IEEE. Crisis y desafío: la seguridad nacional en Ecuador como problema político y social

Introducción

A medida que las tensiones globales se agudizan, Ecuador atraviesa hoy una de las coyunturas más delicadas de su historia reciente en materia de seguridad. Durante las últimas décadas, el país pasó de ser considerado un territorio de relativa estabilidad política y social a convertirse en escenario de una escalada de violencia sin precedentes, marcada por el auge del crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción institucional.

El colapso del sistema penitenciario ha sido uno de los factores más visibles de este deterioro, con cárceles que, dominadas por bandas criminales, funcionan como centros de operaciones para actividades ilícitas. A ello se suma la penetración del narcotráfico en las estructuras estatales, el fortalecimiento de grupos armados locales y un aumento de la violencia política que ha golpeado incluso a las élites dirigentes, como se evidenció con los asesinatos de candidatos y autoridades en 2023 (Gordon, 2023). El resultado es un escenario en el que la seguridad dejó de ser un problema coyuntural para convertirse en un desafío estructural de alcance nacional. Este deterioro de la seguridad ha transformado no solo la percepción ciudadana sobre el Estado y su capacidad de protección, sino también las dinámicas políticas y sociales del país (Basabe-Serrano, 2023). Y es que la violencia en Ecuador no debe entenderse como un fenómeno repentino, sino como el desenlace de una acumulación de procesos y debilidades internas que han dejado al país vulnerable frente a las redes del narcotráfico. Este marco de «laberinto» refleja la dificultad del Estado para responder de manera efectiva, a la vez que subraya la necesidad de medidas que combinen la coerción con políticas de fortalecimiento institucional(De los Reyes, 2024).

La transformación acelerada de la seguridad ha puesto a prueba la resiliencia de instituciones y la cohesión social. La violencia, lejos de limitarse a las periferias, se ha extendido hacia centros urbanos estratégicos como Guayaquil y Quito, y ha afectado a la vida cotidiana de millones de ciudadanos y ha aumentado la percepción de inseguridad. En este contexto, la declaración del «conflicto armado interno» en enero de 2024 por parte del Gobierno marcó un punto de inflexión. Esta medida, inédita en la historia democrática del país, introdujo un nuevo marco jurídico y operativo para enfrentar una amenaza que combina el crimen organizado, la insurgencia carcelaria y la violencia política.

La crisis de seguridad que enfrenta Ecuador debe entenderse, por tanto, como un proceso complejo y de múltiples dimensiones, en el que convergen actores criminales, limitaciones institucionales y una respuesta estatal todavía en construcción. Más allá de la gravedad de la coyuntura, este momento también abre la posibilidad de repensar la seguridad desde un enfoque integral, que articule la fuerza coercitiva con una agenda de reforma institucional y social de largo alcance.

Este capítulo propone examinar la seguridad nacional en Ecuador desde una perspectiva integral, que articule las dimensiones políticas, sociales y criminales del problema. A lo largo del análisis, se abordarán las causas estructurales de la inseguridad, el papel del Estado y sus instituciones, las respuestas políticas recientes y las consecuencias sociales derivadas de la violencia, y se buscará aportar una visión crítica que permita comprender los desafíos que enfrenta el país en la construcción de una seguridad sostenible.

Antecedentes

La actual crisis de seguridad que atraviesa Ecuador no puede comprenderse sin una mirada retrospectiva a los procesos estructurales que, desde finales del siglo XX, configuraron un Estado vulnerable y fragmentado. La crisis financiera de 1999 marcó un punto de inflexión: la quiebra del 70 % de las instituciones bancarias y las pérdidas estimadas en ocho mil millones de dólares desataron una profunda recesión y un colapso institucional sin precedentes (Ganuza, 2019). La dolarización de la economía, decretada en el año 2000, estabilizó parcialmente la inflación, pero erosionó la soberanía monetaria y profundizó las desigualdades sociales, lo que generó un contexto de desconfianza hacia las élites políticas y financieras.

En ese escenario de incertidumbre, emergió una sucesión de gobiernos débiles y efímeros. Gustavo Noboa Bejarano, tras el derrocamiento de Jamil Mahuad, intentó restaurar la estabilidad fiscal y recuperar la confianza internacional, pero su gestión fue percibida como una continuación del modelo neoliberal que la población rechazaba (Pachano, 2010). Los años siguientes, marcados por la llegada y posterior destitución de Lucio Gutiérrez en 2005, evidenciaron la persistencia de una inestabilidad política estructural y una ciudadanía cada vez más escéptica frente a la clase dirigente.

El giro político llegó con Rafael Correa (2007-2017), cuya «Revolución Ciudadana» inauguró una etapa de expansión del gasto público, inversión y construcción de infraestructuras, favorecida por los altos precios del petróleo. La nueva Constitución de 2008 y la retórica soberanista de Correa consolidaron un presidencialismo fuerte, que logró reducir la pobreza y fortalecer el Estado, pero que también debilitó los contrapesos institucionales y concentró el poder en el Ejecutivo (Basabe-Serrano, 2012). No obstante, bajo esa aparente estabilidad, comenzó a gestarse una amenaza silenciosa: la consolidación del narcotráfico y las redes del crimen organizado en el territorio ecuatoriano, impulsadas por su posición geográfica entre Colombia y Perú —los dos principales productores de cocaína del mundo—, el acceso directo al océano Pacífico, que facilitaba las rutas de exportación hacia América del Norte, Europa y Asia, y por la limitada capacidad estatal para controlarlas, ya que había estado históricamente al margen de los conflictos armados internos que caracterizaron a Colombia y Perú en décadas anteriores (De los Reyes, 2024).

La desmovilización de las FARC en Colombia (2016) y la expansión de cárteles mexicanos y europeos reconfiguraron las rutas del narcotráfico, lo que convirtió a Ecuador en un enclave logístico y financiero clave. La decisión de Correa de cerrar la base estadounidense de Manta en 2009, aunque coherente con su política soberanista, redujo la cooperación en inteligencia y vigilancia marítima, y aumentó la vulnerabilidad del país frente a las redes criminales. Paralelamente, crecieron las sospechas sobre el financiamiento ilícito de campañas políticas y la infiltración de estructuras criminales en ámbitos locales (Ecuavisa, 2018), lo que erosionó la confianza institucional.

Este doble escenario —prosperidad económica y consolidación estatal, pero al mismo tiempo emergencia de nuevas amenazas transnacionales— configuró las bases de una paradoja que marcaría los años posteriores: un Estado más fuerte en lo económico y en lo político, pero a la vez más vulnerable frente a la expansión del crimen organizado y sus efectos en la seguridad nacional.

El relevo de Lenín Moreno en 2017 supuso una ruptura política con el «Correismo», pero no una solución estructural. Su intento de desmontar el aparato centralizado heredado de su antecesor implicó la eliminación de ministerios y organismos de coordinación, lo que debilitó aún más la arquitectura de seguridad estatal (Velasco y Andrade, 2024). Las reformas económicas y la reducción del gasto público se combinaron con un colapso del sistema penitenciario y un aumento sin precedentes de la violencia criminal. Las masacres carcelarias de 2019 y 2021 —con más de un centenar de víctimas en la Penitenciaría del Litoral— simbolizaron el desbordamiento de las instituciones frente al poder creciente de las bandas (Human Rights Watch, 2019).

Durante el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023), la crisis alcanzó una nueva dimensión. A pesar de la declaración de múltiples estados de excepción y del despliegue militar, la violencia continuó escalando, con más de seis mil homicidios solo entre enero y octubre de 2023 (González, 2023). La debilidad institucional, la polarización política y la falta de una estrategia integral agravaron la sensación de colapso estatal. En medio de la presión social y los escándalos de corrupción, Lasso recurrió a la «muerte cruzada»¹, de modo que disolvió la Asamblea Nacional y anticipó elecciones que llevaron al poder a Daniel Noboa en 2023.

Así, cuando Noboa asumió la presidencia, Ecuador era ya un país atrapado entre la violencia estructural, la penetración del crimen organizado y la pérdida de legitimidad del Estado. La fragilidad heredada de las décadas anteriores no solo condiciona las políticas actuales, sino que explica la profundidad del desafío que enfrenta su administración: reconstruir la seguridad nacional en un entorno marcado por la desconfianza, la desigualdad y el miedo social.

Situación actual
La respuesta del Estado: militarización, políticas de seguridad y el liderazgo de Daniel Noboa

El ascenso de Daniel Noboa a la presidencia en noviembre de 2023 se produjo en medio de esta tormenta. Con un discurso de renovación y pragmatismo, Noboa prometió recuperar la seguridad mediante una combinación de inversión social, cooperación internacional y acciones contundentes contra el crimen. Sin embargo, apenas dos meses después de asumir el poder, el país se vio sacudido por una ola de violencia sin precedentes. El 7 de enero de 2024, se registraron ataques coordinados en varias ciudades, motines simultáneos en cárceles, toma de rehenes, secuestros de agentes policiales y atentados con explosivos. El episodio más simbólico ocurrió cuando un grupo armado irrumpió en directo en el canal TC Televisión, en Guayaquil, y transmitió en vivo su amenaza al Estado ecuatoriano.

La violencia desbordada y la pérdida de autoridad estatal motivaron al Ejecutivo a recurrir a mecanismos constitucionales de emergencia. El 8 de enero de 2024, Noboa decretó un estado de excepción ante lo que definió como una «grave conmoción interna», después de la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la organización Los Choneros, cuya evasión evidenció el profundo deterioro del sistema penitenciario y la infiltración criminal en las instituciones públicas. A partir de entonces, los decretos de excepción se convirtieron en un instrumento constante del Gobierno para enfrentar la violencia en distintas provincias del país, entre ellas Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, así como en cantones específicos de Quito, Camilo Ponce Enríquez y La Troncal (Europa Press, 2025).

El estado de excepción implicó la suspensión de varios derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito, además del establecimiento de toques de queda en determinados territorios y horarios. Estas medidas fueron justificadas como indispensables para restablecer el orden público y recuperar el control estatal sobre sectores dominados por el crimen organizado. Sin embargo, la aplicación reiterada de los estados de excepción ha generado críticas sobre su sostenibilidad y constitucionalidad, especialmente, tras los pronunciamientos de la Corte Constitucional, que en varios casos ha advertido sobre los límites legales del Ejecutivo y la necesidad de justificar de manera detallada la suspensión de derechos.

A mediados de 2024, el Gobierno dio un paso más al declarar la existencia de un «conflicto armado interno» en el país, con el objetivo de habilitar un marco jurídico que permitiera una intervención más amplia y directa de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interna. Este cambio semántico y político significó una ruptura con la visión tradicional de la violencia criminal como un problema de orden público y la redefinición de las bandas delictivas como grupos terroristas o actores armados no estatales. Bajo esta premisa, el Ejército asumió un rol central en la recuperación de las cárceles, en el control de fronteras y en operativos conjuntos con la Policía Nacional en zonas urbanas de alta conflictividad.

La militarización de la seguridad interna se convirtió, así, en el principal eje de la política de Noboa. El Ejecutivo argumentó que el despliegue militar era una respuesta necesaria ante la incapacidad institucional para contener la violencia. Las operaciones militares incluyeron allanamientos sin orden judicial, controles en áreas residenciales y patrullajes permanentes en ciudades como Guayaquil, Esmeraldas y Manta, epicentros de la violencia criminal.

Los resultados de estas medidas han sido, hasta el momento, ambiguos. En enero de 2025, Ecuador registró 781 homicidios, un incremento del 55 % respecto al mismo mes del año anterior. Aunque la cifra total de asesinatos de 2024 fue algo menor que la de 2023 —6818 frente a más de 7500— el país sigue figurando entre los más violentos de América Latina (Prensa.ec, 2025). Los estados de excepción y la militarización han permitido recuperar de manera parcial el control de algunos centros penitenciarios y reducir temporalmente los índices delictivos en ciertos territorios, pero sin lograr aún una estabilización estructural.

Todas estas medidas, aunque comprensibles por la urgencia de los hechos, implican riesgos significativos. El primero es la normalización del estado de excepción como mecanismo de Gobierno, lo que puede debilitar los controles democráticos y ampliar la discrecionalidad del poder ejecutivo. El segundo es la dependencia de la respuesta militar, sin que exista una estrategia clara de fortalecimiento institucional, reforma judicial y reinserción social. Y el tercero, quizás el más grave, es que la militarización sin acompañamiento político y social puede agravar las tensiones existentes y desplazar el problema sin resolverlo estructuralmente (De los Reyes, 2024).

En efecto, como señala Bergman (2022), las políticas de represión intensiva en América Latina han demostrado efectos contradictorios: a corto plazo reducen la criminalidad visible, pero, a largo plazo, tienden a fragmentar las bandas, fomentar nuevas violencias y erosionar el Estado de derecho. En el caso ecuatoriano, el desafío consiste en evitar que la «guerra contra las bandas» derive en una crisis prolongada de derechos humanos y gobernabilidad.

Legislación de inteligencia y nuevas leyes de seguridad

La administración de Daniel Noboa ha impulsado, además de medidas coercitivas, una reforma legal significativa orientada a institucionalizar nuevas herramientas de seguridad. Desde mediados de 2025, estas iniciativas han cobrado forma con la aprobación de la Ley Orgánica de Inteligencia y otras normas orientadas a fortalecer el marco jurídico de lucha contra el crimen organizado, en un contexto de alta conflictividad social y política.

La Ley Orgánica de Inteligencia fue aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de junio de 2025 con 77 votos a favor, tras un proceso legislativo cargado de controversia. El presidente Noboa decidió no objetar la ley, por lo que fue publicada en el Registro Oficial al día siguiente, lo que la convierte en parte del ordenamiento jurídico vigente. Esta normativa introduce por primera vez en Ecuador un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), compuesto por subsistemas vinculados a instituciones militares, policiales, tributarias, financieras, aduaneras, penitenciarias y a la Casa Militar Presidencial. El objetivo declarado es dotar al Estado de instrumentos modernos para enfrentar amenazas internas y externas a la seguridad nacional. La ley reorganiza el sistema de inteligencia nacional mediante la creación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un organismo adscrito directamente a la Presidencia de la República que reemplaza al anterior Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y concentra las funciones de recopilación, análisis y coordinación de información sensible (Asamblea Nacional del Ecuador, 2025).

Una característica central de la ley es la creación de un organismo rector con rango de ministerio, cuya máxima autoridad será nombrada directamente por el presidente de la República. Además, la ley otorga facultades para solicitar información a compañías de telecomunicaciones sin necesidad de orden judicial, así como para interceptar comunicaciones, abrirlas y retenerlas mediante decisión administrativa de la autoridad de inteligencia. También incorpora un fondo permanente destinado a gastos reservados, identidades secretas y la posibilidad de operar bajo reserva en ciertos procedimientos.

Sin embargo, no todo es aceptación unánime, el carácter centralizado y la amplitud de las facultades otorgadas al Ejecutivo generaron una intensa polémica tanto en el ámbito político como en la sociedad civil.

Organizaciones de derechos humanos, sindicatos y colectivos ciudadanos han elevado múltiples recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, y han señalado que varios artículos de la ley y su reglamento vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en tratados internacionales. Las principales críticas tienen que ver con la falta de definición precisa de conceptos clave como «seguridad integral del Estado», lo que generaría vacíos legales; la amplitud excesiva del régimen de reserva de la información; la posibilidad de interceptaciones y vigilancia sin autorización judicial y la debilidad de los mecanismos de control democrático y transparencia.

En concreto, el 4 de agosto de 2025, la Corte Constitucional suspendió de forma provisional doce artículos de la ley, ocho artículos del reglamento y la disposición general primera, como respuesta a estas demandas (El Comercio, 2025). Esta decisión puso de manifiesto las tensiones entre la necesidad gubernamental de fortalecer la seguridad y las garantías del Estado de derecho, lo que abrió un debate sobre la proporcionalidad entre eficacia operativa y respeto a los derechos humanos.

En comparación con otros países de la región, el modelo ecuadoriano se acerca más al mexicano que al colombiano o brasileño. En México, la Ley de Seguridad Nacional otorga amplias competencias al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) bajo la órbita de la Secretaría de Gobernación, con escasa supervisión parlamentaria o judicial, mientras que en Colombia la Ley 1621 de 2013 prevé la existencia de una comisión legislativa específica encargada de supervisar las actividades de inteligencia, dotando de mayor legitimidad institucional al proceso. Brasil, por su parte, ofrece un modelo más equilibrado en términos de control civil, pues su Ley n.º 9883 de 1999 establece la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) bajo la supervisión del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia, pero con fiscalización parlamentaria mediante una comisión mixta.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2024) ha advertido que la tendencia regional hacia la ampliación de facultades de inteligencia sin controles efectivos constituye un riesgo estructural para las democracias latinoamericanas, pues puede derivar en prácticas de vigilancia masiva y persecución política bajo el argumento de la seguridad nacional.

Adicionalmente, este mismo año se aprobaron reformas legales complementarias orientadas a reforzar los poderes del Estado para combatir bandas criminales. Entre estas reformas se incluyen mayores penas para delitos relacionados con el crimen organizado y el hurto de combustible, procedimientos acelerados para la confiscación de bienes vinculados a actividades ilícitas, así como facultades ampliadas para las fuerzas de seguridad en operativos (Reuters, 2025).

Estas leyes buscan cerrar los espacios legales que utilizan las organizaciones criminales tanto para operar como para lavar dinero o evadir a la justicia.

Desde una mirada crítica, estas leyes representan un intento de modernizar y dotar al Estado de herramientas más robustas frente a amenazas reales de violencia, narcotráfico y control territorial de bandas armadas. No obstante, la expansión del poder ejecutivo en materia de inteligencia, sin un diseño claro de contrapesos efectivos, plantea serios riesgos. Entre estos, se cuentan la posibilidad de abusos, la persecución política, la vigilancia masiva, la erosión de garantías constitucionales y la pérdida de confianza ciudadana si no se aseguran transparencia y responsabilidades efectivas ante violaciones.

Impacto social y percepción ciudadana de las políticas de seguridad

Las políticas de seguridad implementadas por el presidente Daniel Noboa han tenido un impacto social profundo y ambiguo en la sociedad ecuatoriana. Si bien la declaración del conflicto armado interno y la militarización de amplias zonas del país fueron recibidas por sectores significativos de la población como una medida necesaria ante el colapso del orden público, también generaron un clima de incertidumbre, polarización y desgaste social. Las encuestas del Latinobarómetro (2024) muestran que un 72 % de los ecuatorianos consideraba la inseguridad como el principal problema nacional, mientras que el 58 % afirmaba tener «mucha o bastante confianza» en las Fuerzas Armadas, frente a solo un 21 % en la Policía Nacional y un 17 % en los partidos políticos. Este patrón evidencia una creciente militarización de la confianza pública, donde la legitimidad del uso de la fuerza tiende a sustituir a la del consenso político.

La persistencia de la violencia ha modificado la vida cotidiana de los ecuatorianos. En las principales ciudades —Guayaquil, Esmeraldas y Manta—, la población se ha acostumbrado a convivir con patrullajes armados, controles y toques de queda prolongados. Las medidas excepcionales, concebidas inicialmente como temporales, han derivado en una suerte de «normalización del estado de excepción», en el que la ciudadanía acepta la presencia militar permanente como un elemento inevitable de la vida urbana. Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido sobre detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y registros domiciliarios sin orden judicial, en especial, en los barrios populares donde las Fuerzas Armadas y la Policía realizan operativos conjuntos.

La percepción ciudadana se encuentra marcada por un dilema entre la exigencia de seguridad y el temor al autoritarismo. En una encuesta del Instituto Perfiles de Opinión, un 64 % de los consultados afirmó apoyar las políticas de Noboa frente al crimen organizado, aunque el 48 % reconoció sentirse menos libre para expresar opiniones políticas o realizar manifestaciones públicas durante los meses de mayor control militar. Este equilibrio inestable refleja una ciudadanía que, aunque busca protección frente a la violencia, teme que el precio de la seguridad sea la erosión de las libertades civiles.

La militarización ha tenido, además, un impacto diferenciado según clase social y territorio. En los sectores urbanos de mayores ingresos, las políticas de seguridad han sido interpretadas como un alivio frente a la criminalidad y un restablecimiento del orden. En contraste, en los barrios populares y en comunidades costeras —donde la presencia de bandas criminales es más intensa—, las operaciones militares han agravado la precariedad y el miedo. Testimonios recogidos por la BBC Mundo (2025) señalan que, en zonas como Durán y Esmeraldas, las familias han limitado la asistencia de sus hijos a la escuela y restringido sus desplazamientos por temor a enfrentamientos armados.

En este contexto, el impacto psicológico de la violencia es un fenómeno creciente. El Instituto de Salud Mental del Ecuador (ISAME, 2025) reportó un aumento del 34 % en los casos de ansiedad y estrés postraumático durante el primer semestre de 2025, sobre todo, entre jóvenes de entre quince y treinta años en las provincias costeras. El miedo a la violencia y la pérdida de referentes institucionales de seguridad están generando una sensación de «desamparo estructural» que se traduce en retraimiento social, autoencierro y, en algunos casos, migración interna hacia zonas rurales o al extranjero.

Las reacciones de la sociedad civil han sido diversas. Mientras algunos movimientos ciudadanos como Ecuador Sin Miedo o Guayas Unido por la Paz respaldan las medidas de emergencia, organizaciones de derechos humanos y colectivos universitarios han promovido campañas de denuncia por abusos de autoridad, y exige el restablecimiento del control civil sobre las operaciones militares. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha expresado también su preocupación por la expansión del concepto de «enemigo interno», que podría ser utilizado para criminalizar la protesta social o las movilizaciones políticas.

La movilización social ha escalado, como lo demuestra el anuncio de un referéndum en noviembre para decidir sobre la presencia de bases militares extranjeras en el país, lo que sitúa el debate de la seguridad no solo en el terreno operativo, sino en el constitucional y político. Este anuncio ha provocado una oleada de protestas en diversas ciudades del país, encabezadas por colectivos estudiantiles, organizaciones indígenas como la CONAIE y agrupaciones de derechos humanos, que denuncian una amenaza a la soberanía nacional y temen que la instalación de bases extranjeras reactive formas de control geopolítico y represión interna. Las manifestaciones han sido particularmente intensas en Quito, Cuenca y Guayaquil, donde se han realizado marchas, plantones y foros públicos en rechazo a lo que muchos consideran una «militarización encubierta» del territorio. Para amplios sectores de la ciudadanía, el referéndum no solo plantea una cuestión de política exterior, sino que simboliza una fractura en el pacto constitucional de 2008, al abrir la puerta a una redefinición del rol del Estado en materia de defensa y seguridad. Al mismo tiempo, otros grupos sociales —especialmente, en zonas afectadas por el narcotráfico— han expresado su apoyo a la medida, viéndola como una oportunidad para fortalecer la lucha contra el crimen organizado mediante cooperación internacional. Esta polarización evidencia que la percepción ciudadana sobre la seguridad ya no se limita a la eficacia de las operaciones, sino que se entrelaza con nociones más profundas de identidad nacional, autonomía y legitimidad democrática.

En términos institucionales, las políticas de Noboa han producido una reconfiguración de la relación entre Estado y ciudadanía. La expansión del aparato de seguridad ha reforzado la figura presidencial como garante del orden, en detrimento del papel de las instituciones intermedias y de control. Este fenómeno se refleja en la creciente personalización de la política y en la tendencia a vincular la eficacia del Gobierno con la capacidad coercitiva del Estado. Según la Fundación Friedrich Ebert (2025), este desplazamiento del eje de legitimidad del bienestar al orden es una de las transformaciones más profundas del sistema político ecuatoriano en las últimas décadas.

En definitiva, la estrategia de seguridad de Daniel Noboa ha reconfigurado no solo la arquitectura institucional del Estado, sino también la psicología colectiva de la nación. El Ecuador de 2025 vive en una tensión permanente entre el miedo y la esperanza: entre la necesidad urgente de restablecer la paz y el riesgo de sacrificar libertades fundamentales en nombre de esa misma seguridad. Este nuevo equilibrio, sostenido por la militarización y por una ciudadanía cada vez más habituada a la excepcionalidad, representa uno de los mayores desafíos políticos y sociales para el futuro inmediato del país.

Papel de los actores externos

La crisis de seguridad en Ecuador se inscribe en un contexto regional e internacional que no solo aporta recursos técnicos y diplomáticos, sino que también plantea tensiones sobre soberanía, cooperación y responsabilidades compartidas. Actores como Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y países vecinos —Colombia, Perú y México— están involucrados en diversos grados, lo que influye de manera directa sobre la formulación de las políticas de seguridad del Gobierno de Daniel Noboa.

Estados Unidos mantiene un rol clave en la cooperación técnica, financiera y de inteligencia con Ecuador. Proyectos conjuntos respaldados por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos (INL) buscan reforzar la Policía Nacional, modernizar prisiones, mejorar controles fronterizos y facilitar extradiciones. Sin embargo, tal cooperación también suscita debates sobre dependencia, transparencia y condiciones que podrían atentar contra la autonomía institucional ecuatoriana.

La OEA ha lanzado el Programa de Seguridad Multidimensional para Ecuador, que incluye apoyo para inteligencia estratégica, control marítimo-portuario, lucha contra el lavado de activos, recuperación de bienes ilícitos y mejora del sistema judicial y penitenciario. Del mismo modo, acuerdos de cooperación legislativa entre la Asamblea Nacional ecuatoriana y la OEA pretenden fortalecer la supervisión democrática y asegurar rendición de cuentas en las medidas de seguridad extraordinarias.

La Unión Europea también ha venido reforzando su participación, con programas de asistencia en justicia penal, lucha contra el narcotráfico y financiamiento multilateral, orientados a prevención y fortalecimiento institucional, no solo al componente coercitivo.

En cuanto a los países vecinos, Colombia ha reactivado acuerdos bilaterales de frontera con Ecuador para combatir redes transnacionales de narcotráfico y movilidad de grupos criminales; se coordinan patrullajes y se comparte información de inteligencia en zonas limítrofes como Esmeraldas y Sucumbíos. Perú ha firmado, junto con Ecuador, un plan de seguridad fronteriza que prioriza la cooperación en narcotráfico fluvial, contrabando y minería ilegal.

México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, aunque no tiene presencia operativa en Ecuador, participa indirectamente en la dinámica transnacional del crimen organizado, dado que cárteles mexicanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen vínculos comprobados con bandas ecuatorianas como Los Choneros y Los Lobos (Insight Crime, 2024). Sheinbaum ha planteado una política de seguridad basada en varios principios: prevención, respeto a la soberanía nacional, colaboración internacional con límites claros, fortalecimiento de inteligencia, y no volver a estrategias de choque indiscriminado. En declaraciones recientes, la mandataria mexicana ha afirmado que los acuerdos con EE. UU. deben basarse en respeto mutuo, soberanía y acción dentro del territorio de cada país (Expansión, 2025); además, rechazó propuestas de participación militar extranjera directa en México, incluso cuando Estados Unidos las ha planteado.

La cooperación México-EE. UU. continúa siendo relevante para Ecuador, no tanto por participación directa, sino por cómo cambia el flujo de drogas, armas y financiamiento ilícito hacia el sur. Cuando México refuerza operaciones contra cárteles, cárteles desplazados pueden moverse hacia rutas alternativas que pasan por Ecuador o usan puertos ecuatorianos. Por tanto, la seguridad mexicana impacta indirectamente en la estrategia ecuatoriana.

El entramado externo tiene beneficios concretos: equipamiento, capacitación, apoyo para extradiciones, reforzamiento institucional, mejores capacidades logísticas, intercambio de inteligencia internacional. Pero también hay riesgos: pérdida de autonomía del Estado ecuatoriano, imposición de agendas externas, posibilidad de que la cooperación se use para justificar violaciones de derechos humanos o intervenciones poco transparentes, y dependencia de financiamiento externo que puede condicionar políticas internas.

El reto para Noboa y su administración consiste en manejar este equilibrio: aprovechar el apoyo externo sin ceder soberanía ni debilitar los controles democráticos y asegurar que las políticas de seguridad no repliquen modelos autoritarios o con poca rendición de cuentas. En resumen, el papel de los actores externos en Ecuador es doble: ofrece herramientas y apoyo que son esenciales, pero introduce también exigencias y riesgos que deben ser manejados con cuidado institucional, transparencia y participación ciudadana.

Conclusiones y prospectiva

La seguridad nacional en Ecuador constituye un desafío complejo, multidimensional y en constante evolución, resultado de factores históricos, económicos, sociales y políticos que se han acumulado durante décadas. Las crisis financieras de finales del siglo XX, la dolarización, la expansión del narcotráfico y la erosión institucional sentaron las bases de una inseguridad persistente, que se ha agravado en los últimos años por la violencia, el crecimiento de bandas criminales y la fragilidad de las instituciones de justicia y control.

La administración de Daniel Noboa ha respondido con medidas de militarización, declaración de estados de excepción y reformas legales, incluyendo la tipificación del crimen organizado como conflicto armado interno y la ampliación de facultades para el decomiso de bienes ilícitos y la detención de sospechosos. Estas acciones han tenido cierto impacto en el control operativo, pero también han generado tensiones sociales, protestas y cuestionamientos sobre los límites de los derechos civiles y la gobernabilidad democrática.

Mientras se concluía este capítulo, se ha conocido la noticia del «intento de asesinato» del presidente Noboa este ocho de octubre. Inés Manzano, ministra de economía de Ecuador, ha sido quien ha explicado cómo el coche del presidente, después de haber sido atacado por una multitud, mostraba marcas de bala, aunque salió ileso del incidente.

La crisis de seguridad en 2025 evidencia que la violencia no se limita a la costa, sino que se ha desplazado a regiones amazónicas y fronterizas, lo que consolida a Ecuador como un nodo estratégico del crimen organizado transnacional. El aumento sostenido de homicidios, la expansión de cárteles extranjeros y la debilidad en la prevención social indican que las respuestas meramente coercitivas no son suficientes.

En términos prospectivos, la sostenibilidad de la seguridad nacional depende de un enfoque integral que combine la acción policial y militar con políticas de prevención social, fortalecimiento institucional, rehabilitación penitenciaria y cooperación regional. El Estado ecuatoriano debe equilibrar la eficacia operativa con la protección de derechos humanos, de modo que reconstruya la legitimidad y confianza social y priorice la cohesión territorial frente a la fragmentación de poder de facto por parte de grupos criminales.

Para finalizar, la seguridad nacional ecuatoriana no puede concebirse únicamente como un problema de orden público, sino como un desafío político y social que exige liderazgo estratégico, visión de largo plazo y la construcción de consensos entre sociedad, instituciones y actores internacionales. La posibilidad de un Ecuador más seguro y estable depende de la capacidad del país para transformar la crisis actual en una oportunidad de fortalecimiento institucional, cohesión social y gobernanza democrática.

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CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO

En las tablas adjuntas a continuación datos a 17 de septiembre de 2025 salvo expresión contraria. Fuente CIA The World Factbook

TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS