IEEE. Las potencias medias y el nuevo desorden global: pragmatismo adaptativo en la era Trump 2.0

Introducción

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha reactivado dinámicas disruptivas de amplio alcance en el sistema internacional. La aplicación indiscriminada de aranceles, el debilitamiento progresivo de las instituciones multilaterales y la intensificación de la competencia entre grandes potencias han configurado un escenario en el que la diplomacia estadounidense se percibe como crecientemente errática, obligando a las potencias medias a recalibrar sus estrategias externas.

Ante una incertidumbre con visos de convertirse en estructural, estos países adoptan respuestas pragmáticas orientadas a reducir los riesgos derivados de una dependencia excesiva de Washington y a ampliar su autonomía en la toma de decisiones. No se trata de rupturas ni de alineamientos rígidos, sino de preservar una capacidad de maniobra en un orden menos previsible y más fragmentado.

Este trabajo analiza cómo India, Japón, Brasil y los Emiratos Árabes Unidos —países heterogéneos en términos geográficos, demográficos y políticos— responden a esta coyuntura mediante estrategias destinadas a reforzar su margen de acción. A través de la diversificación de vínculos, el desarrollo de alianzas flexibles y el recurso a instrumentos como la apertura de nuevos mercados, los esquemas minilaterales y formas selectivas de alineamiento, estas potencias medias buscan adaptarse a un entorno inestable sin cuestionar abiertamente el orden existente.

Lejos de promover una confrontación frontal o una transformación radical del sistema internacional, estas respuestas se inscriben en un pragmatismo adaptativo que adopta expresiones diferenciadas. India y Japón refuerzan las cadenas de suministro del Indo-Pacífico y profundizan la cooperación tecnológica; Brasil capitaliza su posición de exportador agrícola y su liderazgo en energías limpias, especialmente en Mercosur y el sur global; los Emiratos Árabes Unidos consolidan su papel como plataforma logística, energética y digital, con una apuesta estratégica por la inteligencia artificial y la conectividad internacional.

Potencias medias ante un nuevo desorden global

La agenda geopolítica y económica de Trump 2.0 ha acelerado tendencias que ya estaban presentes en el escenario internacional: el auge del proteccionismo, el uso de aranceles, una renovada rivalidad con China y un escepticismo explícito hacia el multilateralismo. El resultado ha sido un aumento de las fricciones no solo con rivales declarados, sino también con socios tradicionales —entre ellos, la Unión Europea, Japón, Brasil e India—, especialmente en ámbitos sensibles como el comercio, la tecnología y la seguridad económica.

Ante esta coyuntura, las potencias medias —Estados con peso regional, cierto margen de autonomía y capacidad para construir coaliciones flexibles, como India, Japón, Brasil y los EAU— no buscan un distanciamiento abierto de Washington, pero sí diversificar dependencias y reducir vulnerabilidades. Para ello, están tejiendo redes de colaboración que, en muchos casos, operan al margen de las lógicas impuestas por las grandes potencias.

El concepto de potencia media ha sido objeto de interpretaciones diversas en las relaciones internacionales, en parte debido a su carácter impreciso y a la dificultad de fijarlo mediante criterios empíricos estrictos. Aunque su uso se remonta al período posterior al Congreso de Viena (1815), fue tras la Segunda Guerra Mundial cuando adquirió mayor relevancia analítica, impulsado por países como Canadá, interesados en diferenciarse de los Estados pequeños sin aspirar al estatus de gran potencia. Desde una perspectiva clásica (Laurence, 2023), estas potencias se entienden como Estados que, aun sin capacidad para redefinir el orden internacional, cuentan con recursos y legitimidad suficientes para influir en su entorno. Se trata, en consecuencia, de una categoría relacional, que puede abordarse tanto a partir de indicadores materiales —tamaño, economía, población— como desde su reconocimiento como actores internacionales relevantes.

Otros enfoques ponen el acento menos en los atributos cuantificables y más en las formas de actuación (Chaziza y Lutmar, 2025). Estas potencias desempeñarían funciones de mediación, facilitarían consensos y sostendrían espacios de cooperación multilateral, al imbricar objetivos nacionales con compromisos más amplios sin aspirar a posiciones dominantes. A ello se sumarían medios para desarrollar diplomacias de nicho, concentradas en sectores o temas específicos —recursos naturales, conectividad, conocimiento técnico— que les permitirían proyectar influencia más allá de sus límites materiales.

Para el análisis que aquí se propone, resulta especialmente útil la distinción entre potencias medias tradicionales y emergentes (Jordaan, 2003), ya que permite captar variaciones dentro de esta categoría. Las primeras suelen ser democracias consolidadas, estables y con una proyección regional limitada; su comportamiento se orienta a la preservación del orden liberal mediante cooperación multilateral y concesiones moderadas, manteniendo una inserción regional ambigua. Las segundas corresponden a Estados semiperiféricos, a menudo atravesados por desigualdades internas y procesos de democratización recientes, pero con una proyección regional más pronunciada. Su actuación combina una voluntad reformista del orden internacional, sin adoptar posiciones rupturistas, con el deseo de diferenciarse tanto de las grandes potencias como de los Estados más débiles de su entorno inmediato.

Esta distinción cobra especial relevancia ante un orden internacional en transformación, que obliga a repensar las formas de inserción externa. Frente a un entorno incierto y cambiante, la diversificación de alianzas, la reducción de dependencias unilaterales y el fortalecimiento de capacidades internas se presentan como respuestas clave por parte de estas potencias intermedias.

Japón, entre alianzas y friendshoring

Japón se mueve hoy en una encrucijada incómoda, afectada por dependencias cruzadas. Desde 1952, su alianza con Estados Unidos ha sido el pilar central de la seguridad nacional y el garante último de su defensa. Cualquier atisbo de repliegue estadounidense despierta, por ello, una inquietud profunda en los sectores más conservadores del aparato de seguridad japonés, conscientes de los límites de la autonomía defensiva del país. Al mismo tiempo, el ascenso económico de China ha convertido a Pekín en el principal socio comercial de Japón, un mercado clave para su industria y una fuente de oportunidades importante, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional que restringe el dinamismo de la economía.

La coexistencia de una dependencia en materia de seguridad con Estados Unidos y una económica cada vez más profunda con China se ha vuelto más problemática a medida que incrementa la rivalidad entre ambas potencias. Circunstancias estas que han llevado a Tokio a buscar una alineación más firme con Estados Unidos, que ya no se limite a la defensa territorial y se proyecte hacia una cooperación más amplia fuera de sus fronteras (Grano y Huang, 2023), dejando atrás la etapa en la que priorizaba las relaciones económicas con China.

Cambio de liderazgos

Este giro ha ganado coherencia bajo el liderazgo de Sanae Takaichi, investida primera ministra en octubre de 2025 tras la dimisión de Shigeru Ishiba, cuya autoridad se ha visto reforzada al convocar elecciones anticipadas a los 110 días de asumir el cargo y lograr la mayor victoria electoral del Partido Liberal Democrático en siete décadas, con el hito adicional de convertirse en la primera mujer elegida como primera ministra en una sociedad de arraigados valores patriarcales. La llegada al poder de Takaichi coincidió con un momento de debilidad inédita del Partido Liberal Democrático, que, tras las derrotas electorales de 2024 y 2025, perdió por primera vez desde 1955 la mayoría en ambas cámaras del Parlamento. Vinculada al ala más conservadora del partido, Takaichi representa una clara continuidad con el legado de Shinzo Abe, articulada en torno a la seguridad económica, el estímulo fiscal y una postura firme frente a amenazas externas.

Su enfoque, escéptico ante la globalización y centrado en la defensa del interés nacional, busca ampliar los márgenes de maniobra del Estado para hacer frente al estancamiento económico, el envejecimiento demográfico y la fragmentación política.

Desde esta óptica, su intervención ante la Dieta (Prime Minister’s Office of Japan, 2025) en octubre puede servir como una declaración programática. En materia de defensa, Takaichi fijó dos ejes centrales: la consolidación de la alianza con Estados Unidos como pilar de la política exterior japonesa y el refuerzo de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad en el Indo-Pacífico. Subrayó la importancia de profundizar consultas trilaterales y cuatrilaterales —como Japón-EE.UU.-Corea del Sur, Japón-EE.UU.-Filipinas y el Quad— con el objetivo de fortalecer la capacidad de disuasión regional frente a desafíos persistentes, en particular los provenientes de China y Corea del Norte.

La agenda doméstica apuesta por un aumento sustantivo del gasto en defensa, hasta alcanzar el 2 % del PIB conforme a lo previsto en la Estrategia de Seguridad Nacional, acompañado de medidas presupuestarias urgentes incluso dentro del ejercicio fiscal en curso. A ello se suma la reforma constitucional como uno de los pilares de su proyecto político. Takaichi busca acelerar los debates en los Consejos Deliberativos sobre la Constitución e impulsar una discusión transversal que trascienda alineamientos partidarios y faccionales, con una participación activa de la ciudadanía. El objetivo sería avanzar hacia una reinterpretación —y eventualmente una reescritura— del marco constitucional, que define la identidad del Japón de la posguerra como una nación pacifista ajustándolo a nuevas exigencias en materia de defensa y soberanía.

Uno de los episodios más reveladores del inicio de su mandato fue el rápido deterioro de las relaciones con China, tras sus declaraciones a finales de 2025 cuando afirmó que un ataque a Taiwán podría constituir una amenaza existencial para Japón. La reacción de Pekín fue inmediata: exigió una retractación oficial y, ante la negativa de Tokio, respondió con una batería de represalias que incluyó la suspensión de exportaciones de productos de uso dual (Sugiyama y Komiya, 2026) —clave para sectores como semiconductores, drones y vehículos eléctricos—, restricciones a productos pesqueros, cancelación de intercambios culturales y advertencias de viaje. El suceso puso de manifiesto la creciente imbricación entre economía y seguridad, así como la vulnerabilidad japonesa frente a disrupciones externas en sus cadenas de suministro.

La relación con Estados Unidos también se ha visto perturbada por desacuerdos recientes. A comienzos de 2025, la administración Trump impuso un paquete arancelario que afectó directamente a las exportaciones japonesas, con un arancel general del 10%, recargos adicionales y una tarifa específica del 27,5% sobre los automóviles. La medida resultó especialmente significativa si se considera que Japón mantiene un superávit comercial con Estados Unidos y que, desde 2019, se ha consolidado como su principal inversor extranjero, con una fuerte presencia en el sector manufacturero. Tras una respuesta diplomática sostenida, ambas partes alcanzaron en julio de 2025 un acuerdo que redujo parcialmente los aranceles sobre productos industriales, aunque mantuvo niveles elevados en sectores sensibles como el acero y el aluminio. A cambio, Tokio asumió compromisos de inversión en Estados Unidos por valor de 550.000 millones de dólares y compras estratégicas, incluyendo gas natural licuado, productos agrícolas y equipamiento vinculado a defensa y tecnología. El episodio confirmó que, pese al valor estructural de la relación bilateral, su funcionamiento responde cada vez más a una lógica transaccional que impide a Tokio dar por sentada la estabilidad.

En consecuencia, aceleró una reorientación interna hacia la protección económica. En 2025, Tokio incorporó formalmente el concepto de economic statecraft, entendido como el uso coordinado de instrumentos regulatorios y alianzas externas para resguardar sectores sensibles frente a presiones e injerencias. Este enfoque, que trasciende la política comercial convencional, abarca ámbitos como la ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas y el control de inversiones extranjeras en industrias clave. Un paso decisivo fue la reforma de la Ley de Control de Divisas y Comercio Exterior (Yamazaki, 2026), que habilita incluso la exigencia retroactiva de desinversión en sectores considerados vulnerables, alineando a Japón con los marcos regulatorios más restrictivos adoptados por Estados Unidos y la Unión Europea ante riesgos crecientes para la autonomía industrial.

En lo que respecta al multilateralismo, Tokio ha profundizado su cooperación con la Unión Europea. La 30.ª cumbre bilateral, celebrada en julio de 2025, se desarrolló en un momento de creciente avance de centralización económica estatal, debilitamiento de instituciones globales, y uso cada vez más frecuente de la coerción económica. Ante esta evolución, ambas partes reafirmaron su compromiso con un orden basado en normas y anunciaron la creación de la Alianza de Competitividad (European Commision, 2025a), orientada a diversificar el acceso a minerales críticos y a proteger sus capacidades industriales en un entorno comercial cada vez más politizado.

Por otra parte, el diálogo trilateral entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, lanzado en la Cumbre de Camp David de 2023, sigue en pie, aunque su proyección a medio plazo no está exenta de dudas. Los recientes cambios de liderazgo en los tres países, sumados a las heridas históricas que persisten entre Tokio y Seúl, obligan a manejar con cautela cualquier expectativa de consolidación automática. De ahí la necesidad de dotar a este formato una mayor interacción, especialmente en lo que concierne a los temores compartidos como las provocaciones de Corea del Norte, la presión creciente de China sobre Taiwán y el mar de China Oriental, o la seguridad de las principales rutas marítimas. Su continuidad dependerá, en última instancia, de la capacidad de los tres países para sostener una agenda operativa común que vaya más allá de las declaraciones, incluyendo ejercicios conjuntos, coordinación tecnológica, intercambio de inteligencia y un diálogo político constante (Kanodia, 2025).

Por contraste, la relación con India ha seguido ganando solidez a lo largo de 2025. La cooperación en defensa, innovación e infraestructuras ha avanzado de forma constante, como reflejó la 15.ª Cumbre Anual India-Japón celebrada en Tokio, que culminó con la adopción de una Visión Conjunta para la Próxima Década estructurada en ocho áreas prioritarias. Japón anunció, además, una proyección de inversiones en India de hasta 68.000 millones de dólares para 2035. Iniciativas como el ejercicio militar combinado Dharma Guardian (Eldon, 2025), o el avance del tren de alta velocidad entre Mumbai y Ahmedabad ilustran una asociación que se traduce en hechos. Ambos países reiteraron su compromiso con un Indo-Pacífico libre y abierto y con el QUAD, junto con Estados Unidos y Australia, entendido como un espacio de coordinación flexible más que como un esquema de alineamiento excluyente.

En conjunto, Japón ha iniciado una reconfiguración profunda de su proyección exterior. Sin romper con sus alianzas tradicionales, ha optado por una adaptación pragmática que combina mayor margen de decisión, refuerzo de capacidades internas y una ampliación selectiva de sus socios. A partir de este año, el mandato histórico de la primera ministra Takaichi —que consolida su capacidad legislativa tras la contundente victoria electoral— le permitirá impulsar reformas mayores de largo alcance.

India: diversificación y no alineamiento flexible

A lo largo de 2025, la política exterior india ha transitado un terreno arduo, atravesado por presiones externas, desafíos regionales y una reafirmación deliberada de su política de «no-alineamiento flexible» en un contexto poco estable. Nueva Delhi ha vuelto a apoyarse en una tradición de «autonomía estratégica» que, como ha señalado la analista del Instituto Brookings Tanvi Madan (Madan, 2026), practicó mucho antes de que el concepto fuera incorporado al vocabulario europeo. Esta lógica le ha permitido sostener relaciones funcionales —aunque desiguales y complejas— con actores tan distintos como Estados Unidos, China, Rusia o los Emiratos Árabes Unidos, sin renunciar a su margen de maniobra. Durante 2025, el gobierno de Narendra Modi operó bajo un esquema de multialineamiento cuidadosamente calibrado, reforzando vínculos selectivos, conteniendo presiones regionales y proyectando una narrativa diplomática apoyada en la idea de Vishwabandhu («amigo del mundo»).

2025, India despierta a la realidad Trump 2.0

El inicio del año supuso para la India un vuelco imprevisible en la relación bilateral con Estados Unidos. Washington impuso aranceles del 50% sobre productos clave de exportación india, como textiles y químicos, los más elevados junto con los aplicados a Brasil. El golpe fue especialmente brusco dado la naturaleza de las relaciones bilaterales: en la última década, ambos países habían construido una cooperación creciente en defensa, tecnología y seguridad económica, impulsada en gran medida por la preocupación compartida ante el ascenso de China. Aunque el diálogo político no se interrumpió —y Modi mantuvo varias conversaciones telefónicas con Trump—, las negociaciones comerciales se estancaron cuando Nueva Delhi se negó a abrir su mercado agrícola y rechazó reconocer un papel mediador a Donald Trump en la crisis con Pakistán. A ello se sumaron gestos de alto impacto simbólico: Trump calificó a la economía india de «economía muerta» y recibió con honores al general Munir, jefe del ejército pakistaní, tras un grave atentado en Cachemira. En India, estos episodios fueron leídos como una señal inquietante de pérdida de centralidad en las prioridades de Washington.

Pese a este endurecimiento del tono político, la cooperación en defensa, seguridad y tecnología han seguido avanzando. La visita del ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, y del jefe de la Marina india a Estados Unidos confirmó la persistencia de los canales de diálogo (GK Today, 2026). Aunque la cumbre de líderes del Quad ha sido postergada, el formato ha mantenido su relevancia a través de reuniones técnicas y grupos de trabajo centrados en el terrorismo, la inteligencia artificial y las cadenas de suministro, reflejando la voluntad compartida de preservar espacios de cooperación incluso en un contexto bilateral más áspero.

Finalmente, las declaraciones de Donald Trump en febrero, anunciando que Estados Unidos reducirá los aranceles al 18% a cambio de que India limite la compra de petróleo ruso, parece que ha encauzado de nuevo la relación bilateral. No obstante, en ausencia del texto del acuerdo, resulta difícil determinar los compromisos asumidos por Modi. Tampoco puede descartarse que el acuerdo comercial firmado por India y la Unión Europea en enero haya influido en la decisión de la administración Trump de zanjar esta cuestión.

En el plano económico, se temió que los aranceles estadounidenses pusieran en peligro la narrativa de la India como alternativa manufacturera a China, y potencial beneficiario del China+1¹. Sin embargo, el impacto fue menor de lo esperado. La economía mostró una resiliencia notable y el crecimiento estimado para 2025-2026 alcanzó el 7,4%, por encima incluso del rango proyectado por el propio Gobierno. Este desempeño se apoyó en una combinación de reformas internas en los ámbitos fiscal, laboral y de inversión, que amortiguaron el efecto de las presiones externas y reforzaron la confianza en la trayectoria de crecimiento del país (Nikkei Asia, 2026).

De igual modo, la administración de Narendra Modi ha impulsado una apertura gradual de la economía india que, en el ámbito de las relaciones con la Unión Europea, culminó con la firma de un histórico acuerdo de libre comercio a comienzos de 2026. Un tratado que se suma a los ya alcanzados con Australia, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido. Si bien las negociaciones se iniciaron en el 2007, suspendieron en 2013 y reanudaron en 2022, la presión arancelaria ejercida por del presidente Trump ha actuado como catalizador y acelerado su conclusión: la UE renunció determinadas exigencias medioambientales que suponían una traba en la negociación y evitó adentrarse en terrenos regulatorios controvertidos. Además del acuerdo comercial -aún pendiente de ratificación por el Consejo y el Parlamento Europeo, así como por el Parlamento indio- ambas partes pactaron una asociación en defensa y seguridad, lo que sitúa la relación bilateral en un horizonte de cooperación estratégica a largo plazo.

El entorno regional fue en 2025 el principal vector de inestabilidad para India. La relación con Pakistán volvió a deteriorarse de forma abrupta tras un atentado en la Cachemira india que causó la muerte de veintiséis civiles y que Nueva Delhi atribuyó a grupos armados respaldados desde territorio pakistaní. La respuesta fue rápida y deliberadamente escalonada: suspensión temporal del Tratado de las Aguas del Indo, cierre de pasos fronterizos, retirada parcial de personal diplomático y restricción del régimen de visados. En mayo, la denominada Operación Sindoor elevó el nivel de confrontación mediante un operativo aéreo nocturno de gran envergadura —con la participación de más de un centenar de aeronaves— que incluyó ataques contra infraestructuras identificadas por India como campamentos terroristas y objetivos militares en Pakistán.

Aunque posteriormente se alcanzó un alto el fuego, acompañado por el intercambio de prisioneros y la reanudación de vuelos comerciales, el episodio volvió a poner en evidencia la fragilidad del equilibrio de seguridad en Asia del Sur. La implicación indirecta de China (Shah y Patel, 2025) —a través de su respaldo político y del suministro de aviones de combate J-10C a Islamabad— añadió una capa adicional de preocupación para Nueva Delhi.

También se produjo un deterioro en el flanco oriental. Las relaciones con Bangladés sufrieron giro inesperado tras la caída del Gobierno de Sheik Hasina y huida de la primera ministra a la India. Su sucesor interino, el nobel Muhammad Yunus, ha iniciado una política de mayor acercamiento a Islamabad y Pekín, incluyendo conversaciones para la compra de cazas JF-17, coproducidos con China (Sayeed, 2026). Este acuerdo podría pautar un punto inflexión en las relaciones con Bangladés, tradicionalmente más cercano a la India.

En sentido contrario, uno de los movimientos más significativos ha sido el acercamiento a Afganistán. La visita del ministro de Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, y el anuncio de elevar la oficina diplomática india en Kabul al rango de embajada (Bajpaee, 2025), podría facilitar a Nueva Delhi contener la influencia de Pakistán, si bien la propia naturaleza del espacio afgano, históricamente conflictivo y con alianzas establecidas, limitan el margen de maniobra.

Consciente de la convergencia sino-pakistaní contra sus intereses regionales, India comenzó a explorar vías indirectas de compensación. Una de las más reveladoras ha sido el fortalecimiento de sus vínculos económicos y tecnológicos con Taiwán, convertido en un socio discreto pero cada vez más relevante. En 2024, el comercio bilateral superó por primera vez los diez mil millones de dólares (D´Souza, 2025) y, en pocos meses, se cerraron acuerdos clave en semiconductores, inteligencia artificial y cadenas de suministro, en sintonía con las iniciativas Act East y Make in India. Aunque Nueva Delhi no reconoce formalmente a Taipéi, la intensidad y densidad de estos intercambios sugieren una relación gestionada, en la práctica, como si se tratara de un Estado soberano. Al mismo tiempo, reflejan un interés claro en preservar el statu quo en el estrecho de Taiwán, dado que cualquier alteración tendría costes económicos y tecnológicos elevados para India.

De forma complementaria, Nueva Delhi ha preservado su relación con Rusia, incluso bajo la presión sostenida de las potencias occidentales tras la guerra en Ucrania. Esta postura responde a un cálculo cuidadoso. Por un lado, India ha comenzado a buscar alternativas que le permitan reducir su dependencia tecnológica y militar de Moscú, apostando por una mayor diversificación de proveedores en defensa y energía, una tendencia que previsiblemente se afianzará a partir de 2026. Por otro, la ratificación del Acuerdo Logístico Militar Recíproco (RELOS) ha permitido mantener un nivel elevado de cooperación operativa, al facilitar el acceso mutuo a instalaciones navales y espacio aéreo y otorgar mayor flexibilidad en ejercicios conjuntos y despliegues regionales (Divya A, 2025), incluidos los ejercicios Zapad con Rusia y Bielorusia que simulaban una guerra con los países de la OTAN en septiembre de 2025.

Las razones de fondo siguen pesando. Más del 60 % del arsenal indio es de origen ruso o soviético; Moscú ha sido durante décadas un respaldo diplomático clave en el Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente en cuestiones vinculadas a Cachemira y el acercamiento creciente entre Vladimir Putin y Xi Jinping introduce un factor adicional de cautela para Nueva Delhi. En este contexto, la relación con Rusia no responde a una afinidad ideológica ni a una apuesta de largo plazo sin matices, sino a la necesidad de gestionar herencias estratégicas mientras se construyen alternativas viables.

India-Emiratos Árabes Unidos: proyección compartida

En 2025, India y los Emiratos Árabes Unidos tradujeron su acercamiento sostenido a resultados concretos. Alineados en plataformas como el I2U2 (India-Israel-UAE-U.S.) y el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa, ambos países han construido su relación sobre el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), firmado en 2022. Un año después, el comercio bilateral alcanzó los 88.000 millones de dólares, situando a los Emiratos como tercer socio comercial y cuarto mayor inversor en India (Gupta y Joshi, 2025). Más allá de las cifras, la relación se apoya en una convergencia clara de prioridades: diversificación económica, capital humano, tecnología y cooperación multilateral.

La celebración, en diciembre, de la 16.ª Comisión Conjunta India-UAE y del quinto Diálogo Estratégico Bilateral, copresididos por los ministros de Exteriores S. Jaishankar y Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, escenificó esta nueva fase. En esos encuentros, ambas partes adoptaron una agenda «orientada a la acción» (Ani, 2025), con énfasis en áreas como el comercio no petrolero, defensa, conectividad, innovación tecnológica y energía nuclear.

El capítulo energético ocupó un lugar destacado. El acuerdo a catorce años entre ADNOC Gas y la Indian Oil Corporation, que garantiza el suministro anual de 1,2 millones de toneladas métricas de gas natural licuado, permitirá a la India diversificar fuentes energéticas y reducir su dependencia de proveedores tradicionales, como Rusia (Calabrese, 2025). A ello se suma la cooperación en energía nuclear (Kumar, 2025): los Emiratos, que ya generan una cuarta parte de su electricidad a partir de esta fuente, han encontrado en India un socio dispuesto a avanzar en la descarbonización mediante ciencia aplicada, innovación y transferencia de conocimiento.

La dimensión digital reforzará este entramado. El Corredor de Internet EAU-India, facilitará los flujos transfronterizos de datos y estimulará el comercio digital. Siguiendo esta pauta, ambos países avanzan la convergencia regulatoria en ámbitos como la inteligencia artificial y el internet de las cosas. En paralelo, han comenzado a realizar cerca del 10 % de sus transacciones bilaterales en monedas locales, reduciendo la exposición al dólar y ganando margen de maniobra financiera (Kumar, 2025).

La diáspora india constituye un soporte estructural de esta relación. Con más de 3,5 millones de personas, es el mayor colectivo expatriado en los Emiratos y aporta 21 600 millones de dólares en remesas, el 19,2% del total recibido por India, actuando como vínculo económico y social permanente.

La cooperación en seguridad se materializó con la participación conjunta de India y los UAE, junto con Francia, en ejercicios navales en el mar Arábigo, reforzando la interoperabilidad y la protección de espacios clave en el Indo-Pacífico.

Este proceso se superpone a la modernización de las capacidades defensivas de la India. En el 2025, se aprobó la adquisición de armamento por un valor de unos 9.500 millones de dólares (Pandey, 2026). Destacan los sistemas de misiles Barak-8, desarrollados conjuntamente con Israel, que se han consolidado como eje de la defensa aérea de medio alcance. La decisión se ancla en una doble percepción de vulnerabilidad: la persistencia de choques en la frontera con China y la posibilidad siempre latente de una escalada aérea con Pakistán. Este impulso defensivo ha tenido un correlato marítimo en la presentación parlamentaria del Informe sobre el Océano Índico, coordinado por parlamentario Shashi Tharoor. El documento articula una visión coherente: expansión de la presencia naval, refuerzo de las capacidades antisubmarinas y afirmación de India como referente normativo en sostenibilidad marítima.

Concluyendo, en 2025, India se vio en la necesidad de ajustar su política exterior frente a un entorno crecientemente volátil. Los desencuentros con la administración Trump en materia comercial, contrastaron con la continuidad del diálogo estratégico, sobre todo en defensa. La relación con Pakistán volvió a deteriorarse tras un grave atentado en Cachemira, mientras que el apoyo indirecto de China a Islamabad reafirmó la convergencia entre ambos vecinos contra los intereses indios.

Frente a estos desafíos, India adoptó una estrategia de adaptación flexible: sostuvo su asociación con Rusia, aunque con señales de distanciamiento técnico, y profundizó sus vínculos económicos y tecnológicos con los Emiratos Árabes Unidos, Unión Europea, Japón y Taiwán, ampliando así su red de interlocutores sin depender exclusivamente de ninguno.

La política exterior india en 2025 no ofreció rupturas ni giros dramáticos, sino una gestión pragmática de tensiones múltiples. Para 2026, el desafío será mantener esta agilidad.

Emiratos Árabes Unidos: una economía conectora

En los últimos años, los Emiratos Árabes Unidos han afirmado su condición de actor intermedio con creciente capacidad de influencia en Oriente Medio, mediante una política exterior activa, pragmática y altamente especializada. En un entorno regional inestable, el país se ha consolidado como economía bisagra entre Asia, África y Europa, apoyándose en su localización, su músculo financiero y una estrategia sostenida de diversificación.

Aunque la energía sigue ocupando un lugar central, los EAU la han integrado en una agenda más amplia orientada a sectores de alto impacto, como la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, las energías renovables, la cultura y el deporte. Esta proyección sectorial responde tanto a la modernización productiva como a la búsqueda de mayor autonomía en un sistema internacional fragmentado, y se articula con iniciativas como los Acuerdos de Abraham, el grupo I2U2 —junto con India, Israel y Estados Unidos— y el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa, concebido para reforzar la conectividad interregional.

La diplomacia de nicho

El rasgo distintivo de la política exterior emiratí ha sido la institucionalización de una diplomacia de nicho (Chaziza y Lutmar, 2025), capaz de amplificar su influencia más allá de su peso material y de construir una identidad internacional alineada con las narrativas contemporáneas de gobernanza global. Sin modificar su estructura política interna autocrática, los EAU han promovido una imagen de modernidad, eficiencia y apertura, insertándose con notable eficacia en redes normativas tradicionalmente dominadas por democracias liberales y demostrando la adaptabilidad de este modelo a un régimen no democrático.

Desde una lógica multilateral, los Emiratos Árabes Unidos han impulsado una diversificación deliberada de alianzas, evitando dependencias exclusivas de Washington o Pekín y privilegiando esquemas de cooperación flexibles con múltiples socios. Esta orientación ha ganado centralidad tras el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos (Al Ketbi, 2025b). En este escenario, los EAU han visto en la reconfiguración de las cadenas de valor una oportunidad para reforzar su resiliencia económica, atraer inversión y afianzarse como nodo de articulación entre bloques (Al Ketbi, 2025a).

La relación con Estados Unidos se ha profundizado mediante un desplazamiento desde una agenda centrada en la energía hacia áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la infraestructura digital. Las visitas presidenciales de 2025 consolidaron esta transición, materializada en una hoja de ruta de inversión estimada en 1,4 billones de dólares, que incluye la construcción en Abu Dabi del mayor complejo de centros de datos fuera de territorio estadounidense. Este proyecto ha posicionado a los Emiratos como socio tecnológico prioritario de Washington en Oriente Medio. Al mismo tiempo, el acercamiento a la Unión Europea —formalizado en abril de 2025 con el inicio de negociaciones para un acuerdo de libre comercio— refuerza esta estrategia de diversificación (European Commission, 2025b). El proceso, alineado con la Asociación Estratégica UE-Golfo de 2022 y la cumbre UE-CCG de 2024, apunta a liberalizar el comercio, expandir el intercambio digital y cooperar en sectores críticos, sentando las bases para un eventual marco comercial regional.

De modo simultáneo, los Emiratos Árabes Unidos han reforzado su cooperación bilateral con socios europeos clave como parte de su estrategia de diversificación. En febrero de 2025, firmaron con Italia un acuerdo de inversión por cuarenta mil millones de dólares (Rahman, 2025), orientado a sectores como energía, infraestructura, tecnología y defensa, complementado por más de cuarenta acuerdos en ámbitos que incluyen aviación civil, agricultura, gestión del agua, educación, pymes, inteligencia artificial y salud, así como por el compromiso de ampliar la cooperación con terceros socios, especialmente en África. En el mismo período, la relación con Francia se profundizó mediante una convergencia centrada en inteligencia artificial: la Mohamed bin Zayed University for Artificial Intelligence estableció una alianza académica con una institución parisina y ambos gobiernos acordaron la construcción en Francia del mayor centro europeo de inteligencia artificial, con una inversión de hasta cincuenta mil millones de euros. En conjunto, estas iniciativas consolidan a los EAU como un socio europeo de referencia en la transición digital y energética, reforzando su inserción en redes económicas y tecnológicas de alto valor agregado.

En consonancia con esta proyección los Emiratos Árabes Unidos han adoptado un enfoque exterior más asertivo y autónomo, particularmente visible en Oriente Medio y África, guiado por una agenda ideológica definida: contener la expansión del islam político y, en especial, la influencia de la Hermandad Musulmana, percibida como una amenaza directa al modelo estatal que promueve Abu Dabi. Esta orientación se manifiesta con claridad en Yemen (Saba, 2025), donde, pese a la retirada formal de tropas en 2019, Emiratos mantiene una influencia significativa a través del Consejo de Transición del Sur como contrapeso al partido Islah, vinculado a la Hermandad, lo que ha generado fricciones con Arabia Saudita y expuesto tensiones entre aliados. El mismo patrón se observa en el respaldo sostenido al Gobierno egipcio Abdel Fattah al-Sisi desde 2013 y en la adopción de posturas firmes frente a actores que considera aliados al islamismo político, como Turquía y Qatar, incluido el apoyo al boicot contra este último en 2017 y la oposición a la proyección turca en Libia. En África, los EAU han ampliado su presencia mediante una combinación de inversión en infraestructura, cooperación militar y apoyo a actores locales en países como Sudán, Chad y Somalilandia, donde el desarrollo de puertos estratégicos y la presencia en materia de seguridad han consolidado su influencia en el Cuerno de África y reforzado su capacidad de intervención en un espacio clave de competencia regional.

En conjunto, la política exterior de los Emiratos Árabes Unidos funciona como un instrumento de configuración del entorno regional conforme a una visión de orden basada en la centralización del poder, aproximación al secularismo y la contención del islam político transnacional, lo que ha elevado su implicación en escenarios regionales de alta conflictividad. A lo largo de 2025, este enfoque se tradujo en una práctica pragmática orientada a sostener alineaciones flexibles, evitar dependencias unilaterales y emplear la economía tecnológica como vector de proyección de poder, reforzando la ambición de Emiratos de consolidarse como nodo global en este sector. De cara a 2026, el desafío no radica solo en preservar esta posición, sino en que capacidad tendrá de modelar un entorno regional en rivalidad con otros actores, como Arabia Saudita. A ello se suma un escenario imprevisto: la guerra con Irán ha transformado radicalmente la diplomacia pública de los EAU en pocas semanas. Abu Dabi, que había apostado por una distensión cautelosa con Teherán, se ha visto empujada más cerca de las posiciones de Estados Unidos e Israel de lo que hubiera deseado tras los ataques iranies contra su territorio. Más allá de la duración y desenlace de la guerra, en términos de imagen, el principal reto de Abu Dabi será preservar su reputación como entorno estable y seguro para inversores y residentes, puesta en entredicho por los ataques.

El no-alineamiento activo de Brasil

El regreso de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil en enero de 2023 marcó un giro significativo en la proyección internacional del país. Bajo el lema «Brasil está de vuelta» —que evocaba el «America is back» del presidente norteamericano Joe Biden—, Lula expresó no solo una ruptura simbólica con el aislamiento internacional impulsado durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, sino también una clara voluntad de reposicionar a Brasil como un actor influyente en la gobernanza global.

Desde entonces, la política exterior brasileña se ha guiado por principios tradicionales de su diplomacia: el multilateralismo, el apego al derecho internacional, la cooperación Sur-Sur y el protagonismo ambiental. En este ámbito, Brasil ha ha recuperado visibilidad en la agenda climática internacional. La designación de Belém como sede de la COP30 en 2025 y la propuesta del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) (Galarraga, 2025) funcionan tanto como instrumentos de protección de la Amazonía y transición ecológica como mecanismos de reputación en un contexto marcado ante la urgencia ambiental.

Del mismo modo, el Gobierno ha impulsado el retorno activo de Brasil a los principales foros regionales y multilaterales. La revitalización de espacios como la CELAC y UNASUR responde a un esfuerzo por recomponer la integración latinoamericana, mientras que la presidencia del G20 en 2024, la organización de la COP30 y la cumbre del BRICS+ en Río de Janeiro han operado como plataformas para proyectar una imagen de liderazgo del sur global y de defensa de un orden internacional más plural (Ayuso y Gratius, 2024).

Este reposicionamiento se inscribe en una orientación afín al No Alineamiento Activo (ANA por sus siglas en inglés), una adaptación contemporánea del legado del Movimiento de Países No Alineados a un escenario caracterizado por el desplazamiento del eje económico hacia Asia-Pacífico, la expansión del comercio Sur-Sur y la intensificación de la rivalidad entre Estados Unidos y China (Heine, 2025). Lejos de una neutralidad pasiva, este enfoque privilegia la flexibilidad y la evaluación caso por caso, rechazando alineamientos automáticos y promoviendo una participación activa en la redefinición de la arquitectura global. En este escenario, instituciones financieras como el Nuevo Banco de Desarrollo, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura están ofreciendo alternativas al sistema financiero tradicional.

Contradicciones estratégicas y dilemas internos

Sin embargo, estos avances conviven con contradicciones que revelan una brecha entre el discurso y las prácticas. Así, en materia de derechos humanos la posición de Brasil ha sido cuestionada: si bien Lula ha defendido la democracia en Brasil, ha evitado pronunciamientos claros sobre violaciones en regímenes autoritarios como los de Venezuela o Nicaragua.

Del mismo modo, el ámbito económico-energético adolece de una dualidad entre una narrativa «verde» y una política de explotación de hidrocarburos. el hecho de que en 2023 Brasil se consolidase como el principal productor de petróleo en América Latina, con un aumento sostenido en 2024 y 2025², revela la dificultad de conciliar el desarrollo económico, la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.

En el contexto del BRICS+, la inclusión de países con alto peso petrolero como Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos ha elevado el perfil del bloque, pero también ha agudizado sus contradicciones internas, dificultando la construcción de una agenda común.

Equilibrio entre China y Estados Unidos

Uno de los aspectos más delicados de la política exterior brasileña ha sido el navegar la creciente tensión entre Estados Unidos y China, con los que mantiene vínculos estratégicos y económicos relevantes. A lo largo de la última década, China ha ganado terreno como principal socio comercial del país, impulsada por una demanda sostenida de materias primas brasileñas como soja, minerales y petróleo. Esta relación se ha profundizado con inversiones en infraestructura, tecnología y energía, así como con acuerdos en áreas emergentes como la inteligencia artificial y los semiconductores. No obstante, este vínculo asimétrico ha despertado inquietudes por su potencial para perpetuar un modelo económico basado en la exportación de recursos sin suficiente valor agregado, lo que podría limitar el desarrollo industrial de Brasil (Stuenkel, 2025).

En respuesta, el Gobierno ha lanzado iniciativas orientadas a transformar la matriz productiva del país. Entre ellas, destaca la Política Nacional de Transición Energética, presentada en 2024, que busca reducir la dependencia de materias primas y posicionar a Brasil como protagonista en la economía verde global.

La búsqueda de un equilibrio de intereses ha sido patente en decisiones como la autorización condicionada a Huawei para participar en el despliegue del 5G y en la negativa a incorporarse formalmente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Al mismo tiempo, las medidas unilaterales adoptadas en 2025 por Donald Trump —incluidos aranceles del 50%— han reforzado la percepción de vulnerabilidad e incentivando una mayor diversificación de alianzas con la Unión Europea, India y otras economías emergentes.

Ante las limitaciones del BRICS+ como bloque heterogéneo, —agravadas por la inclusión de miembros con regímenes autoritarios y prioridades dispares (Sabatini, 2025)—, Brasil ha optado por fortalecer alianzas bilaterales sobre la base de valores e intereses convergentes. La visita de Lula a Japón en marzo de 2025 ejemplifica esta orientación. Con esta orientación, se firmaron más de ochenta acuerdos, entre ellos el Plan de Acción para la Asociación Estratégica y Global (2025-2030), centrado en sostenibilidad, ciencia, tecnología e innovación (Government of Brasil, 2025). Destacan los compromisos en combustibles, bioenergía, restauración de tierras degradadas y gestión hídrica, así como el objetivo de ampliar el comercio bilateral más allá de los diecisiete mil millones de dólares y de institucionalizar encuentros presidenciales bianuales.

En síntesis, el retorno de Lula ha reactivado la presencia internacional de Brasil mediante una combinación de liderazgo ambiental, cooperación Sur-Sur y defensa de una reforma del orden global. No obstante, persisten tensiones entre discurso y práctica, particularmente en materia ambiental y de derechos humanos, así como el desafío de navegar una rivalidad entre grandes potencias cada vez más intensa, especialmente tras el regreso de Donald Trump y su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, orientada a frenar la influencia china en el hemisferio occidental. La reciente intervención en Venezuela y maniobras en Argentina y Panamá indican que la región enfrentará a mayores presiones. El modo en que Brasil gestione estas contradicciones será determinante para evaluar la solidez y sostenibilidad de su renovada proyección internacional.

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