IEEE. Construyendo el «narcoestado»: medios, derecho internacional y la guerra contra las drogas en Colombia y Venezuela

Introducción

La reciente captura del presidente Nicolás Maduro, bajo una operación militar del Gobierno de los Estados Unidos, en territorio venezolano y el resurgimiento del discurso intervencionista estadounidense hacia todo el hemisferio han reavivado un debate que parecía relegado al pasado de la Guerra Fría. Este hecho constituye una clara continuidad de un patrón histórico de intervención justificado bajo el paraguas de la «guerra contra las drogas».

El caso colombiano, con décadas de fumigaciones, operaciones militares conjuntas y asistencia bélica bajo el Plan Colombia, demuestra que esta estrategia no es nueva para la región. Lo revelador reside en que Venezuela, a pesar de su papel marginal en la producción de cocaína y en el tráfico hacia Estados Unidos, ha sido progresivamente incorporada a este mismo marco punitivo mediante narrativas que vinculan el narcotráfico, el terrorismo y la criminalidad estatal.

En este proceso de construcción de amenazas, los medios de comunicación desempeñan un papel central al enmarcar el problema de las drogas como una amenaza externa proveniente del sur global, contribuyendo así a legitimar una distribución asimétrica de la violencia estatal.

Esta dinámica también implica tensiones con el derecho internacional y con las instituciones multilaterales diseñadas para abordar el problema de las drogas, las cuales tienden a quedar marginadas del debate público dominante, aun cuando su relevancia para evaluar la legalidad de las acciones unilaterales es determinante.

Tanto en Colombia como en Venezuela, la aplicación prolongada de esta estrategia no ha logrado reducir de forma sostenible la producción ni el tráfico de estupefacientes, pero sí ha redistribuido la violencia hacia las poblaciones más vulnerables de la región.

Esta constatación plantea una pregunta central: si la eficacia de esta guerra resulta cuestionable en términos de sus objetivos declarados, si su ejecución contraviene el marco institucional existente y si su distribución geográfica es manifiestamente desigual, ¿a qué lógica de poder y a qué modelo de orden regional responde?

Marco teórico

Desde la perspectiva de la economía política crítica, el narcotráfico no constituye una anomalía del sistema económico global, sino una de sus expresiones estructurales. Diferentes autores¹ han documentado cómo las cadenas de valor del narcotráfico reproducen lógicas de acumulación y externalización del riesgo características de otras industrias globales. Por lo cual, las etapas más lucrativas (procesamiento, distribución y consumo) se concentran en los países del norte, mientras que los costos (violencia, encarcelamiento y destrucción ambiental) recaen sobre los países productores y de tránsito del sur.

Esta asimetría se ve reforzada por políticas públicas que priorizan la interdicción en la oferta (erradicación de cultivos, militarización de fronteras) por encima de la reducción de la demanda. Como han señalado Tokatlian² y Youngers y Rosin³, el resultado de este enfoque es una redistribución de la violencia hacia las poblaciones más vulnerables de los países productores, sin que ello se traduzca en una reducción sostenida de la disponibilidad de drogas en los mercados consumidores.

Más recientemente se ha probado que la erradicación forzosa de cultivos ilícitos genera ciclos de replantación, ya que los agricultores no cuentan con alternativas viables⁴. Investigadores han explicado⁵ cómo el programa de sustitución derivado del proceso de paz de 2016 fracasó, ya que los recursos requeridos para el reemplazo de cultivos no fueron efectivos.

En la actualidad, los agricultores vuelven a plantar coca porque esta constituye su única fuente de ingresos estable, con ganancias equivalentes al salario mínimo, pero con la ventaja de contar con compradores constantes. Sin embargo, incluso eso se ha perdido. Los grupos armados ofrecen «protección», pero compran de forma irregular y a mitad del precio, lo que deja a las familias en una situación desesperada y a los jóvenes vulnerables al reclutamiento⁶.

Por otro lado, resulta fundamental situar el análisis en las teorías del encuadre mediático y de la construcción de amenazas, que permiten profundizar en esta problemática. El concepto de encuadre (framing)⁷, aplicado al análisis mediático⁸, permite examinar cómo los medios de comunicación seleccionan, jerarquizan e interpretan los eventos para construir representaciones de la realidad social.

En el campo de la seguridad internacional, este enfoque ha sido utilizado para analizar cómo determinados actores o países son construidos discursivamente como amenazas, lo que legitima respuestas coercitivas⁹.

En el caso de la guerra contra las drogas, el encuadre mediático ha contribuido históricamente a externalizar el problema, presentándolo como una amenaza proveniente de los países productores del sur global¹⁰. Esta construcción discursiva ignora las responsabilidades compartidas en la cadena del narcotráfico y abre la puerta para intervenciones que difícilmente se justificarían bajo otra interpretación.

El tercer eje teórico se sitúa en la intersección entre el derecho y las relaciones internacionales. El principio de soberanía, entendido como el derecho exclusivo de cada Estado a ejercer su autoridad sobre su territorio sin interferencia externa, constituye uno de los pilares del orden de Westfalia y está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas (art. 2.1) y en numerosos instrumentos convencionales.

Su complemento, el principio de no intervención, prohíbe a los Estados interferir directa o indirectamente en los asuntos internos de otro Estado, como ha reafirmado la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua c. Estados Unidos (1986).

Sin embargo, la soberanía es «hipócritamente organizada»¹¹: históricamente, las grandes potencias han invocado las normas soberanas de manera selectiva, subordinando su aplicación a sus intereses estratégicos. En este sentido, el análisis de cómo la guerra contra las drogas opera en la frontera entre la cooperación multilateral y la coerción unilateral requiere atender tanto a las normas formales del derecho internacional como a las prácticas que las erosionan.

Metodología

Este estudio adopta un diseño metodológico mixto que combina tres estrategias analíticas complementarias: el análisis de la cobertura mediática mediante datos de GDELT, el análisis espacial de datos sobre cultivos y grupos armados, y el examen de instrumentos jurídicos internacionales.

La cobertura mediática se analiza a partir de la base de datos GDELT 2.1 Event and Discourse, que rastrea eventos noticiosos en medios de todo el mundo e incorpora métricas sobre el volumen de cobertura, el tono emocional y el tipo de evento. Para este estudio se construyeron dos bases de datos diferenciados mediante consultas específicas a la base: una centrada en la relación Colombia-Estados Unidos en materia de drogas y otra en Venezuela-Estados Unidos, ambas correspondientes al período de enero de 2025-enero de 2026.

Los datos de Colombia incluyen todos los eventos mediáticos ocurridos en el país que vinculan explícitamente cuestiones relacionadas con las drogas con actores o instituciones estadounidenses. La identificación de eventos relacionados con las drogas se realizó mediante filtros de palabras clave que incluyen referencias a cocaína, narcotráfico, cultivo de coca, erradicación, fumigación y grupos armados comúnmente asociados con la economía de la cocaína (p. ej., FARC, ELN).

Para garantizar el enfoque bilateral del análisis, los eventos se restringieron además a aquellos que involucran explícitamente a actores o instituciones del Estado estadounidense (p. ej., Estados Unidos, la DEA, el Departamento de Estado, la Casa Blanca), identificados a través de códigos del país, del actor o de la coincidencia de nombres.

Para cada mes se construyeron tres tipos de información. En primer lugar, el tono relacionado con las drogas en la cobertura Colombia-EE.UU. se midió como el promedio mensual del indicador AvgTone de GDELT, con el fin de capturar el rango emocional de la cobertura.

En segundo lugar, la visibilidad de la cobertura relacionada con drogas se operacionalizó mediante el número de menciones, agregado mensualmente y normalizado por el total de la cobertura sobre Colombia, a fin de obtener una participación relativa dentro de la atención mediática nacional.

En tercer lugar, los eventos se desagregaron por EventRootCode y EventCode del sistema, lo que permitió clasificarlos en categorías analíticas: cooperación/o acomodación, conflicto verbal, postura de fuerza, violencia física e investigación.

El conjunto de datos final comprende 64 observaciones agregadas para Colombia en 2025, que reflejan la variación mensual en tipos de eventos, tono y visibilidad.

La cobertura en el análisis venezolano se realiza mediante un filtrado por palabras clave basado en actores, que captura referencias a narcóticos, tráfico, lenguaje asociado a la «guerra contra las drogas» y marcos discursivos del narcoestado, en conjunción con menciones a actores políticos relevantes, en particular Nicolás Maduro.

Para cada mes, el conjunto de datos registra el tono promedio de la cobertura relacionada con drogas; el tono promedio de toda la cobertura sobre Venezuela; la participación relativa de la cobertura sobre drogas dentro del total de la atención mediática nacional; y la distribución de los tipos de acción reportados mediante los códigos raíz de eventos CAMEO.

Es importante señalar una limitación de alcance: los datos venezolanos deben interpretarse como un registro de cómo se discute el tema de las drogas dentro de las narrativas mediáticas y políticas, y no como un recuento exhaustivo de la dinámica criminal del país. El análisis no pretende medir la realidad del narcotráfico en Venezuela, sino rastrear la construcción discursiva de dicha realidad en los medios internacionales.

En segundo lugar, se realiza el análisis espacial para el caso colombiano. Los datos sobre cultivos de coca provienen del sistema de monitoreo SIMCI de la UNODC para el período 2020-2023, desagregados a nivel de kilómetro cuadrado. La información sobre la presencia de grupos armados corresponde a los datos publicados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) para 2025.

Se realiza un ejercicio cartográfico con QGIS para evidenciar la superposición espacial de ambas capas, con el fin de identificar patrones de coincidencia territorial entre la economía ilícita y la presencia de actores armados.

Por último, el análisis jurídico se basa en el examen de instrumentos convencionales relevantes. En particular, la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988) y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), así como en doctrina especializada en derecho internacional.

El objetivo es contrastar los marcos normativos formales con las prácticas descritas en los apartados empíricos.

Resultados. Colombia como precedente: laboratorio de la guerra contra las drogas

Los cultivos de coca en Colombia han constituido un objeto de atención mediática y política desde la década de 1980. Los datos más recientes revelan transformaciones significativas en su dinámica. En particular, la producción potencial de clorhidrato de cocaína alcanzó las 3.708 toneladas en 2023, un 34% más que el año anterior, lo que sitúa a Colombia como el principal productor mundial con 230.000 hectáreas cultivadas (una cifra superior a la suma de Perú y Bolivia)¹².

El análisis espacial de la persistencia del cultivo entre 2020 y 2023 (figura 1) revela una concentración estructural en departamentos del sur y en zonas fronterizas, con patrones de presencia continua durante cuatro años consecutivos en las mismas unidades territoriales.

Esta persistencia coincide con las zonas de influencia de las principales organizaciones armadas (las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo), así como con áreas de escasa presencia estatal donde la coca se articula con otras economías ilícitas como la minería ilegal de oro y la deforestación (figura 3).

Para comprender mejor esta información y la evolución de los cultivos de coca y de la guerra contra las drogas en el país, es necesario remontarse a sus orígenes. En 1999, esta problemática ya era evidente, con 178.000 hectáreas sembradas en el país; es en ese contexto cuando el Plan Colombia se implementa.

El Plan Colombia fue el programa de seguridad más importante liderado por Estados Unidos. Se inició en el año 2000 con el objetivo de «reducir la producción y exportación de drogas ilegales y reforzar la campaña de contrainsurgencia contra las FARC»¹³.

El informe de la UNODC vincula incluso la permanencia de cultivos con el aumento de la productividad¹⁴, dado que las plantas de coca en estas mismas zonas producen hasta un 34% más de hojas de coca por hectárea que anteriormente.

Las zonas de influencia de las principales organizaciones armadas (véase la figura 3), como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo (AGC), se superponen con la persistencia de economías ilícitas en áreas con escasa presencia estatal y en zonas fronterizas.

Las áreas con mayor concentración de coca se entrelazan con otras rentas ilegales. Resulta evidente cómo la minería ilegal de oro genera ingresos para la compra de suministros, mientras que la deforestación facilita el acceso a la ganadería ilegal, entre otros vínculos y complementariedades.

Sin embargo, el escenario actual presenta un nuevo matiz: los cocaleros colombianos enfrentan la peor crisis económica de su historia. Esta situación comenzó en el Catatumbo (frontera con Venezuela) en 2022, cuando a los agricultores cocaleros dejaron de comprarles la hoja de coca y la economía local, que depende casi completamente de esta actividad, sufrió una caída sin precedentes¹⁵.

Incluso el Programa Mundial de Alimentos de la ONU advierte sobre una crisis de hambre en las regiones cocaleras. ¿Por qué ocurre esto? La tesis principal apunta a la sobreproducción (Colombia cultiva 230.000 hectáreas, más que Perú y Bolivia juntos) y al hecho de que los grupos armados fragmentados reemplazaron el sistema de compra organizado de las FARC¹⁶.

No obstante, es importante recalcar que, hasta la fecha, no existe una explicación suficientemente sólida que permita dar cuenta, de manera concluyente, de la fluctuación de los precios de la hoja de coca.

En conjunto, estos patrones ilustran lo que puede denominarse un doble fracaso de la guerra contra las drogas: no logra detener la producción (que registró un incremento del 53% en 2023, según la UNODC, 2023), pero sí devasta a los actores más vulnerables de la cadena, mientras que las etapas más lucrativas del negocio (procesamiento, distribución y consumo) permanecen en gran medida intactas.

Un mecanismo adicional a través del cual Washington ejerce influencia sobre la política antidrogas de Colombia es el sistema de certificación anual, cuyo origen se remonta a la era Nixon y fue formalizado con la Ley contra el Abuso de Drogas de 1986.

Esta certificación determina si un gobierno cumple con sus compromisos antinarcóticos y habilita la imposición de sanciones económicas en caso de incumplimiento, generando una estructura de presión asimétrica en las relaciones bilaterales¹⁷.

En 2025, la posibilidad de descertificación volvió a plantearse respecto de Colombia. El Gobierno de Estados Unidos optó finalmente por otorgar una exención por «interés nacional», lo que permitió a Colombia evitar sanciones inmediatas y continuar recibiendo asistencia, pero la expuso a costos reputacionales en los mercados internacionales y generó un mayor escrutinio por parte de prestamistas multilaterales e inversores extranjeros.

Análisis de datos GDELT: cómo los medios retratan la guerra contra las drogas en Colombia en el último año

Durante 2025, la relación entre Colombia y Estados Unidos en materia de drogas volvió al centro del debate público internacional, donde la política antidrogas funcionó como un instrumento de presión diplomática.

El análisis de la cobertura mediática internacional realizado mediante datos GDELT revela patrones que permiten caracterizar cómo se construye públicamente la «guerra contra las drogas» en este contexto.

Los datos muestran que la atención mediática no fue constante, sino episódica (véase figura 4). Los picos de visibilidad se concentraron entre julio y noviembre de 2025, coincidiendo con la crisis de certificación antidrogas impulsada desde Washington.

El momento más crítico se produjo en septiembre, cuando Estados Unidos decidió descertificar a Colombia y anunció un refuerzo militar en el Caribe para operaciones de interdicción. Ese mes concentró el mayor volumen de cobertura y el tono más negativo de todo el período analizado (véase figura 5).

Respecto a los tipos de eventos más representados, se evidencia que los eventos de cooperación y conflicto verbal aparecen con mayor frecuencia y representan una mayor proporción de la visibilidad mediática (véase figura 6), mientras que los eventos relacionados con la investigación son poco frecuentes y tienen una cobertura marginal.

En conjunto, estos patrones demuestran que la visibilidad se distribuye de forma desigual entre tipos de eventos y que las narrativas mediáticas tienden a privilegiar la acción simbólica del Estado (como anuncios de cooperación o disputas verbales) por encima de un seguimiento sostenido de las prácticas de aplicación de la ley o de las dinámicas estructurales de la economía de la cocaína. Por lo cual, la evidencia demuestra cómo la escalada de tensiones diplomáticas en torno a la certificación antidrogas de Estados Unidos a Colombia fue un evento relevante que acaparó la atención mediática.

Un hallazgo adicional relevante es que el único período con un tono mediático relativamente más positivo no respondió a avances en política pública, sino a la difusión de noticias sobre investigaciones científicas y usos médicos de derivados de la hoja de coca.

Esto refuerza la interpretación de que el tono de la cobertura refleja, ante todo, el estado de las relaciones diplomáticas, más que la evolución real de las dinámicas del narcotráfico.

Resultados: Venezuela como el presente y el futuro de la guerra contra las drogas

Antes de analizar la narrativa mediática y política sobre Venezuela, resulta necesario establecer con precisión cuál es el papel del país en las dinámicas globales del narcotráfico, a fin de contrastar los hechos con el encuadre discursivo dominante.

El Informe Mundial sobre la Cocaína de la UNODC de 2023, así como el Informe Mundial sobre las Drogas de 2025, sitúan de forma consistente la producción de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia. Venezuela no figura en estos informes como país productor, sino como ruta terciaria de tránsito, principalmente en envíos con destino a mercados de Europa occidental. Esta caracterización ha sido retomada por analistas especializados¹⁸, que señalan que el tráfico de cocaína desde Venezuela se dirige fundamentalmente hacia Europa, no hacia Estados Unidos.

Adicionalmente, la principal amenaza para la seguridad en materia de drogas en Estados Unidos en el período analizado no es la cocaína, sino los opioides sintéticos: en 2023, estos compuestos representaron aproximadamente el 69% de todas las muertes por sobredosis en el país¹⁹.

El fentanilo de fabricación ilícita es principalmente un fenómeno norteamericano. Se produce y distribuye en el triángulo Estados Unidos-México-Canadá, y su cadena de valor depende en mucho menor medida de actores del sur global que la del narcotráfico de cocaína²⁰. Esta brecha entre la amenaza real de drogas en Estados Unidos y el foco de su política exterior antidrogas demuestra la incoherencia estratégica.

Análisis de la cobertura mediática internacional (Venezuela, 2025)

A diferencia del caso colombiano, la narrativa mediática sobre drogas en Venezuela durante 2025 no estuvo marcada por debates sobre resultados o cooperación, sino por una progresiva construcción política del país como amenaza criminal y de seguridad internacional.

Veamos la evidencia en la cobertura mediática primero, con alrededor de 400 entradas analizadas.

Los datos muestran que el aumento de la atención mediática y el deterioro del tono no responden a cambios visibles en la dinámica del narcotráfico dentro de Venezuela, sino a decisiones políticas tomadas fuera del país.

El punto de inflexión se produjo en junio de 2025, cuando el tono de la cobertura relacionada con drogas cayó de forma abrupta (véase figura 9) y, a su vez, la cobertura relativa a otros temas registró un pico acelerado (véase figura 8).

Este momento coincide con la designación formal por parte de Estados Unidos de la organización criminal venezolana Tren de Aragua como organización terrorista extranjera a comienzos del año.

Posteriormente, en agosto, Estados Unidos amplió sus listas para incluir al Cartel de los Soles como organización terrorista y duplicó la recompensa por información que condujera al arresto de Nicolás Maduro²¹.

El análisis de los tipos de eventos representados en la cobertura muestra que la gran mayoría se estructura en torno a declaraciones públicas, condenas políticas, disputas diplomáticas y gestos simbólicos.

Las referencias a acciones concretas de control, violencia sobre el terreno o aplicación de la ley aparecen de forma marginal. Esta asimetría sugiere que la narrativa sobre drogas en Venezuela se construye principalmente en el plano discursivo y geopolítico, más que a partir de evidencias sobre dinámicas territoriales o de seguridad.

La construcción del «narcoestado»

La narrativa pública sobre Venezuela como «narcoestado» se articula en torno a elementos reiterados que se fueron consolidando de forma acumulativa a lo largo de 2025. Podemos identificar una serie de eventos consecutivos que lo demuestran.

Primero, con la presentación del narcotráfico como amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, seguido del posicionamiento de Nicolás Maduro como cabecilla del denominado «Cartel de los Soles», presuntamente vinculado al Tren de Aragua²², para terminar con la justificación de acciones militares mediante operaciones antidrogas en el ámbito marítimo y la atribución de responsabilidad personal a la cúpula del Gobierno venezolano.

La línea de tiempo presentada en la figura 9 documenta una serie de ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. El Gobierno de Estados Unidos sostuvo que estos ataques estaban dirigidos contra lanchas vinculadas a organizaciones criminales, como el Tren de Aragua y el llamado «Cartel de los Soles»²³, ambas designadas como «organizaciones terroristas extranjeras»²⁴.

En 2025, estos ataques aumentaron en número e intensidad (véase figura 10), y en algunos casos, ni siquiera se reportó la ubicación exacta de las operaciones. Donald Trump afirmó (sin presentar pruebas) que las acciones redujeron en un 97% la entrada de drogas a Estados Unidos²⁵. El secretario de Estado Marco Rubio defendió los ataques como legales y más eficaces que la interdicción tradicional²⁶.

Continuidad histórica de la misma doctrina

Para comprender los eventos políticos y militares actuales, es necesario situarlos en el contexto de la larga historia de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, marcada por una lógica de influencia hemisférica.

Ya a finales del siglo XIX, los responsables de la política exterior de Estados Unidos consideraban a Venezuela como un espacio geopolítico clave, describiéndola como el «punto de apoyo del borde sur del Caribe»²⁷. Después de 1898, los líderes estadounidenses trataron cada vez más la región como una zona de influencia, posteriormente descrita en el discurso político como el «patio trasero» de América²⁸.

Esta lógica se hizo explícita bajo la doctrina Monroe. Durante la crisis de la deuda de 1902-1903, al imponer las potencias europeas un bloqueo naval, Theodore Roosevelt intervino en el país como medida de ayuda y protección del hemisferio.

Esto facilitó el relevo de Cipriano Castro por Juan Vicente Gómez, a quien los funcionarios estadounidenses consideraban un socio fiable²⁹. Gómez gobernó durante veintisiete años en un contexto de rápida expansión de las compañías petroleras estadounidenses bajo condiciones favorables.

Este patrón continuó tras su muerte y a lo largo del siglo XX. Aunque Venezuela entró brevemente en una fase democrática con la elección de Rómulo Gallegos en 1947, un golpe militar en 1948 sacudió el país nuevamente³⁰.

Aunque la participación estadounidense en el golpe fue oficialmente negada, Washington aceptó rápidamente la nueva dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Su postura anticomunista y la protección de los intereses petroleros coincidían con las prioridades de Estados Unidos³¹.

Sin embargo, el sistema democrático que surgió tras la caída de Pérez Jiménez en 1958 se basó en acuerdos entre élites y en las rentas petroleras, más que en una transformación económica estructural. El Pacto de Punto Fijo estabilizó las elecciones, pero preservó un modelo rentista dependiente de los ingresos petroleros y del apoyo externo.

Por ello, el petróleo creó la ilusión de que la estabilidad política podía sustituir la diversificación económica, postergando un desarrollo más profundo³². Esto moldeó la crisis posterior que llevó al poder a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

La pérdida de poder directa de Estados Unidos sobre el país no hizo que se desligara de sus objetivos, todo lo contrario. Las intervenciones recientes reactivan narrativas de Estado fallido bajo la guerra contra las drogas, al tiempo que priorizan el control de los recursos petroleros y las rutas marítimas.

Como en períodos anteriores, el lenguaje de la seguridad y la criminalidad sirve para justificar acciones coercitivas y la gestión externa, mientras que la reconstrucción democrática queda subordinada a intereses estratégicos y económicos³³.

Los intereses estratégicos subyacentes

El análisis de la narrativa antidrogas sobre Venezuela requiere considerar los intereses estratégicos que la rodean y que van más allá de la política de control de estupefacientes. En especial, vale la pena analizar el acceso a los recursos energéticos de Venezuela y la competencia con potencias globales emergentes.

Venezuela posee algunas de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, y funcionarios estadounidenses han vinculado abiertamente los objetivos de intervención con la restauración y el control de la infraestructura y las exportaciones petroleras del país³⁴. Sin embargo, dado que el petróleo venezolano es un crudo pesado y de difícil extracción, es importante ser escéptico. Ahí es donde tenemos que hablar de China.

La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 de la Administración Trump revalorizó la influencia en el hemisferio occidental. Esto se concibió como una ventaja estratégica frente a competidores tradicionales como China y Rusia, actores con creciente presencia económica y política en Venezuela³⁵.

Desde esta perspectiva, la invocación de la guerra contra las drogas en el discurso público operaría como un elemento de legitimación de la intervención, mientras que los determinantes reales de la política responderían en mayor medida a consideraciones energéticas y de equilibrio de poder.

Análisis jurídico: la guerra contra las drogas y el derecho internacional

El análisis de los casos estudiados requiere examinar cómo las estrategias descritas interactúan con el derecho internacional y el régimen global de control de drogas.

Se observa una brecha sistemática entre los objetivos declarados de cooperación, responsabilidad compartida y soberanía, y las prácticas unilaterales y coercitivas que se aplican en la realidad, generando condiciones en las que pueden vulnerarse obligaciones convencionales y principios fundamentales del derecho internacional.

El principio más evidente es el de no intervención, reconocido por la Corte Internacional de Justicia, que prohíbe intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos o externos de otros Estados³⁶. Desde esta lógica, sanciones coercitivas, ataques letales y la captura de Nicolás Maduro interfieren en el régimen interno venezolano y activan además la prohibición del uso de la fuerza consagrada en el artículo 2(4) de la Carta de la ONU.

Dado que no existe autorización del Consejo de Seguridad³⁷, Estados Unidos se apoya en la legítima defensa (art. 51). Sin embargo, el jus ad bellum exige la existencia de un «ataque armado», definido por su «escala y efectos»³⁸. El narcotráfico difícilmente cumple ese umbral.

Los Estados no pueden justificarse en una «crisis de drogas» ni en acciones no coordinadas de diferentes cárteles para justificar el uso de la fuerza. Además, la legítima defensa frente a actores no estatales requeriría una atribución sustancial al Estado venezolano.

Aun si se probara la relación de corrupción entre el Gobierno suramericano y el Tren de Aragua, ello no bastaría para justificar la legítima defensa. En consecuencia, las reclamaciones estadounidenses de legítima defensa no cumplen ninguno de los dos requisitos jurídicos: el narcotráfico no alcanza la escala de un ataque armado y no puede atribuirse al Estado venezolano una acción concreta contra la soberanía estadounidense.

La falta de legitimidad democrática alegada contra Maduro tampoco altera el análisis: el derecho internacional se basa en el control efectivo del poder estatal, no en el reconocimiento diplomático³⁹. Ciertamente, existe margen para criticar cómo el régimen internacional actual interpreta la soberanía.

No obstante, incluso Estados Unidos acepta el papel de la vicepresidenta Delcy Rodríguez para que continúe como presidenta en el denominado proceso de transición⁴⁰.

Estas prácticas de aplicación de la ley también tensionan el régimen de 1988 contra el tráfico ilícito, que promueve la cooperación y no autoriza el uso unilateral de la fuerza⁴¹. Con el tiempo, las interpretaciones estadounidenses han empujado el marco convencional hacia la coerción y el castigo.

Este enfoque impone cargas desproporcionadas a los países productores y de tránsito, mientras que la demanda en los países consumidores permanece en gran medida sin abordarse.

Esta asimetría en la aplicación del principio de responsabilidad compartida, consagrado como fundamento del régimen internacional de control de drogas, constituye una contradicción normativa. Los países consumidores invocan las obligaciones de cooperación de los países productores al tiempo que evitan asumir sus propias responsabilidades en la reducción de la demanda y en el control de los flujos financieros vinculados al narcotráfico.

Discusión

Los resultados presentados en los apartados anteriores permiten articular una lectura integrada sobre la lógica de la «guerra contra las drogas» y sus implicaciones para el orden jurídico y político internacional.

En primer lugar, los casos de Colombia y Venezuela muestran que la «guerra contra las drogas» opera menos como una política de salud pública o seguridad ciudadana que como un instrumento de gestión geopolítica asimétrica. Colombia ilustra cómo décadas de intervención militarizada no redujeron la producción de coca, sino que transformaron su geografía y concentraron sus costos en las poblaciones más vulnerables, mientras que las estructuras económicas del negocio ilícito permanecieron en gran medida intactas.

Venezuela, en cambio, ilustra cómo el mismo marco discursivo puede aplicarse a un país con un papel marginal en el narcotráfico cuando existen intereses estratégicos que lo justifican.

En segundo lugar, el análisis mediático confirma que la visibilidad del problema de las drogas en los medios internacionales no se corresponde con la evolución de las dinámicas del narcotráfico, sino con las decisiones de política exterior de Washington. Los picos de cobertura se concentran en torno a sanciones, descertificaciones y designaciones terroristas, mientras que las realidades del cultivo, el tráfico y el consumo reciben una atención marginal y poco sostenida.

Este patrón de encuadre contribuye a naturalizar la intervención al presentarla como respuesta a amenazas externas verificables, cuando en realidad los determinantes de la crisis de drogas en Estados Unidos (fundamentalmente los opioides sintéticos) son en gran medida de origen interno.

En tercer lugar, el análisis jurídico revela que las prácticas descritas generan contradicciones estructurales en el derecho internacional. En la medida en que los Estados invocan la cooperación multilateral mientras actúan de forma unilateral, citan obligaciones convencionales al tiempo que vulneran principios fundamentales de soberanía y de prohibición del uso de la fuerza.

La captura de Maduro representa la expresión más extrema de esta lógica: se trata de una acción que, bajo cualquier interpretación razonable del jus ad bellum, no satisface los requisitos de la legítima defensa y que se sustenta en una narrativa del «narcoestado» construida mediática y políticamente antes que en evidencia jurídica consolidada.

Finalmente, la comparación de los dos casos permite identificar una continuidad histórica lógica. Tanto en Colombia como en Venezuela, la guerra contra las drogas ha funcionado como dispositivo que habilita la intervención, al tiempo que debilita el orden jurídico internacional que afirma defender.

Su aplicación asimétrica es estructural, lo que refleja la posición diferenciada de los actores en la economía política global y en la jerarquía de poder del sistema internacional.

Conclusiones

El principal aporte de este artículo consta de dos partes. Primero, en sus hallazgos empíricos por separado, como la ineficacia de la erradicación en Colombia, la construcción discursiva del «narcoestado» venezolano o las tensiones con el derecho internacional.

En segundo lugar, radica en la lectura articulada de estos, donde los tres fenómenos son expresiones de una misma lógica que usa el control de drogas como base en la intervención geopolítica. Eso no es evidente si se estudia cada caso de forma aislada, y es la contribución que este análisis mixto, mediático, espacial y jurídico, busca ofrecer.

El análisis tiene limitaciones que conviene reconocer. La cobertura de GDELT sobrerrepresenta medios anglófonos y fuentes con alta presencia en línea, lo que puede sesgar el tono hacia encuadres producidos desde los países del norte. El corpus venezolano, en particular, captura narrativas políticas más que dinámicas del narcotráfico sobre el terreno, y no puede sustituir a estudios etnográficos o de inteligencia que accedan a la estructura real de los flujos ilícitos.

El análisis jurídico, por su parte, se circunscribe a la argumentación doctrinal y no incorpora entrevistas a operadores del derecho ni análisis de la práctica estatal en foros multilaterales. Claramente, estas limitaciones sugieren que los hallazgos deben leerse como hipótesis interpretativas, y no como veredictos definitivos.

Las ideas contenidas en estos artículos son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente el pensamiento del CESEDEN o del Ministerio de Defensa.