ESFAS. La visión geopolítica de España respecto a Iberoamérica: el impacto de la alternancia política de los gobiernos españoles

Introducción

España e Iberoamérica comparten lazos históricos, culturales y lingüísticos que se remontan a más de cinco siglos. La historia común entre ambos no debe verse únicamente como el peso de un pasado imperial, sino como un proceso continuo de influencias mutuas que llega hasta nuestros días (Castro, 1954). Tras las independencias americanas en el siglo XIX, las relaciones político-diplomáticas se enfriaron significativamente, pero los vínculos culturales y humanos jamás desaparecieron por completo. A lo largo del siglo XX, especialmente durante la dictadura del General Franco, España ensayó un discurso americanista para reivindicar una unidad cultural y espiritual con sus antiguos territorios, buscando legitimidad internacional a través de la idea de la Hispanidad. Sin embargo, no sería hasta la Transición cuando se produciría un giro real en la política exterior hacia Iberoamérica, asentado en principios de cooperación, respeto mutuo y valores compartidos de libertad y desarrollo.

El proceso de reconexión se concretó en un hito histórico: la creación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y las Cumbres Iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. España, bajo el gobierno del socialista Felipe González, impulsó junto con México la iniciativa de celebrar la primera Cumbre Iberoamericana en Guadalajara en 1991, seguida de una segunda en Madrid en 1992 coincidiendo con el V Centenario (Sans López, 2018). Estos encuentros multilaterales nacieron con el propósito de estrechar lazos políticos y fomentar una visión de futuro compartida entre España, Portugal y las naciones de Iberoamérica, sobre la base de la democracia, los derechos humanos y la cooperación al desarrollo. A través de este mecanismo de diálogo político de alto nivel, España manifestó abiertamente su intención de liderar un proyecto iberoamericano fundamentado en valores e intereses compartidos, presentándose como puente entre Europa y América y como hermano mayor dispuesto a apoyar a las jóvenes democracias iberoamericanas en su camino de desarrollo (del Arenal, 2011b). La creación de las cumbres supuso además la institucionalización de un espacio propio para la región, distinto de otras iniciativas hemisféricas impulsadas por Estados Unidos o europeas en las que Iberoamérica a veces ocupaba un lugar secundario.

Antecedentes

El estudio de las relaciones entre España e Iberoamérica se ha consolidado como un campo multidisciplinar (histórico, cultural, económico y político) que analiza una trayectoria marcada por alternancias de ruptura y acercamiento. La historiografía coincide en señalar que la aspiración española a un liderazgo regional tropieza, de entrada, con el propio legado imperial y, de forma más reciente, con las dinámicas de la globalización y la irrupción de potencias externas que compiten por influencia. Entre los pioneros, Américo Castro interpreta la experiencia iberoamericana a través de la idea de mestizaje y de una identidad en permanente tensión creativa. Un cruce de tradiciones indígenas, africanas y europeas. Esa raíz compartida convierte el vínculo transatlántico en un proceso de transformación mutua, no en un simple vestigio imperial (Castro, 1962). Con una mirada más estructural, Celestino del Arenal describe tres grandes etapas: la desconexión que sigue a las independencias, el americanismo instrumental de la dictadura y, desde 1978, una fase democrática orientada a la cooperación y simbolizada por las Cumbres Iberoamericanas de 1991. No obstante, el autor advierte de los límites de ese liderazgo debido de a la fragmentación regional y a los recursos españoles relativamente escasos (del Arenal, 2011b). En el ámbito económico, William Chislett muestra cómo la liberalización iberoamericana de los noventa abrió un espacio de expansión para banca, telecomunicaciones e infraestructuras españolas, pero también generó acusaciones locales de neocolonialismo y riesgos derivados de la concentración sectorial (Chislett, 2003). Por su parte, Luis Francisco Martínez Montes inserta esa dinámica en una historia global del imperio español, recordando que el componente cultural–lingüístico sigue condicionando tanto la percepción mutua como las posibilidades de proyección geopolítica (Martínez Montes, 2018).

La producción académica más reciente introduce enfoques que trascienden el marco estrictamente interestatal. Heriberto Cairo reivindica una geopolítica crítica en la que América Latina y el Caribe dejan de verse como entidades naturales para revelarse como artefactos históricos moldeados por resistencias locales (Cairo Carou, 2023). Su colaboración con Breno Bringel subraya la utilidad de la perspectiva transnacional para incorporar redes sociales y prácticas de contestación que desdibujan líneas de poder heredadas (Cairo Carou and Bringel, 2019). Esta lógica enlaza con la atención a los flujos migratorios: Fernando Caballero Mendizábal retrata a Madrid como nodo urbano donde la creciente presencia iberoamericana reconfigura tejido social y simboliza la densidad humana del lazo transatlántico (Caballero Mendizábal, 2024). En conjunto, la literatura examina cómo la lengua común, los capitales empresariales y las instituciones birregionales operan en un espacio que combina aspiraciones españolas de poder normativo con la realidad de una influencia disputada y condicionada por actores múltiples. La revisión del estado de la cuestión, por tanto, traza un panorama en el que las explicaciones identitarias, las aproximaciones económicas y las lecturas críticas convergen para explicar una relación compleja, dinámica y todavía objeto de debate.

Influencia de los gobiernos democráticos españoles

Con la llegada del PSOE al poder en 1982 se abrió una etapa en la que la normalización democrática y la modernización económica (indispensables para la adhesión a la Comunidad Económica Europea) condicionaron toda la acción exterior española. En este marco, Iberoamérica quedó consagrada como la segunda prioridad tras Europa y, a diferencia de la retórica de la Dictadura, se presentó como un espacio de cooperación entre socios iguales. La nueva política exterior abandonó cualquier atisbo paternalista y se articuló sobre los principios de democracia, desarrollo y respeto mutuo (del Arenal, 2011a). Felipe González, cuyo prestigio personal estaba asociado a la Transición, subrayó ya en su investidura que el futuro de España pasaba por profundizar esa relación, lo que impulsó la gestación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones (del Arenal, 2011b). Durante las negociaciones de adhesión europea, el Gobierno reivindicó la dimensión iberoamericana como valor añadido para Bruselas e intentó obtener regímenes preferenciales para la región, aun cuando el peso comercial real era todavía reducido (del Arenal, 1990). En paralelo, España se implicó activamente en la pacificación de Centroamérica: respaldó al Grupo de Contadora, albergó la reunión de San José I y mantuvo un diálogo autónomo con actores como los sandinistas o el propio régimen cubano, aunque el acercamiento a La Habana chocó con los recelos europeos y las reticencias del Gobierno de Castro sobre derechos humanos (Portero, 2003).

La incorporación a la Comunidad Económica Europea forzó la internacionalización de la economía española. Pese al coste en autonomía, el nuevo entorno comunitario amplió las oportunidades de negocio y, a partir de 1988, desató una oleada inversora sin precedentes en Iberoamérica. Mientras el comercio seguía un patrón centro–periferia (España exportaba bienes de equipo y recibía materias primas) la inversión directa se convirtió en el verdadero motor del vínculo. Entre 1992 y 2001 las empresas españolas colocaron 80.400 millones de dólares en la región, casi la mitad de toda la IED europea, situando a España como segundo inversor tras Estados Unidos (Chislett, 2003). Sectores como banca, telecomunicaciones y energía protagonizaron la expansión: Telefónica construyó un imperio regional, Repsol adquirió YPF en la mayor operación exterior española del momento y los grandes bancos se implantaron en ocho países antes de 1996 (Fazio Vengoa, 2001). El fenómeno elevó las exportaciones españolas y transformó a empresas como Iberia, Endesa o BBVA en actores continentales (Noya, 2008).

En el terreno cultural, la joven democracia heredó una presencia exterior dispersa. Hasta finales de los ochenta no existía un organismo unificado. La creación del Instituto Cervantes en 1991 permitió articular por fin una diplomacia cultural profesional que, combinada con el incremento presupuestario, expandió la red de centros por América, Europa y Asia. El Gobierno aprovechó además la conmemoración del V Centenario y la Exposición Universal de Sevilla de 1992 como escaparate global: más de cuarenta jefes de Estado y quince millones de visitantes reforzaron la imagen de un país moderno y sirvieron para proyectar una identidad panhispánica que enfatizaba el idioma común y el mestizaje cultural (Sans López, 2018). Esa narrativa se apoyó en iniciativas como el Tratado de Amistad y Cooperación con México de 1990, primer documento oficial que incorporó el término “iberoamericano”, y en la pauta de becas, festivales y coproducciones que, con el tiempo, cristalizaría en programas como Ibermedia. El resultado fue la consolidación del español como activo estratégico y la formación de élites académicas y creativas compartidas que profundizaron las relaciones entre ambas orillas del Atlántico (Albornoz and García Leiva, 2001).

En conjunto, los gobiernos de Felipe González sentaron las bases de la relación iberoamericana contemporánea: dotaron de legitimidad democrática al proyecto integrador, colocaron a las multinacionales españolas como actores de peso en las economías iberoamericanas y erigieron la cultura y la lengua en instrumentos de influencia blanda, todo ello dentro de una estrategia que pretendía compatibilizar la plena inserción europea con una proyección transatlántica propia.

El primer gobierno de José María Aznar mantuvo de entrada los rasgos esenciales de la etapa anterior (multilateralismo, prioridad europea y centralidad iberoamericana) de modo que España siguió presentándose como un socio fiable para la región (Muñoz, 2011). Sin embargo, la creciente orientación atlantista fue tensando esa continuidad: la llamada estrategia de triangulación con Washington pretendía que Madrid mediara entre la Unión Europea y Estados Unidos en Iberoamérica, pero en la práctica recortó la autonomía española. Esa lógica cristalizó en la institucionalización de las Cumbres con la creación de la SEGIB, percibida por varios gobiernos iberoamericanos como un intento español de tutelaje (del Arenal, 2011b). A partir de 2002, la sintonía con la Administración Bush marcó un viraje definitivo: la participación en la Cumbre de las Azores y el apoyo a la invasión de Irak situaron a Estados Unidos por delante de Europa e Iberoamérica en la jerarquía exterior, fracturando el consenso interno (del Arenal, 2008). Ese giro se acompañó de presiones fallidas sobre México y Chile para que avalaran la guerra en la ONU y de un discurso abiertamente crítico con los gobiernos bolivarianos, lo que alimentó la percepción de que Madrid actuaba como correa de transmisión de Washington y erosionó la legitimidad de sus empresas en la región (Sanahuja, 2006). En clave interna, la Ley Orgánica 8/2000 endureció el acceso a la residencia y desencadenó protestas de colectivos iberoamericanos, mientras los acuerdos bilaterales de repatriación mostraban cómo el vínculo iberoamericano sirvió también para reforzar el control migratorio (Gratius, 2005).

En paralelo, la política exterior se orientó a la economía: los ministros Matutes y Piqué situaron la defensa de la inversión al frente de la agenda y aprovecharon las privatizaciones en energía, banca y telecomunicaciones para consolidar a España como segundo inversor mundial en la región (Muñoz, 2011). Ese capital se concentró sobre todo en el área andina (Perú absorbió el 67% de la IED europea frente al 2,7% de México), reproduciendo desequilibrios intrarregionales (Fazio Vengoa, 2001). La crisis argentina de 2001 evidenció los límites de esa expansión: la devaluación golpeó a bancos y petroleras españolas y encendió el discurso de los nuevos conquistadores, que denunciaba prácticas abusivas y neocoloniales (del Arenal, 2011b). No obstante, la ayuda oficial al desarrollo y la cooperación financiera alcanzaron su máximo histórico en 1999, reforzando el liderazgo español en las Cumbres y subrayando cómo la diplomacia económica respaldaba las ambiciones políticas del periodo (Castillo and Gil-Barragán, 2021).

La dimensión cultural se convirtió en un pilar de poder blando: el gobierno patrocinó la expansión del Instituto Cervantes, potenció los Congresos Internacionales de la Lengua (Zacatecas 1997, Valladolid 2001) y lanzó la Fundación Carolina para atraer élites iberoamericanas (del Arenal, 2011b). También tomó cuerpo el proyecto Marca España, que aspiraba a articular idioma, turismo e imagen de país en una narrativa global, aunque su recepción se vio lastrada por la participación en Irak y la percepción de alineamiento con Estados Unidos en países como Venezuela, Argentina o México (Rodríguez Gómez, 2023). Al mismo tiempo, España vivió la mayor oleada de inmigración iberoamericana de su historia, con flujos procedentes de Ecuador, Colombia o República Dominicana que rejuvenecieron el mercado laboral y reforzaron los lazos a ambos lados del Atlántico, aun cuando muchos quedaron atrapados en la precariedad y la irregularidad (López Sala, 2007). De este modo, la etapa Aznar combinó una política exterior crecientemente atlantista con una proyección económica y cultural ambiciosa, pero también generó tensiones que limitaron la capacidad de España para presentarse como actor autónomo y cercano en Iberoamérica.

El cambio de ciclo que siguió a la victoria socialista de marzo de 2004 se plasmó, ante todo, en una reorientación política: José Luis Rodríguez Zapatero enfrió la relación privilegiada con Estados Unidos y proclamó a Iberoamérica como segundo pilar estratégico tras la UE, apostando por un liderazgo compartido que sustituyese el tono tutelar de la etapa anterior (del Arenal, 2011b). Ello se tradujo en el impulso a la SEGIB (operativa desde las cumbres de San José 2004 y Salamanca 2005) y en un discurso inclusivo que buscó interlocución con todos los gobiernos, fueran liberales o bolivarianos, a costa de recibir críticas por acercarse a regímenes de dudosa calidad democrática como los de Venezuela o Bolivia. Las Cumbres Iberoamericanas, sin embargo, perdieron protagonismo: la politización que introdujeron líderes como Chávez o Evo Morales y las tensiones ideológicas internas redujeron su capacidad de concertación y las convirtieron en foros de baja intensidad (Muñoz, 2011). En el ámbito birregional, Madrid utilizó la III Cumbre UE-ALC de Guadalajara 2004 para reinstalar los principios de soberanía y no intervención y, ya en la Cumbre de Madrid 2010, desbloqueó negociaciones estancadas con MERCOSUR o la Comunidad Andina, ejerciendo de puente entre Bruselas y la región (Díaz Barrado, 2007). El giro social se reflejó en la cooperación al desarrollo: se priorizó la lucha contra la pobreza y la desigualdad frente al perfil más comercial de la etapa Aznar, aun manteniendo la defensa de las empresas españolas, lo que generó tensiones cuando los intereses económicos chocaron con la agenda de derechos humanos (Sanahuja, 2006). Al mismo tiempo, episodios como la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia (2006) o las medidas proteccionistas de Argentina y Ecuador obligaron al Gobierno a mediar para salvaguardar inversiones emblemáticas de Repsol-YPF, Telefónica o los grandes bancos y revelaron los límites de la influencia española en un contexto de auge del discurso antineocolonial (Muñoz, 2011).

En el plano económico la etapa estuvo marcada por la desaceleración de la ofensiva inversora iniciada en los noventa: la IED española en Iberoamérica cayó de 86.000 millones de euros en 1993-2001 a 62.000 millones en 2002-2011, aunque en 2006 los activos regionales aún representaban alrededor del 11% del PIB nacional (Noya, 2008). La crisis financiera global, la volatilidad de los mercados emergentes y el recrudecimiento del proteccionismo económico en varios países hicieron florecer la retórica de la segunda conquista (Malamud, 2008). Pese a ello, España siguió defendiendo la seguridad jurídica de sus empresas y, cuando fue necesario, combinó el recurso a los mecanismos de arbitraje internacional con gestiones diplomáticas directas para evitar rupturas irreversibles en la relación bilateral.

En el ámbito sociocultural, Zapatero aprovechó las celebraciones de los Bicentenarios de las independencias para relanzar la diplomacia cultural: la Comisión Nacional de Conmemoración, con Felipe González como embajador plenipotenciario, pretendió convertir los actos en una oportunidad de diálogo y proyección conjunta (del Arenal, 2009). Paralelamente se consolidó la inmigración iberoamericana: el marco legal facilitaba la nacionalización a los dos años de residencia y, hasta la crisis de 2008, predominó un relato oficial que subrayaba la afinidad cultural y la capacidad integradora de estos flujos (López Sala, 2007). La recesión alteró ese panorama: la tasa de paro de los extranjeros se disparó, muchos trabajadores perdieron su estatus legal y la Unión Europea aprobó la Directiva de Retorno, que endureció las expulsiones. La Ley Orgánica 2/2009 introdujo el principio de integración, pero siguió atando los derechos al mercado laboral, mostrando la tensión entre un discurso solidario y una lógica del control de los flujos migratorios (Torres Pérez, 2014). Aun así, la comunidad iberoamericana afincada en España se mantuvo como vector humano esencial de la relación, reforzando los lazos sociales y alimentando la proyección cultural a través del Instituto Cervantes o las coproducciones audiovisuales que continuaron recibiendo apoyo público.

La llegada de Mariano Rajoy al poder coincidió con el epicentro de la crisis financiera y eso marcó el tono de toda la etapa: la prioridad pasó a ser la estabilidad interna y el refuerzo de la posición española en la Unión Europea, de modo que el vínculo iberoamericano quedó relegado a un segundo plano (Sanahuja, 2016). El Ministerio de Asuntos Exteriores fusionó la Secretaría de Estado para Iberoamérica con la de Cooperación y se impuso una lógica abiertamente pragmática que buscaba contener costes más que proyectar liderazgo. El resultado fue una agenda exterior de bajo perfil en la región y unas Cumbres Iberoamericanas cada vez más descafeinadas, con asistencia menguante de jefes de Estado, la decisión de hacerlas bienales y la descentralización de la SEGIB aprobada en Cádiz 2012 y Veracruz 2014 (Álvarez-Cascos Gil, 2021). A la par, la estrategia ideológica del Gobierno trazó una línea divisoria entre los países bolivarianos, con los que las relaciones fueron frías o conflictivas, y los integrantes de la Alianza del Pacífico, presentados como socios afines al libre comercio (Sanahuja, 2016). Este repliegue político se vio reforzado por la fuerte caída de la Ayuda Oficial al Desarrollo: de destinar el 0,46% del PIB en 2009 se pasó al 0,13% en 2014, lo que situó a España entre los donantes menos comprometidos de la OCDE y debilitó sus aportaciones a la OEA, la SEGIB y programas emblemáticos como Ibermedia o Ibermuseos (García Leiva, 2015).

En el terreno económico, la retracción inversora iniciada tras la crisis argentina de 2001 se consolidó: las empresas españolas dejaron de comprar activos y pasaron a reinvertir beneficios, con México, Brasil y Chile concentrando más del 90% del valor creado en 2007-2020 (Malamud, Ruiz and Talvi, 2023), mientras que en algunos sectores estratégicos se registraron procesos de desinversión (Sanahuja, 2016). Paralelamente creció la presencia de capital iberoamericano en España (42.660 millones de euros acumulados, un 9,1% de la IED recibida) con México como primer origen, lo que convirtió la relación financiera en un flujo cada vez más bidireccional (Blanco Estévez, 2020). La dimensión cultural también sufrió los recortes: la cooperación cultural quedó subordinada a la marca-país y a la diplomacia económica, la AECID perdió capacidad operativa y el Instituto Cervantes siguió activo pero cuestionado por su dependencia del Ministerio de Asuntos Exteriores (Badillo, 2014). Pese a todo, el español continuó considerándose un activo estratégico y España mantuvo su apoyo (aunque con menos recursos) a la Alianza Global para la Diversidad Cultural de la UNESCO (García Leiva, 2015). En materia migratoria, la etapa se caracterizó por un giro restrictivo: recortes en sanidad, educación y ayudas sociales, paro del 28,5% entre los iberoamericanos en 2011 y una oleada de desahucios que los golpeó de forma desproporcionada. Al mismo tiempo, más de 780.000 residentes obtuvieron la nacionalidad española, lo que maquilló estadísticamente la caída de los flujos y estimuló retornos (Torres Pérez, 2014). Así, la política iberoamericana del gobierno Rajoy quedó lastrada por la austeridad presupuestaria que priorizó la gestión de la crisis sobre la proyección de influencia, reduciendo la visibilidad de España en la región y dejando en suspenso buena parte de los instrumentos diplomáticos, económicos y culturales construidos en décadas anteriores.

La etapa iniciada con la moción de censura de 2018 se ha desarrollado en un contexto de polarización interna que convierte la relación con Iberoamérica en arma de confrontación partidista: el debate público tiende a reducir la región a una disyuntiva entre democracias liberales y populismos autoritarios (Sanahuja, 2021). El PSOE ha mantenido una aproximación pragmática pero su capacidad de concierto se ve mermada por la fragmentación: Podemos cultiva vínculos con la izquierda bolivariana (Malamud, 2019) y VOX apuesta por la noción de Iberosfera para articular un bloque anticomunista junto a líderes conservadores de la región (Martín Merchán, 2023). Aun así, la diplomacia española intenta sostener canales con gobiernos de distinto signo (el retorno de Lula abrió margen de cooperación birregional) y mediar en crisis como las de Venezuela o Nicaragua, aunque estas gestiones provocan respuestas hostiles de Caracas y Managua y críticas en el Senado estadounidense por la supuesta tibieza frente a los derechos humanos (Sanahuja, 2021). El impulso de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en 2023 buscó reposicionar a Iberoamérica en la agenda comunitaria reactivando el diálogo político con la cumbre UE-CELAC celebrada en Bruselas y diversificando el suministro de materias primas estratégicas en el marco de la guerra de Ucrania, subrayando el valor del litio y las renovables sudamericanas para la autonomía energética europea (Malamud, 2023).

Desde el ángulo económico, la narrativa de la retirada española contrasta con los datos: dos tercios del patrimonio exterior de las filiales se concentran en países desarrollados, pero Iberoamérica sigue siendo la única región emergente relevante para las grandes corporaciones, lo que indica una fase de consolidación más que de abandono (Ruiz, 2023). La estrategia empresarial pasa por reinvertir beneficios y diversificar riesgos, consciente de la competencia china creciente en infraestructura y tecnología, mientras que el flujo inversor iberoamericano hacia España continúa al alza, lo que confirma la bidireccionalidad financiera señalada en los últimos balances del Banco de España (Malamud, 2023). Todo ello se articula con la ofensiva europea del Global Gateway, que pretende movilizar hasta 300.000 millones de euros para proyectos de digitalización, energía y transporte en la región y ofrecer una alternativa regulatoria al capital chino.

En el ámbito sociocultural, el ejecutivo ha revitalizado el panhispanismo como eje de poder blando: el Instituto Cervantes, la RAE y las academias nacionales coordinan campañas de promoción del español como lengua global y de gestión compartida, insistiendo en que el idioma pertenece a una comunidad multinacional y no a un Estado propietario (Molina y Tamames, 2022).

Paralelamente, la inmigración iberoamericana recuperó fuerza tras la crisis: en 2018 las entradas crecieron un 20%, con 645.000 llegadas (un máximo histórico) y casi 45.000 venezolanos solicitaron protección, fenómeno replicado por hondureños y colombianos que huyen de la violencia o el deterioro socio-económico (Arango et al., 2019). Estos flujos, sumados al auge de discursos revisionistas sobre el pasado colonial, alimentan debates identitarios en España, reflejando de nuevo cómo la dimensión iberoamericana opera como espejo de las tensiones internas.

Conclusiones y perspectivas del liderazgo español

La alternancia política durante las tres últimas décadas en el gobierno de España ha dado a la acción exterior oscilaciones que nunca llegaron a romper la prioridad histórica con Iberoamérica, pero sí han diluido su eficacia. Los gobiernos socialistas de Felipe González inauguraron la etapa democrática impulsando la Comunidad Iberoamericana de Naciones, respaldando una gran expansión inversora y vistiendo la proyección exterior con una narrativa panhispánica. Los ejecutivos de José María Aznar mantuvieron inicialmente ese marco, institucionalizaron la SEGIB y, tras la crisis argentina de 2001, trasladaron a la región una diplomacia cada vez más atlantista. José Luis Rodríguez Zapatero revirtió el atlantismo, recuperó el multilateralismo y enfatizó la agenda social, aunque las Cumbres Iberoamericanas perdieron relevancia y las nacionalizaciones redujeron la IED española. Mariano Rajoy, condicionado por la crisis económica, aplicó recortes que redujeron la ayuda al desarrollo, vaciaron la proyección cultural y agudizaron el retraimiento inversor, mientras crecía el capital iberoamericano en España. Por último, la etapa de Pedro Sánchez combina la politización doméstica del vínculo con esfuerzos de relanzamiento birregional en la Unión Europea, la consolidación de los activos empresariales frente a la competencia china y un nuevo auge migratorio que se integra en un renovado panhispanismo lingüístico.

A la luz de ese recorrido, el estudio confirma su hipótesis principal: el liderazgo español se ha ejercido de forma desigual. Firme en la esfera cultural, relevante pero no determinante en la económica y claramente limitado en la política. La supremacía cultural basada en la lengua y los vínculos históricos se mantiene como pilar más sólido, mientras que la presencia económica, aunque relevante, se ve condicionada por la volatilidad de los mercados regionales, las presiones nacionalistas y la irrupción de actores extrarregionales con mayor músculo financiero. En el terreno político, la capacidad de España para ejercer liderazgo ha disminuido al compás de la fragmentación iberoamericana y de la aparición de potencias con ambiciones globales que compiten por influencia. A ello se suma la inestabilidad interna: aunque los distintos gobiernos mantuvieron constantes básicas (promoción del español, defensa de las empresas, búsqueda de apoyos multilaterales), la ausencia de consensos duraderos provocó discontinuidades, cambios de prioridades y, en definitiva, altibajos que restaron proyección y coherencia a largo plazo.

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