IEEE. Mauritania, ante los desafíos de la creciente inestabilidad en Mali

Introducción

El grave deterioro de la situación en Mali

Desde el año 2020, la República de Mali se enfrenta a una situación de violencia e inestabilidad que, tristemente, no resulta inédita en sus sesenta años de independencia, con un Gobierno instalado mediante sendos golpes militares, una confrontación étnico-territorial entre norte y sur agravada por el yihadismo, una presencia extranjera desestabilizadora y una economía fuertemente debilitada. En los últimos meses, sin embargo, dicha situación se viene agravando a pasos agigantados, poniendo en riesgo la propia supervivencia del Estado y la estabilidad de toda la región.

Además del permanente pulso independentista desde la región norteña del Azawad, desde finales del año pasado el gobierno de Bamako —ocupado desde 2021 por la junta militar de Assimi Goïta— hace frente a una actividad continua de hostigamiento por parte de la organización terrorista Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin —en árabe, "Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes" (JNIM)—, coalición de varios grupos yihadistas vinculada a Al-Qaeda¹.

En septiembre de 2025, JNIM puso en marcha una estrategia acelerada de derrocamiento del régimen. Como primera medida, llevó a cabo una serie de acciones violentas dirigidas a bloquear el acceso de suministros a la capital, afectando especialmente a las infraestructuras económicas y a los camiones cisterna procedentes de Senegal y Costa de Marfil². La utilización de ataques rápidos y tácticas de guerrilla motorizada contra las principales carreteras y nudos viarios le permitió bloquear de facto las comunicaciones e impedir la reacción a tiempo de las Fuerzas Armadas de Mali (FAMA). Durante meses, el grupo terrorista provocó una verdadera crisis de suministro de combustible, obligando a los ciudadanos a esperar inmensas colas de varios días ante las estaciones de servicio. La respuesta de Bamako, con el despliegue de la operación ‘Fuka Kènè’ («limpieza», en bambara)³, permitió restablecer por momentos la circulación de los suministros, si bien el altísimo coste de los dispositivos de protección y la necesidad de agrupar convoyes de centenares de camiones impedían garantizar de forma mantenida un abastecimiento normal y su distribución segura a las regiones periféricas. De este modo, JNIM lograba conseguir un doble objetivo: no solo asestaba un golpe reputacional al gobierno, asfixiando la economía y revelando su incapacidad para mantener el orden y asegurar el suministro básico de combustible, sino que también obligaba a Bamako a reubicar parte de su contingente militar desde el centro y el norte —donde venían hostigando al grupo terrorista y a los secesionistas—, multiplicando así los frentes de combate.

No en vano, el 25 de abril de 2026, en coordinación explícita con el Frente de Liberación del Azawad (FLA) —milicia independentista del norte—, JNIM ejecutaba varios ataques simultáneos⁴ en seis ciudades principales —Bamako, Kati, Kidal, Gao, Sévaré y Mopti— sumiendo al país en el caos y la violencia. Las primeras informaciones dejaban entrever la gravedad de la embestida: en Kati, periferia de la capital y sede de la Junta, un ataque suicida causaba la muerte⁵ del ministro de Defensa Sadio Camara y la destrucción de varias manzanas; en el norte, el FLA tomaba el control de la ciudad de Kidal —que había sido recuperada en noviembre de 2023, después de una década, por las FAMA y los paramilitares rusos de Africa Corps—; y en Gao, la milicia independentista derribaba un helicóptero del ejército maliense⁶. Incluso el Estado Islámico en el Sahel (EIS), competencia y rival de JNIM, aprovechó el caos para atacar las ciudades de Ménaka y Labbezanga⁷ en el este.

Pese a la reorganización efectuada por Goïta en el seno de las fuerzas de seguridad —asumiendo él mismo la cartera de Defensa—, a la detención de un número indeterminado de figuras militares y civiles por su supuesta participación en los ataques —denunciada como una purga meramente propagandística⁸— y a las operaciones de contraofensiva —sobre todo aéreas— realizadas en los días siguientes, la presión continua de los insurgentes obligaba a las FAMA y sus aliados del Africa Corps a retirarse de la base de Tessalit, cerca de la frontera con Argelia, el 1 de mayo.

Posteriormente, JNIM mantuvo sus ataques en el centro-oeste del país⁹, preludio de las operaciones militares —y de narrativa— de ambos bandos que continuaron de nuevo en el norte hasta bien entrado el mes de julio, cuando los rebeldes asediaban la estratégica ciudad de Anefis¹⁰ (en el eje Gao-Kidal).

Aunque en el momento de redactar este documento la contienda parece estabilizada, con el intercambio de varios grupos de prisioneros durante el mes de agosto, lo cierto es que la ofensiva JNIM-FLA ya ha puesto en jaque tanto la estabilidad del régimen maliense como la de sus propias estructuras de apoyo: por un lado, el éxito de los ataques cuestiona la eficacia antiterrorista del contingente ruso de Africa Corps, en el que el régimen se ha gastado cerca de mil millones de dólares¹¹ y sobre el que, pese a todo, el propio Goïta aún mantendría su confianza. Por otro lado, también suscita el debate sobre la operatividad de la Alianza de Estados del Sahel (AES) y su dificultad para reunir y financiar la prometida fuerza antiterrorista de hasta quince mil efectivos que acordaron sus miembros¹² —Mali, Burkina Faso y Níger—. Pero, en definitiva, lo que realmente pone en duda la campaña JNIM-FLA es la credibilidad de la Junta y su capacidad de recuperar el control de todo el país y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Es precisamente ese aspecto —la incumplida promesa de seguridad esgrimida en 2020 por la junta golpista para legitimar su ascenso al poder— el que trata de explotar el novedoso tándem JNIM-FLA, si bien cada organización esgrimiría un propósito diferente: el FLA persigue un objetivo eminentemente político —recuperar el control del Azawad— y apela a la convergencia de todas las fuerzas que se oponen a la Junta, de forma que en una eventual mesa de negociación post-régimen el Frente pueda invocar sus pretensiones de autodeterminación; por su parte, el JNIM, dada su aparente incapacidad actual de dirigir un país o controlar amplias zonas urbanas, busca promover a toda costa el descrédito y caída de la Junta, para consolidarse en Mali y expandir la insurgencia por la región saheliana.

Hay, sin embargo, quien apunta que el grupo yihadista sí que buscaría protagonizar su propia «vía siria», emulando la operación de acceso al poder de otro ex grupo terrorista como Hay'at Tahrir al-Sham (el ex Frente al-Nusra afiliado a Al Qaeda), quizás mediante un proceso similar de ‘desyihadización’ y legitimación internacional al seguido por el actual régimen de Damasco¹³.

En cualquiera de los casos, Mali atraviesa un grave momento de incertidumbre e inestabilidad susceptible de sumergir en el caos a la ya turbulenta región del Sahel, pero también, si no se pone freno, de contagiar a sus vecinos del Magreb. Entre ellos, Mauritania es la que, por ahora, corre un riesgo más directo, tanto por su amplia frontera común, siempre fuente de enfrentamientos, como por su exposición al terrorismo yihadista y por alojar a un volumen creciente de migrantes malienses que huyen de la violencia y el caos. Exploramos a continuación cómo afronta el país tales desafíos y por qué mantener su estabilidad es del máximo interés para España.

Nuakchot-Bamako: una tortuosa relación diplomática

Mauritania se ve profundamente afectada por todo aquello que suceda en Mali, país con el que comparte, al este y al sur, más de 2.200 kilómetros de frontera, mayoritariamente desértica y ocasionalmente mal delimitada. Esa larga y porosa frontera hace que la principal preocupación de Mauritania hacia Mali sea la seguridad de sus ciudadanos, amenazada en los últimos tiempos por un vecino problemático.

La reacción de Mauritania a los golpes de Estado de 2020 y 2021 fue más pragmática y calmada que la de otros países del entorno, pues si bien desde la presidencia del G5-Sahel¹⁴ reclamó el retorno al orden constitucional, en realidad, Nuakchot evitó enemistarse con la junta golpista, dada su condición de sede central de la organización y su necesidad de colaborar precisamente en aspectos de seguridad regional. Sin embargo, la relación con el régimen no ha estado exenta de choques diplomáticos y de tensión entre ambas capitales, especialmente desde el ascenso al poder de Assimi Goïta y la llegada de los paramilitares rusos del Grupo Wagner/Africa Corps (y consiguiente salida de las tropas francesas e internacionales). En 2022, la ejecución de veintinueve mauritanos en la región maliense de Ségou¹⁵ provocó un primer episodio de crisis diplomática, posteriormente saldada gracias a la firme voluntad de Nuakchot de mantener los canales de comunicación abiertos.

No en vano, el gobierno mauritano mostró en repetidas ocasiones su solidaridad y amistad durante los bloqueos de JNIM en 2025: el ministro de Exteriores mauritano visitaba a Goïta en el mes de octubre¹⁶, el propio presidente Ghazouani expresaba en noviembre su solidaridad y su deseo de apoyar a sus «hermanos malienses»¹⁷ y el ministro del Interior instaba en diciembre a las administraciones fronterizas a tener en cuenta la difícil situación que atravesaba Mali¹⁸.

Sin embargo, la tensión ha ido in crescendo en los últimos meses debido a nuevos incidentes diplomáticos: en febrero y marzo, se informó de sendos episodios de ejecución de personas procedentes de Mauritania por parte de miembros de las FAMA y efectivos rusos en la región maliense fronteriza¹⁹; después, Mali acusó a grupos terroristas del secuestro de dos de sus soldados en los campos de refugiados de M’Berra en Mauritania, acusación firmemente rechazada por Nuakchot²⁰; y, a finales de mes, dos pastores mauritanos por un lado, y tres mauritanos y un maliense por otro, eran asesinados por una «fuerza armada» en localidades fronterizas²¹ (sin que esté claro de qué lado exactamente).

Aunque recientemente Nuakchot ha vuelto a asumir la iniciativa en pos de la distensión, enviando al ministro de Defensa a reunirse con Goïta en junio²², los múltiples desencuentros hacen que las relaciones sigan siendo delicadas, motivo por el que Nuakchot ha prohibido por el momento a sus ganaderos atravesar la frontera maliense con sus rebaños²³.

La lucha híbrida contra el terrorismo

Pese a las tiranteces, Mauritania condenó expresamente y de forma inmediata los ataques de JNIM-FLA de abril, expresando su solidaridad con Mali y manifestando su preocupación por el deterioro de la situación. La proliferación del terrorismo en el vecino maliense es otra gran preocupación para el gobierno mauritano, debido al potencial riesgo de infiltración de JNIM en el interior de sus fronteras si consiguen consolidarse en Mali. En este sentido, se ha señalado que el objetivo a corto plazo del grupo terrorista sería utilizar a Mauritania como fuente de reclutamiento y financiación, pero con visos a expandirse por el país y desestabilizarlo después de un eventual derrumbe del régimen de Bamako²⁴.

Ciertamente, Mauritania no sufre ningún atentado terrorista desde el año 2011, tras atravesar un lustro de violentos ataques —con numerosas muertes— y secuestros de extranjeros —incluidos cuatro cooperantes españoles liberados tras el pago del rescate exigido²⁵—. Para el gobierno de Nuakchot, este destacable éxito se debe a una Estrategia nacional²⁶ antiterrorista innovadora, bien reflexionada y plasmada —a diferencia de los países de su entorno— en un documento específico. Dicha estrategia, en vigor desde el año 2012 —aunque modernizada e implementada con varias hojas de ruta desde entonces—, plantea una acción antiterrorista basada en tres pilares fundamentales: religioso-sociocultural (preventivo), securitario-militar (represivo) y jurídico-diplomático.

En el primer plano, el gobierno mauritano pone especial énfasis en prevenir la radicalización religiosa que conduce al yihadismo terrorista. Para ello, controla de forma estrecha la formación y el discurso religioso, tratando de evitar la propagación de una manipulada visión del islam tendente a la violencia. Con tal fin, no solo ha procedido a monitorizar más estrechamente las mezquitas y las mahdras (escuelas coránicas tradicionales nómadas), sino que ha implicado a los ulemas (estudiosos islámicos) en sucesivos procesos de diálogo nacional y debate teológico destinados a derrumbar los fundamentos del radicalismo y contrarrestar la ideología salafista violenta. De este modo, se han celebrado varias conferencias internacionales de paz, con presencia de destacados eruditos internacionales y líderes religiosos —incluyendo al maliense Mahmoud Dicko²⁷, opositor a la Junta militar y hoy exiliado en Argelia—.

En ese proceso de batalla ideológica, además, promueve la reinserción social de algunos ex-yihadistas: los últimos presidentes —incluido el propio Ghazouani, recientemente²⁸— han adoptado medidas de indulto en favor de antiguos militantes, normalmente sin condenas por asesinato, a cambio de involucrarse en un proceso de desradicalización —mediante entrevistas con imanes y formación laboral— que no solo les permita reintegrarse en la sociedad, sino que además representen un ejemplo para nuevos jóvenes en riesgo de sumarse a las filas de la yihad. En efecto, las autoridades tratan de bloquear, con estos procesos de re-educación y reinserción socio-religiosa, los supuestos «agravios» esgrimidos por los reclutadores yihadistas, basados en la denuncia de los gobiernos no salafistas como «apóstatas»²⁹ por colaborar con Occidente, por marginar a minorías étnicas o religiosas o por perseguir al «verdadero» islam.

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que Mauritania es una República Islámica en la que predomina de forma abrumadora —como en la mayor parte del Magreb— el sunismo de orientación malikí y que está profundamente marcada por el sufismo —fundamentos de una interpretación eminentemente pacífica del islam—, lo que ha dificultado tradicionalmente el arraigo de otras corrientes islámicas más tradicionales o rigoristas —pese a su presencia e impulso en el país a partir de los años 60 debido a la influencia de los fondos del Golfo³⁰—. Sin embargo, las soflamas del salafismo y su proliferación posterior a través de medios no tradicionales —internet, redes sociales— sí tuvieron cierta acogida entre 1984 y 2005 (bajo el régimen de Maaouya Ould Taya)³¹, cuando algunos jóvenes se vieron atraídos por versiones más radicales o violentas del islam, especialmente aquellos segmentos de la población marginados o menos representados, individuos empobrecidos y con reducidas oportunidades o procedentes de espacios donde el intercambio migratorio es más importante.

Ahora bien, dado que el factor estrictamente religioso no sería actualmente la única motivación para integrar los grupos terroristas³², el gobierno mauritano también busca evitar el reclutamiento mediante una mejora de las condiciones socioeconómicas de los grupos desfavorecidos y susceptibles de integrar las filas yihadistas. Para ello, se están llevando a cabo políticas de empleabilidad, así como la construcción de pozos en regiones fronterizas —financiados por la UE—, con el fin adicional de promover la sedentarización de poblaciones nómadas³³ y, con ello, mejorar el control de dichos flujos de población entre los que podrían infiltrarse elementos terroristas.

En segundo lugar, el plano militar-securitario constituye el tradicional vector de la lucha antiterrorista. En este aspecto, la estrategia mauritana combina tres tipos de capacidades: por un lado, el refuerzo y modernización de las labores de inteligencia, ejercidas principalmente por los servicios de la Dirección General de la Seguridad Nacional (DGSN), la Dirección General de Seguridad Exterior y Documentación (DGSED), así como las unidades especializadas de otros entes como la Gendarmería Nacional, la Guardia Nacional, Aduanas o el Ejército. En este dominio, además, la recopilación de información se aprovecha de una extensa red de informadores ciudadanos, pero también del hecho de que la sociedad mauritana tenga una marcada pertenencia étnica, lo que dificulta el movimiento de elementos extranjeros y revela los movimientos sospechosos, especialmente los intentos de infiltración en poblaciones de frontera³⁴.

Por otro lado, el gobierno mauritano ha empleado grandes esfuerzos en la modernización y ampliación de las capacidades de las fuerzas armadas en la protección de las fronteras y frente al terrorismo. Así, se ha puesto énfasis en el despliegue de fuerzas especiales terrestres de gran movilidad dotadas de apoyo logístico y aéreo: por un lado, la creación en 2017 de los Grupos de Acción Rápida Vigilancia e Intervención (GARSI), fruto de un proyecto dirigido por la Guardia Civil —en asociación con la Gendarmería Nacional Francesa, la Guardia Nacional Republicana de Portugal y el Arma de Carabineros de Italia—, dirigido a replicar unidades operativas con una estructura, medios y competencias similares al Grupo Acción Rápida (GAR) de la Benemérita³⁵.

Por otro lado, dichas unidades trabajan en coordinación con los Grupos Nómadas (Méharistes) de la Guardia Nacional, que son unidades ligeras a dromedario —dotadas recientemente de drones que amplían su radio de vigilancia³⁶— que no solo combaten los grupos terroristas sino que incrementan de forma más discreta la movilidad operativa con el doble objetivo de (i) recopilar inteligencia de los poblados fronterizos que visitan de forma regular y (ii) materializar la presencia del Estado en dichas zonas —a las que proveen de suministros— con el fin de recuperar la confianza de las poblaciones y evitar la instalación de elementos radicales o yihadistas³⁷.

Además, el plano securitario-militar se basa en la implantación de medidas de control del extenso territorio, imprescindibles para la vigilancia y gestión efectiva de amplísimas zonas desérticas. Así, la propia Estrategia Nacional se refiere a la instalación de puestos fronterizos cada cien kilómetros —de media—, la instauración de una gigantesca zona de exclusión militar en la franja fronteriza con el Sáhara Occidental, Argelia y Mali, la introducción de elementos tecnológicos y biométricos en los documentos identificativos, o un mayor rigor en la concesión de visados a extranjeros³⁸.

En un tercer plano, la estrategia antiterrorista mauritana atribuye una gran importancia a la labor desempeñada en el plano jurídico y diplomático. Así, el país cuenta con una ley antiterrorista, vigente desde 2010, que no solo tipificó hasta veinte tipos de delitos relacionados con el terrorismo, sino que agravó las penas, flexibilizó las normas de procedimiento, estableció reglas de imprescriptibilidad y reforzó la acción de los jueces. Además, el marco jurídico se complementa con el ataque directo a las fuentes de financiación de los grupos yihadistas mediante un incremento de los recursos para combatir el blanqueo de capitales y el establecimiento de una autoridad específica. En este plano jurídico, la estrategia considera fundamental promover la cooperación policial y judicial internacional, de un modo que permita la compartición de datos de inteligencia entre países, la detención y extradición de terroristas, y la institucionalización de plataformas judiciales eficaces con otros países. Para ello, Mauritania se ha venido adhiriendo a un gran número de iniciativas internacionales y ha ratificado trece de los diecinueve instrumentos internacionales de la ONU contra el terrorismo, así como la Convención de la OUA (hoy Unión Africana) sobre la Prevención y la Lucha contra el Terrorismo de 1999 y su protocolo de 2004.

La avalancha migratoria

La tercera gran derivada de la inestabilidad en Mali es la amenaza migratoria. De hecho, aunque el país viene recibiendo grandes contingentes de malienses desde 2012 —huyendo entonces de los enfrentamientos durante la revuelta tuareg y el golpe de Estado subsiguiente, así como de los terroristas de Ansar Dine—, lo cierto es que la enorme violencia ejercida en los últimos tiempos sobre la población civil por parte de todos los contendientes —FAMA, Wagner/Africa Corps, independentistas, yihadistas— ha provocado un aumento exponencial de las llegadas. Así, en los dos últimos años, con las ofensivas gubernamentales sobre el Azawad y los ataques yihadistas en el centro y sur de Mali, se han triplicado las llegadas de migrantes escapando del caos.

La mayoría de los refugiados que escapan como pueden de la extrema violencia se han venido instalando en la región mauritana de Hodh el Chargui, donde se localiza el campo de refugiados de M’Berra. A apenas sesenta kilómetros de la frontera, este inmenso campo de cabañas inicialmente planteado para setenta mil personas acoge a más de ciento veinte mil refugiados registrados⁴⁰, con otros ciento setenta mil instalados en sus alrededores. En total, según datos del gobierno mauritano, el país acogería actualmente unos cuatrocientos mil refugiados malienses⁴¹, de los que casi la mitad serían solicitantes formales de asilo por la situación de violencia en la que se encuentra su país de origen.

Aunque el gobierno mauritano se muestra solidario con la situación de sus vecinos malienses y dispuesto a ayudar al inmenso contingente refugiado en su territorio, el tsunami migratorio recibido en los últimos dos años pone en serio riesgo su propia estabilidad interna, además de generar interrogantes en el exterior sobre su capacidad de hacer frente a este desafío. En el primer aspecto, hay que tener en cuenta que Mauritania es un país de tan solo 5,4 millones de habitantes (población estimada en 2026), que principalmente habitan en zonas urbanas de la costa atlántica y del sur, y en el que más de la mitad (56,9%) viven en situación de pobreza multidimensional⁴². La población maliense refugiada representa, por tanto, alrededor del 7,5% de la población del país, porcentaje que aumenta a más del 35% en una región árida y desfavorecida como Hodh el Chargui⁴³. Dicha presencia masiva no solo tensiona enormemente la atribución de recursos por parte del Estado, sino que podría eventualmente degenerar en fricciones e incluso violencia por parte de la población local, ya sujeta a privaciones y limitaciones a sus actividades tradicionales de pastoreo debido al bloqueo de las fronteras. Además, la gestión de un contingente tan enorme de personas resulta extremadamente compleja y, aunque apoyada por una red de organizaciones internacionales coordinadas por ACNUR, está expuesta a incidentes y conflictos de todo tipo, incluyendo el traslado de las reivindicaciones políticas a los campos de refugiados.

El país también se ve presionado sobre su adecuada gestión migratoria por parte de sus socios internacionales, en particular la Unión Europea, que observa a Mauritania como un aliado fundamental en la lucha contra la inmigración ilegal. La Comisión Europea y varios Estados miembros (entre ellos, España), en el marco del nuevo Pacto por la Migración, pretenden fomentar una política de retención en origen, contribuyendo con recursos económicos y humanos a que países como Mauritania sean capaces de controlar sus poblaciones y evitar que migren hacia Europa. Esta política parece estar dando sus frutos, pues la cantidad de migrantes que utilizan la vía atlántica se ha reducido enormemente desde la visita al país de la presidenta Von der Leyen y el presidente Sánchez a principios de 2024, en la que prometieron un paquete de ayudas de más de quinientos millones de euros⁴⁴. En efecto, desde el récord histórico de llegadas a las islas Canarias de 2024 (con casi cuarenta y siete mil personas), en 2025 la cifra cayó un 60% y, en los seis primeros meses de 2026, otro 70% respecto al año anterior⁴⁵. Gran parte del descenso se debe, aparentemente, a la intensificación de los controles internos de documentación, que llevaron a la detención en 2025 de hasta treinta mil migrantes⁴⁶ que fueron conducidos a centros de acogida temporal —financiados por la UE— o devueltos a sus países de origen. Ahora bien, este endurecimiento de la persecución no ha estado exento de críticas desde el exterior, ya sea por parte de ONGs que denuncian el supuesto tratamiento inhumano de los migrantes por las autoridades —HRW acusó de graves violaciones de derechos humanos, aunque reconoció los recientes «avances» en su protección⁴⁷— como por parte de otros países vecinos como Senegal o Mali, que han criticado las condiciones de detención y devolución de sus nacionales en varias ocasiones⁴⁸.

Conclusión

Mauritania disfruta de un periodo de estabilidad tanto en lo político —desde la llegada al poder del presidente Ghazouani— como en lo relativo a la seguridad —como demuestra la ausencia de ataques terroristas desde el año 2011—. En lo económico, atraviesa igualmente una etapa prometedora, gracias a su riqueza minera y —recientemente— energética y su clara disposición a incrementar la inversión extranjera. En el plano internacional, mantiene una postura de «neutralidad positiva» en lo regional, que le permite congraciarse tanto con Marruecos como con Argelia, mientras que en lo global tiene cierta tendencia a acercarse a Occidente (socio estratégico de la UE, parte del Diálogo Mediterráneo OTAN, miembro de la Unión por el Mediterráneo, etc.), así como a los países del Golfo e islámicos, si bien no renuncia a trabajar con China y Rusia, especialmente en el plano económico.

Toda esta pirámide de estabilidad construida durante los últimos años se ve amenazada de derrumbe por la grave situación en la que se encuentra su vecina Mali, que no solo ha perturbado seriamente las relaciones diplomáticas bilaterales, sino que plantea un desafío mayúsculo para su seguridad, tanto por la eventual penetración del terrorismo como por las tensiones derivadas de una migración masiva de malienses hacia su territorio y la alteración consiguiente de las dinámicas locales.

La estabilidad de Mauritania es crucial para España y la Unión Europea. Primero y, ante todo, por el desafío migratorio: como se ha explicado, el país sahelo-magrebí recibe un contingente creciente de malienses huyendo del conflicto que representa ya un porcentaje importante de su población y que se suman a los cientos de miles de migrantes ya presentes procedentes del resto del Sahel y la región subsahariana. La colaboración en este sentido entre Madrid y Nuakchot, a través de la dedicación de recursos financieros, humanos y materiales, está siendo fructífera, aliviando considerablemente la saturadísima vía atlántica que colapsaba las islas Canarias. En consecuencia, conviene mantener y reforzar ese nivel de cooperación, si bien acompañándola de instrumentos de rendición de cuentas sobre el tratamiento adecuado de los migrantes y la suficiencia de los centros de acogida financiados por la UE.

Mauritania constituye igualmente un socio esencial como freno al empuje terrorista que se propaga en el Sahel. España debería potenciar la estrategia híbrida implementada por Mauritania desde 2012, dotarla de medios, recursos financieros y formación, tratando de repetir experiencias claramente exitosas como la creación de los GARSI, además de participar en otras iniciativas de vigilancia de territorios extensos. Ahora bien, resulta clave mantener un intercambio fluido de inteligencia, lo que ha de incluir la debida transparencia sobre el éxito o fracaso de cada proceso individual o colectivo de reinserción social e indulto de ex yihadistas, de forma que puedan ser monitorizados y, lógicamente, evaluados debidamente en caso de solicitar su entrada en nuestro país.

Y es que por mucho que sorprenda, la frontera mauritano-maliense se encuentra tan solo a ochocientos kilómetros de la isla de Fuerteventura. Comparativamente, se trata de la misma distancia que separa las ciudades de Sevilla y Barcelona, mientras que, por ejemplo, Ucrania se encuentra a más de dos mil kilómetros. Por tanto, la cercanía de dos graves amenazas como el terrorismo y la migración masiva, susceptibles de extenderse hacia nuestro país ante el caos que inunda Mali, debe ser tratada con la prioridad que merece por parte de nuestras autoridades. Ello implica, necesariamente, privilegiar y darle la máxima importancia a la relación con nuestro socio mauritano, reforzando sus estrategias de lucha antiterrorista y gestión de la migración, pues de ello dependerá, en el actual escenario global, nuestra propia seguridad.

Las ideas contenidas en estos artículos son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente el pensamiento del CESEDEN o del Ministerio de Defensa.