, con algunos avances en viviendas y puentes. Sin embargo, gran parte de la población continúa en la pobreza (48%) y queda por ver si los ingresos derivados del petróleo mejorarán su calidad de vida, como asegura el Gobierno, que afirma estar ahorrando para el futuro (Prazeres, 2024).
El conflicto experimentó un cambio significativo el 3 de diciembre de 2023, cuando Venezuela decidió convocar un referéndum no vinculante sobre la controversia del Esequibo que fue aprobado por más del 95% de los votantes. La consulta había sido autorizada el mes anterior por el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que fue rechazado de inmediato por la vecina Guyana.
De las cinco preguntas que se presentaron al electorado, la primera, si rechazan el Laudo Arbitral de París de 1899, obviando el proceso de la CIJ, con una clara intención de utilizar la probable respuesta afirmativa como excusa para abandonar el proceso iniciado en la Corte, que Venezuela ya ha aceptado.
La segunda mide el apoyo al Acuerdo de Ginebra de 1966, considerado «el único instrumento jurídico válido» para alcanzar «una solución práctica y satisfactoria» al conflicto.
Pero es la última pregunta, sin duda, la más controvertida por abordar abiertamente la idea de una anexión, se plantea la creación de una nueva región venezolana en el territorio en disputa, integrándolo al mapa de Venezuela. Además, se sugiere la implementación de un plan acelerado para otorgar la ciudadanía y la cédula de identidad venezolana a los habitantes del Esequibo.
Esta pregunta es completamente irreal y ha servido de base para que Guyana y los países de la CARICOM10 acusen a Venezuela ante la comunidad internacional de tener intenciones de ocupar militarmente la región. Al igual que la OEA, que denunció las tácticas intimidatorias del presidente venezolano. Su irrealidad radica, entre otras razones, en que resulta disparatado suponer que los habitantes del Esequibo estarían interesados en adquirir la ciudadanía de un país sumido en una profunda crisis socioeconómica, del cual han emigrado en los últimos años más de ocho millones de personas, incluidas 35.000 hacia la propia Guyana (Garavini di Turno, 2023).
El sí ganó de una manera aplastante a las cinco preguntas, lo que implica que los venezolanos rechazaron la jurisdicción de la Corte Internacional. Cabe decir que el Esequibo une realmente a la población venezolana como ningún otro tema.
El referéndum pareció, más que una consulta, una maniobra de distracción ante la opinión pública frente a los continuos fracasos socioeconómicos del Gobierno, especialmente de cara las elecciones del pasado mes de julio 2024, utilizando el nacionalismo como bandera. Y aunque se haya especulado que las cifras de participación en el referéndum podrían haber sido infladas, son pocos los que cuestionan que una abrumadora mayoría de venezolanos apoya firmemente la recuperación del Esequibo. Aunque del mismo modo, en Guyana, la disputa también es una cuestión de orgullo nacional y de gran relevancia debido a las expectativas generadas por la explotación de los recursos naturales en la región.
Nicolás Maduro, anunció dos días después del referéndum la promulgación de una ley orgánica para la creación del estado de Guayana Esequiba, junto con la formación de una división militar específica para gestionar el territorio en disputa (France 24, 2023). A medida que han aumentado los desafíos internos a su régimen, ha reforzado y ampliado su capacidad militar en la frontera con el Esequibo.
Aunque no mencionó la realización de incursiones, detalló la creación de la Zona de Defensa Integral (ZODI) Guayana Esequiba, la cual estará compuesta por tres áreas de desarrollo y será dependiente tanto militar como administrativamente de la Región de Defensa Integral (REDI) Guayana. La nueva ZODI, una especie de división militar territorial, tendrá su sede provisional en Tumeremo, una localidad minera ubicada en el estado Bolívar, cerca de la frontera con Brasil y del área en disputa (Bravo, 2023).
Igualmente, el presidente venezolano aprobó la creación de filiales de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para operar en el Esequibo, a las cuales ha instruido otorgar licencias para la exploración y explotación de petróleo, gas y minerales, según un comunicado oficial del Gobierno (BBC News Mundo, 2023).
Por su parte Guyana reforzó la seguridad de sus fronteras y afirmó que los planes de Venezuela son una amenaza para su territorio y para la paz mundial y advirtió que sus fuerzas militares estaban en alerta máxima. En este mismo sentido, Estados Unidos dio a conocer sus planes de realizar operaciones de vuelo, por parte del Comando Sur (SOUTHCOM), en territorio guyanés en colaboración con las Fuerzas de Defensa de Guyana. Justo antes del referéndum, altos mandos de la 1.ª Brigada de Asistencia a las Fuerzas de Seguridad del ejército estadounidense ya visitaron Guyana para realizar sesiones de planificación estratégica. El objetivo fue fortalecer las capacidades y la preparación militar de ambos países frente a posibles amenazas a la seguridad (Berg y Hernandez-Roy, 2023).
Al mismo tiempo, el ejército de Brasil confirmó que iba a enviar tropas y vehículos blindados al norte del país, es decir, a la zona fronteriza con Venezuela y Guyana (EFE, 2023).
Esta coyuntura nos lleva a plantearnos cuáles son las posibilidades reales de un conflicto armado entre Venezuela y Guyana. Sería difícil ya que las fuerzas armadas venezolanas están muy debilitadas; la anexión que pretende Venezuela implicaría una acción militar, aunque sí se podría producir alguna actuación en la frontera. Pero es cierto que, en cuanto al equilibrio militar, Venezuela mantiene una visible superioridad sobre Guyana. Según datos del Banco Mundial, Caracas aumentó en 2022 su gasto militar a un 0,65% del PIB cuando este índice en 2021 fue del 0,31%11. Este crecimiento podría reflejar las prioridades del Gobierno venezolano en fortalecer su capacidad defensiva en este contexto de tensión regional, aunque siga siendo relativamente bajo en comparación con otros países.
Es importante recordar que Guyana es miembro de la Commonwealth, lo que le podría asegurar el respaldo tanto del Reino Unido como de otras naciones anglófonas del Caribe, desempeñando un papel clave en la defensa de sus intereses.
Bajo estas circunstancias, los líderes de Guyana y Venezuela prometieron en una tensa reunión celebrada el 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas —Acuerdo de Argyle—, que ninguna de las partes usaría amenazas o fuerza contra la otra, pero no lograron llegar a un acuerdo sobre cómo abordar la disputa.
La estrategia del Gobierno venezolano combina el diálogo diplomático, simbolizado por el Acuerdo de Argyle, con la presión militar latente, una táctica que el académico Thomas Schelling denominó compellence, en su aplicación de la teoría de juegos a los conflictos internacionales. El objetivo es forzar a Guyana a reabrir las negociaciones bilaterales sobre el Esequibo, además de desviar la atención del éxito de la campaña de María Corina Machado en ese momento y el fracaso socioeconómico del régimen, en vista de las elecciones de 2024 (Berg et al., 2024). No obstante, Guyana sostiene que la controversia será resuelta exclusivamente por la Corte Internacional de Justicia, rechazando cualquier otro mecanismo hasta la decisión final del tribunal.
En cualquier caso, la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba fue aprobada en marzo de este año por el Parlamento venezolano y promulgada con el propósito de proporcionar un respaldo legal a los planes de Caracas de reclamar la zona en disputa. La ley establece que «mientras se resuelve la situación interna de la entidad», el jefe de Estado de Venezuela elegirá al gobernador y la Asamblea Nacional asumirá las funciones legislativas del territorio. Evidentemente, para Guyana la normativa contradice la letra y el espíritu de la Declaración Conjunta de Argyle para el Diálogo y la Paz entre Guyana y Venezuela.
El artículo 25 de la ley establece que cualquier candidato a cargos de elección popular que haya respaldado la posición de Guyana podrá ser descalificado para postularse de cara a las elecciones que se celebraron en julio. Esto introduce un nuevo mecanismo que permite a Maduro y al chavismo en el poder eliminar a potenciales adversarios, también, de cara a los próximos procesos electorales de 2025 y 2026, donde se renovarán diputados, gobernadores y alcaldes (Singer, 2024).
El 8 de abril, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, encabezó una delegación para presentar la llamada contra-memoria del país ante la CIJ, al tiempo que Caracas sigue sin reconocer a esta instancia, ni ningún fallo futuro sobre la controversia fronteriza con Guyana. Aun así, se han asegurado seguir participando en el proceso y no perder el juicio por haber renunciado a ello.
Por último, las dos naciones en disputa participaron en una reunión virtual convocada por el presidente de la CIJ, Nawaf Salam, con el objetivo de discutir los próximos pasos del proceso judicial que examina la soberanía del territorio en litigio.
A pesar de asistir al encuentro, el Gobierno venezolano dejó claro que su presencia no implica un reconocimiento de la jurisdicción de la CIJ y sigue con sus mismos argumentos (Infobae, 2024) y, por su parte, Guyana confía en que la CIJ confirmará su soberanía sobre el Esequibo. Este diálogo marca un paso clave en el proceso, aunque la resolución definitiva sigue siendo incierta, dado las divergentes posturas de ambas partes.
Es importante recordar que, tras la decisión sobre el Laudo Arbitral de 1899 y la definición de la frontera terrestre, es muy probable que la CIJ también deba intervenir en la delimitación de las áreas marinas y submarinas (Treves, 2020), cientos de miles de kilómetros cuadrados correspondientes a la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental proyectada desde el territorio venezolano del Delta del Orinoco, ya que Guyana ha otorgado de manera arbitraria concesiones a multinacionales en áreas marinas y submarinas que no solo abarcan el territorio en disputa del Esequibo, sino también parte del estado venezolano de Delta Amacuro, lo que agrava aún más las tensiones en torno a este conflicto.
Papel de los actores externos
La disputa del Esequibo no solo afecta a Venezuela y Guyana, tiene implicaciones significativas para la estabilidad y las relaciones en todo el continente americano y la comunidad internacional, especialmente en lo que respecta a la exploración y explotación de recursos energéticos en la zona.
Organizaciones como la Comunidad del Caribe (CARICOM), o países como Estados Unidos han expresado su apoyo a Guyana, mientras que Venezuela ha buscado apoyo en otros foros internacionales, pero no sería incierto afirmar que Guyana se ha fortalecido con estos respaldos mientras que la República Bolivariana ha quedado más aislada.
Washington, a pesar de cierto distanciamiento inicial sobre el problema, pero sin perder de vista una resolución a través de la CIJ, adoptó una posición más favorable a los intereses guyaneses cuando Maduro celebró el referéndum y dada la notable intervención de multinacionales estadounidenses, entre ellas ExxonMobil, en las licitaciones petroleras de Guyana.
Más de dos décadas de chavismo en el poder en Venezuela han provocado una alteración de los ajustes geopolíticos de Estados Unidos en el hemisferio. Al distanciarse del gigante del norte, tanto Chávez como Maduro han optado por enfocar sus esfuerzos en fortalecer relaciones con rivales estratégicos de Washington, como Cuba, Rusia, China e Irán, entre otros, en los ámbitos militar, político y energético.
En esta coyuntura, a priori, se entendería que exista una mayor predisposición por parte de Washington a la hora de responder a los intereses guyaneses. Pero, a su vez, Estados Unidos también tiene intereses en Venezuela, especialmente en el sector energético, sobre todo desde la guerra en Ucrania, que fue aprovechada por Maduro para implementar la apertura del mercado petrolero, permitiendo que multinacionales estadounidenses como ExxonMobil y Chevron Texaco se beneficien de las licitaciones.
En caso de Cuba, ha sido un aliado estratégico de Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez al poder, pero ha mantenido también estrechas relaciones con Guyana desde que ambos países establecieron vínculos diplomáticos en 1972. Estas relaciones alcanzaron una notable intensidad, en gran parte debido al modelo de socialismo cooperativo que Guyana implementó entre 1964 y 1992. En el ámbito internacional, Guyana ha respaldado a Cuba en su condena al embargo estadounidense y ambas naciones han compartido posturas en foros como el Movimiento de los No Alineados (Voz América, 2024).
Aunque Cuba ha reconocido las históricas reivindicaciones venezolanas sobre el Esequibo, La Habana ha intentado mantener un delicado equilibrio en el marco de organizaciones como CARICOM y la OEA. Sin embargo, varios factores actuales podrían forzar a Cuba a revisar su posición respecto a este tema.
La escasez energética que enfrenta la isla, sumada a las dificultades en el suministro de petróleo venezolano, coloca a Cuba en una situación vulnerable. Este escenario se ve exacerbado por la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Además, los yacimientos en Guyana a través de licitaciones internacionales pueden modificar los equilibrios regionales y obligar a Cuba a adoptar una postura más cercana a los intereses guyaneses en este conflicto.
En el actual contexto de incremento del precio del crudo, debido a las guerras en Ucrania y Gaza, pudiera ser que tanto Cuba como otros países dependientes del petróleo venezolano comiencen a prestar mayor atención a las oportunidades energéticas que ofrece el esquema de licitaciones de Guyana.
Brasil, de hecho, reforzó su frontera norte debido a las tensiones entre ambos países, una escalada regional ante una eventual anexión tendría un efecto importante en el país carioca, ya que comparte frontera tanto con Venezuela como con Guyana. La actuación de Brasil podríamos calificarla de bastante inteligente ya que el presidente Lula Da Silva tiene un buen acercamiento tanto con el presidente de Guyana como con el de Venezuela y ha ofrecido su país como anfitrión para crear diálogo entre ambas partes.
Y es que los intereses del mandatario brasileño se ven claramente afectados en esta controversia, ya que su esfuerzo por reactivar los mecanismos de integración regional, que dependen en gran medida de la percepción de la región como una zona de paz, se debilita. Además, esto complica su proyección internacional, ya que su liderazgo global ha estado vinculado en buena parte a su imagen como un líder capaz de mantener la estabilidad en su entorno regional, en un momento en el que Brasil tiene un ambicioso proyecto como miembro de los BRICS12 y portavoz del sur global, donde preferiría no verse tan involucrado en conflictos regionales.
Rusia, aunque con un rol menos visible en la disputa del Esequibo, mantiene una estrecha relación con Venezuela en los ámbitos diplomático, geopolítico y energético. Aunque Moscú ha adoptado una postura oficial que promueve la resolución del conflicto a través de instancias internacionales, ha evitado involucrarse en una escalada militar. El referéndum impulsado por Maduro recuerda los precedentes rusos en Crimea y Donbás, con métodos similares, pero sin intervención militar directa. Además, Rusia podría tener intereses estratégicos en Guyana, presionando para que sus empresas energéticas como Gazprom o Rosneft accedan a los ricos recursos del Esequibo.
El Kremlin podría, a su vez, estar evaluando sus propios intereses estratégicos en relación con Guyana, buscando influir en Georgetown para facilitar la entrada de sus corporaciones energéticas (Gazprom, LUKoil, Rosneft) en el prometedor mercado que emerge en la plataforma marina y submarina del Esequibo (Mansilla Blanco, 2024).
En cuanto a China, se perfila como un actor fundamental, cuya postura ambigua genera dudas sobre el verdadero rol que desempeña en el panorama geopolítico de la región.
Por un lado, se ha consolidado como el principal respaldo económico y militar del régimen de Maduro en Venezuela. La venta de armamento avanzado y la asistencia en tecnología de vigilancia digital han sido cruciales para la permanencia del chavismo en el poder. Asimismo, Pekín ha servido de salvavidas financiero para Caracas, adquiriendo millones de barriles de petróleo venezolano pese a las sanciones internacionales. No obstante, por otro lado, China también invierte significativamente en Guyana, participando en proyectos clave de infraestructura, turismo y, de manera decisiva, en la explotación petrolera offshore. Esta dualidad en las acciones chinas refleja una estrategia de ambigüedad deliberada (Escenario Mundial, 2024).
Conclusiones y prospectiva
La disputa territorial entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo sigue sin vislumbrar una solución cercana debido a las posturas rígidas que ambas naciones mantienen. Venezuela, profundamente arraigada en su reclamo histórico, ha señalado continuamente en sus mapas el Esequibo como parte de su territorio, mientras que Guyana se mantiene firme en su defensa, respaldada por el Laudo Arbitral de 1899 y la intervención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Este conflicto, que se remonta a la era colonial, se ha intensificado en las últimas décadas debido al descubrimiento de importantes recursos naturales en la región, como el petróleo, lo que ha añadido una capa de complejidad geopolítica y económica.
La intervención de la CIJ representa un paso hacia la resolución legal del conflicto, pero la situación es sumamente incierta. Venezuela, debilitada por su crisis política y económica interna, ha sostenido su rechazo a la jurisdicción de la corte, insistiendo en que la controversia se debe resolver mediante negociaciones bilaterales, como lo estipula el Acuerdo de Ginebra de 1966. Sin embargo, Guyana se ha apoyado en la CIJ para validar su soberanía sobre el Esequibo, generando tensiones diplomáticas que complican cualquier posibilidad de un acuerdo directo.
El papel de la comunidad internacional también será crucial en este proceso, ya que la disputa involucra no solo cuestiones de soberanía, sino también el control y explotación de recursos naturales que son clave para ambas economías. La explotación de petróleo en áreas marinas y submarinas, concesionadas por Guyana a compañías extranjeras, añade presión a las ya tensas relaciones entre los dos países.
Tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 en Venezuela, donde el Gobierno de Maduro buscó consolidar su poder a toda costa, la situación política interna sigue siendo precaria, lo que podría influir en la manera en que Caracas maneje la disputa en el futuro. Con un país sumido en una crisis económica y social, este conflicto se convierte en un tema delicado para el Gobierno, que busca mantener un discurso de soberanía territorial frente a la comunidad internacional, pero con limitaciones claras para enfrentar el caso de manera efectiva.
En definitiva, la resolución de la disputa por el Esequibo requerirá un enfoque diplomático y legal delicado, que respete el derecho internacional y las posiciones de ambas partes. A pesar de la intervención de la CIJ, el proceso será prolongado y complejo y la estabilidad en la región dependerá tanto de la voluntad política de Venezuela y Guyana como de la capacidad de ambos países para encontrar una solución pacífica y duradera que respete los derechos y aspiraciones de sus ciudadanos. Mientras tanto, los pobladores de la región siguen viviendo en medio de un limbo geopolítico, enfrentando las dificultades propias de un territorio en disputa y aguardando una solución pacífica que les brinde estabilidad y protección.
Solo a través de un diálogo sincero, basado en el respeto mutuo y la justicia, se puede trascender el conflicto y transformar la disputa en una oportunidad para el entendimiento y la cooperación.
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Anexo
| Fecha | Acontecimientos |
| 1825 | Gran Bretaña reconoce que el río Esequibo delimita frontera entre la República de Colombia (La Gran Colombia) y la Guyana Británica. |
| 1835 | El naturalista prusiano Robert H. Schomburgk hace su primera expedición a la Guayana Británica y marca su primera línea fronteriza con la joven República de Venezuela, ocupando 4.920 km2. |
| 1839 | Segunda línea Schomburgk: ocupación británica sobre territorio venezolano extendida por 142.000 km2. |
| 1850 | Venezuela y Gran Bretaña llegan a un acuerdo para que ninguna ocupe el territorio en disputa. |
| 1887 | Gran Bretaña publica el mapa de Hebert (1842) donde se plasman la tercera y cuarta líneas Schomburgk, (pretensión británica de ocupar entre 167.830 y 203.830 km2 al occidente del río Esequibo). Venezuela rompe relaciones con Gran Bretaña. |
| 1897 | Se firma el Tratado de Arbitraje entre Venezuela y Gran Bretaña para definir su línea fronteriza. Estados Unidos interviene como mediador en representación de Venezuela. |
| 1899 | El 3 de octubre se firma el Laudo Arbitral de París, en el que se determina una línea fronteriza que otorga a Gran Bretaña 159.500 km2 del territorio que pertenecía a la antigua Capitanía General de Venezuela. |
| 1903 | Venezuela denuncia ante la Corte Internacional de La Haya el Laudo de París como injusto. |
| 1949 | Publicación del Memorándum de Severo Mallet-Prevost, uno de los abogados que participó en el arbitraje que sentenció el Laudo de Paris. |
| 1966 | El 17 de febrero se firma el Acuerdo de Ginebra. |
| 1970 | El 18 de junio representantes de Venezuela y de la ahora independiente República de Guyana firman el Protocolo de Puerto España, que no fue reconocido legislativamente por el Congreso de Venezuela. |
| 1986 | Venezuela y Guyana aceptan la figura del Buen Oficiante como mecanismo de mediación para hallar una solución pacífica a la disputa sobre el Esequibo. |
| 2018 | El 29 de marzo Guyana introdujo una demanda ante la CIJ contra Venezuela, exigiendo que se reconozca la delimitación de fronteras establecida en el Laudo de París. |
| 2020 | El 18 de diciembre la CIJ emitió un fallo en el que declara que tiene competencia sobre la demanda introducida por Guyana contra Venezuela. |
| 2021 | El 26 de febrero se realiza la primera audiencia en la CIJ sobre la demanda de Guyana contra Venezuela. |
| 2022 | El 17 de noviembre Venezuela presentó ante la CIJ en La Haya sus objeciones preliminares por la demanda de Guyana. |
| 2023 | El Gobierno de Maduro convoca un referéndum no vinculante sobre la controversia del Esequibo. |
| 2024 | La Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba fue aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela el 21 de marzo. El 8 de abril, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, encabezó una delegación para presentar la llamada contra-memoria del país ante la CIJ. |
En las tablas adjuntas a continuación, datos de 3 de julio 2024 salvo expresión contraria. Fuente CIA, The World factbook.
| Extensión | 912.050 kilómetros cuadrados |
| PIB en miles de millones de dólares | 269,68 mil millones (2018 est.) |
| Estructura PIB | Agricultura: 4,7% (2017 est.) |
| Industria: 40,4% (2017 est.) | |
| Servicios: 54,9% (2017 est.) | |
| PIB per cápita | 7.704 (2018 est.) |
| Tasa de crecimiento PIB | 19,67% (2018 est.) |
| Relaciones comerciales en miles de millones de dólares | Exportaciones: 83.401 millones (2018 est.) |
| Importaciones: 18.432 millones (2018 est.) | |
| Población | 31.250.306 |
| Estructura de edad | 0-14: 25% |
| 15-64: 65,9% | |
| Más de 65: 9,1% (2024 est.) | |
| Tasa de crecimiento de la población | 2,34% (2024 est.) |
| Religiones | Católico romano: 48,1%, protestante: 31,6% (evangélico: 31,4%, adventista: 0,2%), testigo de Jehová: 1,4%, afroamericano/umbanda: 0,7%, otros: 0,1%, creyentes: 3,5%, agnósticos: 0,1%, ateos: 0,4%, ninguno: 13,6%, no especificado: 0,6% (2023 est.) |
| Tasa de alfabetización de la población (Mayores de 15 años saben leer y escribir) | 97,5% |
| Población bajo el umbral de la pobreza | 33,1% (2015 est.) |
| Índice GINI | 39 (2011 est.) |
| Gasto militar. % del PIB | 5,2% del PIB (2019 est.) |
| Extensión | 214.969 kilómetros cuadrados |
| PIB en miles de millones de dólares | 40.539 millones (2023 est.) |
| Estructura PIB | Agricultura: 15,4% (2017 est.) |
| Industria: 15,3% (2017 est.) | |
| Servicios: 69,3% (2017 est.) | |
| PIB per cápita | 49.800 (2023 est.) |
| Tasa de crecimiento PIB | 33,02% (2023 est.) |
| Relaciones comerciales en miles de millones de dólares | Exportaciones: 11.536 millones (2022 est.) |
| Importaciones: 7.067 millones (2022 est.) | |
| Población | 794.099 |
| Estructura de edad | 0-14: 23,5% |
| 15-64: 68,4% | |
| Más de 65: 8,1% (2024 est.) | |
| Tasa de crecimiento de la población | 0,32% (2024 est.) |
| Grupos étnicos: | Indios Orientales: 39,8%, Afrodescendientes: 29,3%, Mestizos: 19,9%, Indígenas: 10,5%, Otros: 0,5% (incluye portugueses, chinos, blancos) (2012 est.) |
| Religiones | Protestantes: 34,8% (pentecostales: 22,8%, Adventistas del Séptimo Día: 5,4%, anglicanos: 5,2%, metodistas: 1,4%), hindúes: 24,8%, otros cristianos: 20,8%, católicos romanos: 7,1%, musulmanes: 6,8%, testigos de Jehová: 1,3%, rastafaris: 0,5%, otros: 0,9%, ninguno: 3,1% (2012 est.) |
| Tasa de alfabetización de la población (Mayores de 15 años saben leer y escribir) | 88,8% |
| Población bajo el umbral de la pobreza | 35% (2006 est.) |
| Índice GINI | 44,6 (2007 est.) |
| Gasto militar. % del PIB | 0,6% del PIB (2023 est.) |
Rocío de los Reyes Ramírez
Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos
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