IEEE. Demografía y politización de la inmigración

Previsiones fallidas

En 1968, un profesor de Biología de la Universidad de Stanford llamado Paul Ehrlich publicó un libro (Ehrlich, 1993) donde se podía leer: «En los próximos años cientos de millones de seres humanos morirán de hambre a causa de la sobrepoblación […] nadie podrá impedir un enorme crecimiento de la mortalidad».

No tuvo que pasar mucho tiempo para que las previsiones de la ONU, del MIT o las del citado Ehrlich cayeran en el más absoluto ridículo, pues aquella crisis demográfica «terminal» nunca existió y hoy nos encontramos con una crisis de distribución de alimentos, pero no de producción. De hecho, se produce más de lo que se consume e, incluso, podemos hablar de una epidemia de sobrealimentación, por un lado, y de despilfarro alimentario, por el otro. Por otra parte, la población necesaria para la producción agraria ha disminuido de una forma espectacular. No hace mucho entre un 30% y un 40% de la población ocupada trabajaba en el campo y, ahora, con un 3% se obtienen más alimentos de los que se necesitan.

Los demógrafos llevamos ya tiempo advirtiendo de que el temor a una explosión sin límites de la población mundial no tiene razón de ser. La fecundidad está disminuyendo en todos los países del mundo y las proyecciones de población de las Naciones Unidas, puestas al día con regularidad, muestran que, aunque en las próximas décadas seguirá aumentando la población, sobre todo en algunas regiones del planeta, se vislumbra una fecha, que este organismo sitúa en la próxima década de los ochenta, en la que la población dejará de crecer.

La transición demográfica se extiende por todo el planeta

Lo que muestra la evolución de la población mundial desde mediados del siglo pasado es que la transición demográfica, un proceso que hasta ahora han completado solo los países más desarrollados, tiene carácter universal. Los cambios, que se han producido ya con inicios y ritmos distintos en los países ricos, se dividen en tres fases: una primera de estancamiento de la población, con una elevada fecundidad casi anulada por la alta mortalidad general y catastrófica provocada por las hambrunas, las guerras y las epidemias; una segunda caracterizada por un gran crecimiento de la población, porque la mortalidad desciende y se mantiene alta la fecundidad, y una tercera, en la que disminuyen tanto la fecundidad como la mortalidad y el crecimiento demográfico es moderado.

Después del aumento generalizado (pero desigual) de la esperanza de vida, la evidencia reciente de la propagación de la caída de la fecundidad en prácticamente todos los países, incluidos muchos del continente africano y del mundo islámico, viene a confirmar el carácter general de esta evolución, aunque varíen las condiciones concretas en cada sociedad. Sin embargo, las todavía altas tasas de crecimiento demográfico y, sobre todo, los fuertes desequilibrios que se anticipan en la distribución de la población del planeta mantienen todavía viva la alarma ante el exceso de población.

En torno a 1950, la población mundial era de unos 2500 millones y, desde 2022, supera los 8000 millones. Naciones Unidas estima que, para 2050, se alcanzarán los 9700 millones y que la población humana llegará a un máximo en torno a los 10.400 millones en la década de 2080 (Naciones Unidas, 2022a). En cualquier caso, estas previsiones pueden fallar estrepitosamente, por lo tanto, pararé esa línea de investigación/previsión. Esto no significa que no haya que afrontar problemas relacionados con la población, de los que queremos destacar dos: a) algunos países se han quedado descolgados en este proceso de transición, y b) la enorme diversidad en los ritmos del cambio demográfico ha provocado enormes desequilibrios en la distribución espacial de la población mundial.

Fuerte descenso de la fecundidad. Algunos países se quedan descolgados

A partir de 1970, el descenso de la fecundidad ha sido vertiginoso y las últimas proyecciones de Naciones Unidas (de 2022) prevén que este indicador descienda por debajo del nivel de reemplazo (aproximadamente dos hijos por mujer) a partir de 2050. Desde ese momento, la población mundial no se renovará, aunque la inercia que genera una elevada proporción de mujeres en edad de procrear y una mortalidad declinante hará que la población siga creciendo hasta aproximadamente 2080, como hemos dicho anteriormente. Hay que resaltar que, en el horizonte de la proyección (2100), la fecundidad estimada es de 1,75, por encima de la que presentan actualmente muchos países europeos y, en particular, el nuestro, cuya fecundidad en 2024 era de 1,29 hijos por mujer, un hijo menos que la media mundial ese año (2,32).

África era el único continente en el que existían en 2021 países con fecundidad superior a cinco hijos por mujer (diez países) y de los veinte países con mayor fecundidad, dieciocho están en África. En conjunto, es el continente con mayor fecundidad en 2021: 4,31 hijos por mujer frente a los 6,59 de 1950.

En cuanto a la progresión de la esperanza de vida al nacimiento, ha pasado, a nivel mundial, de 46,5 años en 1950 a 71,0 en 2021. A la llegada, la diferencia entre hombres (68,4) y mujeres (73,8) es de 5,4 años. El promedio mundial de los hombres se alcanzó en España (actualmente uno de los países con mayor esperanza de vida) en 1966 y el de las mujeres en 1988: el retraso es claramente mayor entre los hombres. Los niveles más bajos se observan también en África Central: de 37,1 años en 1950 (aproximativamente el nivel de España en torno a 1900) se pasa a 59,2 en 2021 (un dato inferior al de la España de 1950).

El continente africano, y sobre todo su parte central, se ha quedado descolgado de este proceso de modernización demográfica. Estas condiciones, unidas al deterioro climático, a la inestabilidad política y a los conflictos armados locales, hace de esta región un reto humanitario y alimenta una emigración y unos desplazamientos de personas de difícil gestión.

Desequilibrios crecientes en la distribución de la población mundial

Si, a nivel mundial, el exceso de población ha dejado de ser una perspectiva creíble para la gran mayoría de los expertos, los desequilibrios entre regiones y países se han acentuado en los últimos cincuenta años y se incrementarán en el futuro, de acuerdo con las últimas proyecciones de Naciones Unidas, de 2022. Ya hoy, el centro de gravedad de la población se ha desplazado a Asia y en el futuro es posible que se sitúe en África.

Entre 1950 y 2021, la población de toda Europa ha crecido algo menos de doscientos millones, mientras solo la India cuenta con 1050 millones más de habitantes, y China, gracias a la política del hijo único, solo con 887 millones más. En términos relativos, mientras la población de Europa ha crecido un 0,4% anual (0,7% en España), la de África lo ha hecho en un 2,6% (2,8% en África Central). Para dar una idea de la importancia de esta diferencia, digamos que, con la tasa de crecimiento de Europa, la población tardaría 159 años en duplicarse y solo veintisiete años con la de África.

En un siglo, de 1950 a 2050, la distribución de la población mundial habrá dado un vuelco. El país más poblado, que era al principio China, con 539 millones de habitantes, será en 2050 la India, con 1669 millones. En China, tras un fuerte crecimiento (en 2021, con 1426 millones, superaba todavía ligeramente a la India), la proyección de Naciones Unidas prevé un verdadero hundimiento, hasta los 778 millones en 2100, aunque en 2050 tendría todavía 1317 millones de habitantes. El crecimiento más espectacular lo protagoniza el continente africano, que pasa de 225 millones en 1950 a 2466 millones en 2050, para seguir creciendo, según la proyección, hasta casi los 4000 millones en 2100, acogiendo entonces cerca del 38% de toda la humanidad. Como contraste, el peso del continente europeo no ha dejado de menguar y las proyecciones prolongan la tendencia. En 1950, representaba el 22% de la población mundial. Hoy (2021) se queda en el 9,5%. Bajará al 7,3% en 2050 y al 5,7% en 2100.

La concentración demográfica en la que el mundo está inmerso se extiende, dentro de cada país, a la creciente urbanización, que está tomando proporciones inéditas y se intensificará en el futuro. Según el Banco Mundial, alrededor del 56% de la población mundial, 4400 millones, vive actualmente en ciudades y se espera que para 2050 lo hagan casi siete de cada diez personas. Hacer frente a los desafíos que plantea esta tendencia exige abordar la demanda creciente de viviendas y la proporción creciente de los que no pueden acceder a ella por defecto de solvencia. Exige igualmente mayores inversiones en infraestructura de transporte, de servicios básicos y una fuerte creación de empleo. Por otra parte, aumenta el número de personas desplazadas, agolpadas en infraviviendas que carecen de los servicios colectivos mínimos (Banco Mundial, 2023).

La concentración urbana es uno de los fenómenos esenciales de nuestros días. Sus consecuencias se extienden a todos los ámbitos. Es, sin duda, uno de los motores del fuerte descenso de la fecundidad en todo el mundo. El hijo, que en la explotación agrícola o ganadera familiar era un activo, una inversión, pasa, en la ciudad, a ser una carga, cuyo coste es creciente.

Lo ocurrido en China merece una nota

La población china había crecido notablemente entre 1949 (fundación del Estado comunista) y 1979 y, tras tres décadas de «brillante construcción del socialismo», China seguía siendo una sociedad rural. Rural y hambrienta (más del 77% de los chinos contaba a mediados de los años setenta con menos de 1,25 dólares diarios para vivir).

Así estaban las cosas cuando, en septiembre de 1979, todos los miembros del PC chino recibieron una carta de la dirección del partido instándoles a que dieran ejemplo y no tuvieran más de un hijo. Un año después, en septiembre de 1980, la política del hijo único se le impuso a toda la población y quien no cumpliera la orden recibiría cuantiosas multas. Más tarde, ya en los años noventa, las mujeres que hubieran tenido más de un hijo estaban obligadas a la esterilización.

Aquella política produjo desastres inmediatos; en primer lugar, una catarata de infanticidios, auténticas matanzas de niñas recién nacidas, además de la existencia de mujeres «clandestinas» cuyos nacimientos sus padres ocultaron. De hecho, en la China de principios del siglo XXI el número de varones entre 0 y 35 años era ya notablemente superior al de mujeres de esas mismas edades. Concretamente, en 2016, según datos oficiales chinos, la relación entre niños y niñas de cinco a quince años varones y mujeres era de 118 varones por 100 mujeres. En otras palabras: durante los últimos treinta años nacieron en China unos treinta millones más de varones que de mujeres. No es de extrañar, por tanto, que la nupcialidad allí venga cayendo desde hace ya algunos años y de forma notable.

En lo que sigue, para designar cualquier estimación acerca del futuro poblacional, utilizaremos el término «proyección», quitándole así a esos cálculos la carga predictiva que a menudo pretende atribuírseles.

Hoy se habla en Europa de la «catástrofe» del envejecimiento. Y cabe preguntarse: ¿cómo saber a ciencia cierta que esa va a ser la realidad futura? Lo sensato, en cualquier caso, es hacer «proyecciones» en vez de realizar «predicciones». Y lo que dota a las proyecciones demográficas de una robustez mayor de la que gozan otras ramas de las ciencias sociales es que buena parte del futuro, sobre todo los quince o veinte años más cercanos, está ya contenido en la estructura actual de la población y el resto depende en buena parte de la evolución de la fecundidad y la mortalidad, dotadas de gran inercia temporal. Con todo, cualquier proyección de la población no es más que la cuantificación de unas hipótesis sobre el comportamiento futuro de la fecundidad, la mortalidad y las migraciones. Conviene tener esto muy presente.

La demografía española hacia abajo

La caída de la nupcialidad, el crecimiento de la divorcialidad y la caída de la fecundidad hasta niveles bajísimos han traído como consecuencia la caída de la población española. Caída que ha sido atemperada con la llegada de inmigrantes (tema del que nos ocuparemos al final de este estudio).

Los datos que se usarán a continuación son anteriores a la pandemia.

En una generación que estuviera sometida a las tasas de primonupcialidad¹ por edad observadas en España en 2018, el 54% de los españoles y el 50% de las españolas se quedarían solteros. Unas proporciones inimaginables hace solo 45 años, cuando esa proporción estaba en torno al 10% e incluso menor.

En 1976, la edad media de las mujeres en España al contraer su primer matrimonio fue de 24,1 años (26,6 la de los varones). En 2018, esas edades fueron de 33,6 años en las mujeres y 35,6 en los varones. Queda, pues, patente la tendencia a casarse menos y hacerlo con más edad. A ello se ha unido una menor estabilidad matrimonial. Veamos esto último:

• En 2016, se produjeron 101.294 rupturas de matrimonios, de ellas 96.824 divorcios, 4353 separaciones y 117 nulidades. La duración media de esos matrimonios fue de 16,3 años.
• En 2016, la edad media de los varones en el momento del divorcio fue de 44,8 años y la de las mujeres 42,2 años.

El cambio operado en la sociedad es doble en materia de demografía relacionada con el matrimonio. En primer lugar, se percibe una disminución paulatina de las bodas que acompaña a la extensión de la idea de que el matrimonio ya no es necesario para la vida en pareja. Y, en un momento posterior, siendo socialmente aceptada la vida en pareja sin matrimonio, se introduce la idea de los hijos en parejas no casadas. De ahí el rápido incremento de la proporción de hijos nacidos fuera del matrimonio.

Aunque no pueda haber constancia pública de todas las parejas que han elegido serlo solo de hecho —aunque la Encuesta Continua de Hogares del INE nos da una buena estimación numérica de este fenómeno—, es evidente que el modelo de familia formado por un matrimonio con sus hijos se ha diluido en parte. ¿Cómo han influido esos cambios en las pautas de fecundidad? ¿La estabilidad de la pareja favorece la fecundidad? Existen teorías contradictorias a la hora de responder a estas preguntas y los estudios empíricos realizados a nivel europeo están lejos de ser concluyentes.

El control de la fecundidad que han permitido los anticonceptivos orales ha sido notable. Utilizados —sobre todo en un primer momento— por las mujeres casadas que no deseaban más hijos (anticoncepción de parada), luego fueron utilizados por mujeres casadas en los momentos iniciales del matrimonio (anticoncepción de espaciamiento) y, finalmente, por jóvenes antes del matrimonio. No obstante, cabe señalar también que, cuando llegaron en España los anticonceptivos orales, a mediados de los setenta, la fecundidad ya era entonces un 40% a 50% menor que la que había un siglo antes, descenso del número de hijos por mujer en el que los anticonceptivos no jugaron papel alguno. En España, según la Encuesta de Fecundidad publicada a finales del año 2000, el 53,2% de las mujeres en edad fértil declaró utilizar métodos anticonceptivos seguros.

Algo similar, mutatis mutandis, cabe decir en relación con el aborto provocado. En 1986, justo antes del primer año completo con la ley del aborto en vigor, y con menos de quinientos abortos legales en España, el número medio de hijos por mujer fue ya de solo 1,56, una tasa de fecundidad muy baja. La conclusión de observar esas fuertes caídas de la fecundidad previas al acceso masivo a los anticonceptivos y al aborto sería la siguiente. Es indudable que la disponibilidad fácil de anticonceptivos y de aborto facilita físicamente que se tengan menos hijos, desvaloriza la trascendencia del embarazo y ayuda a trivializar las relaciones sexuales y sus posibles consecuencias. Pero si en una sociedad no se quieren tener niños, aunque no haya esa disponibilidad, no se tendrán.

El cuadro 1 muestra que la fecundidad española viene siendo desde hace muchos años inferior a la del conjunto de la UE. Por otra parte, en ninguno de los países que forman la UE la fecundidad llega al nivel de reposición (2,05). En 2018, la de Francia metropolitana era la más alta (1,84), seguida por Suecia e Irlanda (1,75 ambas).

Los cambios que acompañaron el descenso de la fecundidad no dan respuesta a una cuestión relevante: ¿por qué la fecundidad española es más baja que la media europea?

Según los resultados de la Encuesta de Fecundidad del INE, el número de hijos deseados era mucho mayor que el de hijos reales. Así, el 48% de las mujeres de 25 a 34 años deseaban tener dos o más hijos y solo el 13% no deseaba tener ninguno.

El 8% de las mujeres de entre 35 y 44 años —siempre según la citada encuesta de Fecundidad del INE— declaraba que no había tenido más hijos por no haber tenido la pareja adecuada y aproximadamente el 50% por razones económicas, laborales y de conciliación. Según datos provenientes del Movimiento Natural de la Población (MNP), que califica los nacimientos por actividad económica de la madre, en España hubo 204.656 nacimientos de madres laboralmente inactivas (52,6% del total), y 188.525 de madres activas (47,4% del total).

Los dos indicadores más usados para medir la mortalidad son la probabilidad de muerte de cero a un año (conocida como tasa de mortalidad infantil) y la esperanza de vida al nacer, y las dos han evolucionado en España muy positivamente. Es decir, que la primera ha caído fuertemente y la segunda ha subido hasta niveles envidiables —los mayores de la Unión Europea, pese a no ser España uno de sus países de cabeza en términos de PIB per cápita y otros indicadores económicos—, lo que representa un gran éxito de la sociedad española en su conjunto, y da una idea del elevado grado de calidad y cohesión social en todo lo que incide en la esperanza de vida, como la alimentación, la salubridad del aire que respiramos y del agua que bebemos, los hábitos físicos de vida, los hábitos sociales y los servicios sanitarios (en calidad y extensión universal).

En 2018, la tasa de mortalidad infantil fue de 2,7% (3% los niños y 2,4% las niñas) y conviene recordar que en 1976 esa tasa era de 17,1% y, en el año 2000, de 4,3%.

Este indicador achica las notables diferencias en la esperanza de vida al nacer entre mujeres y hombres, hasta tal punto de que en algunos países europeos es mayor el número de años saludables en los varones que en las mujeres (véase el cuadro 2).

En el momento de cumplir 65 años, los varones y las mujeres en España tenían en 2017 prácticamente los mismos años de vida saludable por delante: 12,3 versus 12,4.

Si en lugar de tomar un solo año se toma como referencia una década, por ejemplo, 2007-2016, a los 65 años serían 9,2 años en las mujeres y 9,7 años en los varones, lo cual nos muestra que la vejez de las mujeres españolas es más «achacosa» que la de los hombres, quizá porque estos han sido «seleccionados» con más rigor por la mortalidad previa a esos 65 años, o porque el desgaste físico de la mujer se paga con un deterioro mayor.

En Europa occidental, los años de vida saludable de las mujeres españolas en 2017 (66,5) son superados por cinco países: Suecia (73,3), Irlanda (69,8), Reino Unido (67,8), Alemania (67,3) y Francia (67,2). Lo cual, como ya se señaló, no se produce en la esperanza de vida al nacer.

Los 65,9 años de vida saludable de los varones españoles solo son superados por tres países europeos: Suecia (73), Noruega (72) e Irlanda (67,3).

Señalemos, no obstante, que, así como el indicador de esperanza de vida al nacer o a cualquier edad se puede estimar con mucha precisión —porque la muerte es un suceso inconfundible y de registro obligatorio—, la vida «saludable» es un concepto que se puede medir con mucha menos exactitud.

El covid

Como en tantos países, el coronavirus se ha llevado a la tumba a muchos miles de personas en España. Detrás de los datos está una realidad: la del envejecimiento de la población española. A más edad de la persona, más riesgo hubo de fallecer por coronavirus.

Así ocurrió en el caso de esa enfermedad, que alcanzó una tasa de fallecidos en España por cien mil personas que a partir de la franja de edad de 40 a 44 años se duplicó cada cinco años más de edad.

En España hubo unas siete olas de contagios por covid. Y como las defunciones se suelen producir dos o más semanas después del contagio, en materia de fallecimientos se han solapado algunas de estas olas.

Con la pandemia llegó también la confusión estadística en torno a las causas de muerte, y con la confusión comenzaron las especulaciones no solo periodísticas, llegándose a fijar en la opinión pública un número de datos que no se corresponde con la realidad.

Entre marzo de 2020 y finales de 2022, en España se han superado holgadamente los cien mil fallecimientos por causa del covid. Lamentablemente, las dos principales fuentes oficiales de información nacionales sobre este asunto, el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística (INE), presentan una notable discrepancia acerca del total de muertes. Según el Ministerio de Sanidad, habrían sido unas 117.000 muertes más de las que hubieran ocurrido sin covid. Según el INE, habrían sido unas 145.000, incluyendo en esas muertes quince mil fallecimientos con sospecha de covid, en los que la presencia del virus no se verificó. El 83% de esos quince mil óbitos con sospecha de covid no verificada se dieron en los tres primeros meses de 2020, y se trató en buena parte de ancianos que vivían en residencias.

A esos fallecimientos hay que sumar el sufrimiento temporal o persistente de cientos de miles de supervivientes que fueron afectados de forma grave por el coronavirus de Wuhan, lo que, en un número aún indeterminado de personas, ha conllevado o conllevará un acortamiento de su vida, además de diversos padecimientos, como fatiga o pérdida de memoria, olfato o gusto. La pandemia ha tenido también un elevado coste económico por el cierre de muchas empresas y el gran incremento del endeudamiento público.

Se produjeron restricciones en las libertades personales de forma temporal. Recordemos, por ejemplo, los toques de queda o la obligación de llevar mascarilla hasta para quien hacía una excursión de montaña en solitario. Y los estados de alarma fueron, posteriormente, considerados ilegales por el Tribunal Constitucional.

En 2021 y 2022, el número de fallecimientos por encima de los que habrían ocurrido sin covid ha sido muy apreciable, pero bastante menor que en 2020.

¿Cuánta gente ha muerto en España por covid? Lamentablemente, las dos fuentes principales nacionales de datos, el Gobierno de España y el INE, discrepan sobre el particular por un amplio margen, sobre todo en 2020, el año más trágico de este drama, como se observa en el cuadro 4.

Los datos del cuadro 4 van hasta el 30 de junio de 2022. Posteriormente, según el Ministerio de Sanidad, en el segundo semestre de 2022, hubo unos nueve mil fallecidos más por covid, lo que elevaría los totales debidos a la pandemia en el periodo 2020-2022 en España a 117.000, según el Gobierno, o a 145.000, según el INE.

Por nuestra parte, damos más credibilidad a los datos del INE, obtenidos de los certificados de defunción. Por su parte, los datos que presenta el Gobierno provienen —según él— de los datos suministrados por las CC.AA.

Con los datos de fallecimientos del INE, en 2020, España habría tenido la mayor tasa de mortalidad por covid por millón de habitantes de Europa, algo en línea con el hecho de que la esperanza de vida registró en España la mayor caída de toda Europa —con la Comunidad de Madrid como la región española y europea con un descenso más abultado—, según Eurostat.

En los años 2021 y 2022, aunque todavía terribles para nuestro país en materia de covid, los fallecimientos fueron menores, lo que ha permitido una apreciable recuperación de la esperanza de vida.

Un continente de viejos

Antes de seguir, daremos un breve repaso a la demografía europea en los tiempos modernos.

El viejo continente, tradicional sinónimo de Europa —aunque geográficamente no sea un verdadero «continente», sino el extremo oeste de Eurasia— ha sido en los últimos siglos el adelantado del mundo en muchas cosas, y también en tendencias demográficas. Entre los siglos XVII y XIX, ambos incluidos, el crecimiento de la población europea fue mucho mayor en términos relativos que el del resto del mundo. Pero en el siglo XX cambiaron las tornas, principalmente por el desplome de la fecundidad, y la población europea aumentó proporcionalmente menos, lo cual se ha acentuado en lo que llevamos de siglo XXI.

También en el resto del mundo el crecimiento demográfico se está ralentizando porque la caída de la fecundidad desde 1960-1970 ha sido universal, incluyendo el África subsahariana. Una fecundidad persistentemente baja ha hecho de Europa la región geográfica con la población más envejecida del mundo. Por otro lado, su esperanza de vida está a la cabeza.

El viejo continente es ahora el «continente viejo». Y sin la abundante inmigración neta recibida de África y Asia (y en menor medida, de Iberoamérica) desde mediados del siglo XX, la población de Europa estaría disminuyendo desde hace lustros.

Alemania e Italia, entre los grandes países europeos, presentan niveles elevados de envejecimiento y diferencias negativas y persistentes pérdidas entre nacimientos y fallecimientos.

Mención especial merecen Rusia y Ucrania, de triste actualidad desde la brutal invasión de la segunda por la primera, y los países que formaban la antigua Unión Soviética. Las exrepúblicas soviéticas que pertenecen a lo que comúnmente llamamos «Europa», esto es, las de raíces cristianas, han experimentado enormes mermas de población por haber tenido más defunciones que nacimientos. En la gran mayoría de ellos, esas pérdidas se han visto agravadas por la emigración hacia la Federación Rusa o hacia otros países europeos.

En cambio, las antiguas repúblicas soviéticas de mayoría musulmana y ubicación geográfica asiática han experimentado fuertes crecimientos de población desde la caída del comunismo, por haber tenido una fecundidad superior a la de reemplazo (reemplazo que se estima en 2,05 hijos por mujer), y ello pese a que una parte de esa población ha sido drenada por la emigración.

En la Europa del Este (en lo que antes se llamaban «países satélites» de la Unión Soviética) se han producido en las últimas décadas grandes déficits de nacimientos en relación con las defunciones, producto de tasas de fecundidad bajas, razón por la cual algunos de estos países, y en concreto Hungría y Polonia, han puesto en marcha planes muy ambiciosos de estímulo a la natalidad.

Finalmente, en materia de nupcialidad y «divorcialidad», en toda Europa ha habido una tendencia en los últimos 50-60 años a muchas menos bodas por mil habitantes que antaño. Por otro lado, quienes se casan lo hacen mucho más mayores de lo que era tradicional. También hay altas tasas de divorcio.

En 2020, Europa, incluyendo Rusia (unos 35 millones de cuyos habitantes viven en Siberia, que geográficamente está en la parte asiática de Eurasia), alberga en la actualidad a casi 750 millones de personas, algo menos del 10% de la humanidad. La Unión Europea a 27, incluso tras la salida del Reino Unido, sigue siendo el bloque mayoritario de Europa en términos demográficos (60%).

Desde el Renacimiento, y en especial a partir del siglo XIX, Europa dio un salto de gigante en desarrollo tecnológico-económico. También en lo demográfico, por la mayor abundancia de recursos alimenticios y mejores condiciones de vida y de salubridad. La población de Europa se duplicó en el siglo XIX, con un crecimiento porcentual estimado de casi el doble del acaecido en el resto del mundo, y de más del doble que el del resto del mundo sin América, porque América vivió una explosión demográfica, debida sobre todo a la llegada masiva de europeos. Se estima que la población de EE.UU. más Canadá se multiplicó por más de diez en el siglo XIX, y por tres la de Iberoamérica.

En cuanto a España, su crecimiento demográfico decimonónico, aunque apreciable, fue algo inferior al promedio europeo. La guerra contra las tropas napoleónicas, las tres guerras civiles carlistas, las de independencia de América y la emigración a países iberoamericanos y otros como Francia, así como una esperanza de vida algo menor, explicarían el menor crecimiento demográfico español en el siglo XIX en relación con el europeo.

Se estima que hacia 1900, poco antes de que comenzase el suicidio bélico de Europa en dos cruentísimas guerras, la población europea, incluida Rusia, era alrededor de un 25% de la humanidad.

Ya en el siglo XX, la pérdida de vidas humanas a causa de las ya citadas guerras mundiales iniciadas en Europa (1914-1918 y 1939-1945) se vio parcialmente compensada —en términos demográficos— por el crecimiento de la higiene y la disponibilidad universal de agua potable, las mejoras en la alimentación los avances en la ciencia médica y el acceso a buenos servicios sanitarios de virtualmente toda la población europea, pero el peso demográfico de Europa en el mundo se desplomó desde la mitad del siglo XX.

Los crecimientos explosivos de población en la segunda mitad del siglo XX en los países del entonces llamado «tercer mundo» explican el grueso del descenso radical del porcentaje de seres humanos que viven en Europa.

Bienvenida la inmigración

La llegada de nacidos en el extranjero a partir de mediados de la década de 2010 fue percibida como una buena noticia por los medios, los expertos y los políticos españoles. Y razones había para ello.

En el segundo trimestre de 2018, España tenía 4,6 millones de parados reales (3,4 millones de parados oficiales más 1,2 millones). Pese a tantos millones de parados, de mediados de 2018 al primer trimestre de 2023, la población residente en España y nacida en el extranjero ha aumentado en dos millones de personas (más de 2,1 millones los extracomunitarios, porque la población extranjera procedente de la UE ha disminuido en ese periodo). Evidentemente, una avalancha semejante de nueva población inmigrante en un país con tantos parados no es exactamente lo que se necesita para una drástica reducción del desempleo. Esto no solo tiene efectos económicos sobre las cuentas públicas, también contribuye, entre otras cosas, a los problemas actuales de saturación de los servicios públicos sanitarios, y de tensiones en el mercado de la vivienda en ciudades con más llegada de inmigrantes, como Madrid (solo en el primer semestre de 2022 se empadronaron 46 000 extranjeros adicionales, según datos de su ayuntamiento).

Desde el segundo trimestre de 2018, en una España que seguía recuperándose de los altos niveles de paro alcanzados en la Gran Recesión, hasta el primer trimestre de 2023, los españoles nativos ocupados pasaron de 16,148 millones a 16,387 millones (239.000 más), según la EPA. Los extranjeros con empleo pasaron de 3,196 millones a 4,066 millones (870.000 más). Y si descontamos los nuevos puestos de trabajo netos en el sector público creados en ese lapso (406.000, casi el 37% del nuevo empleo neto creado en esos años, ocupados en más de un 90% por españoles), el resultado es que, en el primer trimestre de 2023, hay menos españoles nativos trabajando en el sector privado que en el segundo trimestre de 2018, y que más del 100% del nuevo empleo privado neto desde entonces ha sido ocupado por inmigrantes.

El principal fundamento teórico que justifica la inmigración laboral masiva, y en concreto, que a España hayan venido a vivir desde mayo de 1996 a abril de 2023 más de 7,2 millones de personas nacidas en el extranjero, es cubrir con mano de obra foránea vacantes en el mercado laboral. Ello ha permitido cubrir huecos en el mercado laboral español, huecos creados por la persistente baja natalidad, que implica, entre otras cosas, desde hace años, que se jubile más gente de la que ingresa de joven en el mercado laboral. También la inmigración ha servido para cubrir algunas ocupaciones ante la falta de españoles dispuestos a realizar ciertas tareas con sueldos bajos, como el cuidado de niños pequeños o ancianos, o la recogida de basuras.

Principales conclusiones:

• La inmigración tiene un peso relevante y creciente entre la fuerza laboral (más 20 % de los empleos en el año 2024 estaba ocupado por inmigrantes), y en especial en ciertos tipos de trabajos y sectores de actividad, como la agricultura o la construcción.
• En los últimos años, la inmensa mayoría del nuevo empleo neto lo ocupan extranjeros, cerca del 100 % en el nuevo empleo privado.
• España está gestionando de forma pésima sus flujos migratorios, dados sus altísimos niveles estructurales de paro, tanto entre los españoles nativos como (aún más) entre los extranjeros —maquillados a la baja en las estadísticas oficiales—, pese a lo cual sigue llegando nueva inmigración de forma masiva, que en los últimos años es casi exclusivamente extracomunitaria.

En enero de 1976, los extranjeros eran algo menos del 0,5% de la población de España (unos 160.000 sobre 35,9 millones de habitantes), más de un 60% de ellos europeos occidentales. Una parte muy apreciable de la colonia extranjera, ya entones, eran jubilados europeos que vivían mayoritariamente, como ahora, en Canarias, Alicante, Málaga o Baleares. La participación de extranjeros en la fuerza laboral española era mínima, más allá de ejecutivos en multinacionales. Veinte años después (1996), su peso en la población era mayor (un millón largo en una España con 39,9 millones de habitantes), y su presencia en la fuerza laboral también, aunque seguía siendo muy reducida (1,3% de los ocupados, siendo en total 2,6% de la población). En la actualidad, los nacidos en el extranjero, con o sin doble nacionalidad, representan un porcentaje muy relevante de la población con empleo. A 1 de abril de 2023, vivían 8,3 millones de extranjeros en España, de los que un poco más de 4 millones, según los microdatos de la EPA, tenían empleo en el primer trimestre de 2023, el 19,9% de todas las personas «ocupadas» en ese trimestre.

Por procedencia, la mitad de los ocupados de origen extranjero en el primer trimestre de 2023 eran iberoamericanos. Un 30%, europeos o norteamericanos (estos últimos, relativamente pocos), de los que más del 70%, de la UE. Un 14%, africanos (en más del 70%, marroquíes), y un 6%, asiáticos.

Los inmigrantes, en conjunto, tienen tasas de paro mucho más altas que los españoles y, en la Gran Recesión iniciada en 2008, sus niveles de desempleo alcanzaron cotas elevadísimas. Sin embargo, en los últimos años, el incremento del número de extranjeros ocupados es muy superior al de españoles, de modo que la inmensa mayoría del nuevo empleo neto lo ocupan extranjeros.

Según la EPA, entre el primer trimestre de 2022 y el de 2023, en una España en vías de recuperación de la «vieja normalidad» tras la pandemia, se crearon 368.100 empleos. Según datos del INE, el incremento de empleo de los nacidos en el extranjero, incluidos los que tienen doble nacionalidad, fue de 284.400 (esto es, el 77% del empleo creado). Pero analizando los microdatos de la EPA, y contando entre los españoles solo a los que lo son de nacimiento (es decir, sin los que tienen nacionalidad española adquirida), se puede comprobar que el incremento de ocupación entre los extranjeros —grupo que incluye también a inmigrantes que han trocado su nacionalidad de origen por la española— fue de 348.600: casi el 95% del empleo neto creado.

La gran mayoría de los extranjeros que en los últimos años llegaron a España se quedaron inicialmente aquí de forma irregular —es decir, «no ordenada»—, pero se les fue regularizando por haber adquirido «arraigo» en nuestro país, y tener un empleo. A partir de 2008, las tasas de paro de los españoles, y no digamos las de los extranjeros (especialmente, entre los extracomunitarios) se dispararon, llegando a alcanzar niveles elevadísimos en años subsiguientes.

En los dos años siguientes se produjo una primera gran anomalía en relación con el modelo de inmigración. Veamos: entre 2008 y 2009 llegaron a España cuatrocientos mil inmigrantes y solo empezó a descender la inmigración a partir de 2012. En 2013, llegó a haber algo más de seis millones de parados según la EPA, más de siete millones de parados sumando los que deseaban un empleo, pero no lo buscaban activamente, pese a lo cual la población inmigrante se redujo en menos del 7% entre comienzos de 2012 y mediados de 2015. Y a partir de la segunda mitad de 2015, pese a que el desempleo oficial era entonces del 24% —y del 32% para los inmigrantes— y el paro no ha bajado nunca de los dos dígitos y los tres millones de personas en los últimos ocho años, volvieron a llegar gran número de inmigrantes, virtualmente todos de fuera de la UE (la actual UE más Reino Unido): 2,4 millones netos de extranjeros más de julio de 2015 a abril de 2023, según las Estadística Continua de Población del INE.

Globalmente, los inmigrantes, que desempeñaron en 2022 el 16,5% de todos los empleos, ocuparon un 26,4% de los puestos en el sector agrícola, 11,6% en industria, 24,8% en construcción y 16,7% en servicios.

Por sexos, hay importantes diferencias de porcentajes de ocupados por nacionalidad, como se aprecia en el cuadro 6.

Las extranjeras trabajan en su abrumadora mayoría en el sector servicios, también mayoritario entre las españolas. La mayoría de los extranjeros trabajan asimismo en servicios, pero en un porcentaje menor que los españoles. Por sexos, sin distinción de nacionalidad, el 54% de los empleos de servicios en 2022 los desempeñaron mujeres.

Los extranjeros tienen mucha más presencia relativa en la agricultura —donde a su vez la presencia femenina es minoritaria, pues globalmente solo el 23% del total de ocupados en agricultura eran mujeres en 2022—.

En la industria, el 72% de empleos está ocupado por hombres.

En la construcción, donde hay muy pocas mujeres (solo el 9% de los empleos en 2022), hay una presencia muy amplia de extranjeros, en particular, de europeos orientales, iberoamericanos y africanos.

Hay grandes diferencias entre el nivel educativo de los extranjeros que viven y trabajan en España, algo que tiene mucha relación con los tipos de empleos que desempeñan. Los que menos formación tienen son los africanos —con tasas apreciables de analfabetismo—, seguidos de asiáticos, iberoamericanos y europeos del Este. Los europeos occidentales y norteamericanos, como cabía esperar por proceder de países más ricos que España, tienen un nivel de formación académica superior al de los propios españoles.

Un corolario de esos datos es que, como virtualmente los únicos inmigrantes que recibe España desde 2015 son africanos, iberoamericanos o asiáticos, difícilmente podrá cubrir con ellos muchos puestos de trabajo de alta cualificación y productividad. Es una de las razones por las que el mantra de que «no pasa nada si los españoles no tenemos niños, que ya vendrán inmigrantes» es falaz. Y lo peor es que muchos políticos e intelectuales españoles parecen abonados a esa falacia de la inmigración como única o principal estrategia contra el invierno demográfico de grado siberiano que asuela España desde hace cuarenta años.

Nos enfrentamos, pues, con un problema que será grave en el próximo futuro: el nivel educativo de los hijos de los inmigrantes, que hoy apenas llegan a estudios universitarios. Una política de igualdad educativa los beneficiará a ellos, pero sobre todo beneficiará a la sociedad española en su conjunto.

La inmigración y la política

Europa (y España) está inmersa en un proceso de envejecimiento muy preocupante y la inmigración puede significar un atenuante (nunca una solución, pues los inmigrantes también cumplen años). En cualquier caso, la UE carece de una política migratoria común. Nos lo recordaba en una entrevista Josep Borrell: «Europa no ha sido capaz de construir una política común de inmigración y de asilo que esté a la altura de los desequilibrios económicos y demográficos de nuestro tiempo».

El periodista Ramón González Férriz, a propósito de una reunión del Consejo Europeo donde se abordó el asunto de la inmigración, recordaba que durante 2022 cruzaron la frontera exterior de la Unión Europea 330.000 inmigrantes ilegales. Esa cifra supuso un 64% más de personas que el año anterior.

Ya sea por su volumen ya sea por la deriva ideológica que ha traído consigo en los últimos años, la inmigración ha invadido el discurso político.

En España, los habitantes nacidos en otro país superan los 8,2 millones de personas y ya suponen el 17,1% del censo, según los últimos datos disponibles del INE. Nunca se había llegado a cifras tan altas. En el último estudio, el CIS ha situado a la inmigración como el principal problema para los españoles, por delante del paro o la vivienda.

Desde finales de la década de los noventa del siglo XX y el boom de la inmigración de principios del siglo XXI, el crecimiento de la población extranjera aumentó rápidamente en España. La crisis económica contuvo las llegadas y empujó las salidas, pero con la recuperación se retomó el ritmo migratorio. El crecimiento del último año (2023) no se había visto desde hace dos décadas, impulsado sobre todo por la llegada de latinoamericanos.

Marruecos es, con diferencia, la primera comunidad de extranjeros en España. Son más de un millón, según el censo. Le siguen Colombia, con más de setecientos mil; Rumanía y Venezuela, con más de medio millón; Ecuador, con más de cuatrocientos mil, y Argentina y Perú, con más de trescientos mil.

Entre los quince países de nacimiento con mayor población hay nueve latinoamericanos (Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Perú, Cuba, República Dominicana, Bolivia y Honduras), cuatro europeos (Rumanía, Reino Unido, Francia y Ucrania), un africano (Marruecos) y un asiático (China).

Las políticas nacionales dentro de la UE son, en verdad, imposibles de conciliar. Así, Suecia es partidaria de la línea dura. El primer ministro holandés quiere que los países del sur asuman a los inmigrantes y les impidan seguir hacia el norte. Grecia e Italia sienten, como ya ocurrió en 2016, que el resto de la Unión no está haciendo nada por ayudarles a sobrellevar la cifra extra de recién llegados. El canciller austriaco quiere que se construya un muro en la frontera entre Bulgaria y Turquía, etc.

La conclusión de González Férriz es bien cierta: el miedo de los políticos, reflejo del de los ciudadanos, es real. De todos los giros identitarios que la política occidental ha adoptado en la última década el giro antiinmigración ha sido el más influyente en la política.

Miremos ahora hacia España, sirviéndonos de las últimas proyecciones realizadas por el INE (2022-2072), en las que se proyectan ocho escenarios. De ellos, para analizar qué podría ocurrir, nos parecen los más significativos y útiles dos: el central (se entiende que es el que el INE considera como más probable) y el de saldo migratorio nulo (qué ocurriría si no hubiera inmigración ni emigración, esto es, cómo evolucionaría la actual población sin aportaciones foráneas ni salidas al exterior).

En síntesis, las principales conclusiones que arrojan estas proyecciones en su escenario central, partiendo de que no se prevén repuntes significativos de la fecundidad, sino solo muy moderados, son las siguientes:

1. La población total de España crecerá moderadamente en las próximas décadas (cinco millones y pico de personas más en cincuenta años), pero solo por la llegada de inmigrantes.
2. Los españoles autóctonos —los descendientes de españoles de origen— disminuirán de manera preocupante en las próximas décadas: en torno a 14-16 millones en los próximos cincuenta años.
3. La despoblación, es decir, la pérdida de peso demográfico de las regiones y provincias con mayor declive en las últimas décadas se profundizará en los próximos quince años.
4. El envejecimiento de la población, ya sea medido en porcentaje de mayores de 65 años y más o por la edad media o mediana de la población, seguirá aumentando hasta alcanzar cotas muy elevadas.
5. La soledad, medida por el porcentaje de personas que viven en solitario o el número medio de moradores por vivienda, seguirá creciendo.
6. La esperanza de vida seguirá aumentando en el próximo medio siglo, pero a un ritmo menor al observado desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.

Las proyecciones del INE se muestran muy optimistas en lo que concierne a la inmigración, por eso parece conveniente señalar que, si la población fuera cerrada (sin migraciones), el número de habitantes en España caería hasta los 33,6 millones en 2072, y que en la hipótesis central del INE las entradas netas de inmigrantes entre 2022 y 2072 serían de 13,9 millones de personas. Una cantidad difícilmente alcanzable. Veamos: dado que los inmigrantes en España tienen una fecundidad superior a la de los españoles, de los 32 millones de habitantes escasos de España en 2072, de ocho a nueve millones serían inmigrantes o descendientes de ellos. Eso implicaría un descenso de la población española autóctona de unos catorce a quince millones de personas. En otras palabras: la población autóctona pasaría en los próximos cincuenta años desde los aproximadamente 38 millones actuales hasta solo veintitrés o veinticuatro millones.

Se puede asegurar que en Europa el problema no es la inmigración, sino la integración social de los inmigrantes, y no es un problema fácil de solucionar. Los guetos de extranjeros que abundan en Europa muestran la gravedad de este problema de la integración.

El primer partido en hacer una ofensiva contra la inmigración irregular fue Vox. Según la analista María José Fuenteálamo (2024):

Datos sobre los flujos migratorios existen con credibilidades diferentes. Citaré un estudio de Fedea (Finotelli y Rinken, 2025): la Encuesta Social Europea (ESS por sus siglas en inglés) que aporta, para España y docenas de países más, algunos indicadores sobre impactos percibidos y preferencias sobre la gestión de flujos.

La fundación Neos y la inmigración

Una gestión adecuada de la inmigración puede prevenir la xenofobia y asegurar su integración. Es importante que la sociedad comprenda los efectos a medio plazo de la inmigración, más allá de los beneficios inmediatos. La experiencia de otros países europeos debe servir de guía para que España implemente reformas necesarias.

La fundación Neos acaba de publicar un informe sobre la inmigración en España, un trabajo que merece la pena leer. Para animar a su lectura, se reproduce a continuación un resumen de las Propuestas con las que el estudio concluye:

1. El Gobierno debe trasladar a la opinión pública los efectos del proceso migratorio, los beneficios y los costes y los riesgos.
2. La sociedad debe exigir a los gobernantes que gestionen de modo estratégico los flujos de inmigración, para evitar desequilibrios económicos y sociales, así como rupturas de la convivencia que puedan causar valores ajenos.
3. España debe aplicar con eficacia las Directivas UE sobre extranjería.
4. Las Cortes Generales deben homogeneizar las normas de inmigración con las aprobadas por otros Estados europeos y evitar nuevos procesos de regularización extraordinaria. Al mismo tiempo, el Gobierno debe evitar los fraudes en extranjería y otros elementos que puedan atraer movimientos migratorios secundarios desde otros países que aplican políticas restrictivas.
5. El saldo migratorio neto debe establecerse en cero durante tres a cinco años, a fin de reordenar la inmigración ya residente y reabsorber los millones de parados que hay en España. Este objetivo debe ser exceptuado solo para los profesiones y actividades deficitarias en el mercado de trabajo.
6. Se deben aplicar en el sistema educativo programas de refuerzo para la mejora de la escolarización de extranjeros, que permitan reducir el fracaso escolar y elevar los niveles de formación.
7. Para mejorar la contratación de inmigrantes es preciso aliviar la rigidez en la autorización administrativa, ampliando el catálogo de actividades de difícil cobertura y facilitando la contratación para las pymes. Se sugiere permitir que grandes empresas realicen selecciones directas en origen para puestos con déficit de oferta. Es necesario explicar la nueva Directiva del Permiso único para combinar trabajo y residencia. Se recomienda implementar un visado combinado de turismo y búsqueda de empleo de doce meses para ciudadanos de países hispanoamericanos exentos de visado en la UE, lo que ayudaría a evitar irregularidades laborales.
8. Acordar una política de Estado que evite el efecto llamada y garantice una inmigración regular y seleccionada. Desterrar las regularizaciones extraordinarias de extranjeros en situación irregular.
9. En cuanto a la autorización en España de la residencia de larga duración, se deberían aplicar los requisitos de renta y seguro médico que sí se establecen para la tarjeta de larga duración tipo UE.
10. Reformar la Directiva UE y las normas españolas para evitar el abuso del sistema de asilo.
11. Revertir la modificación hecha en 2015 por la Directiva UE, que supuso una ampliación del colectivo agrupable, pasando del ámbito tradicional de padres e hijos menores de veintiún años a «la familia extensa».
12. Reservar a los inmigrantes con autorización de residencia las prestaciones sociales completas y las rentas asistenciales.
13. Evitar vías extraordinarias de regularización y endurecer las actuales de arraigo.
14. El conjunto de medidas para conseguir mejorar el cumplimiento de la ley, reducir las llegadas ilegales y las situaciones de fraude e incumplimiento comprende un amplio elenco de medidas.

Bibliografía

• Ehrlich, P. (1993). La explosion demográfica. El principal problema Ecológico. Salvat.
• Finotelli, C y Rinken, S. (2025). La realidad migratoria española y su gestión: hechos y percepciones [en línea]. Fedea. [Consulta: 2025]. Disponible en: https://documentos.fedea.net/pubs/eee/2025/eee2025-05.pdf
• Fuenteálamo, M.J. (2024). Inmigración, CIS, partidos y dudas [en línea]. Diario ABC. [Consulta: 2025]. Disponible en:
• ONU Noticias. (2022). Somos 8 millones de personas en el mundo [en línea].
• ONU Habitat. [Consulta: 8 de mayo 2025]. Disponible en: https://onu-habitat.org/index.php/ya-somos-8-mil-millones-de-personas