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ARCHIVOS JUDICIALES MILITARES

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La Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidasen favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, establece, en su artículo 22, el derecho de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados, al tiempo que se encomienda a los poderes públicos la adopción de las medidas necesarias para la protección, la integridad y catalogación de estos documentos, en particular en los casos de mayor deterioro o riesgo de degradación.

Asimismo insta a que se establezcan las normas de acceso a la citada documentación, pues una parte significativa de los archivos de los Juzgados Togados y Tribunales Militares contiene documentación referente al periodo contemplado en la citada ley.

Por los motivos señalados y la necesidad también de actualizar la anterior normativa de 1998 se procedió a la elaboración y publicación del Real Decreto 1816/2009 por el que se aprueba el Reglamento de los Archivos Judiciales Militares.

Los archivos judiciales militares conservan en sus fondos abundante documentación sobre procedimientos sumarísimos instruidos durante la Guerra Civil y la Dictadura. Su dispersión y origen complica la localización de dichos fondos, generados por la Justicia Militar y que hoy se custodian en dependencias gestionadas por el Ministerio de Defensa, por lo que se han elaborado estas páginas informativas para facilitar el proceso.

Se trata de una documentación afectada por un elevado grado de dispersión, que se encuentra repartida en 21 archivos e instalaciones diseminados por todo el territorio nacional.

En los últimos años se han puesto en marcha diversas iniciativas para la catalogación informática y la digitalización de los fondos judiciales militares.

LOCALIZACIÓN DE LOS FONDOS

Con anterioridad a la reforma de la Justicia Militar, en 1987, el ejercicio de la Justicia era una prerrogativa de las autoridades militares (capitanes generales, gobernadores militares, etc.). De esta forma, cada uno de los tres Ejércitos ejercía su respectiva jurisdicción especial, con sus órganos judiciales privativos.

Ello dio como resultado que la documentación generada en el ejercicio de la función jurisdiccional quedó repartida en tres bloques independientes, cada uno de los cuales era gestionado por el respectivo Ejército y custodiado en los propios establecimientos y locales de archivo de que éste disponía.

Tras la reforma de 1987, los nuevos órganos judiciales creados pasaron a hacerse cargo de esta documentación, aunque su ubicación continuó siendo la misma.

Otra circunstancia que constituirá una dificultad es la propia organización de los procedimientos judiciales, ya que solamente en el caso de los pertenecientes al Ejército de Tierra la documentación aparece organizada por provincias, mientras que en el caso de los de la antigua Jurisdicción de Marina están agrupados juntos los correspondientes a cada una de las antiguas Zonas Marítimas, por lo que no resulta factible determinar a priori los que pertenecían a cada una de las provincias que integraban su respectiva demarcación jurisdiccional. Y lo mismo sucede en el caso del Ejército del Aire.

El acceso a esta documentación con fines de consulta requiere, como norma general, la autorización previa del órgano judicial militar que tiene legalmente atribuida su custodia, aún en el caso de aquella que haya superado ya los cincuenta años de antigüedad.

No obstante lo anterior, una parte de estos fondos ha quedado, de facto, abierta a la investigación, por el hecho de haber ingresado ya en un archivo histórico militar, no precisándose ningún tipo de autorización del órgano judicial de tutela para acceder a su consulta. Estos casos son los siguientes:

Dicho lo anterior, a la hora de tratar de localizar un procedimiento judicial militar de la etapa mencionada, es fundamental disponer de los datos siguientes:

  1. Provincia o plaza donde se incoó el procedimiento en cuestión.
  2. Nombre(s) de la(s) persona(s) que fue(ron) parte en él.
  3. Jurisdicción militar que instruyó el procedimiento (Jurisdicción militar o del Ejército de Tierra; Jurisdicción de Marina; Jurisdicción Central Aérea).

En el caso concreto del Ejército del Aire, en septiembre de 1939 se creó la Jurisdicción Central Aérea, organismo con jurisdicción sobre todo el territorio nacional. En el Archivo Histórico del Ejército del Aire se custodian los procedimientos judiciales producidos por ésta, así como los producidos por la Secretaría de Justicia de la Región Aérea Central, hasta 1962, una vez que fue suprimida la primera, en 1953.

Entre la documentación se hallan, por ejemplo, los procedimientos seguidos contra el personal que luchó en la aviación republicana durante la Guerra Civil.

Una vez que ya se han reunido los datos anteriores, el siguiente paso será solicitar, por escrito, la pertinente autorización de consulta al órgano judicial militar competente.

Por último, a efectos prácticos, se sugiere que, a la hora de abordar la búsqueda de documentación judicial militar, se tenga siempre a la vista el mapa de la actual organización territorial de la Jurisdicción Militar, que refleja el ámbito geográfico de actuación de cada Tribunal y las provincias que engloba.

ACTUACIONES

En el curso de los últimos años, se han ido poniendo en marcha en varias Comunidades Autónomas diversas iniciativas que han tenido por objeto el tratamiento archivístico y, eventualmente, la digitalización de los fondos judiciales militares de la etapa de la Dictadura.

Se ha tratado de iniciativas independientes, promovidas desde las universidades, contando con el apoyo de las respectivas Administraciones autonómicas y la colaboración del Ministerio de Defensa.

Un proyecto específico se está llevando a cabo actualmente por propia iniciativa del Ministerio de Defensa, con los fondos judiciales pertenecientes al Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero, cuyo proyecto está siendo desarrollado y sufragado íntegramente por el Ministerio.

Aunque inicialmente alguna de las actuaciones se llevó a cabo en virtud de contactos directos entre las propias universidades y los Tribunales Militares Territoriales (caso de Galicia), o entre éstos y la Comunidad Autónoma respectiva (caso de Cataluña, en los casos más recientes), la fórmula empleada viene siendo la suscripción de un convenio de colaboración en el que el propio Ministerio de Defensa aparece siempre como parte.

En cuanto a la finalidad concreta de dichas actuaciones, todas ellas incluían el tratamiento archivístico previo de los fondos y su informatización y alguna contemplaba, además, la digitalización final de los procedimientos judiciales, objetivo que actualmente tiende a incorporarse en todos los proyectos.

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