IEEE. Las elecciones de medio término en Estados Unidos: continuidades y rupturas

Introducción. Elecciones de medio término: Cámara, Senado e instituciones

El próximo 3 de noviembre se celebran las elecciones de medio término en Estados Unidos. La Cámara de Representantes legisla e inicia la tramitación de los presupuestos, mientras que el Senado confirma los nombramientos y ratifica los tratados, lo que le otorga poder de control sobre la actividad presidencial, sobre todo en su dimensión internacional. La composición de las cámaras determina, por tanto, qué instrumentos tiene a su alcance el presidente. En esta convocatoria se renuevan los 435 distritos de la Cámara de Representantes, 35 escaños del Senado y 36 gobernaciones.

Conviene hacer tres observaciones sobre estos datos. La primera es la tendencia histórica del voto de castigo al partido del presidente: en 18 de las 20 elecciones de medio término celebradas desde 1946, este perdió escaños en la Cámara. Esa regularidad no determina el resultado, pero establece un punto de partida desfavorable para el partido en el poder. La segunda es aritmética. La diferencia es de cinco escaños en la Cámara y de seis en el Senado, de modo que cualquier desplazamiento moderado del voto basta para alterar el control de la primera, mientras que el Senado exige un desplazamiento mayor. Polymarket¹, el popular mercado de predicción, refleja esa asimetría: asigna a los demócratas un 92% de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes, frente a un 65% de controlar el Senado. El agregador de encuestas de Real Clear Polling² concede el 50,8% a los demócratas y el 42,5% a los republicanos en el voto genérico al Congreso. La tercera es metodológica. Un agregador de encuestas mide intención de voto; un mercado de predicción agrega expectativas sobre el resultado. Son indicadores complementarios, no equivalentes, y las probabilidades de ambas cámaras no son independientes, por lo que no deben multiplicarse para estimar un resultado conjunto. La implicación analítica es doble. Por un lado, la diferencia entre el 92% y el 65% que asignan los mercados de predicción a la Cámara y al Senado responde a una asimetría real en la estructura de la contienda y no solo a incertidumbre estadística. Por otro, si la Cámara queda en manos demócratas y el Senado en manos republicanas, el bloqueo legislativo pasa a ser la constante.

En cualquier caso, la información apunta a mayorías mínimas, y esa fragilidad condiciona el análisis posterior. Más del 90% de los escaños de la Cámara corresponde a distritos seguros, cuya filiación puede anticiparse ya³. Cabe concluir que el partido que gane tendrá una mayoría estrecha. Además, el número de escaños del Senado sin candidato a la reelección asciende a trece (nueve republicanos y cuatro demócratas), y esos escaños abiertos cambian de partido con más facilidad que los defendidos por un titular.

A falta de pocas semanas, el presidente Trump se ha lanzado a los mítines para recortar la diferencia y ha anunciado días intensos de campaña por todo el país. Esta decisión refuerza el carácter presidencial del plebiscito: vincula el resultado de cada distrito a su figura y reduce el margen de los candidatos para diferenciarse de los factores nacionales que les perjudican.

En la práctica, la campaña muestra un desgaste silencioso de las posiciones republicanas. Sus candidatos son arrastrados por indicadores negativos de ámbito nacional, aunque ninguno de ellos es por sí solo decisivo. La categoría analítica pertinente es la negatividad acumulada: la concatenación de varias crisis, cada una de alcance limitado, que en conjunto erosionan la posición del partido en el poder. Los factores identificados son una desaprobación presidencial⁴ del 60%, la inflación persistente con tipos de interés elevados y la percepción de guerras sin objetivo determinado.

Veamos el detalle. La desafección hacia el presidente es una constante de difícil reversión. Según el seguimiento mensual de Nate Silver⁵, el promedio de encuestas a 3 de junio situaba la aprobación de Trump en el 38,6% y la desaprobación en el 57,6%, con un saldo neto de −19 puntos, el más bajo de su segundo mandato. En el voto genérico, los demócratas lideraban por siete puntos, frente a los 6,5 que tenían en la misma fecha de 2018, ciclo en el que ganaron 41 escaños en la Cámara.

La gestión económica presenta una paradoja: la macroeconomía funciona, pero los salarios no alcanzan. El coste de la vivienda, la electricidad, la alimentación, los seguros médicos y los servicios no se corresponde con el crecimiento agregado. El precio del galón de gasolina, entre 4 y 6 dólares, hace visible esa brecha en el gasto cotidiano. La divergencia entre el indicador agregado y la posibilidad de una vida asequible (traducción libre de affordability) explica que unos datos macroeconómicos favorables no se traduzcan en respaldo electoral: el votante evalúa la economía por lo que paga, no por lo que crece el conjunto. La economía afecta de manera desigual a la coalición de votantes trumpistas: los trabajadores industriales, el voto rural, los conservadores tradicionales y la tecnoderecha. Sus intereses no convergen: atracción de factorías y recuperación del empleo industrial, fomento de las exportaciones, proteccionismo, bajada de los tipos de interés o desregulación masiva. Son prioridades de política económica contradictorias entre sí. Mientras las condiciones económicas fueron favorables o el adversario estaba definido (China y Europa, como destinatarios de los aranceles), esa pluralidad era gestionable. Con presión sobre los precios, las tensiones entre grupos se hacen más visibles.

Entretanto, la IA es la apuesta industrial de la Administración. La desregulación crea empleo y riqueza, pero también genera malestar social. La infraestructura tecnológica requiere a su vez infraestructura física y consume recursos locales. Los centros de datos ilustran la tensión: generan empleo, pero elevan la factura eléctrica de las comunidades que los acogen. La lectura local conecta así con la asequibilidad: suben los precios, no los salarios. A ello se añade la incertidumbre de los fondos de capital privado (private equity). Nadie sabe cuánta paciencia mostrarán con las inversiones en IA antes de exigir rentabilidad. Si el ciclo de inversión se corrigiera, el riesgo sería sistémico. Es un riesgo de cola, de impacto potencialmente alto, que podría alterar el contexto económico con independencia de la campaña.

Del lado demócrata, el panorama es distinto en naturaleza: los demócratas no entusiasman, pero se benefician de una ola de cambio. Se trata de un voto de rechazo más que de adhesión. La estrategia electoral demócrata consiste en presentar nuevos perfiles, renovar el argumentario y preparar el terreno para las presidenciales de 2028 ya en los próximos seis meses. Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, es la apuesta segura. El senador Jon Ossoff, que defiende su escaño en Georgia, es la joven promesa. Wes Moore, aspirante a repetir como gobernador de Maryland, es el tapado. Kamala Harris desliza que su tiempo ha llegado y ha recuperado su perfil público.

Integridad electoral: riesgos imprecisos, efectos reales

La integridad electoral no está bajo sospecha. Sin embargo, los riesgos existen y pueden tener un efecto inesperado en el comportamiento del electorado. Por su naturaleza, operan de forma asimétrica y su impacto es incierto. Hay que evitar una mirada determinista (si A, luego B) porque la evidencia empírica no da soporte a una manipulación directa del electorado como resultado de una decisión ejecutiva aislada.

El primer riesgo reside en la estructura legal y las restricciones aplicadas. Las leyes estatales de prueba de ciudadanía y el miedo a votar actúan de forma asimétrica. El riesgo de fraude que justifica las primeras es marginal, pero el efecto sobre la participación legítima no lo es, y recae sobre todo en los votantes naturalizados y en la comunidad latina. El miedo a votar es un riesgo real: incluye la presión sobre funcionarios electorales y la irrupción de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los colegios electorales. Un rasgo analítico relevante es que el efecto disuasorio no depende de que el evento ocurra, sino de que se anuncie. Por esa razón, la ausencia de incidentes el día de la votación no demostraría ausencia de efecto.

El segundo es el rediseño de distritos (gerrymandering), que se ha normalizado como arma electoral, aunque su efecto neto es limitado porque los movimientos de Texas y California se compensan. Esa compensación reduce su relevancia para el resultado agregado, aunque no su significado institucional: la redistribución de distritos se ha convertido en un instrumento ordinario de competición. Es una mala noticia para la estabilidad en el medio plazo, porque altera las reglas del juego e incorpora nuevos patrones a la cultura política estadounidense. Con todo, su efecto neto a medio plazo es incierto. Convertir un distrito demócrata en republicano obliga a trasladar votantes demócratas a los distritos republicanos vecinos, que quedan menos seguros. Y viceversa. En una próxima convocatoria, la maniobra puede volverse en contra de sus impulsores.

Otros factores tienen un impacto incierto. La movilización demócrata en torno a Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, ha animado el debate de las ideas. Los demócratas han recuperado el pulso y el tono del electorado progresista. Se habla de riqueza y redistribución, vivienda, protección de las minorías o gobernanza de las instituciones. Está por ver si dicho impulso tiene efectos en el voto fuera de las grandes capitales urbanas. La cuarta convocatoria «No Kings» antes del voto anticipado apunta en la misma dirección: estamos ante un movimiento de movilización electoral, no solo de protesta. La «slopanda» introduce un riesgo de otra naturaleza, la propaganda generada por inteligencia artificial, cuyo efecto sobre la decisión de voto es difícil de aislar. No conviene sobrevalorar la capacidad de la injerencia extranjera para moldear las preferencias de los votantes, bien sea mediante campañas encubiertas de desinformación o financiación opaca, bien mediante otras operaciones que consigan alterar el desarrollo de las elecciones o el recuento de votos.

Estos factores limitan la capacidad de predecir la participación diferencial, que es precisamente la variable de la que dependen mayorías tan estrechas.

«Gobernar desde fuera»: una estrategia previsible

El resultado modificará los incentivos, los instrumentos y la carrera presidencial. El mecanismo central es sencillo: sin mayoría en las dos cámaras, las decisiones se presidencializan mediante órdenes ejecutivas. La estrategia resultante consiste en «gobernar desde fuera», es decir, en eludir las restricciones del poder legislativo o trasladar la disputa a los tribunales.

La tabla 1 recoge tres escenarios de trabajo. Son hipótesis analíticas derivadas de los indicadores anteriores, no previsiones con probabilidad asignada.

La concentración de decisiones en el ejecutivo facilita la cohesión política. A ello contribuye un rasgo particular del presidente Trump: su horizonte de decisión no incluye el periodo posterior a 2028, de modo que el cálculo de largo plazo pesa menos que en otros casos. Hasta la fecha, el presidente ha demostrado una apuesta táctica continuada, que no valora los efectos de sus decisiones en el cuerpo electoral al término de su mandato. El coste, sin embargo, es doble. El primero es político, porque cada decisión unilateral concentra la responsabilidad en la Casa Blanca. El segundo es la debilidad institucional. Un presidente sin apoyos legislativos representa un proyecto frágil, porque el siguiente presidente puede revocar lo aprobado por decreto al margen de las cámaras. La política que no se apoya en el legislativo depende del inquilino del Despacho Oval. El antecedente directo es el mandato del presidente Barack Obama entre 2014 y 2016. Sin el control del Congreso, recurrió a decisiones ejecutivas y se discutió sobre la «presidencialización» de su acción de gobierno. En 2017, el presidente Trump revirtió con rapidez buena parte de sus políticas, y los tribunales ya habían frenado algunas de sus medidas por defectos de procedimiento. El caso aporta una regularidad útil: la acción ejecutiva es rápida de adoptar, pero su durabilidad depende de su anclaje jurídico y de la continuidad política de quien la firma. Esa lección se aplica por igual a la Administración actual, y explica por qué los instrumentos con base legal previa, como los comerciales que se analizan a continuación, adquieren más importancia.

Sin el Congreso como socio, la seguridad económica recurrirá a las secciones 122 y 301 de la Ley de Comercio de 1974 (Trade Act)⁶ y a la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 (Trade Expansion Act). Las secciones 232 y 301 configuran una arquitectura sectorial y más duradera, porque se apoyan en habilitaciones legales ya existentes y se aplican sector por sector. Es la vía natural para quien necesita instrumentos de política comercial sin pasar por una votación legislativa. La estrategia anterior se diluyó tras la decisión del Tribunal Supremo. El 20 de febrero de 2026, este invalidó los aranceles impuestos al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)⁷. En cuestión de horas, la Casa Blanca sustituyó estos instrumentos por un recargo basado en la sección 122 con apoyo adicional en la 232 y la 301. La sección 122 permite aranceles de hasta el 15% durante 150 días sin autorización del Congreso. Su carácter temporal explica por qué la arquitectura sectorial de las secciones 232 y 301 resulta más duradera.

El instrumental comercial plantea un dilema entre dos objetivos. El proteccionismo (comercio, aranceles, restricciones) busca proteger la producción nacional, pero erosiona la competitividad, ya afectada por la inflación y por la política migratoria: la restricción de la mano de obra, en un contexto de escasez en agricultura, construcción y cuidados, encarece la producción. Entretanto, el acceso al mercado estadounidense actúa como palanca de negociación frente a terceros.

Los costes recaen sobre importadores y consumidores, y generan tensión con la Reserva Federal y con la política de tipos de interés. Aquí aparece un punto de fricción con el análisis electoral: la asequibilidad es la principal vulnerabilidad republicana, y los aranceles tienden a elevar precios. Cabe formular como hipótesis que el incentivo electoral empuja hacia una aplicación selectiva de los instrumentos, aunque la evidencia disponible no permite confirmarlo.

Con China, la relación es de rivalidad económica selectiva, orientada a evitar un daño mayor. La tensión se concentra en la inteligencia artificial, los semiconductores, los recursos críticos, las inversiones y las cadenas de suministro. Es una competencia por sectores, no un enfrentamiento global.

Las elecciones tendrán implicaciones para los intereses estratégicos y económicos de Europa, y la más importante es, probablemente, la relación con la OTAN. La presión se orienta hacia la industria de la defensa. No cabe esperar una ruptura, pero sí un condicionamiento del comercio y de las inversiones. El mismo mecanismo que se emplea con China, el acceso al mercado como moneda de cambio, se aplica aquí con un objetivo más específico: la industria de la defensa. Es una llamada de atención para aterrizar la estrategia europea de seguridad con dirección común en defensa, seguridad económica, infraestructuras críticas y socios externos, con un poder ejecutivo que acorte los ciclos de decisión y simplifique las reglas de actuación.

Implicaciones para la política exterior

El modelo operativo actual combina diplomacia presidencial con emisarios paralelos, entre ellos Steven Witkoff y Jared Kushner. Este diseño concentra la iniciativa en la Casa Blanca y reduce el papel de los canales institucionales. El presidente aspira a un legado que no llega, con más anuncios que acuerdos. Dos efectos se derivan de ello: una diplomacia transaccional acusada que apuesta por el bilateralismo y los resultados a corto plazo, así como el desmantelamiento de los instrumentos de poder blando (valores compartidos, diplomacia pública, multilateralismo). La tabla 2 resume los principales teatros y su variable clave.

La tabla permite dos lecturas. La primera es sectorial: cada teatro responde a una lógica propia, pero comparten un patrón de gestión personalizada y de resultados por anuncio. En Rusia, Ucrania y la OTAN, la conexión entre territorio, garantías y sanciones implica que un avance en una variable condiciona las otras dos, lo que dificulta los acuerdos parciales. La segunda lectura es de interdependencia con la política interior.

El caso de Irán es el más claro: Ormuz y el retorno de la geografía se traducen en precios de la energía, y estos en inflación, que es uno de los factores que debilitan la posición republicana. El 3 de junio, el promedio de encuestas⁸ mostraba que el 58% de los estadounidenses se oponía a la guerra y solo el 35,7% la apoyaba, frente al 47,3% y el 35,1%, respectivamente, al inicio de la Operación Epic Fury, la ofensiva militar contra Irán. El respaldo republicano seguía siendo alto, con un 81% según una encuesta de CBS News⁹, pero la aprobación de Trump en economía e inflación había caído también entre los republicanos. El porcentaje de estos que consideraba difícil o gravoso el precio de la gasolina pasó del 41% en febrero al 50% en mayo, según la misma encuesta. El mecanismo que identifica el análisis de partida se confirma: la política exterior opera como fuente de vulnerabilidad doméstica a través de los precios, y los candidatos de distritos competitivos perciben la guerra como un pasivo electoral aunque el respaldo republicano agregado siga siendo alto.

La política exterior no es, por tanto, un dominio separado de la campaña, sino una de sus fuentes de vulnerabilidad. Ocurre lo mismo con las migraciones y la escasez de mano de obra, que enlazan la agenda exterior con el coste de la vida y la producción industrial.

Para la Unión Europea, el escenario más probable combina continuidad en la orientación y mayor volatilidad en los instrumentos. El acuerdo comercial del verano de 2025, que fijó un arancel general del 15% para la mayoría de las exportaciones europeas a cambio de compromisos de compra de energía y de inversión, se negoció bajo la amenaza de aranceles amparados en la legislación vigente. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, la presión se desplaza hacia el acero, el aluminio, el automóvil, los semiconductores o los productos farmacéuticos. Es una presión más lenta, pero también más difícil de revertir. A ello se suma la fricción regulatoria. La Administración considera que la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales y los impuestos nacionales sobre servicios digitales son barreras comerciales contra las empresas estadounidenses, y la sección 301 ofrece el cauce para responder. Bruselas dispone del instrumento contra la coerción, pero su activación requiere una voluntad política entre los Estados miembros que hoy no está garantizada. Un presidente con un Congreso hostil tendrá más incentivos para exhibir firmeza exterior y para convertir la relación comercial con Europa en un escaparate de resultados. La Unión debe prepararse para negociar sector por sector, con menos certidumbre jurídica y con plazos más cortos.

En la OTAN, el compromiso adoptado en la cumbre de La Haya de 2025, que eleva el objetivo de gasto al 5% del PIB en 2035 (3,5% en defensa básica y 1,5% en seguridad e infraestructuras relacionadas), se ha convertido en la vara de medir de la relación transatlántica. La Administración no cuestiona formalmente el artículo 5, pero lo condiciona al esfuerzo de cada aliado y a la compra de material estadounidense. Un Congreso con mayoría demócrata reforzaría el consenso bipartidista a favor de la Alianza y de Ucrania; desde diciembre de 2023, además, la ley exige el consentimiento del Senado o una ley del Congreso para retirarse de la OTAN. Sin embargo, el legislativo no controla el despliegue de tropas en Europa ni el ritmo de la ayuda militar, que dependen del ejecutivo. El riesgo no es la ruptura, sino el vaciamiento: reducción de la presencia en el flanco oriental, menor intercambio de inteligencia o retrasos en las entregas de material. Para los aliados europeos, la respuesta pasa por convertir el gasto en capacidades reales, reforzar la base industrial de defensa y asumir el liderazgo en las garantías de seguridad y la reconstrucción de Ucrania. El pilar europeo de la OTAN deja de ser una opción para convertirse en una necesidad operativa.

España tendrá que aprender a navegar en este nuevo escenario estratégico. Necesitará combinar lealtad atlántica, capacidad europea y una agenda propia en el Mediterráneo, el Sahel y América Latina, con una interlocución que no dependa solo del ciclo electoral estadounidense.

Conclusiones

Las elecciones de medio término condicionarán la capacidad legislativa del presidente Trump, así como los incentivos, los instrumentos y los límites de su política exterior. El diagnóstico de partida pivota sobre tres puntos: mayorías mínimas, centralidad de la asequibilidad (affordability) y conexión entre política exterior y precios. La eventual pérdida de la mayoría republicana aumentaría el valor relativo de la acción ejecutiva, la diplomacia presidencial, los instrumentos económicos y las decisiones de seguridad nacional. Esa sustitución tiene un precio: las decisiones adoptadas sin respaldo legislativo son más rápidas y también más reversibles, como mostró el antecedente de 2014-2016. Para Europa, la consecuencia práctica es la necesidad de decidir más deprisa y de preparar una interlocución con Washington que no dependa de la composición del Congreso. El resultado no cierra un ciclo, sino que abre otro. Esa misma noche, con los resultados, comenzará la competición sucesoria para 2028.

Tres lecciones se desprenden del análisis. La primera es que el resultado legislativo no altera la dirección estratégica de la Administración, sino su método: más decisiones ejecutivas, más instrumentos sectoriales y más diplomacia personal. La segunda es que la vulnerabilidad doméstica, sobre todo la asequibilidad, se convierte en un límite real para la política exterior: los aranceles y las guerras tienen un coste que el votante percibe en la gasolinera y en el supermercado. La tercera es que la reversibilidad pasa a ser un rasgo estructural de la política estadounidense: lo que se decide por orden ejecutiva puede deshacerse con otra, y los socios lo saben.

Para Europa, la lectura estratégica es inequívoca. La relación transatlántica seguirá siendo imprescindible, pero ha dejado de ser previsible. La Unión tendrá que negociar con un Washington que fragmenta la agenda por sectores, mientras la OTAN exige un esfuerzo de gasto que solo tiene sentido si se traduce en capacidades e industria propias. España, con una posición singular en ambos marcos, tendrá que hacer de su propia previsibilidad una ventaja: compromisos creíbles, prioridades claras y capacidad de interlocución con republicanos y demócratas, con el Congreso y con los gobiernos estatales, no solo con la Casa Blanca.

Por último, los dos años que separan las elecciones de medio término de las presidenciales serán un periodo de transición acelerada. Los aspirantes de ambos partidos empezarán a definir posiciones sobre comercio, alianzas y China, y esas posiciones anticipan la política exterior de 2029. Seguir esa competición sucesoria es, desde ya, una tarea de análisis estratégico.

Las ideas contenidas en estos artículos son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente el pensamiento del CESEDEN o del Ministerio de Defensa.