IEEE. El conflicto en Cabo Delgado, Mozambique: yihad, marginación y gas

Introducción

En la última década, África subsahariana se ha convertido en un espacio fértil para el avance de la actividad yihadista global que actúa con el objetivo primero, pero no único, de imponer el rigorismo salafista. El africanista español (y actual embajador del Reino de España en Sudáfrica), Raimundo Robredo explica que muchos de los conflictos del continente tienen su origen en la exclusión de un determinado grupo étnico de la riqueza o el poder que se extrae de la región en la que viven. La guerra de Biafra en Nigeria, entre 1967 y 1970, ya fue un conflicto de este tipo, en el que los igbos querían la independencia para poder beneficiarse del petróleo de su subsuelo.

Vemos el mismo patrón en el conflicto del este de República Democrática del Congo, tan rico en minerales como lejano de la capital Kinshasa. Y se repite también en el conflicto que nos ocupa, Cabo Delgado, al norte de Mozambique. En esta provincia se han descubierto importantes reservas de gas natural cuya explotación se controla desde la distante capital del país, Maputo. Cuando la abundancia de recursos y la distancia a la capital se combinan además con divisiones étnicas o religiosas el conflicto está servido. Este esquema suele propiciar otra característica común a muchos de los conflictos en África. Casi todos son conflictos de baja intensidad en los que un grupo insurgente utiliza técnicas de guerra asimétrica que hacen relativamente ineficaz la respuesta puramente militar. Ésta necesita combinarse con elementos políticos, económicos y sociales para tener impacto, lo cual a su vez exige unas instituciones sólidas y capaces que, sencillamente, no existen en muchos de los casos (Robredo Rubio, 2024).

Joseph Hanlon, destacado especialista en Mozambique, defiende que las raíces del conflicto de Cabo Delgado son una compleja mezcla de historia, etnia y religión, que se ha visto alimentada por la pobreza, la creciente desigualdad y la «maldición de los recursos» (Ewi et al., 2024).

Ahlu Sunna Wal Jama’a: yihadismo en Cabo Delgado. Situación actual del conflicto

La causa más patente o visible del conflicto en Cabo Delgado tiene como protagonista al terrorismo yihadista y, concretamente, al grupo conocido localmente como Ahlu Sunna Wal Jama’a (ASWJ)¹. ASWJ surgió en 2007 en Cabo Delgado, la provincia más septentrional del país. Se trataba de una escisión de jóvenes predicadores y estudiantes salafistas descontentos con las autoridades del Consejo Islámico de Mozambique, institución religiosa oficial reconocida por el Gobierno mozambiqueño. Al menos en sus comienzos no era un grupo armado, sino una comunidad musulmana heterodoxa marginada. Poco a poco se fue consolidando, sobre todo en Mocímboa da Praia y Macomia y consiguió sumar adeptos provenientes de las capas sociales más desfavorecidas de Cabo Delgado.

Con el tiempo su objetivo pasó a ser la implantación de la sharia en las áreas bajo su control. El discurso fue calando con éxito entre los pescadores pobres de la etnia mwani y entre los mineros de Montepuez, que habían sido expulsados de las minas de rubíes. Estos hombres, con escasas oportunidades y agraviados por la expropiación de las minas, eran fácilmente reclutables para el grupo. Además, tenían conexiones con las redes de comercio ilícito, ya que muchos de ellos habían trabajado en la economía sumergida. Estos vínculos resultaron útiles para financiar la militarización y la escalada hacia la violencia. Otro factor que favoreció la consolidación del grupo fue el agravio histórico de los mwani con respecto a los makonde, una etnia cristiana que vive en el interior de Cabo Delgado y que tradicionalmente ha estado vinculada al poder (Mora Tebas, 2022).

En su primera década de vida, ASWJ se contentaba aparentemente con vivir aislada de la sociedad dominante, centrándose en la creación de instituciones paralelas y aislando a su comunidad de la corrupción de la gobernanza secular y de un islam degenerado. Así, los islamistas de Cabo Delgado rechazaban la sanidad y la educación públicas y se negaban a pagar impuestos. Pedían a los simpatizantes de su causa que retiraran a sus hijos de las escuelas occidentales y los matricularan en escuelas islámicas y madrasas (Ewi et al., 2022).

Desde aproximadamente 2014 el grupo comenzó a tener presencia formal en Mocímboa da Praia y Macomia a través de mezquitas y madrasas permanentes. A partir de 2016 se expandió de manera informal a otros distritos, sobre todo a Ancuabe, Montepuez y Quissanga (HeyenDubé y Rands, 2021). Con el tiempo, la fuerte represión gubernamental y la multiplicación de los enfrentamientos con los servicios de seguridad mozambiqueños empujaron a la organización a militarizarse. El 5 de octubre de 2017 ASWJ lanzó su primera ofensiva contra estaciones de policía en la ciudad costera de Mocímboa da Praia, estratégico punto portuario de Cabo Delgado. Comenzaba así el ciclo de violencia que ha seguido escalando desde entonces. Hasta septiembre de 2024 se han contabilizado alrededor de 5766 víctimas mortales desde que ASWJ comenzó su actividad terrorista en Mozambique (ACLED, s.f.).

La actividad yihadista se consolidó en 2018, embarcándose así ASWJ en una prolongada actividad políticomilitar dirigida al control de la provincia mediante el uso de tácticas de guerrilla e ideología política radical, que incluía la violencia contra civiles. El objetivo último era debilitar la legitimidad y la presencia del Estado. La situación se agravó todavía más por la lealtad manifestada por los insurgentes al Estado Islámico en 2019, lo que sugería un posible fortalecimiento de los vínculos con redes yihadistas extranjeras (Bonate, 2024).

El conflicto de Cabo Delgado dio una vuelta más de tuerca y atrajo el interés de la comunidad internacional en agosto de 2020, cuando ASWJ capturó la ciudad de Mocimboa da Praia. Los yihadistas de hecho ya habían conseguido brevemente tomar el control de la misma en marzo de 2020 (Neethling, 2021). Además, unos meses después, en junio de 2020, los atentados de ASWJ comenzaron a ser reivindicados por parte de la franquicia de Estado Islámico ISCAP, la misma franquicia regional que comenzó a reivindicar atentados en el noreste de la República Democrática del Congo desde ese mismo verano. Un informe de la ONU anterior, de enero de 2020, ya apuntaba que la rama somalí de Estado Islámico dirigía operaciones tanto en la República Democrática del Congo como en Mozambique². Dos años después, aproximadamente en mayo de 2022, los yihadistas que actúan en Cabo Delgado comenzaron a ser referidos por ellos mismos como Estado Islámico de Mozambique, diferenciando así su actividad terrorista, al menos nominalmente, de la de ISCAP y adquiriendo de esta manera la supuesta categoría de provincia propia dentro de la matriz Estado Islámico (ACLED, 2023).

Aunque los atentados de Mozambique aparecen regularmente en el boletín Al Naba del Estado Islámico y en otros medios de propaganda yihadista, sin embargo, hay pocos indicios de que los insurgentes mozambiqueños estén recibiendo más armas u otro tipo de apoyo material (International Crisis Group, 2023). Las afirmaciones de vínculos influyentes y significativos con otros grupos yihadistas no están probadas y provienen de informes que deducen relaciones directas de dependencia por una declaración de lealtad de ASWJ al Estado Islámico y una declaración de apoyo por parte de los segundos (HeyenDubé y Rands, 2021). No hay pruebas claras de que ASWJ (o ISCAP o Estado Islámico en Mozambique) reciba órdenes por parte del Estado Islámico «central» ni financiación externa significativa. El líder espiritual del grupo es Abu Yasir Hassan, de nacionalidad tanzana y el jefe de operaciones es Bonomade Machude, de nacionalidad mozambiqueña. Los combatientes terroristas extranjeros son originarios de Tanzania y Kenia fundamentalmente y en menor medida de la República Democrática del Congo, Somalia y Uganda (Naciones Unidas, 2023). Se estima que actualmente el grupo está formado por entre 250 y 350 efectivos (Naciones Unidas, 2024).

El bienio del terror

El bienio 2020 y 2021 fue el periodo de mayor intensidad de la actividad terrorista. Como ya se ha referido, el verano de 2020 ASWJ capturó la ciudad portuaria de Mocímboa da Praia. Desde entonces, los insurgentes ampliaron el territorio bajo su control a grandes extensiones a lo largo de las carreteras principales que conectan la mencionada ciudad con la capital provincial, Pemba, en el sur de la provincia. Otras ciudades como Macomia, Muidumbe y, a finales de marzo de 2021, Palma, cayeron también bajo el control de ASWJ (Renon, 2021). En el caso de Palma, alrededor de medio millar de yihadistas atacaron esta ciudad costera donde se encuentra la planta de gas natural licuado que Total Energies, junto a otros socios, están construyendo en la península de Afungi, al sur de la ciudad. En total, 1193 personas murieron o desaparecieron (Perry, 2023) y el gigante francés de los hidrocarburos tuvo que paralizar las obras de un proyecto en el que se han invertido alrededor de 20.000 millones de dólares. En su punto álgido, durante la primera mitad de 2021, la violencia había desplazado a cerca de un millón de personas en Cabo Delgado (International Crisis Group, 2024).

Con la captura de Mocímboa da Praia y el resto de territorios adyacentes, los yihadistas se aseguraron un flujo constante de ingresos procedentes del comercio ilícito de minerales y drogas. Mocímboa da Praia es un punto clave de tránsito de estupefacientes, procedentes en su mayoría de Afganistán y Pakistán, que se dirigen a Johannesburgo o Ciudad del Cabo antes de ser enviados a Europa, Estados Unidos y otros destinos. El acceso a estos recursos mejoró su capacidad de reclutamiento, permitiéndoles ofrecer salarios relativamente elevados a la población local desprotegida (Renon, 2021).

El incremento de la violencia y la expansión territorial generó el despliegue, ese mismo año 2021, de fuerzas internacionales en el país para ayudar al Gobierno mozambiqueño a combatir la insurgencia, principalmente el ejército ruandés y la Misión de la Fuerza de Reserva en Mozambique de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC).

2024: deterioro de la situación

Gracias a la ayuda de las fuerzas de seguridad de la SADC y del Ejército ruandés, la actividad terrorista del grupo comenzó a mermar desde finales de 2021. Sin embargo, durante 2024 el ritmo de las operaciones terroristas ha aumentado, los ataques se han intensificado y ASWJ ha intentado de nuevo ampliar el escenario de operaciones del conflicto, con lo que ha obligado a las fuerzas mozambiqueñas y a las fuerzas internacionales desplegadas a tener que cubrir un frente más extenso a la par que se iba reduciendo el número de efectivos de la misión de la SADC. Las últimas tácticas practicadas por ASWJ están siendo más sofisticadas y mejor calculadas y ejecutadas, como demuestra el ataque perpetrado el pasado 10 de mayo contra fuerzas mozambiqueñas y sudafricanas en Macomia. Los yihadistas se organizan en tres grupos principales de aproximadamente cien elementos armados cada uno, que ocupan y atacan diversos distritos en toda la provincia. Posteriormente, estos grupos se escinden en células de tamaño mediano, de entre treinta y cincuenta efectivos, que concentran sus operaciones en ciudades costeras como Quissanga y realizan incursiones en el sur, en Chiure y Ancuabe y que tienen su base en Macomia y sus alrededores (Naciones Unidas, 2024).

Desde finales de diciembre de 2023 hasta el 20 de enero de 2024, ASWJ perpetró al menos catorce atentados, principalmente en los distritos de Mocímboa da Praia, Macomia y Muidumbe, causando decenas de muertos y secuestros. El 22 de enero, la ONU declaró que los ataques perpetrados en Macomia y Muidumbe habían provocado el desplazamiento de 5343 personas y una crisis de escasez de alimentos. Los yijhadistas consiguieron además ocupar la estratégica aldea de Mucojo, en el distrito de Macomia, lo que suponía el primer asentamiento importante en manos del grupo desde que fue expulsado de la ciudad de Mbau (Mocímboa da Praia) a finales de 2021 (International Crisis Gorup, 2024).

Unos meses después, el 10 de mayo, un centenar de militantes yihadistas atacaron con éxito la estratégica ciudad de Macomia, situada en la carretera principal que une los distritos norte y sur de la provincia de Cabo Delgado. Los insurgentes se enfrentaron a tropas gubernamentales y sudafricanas en choques que duraron casi dos días. El ataque se producía días después de que la misión de la SADC se acababa de retirar de la ciudad (International Crisis Group, 2024b). Sin embargo, ASWJ ha sufrido un duro revés a su intento de asalto de Mbau. En la primera ocasión, el 29 de mayo, alrededor de un centenar y medio de atacantes fueron repelidos por el ejército ruandés. Los terroristas esperaban repetir el éxito de su ataque por sorpresa contra Macomia del 10 de mayo, pero las fuerzas ruandesas reaccionaron rápidamente al asalto y les derrotaron. Un portavoz ruandés declaró a los medios de comunicación que habían matado al menos a setenta insurgentes. El 8 de junio, una fuerza menor en número intentó atacar de nuevo Mbau, pero esta vez sólo consiguió quemar varias casas antes de retirarse. El 19 de junio, los yihadistas lanzaron un tercer ataque contra Mbau, matando al menos a tres civiles (ACLED, 2024a).

Como reacción al incremento de la intensidad de la actividad terrorista, en el verano de 2024 las fuerzas ruandesas lanzaron una importante ofensiva, con bombardeos aéreos incluidos, en el distrito de Macomia. Por su parte, los insurgentes se enfrentaron a tropas mozambiqueñas y tanzanas en el distrito de Nangade (ACLED, 2024b). Además, los yihadistas han seguido operando frente a la costa de Mocímboa da Praia y el 9 de agosto secuestraron a unos setenta pescadores en tres barcos de arrastre. Los llevaron a Quiterajo, en Macomia, donde fueron retenidos por hombres que algunos pescadores reconocieron como vecinos de Mocímboa da Praia. Al cabo de tres días fueron liberados ilesos. Los pescadores afirmaron que había tanzanos entre los insurgentes, que tenían varias bases en la selva de Catupa y que se les había visto conducir vehículos robados en la ciudad de Macomia en mayo. Los insurgentes también habrían confesado a los pescadores que habían sufrido pérdidas en las recientes ofensiva (ACLED, 2024c).

Tras varias semanas de intensos bombardeos en agosto, la ofensiva dirigida por Ruanda en la costa del distrito de Macomia parece haber concluido, o al menos haberse detenido. Sin embargo, las fuerzas ruandesas han seguido enfrentándose a los yihadistas en la ciudad de Mocímboa da Praia. En la noche del 31 de agosto, unos diez insurgentes armados se infiltraron en la ciudad y abrieron fuego contra las fuerzas ruandesas causando la muerte de un soldado ruandés y heridas a varios más. Antes del referido incidente, en la noche del 20 de agosto, los insurgentes quemaron y saquearon varias viviendas en la aldea de Mbau, a unos 30 km de Mocímboa da Praia (ACLED, 2024d).

El peso de la marginación en el conflicto

ASWJ ha logrado generar con éxito una poderosa narrativa de disidencia de naturaleza religiosa, pero desde el enfoque de la marginación socioeconómica y política. Los yihadistas han demostrado ser resistentes, adaptables y capaces de expandirse rápidamente —dentro de unos límites geográficos concretos— aprovechando el desencanto generalizado con el Gobierno central entre la juventud local. El aislamiento político, económico, religioso, étnico y geográfico de la provincia de Cabo Delgado respecto al resto del país ha creado las circunstancias ideales para el florecimiento de la insurgencia (HeyenDubé y Rands, 2021).

Las diferentes trayectorias históricas del norte y el sur de Mozambique siguen prevaleciendo en el panorama socioeconómico y político del país. Maputo está situada en el extremo sur, mientras que Pemba, la capital de Cabo Delgado, se encuentra a 2.500 km. por carretera de la capital del país. Desde la independencia en 1975, los principales líderes políticos del país han sido principalmente del sur, aunque paradójicamente el actual, Filipe Nyusi, es el primer presidente de origen norteño y originario de Cabo Delgado. En términos prácticos, Cabo Delgado es una zona que el Gobierno central en Maputo no puede controlar ni gobernar de manera efectiva. Desde una perspectiva socioeconómica, prevalecen sentimientos de marginación y exclusión en Cabo Delgado. Las infraestructuras educativas, sanitarias o de saneamiento son de peor calidad en Cabo Delgado y el desempleo es generalizado, sobre todo entre los jóvenes (Neethling, 2021).

Los índices de pobreza en Cabo Delgado contrastan con su enorme potencial económico debido a sus importantes reservas de gas natural, lo cual ha generado importantes inversiones en la zona que no han contribuido a reducir la desigualdad y la pobreza de su población. Desde el inicio de la violencia en la región a finales de 2017, se estima que el conflicto ha provocado el desplazamiento, dentro de Mozambique, de alrededor de 850.000 personas procedentes de las cuatro provincias norteñas de Cabo Delgado, Niassa, Nampula y Zambézia (Escola de Cultura de Pau (2024).

La enésima reedición de la maldición de los recursos

Durante la última década han aflorado en el continente africano importantes descubrimientos de petróleo y gas. Es el caso de Costa de Marfil, Senegal, Etiopía, Namibia o Mozambique, por nombrar algunos de los más recientes. El Banco Mundial calcula que África subsahariana acapara el 40% de los descubrimientos mundiales de petróleo y gas natural entre 2010 y 2020 (French, 2024).

Antes del descubrimiento del gas en Cabo Delgado, empresas multinacionales ya explotaban recursos naturales como rubíes, grafito, carbón, titanio, fosfato, zafiros o madera. En 2010 se descubrieron importantes yacimientos de gas natural en alta mar y en la cuenca del río Rovuma, en la península de Afungi, en Palma. Estas abundantes reservas de gas sin explotar sitúan estos yacimientos entre los principales del mundo y los terceros más grandes de África (Di Salvatore y Gubeisi, 2024).

Las empresas estadounidenses Anadarko, Occidental y Exxon Mobil, la francesa Total Energies, la italiana Eni y otras compañías transnacionales, junto con el Estado mozambiqueño, se convirtieron en los principales titulares de la incipiente industria del gas en Cabo Delgado. Anadarko compró terrenos en Mocímboa da Praia, en Palma y en Pemba (que más tarde pasaron a Total Energies) para perforaciones en tierra, para construir un complejo de procesamiento de gas y para la construcción del centro logístico (Bonate, 2024). Todos estos movimientos han conllevado la pérdida de casas, tierras de labranza o caladeros por parte de centenares de familias, que han tenido que ser reubicadas por el Gobierno mozambiqueño.

La planta de gas construida por Total Energies está valorada en 15.000 millones de dólares. La entrada en funcionamiento estaba planificada para que 2024 y la producción prevista era de 12,9 millones de toneladas anuales. El emplazamiento del proyecto de gas de Rovuma, operado por ExxonMobil, está valorado en 25.000 millones de dólares y espera producir quince millones de toneladas anuales. La italiana Eni y varías compañías indias también están presentes en los proyectos de extracción de gas de Cabo Delgado (Renon, 2021).

Sin embargo, los trabajos e inversiones se han ido paralizando a causa de los atentados de AWSJ contra los proyectos gasísticos. El 24 de febrero de 2019 se produjeron dos ataques a unos veinte kilómetros de las obras de Rovuma. En uno resultaron heridos seis trabajadores de empresas contratadas por Anadarko. El otro se saldó con la muerte de un contratista que trabajaba en un aeródromo para los proyectos de gas. El 27 de junio de 2020, un vehículo de un subcontratista fue atacado cerca de Mocímboa da Praia, con ocho empleados muertos y tres secuestrados. A partir de marzo de 2021 los yihadistas lanzaron ataques sostenidos en la península de Afungi y en Palma que causaron varias docenas de víctimas mortales, entre ellas algunos extranjeros de subcontratistas que trabajaban para el proyecto de Total Energies, lo que obligó a la compañía francesa a evacuar a unos 2000 miembros de su personal (Renon, 2021). El 26 de abril de 2021, teniendo en cuenta la evolución de la situación de seguridad en el norte de la provincia de Cabo Delgado, Total Energies y las compañías que participan en el consorcio decidieron retirar a todo el personal del proyecto y declarar el estado de fuerza mayor (Total Energies, 2023).

En el último año, Total Energies ha estado sopesando la posibilidad de reabrir el proyecto de gas. Los primeros informes y las imágenes por satélite indican que los trabajos se han reanudado provisionalmente. Pero la evaluación de la propia empresa sobre la situación de seguridad en la provincia es sombría. Sabe que el proyecto de gas podría convertirse de nuevo en objetivo de la insurgencia (International Crisis Group, 2024A).

La intervención de tropas extranjeras: aparente éxito y rivalidad regional

Las Fuerzas Armadas de Defensa de Mozambique son uno de los ejércitos más pequeños y peor equipados de la región y no consiguieron hacer frente al avance de la insurgencia yihadista que se declaró en Cabo Delgado a partir de 2017. Estas deficiencias hacen que Mozambique dependa del apoyo exterior para frenar a los yihadistas (ACLED, 2024e).

Las Fuerzas de Seguridad Ruandesas y de los vecinos del sur de África han ayudado a desescalar el conflicto en Cabo Delgado, que ya se había convertido en una amenaza, no sólo para Mozambique, sino para la seguridad regional. Más de 3000 soldados de Ruanda y de los Estados miembros de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC), en colaboración con el ejército mozambiqueño, han desmantelado las bases principales de los insurgentes y han reconquistado importantes territorios que habían logrado mantener bajo su poder los yihadistas de ASWJ. Las fuerzas extranjeras han operado por separado, cada una trabajando en cooperación con las fuerzas de seguridad del Estado de Mozambique. Las fuerzas ruandesas, que trabajan en virtud de un acuerdo bilateral con Maputo, han asegurado la península de Afungi, donde se encuentran los proyectos de Total Energies y han reconquistado el puerto estratégico de Mocímboa da Praia. La SADC, invocando un pacto regional de defensa mutua, ha desplegado tropas en el centro de Cabo Delgado y hacia la capital provincial, Pemba, así como en el distrito de Nangade, cerca de la frontera con Tanzania. Estas tropas han desalojado a los insurgentes de algunos de sus bastiones, pero tienen dificultades para asegurar plenamente estas zonas (International Crisis Group, 2022).

A pesar de todo, la insurgencia no se ha extinguido, como ha demostrado la actividad yihadista que ASWJ ha protagonizado en 2024. Muchos terroristas han huido a países vecinos o simplemente se han mezclado con la población civil, esperando el momento adecuado para volver a movilizarse. Como ya se ha analizado, la insurgencia amenaza con recrudecerse conforme las fuerzas extranjeras, como es el caso de las desplegadas por la SADC, hagan efectiva su retirada. Mozambique va a seguir necesitando ayuda exterior para mantener el territorio que ha sido arrebatado a los insurgentes. La marcha de esta fuerza multilateral dejará un vacío de seguridad que probablemente aprovecharán los terroristas.

En enero de 2024, la SADC declaró que retiraría la fuerza cuando expirara su actual mandato, el 15 de julio. Botsuana y Lesoto se replegaron en abril, mientras que Angola y Namibia lo han hecho en verano. Sudáfrica, cuyos 1495 soldados constituyen dos tercios de la misión, tenía previsto retirarlos también en la fecha inicialmente prevista. Pero, por sorpresa, Pretoria anunció el 23 de abril que mantendría sus fuerzas de defensa en Cabo Delgado hasta finales de año. Por el contrario, Ruanda anunció en abril que mantenía a sus 2500 soldados en Cabo Delgado y que además incrementaría el número en virtud de un acuerdo bilateral con Maputo. Además, Tanzania planea mantener entre 400 y 500 soldados, principalmente para impedir que los combatientes crucen los 860 km de frontera entre ambos países (International Crisis Group, 2024a).

El principal motivo aparente de la retirada de las tropas de la SADC es la falta de financiación de la misión, que ha dependido en gran medida de las contribuciones de los Estados miembros. Sudáfrica era el país que más aportaba, unos 45 millones de dólares al año. La donación de 15 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz para equipamiento no letal, aunque bienvenida, fue insuficiente para sostener operaciones terrestres a gran escala o proyectos de consolidación de la paz. La Unión Africana, por su parte, proporcionó equipos, pero sólo desembolsó unos dos millones de dólares a través del Fondo de Paz para África. Además, la SADC está poniendo en marcha una ambiciosa operación militar en el este de la República Democrática del Congo, diseñada para sustituir en parte a la misión de la ONU que se retira y que se ha convertido en su prioridad. Por otro lado, a lo largo de estos tres años de despliegue, las relaciones de las fuerzas de la SADC con el país anfitrión han sido tensas y Mozambique no ha escondido su preferencia por apoyarse en las Fuerzas de Seguridad Ruandesas (International Crisis Group, 2024a). Además, no hay que olvidar que en el conflicto del Este de República Democrática del Congo, máxima prioridad ahora para la SADC, Ruanda batalla en el lado contrario que Sudáfrica y los socios del sur.

El Presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, encomendó a los ruandeses la tarea principal de asegurar la planta de procesamiento de gas de Total Energies en Afungi, dejando funciones menores a la SADC. Debido principalmente a la conexión francesa, la Unión Europea aportó unos veinte millones de euros para financiar las operaciones de Ruanda en 2022. Pero la financiación de la intervención militar ruandesa ha permanecido opaca más allá de los veinte millones de euros donados por la UE (Fabricius, 2024).

La intervención ruandesa en Mozambique ha sorprendido tanto por los eficaces resultados como por la escasa relación previa entre dos países que no comparten potencia colonial, ni fronteras comunes ni pertenecen a la misma organización de integración regional. Mozambique es miembro fundador de la SADC, encabezada por Suráfrica, que agrupa a los países de la región meridional del continente y Ruanda forma parte de la Comunidad de África del Este. Su exitosa misión en Cabo Delgado ha vuelto a revelar a Ruanda como un actor regional con capacidad de intervención más allá de su área de influencia, en los Grandes Lagos. En un mes, los soldados ruandeses recuperaron el control de Mocimboa da Praia. La intervención ruandesa, sin embargo, no fue del agrado del presidente surafricano, Cyril Ramaphosa, porque se negoció al mismo tiempo que la SADC ultimaba una misión militar en la misma zona (Castel, 2021). Además, las relaciones entre los Gobiernos sudafricano y ruandés no son buenas desde la muerte del disidente Patrick Karegeya en Johanesburgo, el 1 de enero 2014, atribuida a los servicios secretos ruandeses (El País, 2014).

El presidente de Ruanda, el carismático Paul Kagame, considera que puede ocupar el lugar de la SADC entrenando a soldados mozambiqueños y desplegándolos en zonas anteriormente aseguradas por tropas sudafricanas. La misión de Ruanda en Mozambique ha suscitado pocas críticas operativas, ya que las tropas ruandesas son disciplinadas y tienen una buena relación con los civiles. Sin embargo, los países vecinos acusan a Ruanda de intervenir en Cabo Delgado principalmente para promover sus propios intereses económicos. Ruanda, a través de Crystal Ventures, el brazo inversor del partido gobernante, participa en una serie de negocios en Mozambique como la minería, la construcción y la seguridad privada. En los países donde han intervenido las tropas ruandesas, el fondo ha invertido en minería y otros proyectos. El acuerdo entre Kigali y Maputo sigue siendo opaco, sus términos solo los conocen el presidente ruandés y su homólogo mozambiqueño (Donelli, 2014).

El papel de la Unión Europea

La UE ha intervenido a distintos niveles para ayudar a Maputo a responder a la inestabilidad del norte de Mozambique, trabajando con un «enfoque integrado» que combina la ayuda humanitaria, al desarrollo, a la consolidación de la paz y a la seguridad (que incluye el suministro de entrenamiento militar y equipos no letales), así como el compromiso político y diplomático, entre otras cosas. En este marco, la UE financia e imparte formación a unos 1600 soldados mozambiqueños, con el objetivo de proteger a la población civil, ayudar a restablecer la seguridad en la región de Cabo Delgado y, con el tiempo, lograr que el ejército nacional releve a las tropas extranjeras en el norte de Mozambique. Para complementar este esfuerzo, la UE ha destinado 89 millones de euros en equipos y suministros no letales para las unidades que entrena su misión. En 2022 la UE movilizó además quince millones de euros para la SADC, veinte millones para las Fuerzas de Seguridad Ruandesas y veintiocho millones de euros en para apoyar los esfuerzos humanitarios en Mozambique (International Crisis Group, 2023).

El Consejo Europeo prorrogó el 14 de mayo de 2024 el mandato de la Misión de Formación de la UE en Mozambique hasta el 30 de junio de 2026, con una dotación presupuestaria de más de catorce millones de euros para este período. Además, ha decidido adaptar los objetivos estratégicos de la misión a las nuevas circunstancias, favoreciendo así su transición de un modelo de formación a un modelo de asistencia, que combina el asesoramiento, la tutoría y la formación especializada en apoyo a las fuerzas armadas mozambiqueñas. Como consecuencia de este cambio, desde el 1 de septiembre de 2024 la misión pasó a denominarse Misión de Asistencia Militar de la UE en Mozambique (EUMAM Mozambique) (Consejo Europeo, 2024).

Conclusiones

El actual conflicto de Cabo Delgado no se encuentra en su punto álgido y la colaboración del ejército mozambiqueño con fuerzas militares internacionales se ha mostrado eficaz para expulsar a los yihadistas de los territorios que llegaron a ocupar en 2021, pero el recrudecimiento de la ofensiva insurgente durante 2024 que se produce en paralelo a la marcha de las tropas de la misión de la SADC revela que no hay que dar al ASWJ por vencido. Aunque el núcleo principal de atacantes durante 2024 no parece superar las tres centenas, sus técnicas de guerra asimétrica dificultan que una respuesta puramente militar de varios miles de efectivos consiga poner punto y final al conflicto.

La amenaza de que los terroristas aprovechen la reducción de la misión internacional y la debilidad de las fuerzas mozambiqueñas para reconstituir sus filas e intensificar sus ataques en frecuencia y escala se encuentra más cerca de ser un hecho que una hipótesis. La capacidad de las fuerzas armadas ruandesas para reemplazar el trabajo desarrollado por la misión de la SADC, bien ocupando ellas mismas el lugar dejado, bien formando a tropas mozambiqueñas para que tomen el relevo, no parece tampoco que vaya a suponer la conclusión del conflicto.

Mozambique y sus socios regionales deberían empezar a pensar en cómo conseguir la paz por otros medios que no sean únicamente las operaciones militares. Trabajar con el objetivo de incrementar el bienestar socioeconómico de los ciudadanos de Cabo Delgado, mejorar su integración en la gobernanza del país para revertir décadas de marginación política y hacerles partícipes en la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos minerales y energéticos y en los beneficios que se obtengan ayudaría al fracaso de la narrativa yihadista.

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Anexo. Tablas