Fibras diplomáticas: la geoestrategia de las telecomunicaciones en el Sahel+

La digitalización de las economías en desarrollo en el Sahel es un componente vital para su integración en la economía global del siglo XXI. El desarrollo de las telecomunicaciones no solo mejora la conectividad y la comunicación, sino que también abre nuevas oportunidades para el comercio, la educación, la atención médica y otros servicios esenciales. En una región marcada por desafíos, como la desertificación, la inestabilidad política y el crecimiento demográfico, las TIC pueden ser un motor de cambio político y económico, facilitando el acceso a servicios, como la bancarización y el e-governance, que tradicionalmente han sido limitados.

En este contexto, potencias globales como China han desempeñado un papel destacado a través de iniciativas como la Digital Silk Road (DSR), que busca mejorar la conectividad digital en los países participantes mediante inversiones significativas en infraestructuras de telecomunicaciones. Estas inversiones, aunque cruciales para el desarrollo de la infraestructura digital, también tienen consideraciones estratégicas y económicas importantes para los países receptores, como los altos costos de los préstamos y las cláusulas estrictas impuestas por los prestamistas chinos.

Este documento explora el desarrollo de las TIC en el Sahel desde una perspectiva geoestratégica, analizando cómo las relaciones de influencia entre los Estados de la región y las potencias internacionales están moldeando el panorama regional a través de las telecomunicaciones.

El Sahel: una región con múltiples definiciones

La primera pregunta que ha de responderse es qué se va a entender por Sahel, dónde se van a marcar los límites del plano geográfico.

Según su definición puramente etimológica, Sāḥil significa «costa» o «borde» en árabe, identificado con el límite más meridional del desierto del Sahara, que separa las fértiles sabanas del sur de las desérticas arenas saharianas al norte. Sin embargo, en términos geopolíticos, el término Sahel está definido por su polisemia. Prácticamente, cualquier organización, ministerio o autor al que se recurra maneja su propia acepción sobre los países que deberían considerarse pertenecientes a esta región.

En términos generales, destacan tres clasificaciones: la institucional, la climática y la geográfica.

Según la primera clasificación, la institucional, el Sahel comprendería los cinco países que conformaban el G5 del Sahel, alianza de carácter regional integrada por Estados con una herencia histórica, colonial, religiosa y económica compartida. Formado por Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger¹, el G5S nació como un marco institucional de cooperación intergubernamental para dar respuesta conjunta a los problemas comunes de seguridad y desarrollo que asolan a los países miembros. Sin embargo, en mayo de 2022, Malí anunció su retirada de la alianza, acto que fue seguido en diciembre de 2023 por Níger y Burkina Faso². Así pues, a fecha de hoy, el futuro del G5S parece incierto.

La institucional es la preferida por diversas organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, la OTAN o la Unión Europea, así como el Ministerio de Exteriores de Francia y España.

En cuanto a la segunda acepción del término, la climática, el Sahel es una franja de más de 5.000 kilómetros que se extiende desde las costas atlánticas de Mauritania hasta el mar Rojo en Eritrea; limitado al norte por una isoyeta de 100 a 150 mm anuales de precipitación, a partir de la cual se extiende el desierto, y al sur por la isoyeta de 500- 600 mm anuales, donde comienza la sabana. Según estos parámetros, el Sahel lo comprenderían el norte de Senegal, Mauritania, Malí, Burkina Faso, el sur de Argelia, Níger, partes de Nigeria y Camerún, Chad, Sudán y Eritrea. Estos Estados, dentro de sus diferencias, se enfrentan a retos humanitarios y de desarrollo comunes, como la desertificación del medioambiente y las sequías recurrentes, unidos a un rápido crecimiento demográfico.

Esta definición es utilizada, total o parcialmente, por el Banco Mundial, la Unión Africana y organizaciones de carácter humanitario o de cooperación al desarrollo, como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

En último lugar, se considera un Sahel geográfico, situado entre los paralelos 12 °N y 20 °N del continente africano, cubriendo total o parcialmente una docena de países: Mauritania, Senegal, Gambia, Malí, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Etiopía, Eritrea y Yibuti. Esta definición obvia conexiones étnicas, religiosas o históricas, pero permite hilar un análisis especialmente ambicioso al englobar países tan diversos en materia económica y política como Gambia, Níger o Etiopía. Esta definición geográfica del Sahel es utilizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y es la que se ha elegido para la realización de este artículo en atención a la mayor cobertura y diversidad que genera sobre la zona.

Para una mayor claridad y debido a la confusión que puede surgir con otras acepciones, a esta definición de «Sahel ampliado» se le denominará Sahel+.

La diversidad del sector de las telecomunicaciones en el Sahel+

El Sahel+ muestra una reseñable diversidad en el sector de la telefonía y las comunicaciones, tanto en la cantidad y variedad de las operadoras que prestan sus servicios en los países seleccionados, como en la madurez y liberalización de sus mercados.

Atendiendo a este segundo indicador, se aprecia que los mercados más maduros se encuentran al oeste, siendo cada vez menos desarrollados cuanto más nos acercamos hacia el mar Rojo. Así pues, Estados como Gambia, Senegal, Nigeria o Burkina Faso gozan de mercados liberalizados y dinámicos, con operadores diversos de capital privado que compiten en el mercado y amplias tasas de suscripción a teléfonos móviles, utilizadas para evaluar la penetración y el alcance de los servicios de telecomunicaciones móviles en una población.

El Sahel central presenta características de transición. Pese a tener mercados liberalizados con operadores privados, su infraestructura sigue careciendo de una fuerte inversión y las suscripciones de telefonía móvil son menores a las de la media.

En el flanco opuesto del continente, los mercados de telecomunicaciones de Eritrea, Yibuti y Etiopía se encuentran total o parcialmente estatalizados y cuentan con el menor número de suscripciones a teléfonos móviles de la región, situándose muy por debajo de la media.

Gambia presenta una notable tasa de penetración de suscripciones móviles (en adelante MCS, mobile cellular subscriptions), con un índice de 101 suscripciones por cada 100 habitantes³. El operador dominante en el mercado es AFRICELL, con un 65 % de la cuota del mercado. La compañía es propiedad de un inversor privado estadounidense⁴ y proporciona servicios de quinta generación (5G)⁵. El 35 % restante del mercado lo ocupan COMIUM, de capital libanés⁶, que ofrece servicios de 4G+; QCELL, propiedad de un inversor privado gambiano⁷, que también proporciona servicios de 5G, y la compañía estatal, GAMCEL, que apenas ofrece servicios de tercera generación (3G).

Mauritania presenta la mayor MCS de todo el Sahel+, con un índice de 141 suscripciones por cada 100 habitantes. El operador dominante es Mauritel, la marca local de MOOV, subsidiaria de Maroc Telecom⁸, que es propiedad de la empresa pública de telecomunicaciones emiratí Etisalat. Mauritel ofrece 5G y copa más de la mitad del mercado. Con el 31 % del mercado se sitúa la Compañía Mauritano-tunecina de Telecomunicaciones (Mattel), propiedad del grupo británico TELECEL, que proporciona servicios de 4G+. Por último, se encuentra Chinguitel, subsidiaria de la empresa estatal sudanesa Sudatel, que ofrece servicios de cuarta generación (4G).

Senegal, con un índice de 120 suscripciones por cada 100 habitantes, tiene la segunda MCS más alta del Sahel+. El operador dominante es Orange Senegal, filial de la multinacional francesa participada por el Gobierno galo. En segundo lugar, se sitúa Free Senegal, propiedad de la empresa francesa Iliad. Ambos operadores ofrecen servicios de 5G. El último lugar lo ocupa Arc Informatique, subsidiaria de Sudatel.

Malí presenta una MCS de 100 suscripciones por cada 100 habitantes. El operador mayoritario es Orange Malí, subsidiaria local de Orange y que ofrece servicios de 4G+. En segundo lugar, se sitúa Malitel, marca local de MOOV y, por ende, de Maroc Telecom, que también ofrece servicios de 4G+. El último operador es TELECEL Malí, subsidiaria maliense de Planor Afrique, propiedad del empresario burkinés Apollinaire Compaoré⁹.

Burkina Faso presenta una MCS de 112 suscripciones por cada 100 habitantes. ONATEL, subsidiaria de MOOV, domina el mercado con un 54 % del mismo. En segundo lugar, se sitúa la empresa local TELECEL Faso, subsidiaria de comunicaciones de Planor Afrique. Por último, Orange Burkina Faso también tiene presencia en el país.

Salvo TELECEL Faso, que solo ofrece 4G, tanto ONATEL como Orange ofrecen servicios de conectividad en 5G.

Níger presenta una MCS de 56 suscripciones por cada 100 habitantes. El operador dominante es la multinacional de propiedad india Airtel, seguido por Orange, MOOV y la empresa estatal nigerina Niger Telecom. Airtel y Orange ofrecen servicios en 4G, mientras que MOOV y Niger Telecom únicamente ofrecen 3G.

Nigeria presenta una MCS de 91 suscripciones por cada 100 habitantes. El operador dominante en el mercado es MTN, empresa privada de capital sudafricano. En segundo lugar se encuentra Airtel. Completan la oferta dos operadores de capital privado nigeriano, Globacom y 9Mobile. Por el momento, MTN y Airtel ofrecen servicios de 5G, mientras que Globacom y 9Mobile solo ofrecen conexión 4G+.

Chad presenta una MCS de 60 suscripciones por cada 100 habitantes. Domina el mercado Airtel, seguido por Milicom, subsidiaria chadiana de MOOV. En último lugar, se sitúa la empresa estatal, Sotel Tchad. Tanto Airtel como Milicom ofrecen servicio en 4G+.

Sudán presenta una MCS de 74 suscripciones por cada 100 habitantes. El operador dominante es Zain Group, empresa pública de telecomunicaciones kuwaití, seguida por la sudafricana MTN y Sudani, subsidiaria de la pública Sudatel. Todas ofrecen 4G.

Etiopía, con 54 suscripciones por cada 100 habitantes, presenta una de las MCS más bajas de todo el Sahel+. El mercado acaba de ser liberalizado en 2021, con la venta de una licencia de operación a Safaricom Telecomunications Ethiopia, consorcio formado por Safaricom, Vodacom, Sumitomo Corporation y British International Investment. Safaricom, empresa privada keniana, es el principal accionista del conglomerado con el 55 % de las acciones. Pese a lo anterior, el principal operador del país es Ethio Telecom, la empresa pública de telecomunicaciones etíope. Ofrece servicios de 5G, mientras que Safaricom ofrece 4G+.

Eritrea presenta la segunda menor MCS del Sahel+, con apenas 50 suscripciones por cada 100 habitantes. El mercado está plenamente estatalizado y el único operador es la empresa pública EriTel (Eritrean Telecommunication Services Corporation). Únicamente ofrece servicios de 3G y limitados a la capital de Asmara.

Por último, Yibuti presenta la menor MCS de todo el Sahel+, con apenas 44 suscripciones por cada 100 habitantes. El mercado está controlado por el Estado a través de la empresa pública Djibuti Telecom, la única que opera en el país. Pese a ello, el Gobierno está preparado para vender el 40 % de Djibuti Telecom y liberalizar el mercado, aunque dicha venta aún no se ha concretado¹⁰. La empresa ofrece servicios 4G+.

¿Ayuda o estrategia? La ambivalente inversión china

Desde 1999, la República Popular de China ha impulsado una gran expansión hacia el exterior de sus empresas, a fin de internacionalizar su industria. En 2013¹¹, Pekín anunció el mayor plan de desarrollo infraestructural de la historia, la Belt and Road Iniciative (BRI), orientada a conectar China con el mercado europeo mediante el desarrollo de infraestructuras de conectividad física como carreteras, ferrocarriles y puertos. En 2015¹², la BRI fue ampliada con el nacimiento de la Digital Silk Road (DSR). Al principio concebida como una rama digital de la BRI, la magnitud de su desarrollo hizo necesario que se estableciese como una iniciativa propia.

Con la DSR, China pretende mejorar la conectividad digital en los países participantes, con las empresas chinas como protagonistas y Pekín como impulsor del proceso para el desarrollo de la infraestructura digital, como redes de cables de conexión, conectividad 5G y centros de almacenamiento de datos¹³. Bajo el paraguas de la DSR, Pekín está impulsando faraónicos proyectos de desarrollo en el sector de las telecomunicaciones en el Sahel+.

Con respecto a las inversiones desde la PRC, tanto la fuente como el tipo varían. Gran parte se materializan en forma de préstamos del Banco de Exportaciones e Importaciones (EXIM Bank), el Banco de Desarrollo de China (CDB) o el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC). El resto son donaciones o cesiones de material tecnológico de manera directa desde las principales empresas de telecomunicaciones chinas, a saber, ZTE y Huawei, en favor de empresas estatales o corporaciones locales.

A tenor de la enorme cantidad de proyectos y concesiones impulsados desde la PRC, se presentan los datos macro por país en millones de euros (mill)¹⁴, resultantes de la suma de los importes de los préstamos ofrecidos por los bancos chinos. Se excluye Mauritania, que no ha recibido ninguna donación de este tipo.

En total, los préstamos y créditos desde instituciones chinas para el Sahel+ superan los 6.500.000.000 euros. A esto habría que sumarle donaciones y cesiones en especie de ordenadores, teléfonos móviles y otros dispositivos o terminales cuya estimación resulta imposible. Por ejemplo, en 2017, China donó televisión por satélite a 200 pueblos del norte de Malí, algo que repitió en 2018 con otros 400 pueblos en Senegal¹⁵.

Por su parte, financiados total o parcialmente por el Banco Europeo de Inversión (EIB), son 12 los proyectos que han recibido crédito desde la Unión Europea en el Sahel+¹⁶. Se obvian Gambia, Malí, Níger, Chad y Sudán, pues no han recibido financiación por parte del EIB para proyectos de telecomunicaciones.

En total, desde 1987 se han dedicado 221.800.000 euros a la región del Sahel+. Huelga obviar que estos números palidecen ante los más de seis mil millones de euros que la RPCh ha destinado al desarrollo del sector de las comunicaciones.

Obviando esas donaciones directas de material o servicios, la práctica totalidad de la inversión china en la región sigue un patrón reconocible. Los gobiernos locales negocian directamente con Huawei o ZTE la concesión de proyectos. Estos serán financiados mediante préstamos y líneas de crédito otorgadas por bancos estatales y dependientes del Consejo de Estado de la RPC: el EXIM Bank, el CDB o el ICBC.

Paradigmático es el caso del acuerdo alcanzado durante el Forum on China–Africa Cooperation de 2006 entre la empresa estatal Ethio Telecom y ZTE. Según el acuerdo, se le otorgaba a la compañía china el derecho para suministrar e instalar todos los equipos de telecomunicaciones en Etiopía durante un periodo de tres años¹⁷. Cabe destacar que, hasta la concesión de una segunda licencia a Safaricom en 2021, Ethio Telecom tenía el monopolio absoluto del sector de las telecomunicaciones en Etiopia.

Conforme a los términos del acuerdo, el Banco de Desarrollo de China le concedió a ZTE un crédito de 1.500 millones de dólares, que la propia ZTE «represtó» después a Ethio Telecom para financiar la compra del equipamiento de la empresa¹⁸.

Según el Banco Mundial, «no hay pruebas […] de que existiera una justificación comercial para la adjudicación de un contrato de tal envergadura a un solo proveedor, de que se produjera una licitación competitiva o de que existiera un mecanismo contractual eficaz para la protección de los precios y el cumplimiento técnico»¹⁹.

China y su foco en infraestructura: la ausencia de operadores chinos

Es destacable que la inversión económica china en el Sahel+ centra su atención en el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, pero no hay empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones de propiedad o participación china.

Por su número de suscripciones, los operadores China Mobile y China Unicom son unos de los más grandes del globo²⁰. Sin embargo, parece que la idea de la internacionalización de empresas acometida con la DSR no incluye a las operadoras, sino solo a los proveedores de equipamiento.

Esto puede deberse a una variedad de motivos, pero dos razones estratégicas destacan.

En primer lugar, China prefiere impulsar acuerdos directos entre sus empresas y los gobiernos locales financiados por bancos públicos directamente dependientes del Consejo de Estado de la República. Al contrario que los gobiernos occidentales, China se ha distinguido por la no injerencia en la cooperación incondicional con los Estados africanos, independientemente de sus sistemas políticos y económicos, prestando ingentes cantidades de dinero a Estados con problemas de endeudamiento. Así, regiones y Estados tradicionalmente olvidados por la Unión Europea, como es el caso del Sahel+, se han visto obligados a entregarse a los brazos de China.

Sin embargo, estos préstamos chinos pueden ser más costosos de lo que parece. Al contrario de los que pueden otorgar instituciones como el EIB o el Fondo Monetario Internacional, los intereses de los préstamos chinos son cuatro veces más caros que aquellos de otras instituciones y sus plazos de amortización son mucho más exigentes (de media, exigen una amortización en 10 años frente a los 28 del FMI)²¹. Por si fuera poco, estos créditos vienen condicionados por clausulas impuestas desde los prestamistas chinos para asegurarse el cobro, como la prohibición de reestructuraciones colectivas, a través del FMI, y la reserva de fondos en cuentas bloqueadas que solo los prestamistas pueden retirar²².

Todo esto viene acompañado por la inclusión de amplias cláusulas de confidencialidad que se ocultan incluso de los registros de deuda soberana²³. Aunque este secretismo puede favorecer la corrupción, especialmente en Estados con entes gubernamentales débiles, China siempre ha preferido negociar y, en especial, renegociar sus préstamos de manera bilateral y en secreto. Es durante esta renegociación, cuando los gobiernos locales no pueden hacer frente al pago de los intereses y ante la imposibilidad de reestructurar su deuda a través del FMI por las cláusulas firmadas, Pekín puede poner en marcha su debt-trap diplomacy (diplomacia de la trampa de la deuda).

Según este concepto geoestratégico, China promueve faraónicos proyectos de infraestructuras en países en vías de desarrollo, concediendo al gobierno prestatario préstamos excesivos. Cuando este es incapaz de devolver los mentados préstamos, transfiere parte de sus activos, como la explotación de las mismas infraestructuras que antes había financiado, a China para reducir su obligación de deuda con ese Estado²⁴.

Aunque la existencia de la debt-trap diplomacy es discutida por numerosos analistas, pues hasta el momento China ha preferido renegociar su deuda en términos más amigables antes que imponer su influencia, es innegable que Pekín sí que ejerce su presión sobre los Gobiernos para garantizarse el control de ciertos aspectos de la infraestructura nacional, como es el caso de Uganda, donde China tiene el derecho a supervisar las decisiones de gasto de la Autoridad para la Aviación Civil²⁵.

El segundo motivo es la seguridad de la información. El equipamiento de origen chino es una constante fuente de preocupación para los gobiernos occidentales debido a las sospechadas backdoors que los fabricantes dejan abiertas. Estas «puertas de atrás» serían utilizadas por los servicios de inteligencia chinos para acceder a los datos contenidos en esos dispositivos y ejercer el control sobre la propia infraestructura de telecomunicación.

La amenaza es real, al menos lo suficientemente seria como para justificar la prohibición a empresas chinas para establecer redes de 5G en Estados Unidos²⁶, Australia²⁷ o el Reino Unido²⁸, veto que ha sido igualmente planteado desde Bruselas para toda la Unión Europea²⁹ en varias ocasiones.

En el caso del Sahel+, estos peligros son sistemáticamente obviados por los gobiernos locales. Por ejemplo, en Senegal, que dentro del marco de la Senegal Digital Strategy 2025 (Estrategia Digital de Senegal 2025), el Gobierno aceptó la financiación del EXIM Bank para la construcción, por parte de Huawei, de un centro nacional de datos donde se alojan todos los datos gubernamentales.

En Nigeria, los principales bancos del país utilizan servidores alojados en centros de datos de Huawei. Además, ha sido también esta empresa china la seleccionada para el desarrollo de los proyectos NICTIB I y II, destinados a expandir y modernizar la red de fibra óptica hacia el norte del país.

Caso parecido es el de Etiopía, donde el Estado encargó a Huawei y ZTE el desarrollo de los proyectos de expansión de los seis y siete círculos, destinados a dotar de cobertura de 5G a la capital y 4G al resto del país. El proyecto, financiado con préstamos por valor de 1.100 millones de euros del EXIM Bank, se adjudicó sin licitación pública alguna. También en Etiopía, Ethiotelecom opera centros de datos de Huawei, al igual que la empresa eléctrica estatal, la Ethiopian Electric Utility.

Sorprende esta despreocupación africana, especialmente cuando el continente ya ha sufrido del espionaje de Pekín. Según reportó Le Monde³⁰ y confirmó el Financial Times, todas las noches, desde 2012 hasta 2017, datos confidenciales de la red informática de la sede de la Unión Africana en Adís Abeba fueron desviados hasta servidores de Shanghái. Merece la pena apuntar que la sede fue construida por China y regalada a la Unión Africana en 2012³¹.

La competencia geopolítica en el Sahel+, entre la infraestructura, la seguridad y la minería

Aunque la región del Sahel+ ha emergido como un punto focal de competencia geopolítica, solo Pekín ha volcado su influencia en la inversión y el desarrollo de las telecomunicaciones. Hasta ahora, para los Estados Unidos y la Unión Europea, había premiado el foco de la seguridad y el contraterrorismo sobre el Sahel+; mientras que para el resto del mundo el Sahel+ estaba poco más que olvidado.

Sin embargo, la irrupción rusa en Malí, Burkina Faso y Níger ha provocado un paisaje geopolítico más complejo en el que el Sahel+ ha obtenido una relevancia que antes no tenía. En este nuevo contexto, China goza de una posición privilegiada, con una red de influencia tejida a base de créditos y donaciones que no parece verse afectada por las luchas de influencia entre Moscú y Bruselas.

Los Estados Unidos tienen intereses casi exclusivamente de seguridad en el Sahel+, no tanto económicos o mercantilistas. En el sector de las telecomunicaciones, sí que hay empresas y fabricantes estadounidenses que han participado en la construcción de algunos de los cables submarinos que conectan el continente africano con el resto del mundo, como es el caso de Meta en el cable 2Africa³². Cabe destacar también a Africell, la operadora dominante en Gambia que es de capital privado estadounidense, y a la empresa Starlink, que ofrece conexión a Internet vía satélite en Nigeria. Hay planes para ampliar la cobertura a Senegal, Mauritania, Burkina Faso y Chad, pero aún no se ha logrado la licencia³³.

El principal interés que Washington ha mantenido con respecto al Sahel+ ha sido el del contraterrorismo, impulsando iniciativas como la Pan-Sahel Initiative, lanzada en 2002 para coordinar los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo de Malí, Níger, Chad y Mauritania³⁴. Este año 2024, tras la intervención rusa en Níger, los EE. UU. han anunciado la retirada de las últimas tropas que mantenían en la zona, concretamente de la base de Agadez³⁵. Caso especial es Yibuti, donde los EE. UU. ocupan la base de Camp Lemonnier, que mantiene una considerable importancia para la proyección de poder estadounidense sobre Bab el-Mandeb, el golfo de Adén y Yemen.

Canadá sí tiene intereses comerciales en el Sahel+, pero tan solo en el sector de la minería. En total, las empresas de minería canadienses tenían en 2023 más de nueve mil millones de euros en inversiones en la minería de oro y cobre en Malí, Burkina Faso, Níger, Etiopía y Eritrea³⁶. El estatus de esos activos tras los golpes de Estado y la intervención rusa en Malí, Burkina Faso y Níger es desconocida.

En Europa, como para Estados Unidos, sobre el Sahel se mantenían intereses en materia de seguridad. Para la Unión Europea y, especialmente, para Francia, la toma del poder por parte de al-Qaeda en el norte de Malí en 2013 convirtió al Sahel en el campo de batalla contra el yihadismo transnacional que amenazaba la seguridad europea. Así, desde París y Bruselas se coordinaron esfuerzos con las operaciones Serval y Barkhane, y las EUTM (Misiones de Entrenamiento de la Unión Europea) en Malí y Níger. Sin embargo, el rápido suceder de los acontecimientos tras la irrupción rusa en la región y los golpes de Estado antifranceses en Malí, Níger y Burkina Faso han puesto punto final a las expediciones militares europeas en el Sahel.

En términos económicos, las inversiones europeas palidecen frente a las de origen chino. Francia, antigua metrópoli de los países del África Occidental Francesa (AOF), sí que mantiene una posición privilegiada en su influencia sobre países como Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger o Chad. Sin embargo, esta influencia está más discutida que nunca tras los golpes de Estado antifranceses patrocinados por Moscú.

En el sector de las telecomunicaciones, Francia mantiene su presencia a través de Orange, de capital público francés, en Senegal, Malí, Burkina Faso y Níger, todas antiguas colonias del AOF.

El interés ruso en el Sahel viene motivado por el aislamiento internacional del Kremlin tras la anexión de Crimea en 2014. Para Rusia, Malí, Níger y Burkina Faso tienen una importancia geopolítica determinante para su estrategia de revisionismo fronterizo y enfrentamiento con Europa y la OTAN. En primer lugar, porque le permite crear problemas en el flanco sur de la Unión y, en segundo, porque Rusia participa del contrabando de oro «de sangre» maliense³⁷. El oro, extraído de las minas bajo el control de los operativos de la PMC Wagner, es exportado ilegalmente a Dubái, donde se funde y se mezcla con oro de origen legal. Este proceso se utiliza para lavar dinero, el cual está financiando el esfuerzo de guerra de Rusia en Ucrania, permitiendo a Moscú eludir las sanciones internacionales y contrarrestar los intentos de aislar a Rusia³⁸.

En la región MENA, hay que destacar a los Emiratos Árabes Unidos, que a través de la empresa estatal Etisalat tiene el 100 % del accionariado de Maroc Telecom y su subsidiaria MOOV, con presencia en Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger y Chad, todos antiguos dominios coloniales de Francia. Además, la empresa kuwaití Zain, con presencia en todo el mundo árabe, opera también en Sudán.

De África, los únicos Estados con presencia en el sector de las telecomunicaciones en el Sahel+ son Sudáfrica, Sudán y Kenia. En el primer caso, la operadora sudafricana MTN tiene presencia en Nigeria y Sudán; mientras que la empresa estatal sudanesa Sudatel opera subsidiarias en Mauritania y Senegal. Por último, de capital keniano es Safaricom, la única operadora privada de Etiopía.

En Asia se encuentra la potencia que, sin oposición, domina comercialmente la región del Sahel+, China. Como ya se ha analizado, en el sector de las telecomunicaciones, la inversión de Pekín no es comparable a ninguna. La región está dominada por China.

La India también tiene presencia, en este caso a través de la operadora Airtel, en Níger, Nigeria y Chad.

Destaca la ausencia de megacorporaciones del sector de las telecomunicaciones, como la surcoreana Samsung o la japonesa Sony.

Por último, desde Oceanía tampoco hay presencia en las telecomunicaciones del Sahel+. En términos económicos, empresas mineras australianas sí operan en Malí, Senegal y Eritrea³⁹.

A modo de completar la información sobre los demás actores geopolíticos, se observa que la presencia de actores de Centro y Sudamérica en el ámbito de las telecomunicaciones en el Sahel+ es nula.

Conclusiones

El desarrollo de las telecomunicaciones en el Sahel+ es una necesidad crítica para lograr la digitalización y modernización de las economías en desarrollo de la región. El desarrollo de las telecomunicaciones es clave para facilitar el crecimiento de sectores determinantes para el futuro de estos Estados como la educación, el comercio, la bancarización y la gobernanza.

Para esto, es necesario tener mercados competitivos y maduros, con operadores de telefonía que oferten esos servicios. Se aprecia una mayor madurez en el oeste del Sahel+, que disminuye según se avanza hacia el mar Rojo.

El otro punto necesario es el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones necesaria, como redes 4 y 5G; centros de datos, y cables de fibra. Este siempre ha sido el gran debe de los Estados del Sahel+, región tradicionalmente abandonada por los gobiernos occidentales, cuyos intereses en la zona solo se han centrado en la seguridad, el contraterrorismo y la minería.

Este abandono occidental al Sahel+ se ha encontrado con la irrupción de la República Popular de China en el tablero internacional, que ha volcado ingentes cantidades de dinero en el Sahel+ en el marco de la Digital Silk Road.

Sin embargo, el análisis geoestratégico revela que este desarrollo infraestructural no está exento de desafíos y riesgos. La preponderancia de China y su DSR, introduce nuevos retos a menudo obviados por gobiernos y estatistas. Aunque las inversiones chinas se han demostrado vitales para el desarrollo de infraestructuras, los altos costos de los préstamos y las condiciones estrictas pueden limitar la soberanía económica de los países receptores, haciéndoles caer presos de trampas de deuda.

Además, las justificadas preocupaciones sobre la seguridad de la información y el posible espionaje a través del equipamiento chino son cuestiones que los gobiernos locales deberían abordar con mayor seriedad.

En este contexto, es fundamental que los países del Sahel desarrollen estrategias nacionales robustas que les permitan aprovechar las oportunidades de inversión extranjera mientras protegen su autonomía y seguridad. La cooperación regional y el fortalecimiento de las instituciones locales serán claves para asegurar que el desarrollo de las telecomunicaciones contribuya efectivamente al crecimiento sostenible y equitativo de la región.

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