IEEE. Soberanía limitada: cómo Europa e Iberoamérica negocian su autonomía con Washington

Introducción

La presión de Washington sobre aliados y socios ha reabierto una pregunta clásica: cómo preservar la soberanía y garantizar la seguridad con la mayor autonomía posible. Este documento sostiene que, a excepción de las grandes potencias, ningún Estado en Europa e Iberoamérica¹ ejerce soberanía plena, que la autonomía también se construye mediante alianzas y que esa presión obliga a Europa e Iberoamérica a diversificar dependencias, lo que abre espacios de cooperación.

La idea de soberanía estatal moderna se remonta a la Paz de Westfalia (1648), que fijó sus atributos principales junto con el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados; un axioma ampliamente aceptado como correcto, aunque se incumpliera. Ese acuerdo normativo está hoy en entredicho por hegemonías depredadoras² que parecen regirse por el único precepto de ganar.

Sobre la soberanía, Stephen D. Krasner distingue varias dimensiones³. La soberanía interna remite a la organización de la autoridad pública y al control efectivo del territorio, hoy cuestionado en algunos países iberoamericanos, a los que voces estadounidenses califican a veces de Estados fallidos. La soberanía westfaliana, entendida como la exclusión de actores externos de las estructuras internas de autoridad y el principio de no injerencia, resulta particularmente relevante para los debates actuales sobre autonomía estratégica, en la medida en que plantea hasta qué punto un actor político puede adoptar decisiones fundamentales sin condicionamientos externos. La soberanía jurídica internacional, o reconocimiento mutuo entre Estados, rara vez se discute, aunque Rusia la desafía en Ucrania. La soberanía de interdependencia es la capacidad de controlar los flujos de personas, bienes, capitales e información que cruzan las fronteras. Este control es hoy objeto de negociación, como en la cooperación migratoria entre España y Marruecos, o de competencia compartida, como en el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo (junio de 2026). Se pasa así de un poder soberano sobre las fronteras a una negociación en un mundo de interdependencia compleja⁴.

A estas dimensiones hay que añadir la soberanía tecnológica⁵, ausente en la tipología de Krasner: la capacidad de dominar una tecnología y asegurar el acceso a conocimiento, componentes y datos en cadenas de suministro convertidas en instrumentos de confrontación geopolítica. Es una forma extrema de soberanía de interdependencia, pues la dependencia se concentra en nodos críticos (semiconductores, tierras raras, 5G, cables submarinos, inteligencia artificial) fuera del control de quienes dependen de ellos. El control sobre las tecnologías duales condiciona la política industrial y de defensa de la UE y de sus Estados miembros, titulares últimos de la soberanía.

Un Estado puede ser soberano en el papel y carecer de control efectivo sobre su territorio, sus infraestructuras o sus tecnologías: la soberanía no se proclama, se ejerce con un determinado nivel de autonomía. Ese ejercicio exige capacidades propias y compartidas, y la libertad de acción de cada Estado está limitada por la de otros, lo que obliga a gestionar interdependencias y alianzas.

Las alianzas⁶ son formales o informales; especial atención merecen las que implican compromisos de seguridad y defensa. La OTAN es una alianza formal; la de EE. UU. con Israel es informal, al carecer de tratado de defensa mutua. Toda alianza plantea un dilema entre seguridad y autonomía, ya presente en el siglo V a. C. en la Liga de Delos, liderada por Atenas, y en la del Peloponeso, liderada por Esparta. Glenn H. Snyder lo concibió como un juego de temores: el abandono o el arrastre⁷. Los europeos de la OTAN, y Canadá, temen ser abandonados por EE. UU. ante Rusia o arrastrados a un conflicto con China en el Indopacífico que no sea el suyo. En Iberoamérica, según el país, el dilema consiste en beneficiarse de la protección y la estabilidad del orden hemisférico que Washington lidera, sin perder, o perdiendo lo mínimo, su soberanía y autonomía, y teniendo en cuenta a otros actores de la competencia global⁸. La actuación e influencia de EE. UU. son el elemento común a tener en cuenta en la gestión de las alianzas a ambas orillas del Atlántico.

Trump II y su mirada hacia Iberoamérica, Groenlandia y Europa

La Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. (ESN, diciembre de 2025) sitúa el hemisferio occidental como la primera de sus prioridades geográficas. Su lógica es «enlist and expand»: sumar aliados y ampliar la influencia. En seguridad se traduce en cinco ejes: el control del hemisferio, el corolario Trump a la doctrina Monroe, el control de fronteras, la lucha contra los cárteles y la reducción de la influencia de otras potencias. A ello se suma el «Golden Dome for America», con un lugar preferente para Groenlandia.

Si el corolario Roosevelt (1904) amplió la doctrina Monroe (1823) y justificó el «gran garrote», el corolario Trump actualiza esa lógica. Para Iberoamérica supone una alianza asimétrica, más informal que formal, articulada en torno al «Escudo de las Américas» y al Mando Sur (SOUTHCOM). De ahí el dilema ya planteado: aprovechar la protección estadounidense sin subordinarse a EE. UU. en todas sus decisiones, conservando margen de acción y, si así se decide, alineamientos complementarios.

La Estrategia de 2025 no menciona Groenlandia, pero su lógica la alcanza de lleno: el corolario Trump busca proteger el acceso a «ubicaciones geográficas clave», impedir que otros competidores posicionen fuerzas o controlen activos estratégicos y ampliar el acceso a lugares importantes. Washington presenta el control de la isla como esencial para su seguridad nacional y ha expresado su aspiración a ejercer la soberanía sobre ella, lo que reforzaría su posición en el Ártico frente a Rusia y China. Pero Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca —a su vez aliado de la OTAN—, está asociada a la UE. Es, por tanto, el nexo entre ambos continentes y su caso demuestra que la presión sobre la soberanía alcanza también a aliados y socios europeos.

En 2026, la presión sobre Groenlandia derivó en una crisis aliada. El artículo 5 del Tratado de Washington prevé agresiones externas, no la presión de su principal garante; la primera ministra danesa advirtió en enero de que una toma militar sería el fin de la OTAN⁹. La crisis alcanzó a la UE y destapó la ambigüedad del artículo 42.7 TUE que obliga a prestar ayuda «con todos los medios a su alcance». Pero, para buena parte de los Estados miembros, la materialización de esa asistencia está subordinada a la OTAN. Varios países europeos enviaron a la isla pequeños contingentes militares de reconocimiento, un gesto político y simbólico trascendente para lo que estaba en juego: la propia Alianza y el bloque occidental.

La crisis se desactivó con gestos y negociación. Tras reunirse con el secretario general de la OTAN en enero, Trump descartó la fuerza y la Alianza lanzó la misión «Arctic Sentry». El acuerdo trilateral¹⁰ del 22 de septiembre de 2026 entre EE. UU., Dinamarca y Groenlandia, pendiente de ratificación, reafirma la soberanía e integridad territorial danesas y el derecho de autodeterminación groenlandés. A cambio, amplía la presencia militar estadounidense (base de Pituffik, nuevas áreas de defensa, posible «Golden Dome») y excluye a Estados no miembros de la OTAN. Más que una ruptura, enmienda y completa el acuerdo de 1951, pero sin fecha de finalización y con amplios derechos de acceso. El caso ilustra la distinción de Krasner: se conserva la soberanía jurídica, en tanto que se reconoce formalmente la soberanía danesa sobre la isla; pero se comparte el control efectivo del territorio, lo que es propio de la soberanía interna.

Una implosión de la OTAN habría tenido consecuencias nucleares directas: sin confianza en el paraguas estadounidense, Alemania y acaso Polonia podrían haber considerado la proliferación horizontal. Evitada la ruptura, EE. UU. puede seguir siendo el principal garante de la disuasión nuclear aliada, aunque reparar la confianza llevará tiempo.

Europa: autonomía forzada y diversificación de dependencias

La guerra de Ucrania ha sido el catalizador¹¹ de un proceso que la presión de Washington ha intensificado. La campaña híbrida rusa y lo que se observa en el teatro de operaciones (guerra de drones, electrónica, robótica con inteligencia artificial, producción masiva, innovación rápida) cuestionan el modelo de disuasión heredado —roto por Rusia— y evidencian las carencias de la base industrial de defensa y espacio en Europa.

La autonomía europea no es solo una opción estratégica deliberada, sino también una necesidad impuesta desde fuera —por las dinámicas que implican a EE. UU., Rusia y China—, lo que se traduce en diversificar dependencias más que en superarlas. De ahí que se hable de autonomía estratégica abierta: el calificativo no es baladí.

Durante décadas, el debate transatlántico giró en torno al reparto justo de las cargas (fair burden sharing)¹². En 2025-2026, la Administración Trump lo ha desplazado hacia el traspaso de la responsabilidad (burden shifting): Washington espera que los europeos asuman la contención convencional de Rusia, mientras conserva la disuasión nuclear y presta apoyos críticos limitados, como capacidades espaciales o de inteligencia. Ni EE. UU. ni su base industrial pueden sostener a la vez la contención de China en el Indopacífico y la de Rusia en Europa. Además, Rusia ya no es percibida como una amenaza prioritaria por la Administración Trump, para quien Putin es alguien con quien negociar.

De ahí que la autonomía estratégica europea en materia de defensa sea hoy, hasta cierto punto, alentada desde Washington. Sus límites fundamentales son la dependencia nuclear y la tecnológica de EE. UU. Los Estados europeos no ejercen una soberanía plena en política exterior y de defensa: la cuestión es cuánta libertad de acción se conserva en cada dependencia y con quién se comparten capacidades y su desarrollo. En esto último, Ucrania aporta valor a los países europeos y a la UE; también implica desafíos.

Ucrania: guerra y encaje institucional

Ucrania se integra de facto en las iniciativas de la UE sobre industria de defensa, espacio, innovación y tecnologías duales sin ser aún Estado miembro. Esta integración funcional precede al encaje institucional, y en ese desfase se concentra el riesgo estratégico.

En un trabajo anterior¹³ se planteaban cuatro escenarios según Ucrania ingresara o no en la OTAN y en la UE. El más peligroso para la segunda era una Ucrania en la Unión y fuera de la OTAN: heredaría una frontera con Rusia sin la garantía del artículo 5, solo con el artículo 42.7 TUE, cuya asistencia mutua no es comparable al compromiso aliado, y asumiría en solitario una vigilancia prolongada frente a una Rusia que podría volver a desestabilizar, coaccionar o atacar. Ese texto advertía de que el escenario podía activarse tanto por actores rusos como por estadounidenses contrarios a la UE, concluía que EE. UU., a través de la OTAN, debía formar parte de la solución y recomendaba que la adhesión a la Alianza precediera a la de la Unión, como ocurrió con los Estados bálticos en 2004. Trump II ha cerrado el debate por ahora: durante su mandato, Ucrania no será formalmente miembro de la OTAN; con esa posición también ha evitado que otros países como Francia o Alemania tuvieran que pronunciarse sobre el posible ingreso.

Tras la crisis de Groenlandia, que mostró que el principal garante occidental puede presionar la soberanía de un aliado, la Coalición de Voluntarios —concebida en principio para Ucrania, impulsada desde París en febrero de 2025 y reunida en cumbre en enero de 2026— funciona como laboratorio de ideas para el conjunto de la seguridad y la defensa europeas. Actualmente, los países europeos por sí solos no pueden garantizar la seguridad de Ucrania. Se discuten garantías de seguridad sobre todo europeas, sin excluir a EE. UU., similares a la garantía colectiva de la OTAN, aunque al margen de la Alianza. Sigue abierta la cuestión jurídica de si habría obligación de asistir a Kiev ante un ataque futuro y en qué marco (artículo 42.7 TUE, PCSD o compromisos nacionales).

Europa no puede sustituir a corto plazo las garantías ni las dependencias tecnológicas y operativas de Washington, pero tampoco depender exclusivamente de ellas. La respuesta es una dependencia diversificada: una Coalición de Voluntarios con respaldo de EE. UU., una seguridad con más capacidades y una defensa común extendida a la defensa del territorio (implementación coordinada del artículo 42.7), todo ello en una OTAN más europeizada. Es decir, un pilar europeo de defensa dentro de la Alianza; no serán los europeos quienes la rompan.

Sin entrar en el debate sobre las competencias dentro de las instituciones europeas, cabe señalar que algunas propuestas de ese laboratorio de ideas han llegado al discurso de la presidenta de la Comisión: el 16 de septiembre se refirió a un posible Consejo de Seguridad Europeo sin derecho de veto. A mediados de octubre, sigue pendiente una nueva Estrategia de Seguridad Europea.

Queda por saber cuánto puede avanzar la autonomía europea sin romper con EE. UU. La relación transatlántica combina un componente afectivo y cultural —el vínculo (bond)— con otro de negociación e interés (bargain); la presión de Washington tensa el segundo, el más fácil de romper. La cuestión es hasta dónde dejará EE. UU. que Europa diversifique sus dependencias.

Campaña híbrida en Europa: la zona gris como prueba para las dependencias

La campaña híbrida rusa contra los países europeos que apoyan a Ucrania explota vulnerabilidades en la seguridad de infraestructuras críticas y en las cadenas logísticas, entre otras, para desestabilizar y coaccionar a esos Estados y socavar la cohesión política del apoyo a Kiev. Entre los más afectados figuran Alemania, Polonia y los Estados bálticos. La dependencia de Ucrania respecto al apoyo europeo está sometida a presión mediante actividades rusas en la zona gris.

Un caso reciente ocurrió en el aeropuerto de Leipzig/Halle. El 4 de agosto de 2026 apareció un dron con explosivos junto a un avión de carga ucraniano (al parecer, falló el detonador) y un segundo dron colisionó con un avión de carga en vuelo. El 1 de septiembre, Alemania atribuyó formalmente el ataque a Rusia, dentro de un patrón consolidado de operaciones híbridas, y anunció el cierre del consulado ruso en Bonn y de la Casa Rusia en Berlín. Moscú niega su implicación y acusa a Berlín de fabricar pruebas, sin fundamentar su acusación. Dos rasgos hacen relevante el episodio. El primero, la atribución pública a Rusia, práctica hasta entonces poco habitual. El segundo, el tono más firme de varios dirigentes: Von der Leyen afirmó que el ataque iba dirigido contra toda la Unión y propuso un manual de respuesta propio de la UE.

Tanto el artículo 5 aliado como el artículo 42.7 TUE presuponen un ataque o agresión armada, y un sabotaje solo se aproximaría a ese umbral si provocara víctimas o daños muy significativos; el caso de Leipzig, aunque atribuido a un Estado, queda por debajo. Entre el delito y el ataque armado se extiende la zona gris que explota la campaña híbrida. En ella, la respuesta depende sobre todo de la autonomía decisoria de cada Estado y, en menor medida, de la voluntad política de sus socios y aliados, y combina mecanismos de la UE y de la OTAN con coordinación entre Estados. Esa combinación es otra forma de dependencia diversificada: ni la UE ni la OTAN bastan por sí solas para proteger infraestructuras y espacio informativo durante una campaña híbrida.

Hacia un mercado de defensa funcional: integración frente a soberanía tecnológica

Europa afronta en paralelo varias tareas: rearmarse y reforzar una base industrial competitiva en un mercado de defensa que funcione. Se busca reducir dependencias externas, operativas y tecnológicas, pero se tensan las costuras de la soberanía nacional de los Estados, que se enfrentan a un dilema: integración estratégica europea de la industria de defensa y espacio o soberanía tecnológica de cada industria nacional.

Para rearmarse, los europeos están haciendo un esfuerzo de inversión significativo, impulsado por la OTAN y por la UE (con propuestas procedentes sobre todo de la Comisión), cuyas agendas están básicamente alineadas: alcanzar en 2035 un 3,5 % del PIB como inversión en capacidades de defensa y hasta un 1,5 % adicional en infraestructuras críticas, resiliencia, innovación y base industrial. Comprar material fabricado en Europa exige gestionar dependencias respecto a EE. UU.¹⁴

En la UE, la gobernanza de las iniciativas de industria de defensa y espacio enfrenta además una disyuntiva institucional: ¿integración supranacional o coordinación intergubernamental? Por ahora parece imponerse la segunda en los Proyectos Europeos de Defensa de Interés Común (European Defence Projects of Common Interest, EDPCI).

El 28 de septiembre de 2026, los Veintisiete aprobaron los cinco primeros EDPCI (drones y antidrones, defensa marítima y de fondos marinos, espacio, defensa aérea y antimisiles, y seguridad del flanco oriental), que podrán recibir incentivos del presupuesto común en el marco del Programa Europeo de la Industria de Defensa (EDIP). Los proyectos de drones (DECODER¹⁵) y espacio (SPACE¹⁶) incluyen a muchos países, entre ellos Ucrania. Se articulan coaliciones de Estados para desarrollar tales capacidades, pero la financiación principal y las decisiones de compra siguen siendo en gran medida nacionales: se confirma así la coordinación intergubernamental.

Esa tensión entre protección y autonomía no es solo europea: Iberoamérica afronta un dilema análogo, con mayor asimetría respecto a Washington.

Iberoamérica: retos compartidos y espacios de cooperación

La presión estadounidense también reordena las opciones de seguridad iberoamericanas. Los drones son el puente más visible entre ambos espacios: una tecnología probada en Ucrania, de bajo coste y fácil difusión, que ya está modificando los conflictos asimétricos de la región.

El caso más documentado es Colombia, donde grupos armados adaptan drones comerciales, de unos 600 a 1.200 dólares, para lanzar explosivos o vigilar. El fenómeno alcanza también a México y Brasil, y es previsible que se extienda a otros países¹⁷. Parte del conocimiento procede de Ucrania: redes criminales colombianas han enviado combatientes a ese frente para aprender el uso y la fabricación de drones¹⁸. Las lecciones de la guerra europea llegan así a la región por vías que los Estados no controlan.

Washington responde con medios propios: a comienzos de octubre, EE. UU. trasladó drones MQ-9 Reaper de África a Colombia y Ecuador¹⁹. Esta presencia, ligada al Escudo de las Américas, ilustra el dilema iberoamericano: protección sin subordinación.

El Escudo de las Américas²⁰, lanzado por Trump en marzo de 2026, reúne ya a una quincena de países, entre ellos Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay²¹, y se presenta como herramienta de una «soberanía hemisférica»²². Si Washington puede invocar ese concepto inexistente, ¿por qué no hablar de «soberanía europea», como hacen los franceses con una variante del concepto de autonomía estratégica europea?

El brazo operativo del Escudo es la Fuerza Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), activada el 4 de agosto de 2026 para integrar capacidades de EE. UU. y de los socios de la coalición contra los cárteles (A3C)²³. Brasil y México permanecen fuera.

Las distintas respuestas nacionales ilustran el dilema de las alianzas al que se enfrentan estos países. Para los adherentes, el Escudo ofrece cooperación operativa, inteligencia y capacidades de las que carecen, pero pronto surge el riesgo de arrastre. En Chile, dos expresidentes (Bachelet y Boric) pidieron al Gobierno reconsiderar su participación para que el país no se vea obligado a alinearse con una de las dos grandes potencias, mientras otras voces defendían un acuerdo voluntario que no comprometa la soberanía. En Brasil, el Gobierno de Lula teme que Washington use la iniciativa para obtener alineamientos automáticos que limiten la presencia china.

Los países iberoamericanos tratan de conservar un margen de «autonomía relacional»²⁴, aprovechando la protección y la estabilidad estadounidenses con cierta libertad de acción para alineamientos complementarios. Es lo que Brasil, con su diversificación comercial, parece intentar preservar y lo que Europa busca frente a Washington. La diferencia es de grado: la asimetría de poder es posiblemente mayor en Iberoamérica que en Europa respecto a la mayoría de los países, y la presión de EE. UU., más directa.

Espacios de cooperación euroiberoamericana

La cooperación euroiberoamericana está consolidada en el marco UE-CELAC²⁵(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 33 países sin EE. UU. ni Canadá). En seguridad civil, desde 2023 se desarrolla la segunda fase de un programa contra el narcotráfico, los tráficos ilícitos y la ciberdelincuencia²⁶. España lidera el PAcCTO 2.0, financiado por la UE, que refuerza policías, aduanas, seguridad portuaria y sistemas de información.

En lo comercial, el Acuerdo Interino UE-Mercosur²⁷ (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) se aplica provisionalmente desde el 1 de mayo de 2026, a la espera del dictamen del Tribunal de Justicia de la UE y de la aprobación del Parlamento Europeo. Es un vínculo comercial, no de seguridad: deja sin cubrir el terreno de la defensa.

En seguridad y defensa, la relación es comercial más que de cooperación industrial entre empresas o Estados. El Airbus C295, ensamblado en Sevilla (España), opera en Brasil, México, Colombia, Chile y Ecuador. Indra está renovando más de la mitad de los radares de vigilancia aérea civil de Colombia, que también ha comprado aviones Gripen a la sueca Saab.

Frente a los drones criminales, los Estados iberoamericanos necesitan contramedidas de bajo coste. Colombia lanzó en enero de 2026 un Escudo Nacional Antidrones²⁸, cuyos medios prevé adquirir mediante contratación directa con los fabricantes. La UE financia a pymes y start-ups innovadoras²⁹, centradas en drones y tecnologías duales, pero solo a empresas europeas; la cooperación con socios iberoamericanos exige mecanismos adicionales: acuerdos industriales, formación conjunta o proyectos asociados. El diálogo UE-CELAC y el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, que prevén cooperación en seguridad y ciberseguridad, podrían servir de cauce, aunque hoy no recogen espacios concretos de cooperación en industria de defensa.

Por ahora, la cooperación en industria de defensa queda reservada a los países que han formalizado con la UE una asociación en seguridad y defensa. Ni siquiera Colombia, socio de la OTAN desde 2013, dispone de ella, pese a contar con un acuerdo marco para participar en las operaciones de gestión de crisis de la Unión³⁰.

Europa debería aspirar a una cooperación competitiva con Iberoamérica y no excluyente con la de EE. UU., pues los estadounidenses ya ofrecen a la región empresas de alta tecnología y apoyo gubernamental en inteligencia y plataformas de vigilancia. Europa puede ofrecer alternativas en tecnologías duales, ciberseguridad y formación, con una relación más equilibrada: una vía para diversificar dependencias, no para sustituir a Washington.

Conclusiones

El análisis confirma la tesis de partida: ningún Estado europeo o iberoamericano ejerce una soberanía plena y la autonomía se construye también mediante alianzas, hoy más difíciles, pero aún necesarias.

En primer lugar, la presión estadounidense afecta a ambas orillas del Atlántico. En Iberoamérica adopta la forma del Escudo de las Américas y de una «soberanía hemisférica»; en Europa, la crisis de Groenlandia evidenció las ambigüedades del artículo 5 aliado y del artículo 42.7 del Tratado de la UE. En ambos casos, el garante puede ser también la fuente de presión sobre la soberanía de los aliados y socios.

En segundo lugar, la autonomía europea combina una decisión deliberada, la de una autonomía abierta, con el empuje de EE. UU. para que Europa desarrolle más capacidades convencionales. Europa no sustituye sus dependencias: las diversifica. Esa lógica atraviesa las iniciativas estatales y su articulación con las agendas de la OTAN y de la UE. Las propuestas de la Coalición de Voluntarios, los proyectos de defensa con participación ucraniana, las respuestas a la campaña híbrida rusa y la integración del mercado de defensa persiguen un mismo fin: reducir dependencias y vulnerabilidades. Ese empeño plantea sus propios dilemas internos, entre ellos el de la mejor gobernanza de la defensa europea. Por ahora se impone el control intergubernamental, algo coherente con una financiación que sigue siendo, en su mayor parte, nacional.

En tercer lugar, Europa e Iberoamérica comparten una amenaza, la adquisición de tecnologías de bajo coste y uso dual por parte de actores ilícitos, y un dilema: beneficiarse de la protección estadounidense sin renunciar a la libertad de decisión. La cooperación civil es la más consolidada; la industrial y tecnológica en antidrones, ciberseguridad y formación sigue siendo una oportunidad pendiente.

Esa oportunidad está sujeta a condiciones: los instrumentos de la UE financian solo a empresas de la Unión y de países asociados, y los ejemplos actuales de cooperación industrial son ventas más que cooperación entre Estados. La diversificación solo fortalecerá la soberanía si se acompaña de mecanismos abiertos a socios y de una cooperación no excluyente con EE. UU.

Se vuelve así al punto de partida: Europa teme ser abandonada frente a Rusia o arrastrada a conflictos ajenos, e Iberoamérica afronta sus propios dilemas con mayor asimetría. La cuestión ya no es elegir entre autonomía y alianza, sino hallar el equilibrio que preserve la soberanía dentro de marcos de cooperación que aporten seguridad, prosperidad y capacidad de actuación.

Las ideas contenidas en estos artículos son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente el pensamiento del CESEDEN o del Ministerio de Defensa.