IEEE. EE. UU. y Rusia votan en las elecciones de Armenia

Introducción

Las próximas elecciones previstas para el mes de junio en Armenia serán determinantes para la evolución del panorama geopolítico en el Cáucaso Sur, una región históricamente marcada por la inestabilidad, pero que en la actualidad atraviesa una situación de paz frágil. El resultado de los comicios no solo definirá el rumbo político interno del país, sino que también tendrá implicaciones directas en la arquitectura de seguridad y en la conectividad regional.

En este contexto, la viabilidad del corredor económico conocido con distintas denominaciones (Syunik para Armenia, Zangezur para Azerbaiyán o la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional [TRIPP], en la narrativa estadounidense) depende en gran medida de la continuidad del primer ministro Nikol Pashinián. Su liderazgo quedó seriamente debilitado tras la pérdida del enclave de Nagorno Karabaj; sin embargo, la firma del acuerdo de paz en Washington le ha permitido recuperar parte del capital político perdido y presentarse nuevamente como garante de estabilidad.

Más allá de su dimensión económica, el corredor responde a intereses geopolíticos y estratégicos clave para Estados Unidos, al reforzar su presencia en una región tradicionalmente dominada por Rusia. Por su parte, Rusia intenta revertir la progresiva erosión de su influencia regional, acentuada en los últimos años y, en particular, tras el desgaste político, militar y económico derivado de la guerra en Ucrania. Para ello, ha intensificado sus esfuerzos por afianzar sus intereses energéticos con Azerbaiyán y por influir en los equilibrios internos de Armenia, mediante el apoyo a candidatos y fuerzas políticas afines en los procesos electorales. Estas dinámicas no solo reconfiguran las relaciones bilaterales, sino que introducen nuevos factores de tensión en un entorno ya marcado por profundas rivalidades históricas, frágiles equilibrios de poder y una elevada sensibilidad estratégica.

Un equilibrio delicado

La imagen de los líderes de Azerbaiyán y Armenia firmando un acuerdo de paz en Estados Unidos durante el verano pasado, bajo la mediación de la Administración Trump, constituyó un hito significativo en las relaciones bilaterales entre Bakú y Ereván. Este acontecimiento resulta especialmente relevante si se considera que, apenas meses antes, ambos países se encontraban inmersos en una confrontación abierta en torno al conflicto de Nagorno Karabaj, uno de los focos de inestabilidad más persistentes del espacio postsoviético.

Los primeros indicios de esta incipiente normalización se han traducido en una relajación progresiva de las barreras fronterizas y en la reactivación parcial de las comunicaciones entre ambos países, en particular en áreas históricamente tensionadas vinculadas a Nagorno Karabaj¹. Estas medidas se han interpretado como pasos iniciales hacia la construcción de una confianza mutua, esenciales para la consolidación de una paz duradera.

No obstante, el proceso de pacificación permanece condicionado por factores estructurales que evidencian su fragilidad. Azerbaiyán ha planteado como exigencia central la modificación de la Constitución armenia para eliminar cualquier referencia explícita o implícita a la región de Nagorno Karabaj, lo que introduce un elemento de alta sensibilidad política y jurídica. La implementación de dicha reforma exigiría la celebración de un referéndum constitucional, cuyo resultado dependerá de la correlación de fuerzas surgida de los próximos comicios y de la voluntad política del nuevo Gobierno armenio. Paralelamente, Ereván condiciona el avance del proceso de normalización a la liberación de ciudadanos armenios detenidos por Azerbaiyán en zonas fronterizas, cuestión de alto impacto político y humanitario. En este contexto, la sostenibilidad del acuerdo de paz permanece estrechamente ligada a la dinámica política interna de Armenia y a la capacidad de sus instituciones para gestionar presiones externas sin comprometer la estabilidad del orden interno.

Intereses estadounidenses en las elecciones

Los intereses estratégicos de Estados Unidos en el desarrollo de estas elecciones son múltiples y de carácter estructural.

Respecto a la seguridad regional, Washington busca evitar una reactivación del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán que pueda comprometer la estabilidad del Cáucaso Sur y generar nuevos vacíos de poder susceptibles de ser explotados por Rusia o Irán, en caso de que otros candidatos con tendencias no occidentales alcancen el poder. La consolidación de un Gobierno armenio previsible y funcional es, en este sentido, un elemento clave para preservar los frágiles equilibrios alcanzados tras el acuerdo de paz.

Derivado de este interés, se pueden formular dos objetivos complementarios. En primer lugar, la estabilidad del Cáucaso Sur resulta fundamental para garantizar la viabilidad de las rutas energéticas que atraviesan la región hacia Turquía y, desde allí, a los mercados europeos. Este entramado de infraestructuras contribuye, además, a debilitar la alternativa del corredor Norte–Sur promovido por Moscú, que conecta Rusia con Irán y refuerza su proyección geoeconómica².

En segundo término, Washington percibe al primer ministro Nikol Pashinián como un actor político alineado con posiciones prooccidentales y relativamente desvinculado de la esfera de influencia rusa. Desde esta perspectiva, la Administración estadounidense consideró prioritario reforzar públicamente su imagen, como quedó reflejado en la reciente visita del vicepresidente J.D. Vance³.

Por último, Estados Unidos mantiene un interés normativo en la consolidación de procesos electorales competitivos y de reformas institucionales en el espacio postsoviético. En este marco, las elecciones armenias adquieren un valor simbólico como caso de referencia para la promoción de modelos de gobernanza alternativos al autoritarismo predominante en la región, lo que refuerza la proyección política estadounidense sin recurrir a una implicación directa o visible.

Rusia busca recuperar la influencia perdida

El prolongado carácter de la guerra en Ucrania ha alterado significativamente los planes estratégicos de Vladímir Putin, quien priorizó el frente ucraniano, relegando a un segundo plano sus posicionamientos tradicionales en el Cáucaso Sur. Tras años de desgaste militar y económico en Ucrania, Rusia ha intentado recuperar la influencia perdida en la región, aunque con una estrategia notablemente distinta y más pragmática: en lugar de imponer una hegemonía unilateral, Moscú busca equilibrar las relaciones bilaterales con Armenia y Azerbaiyán, aprovechando oportunidades puntuales para mantener su relevancia geopolítica.

Las elecciones armenias son una excelente ocasión para ampliar su influencia en su antiguo aliado. Los intereses de Moscú giran en torno al candidato Narek Karapetyan, sobrino de un famoso oligarca armenio-ruso, actualmente en prisión por un supuesto complot para derrocar al primer ministro armenio. El giro de Pashinián en busca de aliados en Occidente va en contra de los intereses de Putin, quien cuenta también con el apoyo de la Iglesia Apostólica Armenia, que ya se manifestó en contra del Gobierno tras la derrota en Nagorno Karabaj.

El acercamiento al régimen de Aliyev en Azerbaiyán ha sido impulsado por la necesidad de mitigar la grave crisis diplomática existente, siendo el incidente más destacado el derribo accidental por defensas antiaéreas rusas de un vuelo de la compañía Azerbaijan Airlines a finales de 2024. Tras meses de evasivas, ambages y de culpar inicialmente a factores externos (incluida Ucrania), Putin admitió públicamente la responsabilidad rusa en octubre de 2025, ofreciendo disculpas formales⁴.

Este reconocimiento, pese a las tensiones iniciales y a una crisis diplomática en 2025, ha permitido a Rusia recomponer lazos con Bakú. Azerbaiyán emerge como beneficiario clave: su posición geográfica lo convierte en un enclave estratégico para las rutas energéticas de Asia Central hacia Europa (a través del Corredor Medio y el Southern Gas Corridor), y también para la ruta norte–sur rusa que conecta con puertos iraníes, lo que facilita las exportaciones energéticas y comerciales rusas frente a las sanciones occidentales. Moscú aprovecha sus relaciones con países centroasiáticos (Kazajistán y Turkmenistán) para posicionar a Azerbaiyán como nodo alternativo.

En resumen, la estrategia rusa actual en el Cáucaso Sur es reactiva y oportunista: busca compensar la pérdida de control en Armenia mediante un pragmatismo selectivo con Azerbaiyán, preservando palancas energéticas y de tránsito mientras evita confrontaciones directas con Turquía, EE.UU. o la UE, que ganan terreno en la región. Sin embargo, esta aproximación no revierte la tendencia de declive ruso, evidenciada por la mediación estadounidense en el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán (agosto de 2025) y por proyectos como el corredor de Syunik, que marginan explícitamente las rutas dependientes de Rusia.

Antecedentes y contexto de las elecciones

En relación con los comicios, conviene recordar que el actual primer ministro de Armenia accedió al poder en 2018 como resultado de la denominada Revolución de Terciopelo, un amplio movimiento de movilización cívica y protesta no violenta contra la continuidad en el poder del entonces presidente Serzh Sargsián. Este ciclo de protestas, que culminó con la dimisión de Sargsián y la posterior elección parlamentaria del líder opositor como jefe de Gobierno, inauguró una etapa de reformas orientadas a la lucha contra la corrupción, la consolidación institucional y la reconfiguración del sistema político armenio.

Desde entonces, el primer ministro ha logrado revalidar su mandato al frente del partido Contrato Civil, en especial en las elecciones de 2021. Estos comicios se celebraron en un contexto de profunda crisis política y social tras la derrota militar frente a Azerbaiyán en la guerra de 2020 en Nagorno Karabaj. A pesar del clima de descontento, el partido gobernante obtuvo una victoria ajustada, pero suficiente para asegurar la continuidad del Ejecutivo.

En la coyuntura actual se aprecia, no obstante, un progresivo desgaste del Gobierno asociado al último y, hasta el momento, más decisivo episodio del conflicto con Bakú en torno a Nagorno Karabaj. La recuperación total del enclave por parte de Azerbaiyán y la consiguiente salida masiva de población armenia han supuesto un revés estratégico, humanitario y simbólico de gran magnitud para Ereván. Además, la ola represiva ha afectado a varios miembros de la oposición, principalmente mediante el arresto de varios clérigos de la Iglesia armenia, críticos con el posicionamiento gubernamental en el conflicto anteriormente mencionado.

Este desenlace ha intensificado las críticas internas sobre la gestión gubernamental de la seguridad nacional y la política exterior, perjudicando seriamente las relaciones con Rusia, tradicional garante de seguridad, y obligando a una reconfiguración de sus alianzas orientada a actores occidentales. Sin embargo, la firma de acuerdos orientados a la normalización de relaciones y los gestos diplomáticos recientes, como las visitas de alto nivel de representantes estadounidenses, han proporcionado cierto margen de maniobra y oxígeno político al Ejecutivo, al proyectar una imagen de reposicionamiento estratégico y de apertura a nuevas alianzas internacionales, evitando el temido aislacionismo.

A pesar del escenario de fragmentación política y malestar social, la oposición no ha logrado articular una alternativa consistente y electoralmente competitiva.

Oposición y opinión pública armenia

La ausencia de una oposición fuerte, cohesionada y unificada representa uno de los principales factores que otorgan ventaja electoral al partido del primer ministro de cara a las próximas elecciones parlamentarias. A pesar del significativo desgaste de popularidad del Gobierno, la fragmentación del espectro opositor impide la consolidación de una alternativa creíble y competitiva.

En el panorama actual se confirma la participación de una multiplicidad de partidos y alianzas, muchos de los cuales han anunciado públicamente su intención de competir de forma independiente. La dispersión del voto anti–Pashinián, entre opciones nacionalistas, prorrusas y oligárquicas, reduce drásticamente las probabilidades de que cualquiera supere con holgura al partido gobernante. No obstante, no puede descartarse una estrategia de unión táctica o preelectoral en las próximas semanas o meses: negociaciones para formar coaliciones amplias o bloques unificados podrían concentrar el descontento y elevar la representatividad opositora, evitando que los votos dispersos terminen favoreciendo indirectamente al partido Contrato Civil.

Entre los principales rivales destacan dos fuerzas opositoras de peso relativo, aunque con perfiles y bases electorales diferenciadas:

La Alianza Armenia (Hayastan), liderada por el expresidente Robert Kocharyan (1998–2008) y anclada en la Federación Revolucionaria Armenia (ARF–Dashnaktsutyun), constituye el bloque opositor más consolidado en el Parlamento actual. Kocharyan critica duramente la política exterior de Pashinián, especialmente las concesiones en las negociaciones de paz con Azerbaiyán y la falta de garantías reales en el acuerdo de 2025, posicionándose como defensor de la paz y apelando a un electorado nacionalista y revanchista. Su alianza representa la oposición clásica prorrusa y antioccidental más estructurada.

El emergente partido Strong Armenia (antes el movimiento Mer Dzevov / Our Way o «En nuestro camino»), impulsado por el oligarca ruso–armenio Samvel Karapetián, actualmente bajo arresto domiciliario por cargos de conspiración y blanqueo de capitales, ha designado a su sobrino Narek Karapetián como líder de la lista electoral. Samvel Karapetián fue nominado como candidato a primer ministro en febrero de 2026, pese a las barreras constitucionales por su doble ciudadanía ruso-armenia. Esta fuerza, con un importante énfasis en temas económicos, la filantropía y las críticas al Gobierno por la represión contra la Iglesia y por la corrupción, se percibe ampliamente como alineada con intereses rusos y busca captar votantes desencantados con el statu quo, pero sin el bagaje histórico de Kocharyan. Ambos polos (Kocharyan y Karapetián) compiten por un electorado similar prorruso, lo que podría diluir aún más sus opciones si no logran coordinarse.

En resumen, la fragmentación opositora, reforzada por desconfianza mutua entre viejos líderes (Kocharyan), nuevos actores económicos (Karapetyan) y otras figuras como Gagik Tsarukyan (Prosperous Armenia), Arman Tatoyan o Hayk Marutyan, sigue siendo el mayor activo de Pashinián. Sin una unión estratégica significativa antes del cierre de registros (finales de abril de 2026), es probable que el partido Contrato Civil mantenga una posición dominante, aunque con una mayoría más reducida que en 2021, convirtiendo las elecciones en un referéndum sobre la continuidad del giro pro-occidental pese al descontento generalizado.

Varios medios armenios e internacionales se hacen eco del hartazgo generalizado y la profunda desilusión que atraviesa la población armenia en la coyuntura actual, reflejada en encuestas de opinión recientes. Según el sondeo nacional más citado y detallado, realizado por el International Republican Institute (IRI)⁵ en junio de 2025, existe una polarización marcada en torno al proceso de paz con Azerbaiyán: una pluralidad del 47% de los encuestados apoya la firma de un tratado de paz (29% lo apoya firmemente y 18% de forma moderada), mientras que el 40% se opone (7% de forma moderada y 33% firmemente), con un 10% que condiciona su postura a los términos finales del acuerdo y un 2% que no responde.

Al mismo tiempo, el sondeo revela un pesimismo dominante sobre la dirección del país: solo el 36% considera que Armenia va por el buen camino, frente al 49% que cree que va por el mal camino, datos en evidente retroceso en comparación con los años 2023 y 2024, cuando el optimismo predominaba. Este sentimiento de rumbo equivocado se agrava por la desconfianza masiva en la clase política: el 61% afirma no confiar en ningún líder o figura política⁶, lo que subraya una crisis de legitimidad generalizada.

En este contexto, los índices de confianza y de aprobación personal de los principales actores políticos son extremadamente bajos. El primer ministro Nikol Pashinián mantiene el primer puesto en confianza relativa, pero con solo el 13% de los encuestados que expresan confianza en él, lo que supone un mínimo histórico que refleja el impacto acumulado de la derrota en Nagorno Karabaj, las concesiones en las negociaciones de paz y las tensiones con la Iglesia Apostólica Armenia.

Por su parte, el principal opositor Robert Kocharyan (líder de la Alianza Armenia/ Hayastan) registra un apoyo aún más bajo: apenas el 4% de los encuestados declara confiar en él, según el mismo sondeo del IRI. Estas cifras ilustran que, pese al descontento masivo con el Gobierno, la oposición tradicional no logra capitalizarlo de forma efectiva, lo que refuerza la ventaja relativa de Pashinián en un escenario de fragmentación y apatía electoral.

En conjunto, estos datos pintan un panorama de fatiga social profunda: la sociedad armenia prioriza la seguridad y la paz (temas dominantes en la agenda), pero desconfía tanto del Gobierno como de la oposición, percibe un deterioro general del rumbo nacional y muestra una baja movilización hacia cualquier alternativa política. Esta dinámica de desconfianza generalizada podría traducirse en una baja participación electoral en junio de 2026, con la posibilidad de que se produzcan sorpresas en los comicios si surge una coalición opositora creíble o un nuevo actor que canalice el hartazgo.

Posible victoria del partido del Gobierno

A pesar de la persistente fragmentación de la oposición, la imagen del primer ministro Pashinián se encuentra notablemente deteriorada en la coyuntura actual. Aunque su victoria en las elecciones parlamentarias del 7 de junio de 2026 sigue siendo un escenario probable⁷, ningún resultado puede descartarse por completo en un contexto de alta volatilidad, apatía electoral y posibles sorpresas de última hora (como una unión táctica opositora o un evento imprevisto que movilice el descontento).

La derrota estratégica sufrida frente a Azerbaiyán, culminada en la ofensiva de septiembre de 2023 que llevó a la recuperación total de Nagorno Karabaj por Bakú y a la expulsión masiva de la población armenia, se ha unido a una delicada situación económica que erosiona gravemente la credibilidad del líder armenio. Estos factores han generado un sentimiento generalizado de humillación nacional y de fracaso en la gestión de la seguridad y el desarrollo del país, lo que agrava la percepción de que Pashinián prioriza concesiones territoriales y diplomáticas sobre la defensa de los intereses históricos y la protección de la población.

No obstante, en las últimas semanas, el Gobierno ha logrado una recuperación parcial de imagen gracias a la visita histórica del vicepresidente estadounidense J. D. Vance a Armenia, la primera de un vicepresidente en funciones al país. Durante el encuentro, se lograron importantes avances que reafirman el vínculo de ambos países, incluido un pacto de cooperación nuclear civil y progresos en el corredor de Syunik, que proyectan a Pashinián como un socio privilegiado de Washington en un momento de distanciamiento progresivo de Rusia.

Esta demostración de respaldo estadounidense ha servido para contrarrestar las acusaciones de aislacionismo y debilidad geopolítica que muchos críticos le atribuían tras la pérdida de Karabaj y el repliegue ruso. Al mismo tiempo, fortalece el posicionamiento de Armenia frente a sus adversarios regionales: Azerbaiyán (que busca consolidar sus ganancias territoriales) y Turquía (aliada estratégica de Bakú), aunque, curiosamente, ambos mantienen también lazos crecientes con EE.UU., lo que genera una dinámica de equilibrio multipolar en la que Washington actúa como mediador y garante parcial.

Sin embargo, Pashinián se enfrenta a importantes detractores que limitan su recuperación y mantienen viva la incertidumbre electoral. En primer lugar, la diáspora armenia nacionalista, especialmente activa en Europa Occidental y Estados Unidos, no le perdona lo que percibe como una claudicación ante Aliyev: el reconocimiento implícito de Karabaj como parte de Azerbaiyán, las concesiones en las negociaciones de paz de 2025 y la falta de exigencias firmes sobre el retorno de desplazados o la justicia por la expulsión masiva. Estos sectores acusan al líder armenio de traicionar la causa histórica armenia y de ceder ante presiones externas.

En paralelo, la diáspora armenia en Rusia, tradicionalmente más pragmática y vinculada a redes económicas y culturales con Moscú, muestra un creciente alineamiento con posturas prorrusas. Figuras como el oligarca Samvel Karapetyan buscan revitalizar los vínculos perdidos con Rusia, capitalizando el descontento por el giro prooccidental del primer ministro armenio y promoviendo una alternativa que combine nacionalismo económico con la restauración de la influencia moscovita. Esta división en la diáspora, entre un ala anti–Pashinián radical en Occidente y otra más pragmática en Rusia, amplifica las críticas externas y complica la legitimidad internacional del Gobierno.

En síntesis, aunque la fragmentación opositora y el respaldo estadounidense reciente inclinan la balanza a favor de Pashinián, su imagen sigue resentida por el trauma de Karabaj y la fatiga económica. El resultado de junio de 2026 dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para movilizar a un electorado desencantado pero pragmático, y de si la oposición logra superar sus divisiones internas para capitalizar el hartazgo acumulado.

Conclusiones

Finalizamos con un breve resumen de los distintos escenarios poselectorales.

Victoria del Gobierno (escenario más probable por la fragmentación opositora)

Contrato Civil, la formación del primer ministro, obtendría una mayoría suficiente (en torno al 40–50% de los escaños) gracias a la dispersión del voto de castigo entre una oposición fragmentada. Este resultado garantizaría la continuidad del proyecto político oficialista, con especial énfasis en la denominada Cuarta República. Se trata de una iniciativa constitucional promovida por Pashinián que contempla reformas orientadas a eliminar las referencias territoriales a Nagorno Karabaj del texto constitucional (tal como exigía Azerbaiyán), así como a impulsar un modelo de Estado más secular y de orientación prooccidental.

En el plano geopolítico, este escenario tendría implicaciones significativas. Por un lado, se consolidaría el impulso del corredor de Syunik, atrayendo inversiones estadounidenses y favoreciendo el avance en el proceso de normalización con Azerbaiyán y Turquía. Por otro lado, se acentuaría la reducción de la influencia rusa, materializada en una eventual salida gradual de Armenia de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y en una política activa de diversificación de fuentes energéticas. Desde la perspectiva de Washington, esta evolución reforzaría el liderazgo estadounidense en la mediación regional, desplazando progresivamente a Moscú en el control de rutas energéticas y corredores de tránsito estratégicos.

No obstante, en el plano interno, el proceso podría generar tensiones sociales si amplios sectores de la población perciben que dichas concesiones geopolíticas implican cesiones excesivas, lo que podría erosionar la cohesión social y desencadenar protestas.

Coalición inestable o gobierno minoritario

Ningún partido alcanza el umbral necesario para obtener la mayoría absoluta (52% de los escaños), lo que hace inevitables las negociaciones poselectorales entre Contrato Civil y fuerzas políticas menores. Esta situación podría derivar en la formación de un Gobierno de coalición frágil, lo que aumentaría la probabilidad de un adelanto electoral. Desde una perspectiva geopolítica, el principal riesgo sería una creciente inestabilidad política que retrase decisiones clave, como la implementación del corredor de Syunik y la celebración del referéndum constitucional, además de fomentar políticas erráticas en el proceso de paz con Azerbaiyán.

En el plano internacional, este escenario podría facilitar la adopción de compromisos híbridos, en busca de un equilibrio entre Occidente y Rusia. Ello permitiría a Moscú recuperar influencia económica a través de remesas o suministros de gas, sin un giro geopolítico explícito, mientras Estados Unidos, en coordinación con la UE, impulsa reformas democráticas. Entre los riesgos internos más relevantes destaca una posible erosión de la legitimidad institucional, que podría traducirse en protestas sociales si la ciudadanía percibe que la coalición se ha formado mediante acuerdos espurios o poco transparentes.

Sorpresa revanchista o retorno opositor

Una oposición unificada logra capitalizar el descontento nacionalista y obtiene una victoria inesperada (entre el 40% y el 50% de los escaños), impulsada por factores como la crisis económica, los incidentes fronterizos con Azerbaiyán o escándalos vinculados a la represión política, como, por ejemplo, los arrestos de clérigos ocurridos en 2025. Este desenlace revertiría el giro prooccidental impulsado por el Gobierno saliente, priorizando la restauración de los lazos estratégicos con Rusia.

En cuanto a las implicaciones geopolíticas y de seguridad, se produciría una paralización o una revisión en profundidad del proyecto del corredor energético, al ser percibido por la nueva mayoría como una amenaza para la seguridad nacional. Las tensiones con Azerbaiyán se intensificarían, especialmente en torno a demandas relacionadas con el retorno de desplazados internos o el rechazo de concesiones territoriales previamente acordadas, lo que podría llevar incluso a la disolución del acuerdo de paz alcanzado en 2025.

Este escenario fortalecería significativamente la posición de Rusia, que habría apoyado de manera sutil (o menos disimulada) a sectores de la oposición y a la Iglesia, recuperando así su capacidad de influencia en Armenia. Ello se traduciría en una renovada dependencia en materia de seguridad, con el consiguiente afianzamiento de las bases militares rusas, y en el restablecimiento de rutas energéticas en el eje norte–sur. Por el contrario, Estados Unidos y la Unión Europea podrían responder con sanciones selectivas o con un mayor aislamiento diplomático del país.

El riesgo de protestas violentas sería elevado, especialmente si sectores de la población perciben el resultado electoral como fraudulento, en un escenario comparable al caso moldavo, caracterizado por disputas poselectorales y una polarización social. Ello podría desembocar en una grave inestabilidad regional y en un preocupante retroceso democrático.

Las ideas contenidas en estos artículos son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente el pensamiento del CESEDEN o del Ministerio de Defensa.