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BONO DEMUESTRA CON DOCUMENTOS QUE EL PP IBA A DESTINAR LAS PLUSVALIAS DE CAMPAMENTO A COMPRAR MUNICION

25/05/2005 Twitter

El Ministerio de Defensa del Gobierno del Partido Popular firmó un protocolo de actuación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para destinar las plusvalías de la venta de los terrenos de Campamento en Madrid (9 millones de m²) a la compra de munición a la Empresa Nacional Santa Bárbara por valor máximo de 180,3 millones de euros (30.000 millones de pesetas).

El acuerdo suscrito entre Fernando Díez Moreno, secretario de Estado de Defensa, y Pedro Ferreras Díez, presidente de la SEPI, en julio de 2001, establece que la SEPI, a través de su filial INFOINVEST, sociedad inmobiliaria participada al cien por cien por SEPI, "adquirirá terrenos y activos inmobiliarios" del Ministerio de Defensa y que éste "se obligará, con cargo a los importes procedentes de estas enajenaciones, a formular pedidos de material a la Empresa Nacional Santa Bárbara".

El protocolo de colaboración firmado entre el Ministerio de Defensa y la SEPI establece que la determinación definitiva de los inmuebles objeto de enajenación "se realizará de común acuerdo por ambas partes de entre los bienes de propiedad del Ministerio de Defensa que se hallen desafectados y cuya realización económica sea física y jurídicamente posible", haciendo referencia concreta en el punto cuarto a la Operación Campamento.
En el documento, también se determina que el Ministerio de Defensa, a través de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED), entregaría a INFOINVEST, una lista con sus activos inmobiliarios disponibles en ese momento y la valoración de los mismos, así como la obligación de INFOINVEST de "devolver al Ministerio de Defensa todas las plusvalías que se obtengan de esos terrenos y activos inmobiliarios".

El Ministerio de Defensa y la SEPI firmaron un documento para vender suelo público obteniendo los máximos ingresos y favorecer la privatización de Santa Bárbara. Este protocolo de colaboración se rubricó en la etapa en la que el Gobierno del PP privatizó Santa Bárbara, que fue adquirida por la empresa norteamericana General Dynamics.

Una política de enajenación de suelo con fines sociales

En el citado protocolo de actuación no se recoge en ningún momento la posibilidad de compatibilizar la enajenación de los terrenos del Ministerio de Defensa con la política de acceso a la vivienda.

Por el contrario, en la actualidad, el Ministerio de Defensa ha impulsado un acuerdo con las administraciones autonómica y municipal de Madrid para que la enajenación de suelo desafectado del uso de la defensa tenga un claro objetivo social. Éste va a permitir compatibilizar la obtención de recursos para las Fuerzas Armadas con la política de acceso a la vivienda impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Un ejemplo de esta política es la operación Campamento, la operación urbanística más importante de esta Legislatura. De su posible desarrollo, se ha estado hablando desde los años 80, pero no se ha conseguido darle el pistoletazo de salida hasta la actualidad. Hoy el ministro de Defensa, José Bono, ha anunciado la presentación en el Ayuntamiento de Madrid del Plan Parcial de Reforma Interior de Campamento.

Esta actuación impulsada por los Ministerios de Defensa y Vivienda supone la creación de 10.700 viviendas, de las que 7.000 serán viviendas protegidas. Asimismo, de éstas, 1.100 viviendas están destinadas al alquiler y a los jóvenes.

La operación Campamento es la demostración más contundente de que el Ministerio de Defensa ha iniciado un cambio importante en la forma de gestión de sus terrenos.

Todas las operaciones realizadas en el primer año de Legislatura menos una se han efectuado mediante convenio con Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Los terrenos se han enajenado directamente a estas Administraciones para que sean ellas las que ejecuten y promuevan las viviendas.

En este primer año de gobierno, se han completado un total de 22 actuaciones, en forma de Convenios, Protocolos, entregas o enajenaciones en distintos puntos de España, acuerdos que se han alcanzado con instituciones gobernadas por fuerzas políticas diversas.

En cuanto a viviendas, se ha puesto en marcha suelo que permitirá la construcción de unas 15.000 viviendas aproximadamente, la mayoría de ellas protegidas. Todo en coordinación con el Ministerio de Vivienda.