IEEE. Chile ante el nuevo orden o desorden global

Introducción

La elección presidencial chilena del pasado año 2025 ha significado mucho más que un triunfo electoral claro de José Antonio Kast —líder del Partido Republicano y figura central de la derecha conservadora chilena—, pues ha revelado un cambio estructural en el eje de la política nacional. Por primera vez desde el retorno a la democracia en 1988, la división entre partidarios y opositores del régimen militar de Augusto Pinochet (1973–1990), que durante más de tres décadas funcionó como clivaje fundamental de la política chilena, ha dejado de ordenar de manera decisiva el comportamiento electoral, y el mapa territorial del voto ha mostrado una fuerte continuidad con el plebiscito constitucional de 2022, cuando se rechazó la propuesta de nueva Constitución, y no con las coordenadas históricas de la transición democrática¹. Esto evidencia la emergencia de un nuevo eje de conflicto político, restauración versus refundación, que no se define por la memoria del régimen autoritario, sino por interpretaciones contrapuestas del ciclo abierto en 2019, marcado por el estallido social, la crisis de legitimidad institucional y el proceso constituyente².

La campaña presidencial de 2025 reflejó con claridad esta dicotomía. Mientras Kast estructuró su discurso en torno a la recuperación del orden, la seguridad y la capacidad estatal —el «cómo» restablecer la normalidad—, la candidata de centroizquierda Jeannette Jara puso el énfasis en el contenido de las transformaciones sociales pendientes —el «qué» cambiar—. Es por ello que resulta particularmente significativo que ninguno de los principales candidatos organizara su narrativa en torno al eje dictadura–democracia, cuya ausencia contrasta con su centralidad histórica durante décadas.

Este cambio no se manifiesta únicamente en el comportamiento del electorado, sino también en las posiciones adoptadas por dirigentes políticos de larga trayectoria. Figuras emblemáticas de la etapa de transición democrática, como el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle —históricamente identificado con la oposición al régimen militar y con la centroizquierda chilena—, han expresado apoyo o cercanía a posturas que hoy se asocian a una agenda centrada en el orden, la seguridad y la estabilidad institucional. En el pasado, cuando la división entre partidarios y opositores de la dictadura estructuraba la vida política, este tipo de posicionamientos habría resultado prácticamente impensable. Su aparición en el escenario actual evidencia hasta qué punto han cambiado las referencias políticas que orientan a las élites y al debate público en Chile.

Este debate, lejos de limitarse al ámbito interno, tiene implicaciones directas sobre la manera en que el país se proyecta en su entorno regional y en el sistema internacional. Las prioridades que se deriven de esta lectura —ya sea un mayor énfasis en el orden, la estabilidad institucional y la previsibilidad, o la apuesta por transformaciones estructurales más profundas— condicionarán el perfil de Chile como actor regional, su disposición a asumir liderazgos y su grado de alineamiento o autonomía frente a otros países latinoamericanos y a los principales actores extrarregionales.

En un contexto iberoamericano caracterizado por la fragmentación política, el debilitamiento de los mecanismos de integración y la creciente competencia entre potencias externas³, la forma en que Chile gestione este nuevo ciclo interno influirá en su capacidad para presentarse como un socio confiable y previsible, o, por el contrario, como un país absorbido por sus tensiones domésticas.

Las decisiones que se adopten en materia de seguridad, política económica y política exterior estarán estrechamente vinculadas a este debate interno, con efectos sobre la posición de Chile en el Cono Sur, en la Alianza del Pacífico y en su relación con actores clave como Estados Unidos, China y la Unión Europea⁴.

Comprender esta conexión entre dinámica política interna y proyección exterior resulta, por tanto, esencial para analizar el lugar que Chile ocupará en el tablero regional e internacional en los próximos años.

Chile tras las elecciones y sus márgenes reales de transformación

Los resultados de las elecciones presidenciales chilenas de 2025 se podrían interpretar en un marco más amplio que el estrictamente electoral. Chile llega a este nuevo ciclo político tras más de una década de acumulación de tensiones estructurales —sociales, institucionales y económicas— que se manifestaron con especial intensidad a partir del estallido social de 2019 y de los posteriores procesos constituyentes fallidos. Este trasfondo condiciona tanto el significado del triunfo de la derecha como los márgenes reales de acción del nuevo gobierno.

En este contexto, la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, con algo más del 58 % de los votos válidos, representa un giro político relevante, pero no necesariamente una ruptura sistémica. El resultado electoral expresa, ante todo, una reacción significativa de amplios sectores del electorado frente al ciclo abierto en 2019, marcado por la percepción de deterioro del orden público, la inseguridad, la presión migratoria y una prolongada incertidumbre institucional⁵.

La reinstauración del voto obligatorio, que elevó notablemente la participación electoral, refuerza la legitimidad formal del resultado, pero también introduce una mayor heterogeneidad en el perfil del votante, dificultando lecturas ideológicas lineales⁶.

Desde el punto de vista del equilibrio de poder, el nuevo escenario político chileno se caracteriza por una clara asimetría entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aunque las fuerzas conservadoras y de derecha han incrementado su representación parlamentaria, el Congreso resultante sigue estando fragmentado y no otorga al nuevo gobierno una mayoría suficiente para impulsar reformas estructurales sin negociación interpartidaria.

Este dato es central para un análisis geopolítico, ya que actúa como un mecanismo de contención institucional que limita la posibilidad de cambios significativos tanto en política interior como en política exterior.

Más allá del cambio en la orientación del Ejecutivo, las continuidades institucionales siguen siendo uno de los rasgos definitorios del caso chileno. La arquitectura del Estado —incluida la autonomía del Banco Central, el marco fiscal y la estabilidad del sistema jurídico— ha demostrado una notable resiliencia incluso en momentos de elevada conflictividad social. Estas continuidades funcionan como anclajes estructurales que reducen la volatilidad estratégica del país y refuerzan su previsibilidad como actor regional e internacional.

En el plano económico, el nuevo gobierno hereda un modelo de desarrollo basado en la apertura comercial, la inserción en los mercados globales y una fuerte dependencia de sectores estratégicos como la minería. Si bien el discurso político puede anticipar ajustes en determinadas políticas públicas, los condicionantes macroeconómicos —crecimiento moderado, dependencia de la demanda externa, disciplina fiscal— limitan la posibilidad de una reorientación profunda del modelo económico chileno en el corto y medio plazo⁷. Desde una perspectiva geopolítica, esta continuidad consolida a Chile como un actor estable dentro de las cadenas globales de valor y como un socio previsible para los actores externos.

En el ámbito social, el nuevo ciclo político se abre con un escenario marcado menos por la movilización activa que por una fatiga social acumulada y un cambio perceptible en las prioridades ciudadanas. Las demandas que emergieron con fuerza durante el estallido de 2019 no han desaparecido. Ese levantamiento masivo, que incluyó manifestaciones pacíficas con más de un millón de personas solo en Santiago y se extendió por todo el país, puso en evidencia fracturas profundas acumuladas en la sociedad chilena, no únicamente por el aumento de tarifas o la violencia en las calles, sino como expresión de malestares estructurales en el acceso a educación, salud y pensiones⁸.

Tras años de protesta, dos procesos constituyentes y cambios políticos consecutivos, algunas de las preocupaciones sociales originales parecen haber sido parcialmente desplazadas en el debate público por preocupaciones inmediatas asociadas a seguridad, migración y control del orden, que han ganado prominencia en la percepción ciudadana y en las prioridades de los partidos políticos durante y después de las elecciones de 2025⁹. Este giro discursivo refleja que, aunque las causas estructurales siguen siendo relevantes —como lo reconoce incluso el jefe de la oficina regional de Derechos Humanos de Naciones Unidas al señalar que las desigualdades profundas persisten— las preocupaciones cotidianas de una parte significativa de la población se han desplazado temporalmente hacia demandas vinculadas con la seguridad y la estabilidad pública. Este desplazamiento no implica una resolución de los conflictos sociales de fondo, sino una reordenación coyuntural de las urgencias percibidas por amplios sectores de la población¹⁰.

El resultado electoral de 2025 no necesariamente refleja un respaldo explícito a un proyecto ideológico coherente a largo plazo. La victoria de la derecha podría ser, en gran parte, producto de una combinación de ansiedad social, inseguridad percibida y la ausencia de una alternativa centrista claramente articulada, más que un giro ideológico neto. Muchos votantes, desconectados de los partidos tradicionales, parecen haber priorizado estabilidad, orden y respuestas concretas a preocupaciones cotidianas —especialmente relacionadas con la seguridad— sobre un compromiso con un proyecto político clásico de derecha. En esta línea, expertos del David Rockefeller Center for Latin American Studies (Universidad de Harvard) han descrito el contexto electoral chileno reciente como el de una sociedad «políticamente huérfana», en la que amplios sectores del electorado optan por alternativas que prometen orden y respuestas inmediatas ante la ausencia de liderazgos moderados capaces de articular consensos estables¹¹.

Desde esta perspectiva, el nuevo gobierno enfrenta una sociedad menos movilizada que en años anteriores, pero no necesariamente más cohesionada. Las tensiones sociales no han desaparecido, sino que han cambiado de forma y de prioridades en el debate público, manifestándose ahora con mayor intensidad en la percepción de inseguridad, preocupaciones por la migración y una demanda por respuestas efectivas de las instituciones para restaurar el orden cotidiano¹².

Esta coexistencia, entre demandas sociales no resueltas en su dimensión estructural y una agenda política centrada en el orden, constituye uno de los principales condicionantes de la gobernabilidad a corto y medio plazo. El énfasis en la seguridad y el control territorial, que ha dominado gran parte de la discusión pública y las propuestas de campaña, actúa como mecanismo de contención del conflicto social; al mismo tiempo, limita los márgenes de acción del Ejecutivo para abordar reformas de amplio alcance en áreas como protección social, inclusión o desigualdad redistributiva¹³.

Esta priorización refleja no solo la percepción ciudadana de que la inseguridad es un problema urgente, sino también una respuesta política cauta ante la fragmentación social y la volatilidad de las demandas.

Las encuestas de clima social, realizadas poco antes de la segunda vuelta presidencial de 2025, muestran que una parte significativa de la población identifica la delincuencia y la inmigración irregular como los principales problemas que enfrenta el país, por encima de otras demandas tradicionales como educación o desigualdad, lo que evidencia un desplazamiento de temáticas que condicionan hoy la agenda política¹⁴.

A estas restricciones se suma un factor decisivo para comprender los límites efectivos del cambio político: la configuración del poder legislativo chileno y sus implicaciones para la gobernabilidad. El Congreso resultante de las elecciones de 2025 ha quedado claramente fragmentado, con múltiples fuerzas políticas representadas y sin que ninguna de ellas —ni por separado ni por coaliciones consolidadas— haya alcanzado mayorías sólidas en las cámaras legislativas. Ningún bloque obtuvo un control absoluto de la Cámara de Diputados ni del Senado, lo que impone un escenario de negociación constante para la aprobación de leyes claves¹⁵.

Esta fragmentación parlamentaria responde tanto al sistema electoral proporcional como a la dispersión del voto entre distintas fuerzas emergentes y partidos tradicionales debilitados. Entre estos factores se incluye el ascenso de formaciones como el Partido de la Gente¹⁶, con un discurso abiertamente antipartidos, centrado en la crítica a las élites tradicionales y en la promesa de una representación directa de la ciudadanía, que consiguió una representación significativa en la Cámara Baja. La presencia de múltiples coaliciones y grupos menores obliga al Ejecutivo a interactuar con una amplia gama de actores, lo que complica la construcción de mayorías automáticas y la estabilidad de agendas legislativas amplias¹⁷.

En este contexto, la ausencia de mayorías propias implica que el gobierno entrante no dispone de un bloque parlamentario homogéneo que respalde de manera automática sus propuestas de ley. Aunque las fuerzas identificadas con la derecha y los sectores conservadores han conseguido una ventaja relativa, a menudo no logran reunir el cuórum necesario para aprobar iniciativas importantes sin apoyo externo, y las cifras muestran que para las reformas que exigen mayorías cualificadas se requerirá negociar con actores fuera de la coalición principal¹⁸.

Esta lógica parlamentaria promueve un clima de necesidad de acuerdos puntuales y pragmáticos, donde cada proyecto de ley debe constituir una base de negociación individual con distintas bancadas según el tema, su costo político y su impacto social.

Esa dinámica hace que la política legislativa tienda hacia la búsqueda funcional de consensos sobre medidas específicas, más que a la imposición de una agenda programática amplia o ideológicamente cohesiva. Para proyectos estructurales —como cambios al sistema de pensiones, reformas tributarias profundas o transformaciones amplias en políticas públicas—, la falta de mayorías claras implica que el Ejecutivo debe invertir tiempo político en construir respaldos amplios, lo que fomenta estrategias de política gradual y defensiva, orientadas a resultados tangibles en el corto plazo, pero menos ambiciosas en términos de transformación sistémica.

Considerada en el contexto global, esta variación hace que Chile enfrente un ciclo en el que la gobernabilidad dependerá tanto de la capacidad de negociar acuerdos mínimos con múltiples fuerzas intermedias como de la habilidad del Ejecutivo para modular las expectativas sociales y parlamentarias. El resultado es una lógica operativa orientada más a estabilidad y ajustes incrementales que a reformas profundas, en sintonía con una agenda ciudadana centrada en orden y respuestas concretas antes que programas ideológicos extensos.

En suma, este contexto sugiere que Chile mantendrá un perfil de estabilidad y previsibilidad, con una orientación predominantemente pragmática, más inclinada a ajustes graduales que a redefiniciones de fondo en su posicionamiento regional e internacional.

Rumbo internacional y estrategia global

El rumbo internacional de Chile tras las elecciones de 2025 debe enmarcarse en un orden mundial en transformación, caracterizado por la intensificación de la competencia estratégica entre potencias globales, cambios en las prioridades de seguridad internacional y la persistencia de cuestiones como migración, gobernanza regional y recursos estratégicos¹⁹. Estos factores condicionan de manera creciente las opciones de política exterior de países de tamaño medio como Chile.

En materia de propuestas puntuales, el presidente electo José Antonio Kast ha planteado algunas líneas que, directa o indirectamente, pueden influir en la proyección internacional del país. Durante la campaña, Kast —quien centró gran parte de su discurso en seguridad, orden y migración— expresó su apoyo a la posibilidad de una acción internacional liderada por Estados Unidos para poner fin al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, calificando dicho gobierno como una dictadura y posicionándose en sintonía con una estrategia regional que privilegia la confrontación de regímenes considerados autoritarios. Si bien Kast ha señalado que Chile no intervendría directamente, ha afirmado que «si alguien más actúa, debe quedar claro que se está solucionando un problema para toda América Latina», lo que sitúa a Chile en un espacio de cooperación política con iniciativas externas de presión sobre el régimen venezolano²⁰.

Paralelamente, Kast ha propuesto medidas vinculadas a la gestión de la migración irregular, como la creación de un «corredor humanitario» para facilitar el retorno de migrantes en situación irregular a sus países de origen, en especial venezolanos, lo que indica una relación estrecha entre política interna y prioridades externas en el diseño de políticas públicas²¹. Estas propuestas reflejan un énfasis en temas que, aunque formulados desde lo doméstico, tienen implicaciones exteriores en la articulación de acuerdos regionales de control migratorio y en la cooperación con países vecinos y extrarregionales.

En cuanto a la configuración de las relaciones bilaterales prioritarias, la primera visita internacional de Kast tras su elección fue a Argentina, donde anticipó una relación estrecha con el presidente Javier Milei centrada en seguridad regional, lucha contra el crimen organizado y promoción de inversiones conjuntas, lo que anticipa la posibilidad de una mayor coordinación estratégica con gobiernos ideológicamente afines en la región²². Este enfoque bilateral podría abrir espacios de colaboración funcional en áreas como seguridad fronteriza y desarrollo económico, aunque también puede implicar ajustes dentro de los marcos tradicionales de integración regional.

Estas declaraciones y propuestas anticipan un enfoque de política exterior que, si bien no rompe con tendencias históricas —como la apuesta por la cooperación internacional y la diversificación de relaciones—, introduce matices propios de las prioridades internas que caracterizaron la campaña electoral.

Este contexto condiciona el punto de partida desde el cual se evaluará el comportamiento internacional de Chile en los próximos años: un país que busca gestionar sus relaciones bilaterales y multilaterales en función de prioridades percibidas como estratégicas para su estabilidad interna, aunque dentro de marcos estructurales previos y sin indicios de reorientaciones abruptas en sus principios de inserción global.

En Sudamérica, el margen de maniobra del nuevo ejecutivo se articulará en un contexto regional marcado por una mayor afinidad ideológica con algunos gobiernos, como venimos señalando, particularmente con Argentina bajo la presidencia de Javier Milei. Kast ha apuntado su interés en profundizar una coordinación política y estratégica con gobiernos afines, lo que podría traducirse en una mayor cooperación en materia de seguridad, control fronterizo y lucha contra el crimen organizado. Esto nos llevaría a la posible incorporación de Chile al «Bloque Regional» impulsado por el presidente argentino «para replicar la estrategia de coordinación transnacional que ha utilizado históricamente la izquierda en la región, representada por el Foro de São Paulo»²³. Sin embargo, esta aproximación también reduce el espacio para una diplomacia equidistante, al anclar parte de la acción exterior chilena en alineamientos políticos específicos dentro de la región.

Al mismo tiempo, el discurso de firmeza y orden promovido por el nuevo Ejecutivo convive con el reconocimiento implícito de los límites reales del poder chileno. La posición expresada por Kast respecto a Venezuela refleja una estrategia de apoyo político externo que preserva la soberanía formal, pero pone de manifiesto la dependencia de iniciativas impulsadas por potencias extrarregionales para abordar crisis regionales de gran escala²⁴. Si bien ha centrado su mensaje en celebrar la detención de Maduro, no ha alabado explícitamente la intervención militar de Estados Unidos²⁵.

Esta lógica se proyectará previsiblemente en otros ámbitos de la política sudamericana, donde Chile buscará influir sin asumir costes directos elevados.

Dentro de este panorama, la relación con China se configura como uno de los principales vectores para evaluar el margen real de maniobra del nuevo gobierno chileno en política exterior. No se prevén alteraciones sustantivas en el vínculo económico bilateral, dada la centralidad de China como primer socio comercial de Chile y el alto grado de interdependencia existente²⁶. Sin embargo, el foco del Ejecutivo en el orden, el control y la gobernanza abre la puerta a realizar ajustes puntuales en la conducción política de la relación, sobre todo en áreas consideradas estratégicamente sensibles. En particular, cabe anticipar una aproximación más cautelosa hacia la inversión extranjera en sectores como recursos naturales críticos, infraestructura estratégica y tecnologías con potencial uso dual, donde el discurso de soberanía y seguridad nacional adquiere mayor peso en el nuevo ciclo político. Este enfoque no implica un cuestionamiento directo del vínculo con Pekín, pero sí una mayor disposición a evaluar costos políticos y estratégicos más allá de los beneficios económicos inmediatos.

Asimismo, el posicionamiento del nuevo gobierno frente a regímenes autoritarios y su cercanía ideológica con actores regionales alineados con Estados Unidos pueden generar tensiones discursivas indirectas con China, particularmente en un escenario internacional marcado por la competencia estratégica entre grandes potencias. No obstante, la tradición diplomática chilena de evitar alineamientos rígidos y la necesidad de preservar el acceso a mercados asiáticos sugieren que estas tensiones se expresarán más en el plano retórico que en decisiones de política exterior disruptivas.

En consecuencia, la política hacia China tenderá a desarrollarse bajo una lógica de continuidad condicionada: mantenimiento del vínculo económico-comercial como pilar central de la inserción internacional, combinado con una lectura más estratégica de los riesgos asociados a la proyección china en áreas clave²⁷. Este equilibrio refleja la voluntad del nuevo gobierno de reforzar la estabilidad interna sin alterar de manera abrupta los fundamentos estructurales de la política exterior chilena, optando por una gestión pragmática y selectiva de su relación con Pekín²⁸.

Este enfoque no puede analizarse de forma aislada, sino como parte de una reflexión más amplia sobre la posición estratégica de Chile en su entorno geográfico inmediato y en los espacios donde proyecta su inserción internacional. En efecto, la gestión de la relación con Pekín pone de relieve una tensión estructural que atraviesa la política exterior del nuevo gobierno: la aspiración a reforzar la capacidad de decisión propia del país, frente a los límites reales que imponen tanto su inserción en el Pacífico como su pertenencia al espacio sudamericano. Antes de abordar la relación con Estados Unidos —actor central en la arquitectura hemisférica y global— resulta necesario examinar cómo el Ejecutivo concibe el papel de Chile en estos dos ámbitos, y hasta qué punto su énfasis en seguridad, orden y soberanía se traduce en una mayor capacidad de decisión propia o, por el contrario, en una autonomía condicionada por dependencias económicas, alineamientos regionales y asimetrías de poder.

El futuro gobierno de Kast, que asumirá la presidencia en marzo de 2026, plantea una política exterior donde la autonomía estratégica se entiende como un medio para apoyar sus prioridades internas —seguridad, control migratorio y estabilidad económica— y no como un fin en sí mismo²⁹. Esta mirada influirá directamente en cómo Chile se relaciona con el Pacífico y con Sudamérica, ya que su margen de decisión estará limitado por factores estructurales y por la necesidad de colaborar con otros actores.

En el espacio del Pacífico, el nuevo Ejecutivo buscará mantener una posición activa que refuerce el perfil de Chile como plataforma de conexión entre Sudamérica y Asia-Pacífico, aunque bajo una lógica más selectiva. Iniciativas como el cable submarino Humboldt, cuya entrada en operación está prevista para este año, adquieren relevancia no solo económica, sino también estratégica, al situar a Chile como nodo digital regional³⁰. No obstante, el énfasis del Gobierno en la soberanía y la seguridad anticipa una revisión más estricta de este tipo de proyectos, especialmente en lo relativo a la participación de actores extranjeros y al control de infraestructuras críticas, lo que introduce límites prácticos al margen de autonomía chilena en el Pacífico.

En conjunto, la autonomía estratégica de Chile bajo el nuevo gobierno se perfila como una autonomía condicionada: mayor asertividad discursiva y selectividad política, pero dentro de límites definidos por la interdependencia regional, la competencia geopolítica en el Pacífico y la necesidad de cooperación con actores de mayor peso. El desafío central del Ejecutivo será convertir esta autonomía limitada en una herramienta funcional que refuerce la estabilidad interna sin erosionar la capacidad de Chile para operar eficazmente en su entorno inmediato y en los espacios estratégicos del Pacífico.

Estados Unidos: aliado clave en un contexto de orden y seguridad

A la luz de lo expuesto hasta ahora, este escenario sitúa a Chile ante un dilema central de su política exterior en los próximos años: cómo compatibilizar una agenda interna centrada en orden y estabilidad con un entorno regional y transpacífico crecientemente atravesado por la competencia entre grandes potencias y por dinámicas de seguridad que exceden su capacidad de control. Es precisamente en este punto donde la relación con Estados Unidos adquiere un rol articulador, no solo como vínculo bilateral, sino como referencia inevitable para comprender los límites y posibilidades de la estrategia internacional chilena en el nuevo ciclo político.

La respuesta diplomática temprana de Washington al triunfo de Kast es un indicador claro de esta centralidad. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, felicitó al presidente electo y expresó la disposición de trabajar estrechamente con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar la relación comercial bilateral ante prioridades compartidas como el control de la inmigración ilegal y la seguridad pública³¹. De manera consistente, otros representantes del gobierno estadounidense —como el secretario del Tesoro— celebraron la victoria de Kast, apuntando a la posibilidad de reforzar la cooperación en temas de orden, crecimiento y estabilidad³².

Este discurso conjunto de felicitación y apertura de canales de diálogo sugiere que la nueva administración de Chile entrará en una fase de cooperación política significativa con Estados Unidos, especialmente en ámbitos de seguridad, migración y comercio. La reunión previa a las elecciones entre Kast y el embajador estadounidense en Santiago también anticipa este patrón, con la promesa de «impulsar una cooperación práctica» entre ambos gobiernos en seguridad, crecimiento e innovación, con respeto por la institucionalidad democrática³³.

La interacción entre Chile y Estados Unidos no se limitará a gestos diplomáticos o declaraciones de buena voluntad. Desde el pasado año, la Administración de Donald Trump ha adoptado una política exterior marcadamente más asertiva en América Latina, cuyo punto más crítico ha sido, por el momento, la operación militar en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas y su posterior traslado a Nueva York, para enfrentar cargos federales por narcoterrorismo y conspiración vinculada al tráfico de drogas. La posición del presidente electo José Antonio Kast ha sido explícita desde un primer momento, como ya hemos venido señalando; sin embargo, ha precisado que Chile no participaría con medios militares debido a sus capacidades limitadas y a que la resolución del conflicto venezolano «no le corresponde» directamente al país³⁴.

Este tipo de posicionamiento —apoyo político a acciones de Washington sin participación directa— constituye un ejemplo claro de la autonomía condicionada que Chile buscará ejercer: alineamiento con ciertos objetivos de la política exterior estadounidense, como la presión sobre regímenes considerados autoritarios, sin comprometer recursos propios en operaciones de alto riesgo. La reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela ha generado un intenso debate en foros multilaterales y ha provocado reacciones inmediatas de gobiernos vecinos y organizaciones regionales. Diversos países latinoamericanos denunciaron la acción como una «agresión militar» y solicitaron la convocatoria urgente de instancias como la OEA (Organización de Estados Americanos) y la ONU para evaluar su legalidad y sus implicancias regionales³⁵. Estas respuestas refuerzan la idea de que Washington no solo actúa como un socio de facto en materia de seguridad hemisférica, sino también como un actor cuyas decisiones reconfiguran los marcos normativos y políticos de la región³⁶.

Más allá de los casos puntuales como Venezuela, la ruptura global de la Administración Trump con respecto a enfoques multilaterales y su acento en intereses nacionales coincide con el énfasis programático de Kast en seguridad, orden y soberanía.

En el ámbito de la seguridad regional, la cooperación con Estados Unidos podría intensificarse en áreas como inteligencia, control de fronteras, combate al narcotráfico y crimen organizado, especialmente en el Cono Sur y en los flujos que conectan Sudamérica con rutas globales ilícitas. Estas áreas encajan directamente con la agenda interna de orden y control promovida por Kast y permiten reforzar capacidades estatales sin alterar los fundamentos de la política exterior chilena. No obstante, este fortalecimiento de la cooperación en seguridad también profundiza la dependencia de marcos y capacidades impulsadas desde Washington, lo que introduce límites claros a la aspiración de autonomía estratégica plena.

En términos económicos y comerciales, no se esperan giros drásticos en la relación con Estados Unidos, pero sí una revalorización política del vínculo. Aunque China seguirá siendo el principal socio comercial de Chile, Estados Unidos mantiene un peso clave como inversor, socio tecnológico y actor relevante en sectores estratégicos. El nuevo gobierno podría favorecer una mayor convergencia regulatoria y política con Washington en ámbitos como infraestructura crítica, tecnologías sensibles y cadenas de suministro, en línea con una lectura de seguridad económica cada vez más presente en la política estadounidense. Este enfoque, sin embargo, obligará a Chile a gestionar con cautela los equilibrios con China para evitar que el acercamiento político a Estados Unidos derive en tensiones económicas no deseadas, especialmente considerando la creciente presencia económica y estratégica de China en América Latina³⁷.

Esto crea un marco de oportunidades y tensiones simultáneas: por un lado, la posibilidad de articular agendas compartidas en seguridad y economía; por otro, el riesgo de que una relación demasiado próxima con Washington reduzca la capacidad de Chile de manejar vínculos estratégicos con otros grandes actores globales.

En efecto, la cooperación en materia de seguridad y migración con Estados Unidos puede reforzar capacidades estatales chilenas en áreas de interés propio, pero también obliga a Santiago a navegar cuidadosamente los equilibrios entre alineamiento pragmático y preservación de su autonomía estratégica. La clave para el gobierno de Kast consistirá en maximizar los beneficios de la relación con Washington sin convertirla en un condicionante absoluto de su proyección internacional, especialmente en un hemisferio donde las asimetrías de poder siguen siendo profundas y las decisiones de una sola potencia pueden redibujar escenarios regionales enteros.

Conclusión

El panorama que se abre para Chile tras las elecciones de 2025 muestra un país que ha reordenado sus coordenadas políticas internas y que, al mismo tiempo, deberá redefinir su posición en un entorno internacional crecientemente competitivo. La superación de las antiguas divisiones, heredadas de la transición, ha dado paso a una disputa más contemporánea entre proyectos que buscan restaurar estabilidad institucional y otros que aspiran a retomar transformaciones profundas. Esta nueva dinámica no es transitoria: anticipa un ciclo prolongado en el que la gobernabilidad dependerá de la capacidad del Estado para gestionar tensiones más que para resolverlas de manera definitiva.

La fragmentación parlamentaria y la heterogeneidad del electorado obligarán al Ejecutivo a avanzar mediante acuerdos puntuales y estrategias graduales. Este escenario sugiere que Chile se moverá hacia un modelo de gobernabilidad incremental, donde la estabilidad se sostendrá en la capacidad de articular consensos mínimos y en la prudencia para no sobrecargar un sistema político que aún arrastra las fracturas abiertas desde 2019. En este contexto, será crucial que el gobierno gestione con realismo las expectativas ciudadanas, explicando con claridad los límites estructurales del sistema y priorizando políticas de impacto tangible en seguridad, servicios públicos y protección social, para evitar ciclos de frustración que puedan reactivar tensiones latentes.

En política exterior, Chile deberá navegar en un entorno internacional marcado por la rivalidad creciente entre Estados Unidos y China. El alineamiento político con Washington en temas de seguridad y gobernanza, visible por ejemplo en la postura frente a Venezuela, coexistirá con la necesidad de preservar un vínculo económico esencial con Pekín. Esta dualidad exige una estrategia de equilibrio fino: mantener la cooperación con Estados Unidos en ámbitos como infraestructura crítica, tecnologías sensibles y cadenas de suministro, sin comprometer la autonomía económica ni deteriorar la relación con China. Para ello, será necesario reforzar los canales diplomáticos con ambas potencias, diversificar proveedores estratégicos y fortalecer capacidades nacionales en ciberseguridad, energía y protección de infraestructura crítica, de modo que Chile pueda absorber mejor las presiones externas sin quedar atrapado en dinámicas de rivalidad.

A nivel regional, la sintonía ideológica con gobiernos como el de Argentina abre oportunidades de coordinación en seguridad fronteriza y lucha contra el crimen organizado, pero también puede generar tensiones con otros países sudamericanos y con mecanismos multilaterales debilitados. En este escenario, Chile deberá evitar que la agenda de seguridad derive en fricciones innecesarias y, al mismo tiempo, aprovechar espacios de cooperación funcional que permitan resultados concretos. La región ofrece pocas oportunidades para grandes proyectos de integración, pero sí para iniciativas específicas en migración, control territorial y gobernanza económica, donde Chile puede desempeñar un papel útil si actúa con pragmatismo y evita sobredimensionar sus capacidades.

De cara al futuro, la estabilidad institucional seguirá siendo uno de los principales activos estratégicos del país, pero no bastará por sí sola para sostener la cohesión interna ni la relevancia internacional. Chile necesitará una política exterior de nicho, centrada en áreas donde posee ventajas comparativas —energías limpias, minería estratégica, estándares regulatorios, gobernanza oceánica— y una política interna capaz de reducir tensiones sociales sin generar expectativas de transformación inmediata. La clave estará en combinar orden interno, prudencia económica y flexibilidad diplomática, de manera que el país pueda adaptarse a un entorno global en transformación acelerada sin renunciar a su autonomía.

En síntesis, Chile entra en un periodo donde la gobernabilidad dependerá de gestionar tensiones más que de resolverlas, y donde la política exterior será un espacio de maniobra limitada pero crucial para preservar estabilidad y autonomía. El desafío central será sostener simultáneamente cohesión interna, competitividad económica y relevancia internacional en un mundo que ofrece cada vez menos espacio para posiciones neutrales. El éxito de este esfuerzo dependerá de la capacidad del país para anticipar riesgos, fortalecer sus capacidades estratégicas y actuar con pragmatismo en un entorno donde la incertidumbre será la norma más que la excepción.