IEEE. Terrorismo en Perú: del PCP-Sendero Luminoso al Militarizado Partido Comunista del Perú

Origen y evolución del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (1980-1992)

En América Latina, durante la Guerra Fría, emergió lo que fue denominado la nueva izquierda latinoamericana, inspirada en el éxito de la Revolución Cubana (1959), y en una praxis revolucionaria, y por extensión, rupturista y violenta con el statu quo político del continente, que se desmarcaba del viejo dogma de acumulación de fuerza electoral de las formaciones partidistas de impronta comunista. Transcurrió por diferentes etapas y moduló formas muy heterogéneas de concebir la conquista del poder político, albergando más de un centenar de movimientos armados y guerrillas que, a excepción de Cuba y Nicaragua (1979), en la mayoría de los casos transitaron entre la derrota militar y, solo en algunos casos, la negociación política con sus respectivos gobiernos.

Derivado de lo anterior, el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) fue una organización armada cuya semilla embrionaria se halla en la ruptura chino-soviética de 1962. Este hecho obligó a que, en 1964, el otrora Partido Comunista del Perú (PCP), creado por José Carlos Mariátegui en 1928, tuviera que escindirse entre el PCP-Unidad, de impronta mayoritaria y de filiación prosoviética, y el PCP-Bandera Roja (PCP-BR), de orientación prochina y fuertemente influido por la revolución maoísta. Entre sus principales valedores se encontraba un joven profesor de filosofía de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), Abimael Guzmán, que a la postre sería el conocido como el «presidente Gonzalo».

Desde mediados de los sesenta, y tras dos viajes a China, en 1965 y 1967, aprovechando el escenario de convulsión y abandono que tenía lugar en la provincia de Ayacucho, la primigenia estructura de Bandera Roja y, en concreto, la conocida como «Fracción Roja», fue radicalizándose y depurándose bajo el liderazgo de Guzmán¹. Asimismo, se sirvió de un área de influencia creciente, favorecida por las movilizaciones estudiantiles y la violencia estructural profundamente arraigada en la región más pobre del país. Poco a poco se fue consolidando el germen de lo que, desde 1970, sería Sendero Luminoso, especialmente, gracias a la instrumentalización de una idea de revolución armada, violenta y antidemocrática cuyo sujeto revolucionario era el indígena campesino quechuahablante, aunque al servicio de la clase trabajadora y nunca al servicio de cualquier proyecto emancipador indigenista². La clave era terminar con un Estado criollo y capitalino, de base feudal y colonial, que era teorizado y fundamentado desde la institución educativa local e instigado desde un odio histórico interiorizado de forma inquebrantable.

Lo que fueron unas pocas decenas de individuos completamente radicalizados, y desde finales de la década de los setenta, férreos devotos del mesianismo tanatofílico que evoca la figura de Guzmán en el interior del PCP-SL, terminarían siendo más de mil hombres armados —como parte del Ejército Guerrillero del Pueblo— y otros tantos miles de militantes y acólitos de una revolución popular caracterizada por el terrorismo y cierto control territorial, pero que nunca llegó a disponer de expresiones convencionales de confrontación armada³. Guzmán, gracias a la labor de su primera mujer y número dos del PCP-SL, Augusta La Torre, «camarada Norah», se (auto)encumbrará, desde inicios de los ochenta, como la cuarta espada del comunismo, erigiéndose a la misma altura de Karl Marx, Vladimir I. Lenin y Mao Tse-Tung⁴.

En otras palabras, Guzmán teorizaba sobre la necesidad de una revolución violenta, que debería durar décadas y dejar consigo cientos de miles de muertes, lo cual se cimentaba desde una suerte de dogmatismo ortodoxo, acrítico e irreflexivo, en el que el otrora sendero de Mariátegui quedaba personificado en favor del incuestionable Abimael. Tras su primera acción armada, el 17 de mayo de 1980, con motivo de la quema de unas ánforas electorales en el municipio ayacuchano de Chuschi, el día antes de que Perú retornara a la democracia, el terror revolucionario senderista se extendería con rapidez por numerosos municipios del corredor serrano de las provincias de Ayacucho y Huancavelica.

Mientras que el desplazamiento de la exigua institucionalidad local, representativa del Estado, fue fácilmente suplantado por comités populares, toques de queda y la imposición de normas de conducta senderista, se contaron por cientos los actos de terrorismo, especialmente, en contra de la infraestructura energética y financiera del país. De otro lado, el Estado, mayormente, entre 1981 y 1983, atravesó serias dificultades para caracterizar y confrontar al enemigo senderista, dejando en medio de un fuego cruzado a un desvalido segmento de la población civil, inmovilizado por una violencia política responsable, con el tiempo, de casi 70.000 víctimas mortales⁵.

Aun cuando entre 1983 y 1987 se intensificó el número de muertes y desapariciones, y el marco de dispositivos de violencia política y terrorismo, de parte de Sendero Luminoso se avanzó hacia una paulatina derrota, en buena parte, favorecida por la mejor respuesta contrainsurgente del Estado y la mayor colaboración cívico-militar. Con un PCP-SL focalizado, casi en su totalidad, en Lima, entre 1988 y 1992, se produce un salto hacia delante, en el que la estructura violenta busca incrementar su activismo y notoriedad en la capital, elevando exponencialmente el número de acciones armadas⁶. Una apuesta que resultará directamente proporcional a las mejores capacidades del Estado, tanto en términos policiales y militares, como de inteligencia. De hecho, gracias a esta mejora y tras más de 35.000 muertes directamente imputables a Sendero Luminoso, la totalidad de su dirigencia —incluido su máximo líder, Abimael Guzmán— fue detenida durante el gobierno de Alberto Fujimori, en septiembre de 1992⁷.

El Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso tras la detención de Abimael Guzmán (1992-1999)

Sendero Luminoso fue una de las formaciones armadas más violentas de la conocida como nueva izquierda latinoamericana. Hizo cotidiano, desde el más absoluto radicalismo, un ejercicio ubicuo de violencia que, inclusive, se tradujo en unas muy difíciles relaciones con otras formaciones guerrilleras del momento, tanto fuera de Perú como con el propio Movimiento Revolucionario Túpac-Amaru (MRTA)⁸.

Desde finales de 1992, una vez capturado Guzmán, se aceleró el proceso de descomposición de la otrora eficacia senderista. Un hecho especialmente acuciante en la ciudad y que obligó a reterritorializar cualquier atisbo de proyecto violento, en aras de ocupar espacios más hostiles para la respuesta estatal y, por extensión, de mayor inaccesibilidad. Así sucedió con los dos principales enclaves cocaleros del país que, de paso, ofrecían un cierto aseguramiento sobre las rentas ilícitas del negocio de la droga: el valle del Alto Huallaga (VAH) y el valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Este proceso transcurrió igualmente en paralelo a un fuerte debilitamiento del sentimiento de identidad senderista entre quienes después de 1992 pertenecían a la organización. También, con respecto a una población civil cada vez más colaborativa con la Fuerza Pública —en pleno auge del fujimorismo—, a una legislación de arrepentimiento, orientada a favorecer la desmovilización senderista, y a la mayor dificultad para llevar a cabo el desarrollo de acciones terroristas⁹.

Los reductos de Sendero, fragmentados territorialmente, en el norte y en el sur andinos, se encontraron, además, contrariados por la imposibilidad de seguir preservando la guerra popular en Perú tal y como se había validado en el III Encuentro del Comité Central, organizado en Lima antes de la «captura del siglo». La razón reposaba en un Guzmán que exhibía posicionamientos aparentemente colaborativos que nada tenían que ver con el dogmatismo violento previo a su captura. Tanto fue así que la nueva estructura senderista, dirigida por el «camarada Feliciano», no sabía si enmarcar el cambio de discurso del «presidente Gonzalo» como resultado de las posibles torturas recibidas o si se trataba de una burda manipulación del propagandismo fujimorista. Lo cierto es que, con menos efectivos y menos recursos, se tuvo que convivir con una organización menos ideológica y más porosa frente a la acción antiterrorista del Estado¹⁰.

El secreto sobre la identidad de los dirigentes senderistas había quedado al descubierto, y las formas de reclutamiento y de acción violenta se vieron obligadas a ser reconsideradas debido a la infiltración de la inteligencia peruana, los errores propios del senderismo y la labor de una Fuerza Pública que siguió asestando importantes golpes a la organización senderista en la capital entre 1992 y 1995.

Junto a la desmembración del aparato urbano de Sendero, para mediados de los noventa, queda igualmente desarticulada la que había sido su arquitectura de «aparatos generados», la cual se nutría de efectivos y apoyos procedentes de ciertos sectores afines al PCP-SL: el Diario, la Asociación de Abogados Democráticos y el Socorro Popular —este último, para Guzmán, más importante, inclusive, que el Comité Metropolitano de Lima¹¹—. Por tanto, la reconfiguración espacial del reducto senderista, a modo de supervivencia, terminó condicionada a proseguir en los inhóspitos valles del VAH y del VRAEM, más si cabe, debido a las detenciones estratégicas derivadas del accionar senderista contra el Comité Zonal Sur, organizado en Arequipa, así como el Comité Regional del Norte.

El Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso ante el cambio de siglo (1999-2012)

En 1999, en difíciles circunstancias operativas, fue detenido el «camarada Feliciano», que había llegado a ser el número tres de la organización y el único alto dirigente senderista no detenido en el operativo realizado en Lima contra la cúpula directiva del PCP-SL, en septiembre de 1992¹². Ese mismo año, la organización terrorista debió decidir si continuar con su proyecto violento o si, por el contrario, debía desistir de este. En otras palabras, ortodoxia y revisionismo terminaron colisionando. De tal antagonismo estratégico, liderado por el «camarada Feliciano», surge «Proseguir», que, como su nombre indica, admite como punto de partida que las condiciones que justificaron el «inicio de la lucha armada» en 1980 permanecen inalterables.

Partir de dicha contextualización, en realidad, implicaba distanciarse del discurso de Guzmán, quien, para ese momento, y tras siete años de prisión, aceptaba la inviabilidad de cualquier proyecto violento y, con ello, la necesidad de una «salida política a los problemas derivados de la guerra». En línea con este planteamiento surgiría el controvertido Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF) que, de facto, era el brazo político de una solución dialogada, y que mantenía, como expresión armada, una proximidad con el reducto senderista del valle del Alto Huallaga (VAH). En oposición a ambos quedaría la facción del VRAEM, tras la captura de «Feliciano», dirigida y transformada por el clan Quispe Palomino¹³.

Como después se detallará, las condiciones selváticas, hostiles y periféricas del VRAEM fungieron como espacio idóneo para acoger lo que, con el tiempo, se rebautizaría como Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP). Liderado por los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino, y sin «Feliciano» como posible continuador, impulsaron su mayor distanciamiento respecto de la dirigencia senderista presa en el penal del Callao. Entendían que todos ellos, y en especial Guzmán, habían traicionado el legado y la causa revolucionaria. De esta manera, invocaban, no sin distorsión, la figura de Mariátegui y un impostado fulgor democrático, tal y como revelan las palabras de Jorge Quispe, alias «camarada Raúl», en 2010:

Este MPCP, perfecta evocación de un claro postsenderismo, con el cambio de centuria, siguió recurriendo a la retórica marxista, aunque desprovisto de cualquier atisbo de proyecto político y fuertemente asociado a los negocios ilícitos que transcurrían en y desde el VRAEM. De manera similar a la de algunas formaciones criminales en Colombia, como Los Pelusos en la región del Catatumbo, en 2015, antes del abatimiento de «Megateo», el negocio cocalero fue utilizado por el clan Quispe Palomino para involucrar a la población civil, mediante la protección e incentivación del cultivo ilícito, así como la organización de su transporte, aunque dando prioridad a la presencia en los eslabones de procesamiento y distribución, en colaboración con cárteles tanto locales como foráneos.

En otro orden de cosas, el planteamiento insurgente que, desde inicios de la década de 2000, reclamaba la facción del VRAEM pasaba por cuestionar el abordaje táctico que lideró Guzmán respecto de su empresa revolucionaria. Así, el tránsito desde la periferia ayacuchana y andina hacia la centralidad limeña —lo cual, en realidad, se produjo por su derrota militar en 1987—, para el MPCP implicó abandonar las ventajas competitivas que ofrecía la selva y que, de paso, se asemejaban más a la inspiración maoísta del grupo. Al respecto, léanse las siguientes palabras de 2010, a cargo del «camarada Raúl»:

«Camarada Artemio» y la importancia estratégica del VAH (1999-2012)

En oposición al grupo del VRAEM, desde la captura de «Feliciano», liderada por el clan Quispe Palomino, tiene lugar otra expresión heredera de Sendero cuyo espacio de actuación se desarrolló en un segundo escenario, también selvático, periférico y cocalero, como es el VAH. En esta región se mantuvieron importantes operativos militares desde mediados de los noventa, si bien ya había presencia del PCP-SL desde la década anterior.

En este lugar, incluso en tiempos de la dirigencia senderista de Abimael Guzmán, se había asentado el Comité regional dirigido por el «camarada Artemio». Desde inicios de los noventa, algún reporte de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DIRCOTE) llegó a contabilizar más de 500 atentados y 1.000 muertes —en su mayoría, de policías y militares— que habían sido atribuidos a esta expresión de Sendero. De hecho, en el VAH, antes que, en el VRAEM, el Estado peruano sofisticó buena parte de sus operativos contrainsurgentes contra el nuevo Sendero post-Abimael. Esto es, tanto en la intensificación del número de operativos policiales y militares como en la búsqueda de nuevas formas de contrainsurgencia, involucrando a la población civil en diferentes acciones de inteligencia, control social y recompensa. Gracias a ello, fueron detenidos o abatidos, entre 2006 y 2010, importantes nombres asociados al nuevo PCP-SL, como el «camarada Clay», el «camarada JL», el «camarada Julián», el «camarada Piero» o el «camarada Rubén».

«Artemio», que inicialmente discrepó de las primeras posiciones conciliadoras de Abimael Guzmán, una vez fue capturado, volvió a realinearse con la postura de un eventual, aunque imposible, acuerdo de paz con el fujimorismo. No obstante, justificó que la «lucha armada» tendría lugar mientras las demandas de MOVADEF en torno a una amnistía, un indulto y un aperturismo político no resultaran atendidas. En otras palabras, ponía de manifiesto la divergencia clara entre los continuadores de Sendero en el VRAEM y los del VAH. De hecho, meses antes de su detención, «Artemio» se refería en los siguientes términos al clan Quispe Palomino:

Dentro del accionar contraterrorista desplegado en el VAH entre 2010-2012, se priorizaron emplazamientos tales como los municipios de Puente Chino, Pumahuasi, Angasyacu y Tocache. El mayor éxito fue la propia detención de «Artemio» quien, como «Feliciano» antes, resultó delatado por algunos compañeros de militancia. Un hecho que permitió su condena a cadena perpetua, acusado de terrorismo, narcotráfico y lavado de activos. Algo nada baladí, no solo porque marcó un punto de inflexión en el mejor control estatal sobre las actividades ilícitas del VAH, sino porque, simbólicamente, implicó la caída de quien había sido el último integrante real del otrora Comité Central de Sendero Luminoso. Un hecho que, junto con la proliferación de nuevas expresiones de criminalidad asociadas al narcotráfico y otro tipo de prácticas ilícitas, como la deforestación, derivó en detenciones de efímeros sucesores de «Artemio», como el «camarada Freddy» o el «camarada Brony»¹⁷. Asimismo, ello consumó la deriva altamente dependiente del negocio de la droga que Sendero Luminoso, durante la década de los ochenta, trató de minimizar y que terminó siendo igualmente notoria en otras guerrillas de la región, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.

Desde 2012, por ende, puede decirse, y así lo atestiguan reportes del Ministerio del Interior, de la DIRANDRO y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que la presencia senderista en el VAH desapareció, sin viso alguno de continuidad. Un hecho que, no obstante, no supuso la desaparición de otras expresiones residuales de crimen organizado que, incluso en el pasado, confrontaron con Sendero por el control de los beneficios del negocio ilícito, o que simplemente operaban como simples clanes de campesinos reconvertidos al narcotráfico, que se consolidó como el principal atractivo criminal de la región. Tal fue el caso, entre otros, de los Gabino, Mashico y Braulio en Aucayacu, con su negocio de productos químicos y acopio de base de coca, así como el control de las rutas de droga hacia Tingo María o Tocache; los Chalis en Aguaytía y Padre Abad, controlando laboratorios y logística con salida de cargamentos de cocaína hacia Brasil y Bolivia; o el clan «Pepe Calderón Monteza» en Yanajanca o «Miguel Villegas» en Pucayacu, igualmente próximos al transporte de droga y la extorsión local.

El Militarizado Partido Comunista del Perú y la familia Quispe Palomino en el VRAEM (2012-2026)

A la vez que el Estado peruano intensificaba sus embates contra la facción senderista del VAH, el VRAEM se consolidó, desde inicios de la década pasada, como la principal amenaza de la seguridad nacional, en buena parte como resultado de la criminalidad organizada articulada en torno al clan Quispe Palomino. Como se apuntaba previamente, entre mediados de los 2000 y los primeros años de la década siguiente, esta facción postsenderista se organizó gracias al arraigo de Víctor Quispe Palomino («camarada José») en la región de Ayacucho, en donde actuó en los ochenta como destacado integrante senderista. Junto con él, el núcleo central lo ocuparon, en calidad de jefe de operaciones armadas, Orlando Borda (alias «camarada Alipio»), en cuanto a ideólogo estaba Jorge Quispe Palomino (alias «camarada Raúl») y, finalmente, en la figura de jefe político se encontraba Marco Antonio Quispe Palomino (alias «camarada Gabriel»). Todos ellos estructuraron un Comité Central que, fundamentalmente, operó en torno a tres áreas de influencia del VRAEM claramente definidas: la región norte, frontera con Junín; la región sur, que llega a Cuzco por Vilcabamba, y la región central, que comprende la selva de Ayacucho, en la provincia de La Mar. Un hostil emplazamiento geográfico de 12.000 km², que oscila en una altura de entre los 500 y 3.000 metros, y en donde se disgregan hasta 500 asentamientos de población que concentran más de 100.000 personas sobre medio millón que vive en toda la región. También allí se presentan unos niveles de pobreza extrema que llegan a triplicar los promedios nacionales.

Buena prueba de su activismo fueron algunos hechos violentos, como la emboscada que se cobró 13 víctimas mortales de las fuerzas militares en Sanabamba (Ayacucho), en abril de 2009; o el secuestro, en abril de 2012, de 36 trabajadores de la empresa sueca Skanka y de la peruana Construcciones Modulares, ambas contratistas de un consorcio internacional de gas, en las proximidades del yacimiento gasífero de Camisea, en el suroriente peruano. Asimismo, antes de las elecciones presidenciales de 2016, el 9 de abril, la misma facción postsenderista del VRAEM atacó a una patrulla militar que se dirigía a Matichaca (Junín), dejando consigo el balance de diez militares y dos civiles muertos. Inclusive, en 2017 los principales ataques a manos del MPCP tuvieron lugar nuevamente en el VRAEM, en localidades como Curumpiaria (Ayacucho), Luricocha (Huanta) o Churcampa y Tayacaja (Huancavelica) donde, igualmente, han muerto decenas de miembros de la fuerza pública peruana.

Frente a este hostigamiento armado, para comienzos de la década que transcurre entre 2010 y 2019 se contabilizaron diferentes operativos en el VRAEM, siendo agosto de 2013 un momento clave, gracias al despliegue de la denominada «Operación Camaleón», por la cual se abatieron los números 2 y 4 («Alipio» y «Gabriel») del grupo postsenderista. Este, aunque se ha seguido reorganizando, cada vez de manera más endeble, tuvo que sobreponerse a los golpes recibidos, manteniendo al frente de la facción militar al «camarada Raúl» y de la parte política, al «camarada José». El primero, no obstante, fue abatido por las fuerzas militares en un operativo dado en enero de 2021 y el segundo resultó gravemente herido en el marco de la Operación Patriota, en agosto de 2022.

Lo cierto es que el grupo ha ido reduciendo su número de efectivos en armas, de 500 a 350 en la pasada década¹⁸ y, en la actualidad, se estima que este puede ser inferior a los 50 hombres armados, mayoritariamente presentes en el eje Vizcatán del Ene-Llochegua-Mantaro Alto. Lo anterior, gracias a la concatenación de operaciones dirigidas a desmantelar el narcotráfico en el VRAEM y, en concreto, a desarticular una estructura que había mantenido conexiones, en la cadena transnacional del crimen organizado, con el cártel de Sinaloa mexicano o con el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) de Brasil. Dan buena prueba de ello los éxitos obtenidos tras las mencionadas operaciones Camaleón (agosto de 2013), Tenaz (octubre de 2017) o Patriota (agosto de 2022). De hecho, solo en esta última se llegaron a movilizar 36 patrullas militares, 14 helicópteros y 12 aviones de bombardeo con los cuales se consiguió abatir a una quincena de integrantes del MPCP¹⁹.

En la actualidad, lo cierto es que el VRAEM ha seguido siendo el principal foco de origen de la criminalidad organizada del país, si bien el postsenderismo ha ido debilitando notablemente su posición central hasta casi quedar en un plano marginal y de ostracismo. Los atentados y otros actos violentos se han ido reduciendo por la falta de recursos y capacidades, si bien a esta formación se le atribuyó, todavía en 2021, la masacre en San Miguel del Ene (Vizcatán del Ene), la cual dejó consigo 16 muertos, incluyendo mujeres y niños, y fue atribuida a la célula comandada por «Raúl»²⁰.

Por todo lo anterior, en el último lustro el MPCP ha perdido su atributo de organización insurgente nacional y apenas llega a operar como una pequeña banda narcotraficante local, junto con muchas otras que hoy son destinatarias de la política de seguridad peruana. El superviviente «José» se estima que puede proseguir con algún remanente de máxima confianza y proximidad, actuando en quebradas concretas del Vizcatán del Ene, Mantaro Alto y San Martín de Pangoa, pero sometido a un acoso continuo por la presión del Comando Especial VRAEM y al trabajo con drones y unidades especiales de combate. Una realidad que más pronto que tarde puede que consuma el fin del ciclo de una violencia letal que, a través de la proclama de Sendero Luminoso, dejó consigo, desde diferentes expresiones, decenas de miles de muertos, heridos y desaparecidos.

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