IEEE. Consideraciones académicas al coste electoral de las guerras de elección en los EEUU. Los estudios de caso de Irán y la I Guerra del Golfo

Introducción

En el ámbito de la Relaciones Internacionales, la relación biunívoca y la influencia que representan las “guerras por elección”¹ entre la política exterior y política doméstica constituye uno de los debates más recurrentes en este dominio académico. En el caso de Estados Unidos, esta cuestión adquiere especial preeminencia debido a la responsabilidad inherente del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al que se añade el papel relevante de la opinión pública y la influencia que tienen los conflictos armados que no son por necesidad², en el comportamiento electoral. Desde la guerra de Vietnam hasta las campañas militares en Afganistán e Irak, numerosos analistas han planteado una pregunta recurrente:

¿Puede el calendario electoral influir en la decisión de los presidentes estadounidenses de iniciar, escalar o evitar intervenciones militares? ¿Cómo influyen este tipo de conflictos en el electorado en los EEUU?

La literatura académica ha abordado esta cuestión desde diversas perspectivas teóricas. Entre las más influyentes se encuentran el efecto o “todos juntos tras la bandera”, rally ’round the flag³, el de la guerra distractiva, diversion war⁴ y los estudios sobre el coste político de las guerras prolongadas. Aunque ninguna de estas teorías sostiene que los presidentes recurran sistemáticamente a la guerra para ganar elecciones, sí coinciden en señalar que los incentivos electorales influyen en el tipo de uso de la fuerza que resulta políticamente más rentable, asi como los costes de las mismas cuando fuerzan a la finalización de la guerra o la retirada.

El objetivo de este artículo es examinar la relación entre elecciones y uso de la fuerza en Estados Unidos, su influencia en el electorado, y aplicar ese marco analítico al conflicto actualmente en curso con Irán y a otro ya pasado como fue la I Guerra del Golfo, pues ambos pueden servir como estudio de caso sobre las tensiones entre cálculo estratégico, lógica militar y dinámica política doméstica.

El efecto “rally ’round the flag” y la política exterior presidencial

Uno de los conceptos más influyentes para analizar la relación entre crisis internacionales y opinión pública es el denominado efecto“rally ’round the flag” o todos juntos tras la bandera. El término fue introducido por John E. Mueller⁵ quien observó que, en momentos de crisis o confrontación militar, la aprobación presidencial en Estados Unidos tiende a aumentar temporalmente. La explicación es que, ante una amenaza externa, el presidente es percibido como símbolo de unidad nacional y liderazgo, lo que genera una convergencia momentánea del apoyo ciudadano en torno a su figura.

Investigaciones posteriores matizaron esta idea al señalar que el efecto rally no se activa automáticamente en todas las crisis. Richard Brody⁶ mostró que su intensidad depende en gran medida del consenso entre las élites políticas y del encuadre mediático del conflicto. Cuando la oposición evita criticar al presidente y los medios presentan el acontecimiento como una amenaza para la seguridad nacional, el apoyo público tiende a aumentar. En cambio, cuando existen divisiones partidistas desde el inicio, el efecto rally suele ser mucho más limitado.

Otros estudios han destacado el papel del entorno informativo. Así, Matthew A. Baum⁷ sostiene que, en las primeras fases de una crisis, los medios suelen adoptar una narrativa relativamente homogénea y patriótica, lo que facilita el incremento del apoyo presidencial. Sin embargo, a medida que el conflicto se prolonga y surgen interpretaciones críticas, la cobertura mediática se diversifica y el respaldo público comienza a erosionarse.

La literatura también subraya que la relación entre bajas militares y apoyo a la guerra depende en gran medida de la percepción de éxito estratégico. Gelpi, Feaver y Reifler⁸ sostienen que los ciudadanos están dispuestos a aceptar costes humanos elevados cuando creen que la guerra avanza hacia una victoria clara; por el contrario, cuando el conflicto parece estancado o carece de objetivos definidos, el apoyo disminuye rápidamente.

En conjunto, los estudios empíricos coinciden en que el rally ´round the flag suele ser intenso pero breve. Los aumentos de popularidad asociados a crisis internacionales tienden a desaparecer en cuestión de semanas o meses si no se ven reforzados por logros estratégicos visibles, pues se va diluyendo con el pasar del tiempo. De este modo, aunque las crisis externas pueden fortalecer inicialmente la autoridad del Ejecutivo, sin embargo, la capacidad para sostener ese apoyo dependerá de la legitimidad de la intervención, de su eficacia percibida y de los costes que imponga a la sociedad en tiempo y recursos, financieros y humanos.

En última instancia, la literatura sobre el efecto rally ’round the flag revela una tensión estructural propia de las democracias tal es que las crisis internacionales pueden reforzar momentáneamente el liderazgo presidencial, pero rara vez proporcionan una ventaja política duradera si no van acompañadas de resultados estratégicos claros.

La hipótesis de la guerra de distracción, diversionary war, y la instrumentalización doméstica del uso de la fuerza

Otra de las explicaciones relevantes para analizar la relación entre política doméstica y política exterior es la denominada diversionary war theory. Esta perspectiva sostiene que los líderes políticos, especialmente en democracias donde dependen del apoyo de la opinión pública y de la competencia electoral, pueden verse incentivados a recurrir al uso de la fuerza en el exterior cuando afrontan dificultades internas significativas. Caídas en la aprobación presidencial, crisis económicas, escándalos políticos o bloqueos institucionales pueden generar incentivos para desplazar la atención pública hacia una amenaza externa y reforzar temporalmente la cohesión nacional en torno al liderazgo político⁹.

En términos teóricos, la lógica distractiva parte de que cuando un gobernante percibe un deterioro de su posición interna, puede intentar modificar la agenda política trasladando el foco del debate desde los problemas domésticos hacia el escenario internacional. Como señala Levy¹⁰, esta teoría no implica que los conflictos se creen artificialmente ni que la política doméstica sustituya a la geopolítica, sino que, bajo determinadas circunstancias, los líderes pueden considerar el uso de la fuerza como una herramienta políticamente racional para mejorar su posición interna.

Esta lógica se conecta parcialmente con el conocido efecto rally ’round the flag, aunque ambos conceptos no deben confundirse. Mientras el rally effect describe el aumento de apoyo presidencial tras una crisis internacional, la diversionary war theory intenta explicar por qué un líder podría tener incentivos para iniciar o intensificar un conflicto en función de sus necesidades políticas domésticas.

En el caso estadounidense, esta hipótesis ha generado un intenso debate empírico. Algunos estudios sugieren que los presidentes pueden mostrar mayor propensión a recurrir a usos limitados de la fuerza cuando atraviesan momentos de vulnerabilidad política interna. Ostrom y Job¹¹ argumentan que las decisiones sobre el empleo de la fuerza no pueden entenderse únicamente desde variables estratégicas, sino también desde el contexto político doméstico. Desde esta perspectiva, operaciones militares limitadas, bombardeos puntuales o ataques de represalia, pueden resultar útiles porque proyectan liderazgo sin asumir de inmediato los elevados costes políticos de una guerra prolongada. De manera similar, DeRouen¹² subraya que las dificultades económicas pueden aumentar los incentivos para adoptar una política exterior más activa o coercitiva.

No obstante, una parte importante de la literatura cuestiona la solidez empírica de esta teoría. Meernik y Waterman¹³ concluyen que la evidencia disponible no permite afirmar que los presidentes estadounidenses utilicen sistemáticamente la fuerza con fines diversivos. El principal problema metodológico radica en demostrar que la motivación de una intervención fue desviar la atención de problemas internos y no responder a amenazas o cálculos estratégicos reales.

Por ello, los estudios más recientes adoptan una posición menos dogmática. La política doméstica rara vez explica por sí sola la decisión de intervenir militarmente, pero sí puede influir en el momento, la intensidad y el encuadre político del uso de la fuerza. En este sentido, más que buscar casos puros de guerra distractiva, resulta más útil analizar cómo los líderes integran otras variables internas en su cálculo estratégico.

En definitiva, la principal aportación de la guerra distractiva, diversionary war theory, es haber subrayado que la política exterior y la política doméstica forman parte de un mismo espacio de decisión, pues una condiciona la otra y viceversa. En las democracias, la guerra por elección no es solo un fenómeno estratégico o militar, sino también una acción profundamente condicionada por cálculos electorales, percepciones públicas y dinámicas de legitimación interna, por lo que el elegir llevarla a cabo pudiera también formar parte de un modo de desviar el foco y la atención de otros problemas internos

El coste electoral de las guerras prolongadas

Aunque las intervenciones militares pueden generar beneficios políticos iniciales como se ha visto, una parte importante de la literatura muestra que las guerras que se dilatan en el tiempo tienden a erosionar el apoyo público y a generar desgate electoral para el partido gobernante¹⁴. A diferencia de la movilización inicial frente a una amenaza externa, los conflictos largos suelen exponer a los gobiernos a dinámicas de fatiga social, aumento de los costes humanos y económicos, y creciente cuestionamiento político.

La experiencia histórica estadounidense ilustra claramente este patrón. Durante la guerra de Vietnam, el respaldo inicial al esfuerzo militar fue disminuyendo a medida que aumentaban las bajas y se hacía evidente la dificultad de alcanzar una victoria clara. Este deterioro de la percepción pública del conflicto estuvo acompañado por una caída significativa de la aprobación presidencial y un debilitamiento político de la administración Johnson¹⁵

Una dinámica similar se observó décadas después en Irak y Afganistán. La intervención en Irak en 2003 contó inicialmente con un amplio respaldo, pero este apoyo se redujo a medida que el conflicto derivó en una insurgencia prolongada, con un goteo constante de bajas. En este contexto, Kriner y Shen¹⁶ demostraron que el número de bajas militares en Irak tuvo un impacto negativo estadísticamente significativo en el voto a los candidatos republicanos en las elecciones legislativas de 2006, especialmente en aquellos distritos donde las pérdidas humanas fueron más visibles.

Sin embargo, la relación entre bajas militares y apoyo público es más compleja de lo que sugieren las explicaciones puramente cuantitativas de las guerras por elección. Gelpi, Feaver y Reifler¹⁷ sostienen que la tolerancia de la opinión pública hacia los costes de la guerra depende en gran medida de la percepción de progreso estratégico. Cuando los ciudadanos creen que el conflicto se desarrolla con una victoria clara en el horizonte o los objetivos están bien definidos, el apoyo puede mantenerse incluso con costes elevados. Por el contrario, cuando la guerra se percibe como estancada o carente de estrategia, el respaldo público disminuye rápidamente.

Este fenómeno refleja lo que Bruce Russett denominó el “dilema democrático de la guerra”¹⁸. Las democracias tienen capacidad para iniciar conflictos armados, pero necesitan mantener el apoyo público para sostenerlos en el tiempo. En consecuencia, los conflictos prolongados generan una tensión entre la lógica militar, que requiere del tiempo y la persistencia, y la lógica política que exige resultados visibles y costes socialmente aceptables.

Desde esta perspectiva, el coste electoral de las guerras prolongadas puede entenderse como una expresión del mecanismo de rendición de cuentas democrática. Los ciudadanos evalúan retrospectivamente la gestión del conflicto y premian el éxito o castigan el fracaso en las urnas. Por ello, aunque las intervenciones militares puedan proporcionar beneficios políticos iniciales, su prolongación suele invertir esa dinámica y transformar la guerra en una fuente de desgaste político. En este sentido, muchos analistas han señalado que las democracias, máxime aquellas que son una potencia hegemónica, rara vez pierden guerras por falta de capacidad militar, sino por la erosión del apoyo político interno que acompaña a los conflictos prolongados.

Presidenciales y mid-terms: dinámicas electorales diferenciadas

El impacto electoral de los conflictos armados en Estados Unidos no es uniforme y varía significativamente según el tipo de elección y el momento del ciclo político. La literatura sobre política exterior y comportamiento electoral ha mostrado que las guerras pueden influir de manera distinta en las elecciones presidenciales y en las elecciones legislativas de mitad de mandato (midterms), debido a diferencias institucionales, dinámicas partidistas y patrones de comportamiento del electorado. En términos generales, mientras que las elecciones presidenciales tienden a amplificar el efecto del liderazgo individual del presidente como Commander in Chief, las mid-terms suelen funcionar como mecanismos de evaluación de la gestión del gobierno, donde los costes de la guerra pueden traducirse con mayor facilidad en castigo electoral para el partido gobernante¹⁹.

En las elecciones presidenciales, el impacto de la política exterior y de los conflictos armados se encuentra estrechamente vinculado a la percepción del liderazgo presidencial. La Constitución estadounidense otorga al presidente amplias prerrogativas en materia de política exterior y defensa, lo que refuerza la centralidad de su figura durante las crisis internacionales. En este contexto, una operación militar exitosa puede fortalecer la imagen de liderazgo del presidente y consolidar su reputación como garante de la seguridad nacional. La literatura indica que los votantes tienden a evaluar al presidente en función de su capacidad para ejercer autoridad y proyectar firmeza en el escenario internacional, especialmente en momentos de incertidumbre estratégica²⁰.

Históricamente, varios episodios ilustran cómo el éxito militar puede traducirse en beneficios electorales. La rápida victoria en la Guerra del Golfo de 1991 produjo un incremento sustancial en los niveles de aprobación del presidente George H. W. Bush, aunque ese capital político no se tradujo finalmente en su reelección debido a factores económicos internos²¹. De manera similar, algunas intervenciones limitadas tales como operaciones aéreas o misiones de corta duración, han permitido a los presidentes proyectar liderazgo sin asumir los riesgos políticos asociados a guerras prolongadas. En estos casos, el rol de comandante en jefe adquiere una dimensión simbólica al reforzar la narrativa de autoridad y capacidad decisoria del Ejecutivo.

Sin embargo, esta relación entre conflicto armado y apoyo electoral es profundamente contingente. Cuando una guerra se prolonga o comienza a percibirse como un fracaso estratégico, el conflicto puede transformarse en un lastre electoral significativo. La experiencia de la guerra de Vietnam constituye uno de los ejemplos más ilustrativos de esta dinámica. A medida que el conflicto se intensificó y el número de bajas aumentó, el apoyo público a la intervención comenzó a deteriorarse rápidamente. Este desgaste político afectó gravemente a la administración de Lyndon B. Johnson, hasta el punto de que el propio presidente decidió no presentarse a la reelección en 1968. El caso vietnamita puso de manifiesto que, en las democracias, el apoyo a la guerra depende en gran medida de la percepción de progreso y de la claridad de los objetivos estratégicos²².

Un patrón similar se observó décadas después durante la presidencia de George W. Bush. Aunque la invasión inicial de Irak en 2003 generó un aumento significativo en los niveles de aprobación presidencial, la prolongación del conflicto y el aumento de la violencia insurgente erosionaron progresivamente ese apoyo. Con el paso del tiempo, la guerra pasó de ser percibida como una demostración de poder militar a convertirse en un conflicto costoso y estratégicamente incierto, lo que contribuyó a deteriorar la posición política del presidente y del Partido Republicano.

Las elecciones legislativas de mitad de mandato, o mid-terms, presentan dinámicas electorales distintas. Históricamente, el partido que ocupa la Casa Blanca tiende a perder escaños en el Congreso durante estas elecciones, un fenómeno que la literatura ha explicado a través de factores como la movilización diferencial del electorado, la reacción contra el partido gobernante y la lógica de equilibrio institucional entre poderes²³.

En este contexto, una guerra impopular puede amplificar considerablemente ese castigo electoral. La investigación empírica de Kriner y Shen demuestra que los conflictos armados pueden tener efectos directos sobre los resultados electorales en elecciones legislativas. Analizando las elecciones al Senado de 2006, los autores encontraron que los distritos con mayores tasas de bajas militares en Irak mostraron una disminución significativa en el apoyo electoral a los candidatos republicanos. Este resultado sugiere que los costes humanos de la guerra pueden traducirse en un castigo electoral tangible para el partido gobernante, especialmente cuando los ciudadanos perciben que el conflicto carece de una estrategia clara o de perspectivas de éxito²⁴ .

En definitiva, la literatura sugiere que los conflictos armados interactúan con el ciclo electoral de manera compleja. Las operaciones militares pueden generar beneficios políticos en el corto plazo, especialmente en contextos presidenciales donde el liderazgo del comandante en jefe adquiere un papel central. Sin embargo, cuando los conflictos se prolongan o generan costes significativos, la dinámica electoral tiende a invertirse, transformando la guerra en un elemento de vulnerabilidad política.

Este patrón refleja una característica estructural de las democracias contemporáneas y es que la capacidad de ir a la guerra dependerá del Ejecutivo, pero la sostenibilidad política de esos conflictos dependerá en última instancia del juicio electoral de los ciudadanos.

La guerra con Irán como estudio de caso contemporáneo a la luz de los enfoques académicos y la actual NSS y NDS

El conflicto actualmente en curso entre Estados Unidos, Israel e Irán constituye un caso particularmente revelador para examinar la interacción entre estrategia militar, conflicto asimétrico y dinámicas político-electorales en democracias. Desde el inicio de la campaña militar en 2026, las operaciones han estado caracterizadas por una estrategia de recurso exclusivamente a las operaciones aéreas y bombardeos quirúrgicos con misiles, orientada a degradar las capacidades militares iraníes, reducir su infraestructura estratégica y debilitar los centros de mando y control del régimen. Esta estrategia alienada con Douhet, quien sostenía que la mejor estrategia era el emplear la aviación para atacar directamente los centros neurálgicos del enemigo (ciudades, industria, moral civil) con bombardeos masivos²⁵, buscando quebrar su voluntad de combatir, responde a un patrón clásico de las campañas contemporáneas de las potencias tecnológicamente superiores, que buscan obtener ventajas estratégicas mediante superioridad aérea, inteligencia avanzada y ataques de precisión contra objetivos críticos.

Sin embargo, el interés analítico del caso iraní no reside solo en su dimensión operacional, sino en la incongruencia estratégica que introduce respecto del marco estratégico oficialmente proclamado por la propia administración estadounidense. La National Security Strategy (NSS)²⁶ de 2025 rechaza explícitamente la lógica de la intervención global y sostiene que “los días en que Estados Unidos sostenía por sí solo el orden mundial como Atlas han terminado”, defendiendo en su lugar un modelo de compartición de cargas, burden-sharing, y de traspaso de cargas, burden-shifting, en el que los aliados “deben asumir la responsabilidad primaria de sus regiones”. El mismo documento añade que la claridad estratégica exige evitar la “sobre-extensión y los objetivos difusos” que, a juicio de la Casa Blanca, minó esfuerzos anteriores. En términos similares, la estrategia insiste en que muchas controversias externas habían sido “periférica e irrelevante” para los intereses nacionales estadounidenses.

Esa misma lógica aparece reforzada en la National Defense Strategy (NDS)²⁷ de 2026. El documento identifica de forma prioritario la defensa del homeland, la proyección de influencia en el hemisferio occidental y, sobre todo, la disuasión de China en el Indo-Pacífico como ejes centrales del esfuerzo estratégico estadounidense. La NDS afirma expresamente que el Departamento de Defensa debe priorizar “la defensa del territorio de soberanía”, homeland security, al tiempo que subraya que los aliados deben asumir la responsabilidad principal de su propia defensa en Europa, Oriente Medio y la península coreana, con un apoyo estadounidense “crítico pero limitado”. En el caso concreto de Oriente Medio, la estrategia no plantea una nueva arquitectura de intervención directa sostenida por Washington, sino el empoderamiento de aliados regionales, Israel y los socios del Golfo, para que sean ellos quienes asuman el peso principal de la disuasión frente a Irán y sus proxis.

Desde esta perspectiva, la intervención contra Irán introduce una tensión estratégica evidente. No solo porque Irán carezca de relevancia para la seguridad estadounidense al no representar para los EEUU ninguna amenaza existencial inmediata como sostienen muchos académicos norteamericanos como John Mearsheimer²⁸, sino también porque una operación militar de esta naturaleza se aparta, al menos parcialmente, del principio doctrinal según el cual Washington debía evitar nuevas campañas extensas en Oriente Medio y concentrar recursos políticos, militares e industriales en prioridades consideradas superiores, particularmente el hemisferio occidental²⁹ y en otra prioridad el Indo-Pacífico. La propia NDS critica las guerras de anteriores administraciones de “derrocar regímenes y construir naciones al otro lado del mundo”, mientras que la NSS insiste en reducir cargas globales no vinculadas de manera directa al interés nacional. Por ello, cuanto más se prolongue la campaña iraní y más recursos exija, más visible será la contradicción entre la práctica y el diseño estratégico oficialmente declarado.

A esta contradicción doctrinal se suma una disonancia político-electoral con su electorado MAGA, igualmente significativa. La propia página oficial de la Casa Blanca presenta el segundo mandato de Trump como un proyecto orientado a “poner fin a las guerras interminables”, para rencaminar las prioridades de la nueva administración que definen la política exterior del Departamento de Estado en términos explícitamente hacia “America First”. En otras palabras, la identidad política de la administración se construyó en buena medida sobre la promesa de abandonar el patrón de intervenciones globales costosas, contener el internacionalismo liberal expansivo y recentrar la acción exterior en la prosperidad, la seguridad fronteriza y el bienestar material de los estadounidenses.

Precisamente por ello, la guerra con Irán posee un potencial de coste electoral superior al de otros episodios de uso limitado de la fuerza. Si la operación se hubiera mantenido como una acción breve, punitiva y de objetivos estrictamente acotados, habría podido encajar en la narrativa de la firmeza sin comprometer el núcleo del mensaje “America First”. Pero la evolución del conflicto que se alarga más de lo previsto inicialmente, la perturbación del estrecho de Ormuz, la subida del Brent por encima de los 100 dólares y la necesidad de que Washington reclame apoyo militar a terceros países para reabrir el tráfico marítimo proyectan la imagen de una administración atrapada en una nueva crisis regional costosa, incierta y difícilmente conciliable con la promesa de “acabar con las guerras interminables”.

Desde la óptica de la literatura sobre conflictos asimétricos, esta evolución no resulta sorprendente. Aunque Estados Unidos y sus aliados conservan una superioridad tecnológica y militar clara, Irán dispone de instrumentos indirectos para compensar esa desventaja. Se encuentra en una guerra de supervivencia con la necesidad de mantener el régimen y por tanto, adoptando una estrategia de extensión del dolor y el sufrimiento en la región y globalmente. En este sentido se ha de entender la presión sobre el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, constituye el ejemplo más claro. Al desplazar el centro de gravedad del conflicto hacia el terreno energético y financiero, Teherán transforma su debilidad militar relativa en una capacidad de coerción indirecta sobre las sociedades occidentales. El objetivo no es derrotar militarmente a Estados Unidos, sino elevar el coste económico y político de la guerra hasta erosionar la voluntad de sostenerla.

Ese desplazamiento del conflicto al terreno económico tiene especial relevancia en clave doméstica como nos advierte la literatura académica. La experiencia histórica estadounidense demuestra que las guerras lejanas e intervenciones militares de los EEUU en guerras de elección adquieren una dimensión políticamente tóxica cuando dejan de percibirse como episodios estratégicos remotos y comienzan a traducirse en costes tangibles para el votante medio tales como la inflación energética, deterioro del poder adquisitivo, disrupciones de mercado o sensación de ausencia de una salida clara. En este sentido, la guerra con Irán amenaza con invertir la lógica del rally effect en un factor de castigo si el electorado la asocia con coste económico.

De hecho, ya existen indicios de que esta contradicción empieza a tener reflejo político en segmentos de la coalición electoral trumpista. Informaciones recientes apuntan a desafección entre votantes jóvenes y sectores atraídos en 2024 por una mezcla de promesas económicas y rechazo a nuevas guerras, algunos de los cuales expresan ahora sentirse traicionados por la intervención iraní y por sus efectos sobre el coste de vida³⁰. Aunque sería prematuro extraer conclusiones definitivas, estos indicios son consistentes con la literatura que sostiene que los conflictos prolongados castigan con especial intensidad cuando contradicen la identidad política con la que el gobernante fue elegido.

Asimismo, los conflictos prolongados plantean riesgos reputacionales y diplomáticos que agravan ese posible desgaste. La resistencia de varios aliados a implicarse militarmente en la reapertura de Ormuz sugiere que Washington no solo afronta costes materiales, sino también límites de legitimidad y de coalición. Ello refuerza la paradoja central del caso: como es que una intervención concebida para demostrar fuerza, restaurar credibilidad y neutralizar una amenaza puede terminar exhibiendo, precisamente, las vulnerabilidades estructurales de una democracia que había prometido en la NSS reducir su exposición a Oriente Medio y concentrarse en prioridades más estrechamente vinculadas al interés nacional.

En última instancia, el conflicto con Irán ilustra con particular nitidez los enfoques académicos de las guerras por elección de los EEUU. Es decir que si bien inicialmente esta operación militar podría haber resultado en un repunte en las encuestas para esta administración en las mid-terms de noviembre de este año en el caso de una campaña exitosa, su alargue con excesivos costes podría derivar en consecuencias muy negativas para el voto de su electorado. Además, si la NSS y la NDS postulaban una América menos sobre extendida, más selectiva en el uso de la fuerza, centrada en el hemisferio occidental e Indo-Pacífico y partidaria de que sus aliados asumieran la carga principal en sus regiones, la intervención en Irán introduce una desviación con potenciales consecuencias internas. Cuanto más dure la guerra, mayores sean sus costes económicos y más se aleje de la promesa de “poner fin a las guerras interminables”, más probable será que el caso iraní deje de ser percibido como una demostración de liderazgo y pase a ser interpretado como un ejemplo de incongruencia estratégica y vulnerabilidad electoral.

La I Guerra del Golfo. El caso perfecto del éxito

Un ejemplo paradigmático de guerra por elección que produjo un refuerzo significativo del liderazgo del presidente es la intervención estadounidense en la Guerra del Golfo de 1991 bajo la presidencia de George H. W. Bush. El éxito político de esta operación se explica, en gran medida, por la convergencia de una serie de factores estratégicos y operacionales que la literatura identifica como condiciones óptimas para la generación de beneficios políticos derivados del uso de la fuerza. Por un lado, la campaña fue extraordinariamente rápida y contundente: tras una fase inicial de bombardeo aéreo masivo (Operation Desert Storm), la ofensiva terrestre se resolvió en apenas cien horas, lo que evitó la prolongación del conflicto y redujo significativamente el riesgo de desgaste político asociado al factor tiempo³¹. Por otro lado, los objetivos políticos y militares fueron deliberadamente limitados y claramente definidos: la administración Bush optó por restaurar la soberanía de Kuwait sin avanzar hacia Bagdad ni buscar un cambio de régimen en Irak, lo que permitió alinear medios y fines estratégicos, evitando la trampa de la sobre extensión y facilitando una percepción clara de victoria³². Además, las bajas estadounidenses fueron relativamente reducidas, 148 muertos en combate, lo que contribuyó a minimizar el coste humano percibido por la opinión pública y a sostener el apoyo interno, en línea con la literatura que vincula la tolerancia social a las bajas con la percepción de éxito estratégico³³. Asimismo, la operación contó con una amplia coalición internacional, integrada por más de treinta países, y con un sólido respaldo jurídico derivado de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, particularmente la Resolución 678, lo que reforzó la legitimidad internacional de la intervención y redujo los costes reputacionales para Washington³⁴. Finalmente, la combinación de estos factores activó un intenso efecto rally ’round the flag, elevando los niveles de aprobación del presidente Bush hasta aproximadamente el 89 %, lo que confirma los postulados de Mueller sobre el incremento temporal del apoyo presidencial en contextos de crisis internacionales percibidas como exitosas³⁵. En conjunto, este caso ilustra cómo la rapidez operativa, la claridad de objetivos, la limitación de costes humanos, la legitimidad internacional y la percepción de victoria constituyen variables clave para que una guerra por elección se traduzca en beneficios políticos para el Ejecutivo en el corto plazo.

Conclusiones

El análisis muestra que la relación entre elecciones y uso de la fuerza en Estados Unidos es compleja y no responde en muchas ocasiones a una lógica académica. Los presidentes no recurren sistemáticamente a la guerra con fines electorales, pero operan dentro de un entorno político en el que el calendario electoral, la opinión pública y la competencia partidista influyen de manera significativa en la forma en que se conciben y ejecutan las intervenciones militares. En este contexto, determinadas modalidades de uso de la fuerza, rápidas, limitadas y con un alto valor simbólico, resultan políticamente más atractivas que las guerras prolongadas y costosas.

La literatura sobre el efecto rally ’round the flag, confirma que las crisis internacionales pueden reforzar temporalmente la autoridad presidencial. Sin embargo, ese incremento de apoyo suele ser breve y depende de factores como el consenso entre las élites, el encuadre mediático del conflicto y, sobre todo, la percepción de éxito estratégico. Cuando estas condiciones desaparecen o el conflicto se prolonga, el efecto rally tiende a diluirse y el apoyo público puede erosionarse rápidamente.

Del mismo modo, el debate sobre la guerra distractiva, diversionary war theory, pone de relieve que la política doméstica no explica por sí sola la decisión de intervenir militarmente, pero sí puede influir en el momento, en la intensidad y en el encuadre político del uso de la fuerza. La política exterior, especialmente en democracias altamente mediatizadas como la estadounidense, no puede entenderse al margen de los incentivos electorales y de la dinámica de la opinión pública.

La variable decisiva para comprender la traducción política de un conflicto armado suele ser el tiempo. Las democracias pueden premiar inicialmente la firmeza y el liderazgo en momentos de crisis, pero tienden a castigar las guerras largas, ambiguas y costosas. A medida que aumentan las bajas, los costes económicos y la incertidumbre estratégica, la guerra puede transformarse en un pasivo político para el gobierno. En este sentido, el coste electoral de las guerras prolongadas constituye uno de los hallazgos más consistentes en la literatura sobre opinión pública y política exterior.

El caso de la guerra con Irán ilustra con especial claridad estas dinámicas. Aunque Estados Unidos mantiene una clara superioridad militar y tecnológica, Irán ha demostrado capacidad para trasladar el conflicto a ámbitos donde el impacto político puede resultar mayor, especialmente en el terreno económico y energético. La presión sobre el estrecho de Ormuz y la volatilidad de los mercados petroleros han contribuido a un aumento significativo del precio del crudo, lo que tiene consecuencias directas sobre la inflación energética y el coste de vida en las economías occidentales.

En el caso estadounidense, el encarecimiento de productos básicos, especialmente la gasolina y la energía, puede tener efectos políticos relevantes. La experiencia histórica muestra que los conflictos exteriores adquieren una dimensión electoral especialmente sensible cuando afectan al bienestar económico cotidiano de los ciudadanos. Un aumento sostenido del precio del combustible o del coste de vida puede erosionar el apoyo social a la guerra y afectar negativamente a la percepción pública de la gestión del conflicto. Esta dinámica resulta particularmente significativa cuando entra en contradicción con las promesas realizadas durante la campaña electoral, en la que se había subrayado la necesidad de evitar nuevas guerras costosas y de priorizar la prosperidad económica doméstica.

En consecuencia, el caso iraní vuelve a poner de manifiesto que las operaciones militares diseñadas para demostrar fuerza, credibilidad estratégica y liderazgo internacional pueden transformarse en una fuente de vulnerabilidad política si el adversario logra prolongar el conflicto y elevar sus costes económicos y sociales. De este modo, la distancia entre superioridad militar táctica y sostenibilidad política estratégica se convierte en uno de los factores centrales para comprender la evolución de los conflictos contemporáneos.

El contraste entre distintos casos históricos permite precisar mejor estas dinámicas. La Guerra del Golfo de 1991 constituye un ejemplo paradigmático de guerra por elección que produjo un claro refuerzo del liderazgo presidencial. La rapidez y contundencia de la campaña, la definición limitada de los objetivos —centrados en la liberación de Kuwait sin derivar hacia un cambio de régimen en Bagdad—, el bajo nivel de bajas estadounidenses, la amplia coalición internacional y la legitimidad conferida por Naciones Unidas generaron una percepción inequívoca de éxito. Este conjunto de factores activó un intenso efecto rally, elevando significativamente la aprobación del presidente George H. W. Bush. El caso ilustra que, cuando la guerra es breve, limitada, legitimada y percibida como victoriosa, puede traducirse en beneficios políticos sustanciales para el Ejecutivo, al menos en el corto plazo.

En última instancia, el análisis sugiere que las democracias no suelen fracasar en la guerra por falta de capacidad militar, sino por la erosión progresiva del apoyo político interno. Y este elemento nos conduce inexorablemente a la Trinidad de Clausewitz³⁶, en la que el Pueblo, Los Ejércitos y el Gobierno han de estar perfectamente alienados y en sincronización de esfuerzos para el éxito en la contienda. La clave no reside únicamente en ganar en términos operacionales, sino en sostener la legitimidad política de la intervención en el tiempo. En este sentido, la comparación entre la Guerra del Golfo de 1991 y el conflicto actual con Irán permite identificar una lección central: en las democracias liberales, no basta con poder ganar cada una de las batallas; es imprescindible poder sostener el conflicto bélico sin que se vuelvan políticamente insostenibles cuando el tiempo, los costes económicos y la erosión del apoyo público terminen transformándolo en un desgaste electoral que conduzca a la larga, a la pérdida de la guerra.