IEEE. Coaliciones afines: pragmatismo económico estratégico frente a un mundo en construcción

Introducción: del orden económico liberal a la inseguridad estructural

Durante décadas, la globalización descansó sobre dos supuestos:

1. la previsibilidad estratégica estadounidense, y
2. la complementariedad económica con China.

Ambos han dejado de ser completamente válidos. La política exterior y comercial de Estados Unidos se ha vuelto volátil, con cambios bruscos que introducen incertidumbre incluso entre los aliados¹. La «era de los aranceles norteamericanos» ha convertido la política comercial en Occidente en una ida y venida de absoluta imprevisibilidad. Paralelamente, China ha pasado de ser un socio de integración, esto es, un mercado en expansión, un socio en las cadenas globales de valor, un actor que, supuestamente, convergería gradualmente hacia reglas económicas liberales, en suma, un país que se integraba en el sistema internacional existente, a convertirse en un competidor sistémico, con una estrategia explícita de dominio industrial, control de nodos tecnológicos y uso del poder económico con fines coercitivos².

Este doble cambio está obligando a los Estados a replantear sus estrategias económicas como instrumentos de seguridad.

El falso pragmatismo y la erosión de la resiliencia colectiva

Un elemento esencial es el análisis del denominado «pragmatismo oportunista», entendido como la adopción de decisiones tácticas a corto plazo —por ejemplo, permitir contratos puntuales a proveedores chinos en sectores sensibles, relajar normas regulatorias o de ciberseguridad, o aceptar inversiones de bajo valor añadido por razones coyunturales— que pueden parecer racionales desde una perspectiva estrictamente nacional y cortoplacista.

Sin embargo, cuando estas decisiones se acumulan de forma descoordinada, generan efectos sistémicos profundamente negativos: reducen la escala de mercado disponible para alternativas no chinas, aceleran procesos de desindustrialización, debilitan la credibilidad de las coaliciones de países afines y aumentan el poder potencial de coerción económica de China.

Estas dinámicas se inscriben en una forma renovada de pragmatismo estratégico, en la que los Estados diversifican sus relaciones económicas y conciertan alianzas para ampliar márgenes de maniobra y reducir vulnerabilidades en un entorno crecientemente incierto. No obstante, este enfoque perdería coherencia si degenerara en un retorno a entendimientos tácticos y oportunistas con Pekín. En el ámbito de la Unión Europea (UE), los dirigentes europeos disponen de una ventana de oportunidad para reforzar sus capacidades industriales y su autonomía de decisión, pero ello exige contención frente a tentaciones de aproximaciones cortoplacistas que prioricen beneficios inmediatos sobre la sostenibilidad estratégica. Acuerdos bilaterales de esa naturaleza no fortalecerían la resiliencia colectiva, sino que erosionarían la cohesión negociadora común y debilitarían la capacidad de respuesta ante la competencia sistémica.

El problema, por tanto, no reside en una concesión aislada, sino en la suma de decisiones fragmentadas que erosionan progresivamente la resiliencia colectiva.

El pragmatismo correcto: disciplina, escala y coordinación

Frente a este enfoque fallido, debería emerger un pragmatismo estratégico disciplinado, sustentado en cuatro pilares interrelacionados. En primer lugar, la acción colectiva entre países afines, en el caso español, la Unión Europea, cuya coordinación permite preservar la escala de mercado necesaria para garantizar la viabilidad industrial con la reducción de la dependencia de China. En segundo lugar, la adopción de estándares compartidos en ámbitos como la ciberseguridad, las tecnologías sensibles y la contratación pública, con el objetivo de reducir vulnerabilidades sin recurrir al cierre de mercados. En tercer lugar, el uso de instrumentos defensivos selectivos —como medidas antidumping, mecanismos de control de inversiones o herramientas anti-coerción— concebidos como dispositivos de disuasión y no como expresiones de proteccionismo generalizado.

Por último, la diversificación estructural, que implica sustituir dependencias críticas mediante procesos sostenidos de inversión y cooperación, y no a través de simples reorientaciones comerciales coyunturales.

Este pragmatismo no persigue el desacoplamiento, sino una reducción colectiva y coordinada de riesgos.

El acuerdo UE–India como modelo de coalición funcional³

El reciente acuerdo entre la Unión Europea y la India representa una ruptura conceptual con el pragmatismo oportunista, al situar la dimensión geopolítica e industrial en el centro de la lógica negociadora y no una derivada secundaria de intereses puramente comerciales. No se trata únicamente de reducir aranceles o facilitar intercambios, sino de articular una asociación estratégica que responda a un entorno internacional caracterizado por la competencia sistémica, la fragmentación de las cadenas de valor y la creciente instrumentalización del comercio.

El acuerdo combina la escala económica, regulatoria y normativa de la Unión Europea con el dinamismo demográfico, el talento tecnológico y la creciente capacidad industrial de la India, configurando un espacio potencial de complementariedad estructural⁴. Para la UE, India ofrece una alternativa de diversificación en un mercado de gran tamaño y con proyección de crecimiento sostenido; para la India, la asociación con Europa facilita el acceso a estándares avanzados, inversión, transferencia tecnológica y posicionamiento en cadenas de valor de mayor valor añadido.

Asimismo, el acuerdo abre ámbitos de cooperación en sectores críticos como las tecnologías limpias, la inteligencia artificial y la producción tecnológicamente avanzada (con espacio potencial para la cooperación en el sector de la industria de defensa y del espacio), todos ellos centrales en la competencia tecnológica global. Esta orientación sectorial revela que la lógica del pacto no es meramente transaccional, sino estratégica: construir capacidades conjuntas en áreas que definen la autonomía económica y la resiliencia industrial de ambas partes.

Más allá de sus disposiciones técnicas concretas, el acuerdo envía una señal política de mayor alcance: las coaliciones entre economías afines pueden generar beneficios económicos reales, sostenibles y compatibles con la reducción de dependencias estratégicas. En este sentido, el caso UE-India ilustra que la diversificación estructural no implica aislamiento ni desacoplamiento, sino la construcción deliberada de alternativas viables mediante cooperación coordinada y visión a largo plazo.

La seguridad económica como eje central de las políticas contemporáneas

Es imprescindible una redefinición profunda del concepto de seguridad económica para que deje de entenderse como una cuestión secundaria de las políticas de mercado, industria o de innovación y pase a concebirse como un pilar estructural de la seguridad nacional y colectiva. Este giro conceptual responde a la constatación de que las vulnerabilidades económicas —especialmente las tecnológicas e industriales— pueden ser explotadas con efectos estratégicos comparables a los de instrumentos militares tradicionales.

a. De la eficiencia económica a la resiliencia estratégica

Durante décadas, la formulación de políticas económicas en las economías avanzadas priorizó la eficiencia, la reducción de costes y la integración profunda en cadenas globales de valor. Este enfoque asumía tres supuestos fundamentales:

• Las interdependencias económicas reducían el riesgo de conflicto.
• Los mercados globales garantizarían suministros fiables.
• La tecnología era políticamente neutral.

Estos supuestos han dejado de ser válidos. La concentración geográfica de capacidades productivas, el uso de subsidios masivos y el control estatal de sectores estratégicos han convertido la interdependencia en una fuente potencial de coerción. Como han señalado Farrell y Newman, la interdependencia no elimina el poder, sino que lo reconfigura, creando asimetrías que pueden ser explotadas con fines coercitivos⁵. En este contexto, la resiliencia —entendida como la capacidad de absorber choques, adaptarse y mantener funciones críticas— pasa a ocupar el centro del diseño de políticas públicas.

b. Sectores críticos y dependencia estructural

Existe un consenso generalizado en que hay una serie de sectores críticos en los que la dependencia externa genera riesgos sistémicos; entre ellos destacan el ámbito de la energía y la electrificación, así como las redes inteligentes, las tecnologías renovables, los sistemas de almacenamiento y los componentes clave; las tecnologías digitales y de doble uso, como la inteligencia artificial, los semiconductores, el software avanzado y la computación en la nube; las infraestructuras críticas, que abarcan el transporte, las telecomunicaciones y los sistemas financieros; la producción tecnológicamente avanzada, en particular la robótica, los drones y la maquinaria industrial de precisión; y, de forma transversal, la industria de defensa, cuya dependencia externa compromete directamente la autonomía operativa, la sostenibilidad de las capacidades militares y la credibilidad de la disuasión⁶.

En estos ámbitos, la dependencia no se limita al suministro final, sino que afecta a nodos intermedios —componentes, estándares, datos, mantenimiento— donde el control externo puede generar vulnerabilidades persistentes y difíciles de revertir.

c. Seguridad económica y poder político

En este punto es necesario analizar la conexión explícita entre dependencia económica y poder político, en la medida en que el dominio industrial y tecnológico permite influir en las decisiones regulatorias de terceros, imponer costes asimétricos en contextos de crisis y condicionar las opciones políticas de otros actores sin recurrir a medidas coercitivas visibles, trasladando así la competencia estratégica desde el ámbito estrictamente militar hacia el terreno económico, tecnológico y normativo⁷.

Este fenómeno explica por qué la seguridad económica se ha integrado de manera progresiva y explícita en los principales instrumentos de planificación estratégica del Estado. Lo que durante décadas fue tratado como un ámbito separado —regido por la lógica de los mercados, la eficiencia y la interdependencia— ha pasado a considerarse un componente esencial de la seguridad nacional y colectiva.

Este desplazamiento conceptual no es meramente retórico. La seguridad económica se ha incorporado de manera explícita a las estrategias de seguridad nacional⁸ o documentos equivalentes, en los que se reconoce que la vulnerabilidad de las cadenas de suministro, la dependencia tecnológica externa o la pérdida de capacidades industriales críticas pueden generar riesgos sistémicos equiparables, en sus efectos estratégicos, a los derivados de amenazas militares convencionales. La economía deja así de concebirse como un ámbito separado de la seguridad para convertirse en uno de sus fundamentos estructurales.

De forma paralela, los llamados «libros blancos de defensa» han ampliado de manera significativa su perímetro tradicional, integrando dimensiones económicas, industriales y tecnológicas como elementos esenciales de disuasión y como condiciones de posibilidad para sostener esfuerzos militares prolongados. La capacidad de nutrir y mantener una base tecnológica e industrial de defensa sólida, el acceso seguro y continuado a componentes críticos —desde semiconductores hasta materiales avanzados— y la resiliencia de los ecosistemas nacionales y aliados de innovación se consideran ahora prerrequisitos para la credibilidad militar y la disuasión efectiva.

Esta evolución refleja una comprensión más amplia de la seguridad y la defensa, que deja de entenderse exclusivamente en términos de plataformas, efectivos o despliegues operativos, y se vincula directamente a la salud del tejido industrial, científico y tecnológico que sustenta el poder militar en el largo plazo. De este modo, la frontera entre política de defensa y política industrial se difumina, y la capacidad de combatir y disuadir pasa a depender tanto de arsenales y doctrinas como de cadenas de valor resilientes y capacidades productivas estratégicamente protegidas.

Por último, la seguridad económica se ha convertido en un eje transversal de los marcos de política exterior y comercial. Las decisiones sobre acuerdos comerciales, control de inversiones, exportaciones de tecnologías sensibles o normas regulatorias ya no se adoptan exclusivamente sobre la base de beneficios económicos inmediatos, sino atendiendo a sus implicaciones geopolíticas a largo plazo. Las políticas de mercado y comerciales pasan así de ser un instrumento de apertura e integración a convertirse también en una herramienta de gestión del riesgo estratégico.

En consecuencia, la frontera entre política económica y política de defensa se difumina progresivamente. Lo que durante décadas fue tratado como una cuestión de eficiencia productiva o competitividad industrial pasa a entenderse como un elemento constitutivo del poder estratégico del Estado. La planificación económica, la regulación tecnológica y la política industrial se convierten así en instrumentos centrales de seguridad nacional.

d. El papel de la regulación y la política industrial

Lejos de implicar un retorno al proteccionismo clásico, el nuevo enfoque de seguridad económica se articula a través de instrumentos selectivos y sofisticados, tal como recogen la Estrategia de Seguridad Económica de la Unión Europea (2023)⁹, la National Security Strategy de Estados Unidos (2025)¹⁰ y la National Security Strategy de Japón (2022)¹¹. Entre estos instrumentos destacan la regulación de la ciberseguridad aplicada a infraestructuras y proveedores críticos, los mecanismos de control de inversiones extranjeras (screening), los instrumentos de defensa comercial frente a prácticas de dumping y subsidios distorsionadores y las políticas industriales coordinadas orientadas a sostener capacidades estratégicas.

En conjunto, este enfoque doctrinal atribuye a dichos instrumentos una doble función: reducir las vulnerabilidades inmediatas frente a los riesgos sistémicos y, al mismo tiempo, crear incentivos a la inversión en ecosistemas tecnológicos alternativos que refuercen la resiliencia, la autonomía de decisión y la credibilidad estratégica en el medio y largo plazo.

e. Seguridad económica, cohesión social y estabilidad política

Un elemento frecuentemente subestimado es el impacto de la inseguridad económica sobre la cohesión social.

La desindustrialización acelerada y geográficamente concentrada genera efectos económicos y políticos de largo alcance. En particular, provoca la destrucción persistente de empleo cualificado y la degradación del capital humano regional¹², erosiona la base fiscal de los territorios afectados, limita la capacidad de provisión de servicios públicos¹³ y contribuye a dinámicas de inseguridad económica que alimentan la polarización política y el apoyo a movimientos populistas o extremistas¹⁴.

Desde esta perspectiva, la seguridad económica no es solo una cuestión de competitividad o autonomía estratégica, sino también de estabilidad democrática. Preservar capacidades industriales se convierte en una política preventiva frente a la fragmentación social.

f. Implicaciones para las coaliciones de países afines

La seguridad económica no puede garantizarse de forma unilateral, ya que las economías estatales por sí solas, incluso las más avanzadas, carecen de la escala suficiente para sustituir por sí mismas cadenas de suministro complejas y altamente especializadas, sostener estándares tecnológicos alternativos frente a ecosistemas dominantes o absorber de manera aislada los elevados costes económicos, industriales y sociales asociados a la transición hacia estructuras productivas más resilientes. Esta constatación está presente de forma recurrente en la producción normativa en materia de seguridad de la mayoría de los países occidentales, que coinciden en señalar los límites de las respuestas puramente nacionales (véase ant. 5.4).

En este contexto, las coaliciones de países con ideas afines emergen no como una opción ideológica, sino como un requisito funcional, indispensable para preservar la capacidad industrial, reducir las dependencias críticas y mantener la autonomía de decisión en un entorno de competencia sistémica.

Solo mediante una coordinación regulatoria estrecha, la creación de economías de mercado compartidas y la inversión conjunta en tecnologías críticas —tal como reflejan la Brújula Estratégica de la UE (2022) y la Defence Production Action Plan de la OTAN (2023)— resulta posible generar incentivos creíbles para la relocalización productiva, sostener ecosistemas de innovación alternativos y construir una resiliencia económica que sea al mismo tiempo eficaz, sostenible y estratégicamente relevante.

Implicaciones para la Unión Europea¹⁵

La Unión Europea se encuentra ante una decisión estratégica clave, marcada por la convicción de la imprevisibilidad estadounidense, por una creciente conciencia institucional del riesgo sistémico asociado a China¹⁶ y, sin embargo, por los costes acumulativos de la inacción¹⁷.

En este contexto, se observa una mayor disposición a emplear la capacidad normativa, tantas veces puesta en entredicho, ahora con normas de preferencia europea, estándares reforzados de ciberseguridad y mecanismos defensivos — incluidos el control de inversiones, los instrumentos anticoerción y las medidas de defensa comercial— con el objetivo de reducir dependencias críticas y proteger capacidades estratégicas¹⁸.

Sin embargo, la principal vulnerabilidad del enfoque europeo sigue siendo el desafío interno que se deriva de la fragmentación en estrategias nacionales a corto plazo que erosionan la coherencia del marco común¹⁹. Si los Estados miembros actúan como actores oportunistas aislados, la capacidad de la UE para generar escala, credibilidad y resiliencia se debilita; por el contrario, si actúan de forma coordinada y disciplinada, la Unión podría consolidarse como el núcleo de una coalición ampliada de resiliencia económica, capaz de sostener estándares propios, preservar la autonomía de decisión y ejercer influencia estructural en un entorno de competencia geoeconómica creciente.

También para la UE la seguridad económica se ha convertido en un eje estructural de la competencia internacional, en el que las vulnerabilidades industriales, tecnológicas y regulatorias pueden traducirse directamente en pérdidas de autonomía política y capacidad de disuasión. En este nuevo contexto, la respuesta eficaz no reside en repliegues nacionales ni en pragmatismos oportunistas a corto plazo, sino en la articulación de coaliciones estables entre países (o grupos de países) con ideas afines, capaces de generar escala, sostener estándares propios y coordinar instrumentos económicos y de seguridad.

Para la Unión Europea, el reto no es únicamente reconocer la naturaleza estratégica de la economía, sino actuar de forma coherente y cohesionada, superando la fragmentación interna para consolidarse como un actor central de resiliencia económica colectiva. De su capacidad para integrar política industrial, comercial, innovación, tecnológica y de seguridad dependerá no solo su competitividad futura, sino también su autonomía de decisión, su estabilidad interna y su relevancia geopolítica en un orden internacional cada vez más disputado.

Conclusiones

Las coaliciones económicas de países con ideas afines no constituyen una opción ideológica ni una preferencia normativa, sino una respuesta funcional y pragmática a un entorno internacional caracterizado por la gran volatilidad estratégica, la competencia sistémica y la creciente instrumentalización del poder económico.

En un contexto en el que la interdependencia puede convertirse en vulnerabilidad, la acción colectiva emerge como el único marco capaz de generar escala suficiente, sostener estándares tecnológicos propios y preservar la autonomía de decisión.

En consecuencia, resulta prioritario reforzar la coordinación entre países afines frente a acuerdos bilaterales oportunistas que, aunque racionales a corto plazo, erosionan la resiliencia colectiva; consolidar estándares comunes en sectores tecnológicos y críticos como condición para reducir dependencias y evitar fragmentación; y emplear instrumentos defensivos —regulatorios, comerciales e industriales— de forma coherente y predecible, como elementos de disuasión y no de repliegue proteccionista.

Asimismo, la consolidación de acuerdos estratégicos entre actores afines, como el acuerdo entre la Unión Europea y la India, apunta a la posibilidad de construir una nueva arquitectura económica basada en la cooperación industrial, la escala de mercado y la convergencia normativa.

De esta manera, el fortalecimiento del papel de la Unión Europea como coordinador central de la seguridad económica colectiva se presenta como un requisito indispensable para articular coaliciones eficaces, evitar dinámicas de fragmentación interna y proyectar influencia estructural en un sistema internacional cada vez más disputado.