ESFAS. Una oportunidad incompleta: España y la seguridad energética europea

Introducción

La guerra de Ucrania devolvió al gas una condición que Europa había tendido a olvidar: la de recurso estratégico. La crisis desencadenada tras la invasión rusa de Ucrania en el año 2022 alteró de forma profunda la manera de entender la energía en el continente. El suministro dejó de verse solo en términos de precios, contratos o mercados y pasó a percibirse también como un problema de seguridad, de autonomía y de capacidad de respuesta ante un entorno internacional cada vez más inestable.

La respuesta europea a ese nuevo escenario obligó a acelerar la diversificación de aprovisionamientos, a incrementar el peso del gas natural licuado y a prestar más atención a aquellas infraestructuras capaces de aportar flexibilidad al sistema. A partir de 2022, la Unión Europea (UE) fue reduciendo de forma visible su exposición al gas ruso, mientras aumentaban las importaciones procedentes de proveedores externos como Noruega, Estados Unidos y Argelia. Ese giro revalorizó a los Estados miembros con mayor capacidad de recepción, almacenamiento y redistribución de gas, entre ellos España, cuya posición empezó a contemplarse con un interés renovado dentro del debate sobre la seguridad energética europea (Consejo Europeo, 2025; Comisión Europea, 2022).

España reúne varias características que explican ese nuevo protagonismo. Dispone de la mayor red de plantas de regasificación de la UE, cuenta con una elevada capacidad de almacenamiento y presenta una matriz de aprovisionamiento gasista muy diversificada, apoyada en múltiples orígenes de suministro. A ello se suma su conexión directa con Argelia, un elemento que le ha permitido amortiguar mejor que otros países el impacto de la crisis gasista. Todo ello ha hecho posible que el sistema español no solo cubra con solidez la demanda interna, sino que también contribuya, aunque todavía de forma limitada, al abastecimiento de otros mercados europeos en un momento de fuerte tensión energética (European Commission, 2025; Enagás, 2025).

Sin embargo, esa oportunidad está lejos de haberse materializado por completo. La principal razón es que la capacidad de entrada no se traduce automáticamente en capacidad de proyección hacia el resto del continente. La débil interconexión con Francia sigue actuando como un cuello de botella estructural, mientras que el vínculo con Argelia, pese a su indudable valor estratégico, también introduce una dimensión de vulnerabilidad geopolítica que no puede ignorarse. El caso español se convierte así en un ejemplo especialmente útil para entender esta paradoja: un país con activos gasistas muy relevantes para la seguridad energética de la Unión, pero todavía condicionado por límites físicos, políticos y geopolíticos que impiden convertir ese potencial en una centralidad plenamente consolidada (CNMC, 2025; Escribano et al., 2025).

Esa es, precisamente, la cuestión de fondo que recorre este artículo: por qué España ha ganado relevancia en el nuevo mapa energético europeo, qué capacidades reforzaron esa posición entre 2015 y 2025 y qué obstáculos siguieron frenando su consolidación como verdadero hub gasístico.

Cuando el gas volvió a ser una cuestión estratégica

Durante años, una parte importante de Europa trató el gas como un suministro relativamente seguro: una fuente de energía disponible de forma continua, con precios asumibles y, en términos generales, integrada en una lógica de mercado previsible. La invasión rusa de Ucrania quebró esa percepción. Desde entonces, el gas dejó de verse solo como un recurso necesario para sostener la actividad económica y pasó a interpretarse también como un factor de vulnerabilidad, de presión política y de seguridad.

El cambio fue rápido y profundo. A partir de 2022, la UE emprendió un proceso acelerado de reducción de su exposición al gas ruso. Según el Consejo Europeo, la cuota del gas ruso transportado por gasoducto dentro de las importaciones de la Unión pasó de superar el 40% en 2021 a situarse en torno al 11% en 2024. Esa reconfiguración se apoyó, sobre todo, en el mayor peso del gas natural licuado (GNL), en la caída del consumo europeo y en el refuerzo de las compras a otros proveedores externos (Consejo Europeo, 2025).

La respuesta política de Bruselas acompañó ese giro. El plan REPowerEU, presentado en 2022, situó entre sus prioridades la diversificación de suministros, el ahorro energético y el refuerzo de aquellas infraestructuras capaces de aportar mayor flexibilidad al sistema. En esa misma dirección, la hoja de ruta europea fue concretando después plazos más definidos para el desacoplamiento del gas ruso, con el horizonte de 2027 para la eliminación progresiva de determinadas importaciones rusas vinculadas al gas. La prioridad ya no consistía solo en recibir energía a precios competitivos, sino en asegurar rutas de entrada variadas y en limitar el riesgo de que una sola dependencia condicionara la capacidad de maniobra de la Unión (Comisión Europea, 2022; Escribano et al., 2025).

Fue en ese contexto cuando el valor estratégico de España se hizo mucho más visible. Su importancia no surgió de la nada, pero la crisis sí hizo mucho más patentes unas capacidades que ya existían: plantas de regasificación, almacenamiento, diversificación de orígenes y conexión directa con Argelia. En un mercado europeo que comenzaba a valorar más la flexibilidad y la seguridad de suministro que la simple proximidad a los antiguos corredores rusos, el sistema gasista español apareció como una pieza especialmente útil. No se trataba solo de contar con infraestructuras abundantes, sino de disponer de un modelo capaz de recibir gas de múltiples procedencias y de adaptarse con rapidez a un entorno más incierto (European Commission, 2025; Enagás, 2025).

Sin embargo, la propia crisis también dejó al descubierto el mayor obstáculo para la proyección española. España podía aportar capacidad de entrada, almacenamiento y regasificación, e incluso contribuir al abastecimiento de otros mercados europeos, pero esa aportación seguía condicionada por la escasa conexión con el resto del continente. En ese sentido, el nuevo mapa gasista europeo reforzó el valor estratégico de España, pero también hizo más visible que ese valor no basta por sí solo para convertir al país en un actor plenamente central dentro del sistema energético de la Unión. La crisis, en suma, no creó el potencial español, pero sí obligó a medirlo con un criterio mucho más exigente: no solo por lo que España puede recibir, sino por lo que realmente puede proyectar hacia Europa.

La baza española: una posición geográfica y una red gasista poco comunes

Si la crisis energética devolvió al gas su dimensión estratégica, España llegó a ese debate con una ventaja que no dependía de una decisión coyuntural, sino de una trayectoria acumulada durante décadas. Su principal baza no reside en un solo activo aislado, sino en la combinación entre geografía, infraestructuras y diversificación. Vista en conjunto, esa combinación explica por qué el sistema gasista español ocupa una posición singular dentro de la UE y por qué, en un momento de tensión sobre el suministro, su papel adquirió una relevancia muy superior a la que habría tenido en un contexto de mercado más estable.

La primera de esas bazas es geográfica. España se sitúa en el extremo suroccidental de Europa, con acceso directo al Atlántico, al Mediterráneo y al norte de África. Esa localización le permite operar como punto de entrada de gas procedente de espacios muy distintos y reducir, en consecuencia, la dependencia de un solo corredor o de un único origen dominante. A diferencia de otros países europeos cuya posición gasista ha estado históricamente más vinculada a los grandes ejes continentales de gasoductos, el modelo español se ha apoyado en una lógica más abierta y flexible, combinando suministro por tubo y por mar. Esa doble condición, frontera meridional de Europa y plataforma marítima de entrada, ayuda a entender por qué el sistema español ha desarrollado un perfil propio dentro del panorama europeo (Departamento de Seguridad Nacional, 2015; Greco Berlincourt, 2025).

Esa ventaja geográfica se tradujo con el tiempo en una infraestructura igualmente singular. España cuenta con la mayor capacidad de regasificación de la UE, estimada en 67 bcm¹ anuales, lo que la sitúa por delante de cualquier otro Estado miembro en un segmento que, tras la crisis de 2022, pasó a ser decisivo para la seguridad de suministro. A ello se suma una red de terminales repartidas por distintos puntos de la costa, una característica especialmente valiosa porque reduce la concentración del riesgo y facilita la recepción de cargamentos desde múltiples rutas marítimas. Esto significa, en la práctica, que España no depende de una sola puerta de entrada, sino de varias, y que esa dispersión geográfica le otorga una capacidad de maniobra que pocos socios europeos poseen en una escala comparable (European Commission, 2025; Enagás, 2025).

La regasificación, además, no opera de forma aislada. Su valor aumenta cuando se la conecta con el almacenamiento y con la red interior de transporte. En 2025, las instalaciones españolas reunían más de 3,4 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento de GNL distribuidos en 27 tanques, a lo que se añadían los almacenamientos subterráneos y una red de transporte primario de más de 11.000 kilómetros. Todo ello configura un sistema extenso, bien articulado y preparado para gestionar entradas diversas de gas y redistribuirlas con rapidez. Esa capacidad no quedó solo sobre el papel: en 2023, España se consolidó como el principal reexportador mundial de GNL entre los países no productores, con 157 cargas realizadas desde sus terminales, muchas de ellas con destino a otros mercados europeos. Ese dato ayuda a entender que la fortaleza española no reside únicamente en recibir gas, sino también en su capacidad para reorganizarlo y volver a ponerlo en circulación dentro del espacio europeo (Enagás, 2025; Enagás, 2023).

A esa base infraestructural se une otro rasgo clave: la diversificación de suministros. En 2025, el sistema gasista español recibió aprovisionamientos desde 16 orígenes distintos, un dato que refleja un grado de diversificación muy poco habitual en el entorno europeo. Dentro de ese esquema, el gas natural licuado representó aproximadamente dos tercios del aprovisionamiento total, lo que confirma hasta qué punto España ha construido un modelo menos dependiente de un único proveedor o de una sola ruta cerrada. Esa diversificación no elimina todos los riesgos, pero sí reduce la exposición a interrupciones bruscas del suministro y aumenta la resiliencia del sistema frente a cambios geopolíticos o comerciales. En un mercado europeo marcado por la búsqueda de alternativas al gas ruso, esta característica resultó especialmente valiosa (Enagás, 2025; Escribano, 2022).

Dentro de esa matriz diversificada, Argelia ocupa una posición propia. Su importancia no deriva solo de ser uno de los grandes suministradores del sistema español, sino de ser el principal proveedor por gasoducto. Esa conexión directa aporta continuidad física al abastecimiento y distingue a España de otros países más dependientes exclusivamente del GNL. Al mismo tiempo, esa relación con Argelia refuerza el valor de España como punto de encuentro entre el mercado europeo y el flanco sur mediterráneo. En otras palabras, el sistema español no se sostiene únicamente sobre su capacidad marítima de recepción, sino también sobre una conexión con el norte de África que amplía sus opciones de suministro y añade profundidad estratégica a su posición gasista (Enagás, 2025; Escribano et al., 2025).

Todo ello ayuda a explicar que, durante la crisis energética abierta en 2022, España pudiera desempeñar una función de apoyo más allá de su propia demanda interna. Pero conviene precisar bien el alcance de esa fortaleza. La baza española no consiste en haber sustituido por sí sola una dependencia europea por otra, ni en haber resuelto el problema gasista de la Unión. Su verdadero valor reside en haber reunido, antes que otros, una combinación muy poco común de acceso marítimo, capacidad de regasificación, almacenamiento y diversificación de entradas. Esa es la base material sobre la que descansa su potencial. La cuestión decisiva, como se comprobará más adelante, es que disponer de esa ventaja no equivale automáticamente a poder proyectarla sin restricciones hacia el corazón energético de Europa.

El muro de los Pirineos: por qué España no logra proyectar todo su potencial

La gran limitación española no está en la capacidad para recibir gas, sino en la dificultad para hacerlo circular hacia el resto de Europa en una escala acorde con su potencial. Dicho de forma sencilla, España puede funcionar como puerta de entrada, pero sigue sin contar con una conexión suficientemente amplia y fluida con el corazón energético del continente. Ahí se encuentra el principal contraste del sistema gasista español: una infraestructura muy sólida en su base material, pero todavía insuficientemente conectada con el espacio europeo al que aspira a abastecer.

Ese límite tiene una expresión muy concreta: los Pirineos. La barrera no es solo física, aunque la geografía cuenta. También es infraestructural, regulatoria y política. Desde hace años, la Península Ibérica arrastra una integración insuficiente con el resto del mercado energético europeo, y esa situación ha hecho que a menudo se la describa como una «isla energética». El problema no reside en una ausencia total de conexión con Francia, sino en que esa conexión sigue siendo reducida si se compara con la capacidad de entrada y con el potencial logístico acumulado por España. Por eso, el debate sobre el papel energético español no depende únicamente de lo que el país tiene, sino de hasta qué punto puede hacer llegar esos recursos más allá de la frontera pirenaica (Heather, 2019; Greco Berlincourt, 2025).

La propia crisis energética de 2022 confirmó esa limitación. España estuvo en condiciones de aportar gas al exterior y de reforzar la seguridad de suministro europea, pero esa contribución fue menor de lo que habría permitido su infraestructura si las interconexiones hubieran sido más amplias. Distintos análisis coinciden en que una conexión más sólida habría permitido a la Península Ibérica prestar un apoyo todavía mayor durante la crisis. En esa misma dirección, REPowerEU reconoció expresamente la necesidad de mejorar la conexión de la Península con la red europea y de aprovechar mejor las terminales ibéricas de GNL, precisamente porque una parte del valor estratégico español seguía bloqueada por esa insuficiente articulación con el mercado interior (Escribano et al., 2025; Comisión Europea, 2022).

Los datos operativos del sistema también reflejan esa paradoja. La capacidad de exportación hacia Francia a través de las interconexiones pirenaicas siguió despertando un notable interés del mercado, especialmente en los productos de largo plazo, mientras que otros servicios ligados a la entrada y regasificación no aprovechaban toda la capacidad potencial instalada. Esa combinación resulta especialmente reveladora: el sistema español dispone de margen logístico y de infraestructura para recibir grandes volúmenes, pero encuentra su principal punto de tensión justo en la conexión que debería trasladar ese gas hacia el norte. El cuello de botella, por tanto, no es solo una imagen expresiva o una impresión general, sino una limitación que aparece también en el funcionamiento real del sistema (CNMC, 2025).

A ello se añade una dimensión política que conviene no subestimar. La insuficiente conexión entre España y Francia no responde solo a la dificultad técnica de atravesar una cadena montañosa ni a los costes de nuevas infraestructuras. También ha pesado la falta de un interés plenamente compartido al otro lado de la frontera. Francia ha tendido a contemplar con cautela proyectos de refuerzo como MidCat², ya fuera por razones económicas, medioambientales o por una visión estratégica distinta de sus prioridades energéticas. El resultado es que la proyección española no depende solo del plano nacional ni de la solidez de su sistema gasista, sino también de decisiones adoptadas en un marco europeo donde los intereses nacionales siguen contando mucho más de lo que a veces se reconoce (Greco Berlincourt, 2025; Escribano et al., 2025).

Por eso, el verdadero límite español no consiste en una falta de recursos, de terminales o de capacidad técnica para recibir gas. El problema reside en que esas capacidades no encuentran todavía una salida continental acorde con su escala. Los Pirineos simbolizan así algo más que una frontera natural: representan el punto en el que el potencial español tropieza con la estructura incompleta del mercado energético europeo. Y ahí es donde la idea de España como hub gasístico encuentra su principal matiz. No porque carezca de base material, sino porque esa base sigue dependiendo de una conectividad insuficiente y de un entorno político europeo que no siempre ha sabido, o querido, convertir la ventaja ibérica en una verdadera ventaja común.

Argelia, socio imprescindible y vulnerabilidad latente

Hay pocos elementos tan decisivos para entender la posición gasista de España como su relación con Argelia. No se trata solo de un proveedor más dentro de una cartera diversificada, sino del vínculo que mejor resume la ambivalencia del sistema español: una fortaleza muy valiosa desde el punto de vista del abastecimiento y, al mismo tiempo, una fuente de exposición cuando la geopolítica del Magreb se vuelve más inestable. En el caso argelino, por tanto, ventaja y vulnerabilidad no son realidades opuestas, sino dos caras de una misma relación estratégica.

La importancia de Argelia dentro del sistema español sigue siendo evidente. En 2025 fue el principal suministrador de gas de España, con el 35% de los aprovisionamientos, y continuó ocupando una posición singular porque su peso no descansa solo en el GNL, sino también en el gas que llega por conexión directa. Esa circunstancia distingue a España de otros socios europeos más dependientes exclusivamente del mercado marítimo y refuerza la idea de que su seguridad de suministro se apoya en una combinación especialmente valiosa de rutas, orígenes y formatos de entrada. Desde esa perspectiva, Argelia aporta algo más que volumen: aporta continuidad física, proximidad geográfica y una profundidad estratégica que el sistema español difícilmente podría reemplazar a corto plazo (Enagás, 2025; Escribano, 2022).

Sin embargo, esa misma relación revela también una fragilidad estructural. El cierre en noviembre de 2021 del gasoducto Magreb-Europa, que llevaba gas argelino a España a través de Marruecos, redujo de forma clara la diversificación de las entradas por tubo y concentró mucho más el abastecimiento en el gasoducto Medgaz. La seguridad del suministro pudo mantenerse, pero a costa de una mayor dependencia del GNL y de una pérdida de flexibilidad en las importaciones por gasoducto. Dicho de otro modo, España siguió recibiendo gas argelino, pero dejó de hacerlo con el mismo grado de redundancia que antes. Desde entonces, una parte del equilibrio del sistema descansa sobre una sola gran vía directa, lo que introduce una vulnerabilidad evidente ante incidencias técnicas, tensiones diplomáticas o alteraciones regionales (Escribano et al., 2025; Moreno García-Cano, 2021).

Esa vulnerabilidad no se entiende sin el contexto político del Magreb. La rivalidad entre Argelia y Marruecos, agravada por el contencioso del Sáhara Occidental, ha tenido efectos directos sobre la arquitectura gasista que afecta a España. A ello se añadió en 2022 el deterioro diplomático entre Madrid y Argel tras el giro español sobre el Sáhara, un episodio que aumentó la incertidumbre justo cuando Europa buscaba alternativas al gas ruso. Con todo, la relación energética resistió mejor de lo que muchos temían: los contratos con Argelia pudieron mantenerse y renegociarse, y eso evitó que la crisis europea coincidiera con una ruptura de suministro en el eje sur. Esa continuidad confirmó que Argelia seguía siendo un socio energético fiable en términos operativos, pero también recordó hasta qué punto la estabilidad del vínculo depende de factores políticos que España no controla por completo (Escribano et al., 2025; Greco Berlincourt, 2025).

Por eso, el papel de Argelia dentro de la ecuación gasista española no puede presentarse ni como una garantía absoluta ni como un riesgo insalvable. Su valor para España es indiscutible: aporta suministro, cercanía y conexión directa con el norte de África. Pero precisamente por esa relevancia, cualquier alteración en ese vínculo tiene efectos inmediatos tanto en la seguridad gasista española como en su capacidad de proyectarse hacia Europa. La relación con Argelia refuerza la utilidad estratégica de España, pero también recuerda que esa utilidad descansa, en parte, en una vecindad compleja y en una ruta cuya solidez no conviene dar por asegurada. Ahí reside, probablemente, la principal enseñanza de este vínculo: para España, Argelia es un activo imprescindible, pero nunca exento de incertidumbre.

España útil para Europa, pero todavía no un hub gasístico pleno

Llegados a este punto, el balance empieza a perfilarse con bastante claridad. España ha demostrado contar con activos muy relevantes para la seguridad energética europea: una amplia capacidad de regasificación, almacenamiento, diversificación de suministros, conexión directa con Argelia y una notable flexibilidad logística. Todo ello la convierte en un país especialmente útil para un sistema europeo que, desde 2022, ha tenido que reordenar sus rutas de aprovisionamiento y reducir su exposición al gas ruso. Sin embargo, utilidad no equivale automáticamente a una posición plenamente vertebradora dentro del sistema energético europeo. Ahí reside el matiz esencial del caso español.

En términos prácticos, España sí ha aportado soluciones. Sus terminales han permitido recibir y procesar volúmenes relevantes de GNL, sus exportaciones por gasoducto y sus recargas de buques han contribuido al abastecimiento de otros mercados, y su red gasista ha funcionado como una base de apoyo para reforzar la resiliencia del conjunto europeo. En 2023, además, el sistema español batió récords de exportación y se consolidó como principal reexportador mundial de GNL entre los países no productores, una señal clara de su capacidad redistributiva. Esa aportación no ha sido marginal ni puramente teórica: España ha demostrado que puede desempeñar una función efectiva dentro del nuevo equilibrio gasista europeo.

Eso no significa, sin embargo, que pueda considerarse, al menos por ahora, un hub gasístico pleno en sentido europeo. Para que esa condición quedara realmente consolidada no bastaría con disponer de terminales abundantes o con recibir gas de muchos orígenes. Haría falta, además, una conectividad suficiente con el resto del continente, una mayor capacidad de evacuación hacia el norte y una integración más profunda con los circuitos energéticos europeos. A ello se suman condicionantes político- regulatorios y económicos que tampoco han favorecido la consolidación de España como nodo gasista europeo, tal y como puso de manifiesto la paralización de proyectos de interconexión llamados a reforzar esa proyección. En otras palabras, el sistema español reúne buena parte de las condiciones materiales de un hub, pero no controla todavía los factores estructurales que permitirían transformar esa base en un papel vertebrador estable y plenamente operativo. Esa ha sido, precisamente, la gran distancia entre el potencial español y su traducción efectiva en capacidad de redistribución continental.

A ello se añade otro elemento importante: el contexto europeo no favorece necesariamente que una sola infraestructura nacional se convierta en nodo indiscutido del sistema. La seguridad energética de la Unión se está construyendo a partir de una combinación de proveedores, corredores, terminales y mercados, no sobre una única puerta de entrada. En ese marco, España puede ser una pieza muy valiosa sin llegar a monopolizar esa función. Su papel resulta especialmente relevante como plataforma de flexibilidad, como punto de acceso del GNL y como enlace entre Europa y el flanco sur mediterráneo. Pero esa utilidad convive con la competencia de otros corredores, con la preferencia de algunos socios por otras rutas y con una arquitectura energética europea en la que siguen pesando mucho los intereses nacionales.

Por eso, quizá la formulación más precisa no sea presentar a España como un hub gasístico ya consolidado, pero tampoco reducirla a una posibilidad frustrada. Su posición real parece situarse en un punto intermedio: la de un actor con capacidades muy por encima de la media europea en ciertos ámbitos decisivos, pero cuyo rendimiento estratégico sigue condicionado por factores que desbordan el plano estrictamente nacional. España es útil para Europa porque aporta diversificación, flexibilidad y una base material de gran valor. Todavía no es, sin embargo, un hub gasístico pleno, porque esa utilidad sigue encontrando límites en la conectividad, en las políticas de la Unión y en la propia configuración del mercado energético continental. Esa combinación de fortaleza y restricción es, en el fondo, la que mejor define hoy el papel de España en la seguridad energética europea.

Conclusiones

A lo largo de la última década, España ha reunido una combinación de factores que la sitúan en una posición singular dentro del sistema energético europeo. Su red de regasificación, su capacidad de almacenamiento, la diversidad de sus aprovisionamientos y su conexión con el norte de África la convierten en un actor especialmente valioso en un momento en el que Europa ha tenido que reaprender que la energía no es solo una cuestión de mercado, sino también de seguridad. Esa utilidad existe, es real y ha quedado demostrada en la práctica. Pero precisamente por eso conviene no exagerarla: España no ha emergido como una solución completa al problema gasista europeo, sino como una pieza especialmente útil dentro de una arquitectura más amplia, todavía incompleta y llena de condicionantes.

La principal enseñanza que deja este recorrido es que, en materia energética, disponer de capacidad no basta. España puede recibir gas, almacenarlo, regasificarlo y redistribuir una parte de él, pero no puede convertir automáticamente esas capacidades en una influencia plena sobre el abastecimiento continental. Entre la infraestructura disponible y su proyección efectiva sigue mediando una distancia que no depende solo de las capacidades nacionales ni de la solidez técnica del sistema. Depende también de la conectividad con Francia, de la lógica del mercado interior europeo, de las prioridades energéticas de otros socios y de una vecindad meridional que ofrece oportunidades, pero nunca certezas absolutas.

Ese es, en el fondo, el verdadero sentido del caso español. Su interés no reside únicamente en mostrar que existe una alternativa más flexible y diversificada dentro de Europa, sino en revelar hasta qué punto la seguridad energética europea sigue siendo una construcción parcialmente fragmentada. España demuestra que la Unión dispone de activos relevantes para reforzar su autonomía gasista, pero también que esos activos no siempre pueden aprovecharse plenamente cuando faltan interconexiones suficientes, convergencia política y una visión compartida de interés común.

Por eso, quizá la conclusión más precisa no sea afirmar que España ya es un gran hub gasístico europeo, pero tampoco reducir su papel a una promesa fallida. Lo que este artículo permite sostener es algo más matizado, y probablemente más útil: que España representa una oportunidad estratégica real para la seguridad energética de Europa, aunque todavía no ocupa una posición plenamente vertebradora dentro del sistema gasista continental. Y tal vez ahí resida la idea que más conviene retener: en el nuevo escenario energético europeo, el problema ya no es descubrir el valor de España, sino decidir hasta qué punto Europa está dispuesta a aprovecharlo.

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