IEEE. El repliegue estadounidense sobre el hemisferio occidental

Geopolítica del Mediterráneo del Caribe¹

La conceptualización del Mediterráneo americano se debió a Alexander von Humboldt. Este concepto incorpora el golfo de México y el mar Caribe y separa Norteamérica de Sudamérica. La superficie asciende a 5.257.000 km².

Al igual que el mar Mediterráneo, aúna territorios muy diversos desde el punto de vista cultural, étnico y del desarrollo, lo que origina flujos y reflujos norte-sur. Es por ello una zona de convivencia, intercomunicación y mestizaje que ha desarrollado una cultura común, y ello, aun siendo un mar abierto al espacio atlántico y, como un embudo, depositario de la llave del Pacífico: el canal Panamá.

Al poco del Descubrimiento, el centro político de Occidente se reubicó en este nuevo Mediterráneo. El control se ejercía con escasos medios, mediante el dominio de los puntos de convergencia y recalada del tráfico marítimo. Con este sistema, la Amazonía y el control del estrecho de Magallanes preservaron para España el dominio del océano Pacífico hasta prácticamente el siglo XIX.

A partir de este núcleo se produjo, de norte a sur, la hispanización del continente de la mano de la sociedad civil, mientras el Estado miraba a Flandes y a Europa. Tras el proceso de independencia, el hinterland de estos enclaves, no pocas veces, sería el germen de los nuevos Estados. La difusión del idioma español entre la población indígena se produjo entonces como forma de favorecer la cohesión nacional.

El Caribe fue así la puerta de entrada de la conquista española, el cerrojo que impidió la llegada de otros países europeos al Nuevo Mundo y su puerta de salida. Las disputas, al igual que la crisis de los misiles, se produjeron en sus aledaños y por su acceso. La derrota de España en Cuba convirtió a Estados Unidos, que ya era una potencia continental, en una potencia también marítima y, a resultas de tal confluencia, en una potencia global que, inmediatamente, se hizo con el control hemisférico como primera expresión de su dominio.

El interés de Estados Unidos en la zona es manifiesto. Spykman sostenía que la «América mediterránea es como una zona en la que la supremacía de Estados Unidos no puede ser cuestionada. A todos los efectos, se trata de un mar cerrado cuyas llaves pertenecen a Estados Unidos».

De hecho, su voluntad de control total sobre la misma tiene hoy fórmulas como el mantenimiento del embargo sobre Cuba, las sanciones y el aislamiento político de Venezuela y, finalmente, la intervención al viejo modo de la diplomacia de las cañoneras, cuando no recurriendo a viejas fórmulas trasladadas a escala regional, como la idea del «eje del mal», referida al caso latinoamericano e integrado por Venezuela, Cuba y Nicaragua en tanto que potencias revisionistas y miembros de la alianza estratégica ALBA, surgida como respuesta al ALCA, auspiciado desde Estados Unidos, con la que se confronta y que trata de servir, proponerse o presentarse como la puerta de entrada de rivales geopolíticos globales de Estados Unidos como China, Irán o Rusia.

El aislamiento de Cuba tras el realineamiento forzado de Venezuela, inducido por la captura de Maduro y el cese del abastecimiento petrolero procedente de México, ha forzado una negociación con Estados Unidos.

Pero la clave de bóveda y centro geopolítico de este mar se encuentra en el canal de Panamá. Este, por la sobreextensión que grava eventuales rutas alternativas, no solo es un choke point marítimo —lo cruza en torno a un 6 % del tráfico mundial y es de prever su crecimiento asociado a la intensificación del comercio con Asia-Pacífico— sino que, en clave local, sirve como nexo de las dos costas de Estados Unidos.

Por eso, este país apoyó la independencia de Panamá de Colombia en 1903, manteniendo su estricto control desde su definitiva puesta en servicio en 1914 hasta su devolución total en 1990, tras los acuerdos Carter-Torrijos de 1977. El crecimiento del comercio mundial motivó su ampliación en 2016, pero hubo de afrontar la falta de agua dulce para operar sus exclusas, provocada por una larga sequía en 2024. Esta circunstancia limitó la sobrecapacidad de la que se había dotado.

En este contexto, Panamá fue el primer país latinoamericano en unirse en 2017 al programa de la Franja y la Ruta de la Seda. A su adhesión le siguieron las de República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Además, el tráfico de buques chinos ha llegado a aproximarse, en los últimos años, al 25 % del total, mientras empresas presuntamente controladas por China (como la empresa de Hong Kong CK Hutchinson) se iban haciendo con no pocos de los puertos del entorno.

La puesta en valor de esta angostura por parte del presidente Trump enlaza, además, con su posicionamiento a favor del fracking, toda vez que la ubicación de los yacimientos de gas de esquisto que esta tecnología permite explotar converge geográficamente en el golfo de México, que, recordemos, también el presidente estadounidense pretende renombrar como golfo de América, desde el que se podrían trasladar —y del que ya se dispone de estaciones de carga para ello— a la costa Oeste, además de a Asia-Pacífico.

La respuesta estadounidense a este dilema geopolítico ha sido, inicialmente, forzar la salida de Panamá del programa de la Franja y la Ruta, así como la recuperación —a cargo de un emblemático fondo de inversión estadounidense y de una de las principales navieras del mundo— de la gestión de los puertos del entorno como parte de una operación aún más amplia y que alcanzaba hasta 23 países.

De esta forma se garantiza la conexión entre las costas este y oeste del país, el transporte de los hidrocarburos del fracking, y se mantiene su prevalencia sobre China, a costa de un incremento de los costes que la operación del canal tiene para los barcos. Se da, de momento, una solución comercial a un problema geopolítico. No debe perderse de vista que las pretensiones del presidente Trump hacia el canal de Panamá enlazan, simultáneamente, con el intento de la actual Administración norteamericana por detener el proceso de globalización y, al mismo tiempo, sirven para contener el ascenso chino en la zona, limitando su acceso a las costas atlánticas del continente. La intervención en Venezuela es un salto adelante más en este sentido.

Todo este primer impulso supone un intento de interrumpir con determinación el declive geopolítico de los Estados Unidos. La falta de control sobre América Central y el Caribe, que constituyen un territorio inmediato y vital, puede entenderse como una prueba de pérdida de poder y como señal de un recambio de orden mundial. El juego geopolítico en América Central y el Caribe, incluido México, se encuentra, por tanto, en sus inicios.

La idea de América y la presunción hegemónica

La independencia y nacimiento de los Estados Unidos supusieron la aparición de un nuevo régimen político que hacía del país una luz en lo alto de una montaña, embarcándolo en un apostolado. A ello se sumaron la ética protestante y la concepción calvinista de la redención por el trabajo, que arranca del discurso de los Padres Fundadores².

El resultado de esta combinación de ideas sería un modelo filosófico-moral basado en la libertad y en la superioridad de su sistema político-económico, que dotaría a la actuación de Estados Unidos de una suerte de «presunción hegemónica». Es la «idea de América».

Esta legitimaba no solo un derecho de expansión —que era igualmente una necesidad, para satisfacer los requerimientos de materias primas y mercados derivados del desarrollo del país—, sino también una responsabilidad sobre el resto del continente, que Estados Unidos reclamaba con exclusividad y que comenzaría a ejercer en la práctica a partir de su desarrollo industrial como un «derecho propio y completo»³.

Ya el conde de Aranda, en 1783 —cuando Estados Unidos solo ocupaba una superficie inferior al 30 % de la actual—, intuía el peligro que encarnaba esta pujante nación para las posesiones españolas. Cuando el país se hizo con la Luisiana y tuvo acceso al río Misisipi, desbordó el marco geográfico colonial, amenazando directamente a España. Como resultado, en 1823, el presidente James Monroe promulgó una doctrina que negaba a las potencias europeas el derecho a intervenir en el continente americano. Se trata de la idea primigenia de la existencia de un «hemisferio occidental», esto es, de un espacio distintivo y diferenciado, señalado por la concurrencia de intereses, valores y percepciones, de los que se derivan unas políticas comunes para el continente.

Esto, paradójicamente, también abría el camino a la intervención neocolonial de los Estados Unidos en el continente; y es una idea que se vio apoyada mediante el reiterado desarrollo de conceptos que servían tanto para dotar a las políticas de una base doctrinal para la región como para normalizarlas. Estos serían el corpus pedagógico, explicativo y justificador de políticas cuyas razones se encuentran soterradas y son económicas.

Así, la Administración Polk, en la segunda mitad de la década de 1840, produjo la idea del «destino manifiesto», resultado natural del sentimiento de superioridad respecto de los países del sur, los cuales serían objeto de un «interés especial». Ello, con una Norteamérica industrializada, devendría, a finales del siglo XIX, en la política del Big Stick del presidente Theodore Roosevelt, que supuso la conceptualización del pensamiento del almirante Mahan. Estaríamos ante una política de poder: el «corolario Roosevelt». Y el presidente Taft fue más allá con su concepto de «interés especial», que amparaba una idea de «superioridad racial».

Luego, estas ideas, combinadas con el idealismo del presidente Wilson, convirtieron a EE. UU. en el guardián del «espíritu político» del continente, lo que se traducía en «la concienciación de los latinoamericanos y de sus gobiernos acerca de la necesidad de un doble consentimiento, el expresado por la voluntad popular y el expresado por Estados Unidos, pero también en un crecimiento de las relaciones económicas y del desarrollo⁴.

El panamericanismo puede presentarse como un proyecto de los Estados Unidos para dominar todas las relaciones hemisféricas bajo su forma de entender la economía, la política, la cultura y la seguridad⁵. Pero también generó un espíritu depredador.

La política de Buena Vecindad promovida por el presidente Franklin D. Roosevelt supuso un cambio de tercio respecto de las prácticas precedentes. Lanzada en plena Gran Depresión, promovía básicamente la no injerencia en los asuntos internos, al tiempo que estimulaba los intercambios comerciales y los tratados bilaterales con los países vecinos.

La Guerra Fría incluiría a Iberoamérica en el área de influencia de EE. UU., tal y como preconizaba la doctrina Kennan, que, ante los intentos de la URSS por desestabilizar el continente, reclamaba el control absoluto de América Central y el Caribe por razones de seguridad nacional. Así, a la problemática norte-sur, se sumaría la dimensión este-oeste. En términos políticos se apostaba por la utilización de la fuerza y de la cooperación; estamos, así, ante una política con una base común para el conjunto de América Latina.

Ello reforzó la necesidad de cooperar con los gobiernos latinoamericanos y potenció el papel del Comando Sur (USSOUTHCOM) y, especialmente, el de la Escuela de las Américas, que funcionó en Panamá entre 1946 y 1984. Por allí pasaron más de 60.000 militares y policías; su existencia quedó asociada a las violaciones de los derechos humanos durante la época de las dictaduras militares latinoamericanas⁶.

Para que la primacía militar se entienda, cabe referir que el USSOUTHCOM, con base en Miami y creado para la protección del canal de Panamá, tiene una presencia mayor en la región que cualquier otra administración de EE. UU. y dispone de más personal dedicado a cuestiones relacionadas con América Latina que los Departamentos de Comercio, Estado y Tesorería en su conjunto⁷. La creación de la Cuarta Flota en 2018, durante la primera Administración Trump, supuso en un cierto sentido su revitalización.

En esta línea, en 1947 se suscribió el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el primero de este tipo tras la Segunda Guerra Mundial. En 1948 se creó la Organización de Estados Americanos (OEA), instrumentada en esta época de conflicto ideológico para garantizar la cohesión y asegurar la uniformidad política. A partir de 1960, el Pentágono intentó potenciar la cooperación con América Latina y se impulsaron distintas instancias de consulta y entrenamiento militar⁸. En esta atmósfera de realpolitik, el presidente Kennedy, con el programa Alianza para el Progreso, buscó cooperar en el desarrollo económico y social latinoamericano, lo que tambiénera parte de una estrategia contrainsurgente. No obstante, sus resultados fueron limitados, entre otras razones, porque se lanzó apenas un año antes de su asesinato.

En las siguientes administraciones, las políticas auspiciadas por Kissinger apostaron por un orden basado en la autoridad de Estados Unidos, la democratización y el desarrollo regional con el propósito de evitar preventivamente cualquier eventual contagio revolucionario. Pero también se lanzaron operaciones —como la célebre «Operación Condor»— que, en la represión de los movimientos insurgentes, alcanzaron a múltiples países del hemisferio sur y se prolongaron durante distintas administraciones.

Con la Administración Reagan se volvieron a intensificar los parámetros del interés nacional y la doctrina Kennan, lo que se tradujo en un incremento de la conflictividad, particularmente en América Central. El presidente, en un célebre discurso, apuntaba que «América Central está mucho más cerca de los Estados Unidos que muchos de los lugares problemáticos del mundo que nos interesan… El Salvador está más cerca de Texas que Texas de Massachusetts; Nicaragua está tan próxima a Miami, San Antonio, San Diego y Tucson como esas ciudades lo están de Washington»⁹.

La Guerra Fría se trasladó así a la región en los años ochenta en forma de conflictos proxy, o por delegación, que se prolongaron durante los noventa con resultados mortíferos. Cientos de miles de personas murieron, ya fuera por la acción de las guerrillas de izquierdas en El Salvador y Guatemala o de la Contra, o de los antisandinistas, en Nicaragua, financiadas por un bloque u otro. Esto contribuyó a que se instalara en la región una cultura de la muerte.

Los conflictos armados centroamericanos se mezclaron con un narcotráfico que reorientaba sus rutas hacia Estados Unidos: el territorio quedó en manos de las fuerzas armadas, las instituciones de control y justicia fueron inhabilitadas, la violencia impuso un orden fundado en el miedo y la «causa ideológica» servía para justificar cualquier exceso¹⁰. Estados Unidos utilizó, además, la justificación que ofrecía la «lucha contra el narcotráfico» para acrecentar su peso geopolítico en la región.

Este momento de singular anomia —en el cual tuvo lugar, por ejemplo, el caso Irán-Contra— fue utilizado por el narcotráfico colombiano para reubicarse, episodio recogido por películas como American Made. Los conflictos civiles trajeron consigo un incremento de la criminalidad. Para el crimen organizado la violencia es el último recurso, pues su repercusión pública es contraria a la discreción que busca. El conflicto armado era un escenario ideal: una violencia no asociada al crimen, en un marco estatal institucionalmente debilitado y que servía, además, para su encubrimiento.

El resultado es que la delincuencia en América Central tiene hoy los rasgos propios de una pandemia. La vulnerabilidad de las fronteras, las limitaciones institucionales y administrativas de algunos Estados explican el crecimiento del crimen organizado en la región, impulsado por un cóctel explosivo de narcotráfico, armas y maras. Como resultado se estima que, en 2011, el 90 % de la cocaína que llegaba a los EE. UU. venía a través del corredor centroamericano y dejaba aproximadamente en la región 5.300 millones de euros en beneficios ilegales. Esto equivaldría a un 5 % del PIB regional.

Además, las políticas para Iberoamérica no concordaban y hasta entraban en contradicción con la actuación de Estados Unidos a nivel global. Este fue el caso del conflicto de las Malvinas, una zona donde no se ventilaba interés estadounidense alguno y en la que Estados Unidos se decantó por su especial relación con el Reino Unido, en detrimento de la OEA y el TIAR. Como resultado, la legitimidad del TIAR quedó seriamente dañada.

Podemos concluir que, durante la Guerra Fría, América Latina fue un teatro secundario de confrontación entre bloques, lo que justificó políticas altamente intervencionistas y hasta de acción directa. Estas, a pesar de afectar a numerosos Estados iberoamericanos se tomaron fuera de ellos y sin su concurrencia. Este hecho ha sido utilizado por los rivales geopolíticos de Estados Unidos para alimentar una desconfianza que continúa vigente y tiende a expandirse hoy hacia todas las democracias occidentales¹¹.

La política hemisférica tras el fin de la Guerra Fría y hasta la segunda Administración Trump

El fin de la Guerra Fría relegó las cuestiones ideológicas a un segundo plano, lo que, a su vez, redujo la intromisión en la vida política de estos países. Como consecuencia —si bien desde 2010 ha habido golpes de Estado en Honduras, Brasil, Paraguay, Perú, Haití, Ecuador o Bolivia— se produjo un progreso en la calidad democrática de los Estados de la región, en los que se ha dado una muy sana alternancia en el poder dentro del juego derecha-izquierda, que esperemos sirva para el fortalecimiento de la institucionalidad estatal, el Estado de derecho y la democracia. Tal ha sido el caso de Chile, Ecuador, Argentina o Brasil.

Esto, por otra parte, también propició que Iberoamérica perdiera importancia geopolítica: en la región no se dirimían las grandes cuestiones de la agenda internacional, ni tampoco conformaba el epicentro del pulso entre los grandes actores geopolíticos. No obstante, se encontraba igualmente al socaire de los Estados Unidos, en su condición geográfica de líder regional. Con todo, el nivel de asimetría geopolítica se mantenía: los Estados Unidos son más importantes para cualquier país del hemisferio occidental de lo que cualquier nación pueda ser para ellos¹². Y ello cuando, a modo de retorno al pasado, se recurría a viejas fórmulas trasladadas a escala regional. Así, cabe señalar que durante la primera Administración Trump se reformuló la idea del «eje del mal», referida al caso latinoamericano e integrada por Venezuela, Cuba y Nicaragua.

No obstante, el Latinobarómetro 2023 refería una recesión de la calidad democrática en América Latina dentro de la «tercera ola» de democratización que recorría la región. Esta se expresaba en el bajo apoyo a la democracia, el aumento de la indiferencia hacia el tipo de régimen, la preferencia por y las actitudes a favor del autoritarismo, el desplome del desempeño de los gobiernos y de la imagen de los partidos políticos. La democracia en varios países se encuentra en estado crítico, mientras que otros ya no la tienen.

El Latinobarómetro 2023 también destacaba la debilidad de las élites. Para ello señalaba que 21 presidentes han sido condenados por corrupción, otros 20 más no terminan su mandato y hay presidentes que forzaron su permanecia en el poder rompiendo las reglas de reelección. Un tercio de los presidentes elegidos desde que se inició la transición transgredió las reglas de la democracia. Tampoco fueron infrecuentes unos personalismos que terminaron opacando a los partidos políticos. Esta debilidad condujo a la atomización del sistema de partidos, desplomando su imagen y su legitimidad.

Estados Unidos, si bien —como hemos visto— ha mantenido el control sobre la región, fue reduciendo progresivamente su apuesta por el continente hasta unos niveles perfectamente señalados y mensurables en términos de seguridad. Es más, tan relevante y abrupta fue esta pérdida de importancia tras el fin de la Guerra Fría, que EE. UU. desplazó buena parte de la ayuda económica que brindaba a América Latina hacia la reconstrucción de Europa del Este. Esta evidente pérdida de peso en el continente hizo que no pudiera contar con la solidaridad panamericana para su acción exterior. Además, dado que el vacío no existe en las relaciones internacionales, el espacio liberado por EE. UU. en la región fue ocupado por otras potencias, especialmente por China.

Esto explica también el fracaso del TIAR, especialmente si se realiza una comparación con la OTAN. Hay que tener en cuenta que ambos tratados se firmaron prácticamente en las mismas fechas. No obstante, el Tratado del Atlántico Norte ha permitido a Europa beneficiarse del paraguas protector tendido por Estados Unidos y ha ido acompañado de un respaldo económico. Este no ha sido el caso del TIAR en América Latina¹³.

Así, en 2002 México se retiró del TIAR y en 2012 los países del ALBA hicieron lo propio. En 2017, Venezuela se retiró de la OEA, de la que Cuba fue ya expulsada en 1962 y a la que se reincorporó en 2009, si bien no participaba en las reuniones.

El caso de la invasión rusa de Ucrania es paradigmático y conforma un buen ejemplo que permite tomar el pulso a esta situación. Pocas semanas antes, el presidente de Argentina y su homólogo en Brasil viajaron a Moscú. México —el gran beneficiario de la rivalidad China y primer exportador a Estados Unidos— también ha mantenido una buena relación con Rusia. No obstante, los tres países condenaron en la ONU la invasión. Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua se abstuvieron y Venezuela no participó debido al atraso en el pago de sus cuotas. En concordancia, la implementación de las sanciones a Rusia también experimentó más dificultades en la región hemisférica que en otras latitudes.

Además, subyace la cuestión de la ya citada desconfianza que los gobiernos latinoamericanos sienten hacia EE. UU., su presencia y sus intenciones con independencia de su color político. Esto generó, a veces, respuestas desquiciadas, en tanto que no eran coherentes con la política estadounidense real a la que respondían ni con los propios intereses. Además de lo señalado, el carácter hegemónico ya no se correspondía con el poder real de Estados Unidos, o, cuando menos, con su poder económico.

Considerando lo anterior, el declive de su presencia en América Latina hasta la reconfiguración geopolítica auspiciada por la segunda Administración Trump puede interpretarse como una pérdida de interés, pero también como fruto de la declinación de su hegemonía global, e incluso como una combinación de ambos factores; esto es, como derivación de la reasignación eficiente de los recursos disponibles, los cuales otorgan a América Latina un papel menos trascendente. En otras palabras, se trató de mantener un cierto grado de control en el subcontinente, ligado a la eficiencia económica y al gasto.

Así, al no resultarle posible mantener un liderazgo hemisférico fuerte, viró de modo posibilista a un poder blando y componedor. A modo de ejemplo, es pertinente señalar que Estados Unidos, en América Latina, no ejerció su liderazgo acorde a su estatus ni prestó su apoyo económico equivalente durante la pandemia provocada por la COVID-19. Y ello, a diferencia de China, que sí lo hizo, por ejemplo, mediante una vasta diplomacia de las vacunas.

Además, EE. UU. no actuaba con una única voz en un área dotada de una mayor diversidad de la que parece. Al haber cedido a imperativos de seguridad que invisibilizaban otros actores e intereses diversos (empresas, universidades, mercados materias primas, tecnologías…), estos resurgieron en contraposición a unas políticas de Estado más tenues y livianas, a las que trascendían¹⁴.

Pero el repliegue geopolítico de la segunda Administración Trump ha vuelto a priorizar las políticas hemisféricas. Llegados a este punto, cabe referir que se haya recuperado para este discurso político al presidente McKinley (1897-1901). Este también llegó al poder sirviéndose de una novedosa metodología publicitaria y apoyado en las élites económicas del país; igualmente llevó a cabo una política de aranceles (McKinley Tariff); y desarrolló una política expansionista que le condujo a la guerra con España, y con ella la independencia de Cuba —de la que tomó el control comercial—, la cesión de Guam, Puerto Rico y Filipinas (con 250.000 muertos en la guerra de conquista subsiguiente) e incorporó a Hawái a la Unión, convirtiendo a Estados Unidos, así, en potencia global.

En esta línea, el segundo mandato del presidente Trump, amén de la intervención en Venezuela con un regusto al siglo XIX, del recurso a los aranceles o de la elección de un secretario de Estado de orígenes hispanos, se ha caracterizado por sus declaraciones sobre Canadá, Groenlandia, las intervenciones para contener a los narcos o su propuesta de cambiar el nombre del golfo de México.

Esto, unido a lo que ha denominado el «corolario Trump» a la doctrina Monroe en su doctrina de Seguridad Nacional 2025, supone el reconocimiento de su repliegue sobre su propio hemisferio, señalizado con el uso de la fuerza en Venezuela y el cierre de su espacio aéreo (lo que sería un acto de guerra para la diplomacia clásica). Este repliegue es el resultado de su renuncia a un liderazgo global que dejaba a su socaire a América Latina, para concentrarse de modo posibilista y sin más sobre su propio hemisferio.

Y también señala el debilitamiento de los lazos con Europa, que cede protagonismo en la asignación de recursos, toda vez que existe una menor apuesta por lo global. Este retraimiento o reposicionamiento supone una apuesta a medio plazo por un mundo dividido en esferas de influencia, que se traduciría en un control de Estados Unidos sobre su propio hemisferio, desde Groenlandia. Y ello pasa por la expulsión de China de este, apoyada en un nuevo giro hacia la derecha (Honduras, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia y previsiblemente, Colombia) en las posiciones ideológicas globales.

En este contexto, en marzo de 2026, Estados Unidos ha lanzado la iniciativa «Escudo de las Américas», con la que pretende simultáneamente combatir a los cárteles y contrarrestar la influencia china en América Latina. Esta reúne a 12 países, entre ellos Bolivia, Argentina, El Salvador, Chile y Ecuador, pero de la que están ausentes países como México, Brasil, Colombia, Venezuela o Guatemala.

Relaciones comerciales. China

La región ha sido un espacio tradicionalmente ligado a la seguridad de Estados Unidos, pero ha acabado por convertirse en un teatro del enfrentamiento geoeconómico y geopolítico con China. Y no solo China: otros países, como India, han aumentado su presencia en la región. Asimismo, potencias medias como Turquía (socio estratégico de la Venezuela bolivariana y que le permitía eludir las sanciones) e Irán (recordemos HispanTV) extienden su influencia en la misma como parte de su política multidimensional. Así, países que buscan un orden mundial alternativo, como Venezuela, sometidos a sanciones y ricos en petróleo, cuentan o han contado con relevantes intereses rusos, chinos, turcos¹⁵, iraníes e indios.

En fin, China ha llegado a ser el segundo mayor socio comercial de América Latina y el primero de Sudamérica, desplazando a la UE y desafiando la mismísima doctrina Monroe, al disputarle a Estados Unidos su propio patio trasero, con el simbolismo que ello comporta. Dado que el enfrentamiento principal se sitúa en el entorno marítimo de China, la presencia de este país en América Latina, en términos geoeconómicos, vuelve a presentar los remedos de la Segunda Guerra Púnica. Como consecuencia, las condiciones ofrecidas a los países latinoamericanos son más generosas que las ofrecidas en otros lugares.

La CEPAL, en su informe anual de 2023, subrayaba cómo el comercio de bienes entre América Latina y China se había multiplicado por 35 entre 2000 y 2022, mientras que el comercio total de la región con el mundo solo se multiplicó por 4, y destacaba cómo el intercambio bilateral entre América Latina y China en 2000 apenas superaba los 14.000 millones de dólares, frente a los cerca de 500.000 millones de dólares en 2022.

Mas lejos iba el Foro Económico Mundial, que espera que el comercio se duplique en 2035 para superar los 700.000 millones. Si hace dos décadas Estados Unidos era el principal socio comercial de nueve de los doce países de Sudamérica, en la actualidad China lo ha sobrepasado, salvo, hasta 2023, en Ecuador, Colombia —que ha anunciado su incorporación a la Ruta de la Seda— y el Paraguay. Ello, aunque el friendshoring —la respuesta estadounidense al envite chino— está reduciendo, o incluso revirtiendo, la tendencia.

Veintiún países latinoamericanos se habían unido a la BRI (el presidente Milei ha cambiado su posición al respecto, así como la ya citada incorporación de Colombia en 2023), en 2022, por más que Estados Unidos continuara siendo el mayor socio comercial de la región. Entre los países que destacan se encuentran Brasil, Chile y Perú, pero también Argentina, Venezuela y México. América Latina es la mayor receptora de inversiones chinas fuera de Asia, donde supera a Europa, África, Oceanía y Norteamérica con el 10,8 %. La inversión directa china en Argentina representaba el 22 % del total de inversión extranjjera, en Brasil el 11 % y en Perú 9 %. Asimismo, el porcentaje de las exportaciones con destino a Pekín fue del 39 % desde Chile, del 36 % desde Perú y del 27 % desde Brasil.

Su interés se sitúa en las materias primas. Y, además de los países del área conocida como triángulo del litio —Argentina, Bolivia y Chile—, en la diagonal andina, donde se halla el 85 % de las reservas mundiales de este material, la región también dispone de importantes depósitos de cobre, hierro y zinc, que son apetecidos para la producción industrial china, por no hablar del petróleo venezolano, que ha sido una mala experiencia. Pero, además, reduce costes de producción al instalar fábricas en la región y gana cuota en términos de control y gobernanza global.

Entre 2005 y 2020, los préstamos acumulados ascendieron a más de 137.000 millones, siendo Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina los principales receptores. En cuanto a las inversiones de China en la región, estas ascendieron a 140.000 millones entre 2005 y 2021, de los cuales 64.000 millones corresponden a Brasil —el segundo socio comercial después de México— y 25.000 millones a Perú. Cabe señalar aquí las inversiones en infraestructura, con proyectos valorados en 66.000 millones entre 2005 y 2021, de los cuales el 51 % corresponde a proyectos de energía y el 29 % a transporte¹⁶.

En 2021, ni la pandemia ni la crisis global en la cadena de suministros pudieron detener el crecimiento exponencial del comercio entre China y América Latina, que aumentó un 41,1 % respecto a 2020, hasta alcanzar los 451.591 millones de dólares. Las exportaciones a China supusieron 222.582 millones de dólares —con un incremento del 31,4 %— y las importaciones, 229.009 millones, con un incremento del 52 %¹⁷.

Y eso a pesar de que en 2020 la región experimentó el mayor desplome económico en un siglo, con una reducción del PIB regional de casi un 8 %, la cual se vio acompañada por un incremento de la pobreza del 7 %. Esto dejó a casi cuatro de cada diez latinoamericanos en situación de vulnerabilidad, que ha costado trabajo revertir.

China ha sido el primer socio comercial de Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Argentina (en 2024, tras los ajustes del presidente Milei, el tercero), y tiene acuerdos de libre comercio con Chile, Costa Rica y Perú. Con Ecuador inició conversaciones en 2022 en este sentido. Sus relaciones comerciales son, además —y como siempre— asimétricas en lo referente a los productos que se comercializan. China importa recursos naturales —minerales (35 %), soja (17 %), combustibles minerales (12 %), carne (7 %) y cobre (6 %)—, mientras que sus exportaciones se concentran en productos industriales¹⁸. Además, está haciendo un esfuerzo inversor en México, que tiene un acuerdo de libre comercio con EE. UU., y es uno de los grandes beneficiarios de su enfrentamiento con EE. UU.

La presencia china ha afectado al comercio intrarregional. Por ejemplo, Brasil dejó de ser la mayor fuente de bienes importados por Argentina, y Argentina dejó de ser el principal origen de las compras de Paraguay, que han sido sustituidas por el mercado chino¹⁹. El fuerte apoyo económico dispensado por la Administración Trump a Argentina en 2025 le ha dado oxígeno en su relación con China.

Como sucedió en África, varios de estos proyectos de la Nueva Ruta de la Seda han generado grandes déficits comerciales, lo que ha posibilitado la toma de control por parte de China de obras estratégicas que previamente había financiado. De ello también se desprenden repercusiones y corolarios políticos. Por ejemplo, solo ocho países de América Latina y el Caribe reconocen a Taiwán. Panamá, la República Dominicana y El Salvador cambiaron el reconocimiento a favor de la República Popular China entre 2017 y 2018, y Nicaragua lo hizo en 2021²⁰. Cabe referir, asimismo, el cambio de postura del presidente argentino Milei, que en 2024 arrió sus banderas ideológicas.

Este círculo se cierra en términos de poder blando, a través de las sedes del Instituto Confucio, una entidad cultural que, no obstante, dispone de capacidad para influir en la opinión pública. En 2021 había cuarenta y cuatro sedes distribuidas en veintiún países.

Por su parte, el volumen de negocio de Estados Unidos con la región en 2019 fue de 885.100 millones de dólares y la inversión directa (IED), de 256.100 millones de dólares. Las exportaciones de bienes de Estados Unidos a América Latina ascendieron a 418.200 millones de dólares en 2019, lo que supuso el 16,7 % del total de las exportaciones del país ese año. No obstante, estas se concentran en América Central y el Caribe y pierden fuerza en Sudamérica, en mayor grado cuanto más al sur, según se observa en la gráfica que se adjunta. Su segundo socio comercial, tras México, es Brasil.

Mención aparte merece el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor en julio de 2020 para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte²¹ y que ha sido calificado como un error por el presidente Trump, quien quiere superarlo. No obstante, este caduca en 2036, aunque incorpora una revisión periódica.

Hay infraestructuras que, por sus dimensiones y su carácter estratégico para la región, merecen una especial referencia. Este es el caso del puerto de Chancay, situado a 75 kilómetros de Lima y que entró en servicio en 2022 tras una inversión de 3.000 millones de dólares. Este es el primer hub logístico chino en la vertiente pacífica de América Latina y el único en la región operado por la naviera estatal COSCO; de manera análoga a El Pireo, que constituye su puerta de entrada en el Mediterráneo. Cabe mencionar también la presencia de una estación espacial en Argentina, de funcionamiento opaco. Y aunque es notorio que el presidente Milei desearía un cambio de modelo en las relaciones, la deuda con China limita sus opciones.

El caso de México, ya referido, es singular por su proximidad a Estados Unidos. Su déficit comercial con China en 2023 era superior a los 104.000 millones de dólares. Los estados de Sonora, la Ciudad de México y Puebla son los que más exportan a China, mientras que los principales destinos de las importaciones chinas son Chihuahua y Jalisco. Las inversiones chinas en el país se habían duplicado en los diez años anteriores a 2024. Por eso, el presidente Trump amenazó con sanciones para que el país no se beneficie del friendshoring y sea, a la vez, una vía de entrada para productos chinos. En cualquier caso, los aranceles le han afectado mucho menos de lo temido.

Por su parte, la UE es el tercer socio comercial de América Latina. Asimismo, debe tenerse en cuenta el poder blando de la UE y su atractivo para los países de la zona. Por ello, y con el fin de recuperar la iniciativa, la UE lanzó el programa Global Gateway, dotado con 50.600 millones de dólares hasta 2027 y orientado a sectores como la salud, la educación y la tecnología.

Merece ser referido el acuerdo alcanzado entre la UE y el MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) en 2026, que supone una apuesta geopolítica por Occidente, si bien países como Francia y sectores como el agrícola presentan dificultades. En cualquier caso, el espacio MERCOSUR-UE alcanza los 700 millones de personas y los 20 billones de euros, mientras que los intercambios suman los 110.000 millones, de los cuales 56.000 millones corresponden a exportaciones hacia los países latinoamericanos y 54.000 a importaciones. Este acuerdo supone una respuesta alternativa tanto frente a China como a las políticas proteccionistas del presidente Trump. No obstante, la distribución de sus costes y beneficios por sectores es objeto de contestación social en el ámbito europeo.

Migraciones

El problema planteado por el desacoplo entre población y territorio ha encontrado históricamente distintas soluciones. Los procesos migratorios (se excluye de ellos el turismo y la mano de obra cualificada) permiten dar salida a estos excedentes de capital humano, aliviando así la presión que soportan las estructuras de los países de origen y posibilitando la repatriación de remesas y conocimientos, que contribuyen al desarrollo del país y al reequilibrio en la distribución de los recursos. La riqueza de las sociedades de acogida y su necesidad de mano de obra actúan como atractores y refuerzan el efecto.

A este hecho positivo, sin duda, se añaden muchos otros que actúan como elementos propulsores de los procesos migratorios, tales como problemas organizativos y de gestión económica, carencias asistenciales (sanitarias, educativas, de vivienda, de formación y de seguridad social básicas), situaciones de guerra o violencia crónica, luchas tribales… Junto a ellos, se suman otros, como son la diferencia en los niveles de desarrollo y las demandas de las sociedades del norte. Los problemas son aditivos, pues estamos ante movimientos de naturaleza mixta por su origen, de los que forman parte personas en situación de vulnerabilidad y que, en parte, han servido para dar respuesta a una demanda coyuntural.

Pero las migraciones internacionales no son las únicas, ni siquiera las más importantes. Autores como Hobsbawm²² restaban importancia, en la actualidad, a este movimiento, que se cifra en el 4 % de la población mundial. En 1950, la población urbana era del 26 %; en 2006, se situaba en cifras en torno al 48 %. Solo dos de las dieciocho ciudades con más de diez millones de habitantes se encuentran en Europa o en EE. UU.²³.

En el caso de América Latina, en 2020, 43 millones de personas de la región vivían fuera de sus países de nacimiento, lo que representaba el 15 % de los migrantes del mundo y convertía a la región en la principal emisora. Sin embargo, sus destinos dependen de la idiosincrasia de los países de origen²⁴. No todos ellos son iguales. Una buena parte son migrantes económicos que se desplazan motivados por oportunidades laborales. Muchos otros, haitianos y algunos centroamericanos, huyen de crisis económicas, políticas, sociales y climáticas. Así, hay nada menos que 7,2 millones de venezolanos distribuidos entre Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil.

Con todo, los países latinoamericanos son crisoles de muchas culturas. Colombia, por ejemplo, recibió a muchos libaneses y turcos en el siglo XIX. Algunos se integraron por completo en la población, aunque pueden ser reconocidos por sus apellidos. Comprender estos movimientos reportará beneficios para los migrantes, pero también para las comunidades de acogida.

En fin, dos puntos focales destacan en la región: hasta la llegada del presidente Trump, el conocido como tapón o brecha del Darién, y el paso de Colchane en el altiplano chileno-boliviano.

El Darién era el lugar de paso para los flujos en dirección norte, donde los cruces fueron, en 2022, de 250.000 personas, el doble que el año anterior, y en 2023, más de 500.000 personas, de nuevo el doble. Sin embargo, seis meses después de su llegada, el presidente Trump logró detener estos flujos.

Estamos ante una espesa selva de más de 5.000 kilómetros cuadrados que separa a Colombia de Panamá y que, en una travesía que dura entre tres y quince días, expone no solo a condiciones naturales complejas, sino también a grupos de criminales locales. Y no solo la cruzaban migrantes de los países vecinos, sino también otros procedentes de lugares tan distantes como China, India, Afganistán, Camerún, Somalia y Bangladés.

El origen de Estados Unidos se asienta sobre la emigración y su contribución a la conformación de un crisol cultural en una tierra de oportunidades. La inmigración forma parte sustancial de su mitología nacional. Las principales regiones de origen de los migrantes en Norteamérica son América Latina y el Caribe (25,4 millones, el 43,2 % de la población migrante total), seguidos de Asia (17,55 millones, el 29,9 %), Europa (6,87 millones, el 11,7 %) y África (3,27 millones, el 5,6 %). La población de Estados Unidos era de 340 millones de habitantes en 2024.

La cifra es el resultado de un proceso exponencial. En el último cuarto del siglo XX, el número de inmigrantes de primera generación se cuadruplicó. Estos pasaron de ser 9,6 millones en 1970 a aproximadamente 38 millones en 2007. Había entonces unos 11,1 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos (el 31 % del total), 11,8 millones de residentes legales (el 33 %), 11,5 millones de ciudadanos naturalizados (el 32 %) y 1,3 millones de residentes temporales legales (el 4 %)²⁵. Con más de 14 millones de emigrantes, legales e ilegales, los años noventa figuraban hasta ahora como la década de mayor inmigración en la historia de Estados Unidos.

Entre 2000 y 2018 llegaron a los Estados Unidos unos 20 millones de inmigrantes, en su mayor parte procedentes de América Central y del conjunto de América Latina, hasta sumar 44,7 millones en 2018. Algunas fuentes cifran el número total de inmigrantes legales e ilegales que Estados Unidos ha recibido cada año durante el último período en 1,8 millones, más de 600.000 de ellos en situación irregular.

En 2018 apareció una nueva forma de migración masiva: las caravanas migratorias. En uno de los primeros episodios, miles de migrantes centroamericanos recorrieron a pie el trayecto desde San Pedro Sula, en Honduras, hasta Estados Unidos. Posteriormente, hubo entradas de caravanas en México con registros superiores a los 80.000 migrantes.

El problema se agravó hasta transformarse en una crisis. Como ejemplo, cabe referir que, en el plazo de un año, hasta septiembre de 2021, fueron detenidos por las autoridades fronterizas norteamericanas 608.000 mexicanos, 309.000 hondureños, 279.000 guatemaltecos y 96.000 salvadoreños. Otros 367.000 migrantes centroamericanos fueron igualmente detenidos²⁶. La cifra siguió escalando, lo que indujo el miedo a una alteración de la base cultural, que se manifiesta en teorías como las del «Gran Reemplazo».

Oficialmente, en 2025 había unos 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Trump ha hecho bandera de la política antiinmigratoria, priorizándola en su agenda política y gestualizándola. Asimismo, ha manifestado su intención de deportar hasta 25 millones de inmigrantes ilegales, además de trasladar a Guantánamo o a las prisiones de El Salvador a los acusados de delitos.

Mediante declaraciones y actuaciones de notoriedad pública trata de desincentivar la emigración a Estados Unidos y de satisfacer con ello a sus partidarios, lo que ha originado una contestación social importante en su propio país, como la registrada tras los sucesos de Minesota en 2026.

La emigración, ciertamente, genera no pocos beneficios para Estados Unidos —mejora la productividad y la competitividad y dinamiza la economía, casi sin costes sociales—, pero trae consigo también importantes dificultades. Resolverlas pasa por abordar la emigración ilegal en origen, así como la integración social de estos colectivos, los efectos sobre la población autóctona, las cuestiones de seguridad, la criminalidad, la xenofobia…

Gestionar una emigración a la escala existente es todo un reto económico, social y de seguridad. Sin duda, el hecho de que Estados Unidos, con sus políticas respecto a China, haya convertido a México en su principal socio comercial ha sido un paso en la dirección correcta.

La emigración ilegal incorpora, además, una problemática adicional. Los pequeños tráficos e infracciones, proclives a ser practicados por grupos marginales en entornos de pobreza e inequidad, pueden coadyuvar a la banalización del delito y al menosprecio de las leyes. La concurrencia de actividades lícitas e ilícitas es una escuela que permite romper barreras entre unas y otras.

Existe un poderoso vínculo con el tráfico de drogas y de personas, así como con otros delitos, como la extorsión, pues estos se sirven de los mismos medios y vías de comunicación en el marco de un mercado negro «normalizado» y de una atmósfera de impunidad (real o percibida). Un ejemplo en clave regional sería La Bestia, una red de ferrocarriles de mercancías que cubre Centroamérica y que, entre sus «mercancías», transporta también a inmigrantes ilegales y droga hasta la misma frontera estadounidense bajo la «protección» de las maras.

El endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos durante la primera era Trump fue muy contestado. Así, fórmulas como el Título 42 —una restricción sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19, en vigor hasta 2023— permitieron, durante la presidencia de Biden, impedir la entrada de 1,7 millones de migrantes en la frontera con México. Mientras tanto, organizaciones como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras denunciaron ya en 2022 la ruptura de 8.000 familias como resultado de prácticas abusivas y tratos crueles.

La segunda Administración Trump ha sido, como se ha visto, mucho más radical en la aplicación de medidas antiimigración, comenzando con un amplio despliegue mediático y efectista. Al tomar posesión, dictó 42 órdenes ejecutivas relacionadas con la migración, con un doble propósito: impedir la entrada de nuevos migrantes y expulsar a inmigrantes en situación irregular.

Para impedir el acceso se ha recurrido a las Fuerzas Armadas, declarando la «emergencia en la frontera», a la amenaza de aranceles para estimular la colaboración de los países de tránsito (lo que ha logrado impermeabilizar el tapón del Darién), así como a la suspensión del programa humanitario de acceso para personas procedentes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua… Además, ha sometido a un intenso hostigamiento público a los inmigrantes: la aplicación de una ley del siglo XVIII prevista para tiempos de guerra, deportaciones a prisiones salvadoreñas, restricciones en el acceso a la sanidad y denegación de fondos federales para su atención.

Con todo, ha de añadirse, como refiere el Informe de Riesgo Político en América Latina 2025, que los cárteles aprovechaban el fenómeno migratorio como método de reclutamiento para la trata de personas. Según la OIT, había en 2025, 49,6 millones de personas en el mundo sometidas a una suerte de esclavitud moderna, de las cuales el 54 % eran mujeres y niñas. En América Latina, el 80 % eran, igualmente, mujeres y niñas, de las cuales un 50 % estaban explotadas sexualmente y el 38 % en régimen de trabajo forzoso.

Resolver este problema exige abordar otros, situados más allá de las fronteras norteamericanas, que actúan como factores de impulso. Volvemos así a los problemas de desarrollo, inequidad, crimen organizado, corrupción, violencia…, que afectan al conjunto de Centroamérica.

Su resolución pasaría, a fin de cuentas, por facilitar el desarrollo integral del continente, y particularmente de América Central. Las propuestas que se hicieron desde la Administración estadounidense, tanto con el friendshoring de Trump como durante el mandato de Biden, para favorecer el empleo y el desarrollo en la región a través de la inversión económica, eran adecuadas. La cuestión es que requieren de un esfuerzo continuado, porque suponen tanto un cambio económico como un cambio cultural.

Estamos ante un problema «interméstico», y este planteamiento añade aún más dificultades a la conceptualización de la seguridad. El reforzamiento de la frontera con Guatemala, emprendido por el presidente mexicano López Obrador como respuesta, se inscribe en esta lógica. A la contra, y como reflujo, América Latina obtiene importantes remesas, fundamentales para su desarrollo económico. En 2022, el Banco Mundial las estimó en 140.000 millones. Estas suponen el 20 % del PIB de países como El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica y Nicaragua.

Los movimientos evangélicos

La globalización, como todo proceso de intercambio, provoca retornos e interaciones. En este contexto se pueden inscribir las influencias culturales y el eje central de la cultura es la religión. La emigración está provocando un movimiento de catolización en Estados Unidos, cuyos Padres Fundadores fueron los peregrinos del Mayflower. A la contra, ha favorecido la expansión de los movimientos evangélicos en América Latina.

La religión es decisiva en el continente. El Bible Belt se refiere a una extensa región de Estados Unidos donde el cristianismo evangélico se encuentra profundamente arraigado y ligado a posiciones conservadoras. De hecho, Chesterton señalaba que «Estados Unidos es el único país del mundo que está fundado sobre un credo. Ese credo aparece con lucidez dogmática y aun teológica en la Declaración de la Independencia».

Así, durante su guerra de independencia, cinco de cada seis habitantes estadounidenses eran calvinistas, mayoritariamente puritanos y presbiterianos. Por eso, Inglaterra identificaba este movimiento como una suerte de «rebelión presbiteriana». Los hechos ratificaban tal percepción; durante la batalla en Yorktown, todos los coroneles del ejército estadounidense, excepto uno, eran presbiterianos²⁷.

Por su parte, el catolicismo forma parte de la identidad social y nacional de no pocos países. Huntington decía que el problema del catolicismo en Estados Unidos, esto es, la integración de los católicos, se había resuelto haciendo que estos fueran culturalmente protestantes, mientras que se mantenían como católicos de dogma.

Se han identificado unas 55.000 iglesias protestantes. Esta fragmentación, asociada a la superficialidad y a la falta de preparación religiosa de la feligresía, favorece la manipulación emocional desde los medios de comunicación y la política. No obstante, con el nuevo milenio se está produciendo un notable impacto de los llamados movimientos evangélicos en América Latina, una auténtica eclosión.

Por evangélicos entendemos los movimientos cristianos no católicos de la región que exceden el marco del protestantismo doctrinal, aunque se sitúan dentro de la cristiandad occidental. Su éxito no es tanto producto de su impronta como de la secularización real de las sociedades, así como de su naturaleza anómica, posmoderna y nihilista. Este fenómeno varía por países y regiones.

Los primeros misioneros protestantes, que llegaron a América Latina en la década de 1870, fueron, mayoritariamente, presbiterianos y metodistas, y abrieron centros médicos y escuelas. Desde Estados Unidos se consideraba que era necesario superar el orden colonial mediante la introducción de sus propios valores en la región, en una suerte de corolario mixto entre la doctrina Monroe y el supremacismo protestante de signo weberiano.

Sin embargo, el esfuerzo fue inconsistente y, a partir de las décadas de 1930 y 1940, la mayoría de los misioneros se limitó a abrir iglesias, no desarrolló labores significativas de interés social y, además, se vio contestada por gobiernos de signo católico, que limitaban su actuación. Estos grupos eran una suerte de «protestantismo de inmigración» o «iglesias étnicas»: grupos luteranos alemanes, anglicanos o metodistas y comunidades menonitas que no se integraban en las comunidades locales²⁸.

Durante la Guerra Fría se pretendió desplazar a la Iglesia católica en favor de otras corrientes cristianas. Se trataba, al menos, de debilitar la denominada «Iglesia católica popular» latinoamericana, una mezcla entre la tradición católica española y portuguesa con ritos y creencias indígenas y africanas, especialmente en Brasil y en las Antillas. Para la consecución de esta política, EE. UU. destinó sumas millonarias a la construcción de templos evangélicos y al envío de «teleevangelistas», que se encargaron de organizar campañas masivas de evangelización a escala regional²⁹.

Estos, a partir de los años 70, fueron reemplazados nuevamente por el «protestantismo de misión» y el pentecostalismo, un movimiento estadounidense de renovación protestante que enfatiza la relación directa y personal con Dios e incluso el milagrismo. Estos movimientos ofertan una sociedad de sustitución que se conforma a un modelo conocido, aunque lo renuevan. La explosión del pentecostalismo en América Latina se produjo cuando abandonó sus matices estadounidenses, adaptándose a los patrones locales³⁰.

La urbanización desordenada afianzó la marginalidad y el desamparo de muchas familias, en un momento en el que la Iglesia católica se encontraba politizada y sin recursos materiales y humanos para atender a las multitudes que empezaban a poblar las periferias urbanas, un vacío que fue hábilmente llenado por los pastores evangélicos. A ello hay que añadir la influencia creciente de los medios de comunicación de masas, que han facilitado el acceso de los ciudadanos a nuevas ideas y creencias, así como la emocionalidad, la empatía y la adaptabilidad del protestantismo frente al carácter riguroso y doctrinal de la Iglesia católica.

En las décadas de 1960 y 1970, el tamaño de las iglesias evangélicas era limitado. Sin embargo, desde entonces, y coincidiendo con la desestructuración social generada por la urbanización y la migración del campo a la ciudad, comenzaron a crecer los cultos entre los sectores más pobres y la pugna por la feligresía se acentuó. Así, ante la apuesta progresista por una «teología de la liberación», estos movimientos apostaron por una «teología de la prosperidad»³¹.

La Prosperity Gospel también se ha denominado como The American religion of winning (la religión estadounidense del éxito). Esta hunde sus raíces en la ética puritana del trabajo, pero su interpretación actual y radical es nueva. Desde esta perspectiva, se constituye una nueva alianza del creyente con Dios, que se compromete a bendecir con el éxito material al fiel. Muchos estadounidenses se identifican instintivamente con tal línea argumental³².

Los movimientos evangélicos, especialmente los denominados neopentecostales, interactúan más con las nuevas tecnologías, implicándose en las problemáticas sociales. Sus mensajes se adaptan a las necesidades y a los patrones culturales latinoamericanos, generando formas de religiosidad híbridas, en tanto que combinan el catolicismo popular latinoamericano con el protestantismo importado. Asimismo, plantean una suerte de segunda Reforma en lo que era el paraíso tropical de la catolicidad³³. La elección de los papas Francisco y León XIV puede obedecer, en parte, a la necesidad de responder a tal reto, así como al desplazamiento del centro geopolítico del catolicismo hacia las Américas.

El cristianismo evangélico y el pentecostalismo se caracterizan por la devoción popular, el énfasis en los carismas, las prácticas de curación y el desarrollo de redes de ayuda mutua, las cuales son escasas en las parroquias católicas tradicionales. Las iglesias evangélicas garantizan a sus creyentes una especie de protección frente a los males que asolan la región. Dios ofrece así milagros y prosperidad a quienes creen en Él³⁴.

Tantas contradicciones han germinado en figuras como las de los narcoevangélicos o narcopentecostales (cuyo número superará, a fin de siglo, al de los católicos brasileños), lo que agrupa términos intelectualmente incompatibles, pero también señala la existencia de una cultura de grupo —el Tercer Comando de la Capital (TCP), conocido por su radicalidad evangélica, marca con una estrella de David sus alijos— que actúa como elemento de legitimación y de control social. Esto se halla en línea con la santería y el culto a la Santa Muerte, muy extendidos entre los narcos centroamericanos.

El voto evangélico es relevante en los procesos electorales y favorece la polarización política. Los líderes religiosos, de la mano de los imperios mediáticos, se han convertido en referentes políticos, ligados en no pocos países a sectores conservadores. Su importancia en la elección del presidente Bolsonaro en Brasil o en la de López Obrador en México es notoria. No obstante, el poder del evangelismo ya se había manifestado en el plebiscito sobre los acuerdos de paz con las FARC en Colombia, celebrado en octubre de 2016, lo que reveló una capacidad incipiente.

Referir que la irrupción de los movimientos evangélicos, anticipado por el propio presidente Trump, se alinea con el eventual reposicionamiento de Estados Unidos en el subcontinente y con el peso de los asuntos religiosos en su agenda política.

Conclusiones

América Latina encarna un espacio unido por la lengua, pero que, si se observa más en detalle, se revela profundamente rico y diverso. No obstante, por su problemática interna, se sitúa en la semiperiferia estratégica: su voz, ahogada, ha estado ausente de las grandes cuestiones de las relaciones internacionales, y ello pese a su riqueza. Sin embargo, la segunda Administración Trump le ha devuelto su notoriedad, si es que alguna vez la tuvo.

Con todo, en las últimas dos décadas se han producido algunos cambios significativos, debidos fundamentalmente a los avances logrados tanto en la democratización de la región como en los procesos de integración regional y subregional, en los que también se ha progresado, aunque no tanto como sería deseable. Estos últimos precisan hacerse más creíbles, al menos entre quienes los dirigen.

Merece destacarse el ascenso de China en América Latina, que está en la raíz de la nueva situación geopolítica. China no solo es el principal socio comercial de una decena de países, sino que también ha aumentado significativamente su inversión en distintos sectores estratégicos, como los recursos naturales, las infraestructuras y las telecomunicaciones. Este aumento de la presencia china se produce en un contexto de mayor confrontación estratégica con Estados Unidos. Dicha confrontación, además, tiene lugar en su patio trasero, por lo que la rivalidad no hace sino profundizarse al trasladarse a un área de especial simbolismo y sensibilidad para este último país.

Con todo, su presentación como la parte de un hemisferio dotado de naturaleza integral hace posible que Estados Unidos ejerza como potencia rectora en la zona, que ahora se presenta como su esfera de influencia o dominio. No obstante, el liderazgo estadounidense se había debilitado en el contexto de la globalización y se había limitado a una acción de influencia: una actuación, en la práctica, orientadora y componedora, más fuerte cuanto mayor era la proximidad territorial.

Y ello, cuando el recuerdo del intervencionismo estadounidense perduraba y aún perdura en la memoria colectiva. Esto se traduce en una gran desconfianza, tanto por parte de la sociedad como de los gobiernos latinoamericanos —cualquiera que sea su color político—, lo que dificultaba el desarrollo de una política hemisférica, es decir, relativa al conjunto del continente. Los efectos que tenga el intervencionismo de la Administración Trump y su retorno a los modelos del siglo XIX están aún por ver.

En su relación con la región, Estados Unidos pretende garantizar sus intereses vitales y la estabilidad de su entorno estratégico, al margen del peso geopolítico de América Latina en el sistema global. Las constantes y permanencias en la zona la señalan como un área básica para Estados Unidos³⁵ y explican muy bien el repliegue emprendido por la Administración Trump.

Tres son los principales problemas que se plantean a Estados Unidos: una pérdida de influencia económica en la región —que sigue a la pérdida de influencia política—, el crimen organizado y una emigración masiva. Los tres son problemas «intermésticos» y requerirán de un mayor compromiso estadounidense: un compromiso económico, y no solo militar.

Las propuestas para promover el desarrollo económico en América Latina suponen dar pasos en la dirección correcta, pero se necesita que este compromiso sea continuo y prolongado, capaz —por medio del ejemplo y de los resultados favorables en el progreso financiero y político de la región— de imponerse a las narrativas antioccidentales, tan convenientes tanto para los populismos oportunistas como para las potencias iliberales, que vienen a ahondar en las grietas de legitimidad de la democracia y del Estado de derecho.

Estados Unidos controlaba Iberoamérica controlando el mundo y dejándola a su socaire. El hecho de que se hayan instalado nuevos actores en este territorio prueba así una pérdida de poder a nivel global, como acredita el hecho de que se haya pospuesto el anunciado giro hacia el Pacífico.

En cualquier caso, en su repliegue y contracción geopolítica, América Latina resulta clave para Estados Unidos: es su hinterland. Es de prever que, más allá de la gestualidad, recupere presencia efectiva, toda vez que el vacío que ha dejado había sido ocupado por otros actores que ahora pretende expulsar; y no puede hacerlo sin ocupar, además, su espacio. Y esto, sin entrar en las importantes reservas de recursos naturales y energéticos de las que dispone.

El segundo mandato del presidente Trump ha situado a América Latina en los primeros lugares de su agenda política, lo que supone, de facto, detraer los recursos de otras áreas a los efectos de tal reposicionamiento. Los aranceles y la ruptura con Europa pueden suponer su renuncia al liderazgo de Occidente y acabar por traerlo de vuelta al hemisferio. Sin embargo, la intervención en Venezuela y la acción de las Fuerzas Armadas norteamericanas contra el narcotráfico fuera del territorio nacional puede resucitar viejos temores y fantasmas, lo que obliga al uso de la zanahoria económica.

No obstante, la Iberoamérica del siglo XXI, con sus defectos y carencias, cuenta con unos niveles de desarrollo institucional, social y económico con los que no contaba en el siglo XIX. La historia no se repite por más que pueda rimar. Esto dificultará el ejercicio del papel rector que pretende atribuirse Washington en la región.

En cualquier caso, el resultado es que Iberoamérica se ha incorporado de nuevo a la geopolítica del siglo XXI, lo cual no es necesariamente una buena noticia para los iberoamericanos con los que, recordémoslo, España forma una comunidad transversal.