IEEE. El antagonismo entre Irán e Israel en un contexto nuclear

Introducción

En el lenguaje de las ciencias sociales, «seguridad» es un concepto controvertido, ya que no existe un consenso generalizado sobre su significado. En función de las personas, su cultura o la percepción de la realidad, el término adquiere un valor distinto, lo que explica por qué la preocupación sobre la seguridad ha cambiado de manera significativa con el devenir de los años. Helga Haftendorn (1991: 3-17) afirmó que no hay un único concepto de seguridad. La seguridad nacional, internacional y la global se refieren a diferentes aspectos y tienen su origen en contextos históricos o filosóficos distintos.

Este hecho se ve corroborado por el importante número de definiciones de seguridad que aparecieron, sobre todo a partir del final de la Guerra Fría. Seguridad nacional, común, colectiva, compartida, humana o cooperativa efectúan una descripción de lo que sus ideólogos consideran que debe ser entendido por seguridad y, lo que es quizá más importante, cómo conseguirla (Laborie Iglesias, 2011).

Existen enfoques diversos sobre cómo abordar la seguridad de un Estado porque tradicionalmente ha sido el objeto que debía ser protegido. Desde el prisma de la seguridad nacional tradicional, el modo más utilizado ha sido el militar y, hoy en día, el Estado sigue siendo ese objeto referente donde las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad son los instrumentos de seguridad predominantes debido a que siguen ostentando el monopolio del uso de la fuerza.

La seguridad y la inseguridad se definen con relación a las vulnerabilidades internas y externas que amenazan o tienen el potencial de debilitar las estructuras territoriales e institucionales del Estado y que rigen los regímenes (Ayoob, 2010), por lo que algunos autores consideran que los enemigos de un Estado son la imprevisibilidad y la inestabilidad (Derian, 2008).En esta línea, se asume de forma natural que lo que conduce a la discordia y a la guerra es la desigualdad entre las partes, ya que el conflicto tiene una presencia constante en cualquier contexto donde convivan diferentes actores (Domínguez Bilbao y García Dauder, 2003: 1). Sin embargo, Thomas Hobbes (s. f.: 51‑52) mostró que la igualdad conduce a la desconfianza y a la guerra donde el principio de autoconservación provoca la inercia hacia la discordia.

El contexto de seguridad en el que viven los Estados juega un papel muy relevante dentro del propio sistema internacional, ya que estos generan en ocasiones demasiada incertidumbre, el primer escalón de la desconfianza y, todo junto, forja una situación en la que se ven obligados a tratar de adquirir más y más poder con el fin de escapar al impacto del poder de otros.

Los Estados más inseguros se ven obligados a tener que prepararse para lo peor debido a que ningún actor puede sentirse seguro por completo en un mundo donde todas las partes compiten de forma constante. La competición da lugar a que el círculo vicioso de la seguridad y la acumulación de poder se activen, por lo que la desconfianza, la inseguridad y la incertidumbre son los elementos clave en la generación del miedo y el miedo es libre (Schweller, 1992: 90‑121).

Las relaciones internacionales en tiempos de paz ejemplifican situaciones de continuo conflicto. La oposición de intereses se encuentra condicionada por la necesidad de cooperación (Borgatta y Montgomery, 2000: 333) y surge el dilema de seguridad, a veces con demasiada frecuencia. Esta situación en la que los Estados se ven obligados a adquirir más y más fuerza con el fin de escapar al impacto del poder de otros genera inseguridad en los otros Estados y les obliga a prepararse para lo peor. Como todos los actores compiten entre sí, la sensación de vacío se incrementa y el ansia de poder se descontrola (Herz, 1950: 157). Básicamente, es el simple instinto de conservación el que trabaja en este sentido y esto ocurre porque un Estado muy fuerte puede ser visto igual de provocador que uno débil, ya que altera el equilibrio de seguridad existente. Es el llamado «modelo de espiral» desarrollado por Robert Jervis (1976: 62‑66).

Esta propensión de ciertos países a «adquirir más y más poder con el fin de escapar del impacto del poder de los otros» fue interpretada también por John Herz en el concepto dilema de seguridad, refiriéndose a la propensión de ciertos países a caer en una espiral viciosa armamentista que conduce inexorablemente a la paradoja de la seguridad (Wheeler y Booth, 2007: 27).

Las carreras armamentistas son una clara manifestación del modelo de espiral, ya que los Estados se sienten más seguros cuanto más armamento acumulan (Jervis, 1976:65). Sin embargo, los intentos de acumular seguridad basándose en el acopio de armas son contraproducentes porque el aumento de armamento que tiene por objeto dar sensación de fuerza provoca es miedo, este engendra sospecha y esta desconfianza. Esto lleva a los Estados a situarse en la creencia de que deben hacer todo lo posible por proteger los intereses de su pueblo y tomar todas las precauciones posibles, acciones que otros Estados interpretarán como pruebas de intenciones hostiles (Olinick, 1978).

Lewis F. Richardson¹ desarrolló el modelo de las carreras armamentistas sobre un proceso de acción‑reacción donde el miedo² se convierte en el motor principal que refuerza el ímpetu belicista³, aunque en muchas ocasiones también existe una motivación nacionalista (Buzan, 1991: 432‑433). Por otro lado, también hay que tener en cuenta que el dilema de seguridad no surge solo a causa de la anarquía, sino porque la gente percibe lo que espera (rigidez cognitiva)⁴. En un sistema multipolar, este dilema juega un papel esencial porque replica el patrón de un juego de suma cero de la teoría de juegos. En concreto, sigue la lógica del «dilema del prisionero»⁵.

La teoría de juegos muestra cómo situaciones aparentemente diversas tienen la misma estructura lógica y constituye una de las bases de la teoría de la elección racional, que es en realidad un enfoque o aproximación a la realidad social. Dentro de ella se desarrollan la teoría de la elección colectiva, los modelos espaciales de competición política o los de economía política. Todos ellos inspirados en que el factor más importante en la explicación de la acción humana es la persecución del interés propio.

El puente de unión entre la teoría de juegos y las relaciones internacionales es cómo encontrar el equilibrio, ya que es el elemento crucial en todo juego, junto con los jugadores, la información, las estrategias y los pagos (Krause, 1999: 3; Rasmusen, 2006: 16). Se entiende por equilibrio el perfil de estrategias que integra la mejor táctica para cada uno de los jugadores (Rasmusen, 2006: 17), mientras que un juego es una situación de toma de decisiones que se caracteriza por una interdependencia estratégica, administrada por un conjunto de reglas y con un resultado definido. Cada participante pone en práctica una forma de jugar determinada, su estrategia, que con independencia de lo que hagan los demás jugadores y de la duración del juego, debe prescribir las acciones que realizar de manera detallada (Rapoport, 1961:210‑218; Flook, Rapoport y Chammah, 1970: 292‑293). Por lo tanto, un juego es un problema de múltiples soluciones, con un resultado para cada jugador.

El dilema del prisionero es un juego simple pero desconcertante porque introdujo el componente de la irracionalidad (Krause, 1999: 4). Un concepto de aplicación universal que surge donde coexisten dos partes con intereses mutuos y divergentes (Kanouse y Wiest, 1967: 206). Este modelo llegó a convertirse en un paradigma experimental justo cuando la proliferación de armas nucleares y la carrera armamentística comenzaron a ser hechos preocupantes (Domínguez Bilbao y García Dauder, 2003: 12) .

Dentro de la teoría de juegos existen también los juegos de suma cero, representaciones matemáticas de una situación de conflicto donde, si una parte gana, la otra pierde (Schelling, 1958:1‑2); es decir, representaciones de una guerra abierta (Delpech, 2012:61‑91). Son juegos en los que lo que un jugador puede hacer para evitar el daño mutuo afecta a la estrategia del otro jugador, por lo que no siempre es una ventaja tener la iniciativa (Tadelis, 2013: 35‑51).

En el dilema del prisionero, la solución racional se traduce en tratar de engañar al otro y llevarse todo el beneficio. Sin embargo, si ambos actores escogen esta solución, ninguno conseguirá nada, lo que pone de manifiesto que el comportamiento racional no conduce al éxito, mientras que el comportamiento irracional sí lo hace. La solución más eficiente desde la perspectiva social es que ambos jugadores colaboren, pero la realidad pone de manifiesto que los Estados no cooperan (Poundstone, 2015: 179), por esto el dilema del prisionero evoluciona a otro juego diferente, el juego del gallina⁶.

Bertrand Russell criticó a aquellos que juegan a su versión geopolítica, ya que la política de llegar al límite tiene resultados fatales⁷, como se verá. La diferencia sustancial del juego del gallina con el dilema del prisionero consiste en que se concrete la peor solución y la más temida, que ambos actores deserten de la cooperación. Es decir, que continúen hacia adelante sin apartarse. En términos geopolíticos, representa una situación de conflicto donde un jugador solo gana cuando pierde el otro y en términos nucleares, que es lo que a este capítulo concierne, simboliza la destrucción mutua asegurada⁸.

John Herz (1959: 259) interpretó la era nuclear como un proceso revolucionario de innovación de armas y señaló la ausencia aparente de una defensa efectiva contra esa clase de armamento que, súbitamente, hizo caer en la obsolescencia la superioridad militar tradicional y creó un interés común, la supervivencia. Ya no se podían separar las medidas «defensivas» y las políticas de «seguridad» de las medidas «ofensivas» o «expansionistas».

En el escenario de una carrera armamentística, si el actor A engaña al actor B y no cesa en sus actividades, genera un escenario peor para el agente B desde el punto de vista estratégico que si B se retira de una negociación. En el juego del gallina, un jugador racional siempre elegirá rendirse cuando se enfrente a un oponente que no se espera que coopere, ya que no puede «protegerse» de la no cooperación (Snyder, 1971: 84). De hecho, la historia ya ofreció un ejemplo de esta situación con la crisis de los misiles de Cuba (Bock, 2014: 116).

Durante esta crisis, tanto el líder soviético Nikita Jrushchov como el presidente estadounidense John F. Kennedy trataron de equilibrar la situación a través del despliegue de misiles nucleares⁹. Los misiles soviéticos desplegados en Cuba podían alcanzar y destruir Washington y los misiles estadounidenses Júpiter, situados en Turquía, eran considerados por Moscú como una amenaza. Sin embargo, para ambos actores solo eran medios de disuasión. Al final, los dos países decidieron apartarse (Bock, 2oseguridad en el que viven los Estados juega un papel muy relevante dentro del propio sistema internacional, ya que estos generan en ocasiones demasiada incertidumbre, el primer escalón de la desconfianza y, todo junto, forja una situación en la que se ven obligados a tratar de adquirir más y más poder con el fin de escapar al impacto del poder de otros.

En la actualidad se pueden identificar dos actores que también protagonizan su propia versión del juego del gallina con un contexto nuclear de fondo, en un conflicto siempre abierto y con el riesgo de desestabilización que acompaña a las disputas por el liderazgo de una región: Israel e Irán.

En Oriente Medio, el entorno de seguridad es una cuestión nuclear y de equilibrio

En el momento en que se escribe este capítulo estalla otro conflicto más en Oriente Medio. En cierto modo, esta expresión no tiene fecha de caducidad, ya que puede considerarse que esta parte del mundo ha sobrevivido siempre en esa constante. Citando al primer ministro de Israel entre 1984 y 1986, Simón Peres, en Oriente Medio el conflicto de hoy es una cuestión de generaciones y no de culturas.

Las tensiones entre Israel e Irán, que comenzaron en la década de 1980, han creado una dinámica peligrosa en la región donde hoy en día no se puede descartar un escenario de conflicto abierto entre ambas partes y la posibilidad del uso de armamento nuclear (Nader, 2013: 21‑24).

Israel es un Estado que se considera a sí mismo en riesgo existencial desde su nacimiento y en su historia pueden encontrarse tres guerras árabe‑israelíes y tres guerras en el Líbano, además del conflicto permanente en Palestina. Por otro lado, convive en una disputa permanente por el liderazgo regional con Irán (Garrido Rebolledo, 2017b).

Por ello se comprende que, para asegurar precisamente su existencia, Israel haya perseguido dotarse de capacidades nucleares al tiempo que impide obtenerlas a sus potenciales adversarios (Cohen, 1998: 13). No obstante, mantiene una postura de opacidad en la que ni niega ni desmiente que tenga este tipo de armas (Castro Torres, 2020: 167‑212).

Lo poco que se ha llegado a saber sobre el supuesto programa de armas nucleares israelí fue el relato y las fotografías que Mordechai Vanunu proporcionó al periódico The Sunday Times de Londres en 1986. Según esta información, Vanunu era operario del Centro de Investigación Nuclear Neveg de Dimona y, dentro de esa instalación, había un técnico del Instituto Machon 2 y un edificio de seis niveles (cinco subterráneos) donde se recuperaba el plutonio del combustible gastado y se fabricaban los componentes de las armas nucleares¹⁰.

De hecho, no es un Estado parte del Tratado de No Proliferación y tampoco ha ratificado el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares (CTBT) (Campos Robles, 2020). Sin embargo, sí que se ha unido formalmente a la Convención de Protección Física de Materiales Nucleares. En este contexto, también se ha sumado a las iniciativas contra el terrorismo nuclear, entre las que se destacan la Iniciativa Global para Combatir el Terrorismo Nuclear, la Proliferation Security Initiative, y las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1540 y 1673.

Irán, por su parte, firmó su primer acuerdo nuclear de cooperación civil con Estados Unidos en 1957 (Bahgat, 2006: 307‑308), fruto de la iniciativa Átomos para la Paz¹¹ y, desde entonces, forma parte de todos los instrumentos internacionales relacionados con las armas de destrucción masiva (ADM) como el Protocolo de Ginebra (1925), el TNP¹² en 1970 y sus Acuerdos de Salvaguardias Amplias¹³, la Convención de Armas Biológicas (BWC, 1972), la Convención de Armas Químicas (CWC, 1992) y el CTBT (1996).

Las ambiciones nucleares de Irán se evidenciaron en tiempos del Sha Reza Pahlevi. Ese anhelo ha sido alimentado por el victimismo histórico, ya que el país ha sufrido repetidas agresiones extranjeras.

Al mismo tiempo, también se considera un descendiente orgulloso y moderno de una gran civilización con intereses amplios y expansivos, una civilización que abarca desde Asia central hasta el Mediterráneo, pasando por el golfo Pérsico. A ojos de muchos dirigentes iraníes, desde la Segunda Guerra Mundial, Irán no solo merece su lugar bajo el sol, sino que debe consolidar aún más su legítima posición mediante la posesión de armas nucleares o, como mínimo (por ahora), manteniendo en reserva activa una capacidad avanzada para desarrollarlas a voluntad (Levite, 2021).

Al mismo tiempo, la cúpula iraní siempre termina escudándose en la fatwa emitida por el líder supremo, Alí Jameneí, para negar su interés en disponer de armamento nuclear, ya que este decreto religioso le impone a Irán medidas restrictivas en consonancia con el TNP. Sin embargo, hay muchos detractores de este argumento que se apoyan en la falta de pruebas de la existencia de esa fatwa¹⁴.

Existen estudios que han demostrado que las referencias a la fatwa no están claras en la cúpula política iraní. En 2012, el entonces presidente Hassan Rouhani la mencionó en una entrevista y se refirió a un sermón de viernes del año 2004 de Alí Jameneí (Carmon y Savyon, 2013). Todas las menciones que se refieren a la fatwa son en realidad discursos o sermones y no está publicada en ninguno de sus sitios web oficiales¹⁵.

Los defensores de este argumento exponen que la fatwa es un reflejo de un orden primario islámico (hokm-e-avvaliye), por lo que no es correcto evaluar su emisión desde el miedo (taghiyye) o la conveniencia (maslehat) (Eisenstadt y Khalaj, 2011). Al contrario, el compromiso de la fatwa es unilateral e incondicional y, en algunos aspectos, más amplio que el del TNP, ya que compromete a Irán a abstenerse de producir, adquirir, almacenar y utilizar todo tipo de armas de destrucción masiva (ADM), incluidas las armas nucleares (Sirjani, 2022: 57‑80).

La clave para entender de dónde surgió la fatwa, hay que buscarla durante la guerra Irán‑Irak (1980‑1988), cuando el gran ayatolá Ruhollah Jomeini emitió una fatwa que prohibía las armas químicas por ser incompatibles con el islam, lo que explicaría por qué Irán no desplegó ese tipo de armamento en el conflicto y expone que la aversión al desarrollo de armas químicas y nucleares está profundamente arraigada y es sincera (Porter, 2014). Este episodio de la historia pasó inadvertido durante décadas hasta que Mohsen Rafighdoost¹⁶, ministro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), durante la guerra de Irán‑Irak, lo contó en una entrevista en el año 2014. A finales de 1987, cuando la aviación iraquí bombardeó ciudades iraníes con lo que se suponía que era gas mostaza, la cúpula iraní comenzó a trabajar con el Ministerio de Defensa en proyectos con el objetivo de preparar las represalias. Sin embargo, Rafighdoost se encontró con una postura frontal del Ayatolá Jomeini.

«No importa si es en el campo de batalla o en las ciudades; estamos en contra de esto», le dijo Jomeini a Rafighdoost. «Es haram [prohibido] fabricar este tipo de armas. Si producimos armas químicas, ¿qué diferencia hay entre Sadam y yo?» (Porter, 2014). La producción cesó, los edificios en los que se almacenaban se sellaron en 1988 y el equipo de producción se desmanteló en 1992¹⁷.

El veredicto de Jomeini supuso el fin de la iniciativa de armas químicas dentro de la CGRI y trajo como consecuencia la prohibición de trabajar en el desarrollo de armas nucleares, ya que Rafighdoost entendió esa negativa del líder sobre el uso o la producción de armas químicas, biológicas o nucleares como una fatwa. Nunca fue escrita ni formalizada, pero eso no importaba porque había sido emitida por el «jurista guardián» y, por tanto, era legalmente vinculante para todo el Gobierno. «Cuando el Imam decía que era haram [prohibido], no tenía que decir que era fatwa», explicó Rafighdoost. El antiguo negociador nuclear iraní Seyed Hossein Mousavian confirmó en varias ocasiones en 2013 que la fatwa de Jomeini existe y fue efectivamente transmitida en una reunión con el ministro Rafighdoost (Mousavian, 2013; Mousavian, Lewis y Dalton, 2013).

El actual líder supremo, Alí Jameneí, ha continuado la línea de Jomeini, dándole publicidad a la fatwa desde el año 2004, aunque, en general, ese argumento no ha gozado de una credibilidad respetable y se ha considerado una estratagema propagandística. Hay una excepción: la del presidente Barack Obama, que se refirió a ella en su discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2013 para su existencia (La Casa Blanca, 2013).

Aunque es cierto que existen dudas y faltan evidencias físicas sobre su existencia, también hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista doctrinal, sí que se ha malinterpretado la jerarquía que tiene una fatwa emitida por cualquier erudito musulmán cualificado con las fatwas del líder supremo sobre asuntos de política estatal. Las primeras solo son relevantes para quienes siguen las opiniones del erudito; las segundas, sin embargo, son vinculantes para el Estado en su conjunto en el sistema político basado en el islam chiita de Irán y tienen rango constitucional (Porter, 2014).

Si se valida la historia de la fatwa de Jomeini contra las armas químicas, se pueden concluir varias ideas muy relevantes para la problemática nuclear en Oriente Medio. Por un lado, es difícil imaginar un argumento más sólido que demuestre que, cuando el líder supremo emite un juicio religioso, esta decisión prevalece sobre cualquier otra consideración político‑militar, ya que esa decisión situó a las fuerzas iraníes en clara desventaja frente a Irak. Y, por otro lado, se tiene que asumir que lo ha posicionado sine die en una situación de inferioridad estratégica y de fuerza, no solo frente a Israel, sino ante cualquier otro actor similar en características a Tel Aviv.

Esto se ha traducido en una situación de inestabilidad estratégica donde se alteró el equilibrio de seguridad existente y creó un modelo de espiral, donde tanto Irán como Israel han ido acumulando diversas capacidades con el objetivo de defender la supervivencia de sus respectivos Estados bajo una percepción recíproca de amenaza.

El conflicto de hoy es una cuestión de generaciones y no de culturas

Si se retorna al principio del capítulo, se puede observar cómo, en la actualidad, Israel e Irán están protagonizando su propia versión del juego del gallina. A lo largo de los años, se ha puesto de manifiesto que la convivencia regional entre ambos Estados ha sido complicada hasta llegar al momento presente, donde se la puede calificar como juego de suma cero.

Sin embargo, lo más significativo es que Israel e Irán no siempre han sido competidores naturales, ni han estado destinados a un conflicto perpetuo. Cada país ha mantenido tradicionalmente en la región zonas de intereses distintos (Levante para Israel y el golfo Pérsico para Irán). Durante muchos años, antes y después de la Revolución iraní, cooperaron porque compartían intereses estratégicos.

De hecho, el último monarca de Irán, Mohammad Reza Pahleví, consideraba una alianza de facto con Israel un contrapeso a sus vecinos árabes. La cooperación tácita de Irán con Israel continuó incluso después de la caída del sah en 1979, ya que ambos gobiernos veían en el Irak de Saddam Hussein el mayor obstáculo para sus intereses de seguridad nacional. Irán necesitaba de manera desesperada armamento moderno e Israel se aferraba a la antigua doctrina de la periferia, que sostenía que los Estados no árabes, como Irán, podían contrarrestar a los enemigos más comprometidos de Israel (Kaye, Nader y Roshan, 2011).

Algunos líderes iraníes posrevolucionarios como los presidentes Hashemi Rafsanjani (1989‑1997) y Mohammad Jatami (1997‑2005) trataron de aplicar políticas más pragmáticas hacia Israel. En la década de 1990, Tel Aviv no veía una amenaza regional en Teherán, ni Teherán en Tel Aviv; esa visión cambió a medida que Irán fue evolucionando sus capacidades militares de defensa y seguridad. Por otro lado, la aversión iraní hacia Israel puede considerarse más ideológica que irracional debido a que Irán percibe a Tel Aviv como una entidad colonial occidental y un pilar del imperialismo estadounidense, pero le reconoce su poder militar y político (Nader, 2013).

No es de extrañar entonces que este mismo reconocimiento de las capacidades israelíes haya llevado a Irán a tratar de incrementar y mejorar las suyas, de ahí la gran inversión en proyectos de defensa de los últimos veinte años. El mejor ejemplo que se puede señalar es su programa de misiles balísticos y drones, materiales exportados al escenario ucraniano para apoyar las operaciones rusas en Ucrania (Agencia de Inteligencia de Defensa, 2022), un evento otrora inimaginable.

De siempre se ha asumido que las capacidades israelíes, tanto militares como convencionales, superan las capacidades iraníes y, en pro de esa inferioridad, se ha alimentado el argumento de la existencia del programa nuclear militar iraní, a pesar de que también se da por hecho que la represalia israelí podría causarle tales daños a Irán que el régimen no tendría capacidad suficiente para reponerse y mantener su vigencia (Kaye, Nader y Roshan, 2011: 28). Esta idea ha cobrado más fuerza tras el ataque israelí a Irán del 26 de octubre de 2024, donde la fuerza aérea israelí desarrolló una operación en la que atacó objetivos muy concretos tanto en la capital iraní, Teherán, como en las provincias de Ilam y el Kuzhestán, donde destruyó instalaciones relacionadas con la fabricación de drones y misiles.

Para Israel, una guerra que le dé la oportunidad de impedir que Irán alcance el estatus de poder nuclear es una obligación más que una oportunidad. Aunque, en líneas generales, cualquier actor evitaría una guerra tan impredecible y peligrosa, se podría asumir que para Israel es un compromiso militar indispensable (Beres, 2024: 5).

Llegados a este punto, la región se encuentra en una situación en la que, por un lado, está el Estado de Israel, que no afirma ni desmiente su condición de potencia nuclear, pero que se asume como real. Y por el otro, el Estado iraní, envuelto en la sospecha sobre las verdaderas intenciones y capacidades de su programa nuclear desde el año 2002, que se refugia en promesas vacías y en una fatwa del gran ayatolá Jomeini para negar que haya tenido intención de desarrollar un programa nuclear militar. Como definió el analista John R. Haines, el programa nuclear iraní es como la paradoja del gato de Schrödinger, que parece estar al mismo tiempo vivo y muerto aunque sea obvio que es una cosa o la otra. La paradoja se basa en que cada resultado es igual de incierto y no se sabe cuál es falso. De esta manera se podría resumir el estatus del programa nuclear iraní.

Cabe entonces preguntarse si existe alguna situación excepcional en la prohibición de desarrollar armas nucleares bajo la ley islámica o, por el contrario, la fatwa les pone en un callejón sin salida, ya que, en función de esa respuesta, las opciones de Irán frente a Israel serían bien distintas. Obviamente, no es lo mismo iniciar un juego del gallina contra un adversario nuclear que contra uno convencional.

Irán es un Estado cuyo ordenamiento jurídico debe estar basado en principios islámicos y este criterio es aplicado de forma inexorable a todas las leyes, regulaciones y guardianes del país, ya que así lo establece el artículo cuarto de la constitución. Esta norma establece que el gobierno iraní, con el líder supremo como máximo responsable, tiene el deber de fortalecer la defensa nacional hasta el máximo grado posible con el objetivo de salvaguardar la independencia, la integridad territorial y el orden islámico del país, aunque no especifica formas ni establece límites a cómo hacerlo (Irán, 1979).

En el Corán, por otra parte, no hay ninguna norma que prohíba o autorice de forma explícita el uso de armamento nuclear, aunque la sharía contempla varios principios que prohíben a los actores sujetos a la ley islámica el uso de este armamento.

La discrepancia que existe entre el derecho islámico de los conflictos armados y la contemporaneidad de las armas nucleares implica que el autor procederá por analogía (qiyās), que es una fuente secundaria del derecho islámico (Al‑Dawoody, 2011: 72). Este método trata de identificar «un concepto de la sharía que se examina en los textos como el caso original (asl)» y extenderlo «a un nuevo caso si éste tiene la misma causa efectiva (illah) que el original» (Ahmed y Abozaid, 2022: 130). El valor de la analogía reside en el poder de aplicar la ley revelada incluso a situaciones jurídicas nuevas. De hecho, la ley islámica puede aplicarse a través del tiempo y el espacio y, además, el razonamiento análogo es predominante en el razonamiento jurídico y, en cierta medida, en el derecho internacional (Weinreb, 2016: 4).

Un estudio realizado por Jaber Seyvanizad (2017) analizó los comentarios de varios eruditos islámicos y destacó que tanto los eruditos chiíes como los suníes emitieron fatwas sobre la prohibición del uso de armas de destrucción masiva. En 2006 y 2008 respectivamente, el ayatolá Alí Jameneí declaró que la posesión de armas nucleares era contraria a los edictos del islam y que la producción y el uso de dichas armas no pueden autorizarse debido a «motivos religiosos fundamentales», como la prohibición de matar a no combatientes (Habibzadeh, 2014: 151).

Sohail H. Hashmi (2004: 321‑322) ha identificado varios enfoques de este tema por la ley islámica. En primer lugar, amparándose en el principio de reciprocidad y en los pronunciamientos coránicos, algunos estudiosos islámicos defienden el uso de las armas de destrucción masiva en algunas circunstancias, sobre todo si el enemigo las usa primero. De este modo su uso puede acomodarse al régimen que regula la conducta de las hostilidades según la ley islámica.

Juristas musulmanes contemporáneos como Mohammad ben Nasar al-Ja'wan, Ahamad Nar y Mohammed Khair Heikal argumentaron basándose en el versículo 8, 60 del Corán que «Dios Todopoderoso ha exigido que los musulmanes se preparen contra los enemigos del Islam en la medida de lo posible» y, basándose en la teoría de la disuasión, sostienen que los musulmanes deben reunir las armas de destrucción masiva para disuadir a los enemigos de atacar a los musulmanes (Rifai, 2022: 8).

El islam permite a los musulmanes repeler cualquier ataque de forma proporcionada. «Si los creyentes tenéis que responder a un ataque, haced que vuestra respuesta sea proporcionada, pero lo mejor es mantenerse firmes»¹⁸. Por lo que estaría lógicamente permitido adquirir todas aquellas armas que los enemigos del islam hayan acumulado. Por otro lado, como la seguridad de la comunidad es uno de los objetivos de la ley islámica, los gobernantes musulmanes están obligados a proteger a su comunidad y, para cumplir con esta obligación, deberían desarrollar y actualizar su armamento y sistemas de protección porque esas armas son un medio de protección de la comunidad. De esta manera, el desarrollo de ADM estaría permitido por la sharía.

Si se tiene en cuenta, además, que la producción de armas de destrucción masiva se ha convertido en una necesidad para la supervivencia de algunos países, no les queda otro remedio que disponer de este tipo de armamento para hacer frente a las amenazas enemigas (Djanaralieva, 2023: 11). Eruditos como Mohamed Mokbel Mahmud Elbakry consideraron incluso que abstenerse de utilizar un arma empleada por el adversario podría considerarse como cometer suicidio, prohibido por dicho versículo (Al-Dawoody, 2011: 126)¹⁹.

Aunque también hay que tener en cuenta que la reciprocidad no es una justificación absoluta que permita el uso de todos los medios de guerra contra el enemigo. Por otro lado, otros eruditos son partidarios de la idea de que los musulmanes deben adquirir ese tipo de armas y pueden usarse como primer recurso contra los no musulmanes, ya que interpretan que se tienen que usar todos los medios contra el enemigo para obtener ventaja militar, pero este enfoque dejaría sin efecto los principios que restringen el uso de la fuerza (Djanaralieva, 2023: 12).

Para finalizar, otro enfoque apoya la idea de la prohibición, incluso en la adquisición y, con mayor motivo, el uso, por ser contrarias a la ética islámica por sus propios efectos (Rifai, 2022: 9). Ibrāhīm Yahyā al-Shihābī concluye que «matar y cometer actos vandálicos sólo para aplacar la ira o el odio, o por venganza, no está permitido en absoluto y esto nos lleva a prohibir las armas nucleares» (Haykal, 1996: 1353; Djanaralieva, 2023: 13).

Respecto al uso o almacenamiento de estas armas como estrategia de disuasión, hay autores que piensan que la disuasión implica el asesinato de inocentes y la devastación del entorno, su almacenamiento implica el gasto de importantes recursos que no se usan en otras necesidades vitales para el pueblo y, además, puede provocar una catástrofe debido a que el enemigo puede interpretar de forma errónea las intenciones del otro (Hashmi, 2018: 32‑34).

Teniendo todo lo anterior en cuenta, hay que ver cómo encajan entonces algunas manifestaciones de funcionarios iraníes de relevancia como el ministro de Inteligencia, Mahmoud Alavi, cuando en 2021 dijo a la televisión estatal iraní:

«El Líder Supremo ha dicho explícitamente en su fatwa que las armas nucleares van en contra de la ley de la sharía y que la República Islámica las ve como religiosamente prohibidas y no las persigue. Pero un gato acorralado puede comportarse de manera diferente a cuando el gato está libre. Y si [los Estados occidentales] empujan a Irán en esa dirección, entonces ya no es culpa de Irán» (Reuters, 2021).

Esta manifestación se hizo un par de meses después de que Irán aprobase la ley titulada Plan de Acción Estratégico para Levantar las Sanciones y Proteger los Intereses de la Nación Iraní, aprobada por la Asamblea Consultiva Islámica (Majlis) en diciembre de 2020 (Barakat, 2020). Una norma que ha restringido de modo considerable la capacidad diplomática de Irán, pero que se aprobó con 251 votos de los 260 posibles. Si bien algunos legisladores se opusieron de manera pública a ella, no fue por estar en desacuerdo con su contenido, sino porque en la mayoría de los casos sentían que no era lo suficientemente agresiva (Rome, 2023).

Un nuevo concepto de disuasión nuclear

A pesar de la inestabilidad del sistema internacional, no ha habido una guerra entre grandes potencias desde 1945. Bruno Tertrais explica que esto se debe a la eficacia histórica de la disuasión nuclear, ya que el concepto de disuasión aún es robusto y está apoyado en la tradición sólida de no usar armamento nuclear. Sin embargo, el mismo autor dice que el hecho de que haya funcionado hasta ahora no es garantía de que vaya a seguir funcionando en esta nueva era, donde la disuasión entre varios actores puede ser interpretada como una partida de póquer o como jugar a la ruleta rusa (Bassets, 2024).

En noviembre de 2024, pocos días antes de las elecciones presidenciales estadounidenses, algunos medios de comunicación iraníes —y posteriormente occidentales— empezaron a hacerse eco de las declaraciones de Kamal Kharrazi²¹, asesor de Alí Jameneí y una de las piezas clave dentro de eje de toma de decisiones del régimen, sobre la política nuclear iraní y la postura de seguridad nacional.

En esa entrevista, Kharrazi comenzó enfatizando que, si bien Irán en la actualidad se abstiene de desarrollar armas nucleares debido a una norma superior, esta posición podría no mantenerse si Irán se enfrentase a una amenaza existencial: «Irán ha respetado la fatwa del Líder que prohíbe las armas nucleares, pero si la supervivencia de Irán se ve seriamente amenazada, nos reservamos el derecho de reconsiderarla» (Tehran Times, 2024a). En esa línea, explicó el enfoque de la política exterior iraní basada en la disuasión. Irán está preparado para una guerra, pero evita la escalada. «El camino a seguir depende de Israel; si continúa con sus acciones agresivas, Irán responderá en consecuencia».

En realidad, esta no es la primera vez que se filtra y se difunde con fuerza desde el entorno de Alí Jameneí la intención de modificar la fatwa. Ya en 2012 se lanzó esa idea en algunos artículos de prensa iraníes (Kahlili, 2012; Bacaltos, 2012) coincidiendo con una de las etapas más duras del régimen en su enfrentamiento con el OIEA, la Unión Europea y el Consejo de seguridad de la ONU. A comienzos del año 2012, las tensiones entre Estados Unidos e Irán iban en aumento, tanto la Unión Europea como EE. UU. se preparaban para imponer sanciones adicionales que impidiesen la venta de petróleo iraní, como al final se concretó a partir del 1 de julio de ese año²².

Tampoco es la primera vez que Kharrazi habla sobre la necesidad de cambiar la doctrina nuclear. En mayo de 2024 recurrió al argumento estrella del régimen. Irán no tiene intención de construir una bomba nuclear, pero, si su existencia se viera amenazada, no les quedaría más remedio que cambiar su doctrina. Del mismo modo, el comandante del Cuerpo de Seguridad y Protección Nuclear de la Guardia Revolucionaria²³, el general Ahmad Haghtalab, declaró que era posible y concebible una revisión de la doctrina nuclear y las políticas de la República Islámica y el alejarse de las consideraciones establecidas con anterioridad (Dalton y Levite, 2024).

Declaraciones de esta índole cumplen el propósito de la comunicación estratégica atendiendo a su audiencia exterior e interior. Por un lado, valida el logro de haber podido alcanzar un umbral técnico de desarrollo nuclear compatible con la consecución de la capacidad nuclear para justificar de ese modo la gran inversión económica del Estado en ese programa. Y, por otro, abre la vía de la disuasión advirtiendo que existe la posibilidad real de cruzar el umbral delimitado por la fatwa del gran ayatolá Jomeini.

Es muy probable que la gran ambición de Irán sea convertirse algún día en un Estado poseedor de armas nucleares, un anhelo que se evidenció durante el reinado del sah Mohammad Reza Pahlavi y que la República Islámica revitalizó tras la sangrienta y traumática guerra con Irak en la década de 1980. Sin embargo, hasta que alcance el estatus nuclear, Irán ha ido cubriendo etapas de forma acorde a sus tiempos realizando avances en sus capacidades siempre que le ha sido posible y ha hecho concesiones técnicas y tácticas cuando le ha sido necesario, al tiempo que ha potenciado sus capacidades para adquirir —de forma autóctona y foránea— los medios que podría necesitar para cruzar el umbral nuclear si llegase ese momento.

Por otro lado, también es muy probable que dentro de la cúpula iraní se tenga el convencimiento de que, si cruzan el umbral nuclear, el mundo acabará aprendiendo a aceptarlo. Es probable que estén convencidos de que, aunque sus esfuerzos por adquirir armas nucleares vayan precedidos de protestas, sanciones e incluso acciones encubiertas por parte del exterior, ese fait accompli zanje cualquier polémica al respecto, como ha ocurrido con Israel, India, Pakistán y, más recientemente, Corea del Norte (Levite, 2021) e instaure la tolerancia.

La aprobación de la ley nuclear pudo ser la respuesta de Irán al asesinato de Mohsen Fakhrizadeh en noviembre de 2020. Este oficial de la CGRI era considerado uno de los principales científicos nucleares de Irán y se le considera padre del programa nuclear. Si bien es cierto que, según los registros del Majlis, esa ley estaba en estudio desde junio de ese año y el proyecto de ley se debatió a primeros de noviembre, mucho antes de la muerte de Fakhrizadeh, por lo que la interpretación más probable es que fuera un movimiento estratégico para contrarrestar la estrategia de «máxima presión» de la administración Trump y, al mismo tiempo, tratar de imponer a quien ganara las elecciones presidenciales de ese año en Estados Unidos una rápida reincorporación del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC). Aunque es muy probable que, debido al clima de tensión entre EE. UU. e Irán, la muerte de Fakhrizadeh acelerase la toma de decisiones (Torfeh, 2020).

Aunque los avances que ha hecho Irán en estos cuatro años se consideran reversibles desde el punto de vista técnico y Teherán puede argumentar que el cumplimiento de esa ley ha sido irregular durante mucho tiempo, la ley nuclear de 2020 restringió su capacidad de maniobra y negociación y obstruyó los intentos de revivir el PAIC.

Esta legislación exige a todos los estamentos implicados de forma directa e indirecta en el programa nuclear iraní intensificar sus actividades nucleares para conseguir una serie de objetivos y dejar de aplicar el protocolo adicional al Acuerdo de Salvaguardias del OIEA en Irán.

Entre el año 2018 y el 2021, la administración Trump impuso más de 1500 sanciones directas e indirectas a Irán o a empresas o individuos extranjeros con negocios o intereses en el país. En ese arco se incluyó desde la oficina del líder supremo, la Guardia Revolucionaria o el Banco Central a funcionarios gubernamentales, judiciales, miembros de la comunidad científica o militares. El objetivo principal, en su momento, era que la nueva administración Biden levantara ciertas sanciones a la banca y al sector energético que la administración Trump había impuesto sobre Irán, y, de esa manera, demostrase su compromiso con el Acuerdo Nuclear²⁴.

Estas sanciones fueron el componente clave de la estrategia del presidente Donald Trump sobre Irán. Aunque muchas de las sanciones habían sido impuestas inicialmente por la administración Obama, fueron levantadas tras la implementación total del PAIC en 2016. La campaña de «máxima presión» que inició Trump tras firmar la retirada de Estados Unidos de los compromisos adquiridos de manera voluntaria en el PAIC²⁵ reimpuso muchas de las sanciones que tenían como objetivo el programa nuclear iraní, el programa de misiles balísticos y el apoyo a las milicias proxies de Irán en Oriente Medio entre otros (Hanna, 2021).

Por otro lado, las secuelas de los años de la primera presidencia de Donald Trump afectaron a otros escenarios de aproximación entre Estados Unidos e Irán y no dejaron una región estable. Muy al contrario. En primer lugar, el asesinato del general Qassem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds, en Irak provocó otra profunda fractura difícil de reparar entre EE. UU. e Irán, en un contexto de más de cuarenta años de animosidad y sospecha. En segundo lugar, este acontecimiento interrumpió una dinámica política útil tanto en Irán, donde las protestas contra el régimen habían aumentado en tamaño y frecuencia, como en Irak, donde las protestas antiraníes habían estado creciendo (Haas, 2020).

Sin embargo, también aumentó el malestar contra el aliado estadounidense entre la población iraquí, sentimiento que no ha cambiado en gran medida a lo largo de estos años, como se pudo detectar en el buen recibimiento entre la población de la noticia sobre la finalización de la misión contra el Estado Islámico, Inherent Resolve, para septiembre de 2025 (Iraqi News Agency, 2024; Middle East Monitor, 2024). Y, en tercer lugar, como se ha visto que hizo, Irán prometió suspender la aplicación provisional de su protocolo adicional y tomar medidas contrarias al PAIC que reducirían el tiempo que necesitaría para obtener un artefacto nuclear viable.

Desde mayo de 2019, fecha en que Irán llevó a cabo esa decisión, ha incrementado sus reservas de uranio hasta el 30 % del límite permitido por el PAIC, ha aumentado sus actividades de enriquecimiento al 60 %, lo que sobrepasa claramente el límite de 3,67 % marcado por el acuerdo, ha reanudado la actividad en instalaciones nucleares que estaban prohibidas antes bajo los términos del acuerdo y ha impedido que el OIEA pueda realizar una vigilancia satisfactoria de su actividad nuclear desde febrero de 2021 (Mills, 2024). Han pasado casi tres años y nueve meses desde que el OIEA pudo acceder de forma completa a las instalaciones nucleares iraníes y realizar exámenes solventes de las actividades en vigor (Organismo Internacional de Energía Atómica, 2024).

Bajo los términos del PAIC, el tiempo que tardaría Irán en producir suficiente material fisible para armas nucleares (breakout o tiempo de ruptura) se había estimado en un año. Pero existe una diferencia importante entre el tiempo de ruptura y el tiempo necesario para desarrollar un arma nuclear viable. El tiempo de ruptura de un país es el tiempo necesario para producir suficiente uranio o plutonio de calidad militar para un arma nuclear. El OIEA estima que esta cantidad es de unos 25 kg de uranio altamente enriquecido (90 % o más de enriquecimiento). Sin embargo, aunque Irán dispusiera de la cantidad y el nivel de enriquecimiento de uranio necesarios para un artefacto nuclear, aún necesitaría tiempo para desarrollar un dispositivo viable. Esto incluye miniaturizar un arma nuclear para acoplarla a un misil que funcione con precisión y fiabilidad. Ambos desarrollos suponen un reto y requieren mucho tiempo. Además, un arma nuclear no probada no es un elemento suficiente, por sí mismo, para una disuasión creíble (Center for Arms Control and Non‑proliferation, 2016).

En junio de 2022, varios analistas consideraron que el tiempo de ruptura de Irán había llegado a cero y que, combinando las reservas de uranio enriquecido de Irán y su capacidad de centrifugación, podría obtener el suficiente uranio de grado militar (WGU) para fabricar un dispositivo nuclear. Si se usa la medida de 25 kg de WGU por arma, obtendría casi diez armas nucleares en un mes, catorce en tres meses y dieciséis en cinco meses (Albright y Bukhard, 2022). Sin embargo, esas estimaciones del tiempo de ruptura no tenían en cuenta la capacidad tecnológica y el tiempo necesarios para construir una ojiva nuclear plenamente operativa, que algunos analistas han estimado entre uno y dos años (Albright, 2024).

Un arma nuclear que no ha sido probada no es elemento suficiente para una disuasión creíble. En su Evaluación Anual de Amenazas de 2024, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (2024) de los Estados Unidos concluyó que, si bien Irán no parece estar persiguiendo el desarrollo de un dispositivo nuclear en la actualidad, las actividades nucleares emprendidas desde 2020 «lo posicionan mejor para producir un dispositivo nuclear, si es que decidiera hacerlo».

Observando de manera global los desarrollos iraníes, se puede evaluar que Irán es un **Estado en el umbral nuclear** en un contexto de resistencia y, en palabras del profesor Sebastian Harnisch, si bien el TNP como sistema funciona y consiguió limitar la amenaza nuclear en Oriente Medio durante años, actualmente la situación regional está tan abierta que, aunque el TNP siga funcionando, la tensión regional provocada por el escenario de confrontación entre Israel e Irán puede llegar a romper la estanqueidad del régimen de no proliferación.

No se pueden dejar de lado las repercusiones regionales de las evoluciones del programa nuclear iraní que se vislumbran esencialmente en Arabia Saudí y Turquía. Por la parte saudí, el príncipe heredero, Mohamed ben Salman, ha manifestado en múltiples ocasiones las aspiraciones de su país a desarrollar un programa nuclear civil completo. Aunque este deseo nació en la década de 1960, ahora es cuando suscita más dudas que nunca debido, sobre todo, a lo opaco de sus verdaderas intenciones y a la determinación saudí que se niega a tener un estatus diferente a India o Japón, a los que se les consintió de forma general una búsqueda de capacidades de enriquecimiento o reprocesamiento en virtud de sus respectivos «acuerdos 123».

Arabia Saudí ha declarado públicamente su objetivo de alcanzar la plena autonomía sobre todo el ciclo del combustible nuclear (Caggiano, 2023: 33), así como la posibilidad de utilizar esta tecnología para desarrollar un programa militar si se ve exigido por las circunstancias, en clara referencia a las evoluciones iraníes. La ampliación de la capacidad de enriquecimiento de uranio en las instalaciones de Fordo y el aumento de las reservas de uranio enriquecido hasta el 60 % han suscitado preocupación en Riad sobre una posible reanudación de la investigación armamentística iraní. Esta situación se ha visto exacerbada por los limitados progresos del OIEA en la supervisión de los avances nucleares de Irán. Aunque estas acciones puedan entenderse como una estrategia de presión internacional y, en particular, sobre Estados Unidos, más que como una amenaza, la falta de transparencia iraní preocupa en el reino saudí.

Las consideraciones estratégicas del príncipe ben Salman parecen depender en gran medida de las acciones e intenciones de Teherán, aunque no son la única razón. Arabia Saudí también busca reducir su dependencia de proveedores externos, tanto de combustible como de mineral de uranio. Riad cuenta con suficientes para fines nacionales, pero se están extrayendo en la actualidad, en cooperación con China, un proyecto calificado como gravemente antieconómico tanto por el OIEA como por la Agencia de Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Eid, 2025).

Por su parte, la postura de Israel al respecto es clara, tal y como la articula su Comisión de Energía Atómica. Israel ha expresado su preocupación sobre la cesión a la petición saudí de construir una central nuclear como parte de un acuerdo de normalización, ya que esta decisión podría sentar un precedente peligroso y desencadenar una carrera armamentista nuclear en Oriente Medio (Schneider, 2023). Tal situación podría intensificar aún más la competencia regional y las dinámicas de seguridad y sentar un precedente problemático al alentar a otros países de la región, como Turquía, a perseguir capacidades nucleares similares, lo que llevaría a una proliferación en cascada en un Oriente Medio ya de por sí volátil (Herrera, 2023).

Respecto a Turquía, ya en 2019, el presidente Recep Tayyip Erdogan calificó como inaceptable que los Estados nucleares de iure le prohibieran obtener su propio arsenal nuclear (Bugos, 2019). Esta declaración hizo que se disparasen las preguntas sobre la motivación turca al respecto, ya que Turquía fue uno de los primeros Estados signatarios del TNP, por lo que está obligada a impedir la propagación de las armas nucleares y a promover los objetivos de una agenda eficaz de desarme.

En la actualidad, Turquía invierte en diferentes plantas de energía nuclear civil como inversión económica del país y alberga entre veinte y treinta bombas nucleares de caída libre B61 estadounidenses bajo paraguas de la OTAN en la base aérea de Incirlik (Kristensen et al., 2024c: 198). La presencia de este tipo de armamento en suelo turco tiene relación con su ingreso en la OTAN en 1952 y el despliegue de misiles Júpiter en 1959 por parte de EE. UU. Tras la retirada de esos misiles de su territorio, Ankara se integró en el sistema de reparto nuclear de la OTAN²⁶. Este concepto fue acuñado por la organización para la disuasión nuclear y le permite a Bélgica, Alemania, Países Bajos e Italia albergar armas nucleares y emplearlas en caso de necesidad, siempre previa autorización u orden directa de Estados Unidos²⁷.

Es cierto que la posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares dota de cierto sentido al planteamiento turco de desarrollar su propio arsenal nuclear para, de ese modo, equilibrar y encarar los posibles desafíos derivados de una **proliferación en cascada** en Oriente Medio. Sin embargo, hay varios factores que podrían impedir o, al menos, entorpecer esa aspiración. Primero, su pertenencia a la OTAN, al TNP y su adhesión al régimen de no proliferación, además de su eterna vocación de ser miembro de la Unión Europea. Segundo, según el libro blanco publicado en 1998, la estrategia militar de Turquía en el siglo xxi apunta a cuatro pilares: la disuasión, el apoyo militar a la gestión de crisis, la defensa desde el avance y la seguridad colectiva. La idea que envuelve toda esa doctrina es la del compromiso a largo plazo en sus alianzas, un concepto muy distante de las consecuencias de un arsenal nuclear (Yazigioglu, 2019).

Y, en tercer lugar, si Turquía inicia ese tránsito hacia el desarrollo nuclear militar, tendría que buscar socios que le hicieran avanzar en el ámbito tecnológico de forma rápida, eficaz y eficiente en todas las fases del ciclo de combustible nuclear. Estos candidatos podrían ser desde Brasil o Japón, a Rusia y, por supuesto, China. Teniendo en cuenta que todos ellos son miembros del TNP y del Grupo de Suministradores Nucleares, si cualquiera de ellos colaborase con Turquía para desarrollar tecnología militar nuclear, provocaría una situación similar a la de Rusia con Irán, que le suministra tecnología sensible dentro del contexto de los derechos de los Estados no poseedores de armas nucleares contemplados en el artículo iv del TNP (Kibaroğlu, 2015: 147).

La pesadilla del cisne, su impacto y probabilidad

En el ámbito de inteligencia existen varias técnicas (en especial tres) para ayudar al analista a anticipar escenarios futuros cuyo impacto les hace obligatoriamente objeto de seguimiento, aunque puedan ser considerados descartables por su probabilidad. Los analistas de inteligencia emplean el análisis de alto impacto y baja probabilidad para proporcionar a los decisores recursos que les permitan poder tomar medidas con margen de tiempo y en unas condiciones de incertidumbre rebajadas lo máximo posible (Pherson, 2009: 6).

En condiciones normales, un estudio de esta índole comienza cuando se dispone de información que sugiere que puede tener lugar un evento que no se había previsto o al que le adjudicaba muy poca probabilidad de ocurrencia. En este caso, lo que empuja hacia la generación de escenarios es, por un lado, el atrevimiento de intentar adelantarnos al curso de los acontecimientos y, por otro, la necesidad y ánimo de intentar reducir los futuros posibles, de acotar la incertidumbre.

En el momento en el que se escriben estas líneas, Israel ha asestado un importante golpe a Hezbolá en el Líbano y varios golpes en suelo iraní que han debilitado gravemente a Teherán y, por añadido, al Eje de la resistencia. El acuerdo de cese de hostilidades firmado el 27 de noviembre de 2024 entre Israel y la milicia libanesa evidenció la debilidad del eje, incapaz de devolver los ataques recibidos.

Tras el ataque israelí contra Irán el 26 de octubre de 2024 como respuesta al ataque de Irán del 1 de octubre de ese mismo mes, se esperaba una respuesta de Teherán, la tercera parte de la operación True Promise. Después de lanzar las operaciones True Promise‑1 y True Promise‑2 y, sobre todo, de ciertas declaraciones de miembros de la cúpula iraní como el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, Teherán enfocó su retórica en difundir que tenía intención, en principio, de tomar represalias (Jewish News Syndicate, 2024). Esta reacción no ha llegado y tampoco se espera²⁸.

Una muestra de ese discurso se puede ver en las palabras del jefe de gabinete del líder supremo, Mohammad Mohammadi Golpayegani: «[…] la reciente acción del régimen sionista de atacar partes de nuestro país fue un movimiento desesperado y la República Islámica de Irán le dará una respuesta dura y lamentable» (Al Arabiya News, 2024). Normalmente, este funcionario no recibe mucha atención de los medios de comunicación occidentales, pero es un influyente formador de decisiones y a menudo actúa como representante del líder, por lo que sus declaraciones y comparecencias arrojan luz sobre su pensamiento y su línea de prioridades. De hecho, en noviembre de 2019, el Departamento del Tesoro estadounidense lo identificó como «uno de los más importantes funcionarios de la Oficina del Líder Supremo» (United Against Nuclear Iran, 2023; Sahimi, 2021).

Sobre el papel, Irán es quien tiene, en cierto modo, la obligación de responder, ya que no puede dejar de satisfacer las demandas nacionalistas de la parte más conservadora del régimen sin una justificación sólida. Por otro lado, un error de cálculo le expone a ofrecer a Israel y al resto de países implicados nuevas razones para argumentar una respuesta armada sobre su territorio. Pero precisamente por eso necesita una respuesta contundente, ya sea desde la acción o desde la disuasión, además de poder diplomático.

La cuestión se ha agravado ahora debido a la caída de Bashar Al-Ásad en Siria tras una ofensiva que consiguió en diez días lo que no se consiguió en más de trece años de conflicto. Aunque Israel no estuvo directamente involucrado en los acontecimientos en Siria, fue muy beneficiado por la pérdida del escenario sirio que ha sufrido el Eje de la Resistencia, muy debilitado ya tras los golpes en Líbano.

Hayat Tahrir al‑Sham (Organización para la Liberación del Levante en Siria), antes conocido como Frente Al Nusra, había estado planeando la ofensiva durante meses, desplegando fuerzas a lo largo de las fronteras de la provincia de Idlib, pero el elemento sorpresa fue clave para que la ofensiva tuviera éxito. La operación se lanzó cuando el Eje de la Resistencia estaba en un punto críticamente bajo. Hezbolá y las otras milicias chiitas estaban muy desgastadas por los prolongados combates contra Israel, en especial después de que Israel lanzara la operación Northern Arrows en el sur del Líbano para luchar contra Hezbolá en septiembre de 2024. La presencia de fuerzas del eje en Alepo y otras regiones de Siria se redujo de manera significativa cuando se reubicaron fuerzas en el Líbano y por la pérdida de figuras clave sobre el terreno operacional debido a los asesinatos selectivos que llevó a cabo Israel (Valensiet al., 2024).

Una vez desaparecida la pieza siria del tablero, entre Israel e Irán solo se interpone el espacio iraquí. Una vez más, Israel e Irán pueden verse obligados a evaluar de forma racional los costes de un conflicto regional, más aún si se incluye el componente nuclear, aunque las razones de cada uno sean muy diferentes.

Israel podría llegar a ejecutar un ataque preventivo sobre suelo iraní con el objetivo de evitar una escalada nuclear. Sin embargo, para que ese acto no provocara una desestabilización a gran escala que llegara a rebosar lo regional, debería ser una operación sincronizada y acompasada con las acciones e intereses de otros actores en la región (Nader, 2013: 21‑24). Obviamente, para ejecutar una operación sobre territorio iraní, Israel debería contar con aliados regionales como Arabia Saudí y Turquía, además de tener muy controlado el termómetro político doméstico, ya que una operación de ese calado debería ser incontestable.

En esta probable nueva versión del juego del gallina en un contexto nuclear de fondo más que probable, parece que los dos actores se ven obligados a tomar acción y continuar acelerando. Irán se siente obligado a responder al ataque del 26 de octubre y, dentro de esa decisión, el contexto y el hecho de tratar de evitar represalias lo fuerza a obtener resultados contundentes, lo que, al mismo tiempo, reduce su margen de posibilidades hacia aquellas que desembocan sobre acciones relacionadas de manera directa o indirecta con su programa nuclear y acciones contrarias al PAIC.

El 6 de diciembre de 2024, el OIEA publicó una actualización sobre sus actividades de verificación en Irán. El informe de dos páginas hizo sonar la alarma sobre un peligroso aumento de las actividades de enriquecimiento de Irán en la planta de enriquecimiento de Fordo. El 5 de diciembre, Irán comenzó a alimentar dos cascadas de centrifugadoras IR‑6 interconectadas con uranio enriquecido al 20 % para producir uranio altamente enriquecido (UAE) (Albright y Burkhard, 2024).

Esto significa que Irán está desarrollando la capacidad de fabricar uranio de uso militar (WGU) bajo la apariencia de fabricar uranio altamente enriquecido al 60 % en la planta de enriquecimiento subterránea de Fordo, sin ni siquiera utilizar sus reservas existentes de UAE, lo que le permitiría producir entre 25 y 35 kg de UAE de media por mes y entre 10 y 15 kg de WGU al mes. Esto último da una tasa anual de 120 a 130 kg de WGU al año, suficiente para unas cinco armas nucleares.

Es muy probable que estas acciones sean el resultado de una creciente preocupación en Teherán por la vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la situación de debilidad en la que se encuentra. En este contexto, en los últimos meses se han oído muchas voces en Irán sobre la necesidad de reevaluar su estrategia nuclear. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que, aunque Irán es capaz de producir una bomba nuclear, no tiene intención de hacerlo, si bien «el poder y la diplomacia están unificados y son inseparables. Sin poder, la diplomacia es ineficaz, no tiene ningún impacto» (Tehran Times, 2024b) y, como se ha dicho anteriormente, Irán necesita poder de disuasión y, al mismo tiempo, poder diplomático para ser fuerte en una negociación.

Hay que resaltar aquí que existe una relación muy intensa entre el nacionalismo iraní y el sentimiento que engloba el programa nuclear de Irán, ya que es un país donde el nacionalismo es excepcionalmente fuerte, tanto en su forma secular como religiosa (Stone, 2009: 34), y, además, interviene de forma directa y activa sobre su gestión política (Abrahamian, 2018: 36). En cierto modo, se puede asumir que el nacionalismo hace avanzar el programa nuclear y, al mismo tiempo, los éxitos del programa nuclear agrandan el orgullo nacional.

Si se unen las palabras sobre el poder y la diplomacia del ministro Araghchi a los avances en el programa nuclear, a la retórica sobre la fatwa nuclear —en cierto modo innecesaria— y una probable desventaja militar táctica respecto a Israel, se podrían adelantar dos escenarios posibles.

El primero, un futuro donde Irán cancela la fatwa y, de manera inmediata, lleva a cabo su primera prueba nuclear de manera exitosa. Este hecho pondría de manifiesto que ha alcanzado capacidades nucleares operativas plenas y le dotaría del poderío militar y diplomático del que carece en la actualidad. Este escenario tendría un alto impacto en el régimen de no proliferación. Representaría una vía de agua de difícil recuperación que, además, terminaría por afectar al TNP y su revisión, prevista para 2026.

En el segundo, Irán también cancela la fatwa para continuar con sus desarrollos nucleares, manteniéndose próximo a los límites de ser un Estado umbral nuclear (Mousavian, 2024), de forma que pudiera seguir haciendo equilibrios entre los mínimos del régimen de no proliferación y los máximos de una disuasión creíble.

Aunque se pueda considerar que el acuerdo nuclear lo sostiene un hilo casi invisible en ocasiones, desde el marco jurídico internacional la Resolución 2231 (2015) del Consejo de Seguridad de la ONU, de 20 de julio de 2015, que lo abarca sigue vigente y marca la caducidad de los principales vetos nucleares en julio de 2025. El 18 de octubre de 2025 o, lo que es lo mismo, el día de la finalización del Plan de Acción Integral Conjunto, se terminarán las disposiciones y medidas impuestas en dicha resolución y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dejará de ocuparse de la cuestión nuclear iraní, por lo que Irán dispone de una tercera vía, en cierto modo ya conocida: tratar de enfriar y alargar el conflicto en la esfera diplomática.

Esta opción le podría permitir aproximarse lo máximo posible a octubre de 2025, alegando su intención de proseguir las negociaciones vinculadas al acuerdo nuclear o a otro nuevo escenario de negociación con características nuevas. De hecho, los recientes movimientos del presidente iraní Masoud Pezeshkian parecen ir dirigidos a un intento de retomar las conversaciones nucleares con Estados Unidos y tratar de calmar la preocupación internacional por el avance de las actividades nucleares iraníes. Sin embargo, las actividades de proliferación que Teherán ha mostrado en los últimos meses aumentan el riesgo de que tanto Israel como Washington perciban sus acciones de manera agresiva y desencadenen un catálogo de acciones que contemple desde una presión política y económica asfixiante hasta acciones militares (Arms Control Association, 2024).

El marco teórico dice que, cuando no existe posibilidad de cooperación, es necesario proyectar las disputas en el tiempo para que las partes en conflicto se vean obligadas a interactuar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el historial de encuentros entre los bandos no tiene por qué jugar a favor de la cuestión. Al contrario, los encuentros o desencuentros anteriores pueden reforzar las relaciones o deteriorar la situación por completo.

Por lo que, si Pezeshkian quiere optar por la vía de la diplomacia, debería actuar de forma moderada en el corto plazo, más si se tiene en cuenta el estado de las relaciones entre Washington y Teherán tras la primera presidencia de Trump. Y, del mismo modo, desde la Casa Blanca, la administración entrante debería reconocer la importancia de enviar señales tempranas y coherentes a Irán sobre un proceso real de negociación, no de imposición de condiciones de forma unilateral. Sin embargo, si se toman en consideración las decisiones de política exterior que adoptó en su anterior presidencia en el entorno regional del que aquí se habla y que quien dirigirá sus acciones exteriores será Marco Rubio, un halcón que cree que Estados Unidos (The Arab Weekly, 2024; Johnson, 2024) debe usar la fuerza militar para promover sus políticas y que encara las relaciones internacionales con una postura de fuerza y presión en lugar de diálogo, hay pocos factores que inviten al optimismo.

Conclusiones

Analizando todos los escenarios expuestos se pueden extraer algunas conclusiones que parecen evidentes. La primera, y más obvia, es que, por primera vez en mucho tiempo, quizá desde la Revolución islámica de 1979, Irán podría estar en puertas de afrontar un episodio decisivo para su devenir regional, pero también nacional, y no va a poder permanecer durante mucho tiempo en una postura inmovilista. Por momentos, parece que Teherán ha decidido poner en práctica la ocultación, como el Imán Oculto, quizá con la esperanza de emerger algún día y establecerse como líder de la región, pero se antoja complicado que eso pueda ocurrir con las piezas actuales en el tablero.

El primer escollo que tendrá que afrontar es la segunda etapa del presidente Trump al frente de la Casa Blanca. Aún no se ha concretado si Trump retomará las líneas de su anterior mandato en política exterior, pero, de ser así, Teherán afrontaría un dilema bastante complejo y difícil de resolver, ya que la supervivencia del régimen es en sí misma su razón de ser, pero también cobra importancia la forma de hacerlo. Aunque Trump haya señalado en varias ocasiones que no busca un cambio de régimen en Teherán y que quiere un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán, su orientación y la de su equipo de política exterior está enfocada hacia Israel, por lo que dota a Tel Aviv de ventaja estratégica y diplomática frente a Teherán.

Además, en todo este tiempo, Irán no ha dejado de evolucionar sus capacidades nucleares y, en este contexto, es poco probable que Israel permanezca impasible mientras pueden llegar a concretarse dos futuros muy peligrosos desde su perspectiva. Primero, que Irán consolide capacidades nucleares militares y se vea en disposición de ser una potencia nuclear de facto, de forma similar al caso de Corea del Norte. Y segundo, que alargue el conflicto hasta llegar al 18 de octubre de 2025, día de finalización del PAIC y, con más opciones, se concrete la primera opción expuesta.

Es muy poco probable que Tel Aviv permita a Teherán consolidarse como un actor nuclear de facto, ya que eso cambiaría por completo el peso de su posición negociadora, su influencia regional y su calificación como rival por la hegemonía regional. Mas aún si se tiene en cuenta que, en este momento, Israel ha conseguido desactivar todos sus proxies regionales, por lo que ahora Teherán no tiene capacidad de ejercer una presión asimétrica sobre el tablero. Por primera vez en mucho tiempo tiene que responder de forma directa y su credibilidad nacional y regional está en juego.

Con todas estas variables sobre el tablero, a simple vista parece que la solución racional para Israel es la más irracional de todas, optar por una operación sobre suelo iraní, antes incluso de que Teherán se plantee la manera de responder. No hay que perder de vista que, en el juego del gallina, si se elige la opción de continuar hacia adelante para demostrar más valentía que el otro, solo se sobrevive si el otro toma la decisión de apartarse, ya que un juego de suma cero entre dos jugadores es una «guerra abierta» y, en un contexto nuclear, se traduciría en la MAD. Por lo que, en realidad, la solución racional sería que ambas partes se apartasen de la contienda y se llegase a una solución negociada.

Por desgracia, en el caso que atañe a este capítulo, el contexto que se ha formado tras años de desencuentros, la amenaza nuclear iraní y las circunstancias actuales dejan poco margen de viabilidad para encontrar una solución donde la partida acabe en tablas, por lo que todo dependerá de la racionalidad de los jugadores.

¹Lewis F. Richardson (11 octubre 1881‑30 septiembre 1953, Reino Unido). Matemático, físico, meteorólogo, psicólogo y pacifista, pionero en técnicas matemáticas modernas de predicción del tiempo y la aplicación de técnicas similares para el estudio de las causas de la guerra, así como la forma de prevenirlas (Gold, 1954: 216‑235).