IEEE. El conflicto fronterizo actual entre Colombia y Perú

Introducción

La palabra «frontera» viene del latín frons, frontis, y significa «confín de un Estado o límite», «puesto y colocado enfrente» y «caudillo o jefe militar que mandaba en el frente»¹, en otras palabras, la línea del frente establecida por un ejército. De hecho, antiguamente el tamaño de un reino era el principal criterio para determinar su poder. Sin embargo, en la actualidad, salvo en contadas excepciones, la extensión territorial no es un fin en sí mismo².

Hoy en día, la mayor parte de los conflictos relacionados con los límites fronterizos o territoriales tienen lugar en áreas muy concretas, donde dos o más actores se disputan recursos naturales como las tierras raras (Rusia en Ucrania), el agua (Irak, Nigeria o Somalia) o los diamantes (Sierra Leona), o tratan de dominar un área de gran importancia estratégica (como los Altos del Golán, entre Israel, Líbano y Siria). Fronteras y guerras están tan estrechamente relacionadas que las primeras pueden desencadenar las segundas.

El problema actual entre Colombia y Perú se centra en una disputa territorial por la soberanía de la isla Santa Rosa y otras formaciones fluviales en el río Amazonas, en la zona de la triple frontera que incluye las localidades de Leticia (Colombia), Santa Rosa (Perú) y Tabatinga (Brasil). Esta controversia es consecuencia directa de los cambios dinámicos y la acumulación de sedimentos en el cauce del río Amazonas, que, con el paso de las décadas, han provocado el surgimiento de nuevos islotes, como el de Santa Rosa, que ha acabado fusionándose con la isla Chinería.

En este contexto, la frontera colombo-peruana en el Amazonas deja de ser una línea estática trazada en un mapa para convertirse en un espacio geográfico vivo y en constante transformación.

Esta inestabilidad biofísica no solo desafía los tratados históricos, sino que redefine la seguridad y la economía de las poblaciones locales. Cuando el cauce del río se desplaza, no solo se mueven metros de tierra y lodo: se desplaza también la jurisdicción sobre rutas de navegación vitales y el acceso a recursos estratégicos que sostienen la soberanía efectiva.

La divergencia surge porque Colombia empieza a ver peligrar su acceso al Amazonas, fuente de riqueza y de sustento económico para la población de la región, lo que afecta también a la identidad nacional colombiana y a la seguridad territorial, pues el río es la principal vía de comunicación —a Leticia solo se puede llegar por aire o navegando—.

A primeros de agosto de 2025, el presidente Petro sostuvo que Santa Rosa, así como otras formaciones fluviales, surgieron con posterioridad a la firma de los tratados y, por lo tanto, no han sido asignadas oficialmente a ninguno de los países, por lo que requieren un proceso de asignación de común acuerdo.

Por el contrario, Perú rechaza esta postura, ya que la isla está unida a la isla Chinería, que sí se asignó a Perú en 1929.

Historia del conflicto

La controversia territorial entre Colombia y Perú tiene raíces históricas que se extienden desde el siglo XIX —desde la época de la Gran Colombia y su posterior desintegración— y ha sido moldeada por complejos procesos diplomáticos y conflictos armados, a los que se suma la propia dinámica natural del río Amazonas.

El 3 de julio de 1828, tras una serie de incidentes diplomáticos, Colombia declaró la guerra a Perú. Este conflicto finalizaría al año siguiente con la firma del Tratado de Guayaquil.

Aunque no era su tema central, el tratado también abordaba la disputa territorial entre ambos Estados, estableciendo que se nombraría una comisión para examinar, rectificar y fijar la línea divisoria.

El hecho de que dos años después se disolviera la Gran Colombia y no se pudiera cumplir con lo pactado dejó la cuestión limítrofe subsistente.

Tras varias décadas sin avances, las negociaciones entre ambos países se reanudaron en 1894, teniendo como principales zonas de litigio las cuencas de los ríos Caquetá y Putumayo, donde los intentos de colonización de ambos países desembocaron en choques armados, siendo el más recordado el de La Pedrera³ en 1911.

Posteriormente, con el Tratado de Salomón–Lozano (1922), se puso, aparentemente, fin al conflicto que llevaba enquistado casi un siglo, gracias a que ambos países cedieron parte de sus territorios⁴: Colombia, el conocido como Triángulo San Miguel-Sucumbíos (territorio entre los ríos Putumayo y San Miguel que actualmente pertenece a Ecuador), y Perú hizo lo propio con el margen izquierdo o septentrional del río Putumayo, junto con el Trapecio Amazónico o de Leticia⁵, un corredor con forma trapezoidal que permitía a Colombia acceder al río Amazonas, mucho más situado al sur.

De esta manera, ambos países pasaron a compartir algo más de 110 kilómetros del río⁶.

Además, se establecía como frontera fluvial el thalweg o vaguada, es decir, «la línea media del canal navegable principal del curso de agua, en interés de su uso para la navegación internacional»⁷.

Este término también puede considerarse como la línea que marca la parte más profunda del río.

El Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo⁸. Si a esto se le suma su propia dinámica fluvial, es decir, el proceso por el que la acción de los ríos (erosión y sedimentación, principalmente) modifica el relieve terrestre, la conclusión es que la morfología fluvial del río presenta una variabilidad intrínseca que dificulta la fijación de límites estáticos, por lo que su curso de agua resulta muy inestable.

Además, debido al efecto de Coriolis (como consecuencia de la rotación de la Tierra), esta línea se desplaza, ligera pero constantemente, hacia la derecha en el hemisferio norte; por el contrario, lo hace hacia la izquierda en el hemisferio sur⁹.

Ambos países no solo firmaron el acuerdo, sino que también lo ratificaron, dando por «terminadas todas y cada una de las diferencias que, por causa de los límites entre Colombia y Perú, habían surgido»¹⁰ hasta ese momento.

Entre 1928 y 1929, una Comisión Mixta Demarcadora (tal y como se había establecido) se encargó de aplicar técnicamente el tratado, definiendo la línea del thalweg y asignando las islas existentes en aquel momento, estableciendo que pertenecerían a la nación cuya ribera se encontrara más cercana. Así pues, la isla Chinería se asignó a Perú, mientras que la isla Ronda (justo al norte de la anterior) quedó a cargo de Colombia.

No obstante, el tratado generó un profundo rechazo entre los peruanos, particularmente en la región de Loreto (departamento al que pertenecía Leticia antes de pasar a manos de Colombia), ya que con él se perdía un territorio clave para el comercio fluvial y la conexión amazónica.

En septiembre de 1932, algo más de cuarenta peruanos armados ocuparon Leticia sin autorización de su Gobierno¹¹, buscando revertir los efectos del tratado y recuperar una tierra que consideraban propia. La posición oficial colombiana calificó el acto como una invasión de su soberanía y respondió con el envío de tropas, lo que derivó en enfrentamientos armados por toda la región amazónica, principalmente en Tarapacá y Güepí.

El conflicto —que fue complejo debido a la geografía selvática, el clima extremo y las enfermedades tropicales— tuvo un giro con el asesinato del presidente peruano Luis Miguel Sánchez Cerro¹² a finales de abril de 1933, ya que su sucesor, el general Óscar R. Benavides, adoptó una estrategia más conciliadora, priorizando la negociación sobre los enfrentamientos¹³. Con la mediación de Brasil, las presiones estadounidenses y el apoyo de la Sociedad de Naciones, finalmente se alcanzó un acuerdo provisional por el que Leticia fue administrada temporalmente por esta organización.

De esta manera se llegó a 1934, año en el que se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y Cooperación entre la República de Colombia y la República del Perú, más conocido como el Protocolo de Río de Janeiro, con el objetivo de «proscribir la guerra, solucionar política o jurídicamente sus diferencias, y prevenir la posibilidad de conflictos entre ellos»¹⁴.

Mediante este acuerdo, Perú deploraba los hechos ocurridos anteriormente y manifestaba el deseo de recuperar la «íntima amistad del pasado» (artículo 1); se ratificaba el tratado de 1922, exponiendo que «no podrá ser modificado o afectado sino por mutuo consentimiento de las partes o por decisión de la justicia internacional» (artículo 2); se adoptaron «acuerdos especiales sobre aduanas, comercio, libre navegación de los ríos, protección de los pobladores, tránsito y policía de fronteras» (artículo 4); se mantuvo conformada una Comisión Mixta para resolver futuros conflictos que pudieran surgir (artículo 6); e incluso ambos países declararon «no hacerse la guerra ni emplear, directa o indirectamente, la fuerza» (artículo 7).

En mayo de 1934, tras muchos meses de tensión, Leticia fue devuelta oficialmente a Colombia¹⁵, mientras que Perú obtuvo garantías de libre navegación por el Amazonas.

A partir de mediados del siglo XX, la isla Santa Rosa comenzó a «emerger», fruto de la erosión del margen peruano y la consecuente deposición de los sedimentos hacia el margen izquierdo (colombiano) del río¹⁶.

Esto quiere decir que, mientras Perú está perdiendo terreno (tierra), está ganando río (agua); por el contrario, Colombia está ampliando su terreno, pero perdiendo río y, por tanto, capacidad para que llegue un caudal suficiente al puerto de Leticia¹⁷.

Durante la década de los sesenta, empezaron a establecerse pobladores de origen peruano en lo que posteriormente se conocería como Santa Rosa de Yavarí (al sur de la actual isla Chinería).

Ya desde los años setenta, el Estado peruano comenzó a construir infraestructura muy diversa —escuelas, oficinas de migración, administración de aduanas, policía y ejército— sin que las autoridades colombianas pusieran objeción alguna al respecto.

Incluso existe una coincidencia cartográfica binacional, ya que hay mapas oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia que también ubican a Santa Rosa como parte de la provincia peruana de Mariscal Ramón Castilla (imagen 5).

Situación actual

La reactivación reciente de la controversia en torno a la isla Santa Rosa puede situarse el 8 de julio de 2024, cuando, en el marco de la Primera Mesa Técnica de Seguridad en las Fronteras celebrada en Leticia, el director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana afirmó que la isla estaba siendo «ocupada irregularmente por el Perú»¹⁸.

Esta declaración motivó una protesta formal por parte del Gobierno peruano ante el encargado de Negocios de Colombia en Lima¹⁹, reafirmando sus derechos de soberanía y jurisdicción sobre dicho territorio.

Tan solo tres días después, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado oficial²⁰ en el que lamentaba el incidente y reiteraba su voluntad de mantener relaciones de cooperación bilateral, lo que contribuyó a una reducción inicial de la tensión diplomática²¹.

Posteriormente, en junio de 2025, el Congreso del Perú aprobó el Proyecto de Ley n.º 11278/2024-PE, mediante el cual se creó el distrito de Santa Rosa de Loreto, integrado en el departamento de Loreto, lo que puede interpretarse como un acto administrativo relevante en términos de ejercicio efectivo de la jurisdicción²².

El 5 de agosto de 2025, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un nuevo comunicado²³ en el que señalaba que la isla Santa Rosa habría surgido con posterioridad a la asignación territorial realizada en 1929, lo que indicaba la necesidad de abordar su estatus mediante un proceso de delimitación acordado entre ambas cancillerías.

En este contexto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó públicamente —a través de la red social X— que el Gobierno peruano habría «copado un territorio que es de Colombia» y que dicha actuación supondría una vulneración del Protocolo de Río de Janeiro.

No obstante, esta interpretación contrasta con la realidad administrativa preexistente, dado que el Estado peruano ha mantenido infraestructura y servicios en la zona desde la década de 1970, sin objeciones previas documentadas desde Bogotá.

Asimismo, en el marco de un acto institucional celebrado en Leticia con motivo de la conmemoración de la batalla de Boyacá, Petro afirmó que se habría producido el aterrizaje de un helicóptero con personal militar en la isla Santa Rosa.

Por su parte, el Gobierno peruano reaccionó mediante un comunicado oficial²⁴ en el que expresó su «más firme y enérgica protesta», reiterando que ejerce de manera «legítima y legal» su soberanía sobre el territorio en cuestión.

En la misma línea, el presidente del Consejo de Ministros del Perú sostuvo que la isla Santa Rosa forma parte de la isla Chinería —asignada a Perú en 1929— y que, aunque el thalweg se desplace, «no significa que se mueva la frontera».

Desde el pasado verano, la situación en esta triple frontera ha estado caracterizada por incidentes que reflejan la fragilidad de la convivencia actual, registrándose eventos que han puesto a prueba la paciencia de ambas cancillerías.

Actualmente, la presencia de fuerzas de seguridad ha aumentado en ambos lados. Colombia ha modernizado su destacamento en Leticia, dotándolo de mejores capacidades operativas, mientras que Perú mantiene una vigilancia permanente a través de su Quinta Zona Naval.

Estos hechos sugieren que, mientras la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana²⁵ (COMPERIF) trabaja sobre los mapas, el terreno sigue siendo un espacio de fricción, donde cualquier error de cálculo podría desencadenar una crisis de mayor envergadura.

El problema de Leticia (y de Colombia)

Leticia enfrenta un escenario complejo que podría tener implicaciones relevantes a medio y largo plazo. Como se ha evidenciado, la combinación sinérgica de la deforestación a gran escala y los efectos antropogénicos del cambio climático han alterado los regímenes hídricos de la cuenca amazónica.

Este escenario, sumado a los procesos cíclicos de sedimentación y a la propia dinámica meándrica del río, ha provocado que el Amazonas no solo pierda caudal crítico en su brazo izquierdo, sino que su curso principal se esté desplazando sistemáticamente hacia territorio peruano.

Este fenómeno fluvial puede tener implicaciones que trascienden lo estrictamente geográfico; podría representar una amenaza relevante para la conectividad de la capital del Amazonas, que corre el riesgo cierto de quedar aislada de su principal arteria de subsistencia, lo que transformaría lo que hoy es un puerto vital en una llanura sedimentaria sin acceso a la navegación de gran calado.

Incluso un estudio de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional alertó recientemente sobre el riesgo de que Colombia pueda perder su conexión fluvial más importante²⁶. Así lo señaló también un modelo desarrollado por la Armada Nacional de Colombia en 2018, en el que se preveía que, para el año 2030, Leticia podría perder su acceso al Amazonas²⁷.

Por si fuera poco, según el profesor Santiago Duque, coordinador del Laboratorio de Gestión de Humedales de la Universidad Nacional, «la transformación del cauce es un proceso natural que las autoridades han ignorado durante décadas», pues actualmente solo el 19% del caudal pasa por Colombia, cuando en 1993 era el 30%.

Así pues, si no se pone remedio en un corto espacio de tiempo, Leticia podría dejar de ser una localidad ribereña, lo que tendría implicaciones «culturales, económicas y territoriales», según la profesora Lilian Posada García, adscrita al Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia y una especialista que lleva años investigando y advirtiendo sobre la situación²⁸.

A este respecto, el presidente Petro ha expresado su preocupación por la posible pérdida de conectividad fluvial de Leticia, ya que teme que deje de ser puerto amazónico, lo que supondría la pérdida de su principal fuente de ingresos.

En definitiva, Colombia sostiene que el thalweg ha experimentado un desplazamiento natural en las últimas décadas, lo que modifica la posición relativa de la isla y supondría un factor jurídicamente relevante para su soberanía.

Por el contrario, Perú defiende una interpretación basada en la estabilidad de las delimitaciones previamente acordadas, al considerar que los cambios geomorfológicos no alteran la soberanía establecida.

Si tomamos los acuerdos de 1922 y 1934 al pie de la letra, y se mantiene la idea de que el thalweg es la línea que demarca la frontera entre ambos países, lo cierto es que, al haberse desplazado hacia Perú (algo que se supone va a continuar ocurriendo), en algún momento habrá islas peruanas que queden por encima del mismo.

Pero la verdadera cuestión que debe abordarse es si la frontera debe «actualizarse» a medida que este se desplace. Para ello, además de la vía diplomática y la opción de firmar un nuevo acuerdo o protocolo basado en los conocimientos actuales sobre la dinámica fluvial de los ríos, será clave el papel que desempeñe la COMPERIF en el futuro.

El rol de la COMPERIF: la diplomacia técnica como válvula de escape

La COMPERIF representa el mecanismo institucional diseñado para que la ciencia y la técnica prevalezcan sobre la retórica política. Dicho de otro modo, en el caso que nos compete, encarna la diplomacia técnica: una dimensión de la diplomacia que, «debido a la globalización, importantes cuestiones técnicas, como el medio ambiente, el terrorismo o el narcotráfico, requieren expertos cualificados no pertenecientes a la carrera diplomática»²⁹.

Esta Comisión Mixta Permanente no es solo un cuerpo diplomático; es también un equipo de ingenieros, geógrafos y cartógrafos. Su función principal es la densificación de los hitos y la verificación de las coordenadas establecidas en el Tratado Salomón-Lozano de 1922.

Dado que el Amazonas es un río «vivo» que cambia su curso constantemente, la COMPERIF actúa como el intérprete oficial de esos cambios. Su función es determinar si la aparición de un islote es un fenómeno de «aluvión» (incremento lento y gradual de terreno en las orillas de los ríos por el depósito de materiales arrastrados por el agua) o de «avulsión» (acción violenta y repentina de un río que arranca una porción considerable de tierra de un fundo y la adhiere a otro), lo cual tiene implicaciones legales distintas bajo el derecho internacional.

En momentos de alta tensión, la COMPERIF sirve como canal de comunicación técnica despojado de ideología. Al centrarse en mediciones batimétricas³⁰ y estudios de caudales, permite que ambos Gobiernos mantengan el diálogo sin parecer que están cediendo en sus pretensiones de soberanía nacional.

Las reuniones de la COMPERIF (como la XIV, celebrada en Lima durante los días 11 y 12 de septiembre de 2025) son esenciales para destensar el conflicto y canalizarlo hacia soluciones de ingeniería conjunta.

El futuro de la COMPERIF debe evolucionar desde la mera inspección de límites hacia la gestión conjunta del ecosistema fluvial. El problema del alejamiento del río Amazonas de Leticia no puede ser resuelto por Colombia de forma unilateral, pues requiere intervenciones en aguas que Perú reclama como suyas.

La COMPERIF es, por tanto, uno de los principales foros institucionales donde se pueden negociar proyectos de infraestructura binacional que garanticen que Leticia siga siendo ribereña y que Santa Rosa cuente con un desarrollo ordenado. Su fortalecimiento es un mecanismo potencialmente relevante para mitigar los riesgos de escalada entre ambos países.

Conclusiones

La controversia actual en la frontera colombo-peruana afecta no solo a la estabilidad jurídica de la región, al poner a prueba la vigencia de tratados centenarios frente a cambios ambientales recientes, sino también a las relaciones diplomáticas entre ambos países y, lo que es más importante, a la población civil de ambos Estados.

Mientras que para Perú la isla Santa Rosa es una extensión geomorfológica de la isla Chinería (asignada en 1929), Colombia considera que se trata de una formación posterior cuya soberanía no ha sido formalmente definida.

Esto podría significar que los tratados internacionales no siempre resultan suficientes para gestionar territorios definidos o afectados por procesos fluviales complejos en ríos de alta movilidad sedimentaria.

Más aún cuando los conocimientos, los avances tecnológicos y las herramientas actuales son inmensamente superiores a los que había en el momento de la firma de estos, como las imágenes por satélite, la batimetría multihaz, los modelados hidrodinámicos computacionales que predicen hacia dónde se desplazan los ríos, los sensores LiDAR, el GPS, etc.

Desde una perspectiva geopolítica, el desplazamiento del cauce podría representar un desafío relevante para la proyección de la soberanía colombiana en el Amazonas, pues el desplazamiento del cauce principal hacia territorio peruano ha reducido el flujo de agua en más de un 10% a lo largo de tres décadas.

Esta persistencia de la dinámica sedimentaria plantea interrogantes sobre la viabilidad futura de Leticia como puerto de gran calado, lo que podría incidir en su seguridad alimentaria y en su relevancia estratégica si no se establecen mecanismos de gestión conjunta.

Si atendemos al Tratado Salomón-Lozano de 1922, la frontera pasa por el thalweg del río. Si este se desplaza hacia el sur, la isla Santa Rosa podría quedar en el lado colombiano.

Por el contrario, Perú considera que esta ha acabado uniéndose a la isla Chinería, que sí se le asignó en 1929.

En este contexto, la Comisión Mixta Permanente (COMPERIF) se configura como un instrumento clave para canalizar la gestión del conflicto a través de mecanismos técnicos e institucionales. Ambos Estados han reiterado su compromiso con este órgano como vía de diálogo.

Desde una perspectiva analítica, su fortalecimiento podría contribuir a reducir la tensión política y a favorecer soluciones basadas en criterios técnicos y científicos.

Las ideas contenidas en estos artículos son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente el pensamiento del CESEDEN o del Ministerio de Defensa.