IEEE. China y Taiwán: la hipótesis de la estabilidad doméstica como freno estratégico

Introducción

La cuestión de Taiwán constituye uno de los principales vectores de tensión del sistema internacional. Desde la llegada de Xi Jinping al poder en la República Popular China en noviembre de 2012, el discurso oficial ha intensificado la narrativa de la «reunificación nacional» como componente central del «sueño chino» y del proyecto de «gran rejuvenecimiento de la nación china», previsto simbólicamente para 2049, centenario de la proclamación de la República Popular China. En el XIX Congreso del Partido Comunista de China (en adelante, PCCh), celebrado en octubre de 2017, Xi afirmó que la cuestión de Taiwán «no puede transmitirse de generación en generación», reforzando la percepción de urgencia estratégica^[1].

En paralelo, las capacidades militares del Ejército Popular de Liberación (EPL en adelante) han experimentado una modernización acelerada. El presupuesto oficial de defensa chino pasó de aproximadamente 106.000 millones de dólares en 2012 a más de 310.000 millones en 2024, según estimaciones del SIPRI, situando a China como el segundo país con mayor gasto militar del mundo tras Estados Unidos (997.000 millones en 2024)^[2]. La Armada del EPL dispone hoy de más de 370 buques de combate, superando en número a la Armada de Estados Unidos de aproximadamente 290, mientras que su arsenal de misiles balísticos y de crucero de alcance medio está claramente orientado a un escenario de negación de área (A2/AD) frente a fuerzas estadounidenses en el Indopacífico. Asimismo, el número estimado de ojivas nucleares chinas ha crecido de unas 240 en 2012 a más de 500 en 2025, con una proyección de alcanzar 1.000 hacia 2030^[3].

Sin embargo, pese a esta acumulación de capacidades, no parece que Pekín tenga como prioridad una acción directa. Diversos centros de análisis japoneses como el Instituto Nacional de Estudios de la Defensa (NIDS en sus siglas en inglés) y la Fundación Sasakawa han señalado que la probabilidad de una invasión a corto plazo no depende tanto de la capacidad militar como del cálculo político interno en Pekín^[4]. En este marco, incluso declaraciones de dirigentes japoneses como Sanae Takaichi, quien ha sugerido que una contingencia en Taiwán podría constituir un casus belli para Japón, no alteran sustancialmente el diagnóstico de fondo: la variable decisiva sería la estabilidad doméstica china^[5].

La hipótesis dominante en la literatura estratégica occidental ha subrayado la disuasión estadounidense como principal freno a la acción china, independientemente del análisis de las capacidades reales de cada parte^[6]. No obstante, otra alternativa puede centrarse en la propia política interna. La consolidación del poder de Xi —especialmente tras su tercer mandato en el XX Congreso del PCCh (octubre de 2022) y la purga de altos mandos militares en 2023-2025^[7], incluidos responsables de la Fuerza de Cohetes— ha incrementado la centralización decisional, pero también ha elevado el coste político de un eventual fracaso.

Una operación anfibia contra Taiwán constituiría la mayor empresa militar china desde 1949 y conllevaría riesgos extraordinarios, como la posible resistencia prolongada, la intervención indirecta o directa de Estados Unidos y aliados como Japón, sanciones económicas masivas y disrupción de cadenas de suministro críticas. La economía china, ya tensionada por la crisis inmobiliaria (casos Evergrande, 2021; Country Garden, 2023) y por un crecimiento del PIB reducido al entorno del 5 % oficial en 2024-2025, podría verse gravemente afectada por un régimen de sanciones coordinado similar o superior al aplicado a Rusia tras 2022^[8].

Desde la perspectiva del régimen, el riesgo principal no sería exclusivamente militar sino político-económico. El contrato social implícito del PCCh descansa en la prosperidad y la estabilidad. Las protestas de noviembre de 2022 contra la política de «cero COVID» demostraron que, pese al aparato de control, existe un umbral de tolerancia social limitado. Una guerra prolongada o económicamente costosa podría generar tensiones sociales, fracturas dentro de la élite partido-militar y cuestionamientos sobre el liderazgo personalista de Xi.

En este sentido, la no invasión puede interpretarse como una estrategia racional de gestión del riesgo. Pekín parece optar por una aproximación incremental en forma de presión militar constante, coerción económica selectiva, aislamiento diplomático de Taipéi y guerra cognitiva, manteniendo la ambigüedad estratégica sin asumir los riesgos existenciales de una operación total. Además, esta coerción sin guerra permite reforzar la narrativa nacionalista interna sin comprometer la estabilidad sistémica.

Legitimidad de Xi Jinping y PCCh: estabilidad y nacionalismo

La estabilidad interna constituye el eje central de la legitimidad del Partido Comunista de China (PCCh en sus siglas). Desde el inicio de la era reformista en 1978 bajo Deng Xiaoping, el régimen ha transitado desde una legitimidad revolucionaria-ideológica hacia una legitimidad basada en el desarrollo, fundamentado en el crecimiento económico sostenido, la mejora del nivel de vida y la preservación del orden público. En ausencia de mecanismos de legitimación electoral competitiva, el contrato social implícito ha sido consistente: prosperidad material y estabilidad a cambio de obediencia política^[9].

En este contexto estructural, la principal restricción estratégica para Xi Jinping podría no residir en Washington sino en Zhongnanhai, el complejo situado junto a la Ciudad Prohibida en Pekín sede del PCCh y del Consejo de Estado, tal sería la estabilidad del régimen y la cohesión interna del Partido. Una invasión fallida, prolongada o económicamente costosa erosionaría la legitimidad de su liderazgo en un momento de desaceleración económica, elevada deuda estructural y transición demográfica adversa. Desde esta perspectiva, la ecuación coste-beneficio interna puede resultar más determinante que la correlación externa de fuerzas en el estrecho de Taiwán.

La reforma constitucional de marzo de 2018, que eliminó el límite de dos mandatos presidenciales, marcó un punto de inflexión en la arquitectura institucional china. Con el citado XX Congreso del PCCh, Xi Jinping consolidó un tercer mandato como secretario general y situó a aliados cercanos en el Comité Permanente del Politburó, reduciendo la presencia de figuras asociadas a facciones alternativas. Esta concentración de poder no tiene precedentes desde la era de Mao Zedong^[10].

El proceso ha ido acompañado de campañas anticorrupción que han afectado a más de cuatro millones de cuadros desde 2012, así como de purgas en sectores estratégicos, incluido el EPL. Si bien estos movimientos han reforzado el control vertical, también han reducido los espacios de deliberación interna y los mecanismos informales de corrección colectiva.

En este sistema personalista, la responsabilidad de la decisión implica que un error de cálculo —especialmente en una operación militar de gran escala, como una invasión anfibia de Taiwán— se asociaría a la figura del líder. En este sentido, la acumulación de poder aumenta simultáneamente la capacidad de decisión, sí, pero también la vulnerabilidad política ante un eventual fracaso.

La literatura comparada sobre regímenes autoritarios personalistas sugiere que estos pueden exhibir conductas ambivalentes frente al riesgo^[11]. La fuerte identificación entre líder y proyecto nacional puede incentivar decisiones audaces orientadas a dejar un legado histórico. Por otro, la supervivencia política depende de evitar errores catastróficos que erosionen el apoyo de las élites clave. En el caso de Xi, Taiwán constituye un objetivo histórico y simbólico, pero no necesariamente urgente. El horizonte estratégico del «rejuvenecimiento nacional» está esbozado con fecha máxima de 2049, centenario de la República Popular. De forma oficial, esa ventana temporal amplia reduce la presión inmediata para una resolución acelerada, sin asumir el riesgo máximo de una confrontación directa, aunque recurrentemente desde China se hable con más insistencia de la reunificación^[12].

Por su parte, desde la década de 1990, y de forma más marcada bajo Xi Jinping, el nacionalismo ha sustituido parcialmente al marxismo-leninismo como principal fuente de cohesión ideológica. Así, la narrativa oficial presenta a Taiwán como una herida histórica pendiente desde 1949, un símbolo de soberanía incompleta y el último vestigio no resuelto de la guerra civil china. Este discurso cumple una función movilizadora interna y refuerza la legitimidad del Partido como garante de la integridad territorial^[13]. Sin embargo, el nacionalismo es un instrumento de doble filo. La movilización emocional intensiva puede generar expectativas sociales difíciles de modular. Si el liderazgo activara una retórica de confrontación irreversible y la operación militar fracasara o se estancara, la frustración nacional podría volverse contra el propio liderazgo de Xi.

Tensiones estructurales: economía y sociedad

Desde las reformas de Deng Xiaoping, el contrato implícito ha sido inequívoco: prosperidad a cambio de obediencia política. Durante cuatro décadas, este modelo produjo resultados espectaculares: más de 800 millones de personas salieron de la pobreza según el Banco Mundial, y el PIB per cápita pasó de menos de 200 dólares en 1978 a más de 13.000 dólares en 2025^[14], pero la economía china ha entrado en una fase de desaceleración tras tres décadas de crecimiento promedio superior al 9 % anual (1980-2010), el PIB ha moderado su expansión. A esta desaceleración se suman vulnerabilidades estructurales como la crisis inmobiliaria, las tensiones en las cadenas de suministro y el desacoplamiento tecnológico, el envejecimiento de la población y el desempleo juvenil urbano que superó el 20 % en 2023 dato que posteriormente fue suspendido por las autoridades chinas^[15].

El sector inmobiliario, que directa e indirectamente llegó a representar entre el 25 % y el 30 % del PIB, entró en crisis tras el endurecimiento regulatorio de 2020 («las tres líneas rojas»). El colapso de Evergrande en 2021, con pasivos superiores a 300.000 millones de dólares, y las dificultades de Country Garden en 2023 evidenciaron un sobreendeudamiento sistémico. La caída de las ventas y de los precios inmobiliarios ha afectado tanto a gobiernos locales (dependientes de ingresos por venta de suelo) como al patrimonio de la clase media urbana.

Por su parte, desde 2018, la rivalidad tecnológica con Estados Unidos ha intensificado el proceso de desacoplamiento parcial. Las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados limitan el acceso chino a chips de alta gama y a maquinaria avanzada. La Ley CHIPS and Science Act (2022), con un enfoque continuado por la actual Administración Trump y políticas similares en otros países y la UE, inciden tanto en los incentivos fiscales y subsidios, con el fin de reducir la dependencia de cadenas de suministro chinas, más programas de capital humano para formar talento propio en ingeniería y ciencias aplicadas, mientras se complementa con restricciones a empresas tecnológicas, como Huawei, y políticas proteccionistas de aranceles^[16].

Aunque China ha avanzado en autosuficiencia industrial y domina sectores como las energías renovables y las baterías, sigue dependiendo de tecnologías críticas extranjeras, por ejemplo, como los semiconductores de última generación. Un conflicto armado en el estrecho de Taiwán implicaría riesgos de gran magnitud como sanciones financieras coordinadas similares o superiores a las impuestas a Rusia en 2022 con las restricciones SWIFT, la congelación de reservas, las limitaciones bancarias y en definitiva la pérdida de mercados occidentales, que aún absorben una parte sustancial de las exportaciones chinas, bloqueo de exportaciones tecnológicas críticas, profundizando el aislamiento en sectores estratégicos e interrupción del comercio marítimo, dado que el estrecho de Taiwán canaliza una proporción significativa del tráfico global de contenedores y componentes electrónicos. Las rutas en el Indopacífico, empezando por las del mar del Sur de China, son vitales para el devenir chino y cualquier alteración tendría graves consecuencias^[17].

Así, en un contexto de crecimiento moderado y elevada deuda pública, que se calcula superará el 100 % del PIB en 2027^[18], un choque externo de esta magnitud podría desencadenar tensiones financieras y sociales difíciles de gestionar. A todo ello, en 2022 China registró por primera vez desde 1961 un descenso poblacional situándose en torno a 1.409 millones de habitantes. Aún más sintomático, la tasa de fertilidad ha caído por debajo de 1,2 hijos por mujer, muy inferior al nivel de reemplazo (2,1). La población en edad laboral (15-59 años) también lleva disminuyendo desde 2012. Esta transición demográfica reduce el dinamismo económico y aumenta la presión sobre el sistema de bienestar chino^[19].

La transformación socioeconómica china ha generado una amplia clase media urbana, estimada entre 350 y 500 millones de personas según distintos criterios de renta. Este segmento presenta características cualitativamente distintas respecto a generaciones anteriores como el mayor nivel educativo, pues China gradúa más de 11 millones de universitarios al año, una alta conectividad digital, con más de 1.000 millones de usuarios de internet y la exposición a estándares globales de consumo y calidad de vida.

Las protestas de noviembre de 2022 contra la política de «cero COVID», con concentraciones en Shanghái, Pekín y otras ciudades, evidenciaron que el malestar puede aflorar incluso bajo un entorno de fuerte control estatal. Aunque el Gobierno logró contener con rapidez las movilizaciones y posteriormente abandonó la política de confinamientos masivos, el episodio mostró la existencia de límites a la resiliencia social. No es descabellado pensar que, en caso de un conflicto militar prolongado, con una movilización impopular, bajas visibles y amplificadas por redes sociales, pese al control informativo, y efectos económicos severos, este estrato urbano podría convertirse en un vector de presión política.

En un contexto de menor crecimiento, transición demográfica adversa y rivalidad geoeconómica con Occidente, la sostenibilidad de esta legitimidad de rendimiento se vuelve más exigente. El nacionalismo puede funcionar como recurso complementario de cohesión, precisamente en torno a la cuestión de Taiwán, pero no sustituye indefinidamente al bienestar material como base de estabilidad.

Riesgos militares y memoria histórica del fracaso

La cuestión de Taiwán tampoco puede comprenderse exclusivamente desde el prisma militar contemporáneo, sino también desde su densidad histórica y su centralidad geopolítica. Tras la derrota del Kuomintang en la guerra civil china, el Gobierno de la República de China se replegó a la isla en diciembre de 1949. Desde entonces, Pekín considera a Taiwán una provincia rebelde pendiente de reunificación, mientras que Taipéi evolucionó hacia un sistema democrático consolidado a partir de las reformas iniciadas en 1987, como el levantamiento de la ley marcial, y culminadas con las primeras elecciones presidenciales directas en 1996.

En la actualidad, Taiwán es reconocido diplomáticamente por apenas quince Estados, tras sucesivas rupturas de relaciones en favor de la República Popular China. Sin embargo, su aislamiento diplomático contrasta con su peso económico y tecnológico. Con un PIB superior a 750.000 millones de dólares y una renta per cápita superior a 30.000 dólares, la isla constituye la 21.ª economía mundial. Su empresa TSMC produce más del 60 % de los semiconductores globales y más del 90 % de los chips avanzados, lo que otorga a Taiwán una relevancia sistémica en las cadenas de suministro tecnológicas, hasta el punto de ser posible objetivo de medidas proteccionistas por parte del actual Gobierno estadounidense^[20].

Por otro lado, desde la perspectiva estratégica estadounidense, Taiwán ocupa un lugar central en la doctrina de contención marítima en la denominada «primera cadena de islas», que se extiende desde Japón y Okinawa hasta Filipinas y el mar de China Meridional. Esta arquitectura geoestratégica, conceptualizada durante la Guerra Fría y revitalizada en la competencia contemporánea entre Washington y Pekín, tiene como objetivo limitar la proyección naval china hacia el Pacífico occidental^[21].

Las incursiones aéreas en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ, por sus siglas en inglés) taiwanesa se intensificaron tras la reelección de la presidenta Tsai Ing-wen en enero de 2020 y la victoria del actual mandatario, William Lai en enero pasado, ambos del Partido Democrático Progresista, contrario y beligerante contra la reunificación. A eso se le suma la presión con ocasión de otros acontecimientos más allá de la política interna taiwanesa. Por ejemplo, cuando se produce un «pico» político, en el que China activa una respuesta militar que simula opciones de cerco y estrangulamiento de la isla —como tras la visita a Taipéi de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, en agosto de 2022—, lleva a cabo ejercicios con fuego real que incluye lanzamientos de misiles que sobrevuelan la isla y maniobras que simulan un bloqueo marítimo y aéreo.

No obstante, la coerción militar no equivale a capacidad garantizada de ocupación. Una invasión anfibia a través de un estrecho de aproximadamente 130 kilómetros implicaría requisitos operativos extremadamente complejos como una superioridad aérea sostenida frente a defensas antiaéreas avanzadas, control marítimo completo para asegurar líneas logísticas, desembarcos en entornos urbanos densamente poblados (Taipei, Kaohsiung, Taichung), la neutralización de infraestructuras críticas sin destruir activos estratégicos y la gestión del riesgo de intervención indirecta —o directa— de Estados Unidos y potencialmente Japón^[22].

Aunque el EPL ha modernizado significativamente sus capacidades anfibias, la operación supondría la mayor empresa militar china desde 1949. A diferencia del conflicto terrestre en Ucrania, el teatro de operaciones en el estrecho combina dimensiones navales, aéreas, cibernéticas y espaciales simultáneamente. Las lecciones de Ucrania no son plenamente trasladables —guerra terrestre continental frente a operación marítima compleja—, pero sí ilustran cómo campañas concebidas como rápidas pueden transformarse en conflictos prolongados e imprevisibles^[23]. Para Pekín, este precedente constituye un espejo incómodo.

Una campaña fallida contra Taiwán podría generar una subestimación del adversario, cuya defensa asimétrica y la fortificación urbana aumentarían el coste de la ocupación, así como sanciones económicas graves y costes políticos internos en un contexto de desaceleración estructural.

La estrategia china alternativa: coerción sin guerra

Parece desestimarse que, desde finales de los noventa, una parte de la doctrina estratégica china ha insistido en que la competición puede —y debe— librarse en todos los dominios, con todos los medios y de forma persistente, erosionando gradualmente la voluntad del adversario. Este concepto, evolucionado hacia el de guerra híbrida, se popularizó en 1999 con La guerra irrestricta de Qiao Liang y Wang Xiangsui^[24], donde un conflicto dejaba de ser un fenómeno exclusivamente militar para incorporar instrumentos financieros, tecnológicos, informativos, psicológicos, jurídicos y económicos como parte del mismo continuum coercitivo.

Aunque la lógica de esta estrategia era explicar cómo una potencia claramente inferior a otra —entonces China respecto a Estados Unidos— podía contrarrestar su primacía, por lo que, una vez niveladas las capacidades con el tiempo, parece que la misma estrategia se desechaba, lo cierto es que sus objetivos y sus vías de acción siguen siendo actuales.

La lógica de la «guerra irrestricta» se consolidó en el doctrinal chino posterior con las llamadas «tres guerras» —opinión pública, psicológica y legal—, incorporadas a guías y regulaciones de trabajo político del EPL en 2003^[25], alimentando un enfoque de presión constante sin cruzar el umbral de guerra total y campañas largas de desgaste que obligan a Taiwán a reaccionar diariamente a la amenaza china mediante alertas, patrullas, consumo de horas de vuelo y la fatiga logística subyacente.

También se erosiona la «línea media» del estrecho con el propósito de una «nueva normalidad» operacional y una presión aérea complementada con naval, acumulando el desgaste y la incertidumbre. Es decir, se busca acostumbrar a que el estrecho sea un espacio donde Pekín dispone de los ritmos, sin necesidad de declarar hostilidades.

Todo ello viene acompañado de la coacción en el dominio cibernético, que encaja casi de forma perfecta en el marco de la «guerra irrestricta» interrumpiendo, intimidando o desinformando sin asumir los costes comparables a un ataque real. Taiwán es el lugar del mundo que más ciberataques recibe, con una media en 2025 de casi tres millones de ciberataques diarios contra sus redes gubernamentales e infraestructura crítica como hospitales, energía o banca. Los informes destacan que parte de estos picos se sincronizan con maniobras militares chinas cerca de la isla^[26].

En paralelo, China sigue persiguiendo la reducción del espacio internacional de Taiwán, presionando a posibles aliados o castigando a terceros países que intensifiquen vínculos u obstruyendo foros internacionales que aludan a esta cuestión^[27]. La coerción comercial también funciona como un instrumento quirúrgico con casos repetidos de vetos a productos agroalimentarios taiwaneses como la piña o el pescado, pero también de otros Estados con una presión arancelaria china, lo cual también persigue empujar a sectores concretos a pedir moderación política a sus gobiernos respecto a la cuestión de Taiwán.

Conclusiones

Desde una perspectiva estructural, la principal variable disuasoria frente a un eventual uso de la fuerza por parte de China contra Taiwán no parece ser exclusivamente externa, esto es, la presencia militar estadounidense o la articulación de alianzas regionales, sino crecientemente doméstica. La estabilidad económica y social constituye el pilar central de la legitimidad del liderazgo de Xi Jinping, cuya autoridad se ha vinculado estrechamente al mantenimiento del crecimiento, la cohesión interna y la proyección de una imagen de control estratégico. En este contexto, una guerra por Taiwán fallida o prolongada no solo tendría consecuencias militares o diplomáticas, sino que podría adquirir un carácter existencial para la actual cúpula dirigente china.

La legitimidad del PCCh descansa en un delicado equilibrio entre nacionalismo y rendimiento económico, y es cierto que la reunificación con Taiwán forma parte del imaginario del «rejuvenecimiento nacional» proyectado hacia 2049; sin embargo, también lo es que las vulnerabilidades estructurales de la economía china como la desaceleración del crecimiento, las tensiones en el sector inmobiliario y los desafíos demográficos multipliquen los riesgos asociados a cualquier aventura militar.

A ello se suma la sensibilidad de una clase media urbana amplia, integrada en circuitos globales de comercio, tecnología y consumo, cuyo bienestar podría verse seriamente afectado por el devenir de una guerra incierta, sanciones, interrupciones comerciales o el aislamiento financiero.

En este marco, el riesgo de conflicto no es inexistente, pero tiende a desplazarse hacia escenarios intermedios como los bloqueos parciales, la coerción económica selectiva, crisis limitadas o intensificación de la presión híbrida. Tales instrumentos permiten a Pekín modular la escalada, enviar señales de determinación y mantener la iniciativa sin asumir los costes imprevisibles de una invasión a gran escala. La ventana de oportunidad, por tanto, no se presenta como inmediata ni necesariamente perentoria, el horizonte estratégico chino es, por definición, de largo plazo y de paciente acumulación de ventajas.

Asimismo, la fórmula de «un país, dos sistemas» hongkonés —una posibilidad de solución pacífica— se encuentra prácticamente descartada, al menos desde la percepción pública taiwanesa. Aunque Pekín mantiene formalmente esta oferta, su credibilidad quedó erosionada tras las protestas y posterior imposición de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong en junio de 2020. Este precedente ha reforzado en Taiwán la convicción de que la autonomía prometida por China podría ser transitoria y reversible, lo que limita sustancialmente el atractivo de esta propuesta como vía de integración pacífica y perpetúa un estado de coerción sin guerra.

En consecuencia, puede sostenerse que China no se abstiene de invadir Taiwán porque carezca de capacidades para intentarlo, sino porque el coste interno de un error estratégico, en términos de estabilidad política, legitimidad del liderazgo y cohesión social, podría superar el coste geopolítico de la espera. La prudencia más que la incapacidad material emerge como un factor central que explica la persistencia de una política de presión sostenida, pero sin traspasar el umbral de una guerra abierta. En consecuencia, la contención estratégica china respecto a Taiwán puede interpretarse no solo como resultado de la disuasión externa, sino como expresión de reflexión interna: la prioridad fundamental del régimen sigue siendo la estabilidad sistémica. En la jerarquía de riesgos del liderazgo chino, preservar el control doméstico puede pesar más que acelerar la reunificación territorial.

Por otro lado, la creciente capacidad militar china en el estrecho no elimina la incertidumbre inherente a una invasión anfibia de gran envergadura. La complejidad operativa, la relevancia estratégica de Taiwán en la arquitectura de contención estadounidense y el precedente de guerras cortas que se tornan prolongadas refuerzan la prudencia estratégica. Así, la no invasión no debe interpretarse como ausencia de capacidad, sino como evaluación racional de riesgos. En la jerarquía estratégica de Pekín, el mayor peligro no reside en no actuar, sino en actuar y fracasar.

En conjunto, la estrategia china parece orientarse a una erosión progresiva y sostenida de la resiliencia taiwanesa, incrementando la percepción de inevitabilidad histórica y desgastando sus capacidades políticas, sociales y comunicativas. Todo ello se desarrolla cuidadosamente por debajo del umbral de guerra abierta, evitando proporcionar un casus belli inequívoco que legitime una intervención militar directa de terceros actores.

Este enfoque se inserta en una tradición estratégica de largo recorrido en el pensamiento militar chino. La lógica no es la de la confrontación decisiva e inmediata, sino la de la acumulación paciente de ventajas relativas, la modulación de la escalada y el uso combinado de instrumentos militares, económicos, jurídicos y cognitivos.

En términos clásicos, se trataría de aproximarse al ideal de «vencer sin combatir» formulado por Sun Tzu en El arte de la guerra: imponer la propia voluntad no mediante una apuesta única y arriesgada —como sería una invasión anfibia—, sino a través de una presión persistente que altere gradualmente el equilibrio psicológico y estratégico del adversario. Así, más que ante una inminencia bélica, el escenario dominante parece ser el de una coerción estructural prolongada, donde el tiempo y la estabilidad interna pesan tanto como la correlación material de fuerzas.