ESFAS. El Sahel occidental: una frontera inestable y sus consecuencias para la seguridad de España

Introducción

La región del Sahel occidental, integrada principalmente por los países de Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger y Chad, se extiende como una franja de transición ecológica y geopolítica entre el desierto del Sahara al norte y las sabanas del África subsahariana al sur. La crisis estructural que atraviesa la zona desde hace más de una década es fuente de preocupación internacional. La fragilidad institucional, la expansión del terrorismo yihadista, el crimen organizado y los flujos migratorios irregulares han puesto en evidencia las limitaciones de los Estados para controlar sus territorios, así como la necesidad de los países europeos de gestionar estas amenazas transnacionales por medio de estrategias efectivas que permitan contener sus efectos.

La relevancia del Sahel occidental se intensificó especialmente tras el colapso del régimen libio en 2011, que marcó un punto de inflexión para la región. La caída del gobierno de Muamar Gadafi provocó la dispersión descontrolada de armas, combatientes y redes ilícitas gracias a la porosidad de las fronteras, facilitando la expansión de grupos insurgentes y yihadistas (Anguita y González, 2019). Este fenómeno agudizó una inestabilidad latente en la zona, dando lugar a sucesivos golpes de Estado, pérdida progresiva del control territorial por parte de las autoridades estatales y consolidación de actores armados no estatales. Estas organizaciones violentas, muchas vinculadas a Al Qaeda o al Estado Islámico, se fortalecieron particularmente en áreas rurales y periféricas donde la presencia gubernamental es mínima o inexistente.

Paralelamente, la fragilidad institucional endémica en estos países se ha visto agudizada por la corrupción política y la exclusión social, factores que agravan la crisis de legitimidad estatal y facilitan la penetración de grupos criminales organizados (Zoubir, 2017). Estas redes transnacionales explotan la vulnerabilidad del Sahel, utilizándolo como corredor estratégico hacia el norte de África y Europa, principalmente a través de rutas dedicadas al narcotráfico y al tráfico de armas y migrantes. Así, la región se ha consolidado como un epicentro de flujos migratorios irregulares hacia Europa, incrementando las presiones sobre los sistemas fronterizos europeos, especialmente sobre España (Anguita y González, 2019).

Desde el punto de vista español, la inestabilidad en el Sahel occidental constituye un desafío estratégico de primer orden. España, debido a su proximidad geográfica y a su condición de frontera sur de la Unión Europea, se ve directamente afectada por las consecuencias del deterioro geopolítico en la región. La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN, 2021) española subraya la importancia de fortalecer la cooperación con los países del Sahel y adoptar un enfoque integral que incluya medidas diplomáticas, militares y de desarrollo, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad frente a amenazas transnacionales como el terrorismo yihadista, los flujos migratorios irregulares y el crimen organizado (Anguita, 2023).

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la ausencia de una estrategia suficientemente cohesionada entre España y otras organizaciones internacionales como la Unión Europea, la OTAN y Naciones Unidas, limita significativamente la efectividad de las políticas implementadas. Esta falta de coordinación estratégica se produce en un contexto de creciente competencia internacional, con actores como Rusia y Turquía que han aumentado su presencia en el Sahel, complicando aún más la resolución de la crisis regional. A estos actores se suma China, cuya influencia en África no se limita ya a la dimensión económica o comercial, sino que se ha expandido hacia ámbitos estratégicos como las infraestructuras críticas, la seguridad y la diplomacia. A través de instrumentos como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, Pekín ha reforzado su presencia en el continente mediante inversiones masivas, acuerdos bilaterales y una narrativa de cooperación que contrasta con los enfoques occidentales más intervencionistas. En el caso del Sahel, esta penetración se traduce en la concesión de préstamos, proyectos de desarrollo y presencia creciente en foros multilaterales, lo que permite a China proyectar influencia y defender sus intereses (Alaminos, 2022). La diversificación de actores en el Sahel añade capas de complejidad a la acción exterior, exigiendo a los países occidentales adaptar sus estrategias.

Ante esta compleja realidad, surgen preguntas fundamentales que guían la presente investigación. ¿Cómo influye específicamente la fragilidad institucional y política del Sahel occidental en la configuración y expansión de amenazas a la seguridad de España y Europa? ¿Cuáles son los riesgos y amenazas para España? ¿De qué forma están respondiendo España y otras organizaciones internacionales frente a estos desafíos, y qué limitaciones encuentran sus estrategias actuales? Finalmente, ¿qué vías deberían considerarse para mejorar la respuesta internacional y garantizar una mayor estabilidad en esta región estratégica?

A lo largo del presente artículo, se analizarán de manera pormenorizada estos aspectos, identificando claramente las causas estructurales que alimentan la inestabilidad del Sahel, examinando las respuestas institucionales actuales y explorando propuestas viables que permitan abordar de manera más eficaz la compleja problemática del Sahel occidental, una región que, aunque lejana geográficamente, tiene implicaciones inmediatas y directas sobre la seguridad europea.

Antecedentes

El interés por el Sahel ha ido creciendo de forma sostenida desde comienzos del siglo XXI, especialmente tras los atentados del 11-S y la expansión del terrorismo yihadista en el norte de África. Diversos estudios advirtieron entonces sobre la fragilidad institucional de los Estados sahelianos, su escasa capacidad de control territorial y la existencia de factores estructurales como la pobreza, la desigualdad, la exclusión social o la presión demográfica, que podían favorecer el arraigo de amenazas transnacionales. Autores como Zoubir (2017) o Anguita y González (2019) situaron el Sahel como una región crítica, cuyo deterioro podía tener efectos desestabilizadores más allá de sus fronteras.

El punto de inflexión más relevante se produjo a partir de 2011 con la caída del régimen de Muamar Gadafi en Libia. Este hecho provocó un efecto dominó sobre la seguridad regional: proliferación de armas y combatientes, debilitamiento de las fronteras y expansión de redes ilícitas hacia el sur. Desde entonces, la región ha sido escenario de una descomposición institucional progresiva que se ha puesto de manifiesto a través de continuos golpes de Estado, conflictos intercomunitarios y consolidación de grupos armados no estatales como organizaciones yihadistas.

En el ámbito de las relaciones internacionales, el Sahel fue tradicionalmente tratado como un espacio periférico, subordinado a las prioridades estratégicas del norte de África. Sin embargo, en los últimos años se ha revalorizado como frontera avanzada de seguridad para Europa y como zona de disputa geopolítica entre potencias occidentales, actores emergentes (como Rusia, China o Turquía) y organizaciones multilaterales. Esta evolución ha obligado a revisar los enfoques tradicionales y a plantear nuevas estrategias que combinen herramientas militares, diplomáticas y de desarrollo.

La investigación en la que se basa este artículo parte de esta trayectoria acumulada, pero adopta un enfoque que conjuga dimensiones geopolíticas, institucionales, sociales y transnacionales. Su importancia radica en el vínculo de la inestabilidad del Sahel occidental y los intereses de seguridad de España, analizando tanto las causas profundas del deterioro regional como la respuesta concreta articulada por actores estatales e internacionales. Esta perspectiva permitirá comprender mejor la naturaleza compleja del fenómeno y las dificultades que plantea su gestión.

La fragilidad institucional

La región del Sahel occidental, integrada por Burkina Faso, Chad, Malí y Níger, atraviesa desde hace más de una década un proceso de deterioro político, económico y social que ha debilitado profundamente sus estructuras estatales. A diferencia de otras regiones del continente africano donde la inestabilidad es intermitente o localizada, en el Sahel esta se ha vuelto sistémica y sostenida, afectando simultáneamente a la legitimidad de los gobiernos, al control territorial y a las condiciones de vida de la población.

Uno de los factores más relevantes de esta situación es la fragilidad institucional. Los Estados sahelianos presentan déficits crónicos en materia de gobernabilidad, capacidad administrativa y provisión de servicios básicos a su población. En muchos casos, el Estado está ausente o se encuentra desacreditado en amplias zonas del territorio, especialmente en las áreas rurales y fronterizas. Esta debilidad ha sido aprovechada por actores armados no estatales, que han establecido formas de autoridad paralela basadas en la coacción o en vínculos comunitarios que compiten con las estructuras oficiales (Anguita y González, 2019). Esta fragilidad institucional se deriva, en gran medida, del legado histórico dejado por el proceso colonial europeo. Durante este periodo, las estructuras estatales se diseñaron sobre fronteras artificiales, trazadas sin considerar las divisiones étnicas o culturales existentes. Al independizarse, estos países heredaron instituciones estatales débiles y desconectadas de las realidades sociales internas, lo que generó problemas estructurales de legitimidad y cohesión nacional que aún persisten (Pedrosa, 2020).

La debilidad de las estructuras políticas en el Sahel se ve reflejada también en la falta de cohesión en las administraciones locales, lo que agrava el desafío de proporcionar servicios básicos como educación, salud y seguridad. El deterioro político ha intensificado significativamente esta fragilidad, evidenciado en la recurrencia de golpes de Estado. En Malí, los golpes de Estado de 2020 y 2021 reflejan la incapacidad del sistema político para gestionar las tensiones internas y para poder ofrecer respuestas adecuadas a las demandas sociales (Anguita, 2023). De manera similar, Burkina Faso o Níger experimentaron una ruptura constitucional en 2022 y 2023, respectivamente. Estas intervenciones militares no solo han agravado la inestabilidad política, sino que han erosionado aún más la credibilidad institucional ante la ciudadanía (Altuna, 2024). Estos acontecimientos ponen en evidencia la falta de mecanismos democráticos sólidos capaces de gestionar los conflictos internos y garantizar una transición política pacífica.

La corrupción endémica también desempeña un papel crítico en la debilidad institucional del Sahel. Los gobiernos regionales suelen verse afectados por prácticas corruptas generalizadas, lo que limita la eficacia administrativa y distorsiona la distribución de los recursos públicos. Esta situación socava aún más la legitimidad del Estado ante sus ciudadanos y fomenta un sentimiento de frustración entre las poblaciones locales, especialmente entre la juventud, generando condiciones propicias para el reclutamiento de grupos armados y la proliferación de redes criminales (Zoubir, 2017). La corrupción también ha desviado recursos que deberían haberse utilizado en el fortalecimiento de las instituciones estatales y en la mejora de las condiciones de vida de la población, lo que agrava aún más la percepción de fracaso de los gobiernos. La dimensión institucional de la crisis en el Sahel occidental puede medirse con mayor precisión a través de indicadores internacionales como el Índice de Fragilidad Estatal¹ (FSI) y el Índice de Percepción de la Corrupción² (CPI), que permiten valorar de forma comparada el grado de debilidad estructural y la erosión de legitimidad de los Estados afectados.

Otro aspecto que profundiza la fragilidad institucional es la limitada presencia del Estado en zonas rurales y periféricas, tradicionalmente olvidadas por las autoridades centrales. En estos territorios, la ausencia de infraestructuras adecuadas, como vías de comunicación, escuelas y hospitales, hace que las poblaciones perciban al Estado como una entidad distante e irrelevante. Esta percepción negativa es aprovechada por grupos insurgentes y redes criminales, que proporcionan formas alternativas de autoridad y protección, consolidando así su influencia (Anguita y González, 2019). En muchas zonas, la inseguridad y la falta de gobierno efectivo han permitido que actores no estatales, como grupos yihadistas o bandas armadas, asuman funciones típicamente desempeñadas por el Estado, como la distribución de recursos o el control de los territorios.

Además de estos factores, la vulnerabilidad económica desempeña un papel fundamental en la persistencia de la fragilidad institucional. Las economías de estos países se basan mayoritariamente en sectores primarios poco diversificados, con bajos niveles de productividad y alta dependencia del exterior. Este modelo económico ha limitado considerablemente las oportunidades laborales y ha contribuido a mantener a gran parte de la población en condiciones de pobreza estructural (Pedrosa, 2020). Por ejemplo, según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 2023, Burkina Faso se sitúa en el puesto 186 de 193 países, lo que indica un nivel bajo de desarrollo. Además, el 64.5% de su población vive en condiciones de pobreza según el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 2024. En el ámbito laboral, datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran que buena parte de la población activa en estos países se encuentra ocupada en actividades económicas no reguladas, carentes de protección social y fuera del marco legal estatal. Esta precariedad socioeconómica agudiza la desconfianza hacia las instituciones públicas, percibidas como incapaces de mejorar las condiciones de vida. La juventud, que representa más del 60% de la población, se ve especialmente afectada por la falta de oportunidades, lo que impulsa el desarraigo social y la migración forzada, alimentando aún más la inestabilidad (Anguita, 2023).

La desigualdad territorial agrava aún más esta problemática institucional. La evidente brecha entre las zonas urbanas y rurales en cuanto al acceso a servicios básicos y oportunidades económicas fomenta sentimientos de exclusión en grandes sectores de la población. Este abandono estatal permite a los actores insurgentes presentarse como alternativas viables frente a un Estado ausente o represor, estableciendo formas de gobierno local que sustituyen progresivamente la presencia institucional (Zoubir, 2017). La falta de infraestructuras en las zonas rurales, junto con la ausencia de políticas de desarrollo equitativas, ha generado una clara división entre el centro y las periferias de los países, agravando aún más la inestabilidad política y social. Esta situación ha incentivado procesos de migración interna desde las áreas rurales hacia los centros urbanos, donde las oportunidades de inserción laboral y social son limitadas. Como resultado, han proliferado núcleos de pobreza en las periferias de las ciudades, mientras el abandono progresivo del campo ha reducido la capacidad agrícola local, agravando la inseguridad alimentaria y generando una importante dependencia de las importaciones para cubrir las necesidades básicas.

A la vez, el deterioro medioambiental añade un factor adicional que refuerza la fragilidad institucional. La desertificación acelerada, consecuencia directa del cambio climático, está generando inseguridad alimentaria severa, conflictos por el acceso a tierras fértiles y agua potable, y un creciente desplazamiento de comunidades rurales hacia zonas urbanas ya saturadas. Este proceso intensifica la competencia por uno recursos ya de por sí limitados y deteriora aún más la cohesión social, dificultando cualquier intento estatal por restaurar la autoridad (Anguita y González, 2019). Los efectos del cambio climático son especialmente devastadores en un entorno frágil, agravando las tensiones locales y generando una situación cada vez más incontrolable para los gobiernos.

La combinación de todos estos elementos ha configurado un panorama extremadamente complejo, en el que las instituciones estatales no solo luchan contra actores armados, sino contra una multiplicidad de crisis entrelazadas. La incapacidad institucional para abordar estos desafíos contribuye a perpetuar la inestabilidad y complica significativamente cualquier estrategia de estabilización que pretenda implementarse en la región. La resolución de estos problemas requerirá, por tanto, intervenciones profundas y sostenidas que superen la simple respuesta militar o de seguridad, abordando las causas estructurales que sustentan la fragilidad institucional del Sahel occidental.

Amenazas transnacionales

La inestabilidad estructural del Sahel occidental ha dado lugar a la proliferación de amenazas transnacionales que trascienden con claridad las fronteras regionales, afectando de forma directa a la seguridad internacional, en particular a la de Europa y España. Entre estas amenazas destacan, por su persistencia e impacto, los flujos migratorios irregulares, la expansión del terrorismo yihadista y el auge del crimen organizado transnacional. Estos fenómenos, aunque diferenciados en su naturaleza y funcionamiento, interactúan entre sí y se retroalimentan en un entorno caracterizado por la fragilidad institucional, la ausencia de control estatal y la descomposición progresiva del orden político y social. Lejos de tratarse de riesgos aislados o coyunturales, responden a un patrón compartido de colapso progresivo de la autoridad de los Estados, cuya gestión requiere un enfoque integral y coordinado por parte de los actores implicados en la estabilización del Sahel.

La migración irregular constituye una de las manifestaciones más visibles y alarmantes de la inestabilidad estructural que afecta al Sahel occidental. Millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia directa de la violencia armada, la pobreza extrema y el colapso de los sistemas básicos de subsistencia. Según datos de abril de 2024, en Burkina Faso, Malí y Níger, más de 3,3 millones de personas están desplazadas forzosamente debido a conflictos persistentes, agravados por los efectos cada vez peores de la crisis climática (ACNUR, 2024). Aunque una gran parte de estos desplazamientos son de carácter interno o regional, otra proporción creciente opta por rutas hacia el norte de África y Europa, en busca de seguridad o mejores condiciones de vida (OIM, 2024). Estas rutas migratorias, que atraviesan zonas desérticas y regiones controladas por redes criminales o grupos armados, son extremadamente peligrosas. El tránsito migratorio ha dado lugar a un ecosistema dominado por estructuras de tráfico de personas, redes de extorsión y explotación, y mercados de transporte clandestino. Ciudades como Agadez, en Níger, han emergido como nodos logísticos clave, actuando como punto de partida hacia el norte y como espacio de consolidación de otras prácticas ilícitas asociadas a esta movilidad (Anguita, 2023). En este escenario, diversos actores han instrumentalizado los flujos migratorios para alcanzar fines económicos, políticos o estratégicos. Las redes criminales obtienen beneficios económicos directos mediante el control de las rutas y el cobro de tarifas a los migrantes, mientras que algunos gobiernos autoritarios de la región utilizan el fenómeno migratorio como moneda de cambio o elemento de presión en sus relaciones con Europa. También los grupos insurgentes han identificado el potencial táctico de la migración como mecanismo de desestabilización o como fuente de ingresos indirectos (Zoubir, 2017).

España, como frontera sur de la Unión Europea y punto de entrada preferente a través de las rutas atlánticas (Islas Canarias) o del Mediterráneo occidental (Andalucía, Ceuta y Melilla), se ve particularmente expuesta a las consecuencias de esta movilidad. Las autoridades españolas deben hacer frente a una presión migratoria sostenida, que se intensifica de forma cíclica en función de los repuntes de violencia o colapso institucional en los países emisores. Este fenómeno ha situado la cuestión migratoria como un problema de seguridad de primer orden en la agenda política española (Anguita, 2023). Además de sus implicaciones prácticas, la migración también ha adquirido una dimensión simbólica y diplomática al emplearse como herramienta de presión política por parte de actores regionales que buscan obtener concesiones económicas o estratégicas de la Unión Europea. Esta migración encuentra en el Sahel un espacio especialmente fértil para su desarrollo, dada la debilidad institucional y la multiplicidad de actores con capacidad de control territorial (Altuna, 2024).

El segundo gran desafío transnacional es el terrorismo yihadista, que ha hecho del Sahel uno de los epicentros globales del extremismo violento. Grupos como el Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS) y el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), vinculado a Al Qaeda, han consolidado su presencia en vastas zonas del Sahel central. Estos grupos han establecido bases operativas, desarrollado capacidades logísticas y militares significativas, y han desafiado de forma abierta la soberanía de los gobiernos nacionales (Dacoba, 2019). Más allá del uso de la violencia mediante atentados, emboscadas, secuestros o asaltos a posiciones militares, estos grupos han tejido redes de alianzas con líderes tribales locales, explotando rivalidades étnicas y conflictos históricos entre comunidades.

En algunas ocasiones, han llegado a ofrecer servicios básicos como justicia, seguridad o distribución de recursos, presentándose como una alternativa funcional al Estado. Este fenómeno contribuye a su arraigo social y a la dificultad para erradicarlos exclusivamente mediante el uso de la fuerza (Anguita y González, 2019). Aunque la violencia se concentra actualmente en el continente africano, el potencial de proyección exterior de estos grupos no debe subestimarse. La radicalización de comunidades vulnerables, la circulación de combatientes entre regiones y la posible infiltración en rutas migratorias convierten al yihadismo saheliano en una amenaza latente para la seguridad europea. La creciente autonomía operativa de estas organizaciones, unida al colapso institucional de Estados clave como Malí o Burkina Faso, ha dificultado la cooperación internacional y generado vacíos de poder que estos grupos aprovechan para expandirse territorialmente (NSD-S HUB y UFV, 2024).

Por último, el crimen organizado transnacional constituye un eje transversal y complementario de inestabilidad en la región. Las redes de tráfico de drogas, armas, personas y recursos naturales operan con gran libertad en el Sahel, gracias a la combinación de extensas áreas sin control efectivo, fronteras porosas, altos niveles de corrupción institucional y una presencia militar estatal muy limitada. El Sahel se ha convertido en un corredor estratégico entre América Latina y Europa, especialmente en lo que respecta al narcotráfico, con flujos de cocaína que atraviesan África occidental antes de alcanzar el Magreb y, finalmente, territorio europeo, incluido el español (Anguita y González, 2019). A diferencia de los grandes carteles latinoamericanos, los grupos armados del Sahel no controlan la totalidad de la cadena del narcotráfico, pero imponen peajes, exigen pagos por protección o participan directamente en las actividades logísticas. Esta convergencia entre yihadismo y crimen organizado ha dado lugar a un proceso de hibridación, donde las organizaciones se adaptan mutuamente, fortaleciendo sus respectivas capacidades. Como resultado, ha emergido una economía ilícita paralela que no solo socava la legitimidad estatal y bloquea el desarrollo, sino que también retroalimenta la violencia, dificultando cualquier proceso de estabilización.

Respuestas estratégicas

Frente a los riesgos descritos, diversos actores internacionales han articulado respuestas que combinan instrumentos de seguridad, diplomacia y cooperación. España, por su proximidad geográfica y su condición de frontera sur europea, ha sido uno de los países más activos en la región. La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN, 2021) identifica el Sahel como un espacio prioritario, y propone un enfoque preventivo que combine control fronterizo, diplomacia activa, cooperación militar y desarrollo. En este marco, España participa en misiones de entrenamiento (como EUTM³ Malí), mantiene destacamentos logísticos en Senegal y Gabón, y desarrolla programas de cooperación a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) centrados en gobernabilidad, justicia y cohesión social.

Junto a la dimensión nacional, la Unión Europea ha desplegado un conjunto de iniciativas bajo la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD). Destacan misiones como EUCAP⁴ Sahel y EUTM, dirigidas a reforzar las capacidades locales en seguridad interior y defensa. A nivel civil, instrumentos como el Fondo Fiduciario de Emergencia para África (EUTF) y el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) han canalizado recursos hacia proyectos de resiliencia, empleo juvenil y seguridad alimentaria. Sin embargo, la UE ha encontrado algunas dificultades, agravadas por golpes de Estado y un creciente sentimiento antifrancés que ha contaminado la presencia de otros países europeos.

En el plano doctrinal, la Estrategia Global de la UE (EUGS) y su revisión para el Sahel en 2021 apuestan por un enfoque integrado que combine seguridad, desarrollo y gobernabilidad. No obstante, la fragmentación de los actores, la falta de coordinación entre las misiones y la desconexión con las dinámicas locales han limitado su eficacia. El vacío dejado por el repliegue de Francia y la retirada de algunas misiones han planteado nuevos desafíos que la UE aún no ha logrado afrontar adecuadamente.

La OTAN, por su parte, ha incrementado su implicación regional a partir del nuevo Concepto Estratégico aprobado en Madrid (2022), que incorpora el flanco sur como espacio de interés prioritario. Aunque no existe presencia directa de la Alianza en el Sahel, se han fortalecido los mecanismos de análisis, capacitación y cooperación con socios regionales. A través del Mando Conjunto del Sur (JFC- S), con sede en Nápoles, se ha impulsado el intercambio de inteligencia, el seguimiento de amenazas y la proyección de estabilidad. La OTAN subraya la necesidad de reforzar su coordinación con la UE, evitando solapamientos y articulando respuestas complementarias (OTAN, 2022).

La ONU, por último, ha desarrollado una amplia presencia institucional a través de la Estrategia Integrada para el Sahel (UNISS), basada en tres pilares: gobernabilidad, seguridad y resiliencia. Durante una década, su principal instrumento fue la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), que combinó aspectos civiles y militares. No obstante, su impacto fue limitado debido a la creciente inestabilidad de un entorno operativo extremadamente hostil. La retirada de la misión en 2023 marcó un punto de inflexión, obligando a la ONU a redefinir su presencia en la región mediante iniciativas más flexibles, como la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel (UNOWAS) o el Plan de Apoyo al Sahel.

En conjunto, las respuestas institucionales han evidenciado tanto logros como carencias. Se ha logrado frenar parcialmente la expansión de ciertos grupos armados y se han canalizado importantes recursos para mitigar la crisis humanitaria. Sin embargo, la falta de una estrategia común, la desconexión con las realidades locales y la fragmentación geopolítica de la región han limitado su impacto. La irrupción de nuevos actores, como Rusia, China o Turquía, introduce además un elemento de competencia estratégica que obliga a repensar los marcos de intervención tradicionales.

Conclusiones

La situación del Sahel occidental evidencia claramente cómo la combinación de fragilidad institucional, expansión del terrorismo yihadista y crimen organizado transnacional constituye una amenaza directa y sostenida a la seguridad internacional, especialmente para España y sus aliados europeos. El análisis efectuado ha permitido identificar y comprender las causas estructurales que subyacen tras la persistente crisis regional, al tiempo que ha puesto de relieve tanto las fortalezas como las limitaciones de las respuestas implementadas hasta ahora por España y por otras organizaciones internacionales involucradas.

En primer lugar, ha quedado patente que la fragilidad institucional y política de los países sahelianos es la principal responsable de la perpetuación de la crisis. Las estructuras estatales débiles heredadas del periodo colonial, la corrupción endémica, la exclusión social y los reiterados golpes militares han generado un círculo vicioso de inestabilidad que impide cualquier consolidación democrática o institucional efectiva. Esta situación no solo facilita la penetración de grupos insurgentes y redes criminales, sino que también mina profundamente la legitimidad estatal ante sus propias poblaciones.

En segundo lugar, se ha evidenciado que la expansión y consolidación del terrorismo yihadista, especialmente de grupos como AQMI, JNIM y EIGS, han profundizado la crisis regional hasta convertir al Sahel occidental en una plataforma para la violencia extremista. Estos grupos han sabido aprovechar eficazmente la ausencia de control gubernamental, la pobreza extrema y las divisiones étnicas y sociales, aumentando significativamente la inseguridad local y generando implicaciones geoestratégicas directas para Europa y España, dada su proximidad geográfica y su rol de frontera sur de la Unión Europea.

Paralelamente, el crecimiento del crimen organizado transnacional, enfocado en actividades como el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas, representa otro pilar fundamental en la prolongación y profundización de la crisis. La explotación ilícita de las rutas migratorias que atraviesan la región ha convertido al Sahel en un espacio clave para las organizaciones criminales internacionales, cuya actividad desborda las capacidades de control y seguridad locales. Esto contribuye no solo a perpetuar la inseguridad regional, sino también a reforzar los flujos migratorios irregulares que afectan directamente a España y Europa.

Respecto a las respuestas internacionales, si bien España, la Unión Europea, la OTAN y Naciones Unidas han desarrollado importantes esfuerzos para mitigar la crisis mediante operaciones militares, cooperación internacional y programas de desarrollo, estos han mostrado ser insuficientes debido a múltiples limitaciones estructurales y operativas. Entre ellas destacan la falta de cohesión entre los diferentes actores internacionales, la persistencia de percepciones negativas vinculadas a intervenciones externas (especialmente aquellas lideradas por Francia) y la creciente competición geopolítica en la región, ejemplificada por la irrupción de actores internacionales como Rusia, China o Turquía.

En definitiva, el análisis realizado subraya la necesidad urgente de replantear la estrategia internacional hacia el Sahel occidental, proponiendo una visión integral que combine eficazmente instrumentos militares, diplomáticos, humanitarios y de desarrollo. Para ello, será fundamental priorizar el fortalecimiento institucional sostenible de los países sahelianos, mejorar la coordinación y la coherencia estratégica entre España y sus socios internacionales, y fomentar una mayor implicación local que supere las percepciones negativas sobre la intervención extranjera. Solo desde esta aproximación integral, coordinada y sostenida en el tiempo será posible comenzar a transformar el actual círculo vicioso de crisis que permita avanzar hacia la estabilización del Sahel occidental, reduciendo así sus graves consecuencias para España y para el conjunto de Europa.

Bibliografía

• ACNUR (2024). ACNUR pide una respuesta global a la crisis olvidada en el Sahel. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
• Alaminos, M.Á. (2022). «El papel de China en el continente africano y su impacto global: claves para comprender la nueva era». Ministerio de Defensa (ed.), China: el desafío de la nueva potencia global. Cuadernos de Estrategia, vol. 212, cap. 9, pp. 281–306. Madrid: Ministerio de Defensa.
• Altuna, S. (2024). «La reconfiguración de las estructuras de seguridad en el Sahel: fracaso del enfoque Occidental, cambio de socios y turbulencias en el horizonte». ARI, (97), Real Instituto Elcano.
• Anguita, C. (2023). Gobernanza en el Sahel por actores armados no estatales: Un modelo teórico y aplicado. Revista Científica General José María Córdova, 21(43), pp. 601–628.
• Anguita, C. y González, P. (2019). El Sahel: dimensión transfronteriza y dinámicas geopolíticas. Geopolítica(s), 10(2), pp. 281–303.
• Consejo de la Unión Europea. (2016). Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la UE (EUGS). Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte.
• Consejo de Seguridad Nacional (2021). Estrategia de Seguridad Nacional. Boletín Oficial del Estado, nº 314.
• European Union External Action Service (2021). Renewed EU Integrated Strategy in the Sahel. Brussels: EEAS.
• NSD-S HUB & UFV. (2024). Perspectivas locales del Sahel sobre los modelos occidentales de colaboración en materia de seguridad. Centro para el bien común global.
• Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2024). Informe sobre las migraciones en el mundo 2024. Ginebra: OIM.
• ONU (2013) United Nations Integrated Strategy for the Sahel (UNISS). New York: 14 de junio.
• Orden PJC/501/2024, de 27 de mayo, por la que se publica la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima (ENSM) 2024, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. Boletín Oficial del Estado (BOE) número 130, de 29 de mayo de 2024.
• OTAN. (2022). Concepto Estratégico. Bruselas: Madrid, 29 de junio. Disponible en: https://www.nato.int/strategic-concept [Consultado: 09-03-2025].
• Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2021. Boletín Oficial del Estado (BOE) número 314, de 30 de diciembre de 2021. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/28/1150 [Consultado: 05-03-2025].
• Secretaría General del Consejo UE (2021). Estrategia integrada de la Unión Europea en el Sahel - Conclusiones del Consejo. Bruselas: 16 de abril
• Pedrosa, M. (2020). Sahel: conflictos y fronteras. Trabajo académico. Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Filosofía y Letras
• Zoubir, Y. H. (2017). Security Challenges, Migration, Instability and Violent Extremism in the Sahel. IEMed Mediterranean Yearbook.