ESFAS. Las migraciones desde Africa a España: una herramienta de política exterior

Las migraciones irregulares desde África hacia España se han convertido en un fenómeno que preocupa a la sociedad española, y de gran actualidad. Más allá de su dimensión humanitaria, estos flujos migratorios han pasado a ocupar un lugar central en la agenda de seguridad nacional y política exterior de España. La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 contempla la gestión de los flujos migratorios irregulares como “un importante reto” para el país.

Un ejemplo elocuente fue la crisis de Ceuta en mayo de 2021, cuando la entrada repentina de más de 8.000 personas desde Marruecos en solo 48 horas evidenció el potencial de la migración para generar tensiones diplomáticas. Aquel incidente, en el que una avalancha de migrantes cruzó la frontera ante la pasividad de las fuerzas marroquíes, se desarrolló en un contexto de desacuerdo político entre los dos Estados.

España, por su posición geográfica principalmente, es la puerta sur de la Unión Europea, compartiendo frontera terrestre con Marruecos. A lo largo de las últimas décadas, esta situación geográfica singular ha convertido a la migración irregular en un asunto prioritario de la política nacional, a la par de otros desafíos como el terrorismo o el crimen organizado. Además, la experiencia ha demostrado que la migración puede ser instrumentalizada por distintos actores, como redes criminales con el fin de obtener beneficio, o Estados que utilizan el flujo migratorio como herramienta de presión política. En este contexto, resulta imprescindible analizar las migraciones desde África a España no solo como un fenómeno social, sino también como una herramienta de política exterior.

Además, no puede obviarse que el fenómeno migratorio ha generado una fuerte polarización en el debate público, donde conviven enfoques centrados en la seguridad y el control con otros que se inclinan por posiciones más laxas. Esta división se refleja en las políticas aplicadas por los Estados europeos, que oscilan entre el fortalecimiento de sus fronteras exteriores y otras aproximaciones cercanas a políticas de puertas abiertas. En ese escenario, Es por ello que España articula su política migratoria con una doble dimensión: como parte integrante de la Unión Europea y como país directamente afectado por la presión migratoria africana. El desafío consiste en diseñar respuestas que combinen la protección de las fronteras con la atención a las causas estructurales que originan la migración irregular.

El presente artículo ofrece un análisis de este fenómeno examinándose: los factores históricos y teóricos que explican las dinámicas migratorias entre África y España; las características actuales de estos flujos – sus rutas, magnitud y actores involucrados –; y la manera en que dichas migraciones pueden ser empleadas con fines estratégicos.

Antecedentes

A fin de contextualizar el fenómeno, conviene repasar brevemente las bases teóricas y los antecedentes históricos de la migración africana hacia España. Desde una perspectiva clásica, las teorías “push-pull” (de empuje y atracción) han sido fundamentales para entender por qué las personas migran. Estas teorías sostienen que existen factores de expulsión en los países de origen, como la pobreza, la falta de oportunidades laborales, conflictos políticos o desastres naturales, y factores de atracción en los países de destino, tales como mejores perspectivas de empleo, seguridad o acceso a servicios básicos, que conjuntamente explican los movimientos migratorios (Micolta León, 2005).

En palabras de García Sánchez (2018, p.202), se trata de «una serie de factores [...] que provocan la expulsión de personas de un lugar, así como [...] otros que las atraen». Esta aproximación, cuyos orígenes se remontan a las “leyes de las migraciones” de Ravenstein en el siglo XIX, explica que los flujos no son aleatorios, sino que siguen patrones observables en función de las condiciones socioeconómicas de cada región (Arango, 1985). Por ejemplo, Marruecos históricamente ha presentado importantes factores de empuje, como altas tasas de desempleo (especialmente juvenil), desigualdades socioeconómicas y, en ciertas épocas, inestabilidad política y violencia en regiones vecinas. En contraste, España ofrece factores de atracción notorios, tales como la proximidad geográfica, demanda de mano de obra en sectores como la agricultura y la construcción, y la percepción generalizada de una mejor calidad de vida (Micolta León, 2005). La interacción de estos factores ha generado un flujo constante de migrantes marroquíes y de otros países africanos hacia Españ, tanto regulares como irregulares, a lo largo de las últimas décadas.

No obstante, las teorías push-pull por sí solas no bastan para explicar por qué los migrantes eligen España u otro destino específico, ni cómo se mantienen estos flujos en el tiempo. Para ello, cobra relevancia la teoría de las redes migratorias. Según esta perspectiva, las conexiones sociales entre migrantes previos y potenciales generan cadenas migratorias que facilitan la decisión de emigrar y la integración en el país de destino (García Abad, 2001).

En el caso hispano-marroquí, la ya numerosa comunidad de origen marroquí establecida legalmente en España actúa como un imán para nuevos migrantes, ofreciendo apoyo e información a familiares y compatriotas que consideran emprender el viaje. Este efecto red reduce costos y riesgos de la migración, y explica en parte la continuidad de los flujos más allá de las condiciones económicas puntuales (Abad, 2001; León, 2005). En suma, la combinación de factores de atracción y empuje (push-pull) y relacionales proporciona un marco para entender la persistencia de la migración desde África hacia España incluso frente a crecientes impedimentos o barreras.

Históricamente, España pasó de ser un país emisor de migrantes a convertirse en receptor neto a finales del siglo XX. A partir de los años 2000, coincidiendo con mejoras económicas y la estabilidad democrática, el número de inmigrantes provenientes del Magreb y África subsahariana aumentó notablemente.

A lo largo de las décadas, el vínculo entre España y los países africanos no ha sido solo migratorio, sino también histórico, cultural y económico. El pasado colonial, los acuerdos de cooperación, las relaciones comerciales y la proximidad geográfica han configurado una interdependencia que trasciende lo meramente fronterizo. En este sentido, las migraciones se inscriben en una dinámica de largo recorrido que debe entenderse como parte de una relación asimétrica entre el norte y el sur. La existencia de comunidades africanas asentadas en territorio español, especialmente marroquíes, han generado circuitos de movilidad que se reproducen en el tiempo y que, pese a los obstáculos, siguen funcionando gracias al tejido de relaciones transnacionales.

Un ejemplo ilustrativo de repunte de estos ciclos, fue la crisis de los cayucos en 2006, cuando decenas de miles de personas llegaron a las Islas Canarias en embarcaciones precarias, desbordando la capacidad de acogida. Eventos como el descrito, impulsaron a España y a la Unión Europea a reforzar sus medidas de control fronterizo y a estrechar la cooperación con países de origen y tránsito, especialmente con Marruecos. Sin embargo, las crisis regionales y las persistentes desigualdades económicas reavivaron la presión migratoria. España se convirtió en la principal vía de entrada de migrantes irregulares a Europa, superando a Italia y Grecia, con decenas de miles de llegadas por mar en un solo año (Frontex, 2024).

La migración irregular África-España: características y rutas

Los flujos migratorios irregulares desde África hacia España siguen principalmente dos rutas geográficas: la ruta mediterránea occidental, que incluye los cruces por el Estrecho de Gibraltar y la llegada a las costas peninsulares o a las ciudades de Ceuta y Melilla; y la ruta atlántica, que lleva a las Islas Canarias desde la costa occidental de África (Marruecos, Sahara Occidental, Mauritania, Senegal, etc.). En los últimos años, la ruta canaria ha cobrado especial protagonismo debido al reforzamiento de los controles en el Mediterráneo. Viajar hasta Canarias implica recorridos marítimos mucho más largos y peligrosos, generalmente empleando embarcaciones artesanales conocidas como cayucos (grandes botes de pesca) o pateras (pequeñas lanchas motoras). A pesar de los riesgos extremos, decenas de miles de migrantes han optado por esta ruta. Tal y como muestra la ilustración 1, España recibe la mayoría de las entradas irregulares por vía marítima, evidenciando que la presión migratoria se ha desplazado hacia las vías oceánicas. De hecho, Frontex señala que la ruta hacia Canarias fue una de las más activas y peligrosas, concentrando una parte importante del aumento de llegadas recientes (Frontex, 2024).

Otra vía de entrada irregular, aunque más minoritaria en números absolutos, son los cruces terrestres en Ceuta y Melilla. Estas ciudades españolas en el norte de África están rodeadas por vallas fronterizas fortificadas que separan territorio español de Marruecos. A pesar de las altas medidas de seguridad, grupos de migrantes subsaharianos organizados realizan intentos periódicos de salto de la valla. Estos incidentes han disminuido en frecuencia desde que Marruecos colabora activamente en impedir los asaltos grupales; sin embargo, cuando ocurren implican un gran impacto mediático.

En cuanto a las magnitudes, reflejadas en la ilustración 1, los flujos muestran variaciones anuales significativas. Tras el pico de 2018, España registró unas 32.500 entradas irregulares en 2019 y cifras menores en 2020, en parte debido a las restricciones de movilidad de la pandemia. No obstante, a partir de la segunda mitad de 2020 y durante 2021, se observó un repunte considerable especialmente vía marítima. Según datos del Ministerio del Interior español, el total de llegadas irregulares volvió a superar las 40.000 en 2021 y 2022, manteniéndose elevada la presión en 2023 (Ministerio del Interior, 2024).

Redes criminales como facilitadores de la migración irregular

Uno de los hallazgos más importantes al estudiar estas migraciones es el papel central de las redes de crimen organizado en su facilitación. La dificultad y peligrosidad inherentes al viaje irregular han dado lugar a la aparición de traficantes de personas que operan a lo largo de las rutas. Estos grupos criminales proveen, por un precio, servicios logísticos indispensables para los migrantes: transporte en camiones o barcos clandestinos, documentos de identidad o visados falsos, e incluso sobornos a funcionarios corruptos para asegurar ciertos tránsitos. En muchos casos, el migrante queda en manos de estas redes desde su país de origen hasta el destino final, generándose una relación de dependencia extrema (Garcés Mascareñas, 2022). En este contexto, las redes de crimen organizado no solo participan en los procesos migratorios, sino que en muchos casos resultan imprescindibles para su realización. Esto se debe a que, ante la falta de vías legales de migración para personas poco cualificadas, las opciones se reducen a arriesgarse por cuenta propia recurrir a intermediarios ilícitos.

Lamentablemente, la explotación suele ser parte integral de este proceso. Muchos migrantes pagan altas sumas de dinero por el viaje, endeudándose ellos y sus familias, y aun así son expuestos a condiciones inhumanas. Se documentan casos de abusos físicos, secuestros extorsivos en ruta, violencia sexual (especialmente contra mujeres migrantes) y situaciones que rozan la esclavitud una vez en destino (trabajos forzados para saldar deudas con la red). Estas dinámicas delictivas asociadas a la migración irregular convierten a los migrantes en víctimas doblemente vulnerables: huyen de contextos difíciles y caen en manos de organizaciones criminales que se aprovechan de su desesperación.

En el caso de los flujos Marruecos-España, informes oficiales indican que mafias locales y multinacionales controlan la salida de pateras y cayucos. Por ejemplo, estas redes cobran por cruzar el Estrecho, o incluso organizan viajes en cayuco hacia Canarias cobrando hasta varios miles de euros por plaza. Esto implica conexiones con el crimen organizado para garantizar la recepción. Interpol y las autoridades españolas han desarticulado diversas células de tráfico de personas en Andalucía y Canarias, evidenciando la presencia de “enlaces” de las redes africanas en territorio español (Ministerio del Interior, 2023). Las ganancias ilícitas generadas son cuantiosas: se estima que en 2021 el tráfico de migrantes hacia Europa movió cientos de millones de euros a nivel global (Europol, 2021). Este lucro financia otras actividades criminales, aumentando el poder de corrupción de las mafias.

La estrecha relación entre crimen organizado y migración irregular tiene varias implicaciones para la seguridad, ya que supone un obstáculo para la gestión migratoria. De esta forma, frente a actores criminales transnacionales, las respuestas requieren una cooperación internacional tanto policial como judicial y de fronteras.

Desde una perspectiva analítica, es útil aplicar un anñalisis DAFO¹ al perfil del migrante irregular, lo cual permite visibilizar sus debilidades y amenazas, que son sistemáticamente explotadas por las redes de crimen organizado. Entre las principales debilidades destacan la falta de recursos económicos, la escasa formación, el desconocimiento del idioma y de los sistemas legales europeos, y la situación de marginalidad social. Estas características reducen drásticamente su capacidad de agencia y los convierten en objetivos accesibles para los traficantes de personas. En cuanto a las amenazas, el entorno de tránsito está plagado de peligros: violencia física, explotación laboral y sexual, secuestros para extorsión, y abuso por parte de autoridades corruptas.

Estas vulnerabilidades se agravan por la dificultad que encuentra el migrante, de baja cualificación en muchos casos, para realizar ese movimiento por cauces legales, que los empuja hacia alternativas ilícitas. Las organizaciones criminales, conscientes de esta situación, se presentan como intermediarios “necesarios” que ofrecen rutas, medios de transporte y documentación falsa, pero a costa de someter al migrante a mecanismos de control coercitivo. De hecho, las deudas contraídas con las redes para costear el viaje suelen derivar en formas de servidumbre o explotación posterior. Así, el migrante no es solo una víctima del contexto, sino también una pieza funcional en el engranaje delictivo transnacional.

Este análisis confirma que la debilidad estructural del migrante es una condición indispensable para el modelo de negocio de las mafias. Desde una óptica de seguridad y derechos humanos, urge contemplar estas dinámicas al diseñar políticas migratorias que prioricen la protección de las personas frente al aprovechamiento ilícito de su precariedad.

La captación y explotación de migrantes por las redes: mecanismos, perfiles y consecuencias

Uno de los aspectos menos visibilizados del vínculo entre migración irregular y crimen organizad, muy relacionado con ese análisis DAFO tratado en el epígrafe anterior, es el proceso mediante el cual las redes criminales identifican, captan y subordinan a las personas migrantes. No se trata simplemente de una “oferta” de servicios clandestinos a una “demanda” desesperada, sino de un proceso que incorpora elementos de manipulación, violencia y, en muchos casos, explotación.

Los traficantes suelen operar en contextos donde las instituciones son frágiles y la población carece de alternativas. Es en estos espacios donde detectan perfiles particularmente vulnerables: jóvenes sin empleo ni expectativas, menores no acompañados, mujeres solas o personas desplazadas por conflictos armados. Mediante redes de reclutadores locales (a menudo integrados en las propias comunidades) se ofrece un “paquete migratorio” que promete llegar a Europa por mar o por tierra a cambio de grandes sumas de dinero. En ocasiones, se engaña directamente a los migrantes sobre los riesgos reales del trayecto o sobre la situación que encontrarán en destino.

Una vez iniciado el viaje, la libertad del migrante se reduce progresivamente. Los deudores pueden ser obligados a trabajar durante el trayecto para pagar el coste del viaje (construcción, agricultura, prostitución), lo que supone una forma de explotación por servidumbre. En otras ocasiones, los pagos intermedios exigen que las familias del migrante transfieran dinero desde el país de origen, estableciendo redes financieras paralelas que alimentan al crimen transnacional.

A nivel operativo, este fenómeno genera una estructura logística bien articulada, que incluye no solo transportistas y guías, sino también falsificadores, extorsionadores y hasta abogados o asesores que garantizan la inserción posterior en el mercado informal del país de llegada.

En suma, lo que en apariencia podría parecer una relación transaccional entre migrante y traficante, en realidad es un entramado de dependencia y abuso, alimentado por la falta de alternativas legales y por las profundas desigualdades estructurales entre regiones de origen y destino.

La instrumentalización de la migración como herramienta de política exterior

Además de las dinámicas expuestas anteriormente, la migración irregular ha cobrado relevancia como instrumento de política exterior. Esto significa que algunos Estados se sirven de los flujos migratorios para ejercer influencia y presión en sus relaciones con otros Estados. En el caso de Marruecos y España, esta instrumentalización ha quedado en evidencia en varias ocasiones, siendo la crisis de Ceuta en 2021 el ejemplo más notorio.

Marruecos, consciente de su posición estratégica como país de tránsito y contención de migrantes hacia Europa, ha aprendido a “activar o desactivar” ese flujo humano en función de sus intereses geopolíticos (Garcés Mascareñas, 2022; Delkáder-Palacios, 2023).

Desde comienzos de siglo, Marruecos ha obtenido beneficios tangibles a cambio de colaborar en el control migratorio: importantes ayudas económicas de la UE y de España, inversiones en desarrollo, equipamiento fronterizo y, en el plano político, un reconocimiento creciente de su relevancia regional. España ha valorado altamente esta cooperación para mantener la estabilidad en su frontera sur. Sin embargo, esta relación también ha generado una dependencia que cuestiona la efectividad del control migratorio del Estado español, dependiente de la voluntad del vecino marroquí. Cuando las relaciones bilaterales se tensionan, Marruecos ha mostrado que puede relajar esa cooperación, permitiendo una salida masiva de migrantes que presione a España. En otras palabras, los flujos migratorios se transforman en “moneda de cambio” diplomática.

La “crisis de Ceuta” ilustra este fenómeno. En abril de 2021, España tomó la decisión humanitaria de acoger para tratamiento médico al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, enemigo declarado de Marruecos en la cuestión del Sáhara Occidental. Al trascender el hecho, Marruecos expresó su malestar y, poco después, en mayo, miles de personas, incluyendo menores de edad, comenzaron a cruzar libremente hacia Ceuta ante la pasividad de la Gendarmería marroquí. En cuestión de dos días, más de 8.000 migrantes entraron en la ciudad autónoma, desencadenando una emergencia en la que España tuvo que desplegar al Ejército para apoyar a la Guardia Civil a recuperar el control (La Moncloa, 2021).

Autoridades españolas y europeas interpretaron claramente el suceso como una maniobra deliberada de Rabat para presionar a Madrid por el asunto del Sáhara. «Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir», declaró por entonces la embajadora marroquí en España, en una inusual admisión velada de la motivación política detrás de la oleada migratoria (Europa Press, 2021). La situación solo se normalizó cuando España y la UE reaccionaron diplomáticamente: por un lado, acelerando negociaciones que pocos meses después derivarían en un giro de la posición española respecto al Sáhara (en 2022 España reconoció el plan de autonomía marroquí); por otro, compensando a Marruecos económicamente por su esfuerzo de control fronterizo, con 30 millones de euros adicionales aprobados de urgencia (Casey y Bautista, 2021), quedando demostrado así que el manejo de las fronteras podía convertirse en un arma diplomática para obtener concesiones.

No es esta una práctica aislada ni exclusiva de Marruecos. En la última década, la instrumentalización de la migración se ha visto en diversos escenarios. Libia, en medio del caos post-Gadafi, ha sido señalada por utilizar a migrantes subsaharianos detenidos en su territorio como elemento de negociación con Italia y la UE, alternando periodos de cooperación en los rescates con periodos de dejación que provocan aumentos en las salidas hacia Lampedusa (Álvarez Portas, 2021). Del mismo modo, países del este de Europa han incurrido en esta práctica. En 2021, la Bielorrusia de Aleksandr Lukashenko facilitó la llegada de miles de migrantes a las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia como represalia contra las sanciones europeas, generando una seria crisis de seguridad en la UE. Todos estos casos configuran un patrón emergente de coerción, donde el flujo migratorio es manipulado para incomodar, desestabilizar o presionar a otro Estado sin recurrir al uso de la fuerza militar.

1. Conclusiones

Las migraciones desde África hacia España constituyen un fenómeno altamente sensible a voluntades políticas. El análisis desarrollado muestra que no estamos ante simples desplazamientos espontáneos por necesidad económica, sino frente a flujos condicionados por estructuras de poder y estrategias tanto ilícitas como estatales. En primer lugar, se confirma el rol indispensable que desempeñan las redes de crimen organizado en la articulación de la migración irregular: sin su “servicio” ilícito, muchos viajes clandestinos serían inviables. Estos grupos, con gran capacidad logística y conexiones globales, han convertido la migración en un lucrativo negocio transnacional a costa de la vulnerabilidad de las personas migrantes. En segundo lugar, puede deducirse que la migración puede ser instrumentalizada por los Estados como herramienta de presión política.

Marruecos, en particular, ha hecho de la gestión migratoria parte integral de su política exterior, corroborando la hipótesis de que los flujos humanos pueden utilizarse con fines coercitivos, planteando de esta manera serias cuestiones éticas y de seguridad.

Reconocer esta realidad tiene implicaciones importantes para las políticas de España y la Unión Europea. Por un lado, evidencia que abordar la migración irregular solo desde una óptica policial o de contención fronteriza resulta insuficiente. Se requiere una aproximación que combine medidas de control con vías legales de migración, protección de derechos humanos y cooperación al desarrollo en origen, de modo que disminuya la dependencia de rutas peligrosas y de mafias. Por otro lado, urge redefinir las relaciones de cooperación con países emisores y de tránsito como Marruecos, sobre la base del respeto mutuo y la no instrumentalización de la vida humana. Esto implica diversificar las herramientas diplomáticas sin centrar todo el vínculo con estos países en el control migratorio, de forma que se disuada de la tentación de usarlo como palanca.

En este contexto, también debe ponerse de relieve la importancia de la narrativa pública sobre la migración. La forma en que se representa a los migrantes en los medios de comunicación y en los discursos políticos influye directamente en la percepción social y, por ende, en la legitimidad de las políticas adoptadas. La asociación entre migración y amenaza, común en algunos discursos, ha contribuido a justificar medidas restrictivas por algunos Estados. Por el contrario, una narrativa más equilibrada permitiría entender la complejidad del fenómeno y reconocer tanto los desafíos que plantea como las oportunidades que ofrece. La integración efectiva de la población migrante, el reconocimiento de su aportación económica y social, y el respeto a su dignidad son claves para una convivencia más justa.

Finalmente, desde una perspectiva ética y de principios, España y la UE enfrentan el reto de equilibrar la soberanía y seguridad con la protección de la dignidad humana, siendo necesarias políticas más equilibradas que combinen el legítimo derecho a controlar las fronteras con la obligación de respetar los derechos fundamentales de los migrantes. En definitiva, aunque las migraciones africanas hacia España no desaparecerán debido a que forman parte de la realidad, se debe alcanzar una gestión inteligente, eficiente y que no comprometa la seguridad de España.

Bibliografía

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